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  "id": "nexus-sen-1-0007-1385376",
  "citation": "Res. 15632-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Negativa de disponibilidad de agua potable por parte de ASADA",
  "title_en": "Denial of drinking water availability by rural aqueduct association",
  "summary_es": "La recurrente, propietaria de un inmueble en San Antonio de León Cortés, alegó que la ASADA local le había certificado en 2020 que su propiedad contaba con red de agua potable. Tras adquirir el inmueble en 2021, en 2025 solicitó una nueva certificación que le fue denegada por la ASADA, basándose en que la finca se encontraba dentro del radio de protección de 200 metros de una captación de agua para consumo humano, según el artículo 31 de la Ley de Aguas. La recurrente argumentó violación a la confianza legítima, igualdad y derecho humano al agua. La Sala Constitucional declaró inadmisible el recurso por considerarlo un asunto de legalidad ordinaria, al estimar que la denegatoria se basó en criterios técnicos y legales que no correspondía revisar en sede constitucional. El voto salvado sostuvo que el derecho humano al agua exigía ordenar a la Administración adoptar medidas progresivas para garantizar el acceso.",
  "summary_en": "The petitioner, owner of a property in San Antonio de León Cortés, claimed that in 2020 the local ASADA certified her property had access to drinking water. After acquiring the property in 2021, in 2025 she requested a new certification which was denied by ASADA on the grounds that the property fell within the 200-meter protection radius of a water capture for human consumption, pursuant to article 31 of the Water Law. The petitioner alleged violation of legitimate expectations, equality, and the human right to water. The Constitutional Court dismissed the appeal as inadmissible, considering it a matter of ordinary legality, since the denial was based on technical and legal criteria not subject to constitutional review. The dissenting vote held that the human right to water required ordering the Administration to take progressive measures to guarantee access.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "30/04/2026",
  "year": "2026",
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    "ASADA",
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    "Recurso de amparo",
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    "Voto salvado",
    "Inadmisibilidad",
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  "keywords_en": [
    "Amparo appeal",
    "Drinking water",
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    "Water Law",
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    "Constitutional Court",
    "Dissenting vote",
    "Inadmissibility",
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    "Permanent spring"
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  "excerpt_es": "Ahora bien, del escrito planteado, según se observa, la denegatoria reclamada obedece a criterios técnicos y legales, cuya disconformidad no corresponde ser conocida por esta Sala, tomando en cuenta que este Tribunal no es un contralor de la legalidad de las actuaciones, ni le compete determinar la correcta aplicación de la normativa infraconstitucional que rige la materia. Además, tal y como se indicó supra, la Sala ha sostenido que resulta posible desestimar las gestiones presentadas para el otorgamiento del servicio de agua potable, cuando se presenten imposibilidades técnicas, incumplimiento de requisitos infraconstitucionales, o existan criterios técnicos y/o legales que así lo justifiquen, como sucede en este caso. Tampoco le corresponde a la Sala analizar si las razones emitidas para denegar la disponibilidad de agua son válidas.",
  "excerpt_en": "Now, from the petition filed, as observed, the challenged denial is based on technical and legal criteria, the disagreement with which is not for this Court to review, considering that this Tribunal is not a controller of the legality of administrative actions, nor is it its role to determine the correct application of infra-constitutional norms governing the matter. Moreover, as indicated above, the Court has held that it is possible to dismiss applications for the provision of drinking water service when there are technical impossibilities, non-compliance with infra-constitutional requirements, or when technical and/or legal criteria so justify it, as is the case here. Nor is it for the Court to analyze whether the reasons given to deny water availability are valid.",
  "outcome": {
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    "label_es": "Inadmisible",
    "summary_en": "The Court dismisses the amparo appeal outright, considering that the denial of water availability is based on technical and legal criteria belonging to ordinary legality, not reviewable in constitutional proceedings.",
    "summary_es": "La Sala rechaza de plano el recurso de amparo por considerar que la denegatoria de disponibilidad de agua se fundamenta en criterios técnicos y legales propios de la legalidad ordinaria, no revisables en sede constitucional."
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      "context": "Considerando II",
      "quote_en": "the Court has held that it is possible to dismiss applications for the provision of drinking water service when there are technical impossibilities, non-compliance with infra-constitutional requirements, or when technical and/or legal criteria so justify it",
      "quote_es": "la Sala ha sostenido que resulta posible desestimar las gestiones presentadas para el otorgamiento del servicio de agua potable, cuando se presenten imposibilidades técnicas, incumplimiento de requisitos infraconstitucionales, o existan criterios técnicos y/o legales que así lo justifiquen"
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    {
      "context": "Voto salvado",
      "quote_en": "Water is not just any service; it is an essential human right. Therefore, the respondent authority cannot shirk its duty to guarantee it, hiding behind technical limitations without offering effective solutions.",
      "quote_es": "El agua no es un servicio cualquiera, es un derecho humano esencial, por ello, la autoridad accionada no puede desentenderse de su deber de garantizarlo, escudándose en limitaciones técnicas sin ofrecer soluciones efectivas."
