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  "id": "nexus-sen-1-0007-1391012",
  "citation": "Res. 18089-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Plazo irrazonable de inspección sanitaria en denuncia por filtraciones residenciales",
  "title_en": "Unreasonable inspection timeline in complaint over residential water seepage",
  "summary_es": "La Sala Constitucional analiza un recurso de amparo contra el Ministerio de Salud presentado por un vecino de Alajuela cuya vivienda sufre filtraciones de aguas residuales y pluviales provenientes de propiedades colindantes ubicadas a un nivel topográfico superior. El recurrente denunció el problema ante el Área Rectora de Salud Alajuela 2 en enero de 2026, pero la inspección se programó para cuatro meses después (mayo 2026), y las múltiples solicitudes de adelanto fueron rechazadas por falta de personal. La Sala declara con lugar el recurso: considera que fijar un plazo de casi cuatro meses para una inspección ante un riesgo sanitario residencial es irrazonable y constituye una violación a los derechos a la salud, a un ambiente sano y a la justicia pronta. Aunque la inspección se adelantó a abril por la interposición del amparo, esto no subsana la lesión. Ordena al Ministerio concluir el análisis técnico, emitir el informe definitivo y dictar las órdenes sanitarias correctivas que correspondan en el plazo de un mes.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber reviewed an amparo action against the Ministry of Health filed by a resident of Alajuela whose home experiences seepage of wastewater and rainwater from neighboring properties situated at a higher topographic level. The complainant reported the issue to the Health Area Authority of Alajuela 2 in January 2026, but the inspection was scheduled for four months later (May 2026); multiple requests to advance the date were denied due to staff shortages. The Chamber granted the amparo: it found that a nearly four-month wait for an inspection involving a residential health risk is unreasonable and violates the rights to health, a healthy environment, and prompt administrative justice. Although the inspection was moved up to April due to the amparo filing, this did not remedy the harm. The Ministry was ordered to complete the technical analysis, issue the definitive report, and issue any corrective health orders within one month.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "22/05/2026",
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    "Área Rectora de Salud",
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    "Ministerio de Salud",
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    "Ministry of Health",
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  "excerpt_es": "Este Tribunal ha establecido de forma pacífica y categórica que las deficiencias presupuestarias, la escasez de recursos humanos, las incapacidades o las reestructuraciones internas de las dependencias estatales no constituyen causas de fuerza mayor ni justificaciones constitucionalmente válidas para trasladar la ineficiencia del servicio al ciudadano. El Estado está obligado a organizar sus oficinas de forma que las inspecciones de riesgo sanitario se atiendan en un plazo prudencial y prioritario. [...] Se constata una vulneración a los derechos de pronta resolución y salud del recurrente, al haberse fijado un plazo irrazonable de cuatro meses para atender una denuncia por contaminación hídrica residencial.",
  "excerpt_en": "This Court has consistently and categorically established that budgetary deficiencies, lack of human resources, sick leaves, or internal restructuring of state agencies do not constitute force majeure or constitutionally valid justifications for shifting inefficiencies of service onto the citizen. The State is obligated to organize its offices so that health-risk inspections are addressed within a reasonable and priority timeframe. [...] A violation of the petitioner’s rights to prompt resolution and health is established, given that an unreasonable four-month period was set to address a complaint of residential water contamination.",
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    "summary_en": "The Chamber granted the amparo and ordered the Ministry of Health to complete the technical analysis and issue any appropriate health orders within one month.",
    "summary_es": "La Sala declara con lugar el amparo y ordena al Ministerio de Salud concluir el análisis técnico y dictar las órdenes sanitarias que correspondan en el plazo de un mes."
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      "context": "Considerando III",
      "quote_en": "Articles 21 and 50 of the Political Constitution impose upon the Ministry of Health the non-waivable duty to act in a timely, efficient, and preventive manner in response to complaints involving environmental contamination or risks to public health in private residences.",
      "quote_es": "Los artículos 21 y 50 de la Constitución Política imponen al Ministerio de Salud la obligación irrenunciable de actuar de forma oportuna, eficiente y preventiva ante denuncias que involucren contaminación ambiental o riesgos a la salud pública en viviendas particulares."