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      "quote_en": "this Tribunal is not a controller of the legality of administrative actions, nor is it its role to determine the correct application of infra-constitutional norms governing the matter",
      "quote_es": "este Tribunal no es un contralor de la legalidad de las actuaciones, ni le compete determinar la correcta aplicación de la normativa infraconstitucional que rige la materia"
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  "body_es_text": "Revisión del Documento\n\n\n\nEXPEDIENTE N° 26-013226-0007-CO \n\nPROCESO: RECURSO DE AMPARO\n\nRESOLUCIÓN Nº 2026015632\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del treinta de abril de dos mil veintiseis .\n\n Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra la ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE SAN ANTONIO DE LEÓN CORTÉS y el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.\n\nResultando:\n\n 1.- Por escrito agregado al Sistema de Gestión de Despachos Judiciales de esta Sala a las 13:00 horas del 16 de abril de 2026, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE SAN ANTONIO DE LEÓN CORTÉS y el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, y manifiesta que: “1. Identificación del inmueble afectado Soy propietaria registral de la finca matrícula , ubicada en el distrito de San Antonio, cantón de León Cortés, provincia de San José, con una medida aproximada de 4.009 metros cuadrados, inscrita según plano . La consulta registral respectiva confirma la titularidad a mi favor y la fecha de inscripción de la compra del inmueble en octubre de 2021. 2. Certificación positiva emitida por la propia ASADA en octubre de 2020 El 19 de octubre de 2020, la ASADA de San Antonio de León Cortés emitió una certificación formal referente a mi inmueble, firmada por quien fungía entonces como presidente, Carlos Luis Solano Mora, en la que hizo constar de manera expresa que la propiedad “cuenta con red de distribución de agua potable en operación”. Esa certificación no fue una manifestación informal ni una expectativa vaga, sino un acto administrativo concreto, emitido por la autoridad comunal administradora del servicio, con efectos objetivos sobre la situación jurídica del predio. La importancia de este hecho es decisiva. Para esa fecha ya existían, o debían ser conocidas por la ASADA, todas las condiciones territoriales, hídricas, normativas y ambientales que hoy se alegan para negar el servicio. En consecuencia, si la Administración certificó positivamente la disponibilidad en 2020, no puede luego, sin violar sus propios actos, desconocer ese pronunciamiento con fundamento en una situación preexistente y no sobrevenida. 3. Adquisición del inmueble con base en la confianza legítima generada por la certificación Actuando de buena fe y con base en la seguridad jurídica que naturalmente debe brindar la actuación administrativa, adquirí la finca en el año 2021, inscripción que consta registralmente con fecha 28 de octubre de 2021. Dicha decisión de adquisición estuvo directamente apoyada en la certificación positiva de disponibilidad emitida por la ASADA en octubre de 2020, pues la existencia de acceso posible al agua potable era una condición esencial para valorar y comprar el inmueble. No se trató, por tanto, de una mera expectativa subjetiva. Hubo un documento expreso de la autoridad encargada del sistema comunal que afirmó la existencia de red de distribución de agua potable en operación para el predio. Por ello, la actuación posterior de la ASADA y la falta de tutela material por parte del AyA lesionan gravemente la confianza legítima y la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario y administrativo. 4. La naciente invocada por la ASADA no apareció después de 2020, sino que existía y era conocida desde muchos años antes Posteriormente, al negar el servicio, la ASADA y las demás autoridades involucradas fundamentaron su posición en la existencia de la naciente permanente Nombre02 3, asociada al expediente 12 de la Dirección de Agua, identificada además con ID 20961 en la documentación municipal. Sin embargo, la prueba reunida en el expediente administrativo y en la investigación complementaria demuestra que esa fuente hídrica y su aprovechamiento comunal no surgieron después de octubre de 2020, sino que eran preexistentes y conocidas desde años atrás. En efecto, la documentación oficial consultada acredita que el sistema vinculado a la ASADA figura en la consulta pública de la Dirección de Agua bajo el expediente R-12, a nombre de la ASADA San Antonio de León Cortés, con fecha de apertura 05 de octubre de 1987 y estado inscrito. A ello se suma que el propio análisis técnico emitido por la ASADA en fecha 22 de setiembre de 2025 reconoce la existencia de un estudio técnico con aforo del año 2011, utilizado como base de proyección por veinte años. Es decir, tanto administrativa como técnicamente, la naciente y la captación eran realidades antiguas, conocidas y consolidadas mucho antes de la certificación positiva del año 2020. De esta forma, el argumento administrativo posterior no puede presentarse como si se tratara de una limitación recién descubierta. Muy por el contrario, la propia antigüedad del expediente hídrico demuestra que la situación invocada por la ASADA ya existía cuando emitió la certificación favorable que me indujo a adquirir la finca. 5. Solicitud de nueva constancia de disponibilidad en junio de 2025 El 2 de junio de 2025, por medio de apoderado especial administrativo, se gestionó ante la ASADA una nueva certificación de disponibilidad de agua potable respecto de mi inmueble. Esa solicitud no implicaba renunciar ni desconocer la certificación previa de 2020, sino procurar su actualización formal para efectos prácticos de trámite y conexión del servicio. 6. Primera negativa administrativa de la ASADA Mediante comunicación de fecha 11 de junio de 2025, la ASADA negó la disponibilidad solicitada. Esa negativa inicial no resolvió de manera clara, suficiente y técnicamente fundada las razones concretas por las cuales el inmueble, que antes había sido declarado servido por red en operación, ahora supuestamente no podía ser abastecido. Tal denegatoria dio inicio material a la lesión constitucional aquí acusada. 7. Interposición de recurso de revocatoria con apelación en subsidio Ante dicha denegatoria, el 16 de junio de 2025 presenté recurso de revocatoria con apelación en subsidio, a fin de que la propia ASADA reconsiderara su posición y, en caso de mantenerla, elevara el asunto al AyA como superior competente. En dicho recurso se reclamó, entre otros extremos, la contradicción entre la certificación positiva de 2020 y la negativa actual, el derecho humano al agua, la violación del principio de actos propios, la confianza legítima, la igualdad frente a terceros y la obligación de indicar técnicamente las eventuales obras o mejoras a costear por la interesada si ello fuese necesario para materializar la conexión. 8. Respuesta final de la ASADA y persistencia del agravio La ASADA emitió una nueva respuesta en fecha 23 de junio de 2025, manteniendo la negativa. Lejos de disipar las dudas, la decisión insistió en un criterio restrictivo y siguió sin explicar de manera convincente por qué un inmueble declarado abastecible en 2020 pasó a ser considerado jurídicamente improcedente en 2025 por razones que no eran nuevas ni sobrevenidas. 9. Gestión de agravios ante el superior administrativo Ante la persistencia de la lesión y la insuficiencia del trámite seguido por la ASADA, el 30 de junio de 2025 planteé gestión formal ante la Gerencia General del AyA, solicitando que se avocara al conocimiento de la apelación no tramitada o deficientemente tramitada, y exponiendo los agravios de fondo relativos al derecho al agua, confianza legítima, actos propios, igualdad, debido proceso y omisión de las alternativas reglamentarias para materializar el acceso al servicio. 10. Resolución del AyA que reconoce deficiencias, pero no restablece de manera material el derecho lesionado En la resolución administrativa identificada como GG-R-2025-0478, el AyA acogió parcialmente los agravios y reconoció falencias sustanciales en la posición de la ASADA, especialmente en cuanto a la falta de sustento técnico suficiente de la denegatoria inicial. Sin embargo, a pesar de advertir esas deficiencias, la vía administrativa no terminó restableciendo de forma efectiva mi derecho fundamental ni resolviendo de manera integral la contradicción originaria entre la certificación positiva de 2020 y la negativa sostenida en 2025. 11. Oficio municipal que introduce matices incompatibles con una prohibición absoluta del lote En el contexto del expediente administrativo se incorporó el oficio MLC-DDCU-OF-048-2025 de la Municipalidad de León Cortés. Ese documento identifica a la naciente permanente Nombre02 3, asociada al expediente 12 e ID 20961, y menciona la normativa relativa al radio de protección de 100 metros para nacientes permanentes y 200 metros para sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable. No obstante, el propio criterio municipal no equivale a una declaratoria automática de inutilización total del inmueble. Por el contrario, su contenido y su croquis anexo muestran la necesidad de un análisis espacial y georreferenciado concreto para determinar el verdadero alcance de la protección respecto del predio específico. 12. Análisis técnico posterior de la ASADA de 22 de setiembre de 2025 La ASADA, mediante análisis técnico de fecha 22 de setiembre de 2025, modificó y precisó nuevamente su razonamiento. En ese documento admite expresamente que la propiedad no se encuentra dentro del radio de 100 metros previsto para nacientes permanentes conforme al artículo 33 de la Ley Forestal, pero sostiene que sí estaría dentro del radio de 200 metros del artículo 31 de la Ley de Aguas, por tratarse de una captación destinada al consumo humano. El mismo análisis técnico reconoce además que existe un antecedente de aforo del año 2011, lo que confirma la antigüedad de la fuente y de su aprovechamiento. Esta admisión es especialmente relevante, porque delimita con precisión la verdadera controversia: la negativa del servicio no descansa en que la finca esté dentro del radio de 100 metros de una naciente permanente, sino en una interpretación rígida y absoluta del radio de 200 metros aplicable a una captación para consumo humano. Y, nuevamente, ese supuesto no es una realidad nueva, sino una condición que ya existía cuando la ASADA certificó positivamente la disponibilidad en 2020. 13. Trato desigual frente a propiedades vecinas situadas en condición comparable e incluso más próxima a la zona sensible Además, la situación de mi finca ha sido tratada en forma desigual respecto de otras propiedades vecinas. En la prueba comparativa incorporada constan, al menos, tres ejemplos de fincas cercanas a la naciente o a la infraestructura vinculada al acueducto, respecto de las cuales la publicidad registral sí hace constar de manera expresa anotaciones de “PROHIBICIONES ARTICULO 16 LEY 7599”, con la cita 470-15660-01-0136-001. Tales ejemplos corresponden a las fincas 580527-001, 698246-000 y 496828-000. La relevancia constitucional de esta prueba no está en afirmar automáticamente que esas fincas se encuentren en idéntica situación técnica, sino en evidenciar que existen predios vecinos dentro de la misma zona sensible cuya condición restrictiva ha sido abordada y publicitada de forma distinta, mientras que mi finca recibió en 2020 una certificación positiva de disponibilidad y luego una negativa administrativa sin una motivación suficientemente congruente, uniforme y transparente. Esa disparidad, sumada a la referencia fáctica de que existen otras propiedades que sí cuentan con pajas de agua incluso más próximas a la naciente, robustece el alegato de igualdad y obliga a una justificación estricta que las autoridades recurridas no han brindado. 14. Afectación parcial y no total del lote según la evidencia gráfica preliminar disponible La documentación municipal y el croquis ilustrativo preparado a partir de la información oficial permiten una lectura preliminar según la cual la zona de protección no cubriría necesariamente la totalidad del inmueble, sino que existiría una afectación parcial. Esa conclusión no pretende sustituir un levantamiento pericial topográfico georreferenciado, pero sí demuestra que la respuesta administrativa no podía válidamente traducirse en una prohibición total, automática e indiferenciada sobre el uso del predio sin un análisis técnico espacial individualizado. 15. Agotamiento de la vía administrativa y actualidad del agravio Con las gestiones interpuestas, las respuestas de la ASADA, la intervención del AyA y la persistencia material de la negativa, la vía administrativa quedó agotada en lo esencial, sin que se restableciera el goce efectivo del derecho humano al agua potable respecto de mi inmueble. La lesión es actual, continuada y plenamente tutelable por esta Sala”. Considera violentados sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley y que se ordene dejar sin efecto las actuaciones lesivas en cuanto niegan de forma arbitraria, contradictoria e inmotivada la disponibilidad de agua potable para la finca matrícula , que valore expresamente la certificación positiva del 19 de octubre de 2020, la antigüedad conocida de la naciente y del expediente hídrico, la prueba comparativa de trato frente a inmuebles vecinos, el alcance espacial real de la afectación sobre el lote y la posibilidad de adoptar soluciones técnicas u obras específicas en lugar de una exclusión absoluta y automática del servicio, y si de la valoración integral del expediente resulta suficiente para ello, se ordene el otorgamiento de la disponibilidad del servicio de agua potable a favor del inmueble de la recurrente o, subsidiariamente, que se indiquen en forma precisa y técnicamente fundada las obras o condiciones concretas que corresponda cumplir para materializar el acceso al servicio sin lesionar la protección ambiental aplicable.