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    {
      "context": "Considerando III",
      "quote_en": "In matters of public health and hygiene, the time factor is crucial; inertia or delay in the oversight of stagnant wastewater can lead to the proliferation of vectors and epidemics, affecting vulnerable populations such as minors and the elderly more severely.",
      "quote_es": "En materia de salud e higiene pública, el factor tiempo es crucial; la inercia o el retraso en la fiscalización de aguas residuales estancadas puede derivar en la proliferación de vectores y epidemias, afectando con mayor gravedad a poblaciones vulnerables como los menores de edad y los adultos mayores."
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      "quote_en": "Budgetary deficiencies, lack of human resources, sick leaves, or internal restructuring of state agencies do not constitute force majeure or constitutionally valid justifications for shifting inefficiencies of service onto the citizen.",
      "quote_es": "Las deficiencias presupuestarias, la escasez de recursos humanos, las incapacidades o las reestructuraciones internas de las dependencias estatales no constituyen causas de fuerza mayor ni justificaciones constitucionalmente válidas para trasladar la ineficiencia del servicio al ciudadano."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1391012",
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  "body_es_text": "Revisión del Documento\n\n\n\nExp: 26-010015-0007-CO \n\nRes. Nº 2026018089\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintidos de mayo de dos mil veintiseis .\n\n Recurso de amparo que se tramita en expediente número 26-010015-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el MINISTERIO DE SALUD.\n\nResultando:\n\n 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 17:15 horas del 20 de marzo de 2026, el recurrente interpone recurso de amparo contra el MINISTERIO DE SALUD, y manifiesta que es vecino de Alajuela, San José, Coyol, urbanización Las Fuentes, casa número 18, en la cual habita con su esposa, tres hijas (una de ellas menor de edad) y su suegra adulta mayor. Indica que su vivienda colinda al norte con un complejo de apartamentos, mismos que se encuentran a un nivel más alto de terreno en torno a su vivienda, y al costado este con una vivienda, que también se mantiene a un nivel superior de aproximadamente un metro en el terreno. Manifiesta que a raíz de la ubicación en desnivel que mantiene su vivienda, se ha logrado establecer que el complejo de apartamentos, mantiene el desagüe de las aguas llovidas y residuales (baños, pilas, entre otras) en tanques de captación, según refiere el propietario de dichos apartamentos, (construcción que no le consta) por lo que dichas aguas no se vierten en el alcantarillado municipal. Narra que, dada dicha circunstancia, al parecer los tanques de captación subterráneos, o se encuentran desbordados o mantienen fugas, lo que provoca que las aguas se filtren por su pared colindante\n\ndel costado norte y costado este, de la parte trasera de la vivienda donde se encuentra una terraza y área de juegos de su hija menor de edad (09 años), generando levantamiento de pintura de las paredes, filtración en el piso de porcelanato y estancamiento de agua con malos olores, lo cual a su vez provoca\n\ncriaderos de zancudos. Agrega que de lo ocurrido, interpuso denuncia ante el Ministerio de Salud, siendo que para el 2025, en agosto aproximadamente, se presentó una funcionaria de dicho despacho, pero, como lo logró ingresar a los\n\napartamentos (costado norte) y vivienda del costado este, sino a otra propiedad que no es la directamente colindante con su pared del costado este, refirió que las filtraciones se debían a aguas llovidas, que en todo caso, nunca se hizo prevención a los vecinos, para que efectuaran algún tipo de impermeabilización de las paredes colindantes a fin de evitar las filtraciones, cerrando el caso. Indica que debido a que las filtraciones de agua continuaron, el 21 de enero de 2026, se presentó una nueva gestión de revisión, pues, en pleno verano y sin lluvias el problema de filtración de agua continúa, para lo cual su esposa, [Nombre 002], interpuso la queja ante el Área Rectora de Salud 2 de Alajuela, gestión que fue registrada mediante solicitud número 044, indicando que la posible inspección se realizaría hasta el próximo 13 de mayo de 2026. Manifiesta que dado el deterioro de la propiedad, el 25 de febrero de 2026, se remitió un correo electrónico al señor Víctor González Jiménez, quien fungía como jefe del Área Rectora 2 de Alajuela, a quien se le explicó la situación y se le adjuntaron fotografías de los daños, sin embargo, de manera amable, el 26 de febrero de 2026 le contestó el correo indicando que ya no era el encargado, sino la Dra. María Antonieta Acuña Hernández, a quien le copió el correo, misma que el 03 de marzo de 