\n\n 2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. \n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y, \n\nConsiderando:\n\n \n\n I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente señala que el 19 de octubre de 2020, la ASADA de San Antonio de León Cortés emitió una certificación formal referente a su inmueble, firmada por quien fungía entonces como presidente, en la que se hizo constar de manera expresa que la propiedad contaba con red de distribución de agua potable en operación. Posteriormente, el 2 de junio de 2025, por medio de apoderado especial administrativo, se gestionó ante la ASADA una nueva certificación de disponibilidad de agua potable respecto del inmueble en mención. Aclara que dicha solicitud no implicaba renunciar ni desconocer la certificación previa de 2020, sino procurar su actualización formal para efectos prácticos de trámite y conexión del servicio; sin embargo, esta fue denegada, pese a los recursos planteados ante la propia ASADA y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado. Además, indica que, la situación de su finca ha sido tratada en forma desigual respecto de otras propiedades vecinas, al menos, tres ejemplos de fincas cercanas a la naciente o a la infraestructura vinculada al acueducto, que sí disponen de pajas de agua.\n\nII.- CASO CONCRETO. Del escrito planteado y de la prueba aportada al expediente, cabe indicar que este Tribunal ha señalado que las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados, las municipalidades y demás instituciones que prestan el servicio de suministro de agua potable, pueden rechazar válidamente esas solicitudes o condicionarlas si existen razones técnicas o legales que así lo justifican. Así, en la sentencia N° 2016-006027 de las 09:05 horas del 6 de mayo de 2016, esta Sala consideró lo siguiente:\n\n“(...) Este Tribunal Constitucional en la sentencia 2014-9134 de las 14:05 horas del 19 de junio de 2014, que abordó una cuestión muy similar a la expuesta en el presente recurso, dispuso: '(...) Esta Sala ha indicado en reiteradas sentencias sobre el tema que el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, y que como tal, todo prestador de servicios públicos -sea sujeto público o sujeto privado- está obligado a prestar el servicio de forma continua, eficiente, en condiciones de igualdad y debiendo adaptarse a los cambios tecnológicos (véase al respecto la sentencia 2001-09676 de las once horas veinticinco minutos del veintiséis de setiembre del dos mil uno y la sentencia 2004-08161 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintitrés de julio del dos mil cuatro). Resulta claro entonces concluir que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al ser uno de los entes estatales encargados de la prestación del servicio público de agua potable, está obligado también a prestar este servicio de forma continua, adaptable, eficiente y por igual a todos los habitantes. Ahora bien, también la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha indicado que, frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad formal (que es la falta de una Red de Distribución de Aguas), es razonable no atender las solicitudes de servicio o solicitar que el interesado asuma los costos de instalación cuando no exista red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura. Así, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la falta de infraestructura. En otras palabras, siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales. En el caso concreto, de la prueba aportada y del informe rendido bajo juramento, se corrobora que el AyA no ha rechazado arbitrariamente la solicitud planteada por la recurrente, sino por la falta del cumplimiento de la totalidad de los requisitos técnico-legales que existe el Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para aprobar nuevos servicios (...)”.\n\n \n\nAhora bien, del escrito planteado, según se observa, la denegatoria reclamada obedece a criterios técnicos y legales, cuya disconformidad no corresponde ser conocida por esta Sala, tomando en cuenta que este Tribunal no es un contralor de la legalidad de las actuaciones, ni le compete determinar la correcta aplicación de la normativa infraconstitucional que rige la materia. Además, tal y como se indicó supra, la Sala ha sostenido que resulta posible desestimar las gestiones presentadas para el otorgamiento del servicio de agua potable, cuando se presenten imposibilidades técnicas, incumplimiento de requisitos infraconstitucionales, o existan criterios técnicos y/o legales que así lo justifiquen, como sucede en este caso. Tampoco le corresponde a la Sala analizar si las razones emitidas para denegar la disponibilidad de agua son válidas. Este Tribunal no debe fungir como mediador ante una determinada persona física o jurídica para interceder por una tercera persona a fin de que se le conceda lo que pretende, tal y como así lo solicita la parte amparada en este caso. Es por todo lo anterior, que deberá la recurrente -si a bien lo tiene- plantear sus inconformidades o reclamos ante la autoridad recurrida, o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. Por otro lado, en cuanto a la supuesta discriminación alegada en su contra, en reiteradas ocasiones, esta Sala ha señalado que en aquellos casos en que se acuse vulneración al numeral 33 de la Constitución Política, no basta con que la parte recurrente afirme que se ha producido un trato distinto entre varios sujetos para tener por demostrado el quebranto a la norma constitucional, toda vez que quien alega la violación a este principio está obligado a aportar ab initio elementos suficientes que sugieran -con un grado de probabilidad razonable- que de modo injustificado se ha dado un trato diferenciado a situaciones iguales. En este caso no se infieren elementos suficientes que permitan denotar una posible lesión al principio de igualdad; además, no se desprende alguna posible lesión a derechos fundamentales que permita la admisión a estudio de fondo de este asunto. En mérito de lo expuesto, el recurso es inadmisible.\n\n III.- VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS CRUZ CASTRO Y RUEDA LEAL, CON REDACCIÓN DEL PRIMERO. Disentimos del criterio de mayoría. En el presente caso, se valida la negativa de la Administración de brindar un servicio esencial, con base en consideraciones técnicas relativas a la insuficiencia de la infraestructura hídrica; sin embargo, se omite ponderar adecuadamente que el acceso al agua potable constituye un derecho fundamental, indispensable para la vida, la salud y la dignidad humana.\n\nEl artículo 21 de la Constitución Política protege la vida humana, y este Tribunal ha reconocido que el acceso al agua para consumo humano es un presupuesto material de ese derecho. Asimismo, el artículo 50 constitucional impone al Estado el deber de garantizar el bienestar de todos los habitantes, lo cual incluye necesariamente el acceso efectivo, suficiente y continuo al agua potable. En el ámbito internacional, instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –interpretado por el Comité DESC en su Observación General No. 15– reconocen el derecho humano al agua, obligando a los Estados a adoptar medidas positivas para su plena realización. Hay una obligación reforzada impuesta al Estado en un estado social y democrático de derecho, por esta razón el suministro de agua, es una obligación prioritaria de los poderes públicos.\n\nDesde esta perspectiva, la invocación de limitaciones técnicas no puede erigirse en una justificación absoluta para desatender una necesidad básica de subsistencia. La Administración no puede limitarse a constatar la insuficiencia del sistema; tiene el deber jurídico de planificar, prever y ejecutar las acciones necesarias para garantizar progresivamente el acceso al servicio al agua, especialmente cuando se trata de consumo humano.\n\nEl enfoque mayoritario normaliza una omisión estructural: acepta que la falta de infraestructura exonera al Estado de su obligación, cuando precisamente esa carencia evidencia un incumplimiento de su deber de previsión. No se trata de obligar a lo imposible, sino de exigir que la Administración adopte medidas razonables, alternativas o progresivas para no dejar en desprotección a las personas.\n\nEl agua no es un servicio cualquiera, es un derecho humano esencial, por ello, la autoridad accionada no puede desentenderse de su deber de garantizarlo, escudándose en limitaciones técnicas sin ofrecer soluciones efectivas.\n\n Por estas razones, estimamos que el recurso debió declararse con lugar, al menos para ordenar a la Administración la adopción de medidas concretas y progresivas que garantice, en un plazo razonable, el acceso efectivo al agua potable de la parte amparada. El agua es un bien y un derecho fundamental cuya vigencia debe asegurarse efectivamente, es un deber ineludible.\n\n \n\nIV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\n \n\nPor tanto:\n\n Se rechaza de plano el recurso. Los Magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan el voto.\n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n PUDRW2VDSFI61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-013226-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).",
  "body_en_text": "Document Review\n\nEXPEDIENTE N° 26-013226-0007-CO\n\nPROCEEDING: RECURSO DE AMPARO\n\nRESOLUTION Nº 2026015632\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on April thirtieth, two thousand twenty-six.\n\nRecurso de amparo filed by Nombre01, identity card CED01, against the ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE SAN ANTONIO DE LEÓN CORTÉS and the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.\n\nWhereas:\n\n1.- By writing added to the Judicial Office Management System of this Chamber at 13:00 hours on April 16, 2026, the petitioner files a recurso de amparo against the ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE SAN ANTONIO DE LEÓN CORTÉS and the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, and states that: \"1. Identification of the affected property I am the registered owner of the estate with registration number , located in the district of San Antonio, canton of León Cortés, province of San José, with an approximate area of 4,009 square meters, registered according to plan . The respective registry inquiry confirms ownership in my favor and the date of registration of the property purchase in October 2021. 2. Positive certification issued by the ASADA itself in October 2020 On October 19, 2020, the ASADA of San Antonio de León Cortés issued a formal certification regarding my property, signed by the person who then served as president, Carlos Luis Solano Mora, in which it expressly stated that the property 'has a potable water distribution network in operation.' That certification was not an informal statement nor a vague expectation, but rather a concrete administrative act, issued by the communal authority administering the service, with objective effects on the legal situation of the property. The importance of this fact is decisive. By that date, all the territorial, water, normative, and environmental conditions that are now alleged to deny service already existed, or should have been known by the ASADA. Consequently, if the Administration positively certified availability in 2020, it cannot later, without violating its own acts, disregard that pronouncement based on a pre-existing and not supervening situation. 3. Acquisition of the property based on the legitimate trust generated by the certification Acting in good faith and based on the legal certainty that administrative action must naturally provide, I acquired the estate in the year 2021, a registration that appears in the registry with the date of October 28, 2021. Said acquisition decision was directly supported by the positive certification of availability issued by the ASADA in October 2020, since the existence of possible access to potable water was an essential condition for evaluating and purchasing the property. It was not, therefore, a mere subjective expectation. There was an express document from the authority in charge of the communal system that affirmed the existence of a potable water distribution network in operation for the property. Therefore, the subsequent actions of the ASADA and the lack of material protection by the AyA seriously harm legitimate trust and the legal certainty of real estate and administrative transactions. 