2026, contestó el correo indicando que no se podía adelantar la fecha de inspección, debido a que había mermado el personal de la sede, pero, que al entrar una nueva funcionaria, estaría tratando de apoyar las gestiones pendientes. Narra que el 18 de marzo de 2026, le consultó nuevamente sobre si habían podido revisar su caso, para lo cual, el mismo 18 de marzo de 2026, le contestó la Dra. María Antonieta, refiriendo que volvieron a cambiar el personal, lo cual había complicado las cosas. Agrega que en tal virtud, copió el correo a la encargada interina de nombre Karina Garita Montoya, sin que a la fecha haya tenido respuesta de la misma. Indica que como se denota, desde enero 2026, se han hecho las gestiones administrativamente posibles, a fin de que se pueda efectuar una intervención de parte del Ministerio de Salud de manera oportuna, a fin de buscar una solución al problema de filtración de aguas que ya tienen años de estar enfrentando, sin que se les dé una solución clara, manteniéndose el problema, hasta el día de interposición de este recurso, ocasionando malos olores e impidiendo el poder vivir de manera digna, en paz y sin daños a la propiedad. Manifiesta que con la falta de acción de parte el Área\n\nRectora 2 del Ministerio de Salud de Alajuela, considera que se está violentando\n\nsus derechos fundamentales.\n\n 2.- Informa bajo juramento Claudia Hernández Víquez Gestora Ambiental del Área Rectora de Salud de Alajuela 2, lo siguiente: “…\n\n 1. DESCRIPCIÓN DE HECHOS ALEGADOS \n\nEl recurrente y la parte afectada alegan la persistencia de filtraciones de aguas residuales provenientes de las propiedades colindantes (vivienda del Sr. Arroyo y apartamentos del Sr. Soto). Manifiestan una presunta inacción por parte de esta autoridad de salud, aduciendo que la problemática no ha sido resuelta a pesar de gestiones previas. \n\n2. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL \n\nEn cumplimiento de lo solicitado, esta autoridad de salud informa que la alegada \"falta de acción\" por parte del Ministerio de Salud no es procedente, con base en los siguientes puntos: \n\n• Antecedentes (Denuncia 300-2025): Se verificó que en agosto de 2025 se atendió una denuncia contra el Sr. William Arroyo. Se realizaron tres visitas (13, 21 y 27 de agosto 2025) con pruebas de coloración que resultaron negativas (el trazador no afloró en la vivienda afectada), por lo que el caso se archivó conforme a derecho. Único denunciado en ese momento. \n\n• Gestión Actual (Denuncia 44-2026): Recibida el 21 de enero de 2026. A diferencia de la anterior, esta denuncia incluye a un nuevo vecino (Víctor Soto). La denuncia fue programada para el 13 de mayo del 2026, fecha que fue comunicada a la denunciante. \n\nInspección de Campo (13 de abril de 2026): A propósito de este recurso de amparo la visita 1 se adelantó para el 13 de abril del 2026. \n\nSe constató en el sitio una diferencia topográfica significativa, dado que los apartamentos denunciados se ubican entre 1,5 y 2 metros por encima del nivel de la vivienda afectada. Asimismo, se observó que la construcción de la vivienda afectada se encuentra completamente adosada a la línea de colindancia con la propiedad vecina \n\nPruebas de Trazadores: Se realizó una prueba de coloración con fluoresceína sódica en el apartamento N° 4 propiedad del Sr. Soto (inquilino Sr. Bustamante), aplicándose en la pila y el servicio sanitario. Al momento de retiros del sitio el colorante no había aflorado. \n\nHallazgos Visuales: Al momento de la visita, no se observaron filtraciones de agua, malos olores ni presencia de vectores (zancudos) en el área señalada por la denunciante. \n\nInspección a colindancia sector este (Sr. Arroyo): Se verificó que una construcción reciente del Sr. Arroyo no posee piezas sanitarias (baños o lavatorios), se realizará coloración en pila cercana en la siguiente visita. \n\nSe ha de indicar que la coloración es el método estándar para determinar la interconectividad entre sistemas de tratamiento (tanques sépticos) y puntos de afloramiento. Debido a la naturaleza del suelo y la distancia, el resultado de la prueba de trazadores puede demorar hasta 96 horas (4 días) en ser concluyente. \n\nLa investigación se encuentra en curso. No existe evidencia inmediata de contaminación por aguas negras o grises al momento del acto de inspección; sin embargo, el riesgo técnico existe debido a la gradiente del terreno. El origen de la posible filtración está pendiente de confirmación. \n\nMedidas pendientes: se solicitó a la parte afectada: Mantener vigilancia constante sobre los puntos de filtración indicados. \n\nEl área rectora de salud deberá programar una segunda coloración en la pila de la propiedad del Sr. William Arroyo para descartar todas las fuentes posibles de origen.