4. The spring (naciente) invoked by the ASADA did not appear after 2020, but existed and was known for many years prior Subsequently, when denying service, the ASADA and the other involved authorities based their position on the existence of the permanent spring (naciente) Nombre02 3, associated with expediente 12 of the Dirección de Agua, also identified with ID 20961 in municipal documentation. However, the evidence gathered in the administrative file and in the supplementary investigation demonstrates that this water source and its communal use did not arise after October 2020, but were pre-existing and known for years prior. Indeed, the official documentation consulted proves that the system linked to the ASADA appears in the public registry of the Dirección de Agua under expediente R-12, in the name of the ASADA San Antonio de León Cortés, with an opening date of October 5, 1987 and registered status. Added to this, the technical analysis itself issued by the ASADA on September 22, 2025, acknowledges the existence of a technical study with capacity measurement (aforo) from the year 2011, used as a basis for a twenty-year projection. That is to say, both administratively and technically, the spring (naciente) and the intake were old realities, known and consolidated long before the positive certification of the year 2020. Thus, the subsequent administrative argument cannot be presented as if it were a newly discovered limitation. Quite the contrary, the very age of the water expediente demonstrates that the situation invoked by the ASADA already existed when it issued the favorable certification that led me to acquire the estate. 5. Request for a new certificate of availability in June 2025 On June 2, 2025, through a special administrative agent, a new certification of potable water availability regarding my property was processed before the ASADA. That request did not imply renouncing or disregarding the previous certification of 2020, but rather seeking its formal update for practical purposes of processing and service connection. 6. First administrative denial by the ASADA By means of a communication dated June 11, 2025, the ASADA denied the requested availability. That initial denial did not resolve, in a clear, sufficient, and technically founded manner, the concrete reasons why the property, which had previously been declared served by a network in operation, now supposedly could not be supplied. Such denial gave material start to the constitutional injury alleged here. 7. Filing of a motion to reconsider (recurso de revocatoria) with appeal in subsidium Faced with said denial, on June 16, 2025, I filed a motion to reconsider (recurso de revocatoria) with appeal in subsidium, so that the ASADA itself would reconsider its position and, if it maintained it, would elevate the matter to the AyA as the competent superior. In said motion, claims were made regarding, among other points, the contradiction between the positive certification of 2020 and the current denial, the human right to water, the violation of the principle of one's own acts, legitimate trust, equality before third parties, and the obligation to technically indicate any eventual works or improvements to be paid for by the interested party if necessary to materialize the connection. 8. Final response from the ASADA and persistence of the grievance The ASADA issued a new response on June 23, 2025, maintaining the denial. Far from dispelling doubts, the decision insisted on a restrictive criterion and still did not convincingly explain why a property declared serviceable in 2020 came to be considered legally inadmissible in 2025 for reasons that were neither new nor supervening. 9. Filing of grievances before the administrative superior Faced with the persistence of the injury and the insufficiency of the procedure followed by the ASADA, on June 30, 2025, I filed a formal motion before the General Management of AyA, requesting that it take cognizance of the appeal that was not processed or was deficiently processed, and exposing the substantive grievances related to the right to water, legitimate trust, one's own acts, equality, due process, and omission of regulatory alternatives to materialize access to the service. 10. Resolution by AyA that acknowledges deficiencies but does not materially restore the injured right In the administrative resolution identified as GG-R-2025-0478, the AyA partially upheld the grievances and recognized substantial shortcomings in the ASADA's position, especially regarding the lack of sufficient technical support for the initial denial. However, despite noting those deficiencies, the administrative route did not end up effectively restoring my fundamental right or comprehensively resolving the original contradiction between the positive certification of 2020 and the denial sustained in 2025. 11. Municipal official communication that introduces nuances incompatible with an absolute prohibition of the lot In the context of the administrative expediente, official communication MLC-DDCU-OF-048-2025 from the Municipalidad de León Cortés was incorporated. That document identifies the permanent spring (naciente) Nombre02 3, associated with expediente 12 and ID 20961, and mentions the regulations relating to the protection radius of 100 meters for permanent springs (nacientes) and 200 meters for sites of intake or supply intakes for drinking water. However, the municipal criterion itself does not equate to an automatic declaration of total unusability of the property. On the contrary, its content and its attached sketch show the need for a concrete spatial and georeferenced analysis to determine the true scope of the protection regarding the specific property. 12. Subsequent technical analysis by the ASADA of September 22, 2025 The ASADA, by means of a technical analysis dated September 22, 2025, modified and specified its reasoning again. In that document, it expressly admits that the property is NOT within the 100-meter radius provided for permanent springs (nacientes) under Article 33 of the Ley Forestal, but claims that it WOULD be within the 200-meter radius of Article 31 of the Ley de Aguas, as it is an intake intended for human consumption. The same technical analysis also acknowledges that there is a precedent of capacity measurement (aforo) from the year 2011, which confirms the age of the source and its use. This admission is especially relevant because it precisely delimits the true controversy: the denial of service does not rest on the estate being within the 100-meter radius of a permanent spring (naciente), but on a rigid and absolute interpretation of the 200-meter radius applicable to an intake for human consumption. And, again, that assumption is not a new reality, but a condition that already existed when the ASADA positively certified availability in 2020. 