\n\nLa administración ha actuado dentro de los principios de legalidad y celeridad. La atención de la denuncia 44-2026 ha seguido el orden cronológico de la programación del Área Rectora, según la capacidad y recurso humano de la misma, siendo acelerada por la interposición de este recurso de amparo al 13 de abril. \n\nEsta autoridad permanece a la espera del resultado final de las coloraciones para emitir, de ser necesario, las Órdenes Sanitarias correspondientes que obliguen a la reparación inmediata de cualquier fallo en los sistemas de tratamiento…”.\n\nSolicita que se desestime el recurso planteado.\n\n 3.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,\n\n Considerando:\n\n I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Salud por considerar lesionados sus derechos fundamentales a la salud, a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y a una justicia administrativa pronta y cumplida. Expone que su vivienda sufre constantes filtraciones de aguas residuales y pluviales provenientes de las propiedades colindantes ubicadas a un nivel topográfico superior. Reclama que, ante el agravamiento del problema en época de verano, planteó una denuncia el 21 de enero de 2026 ante el Área Rectora de Salud Alajuela 2 (bajo la gestión número 044-2026), cuya inspección fue calendarizada de forma irrazonable para cuatro meses después, sea el 13 de mayo de 2026. Sostiene que las autoridades sanitarias justificaron la inacción en constantes cambios y mermas de personal, prolongando una situación de riesgo epidemiológico debido a malos olores y criaderos de vectores en su hogar.\n\nII.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\na) El recurrente habita en una vivienda ubicada en Coyol de Alajuela, la cual se encuentra en un nivel de terreno inferior (entre 1,5 y 2 metros de desnivel) respecto de un complejo de apartamentos al norte y una propiedad al este (autos e informe bajo juramento).\n\nb) Antecedente (Denuncia 300-2025): Se verificó que en agosto de 2025 se atendió una denuncia contra el Sr. William Arroyo. Se realizaron tres visitas (13, 21 y 27 de agosto 2025) con pruebas de coloración que resultaron negativas (el trazador no afloró en la vivienda afectada), por lo que el caso se archivó conforme a derecho. Único denunciado en ese momento. \n\nc) El 21 de enero de 2026, la cónyuge del recurrente planteó formalmente la denuncia sanitaria número 44-2026 ante el Área Rectora de Salud Alajuela 2, con el fin de que se investigaran las filtraciones de agua en época de verano, incluyendo como nuevo denunciado al propietario del complejo de apartamentos norte, señor Víctor Soto (autos e informe bajo juramento).\n\nd) Al momento de recibirse la denuncia, el Área Rectora de Salud programó la inspección ocular correspondiente para el 13 de mayo de 2026, notificando dicho plazo al administrado (informe bajo juramento).\n\ne) Ante las consultas y solicitudes de adelanto de cita remitidas por el recurrente, la Jefatura del Área Rectora informó, los días 3 y 18 de marzo de 2026, la imposibilidad de modificar la fecha debido a la escasez y a la rotación constante del personal técnico de la sede (autos).\n\nf) A propósito de la interposición y notificación del presente recurso de amparo, la autoridad recurrida adelantó la inspección de campo para el 13 de abril de 2026, fecha en la que se aplicaron pruebas de coloración con trazadores químicos (fluoresceína sódica) en el complejo de apartamentos para determinar el origen de las filtraciones (informe bajo juramento).\n\ng) Actualmente, la investigación se encuentra en curso, pero no existe evidencia inmediata de contaminación por aguas negras o grises al momento del acto de inspección; sin embargo, el riesgo técnico existe debido a la gradiente del terreno. El origen de la posible filtración está pendiente de confirmación. \n\nh) El área rectora de salud tiene pendiente programar una segunda coloración en la pila de la propiedad del Sr. William Arroyo para descartar todas las fuentes posibles de origen. \n\n III.- Sobre el fono. Derecho a la salud, a un ambiente sano y el principio de celeridad en sede sanitaria. Los artículos 21 y 50 de la Constitución Política imponen al Ministerio de Salud la obligación irrenunciable de actuar de forma oportuna, eficiente y preventiva ante denuncias que involucren contaminación ambiental o riesgos a la salud pública en viviendas particulares. Por su parte, la Ley General de la Administración Pública obliga a las autoridades a tramitar los procedimientos con la mayor celeridad. En materia de salud e higiene pública, el factor tiempo es crucial; la inercia o el retraso en la fiscalización de aguas residuales estancadas puede derivar en la proliferación de vectores y epidemias, afectando con mayor gravedad a poblaciones vulnerables como los menores de edad y los adultos mayores.\n\nIV.- Sobre la irrazonabilidad de los plazos de inspección por carencias de personal. En el presente caso, consta que la denuncia por el vertido de aguas grises o negras fue interpuesta en enero de 2026 y la Administración fijó la fecha de inspección para mayo de 2026; es decir, pretendió someter al administrado a una espera de casi cuatro meses para realizar una verificación visual de campo en su hogar. Este Tribunal ha establecido de forma pacífica y categórica que las deficiencias presupuestarias, la escasez de recursos humanos, las incapacidades o las reestructuraciones internas de las dependencias estatales no constituyen causas de fuerza mayor ni justificaciones constitucionalmente válidas para trasladar la ineficiencia del servicio al ciudadano. El Estado está obligado a organizar sus oficinas de forma que las inspecciones de riesgo sanitario se atiendan en un plazo prudencial y prioritario.\n\nV.- Sobre la interrupción de la mora administrativa por la vía judicial: La Gestora Ambiental de la autoridad recurrida argumenta que la institución no ha incurrido en inacción, toda vez que procedieron a realizar la inspección el 13 de abril de 2026. No obstante, es evidente para esta Sala que dicha diligencia no fue fruto de la planificación ordinaria de la Administración, sino que se ejecutó de forma reactiva y apresurada ante la notificación del presente recurso de amparo. Si bien es de gran utilidad que la autoridad avance con las pruebas de trazadores químicos, el adelanto forzado de la inspección no borra la lesión constitucional que sufrió el recurrente al verse obligado a acudir a la vía jurisdiccional para recibir la atención que debió otorgarse con celeridad desde el inicio.\n\nVI.- Conclusión: Se constata una vulneración a los derechos de pronta resolución y salud del recurrente, al haberse fijado un plazo irrazonable de cuatro meses para atender una denuncia por contaminación hídrica residencial. Dado que la investigación técnica se encuentra actualmente en curso y el origen de las filtraciones está pendiente de confirmación definitiva mediante las lecturas de coloración, el recurso debe ser estimado con el único fin de garantizar que el Ministerio de Salud culmine los estudios de forma célere y dicte las medidas correctoras definitivas.\n\n VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n Se declara con lugar el recurso. Se ordena a María Antonieta Acuña Hernández, en su condición de Jefa del Área Rectora de Salud Alajuela 2 del Ministerio de Salud, o a quien ocupe ese cargo, realizar las gestiones necesarias dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, proceda a: 1) Concluir de forma prioritaria el análisis técnico de las pruebas de coloración aplicadas a las propiedades colindantes involucradas en los hechos denunciados; 2) Ejecutar las inspecciones y valoraciones complementarias que se estimen necesarias; 3) Emitir el informe técnico definitivo de salud y dictar, en caso de comprobarse la contaminación, las Órdenes Sanitarias correctivas perentorias que correspondan en derecho. Se le advierte a la autoridad recurrida que, bajo apercibimiento y de conformidad con lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los cuales se liquidarán en la vía de ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.-\n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n T8Z5K6W43JNC61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-010015-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).",
  "body_en_text": "Document Review\n\nExp: 26-010015-0007-CO\n\nRes. No. 2026018089\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on the twenty-second of May of two thousand twenty-six.\n\nAmparo action processed under case file number 26-010015-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the MINISTERIO DE SALUD.\n\nWhereas:\n\n1.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at 17:15 hours on March 20, 2026, the petitioner files an amparo action against the MINISTERIO DE SALUD, and states that he is a resident of Alajuela, San José, Coyol, Las Fuentes residential development, house number 18, where he lives with his wife, three daughters (one of them a minor) and his elderly mother-in-law. He indicates that his dwelling borders on the north with an apartment complex, which is situated on higher ground relative to his dwelling, and on the east side with a dwelling, which is also situated on higher ground of approximately one meter. He states that because of the uneven location of his dwelling, it has been established that the apartment complex discharges rainwater and residual water (bathrooms, sinks, among others) into catchment tanks, according to the owner of said apartments, (a construction of which he has no evidence) meaning that said water is not discharged into the municipal sewer system. He recounts that, given this circumstance, it appears that the underground catchment tanks are either overflowing or leaking, which causes water to seep through his adjoining wall on the north side and east side, on the rear part of the dwelling where there is a terrace and play area for his minor