13. Unequal treatment compared to neighboring properties situated in a comparable condition and even closer to the sensitive zone Furthermore, the situation of my estate has been treated unevenly with respect to other neighboring properties. In the comparative evidence incorporated, there are at least three examples of estates close to the spring (naciente) or the infrastructure linked to the aqueduct, regarding which the registry publicity does expressly state annotations of 'PROHIBICIONES ARTICULO 16 LEY 7599', with the citation 470-15660-01-0136-001. Such examples correspond to estates 580527-001, 698246-000, and 496828-000. The constitutional relevance of this evidence is not in automatically affirming that these estates are in an identical technical situation, but in showing that there are neighboring properties within the same sensitive zone whose restrictive condition has been addressed and publicized differently, while my estate received a positive certification of availability in 2020 and then an administrative denial without sufficiently consistent, uniform, and transparent motivation. This disparity, added to the factual reference that there are other properties that do have water connections (pajas de agua) even closer to the spring (naciente), strengthens the claim of equality and compels a strict justification that the respondent authorities have not provided. 14. Partial and not total affectation of the lot according to the available preliminary graphic evidence The municipal documentation and the illustrative sketch prepared from official information allow a preliminary reading according to which the protection zone would not necessarily cover the entirety of the property, but that there would be a partial affectation. This conclusion does not intend to replace a topographic georeferenced expert survey, but it does demonstrate that the administrative response could not validly translate into a total, automatic, and undifferentiated prohibition on the use of the property without an individualized technical spatial analysis. 15. Exhaustion of the administrative route and current nature of the grievance With the filed motions, the responses from the ASADA, the intervention of the AyA, and the material persistence of the denial, the administrative route was essentially exhausted, without the effective enjoyment of the human right to potable water regarding my property being restored. The injury is current, continuous, and fully protectable by this Chamber.\" Considers her fundamental rights violated. Requests that the recurso be declared with merit with the legal consequences and that it be ordered to nullify the harmful actions insofar as they arbitrarily, contradictorily, and unmotivatedly deny the availability of potable water for the estate with registration number , that it expressly assess the positive certification of October 19, 2020, the known age of the spring (naciente) and the water expediente, the comparative evidence of treatment compared to neighboring properties, the real spatial scope of the affectation on the lot, and the possibility of adopting technical solutions or specific works in place of an absolute and automatic exclusion from service, and if the comprehensive assessment of the file is sufficient for it, order the granting of the availability of potable water service in favor of the petitioner's property or, subsidiarily, that the works or concrete conditions that must be met to materialize access to the service without harming the applicable environmental protection be indicated in a precise and technically founded manner.\n\n2.- Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its presentation, any motion presented to its knowledge that proves to be manifestly inadmissible, or when it considers that sufficient elements of judgment exist to reject it, or that it involves the simple reiteration or reproduction of an equal or similar prior motion that was rejected.\n\nDrafted by Magistrate Castillo Víquez; and,\n\nConsidering:\n\nI.- PURPOSE OF THE RECURSO. The petitioner states that on October 19, 2020, the ASADA of San Antonio de León Cortés issued a formal certification regarding her property, signed by the person who then served as president, in which it expressly stated that the property had a potable water distribution network in operation. Subsequently, on June 2, 2025, through a special administrative agent, a new certification of potable water availability regarding the mentioned property was processed before the ASADA. She clarifies that said request did not imply renouncing or disregarding the previous certification of 2020, but rather seeking its formal update for practical purposes of processing and service connection; however, this was denied, despite the motions filed before the ASADA itself and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado. Additionally, she indicates that the situation of her estate has been treated unevenly with respect to other neighboring properties, at least three examples of estates close to the spring (naciente) or the infrastructure linked to the aqueduct, which do have water connections (pajas de agua).\n\nII.- SPECIFIC CASE. From the filed writing and the evidence provided to the file, it should be noted that this Court has indicated that the associations administering aqueducts and sewer systems, the municipalities, and other institutions that provide potable water supply service, may validly reject such requests or condition them if there are technical or legal reasons that so justify. Thus, in judgment N° 2016-006027 of 09:05 hours on May 6, 2016, this Chamber considered the following:\n\n\"(...) This Constitutional Court, in judgment 2014-9134 of 14:05 hours on June 19, 2014, which addressed an issue very similar to the one set forth in the present recurso, ruled: '(...) This Chamber has indicated in reiterated judgments on the subject that the supply of drinking water is considered within the Costa Rican legal system as a public service, and that as such, every provider of public services -whether a public entity or a private entity- is obliged to provide the service continuously, efficiently, under conditions of equality, and must adapt to technological changes (see in this regard judgment 2001-09676 of eleven hours twenty-five minutes on September twenty-sixth, two thousand one, and judgment 2004-08161 of ten hours fifty-three minutes on July twenty-third, two thousand four). It is clear then to conclude that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, being one of the state entities in charge of providing the public service of drinking water, is also obliged to provide this service continuously, adaptably, efficiently, and equally to all inhabitants. Now then, the jurisprudence of this Constitutional Court has also indicated that, faced with a legal impossibility (which is the lack of compliance with requirements established in the respective regulations) or faced with a formal impossibility (which is the lack of a Water Distribution Network), it is reasonable not to attend to service requests or to request that the interested party assume the installation costs when there is no drinking water distribution network and infrastructure construction is needed. Thus, in these cases it has been clear that it is not a matter of denying access to the drinking water service, but rather of the impossibility of providing it or of the necessary participation of the interested party in overcoming a technical impossibility, which is the lack of infrastructure. In other words, as long as the lack of provision of drinking water service is not a whimsical, arbitrary, or unfounded action, but is justified by legal or material impossibility, we are not facing a violation of fundamental rights. In the specific case, from the evidence provided and the report rendered under oath, it is corroborated that the AyA has not arbitrarily rejected the request made by the petitioner, but rather due to the lack of compliance with all of the technical-legal requirements that exist in the Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados for approving new services (...)'.\"\n\nNow then, from the filed writing, as observed, the claimed denial is due to technical and legal criteria, the disagreement with which this Chamber is not competent to hear, taking into account that this Court is not a controller of the legality of actions, nor is it responsible for determining the correct application of the infra-constitutional regulations governing the matter. Moreover, as indicated supra, the Chamber has held that it is possible to dismiss the motions presented for the granting of drinking water service, when there are technical impossibilities, non-compliance with infra-constitutional requirements, or technical and/or legal criteria that so justify, as occurs in this case. Nor does it correspond to the Chamber to analyze whether the reasons issued for denying water availability are valid. This Court must not act as a mediator before a specific natural or legal person to intercede on behalf of a third person in order for them to be granted what they seek, as is what the protected party requests in this case. It is for all the foregoing that the petitioner must—if she so wishes—file her disagreements or claims before the respondent authority, or in the competent jurisdictional venue, venues in which she will be able to broadly discuss the merits of the matter and assert her claims. On the other hand, regarding the alleged discrimination claimed against her, on reiterated occasions, this Chamber has indicated that in those cases where violation of section 33 of the Political Constitution is alleged, it is not sufficient for the petitioner to affirm that a different treatment has occurred among several subjects to consider the breach of the constitutional norm demonstrated, since whoever alleges the violation of this principle is obliged to provide ab initio sufficient elements that suggest—with a reasonable degree of probability—that an unjustified differentiated treatment has been given to equal situations. In this case, no sufficient elements are inferred that would allow denoting a possible injury to the principle of equality; furthermore, no possible injury to fundamental rights emerges that would allow admission for a hearing on the merits of this matter. By virtue of the foregoing, the recurso is inadmissible.\n\nIII.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATES CRUZ CASTRO AND RUEDA LEAL, DRAFTED BY THE FORMER. We dissent from the majority criterion. In the present case, the Administration's refusal to provide an essential service is validated, based on technical considerations regarding the insufficiency of the water infrastructure; however, it omits to adequately weigh that access to drinking water constitutes a fundamental right, indispensable for life, health, and human dignity.\n\nArticle 21 of the Political Constitution protects human life, and this Court has recognized that access to water for human consumption is a material prerequisite of that right. Likewise, Article 50 of the Constitution imposes on the State the duty to guarantee the well-being of all inhabitants, which necessarily includes effective, sufficient, and continuous access to drinking water. In the international sphere, instruments such as the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights—interpreted by the CESCR in its General Comment No. 15—recognize the human right to water, obliging States to adopt positive measures for its full realization. There is a reinforced obligation imposed on the State in a social and democratic rule of law, for this reason water supply is a priority obligation of the public authorities.\n\nFrom this perspective, invoking technical limitations cannot become an absolute justification for neglecting a basic subsistence need. The Administration cannot merely limit itself to confirming the insufficiency of the system; it has the legal duty to plan, foresee, and execute the necessary actions to progressively guarantee access to the water service, especially when it concerns human consumption.\n\nThe majority approach normalizes a structural omission: it accepts that the lack of infrastructure exonerates the State from its obligation, when precisely that deficiency evidences a breach of its duty of foresight. It is not about compelling the impossible, but about demanding that the Administration adopt reasonable, alternative, or progressive measures so as not to leave people unprotected.\n\nWater is not just any service; it is an essential human right, therefore, the respondent authority cannot disregard its duty to guarantee it, shielding itself behind technical limitations without offering effective solutions.\n\nFor these reasons, we consider that the recurso should have been declared with merit, at least to order the Administration to adopt concrete and progressive measures that guarantee, within a reasonable period, effective access to drinking water for the protected party. Water is a fundamental good and right whose validity must be effectively ensured; it is an unavoidable duty.\n\nIV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are advised that if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Full Court in session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe recurso is rejected outright. Magistrates Cruz Castro and Rueda Leal dissent.\n\nFernando Castillo V.\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n-- Verification code --\n\nPUDRW2VDSFI61\n\nEXPEDIENTE N° 26-013226-0007-CO\n\nTelephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church)."
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