daughter (09 years old), causing peeling paint on the walls, seepage in the porcelain tile floor, and pooling of foul-smelling water, which in turn creates mosquito breeding sites. He adds that regarding what occurred, he filed a complaint before the Ministerio de Salud, and that in August of 2025 approximately, an official from said office appeared, but, since she did not manage to enter the apartments (north side) and the dwelling on the east side, but rather another property that is not the one directly adjacent to his east-side wall, she stated that the seepage was due to rainwater, and that in any case, no warning was ever given to the neighbors to carry out some type of waterproofing of the adjoining walls to prevent seepage, closing the case. He indicates that because the water seepage continued, on January 21, 2026, a new review request was filed, since, in the middle of summer and without rain, the water seepage problem continues, for which his wife, [Name 002], filed a complaint before the Área Rectora de Salud 2 of Alajuela, a proceeding that was registered under request number 044, indicating that the possible inspection would be carried out until May 13, 2026. He states that given the deterioration of the property, on February 25, 2026, an email was sent to Mr. Víctor González Jiménez, who was acting as head of the Área Rectora 2 of Alajuela, to whom the situation was explained and photographs of the damage were attached; however, in a kind manner, on February 26, 2026, he replied to the email indicating that he was no longer the person in charge, but rather Dr. María Antonieta Acuña Hernández, whom he copied on the email, and who replied to the email on March 3, 2026, indicating that the inspection date could not be moved up because the office's staff had been reduced, but that upon the arrival of a new official, she would be trying to support the pending proceedings. He recounts that on March 18, 2026, he asked again whether they had been able to review his case, to which, on March 18, 2026, Dr. María Antonieta replied, stating that the staff had changed again, which had complicated matters. He adds that in this regard, he copied the email to the interim person in charge, named Karina Garita Montoya, without having received a response from her to date. He indicates that as can be seen, since January 2026, all administratively possible steps have been taken so that a timely intervention can be made by the Ministerio de Salud, in order to find a solution to the water seepage problem they have been facing for years, without being given a clear solution, the problem persisting until the day this action was filed, causing bad odors and preventing them from living decently, in peace, and without property damage. He states that due to the lack of action by the Área Rectora 2 of the Ministerio de Salud of Alajuela, he considers that his fundamental rights are being violated.\n\n2.- Claudia Hernández Víquez, Environmental Manager (Gestora Ambiental) of the Área Rectora de Salud of Alajuela 2, reports under oath the following: \"...\n\n1. DESCRIPTION OF ALLEGED FACTS\nThe petitioner and the affected party allege the persistence of wastewater seepage from adjacent properties (dwelling of Mr. Arroyo and apartments of Mr. Soto). They allege a presumed inaction by this health authority, arguing that the problem has not been resolved despite previous efforts.\n\n2. BACKGROUND AND CURRENT SITUATION\nIn compliance with the request, this health authority reports that the alleged \"lack of action\" by the Ministerio de Salud is not applicable, based on the following points:\n• Background (Complaint 300-2025): It was verified that in August 2025, a complaint against Mr. William Arroyo was addressed. Three visits were conducted (August 13, 21, and 27, 2025) with dye tests that yielded negative results (the tracer did not appear in the affected dwelling), therefore the case was legally closed. The sole respondent at that time.\n• Current Proceeding (Complaint 44-2026): Received on January 21, 2026. Unlike the previous one, this complaint includes a new neighbor (Víctor Soto). The complaint was scheduled for May 13, 2026, a date that was communicated to the complainant.\nField Inspection (April 13, 2026): In connection with this amparo action, visit 1 was moved up to April 13, 2026.\nAt the site, a significant topographical difference was noted, given that the reported apartments are located between 1.5 and 2 meters above the level of the affected dwelling. Likewise, it was observed that the construction of the affected dwelling is completely attached to the property line with the neighboring property.\nTracer Tests: A dye test was performed using sodium fluorescein in Apartment No. 4, owned by Mr. Soto (tenant Mr. Bustamante), applied in the sink and the toilet. At the time of our withdrawal from the site, the dye had not appeared.\nVisual Findings: At the time of the visit, no water seepage, bad odors, or presence of vectors (mosquitoes) were observed in the area indicated by the complainant.\nInspection of the east-side adjacent property (Mr. Arroyo): It was verified that a recent construction by Mr. Arroyo does not have sanitary fixtures (bathrooms or washbasins); a dye test will be performed in a nearby sink during the next visit.\nIt must be noted that dye testing is the standard method for determining interconnectivity between treatment systems (septic tanks) and emergence points. Due to the nature of the soil and the distance, the result of the tracer test can take up to 96 hours (4 days) to be conclusive.\nThe investigation is ongoing. There is no immediate evidence of contamination by black or gray water at the time of the inspection; however, the technical risk exists due to the terrain gradient. The origin of the possible seepage is pending confirmation.\nPending measures: the affected party was requested to: Maintain constant vigilance over the indicated seepage points.\nThe Área Rectora de Salud must schedule a second dye test in the sink of Mr. William Arroyo's property to rule out all possible sources of origin.\nThe administration has acted within the principles of legality and promptness. The handling of complaint 44-2026 has followed the chronological order of the Área Rectora's schedule, according to its capacity and human resources, said handling having been accelerated by the filing of this amparo action to April 13.\nThis authority remains awaiting the final result of the dye tests to issue, if necessary, the corresponding Órdenes Sanitarias that compel the immediate repair of any failure in the treatment systems...\".\n\nShe requests that the filed action be dismissed.\n\n3.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.\n\nDrafted by Judge Salazar Alvarado; and,\n\nConsidering:\n\nI.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner files an amparo action against the Ministerio de Salud for considering his fundamental rights to health, to a healthy and ecologically balanced environment, and to prompt and complete administrative justice, to be harmed. He explains that his dwelling suffers constant seepage of wastewater and rainwater from the adjacent properties located at a higher topographical level. He complains that, given the worsening of the problem in the summer season, he filed a complaint on January 21, 2026, before the Área Rectora de Salud Alajuela 2 (under proceeding number 044-2026), the inspection of which was scheduled unreasonably for four months later, namely May 13, 2026. He maintains that the health authorities justified the inaction on constant staff changes and reductions, prolonging a situation of epidemiological risk due to bad odors and vector breeding sites in his home.\n\nII.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent omitted to refer to them as provided in the initial order:\n\na) The petitioner resides in a dwelling located in Coyol de Alajuela, which is situated at a lower ground level (between 1.5 and 2 meters difference in elevation) relative to an apartment complex to the north and a property to the east (case records and report under oath).\n\nb) Background (Complaint 300-2025): It was verified that in August 2025, a complaint against Mr. William Arroyo was addressed. Three visits were conducted (August 13, 21, and 27, 2025) with dye tests that yielded negative results (the tracer did not appear in the affected dwelling), therefore the case was legally closed. The sole respondent at that time.\n\nc) On January 21, 2026, the petitioner's spouse formally filed health complaint number 44-2026 before the Área Rectora de Salud Alajuela 2, for the purpose of investigating the water seepage in the summer season, including as a new respondent the owner of the northern apartment complex, Mr. Víctor Soto (case records and report under oath).\n\nd) Upon receiving the complaint, the Área Rectora de Salud scheduled the corresponding on-site inspection for May 13, 2026, notifying the interested party of said deadline (report under oath).\n\ne) In response to the inquiries and requests to move up the appointment sent by the petitioner, the Head of the Área Rectora reported, on March 3 and 18, 2026, the impossibility of modifying the date due to the scarcity and constant rotation of the office's technical staff (case records).\n\nf) In connection with the filing and notification of this amparo action, the respondent authority moved up the field inspection to April 13, 2026, on which date dye tests with chemical tracers (sodium fluorescein) were applied in the apartment complex to determine the origin of the seepage (report under oath).\n\ng) The investigation is currently ongoing, but there is no immediate evidence of contamination by black or gray water at the time of the inspection; however, the technical risk exists due to the terrain gradient. The origin of the possible seepage is pending confirmation.\n\nh) The Área Rectora de Salud is pending scheduling a second dye test in the sink of Mr. William Arroyo's property to rule out all possible sources of origin.\n\nIII.- On the merits. Right to health, to a healthy environment, and the principle of promptness in health proceedings. Articles 21 and 50 of the Political Constitution impose on the Ministerio de Salud the inalienable obligation to act in a timely, efficient, and preventive manner regarding complaints involving environmental contamination or risks to public health in private dwellings. In turn, the Ley General de la Administración Pública obliges the authorities to process proceedings with the greatest promptness. In matters of public health and hygiene, the time factor is crucial; inertia or delay in the inspection of stagnant wastewater can lead to the proliferation of vectors and epidemics, affecting vulnerable populations such as minors and the elderly with greater severity.\n\nIV.- On the unreasonableness of inspection deadlines due to staff shortages. In the present case, it is recorded that the complaint regarding the discharge of gray or black water was filed in January 2026 and the Administration set the inspection date for May 2026; that is, it intended to subject the interested party to a wait of almost four months to carry out a visual field verification of their home. This Court has established clearly and categorically that budgetary deficiencies, a shortage of human resources, incapacities, or internal restructurings of state agencies do not constitute force majeure reasons or constitutionally valid justifications for transferring the inefficiency of the service to the citizen. The State is obliged to organize its offices such that health risk inspections are addressed within a prudent and prioritized timeframe.\n\nV.- On the interruption of administrative delay through judicial means: The Environmental Manager (Gestora Ambiental) of the respondent authority argues that the institution has not incurred inaction, given that they proceeded to carry out the inspection on April 13, 2026. However, it is evident to this Chamber that said diligence was not the result of the Administration's ordinary planning, but was rather executed reactively and hastily upon notification of this amparo action. While it is highly useful for the authority to proceed with the chemical tracer tests, the forced advancement of the inspection does not erase the constitutional harm suffered by the petitioner upon being compelled to resort to the jurisdictional avenue to receive the attention that should have been granted promptly from the beginning.\n\nVI.- Conclusion: A violation of the petitioner's rights to prompt resolution and health is confirmed, given that an unreasonable four-month deadline was set to address a complaint regarding residential water contamination. Given that the technical investigation is currently ongoing and the origin of the seepage is pending definitive confirmation through the dye testing results, the action must be granted with the sole purpose of guaranteeing that the Ministerio de Salud completes the studies quickly and issues the definitive corrective measures.\n\nVII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that if any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, have been provided, these must be removed from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe action is granted. María Antonieta Acuña Hernández, in her capacity as Head of the Área Rectora de Salud Alajuela 2 of the Ministerio de Salud, or whoever holds that position, is ordered to take the necessary steps within the scope of her authority so that, within a period of ONE MONTH, counted from the notification of this judgment, she proceeds to: 1) Conclude on a priority basis the technical analysis of the dye tests applied to the adjacent properties involved in the reported facts; 2) Execute the additional inspections and assessments deemed necessary; 3) Issue the definitive technical health report and issue, should contamination be proven, the peremptory corrective Órdenes Sanitarias as legally appropriate. The respondent authority is warned that, under penalty and in accordance with the provisions of article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo action, and does not comply with it or have it complied with, provided the crime is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the procedure for the enforcement of judgment in the contentious-administrative jurisdiction.-\n\nFernando Castillo V.\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n-- Verification Code --\nT8Z5K6W43JNC61\nCASE FILE No. 26-010015-0007-CO\n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Iglesia del Perpetuo Socorro)."
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