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  "citation": "Res. 15272-2026 Sala Constitucional",
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  "title_es": "Cirugía bariátrica en lista de espera",
  "title_en": "Bariatric surgery on waiting list",
  "summary_es": "La Sala Constitucional declara con lugar un recurso de amparo presentado por una paciente del Hospital Dr. Calderón Guardia, quien, tras haber sido referida al programa de cirugía bariátrica en 2018, reiniciar el proceso en 2024 e ingresar a la lista de espera el 11 de agosto de 2025, no ha recibido fecha para la intervención quirúrgica prescrita luego de siete meses. El tribunal considera que el plazo transcurrido es excesivo y que la omisión de la Caja Costarricense de Seguro Social vulnera su derecho a la salud, ordenando la realización de la cirugía en un plazo máximo de tres meses, siempre que no exista impedimento médico, y la coordinación con otro centro hospitalario de ser necesario. Se condena a la CCSS al pago de costas, daños y perjuicios. Los magistrados Castillo Víquez y Garro Vargas emiten una nota conjunta en la que aclaran que la orden debe cumplirse sin desplazar a pacientes con cirugías prioritarias o urgentes, mientras que el magistrado Rueda Leal expone el crecimiento exponencial de los amparos de salud por listas de espera y recuerda la orden sistémica dictada en 2019 para su solución estructural.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber grants an amparo filed by a patient at Dr. Calderón Guardia Hospital who, after being referred to the bariatric surgery program in 2018, restarting the process in 2024, and entering the waiting list on August 11, 2025, had not received a surgery date after seven months. The court finds the delay excessive and that the Costa Rican Social Security Fund's omission violates her right to health, ordering the surgery within three months—barring medical impediments—and coordination with another hospital if needed. Costs, damages, and losses are imposed on the CCSS. Justices Castillo Víquez and Garro Vargas issue a joint note clarifying the order must not displace patients with priority or urgent surgeries, while Justice Rueda Leal notes the exponential growth of health amparos on waiting lists and recalls the 2019 structural order for systemic reform.",
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    "Hospital Calderón Guardia",
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    "Costa Rican Social Security Fund",
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  "excerpt_es": "Del análisis de los autos, esta Sala tiene por demostrado que, el 11 de agosto de 2025, el médico del servicio de cirugía general del Hospital Dr. Calderón Guardia, le prescribió una cirugía a la tutelada debido a su padecimiento y fue incorporada a la lista de espera. Sin embargo, al momento de acudir en amparo, sea siete meses después, continúa sin contar con una fecha cierta o siquiera probable para la intervención prescrita. Esta situación resulta inaceptable, pues el plazo transcurrido es excesivo y, además, por criterio médico, la paciente requiere de dicha operación como parte de su tratamiento para mejorar y así evitar un deterioro en su salud.\n\nEn virtud de lo expuesto, la omisión de la autoridad recurrida ha privado a la persona tutelada de un acceso real y oportuno al tratamiento que requiere. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso.",
  "excerpt_en": "From the analysis of the record, this Chamber finds it proven that on August 11, 2025, the general surgery service physician at Dr. Calderón Guardia Hospital prescribed surgery for the petitioner due to her condition and she was placed on the waiting list. However, when she sought amparo, seven months later, she still has no certain or even probable date for the prescribed intervention. This situation is unacceptable, since the elapsed time is excessive and, moreover, according to medical criteria, the patient requires that operation as part of her treatment to improve and thus avoid a deterioration in her health.\n\nBy virtue of the foregoing, the omission of the respondent authority has deprived the protected person of real and timely access to the treatment she requires. Consequently, the recourse must be granted.",
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    "summary_en": "The CCSS is ordered to perform the bariatric surgery within three months, under penalty of imprisonment or fine.",
    "summary_es": "Se ordena a la CCSS realizar la cirugía bariátrica a la amparada en un plazo máximo de tres meses, bajo apercibimiento de prisión o multa."
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      "quote_es": "Esta situación resulta inaceptable, pues el plazo transcurrido es excesivo y, además, por criterio médico, la paciente requiere de dicha operación como parte de su tratamiento para mejorar y así evitar un deterioro en su salud."
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      "context": "Nota de los magistrados Castillo Víquez y Garro Vargas",
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      "quote_es": "la orden que se dispone en la parte dispositiva de este fallo, en el sentido de que se le intervenga en el plazo establecido en el por tanto, se aplicará siempre y cuando no conlleve desplazar a otro paciente que requiere de una cirugía prioritaria o urgente en vista de que está en peligro su vida o se le causará un daño grave en su salud"
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      "context": "Nota del magistrado Rueda Leal",
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      "quote_es": "el tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se han tornado recurrentes en la jurisdicción constitucional. Este tipo de procesos ha tenido un aumento exponencial"
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  "body_es_text": "Revisión del Documento\n\n\n\nExp: 26-011464-0007-CO \n\nRes. Nº 2026015272\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintinueve de abril de dos mil veintiseis .\n\n \n\n Recurso de amparo que se tramita en expediente N° 26-011464-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.\n\nResultando:\n\n 1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala y, agregado al expediente, a las 22:38 horas del 31 de marzo de 2026, la recurrente interpone recurso de amparo contra la Caja Costarricense de Seguro Social. Manifiesta en resumen, que en el año 2018, fue referida al programa de cirugía bariátrica del Hospital Dr. Calderón Guardia. Agrega que, a raíz de una actualización administrativa por parte de dicho centro médico más la llegada de la pandemia COVID-19, perdieron su referencia, lo cual la obligó a reiniciar todo el proceso\n\ncorrespondiente. Explica que, en el 2024, fue nuevamente referida al citado programa de cirugía bariátrica, y durante el año 2025, cumplió con todas las citas y requisitos médicos exigidos, siendo oficialmente ingresada en la lista de espera para cirugía el 11 de agosto de 2025. Indica que, a la fecha de la interposición del recurso han transcurrido más de siete meses, sin que se le haya programado la cirugía correspondiente. Por lo expuesto, acude a la Sala en protección de los derechos fundamentales de la parte tutelada y solicita que se declare con lugar el recurso.\n\n 2.- Mediante resolución de las 14:10 horas del 13 de abril de 2026, se dio curso al presente recurso. \n\n 3.- Informan bajo juramento Tania Jiménez Umaña, y Carolina Jiménez Jiménez, en calidad respectiva de Jefe del Servicio de Cirugía General, todos funcionarios del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, que la paciente se encuentra en lista de espera para una cirugía bariátrica, con fecha del 11de agosto de 2025, mismo que es considerado un ingreso reciente a la lista con solo ocho meses en espera. Refieren que, actualmente, el servicio se encuentra resolviendo las cirugías con base al orden cronológico y prioritario de la lista de espera, impactando los casos más antiguos, además de los casos más prioritarios como son los pacientes que ingresan por emergencias y los pacientes con cáncer. Agregan que, cada día se declaran más recurso de amparo con lugar, lo que presiona al servicio a utilizar los pocos espacios disponibles, para poder resolver estos casos prioritariamente, lo que retrasa la atención de más casos de lista de espera. Afirman que, desde el punto de vista médico, no hay criterio de priorización que justique que esta paciente se opere previo a las emergencias, a los pacientes con enfermedad maligna y a los otros pacientes que se encuentran antes que él en lista de espera. Solicitan se declare sin lugar el recurso. \n\n4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,\n\n Considerando:\n\n I.- Objeto del recurso. El recurrente manifiesta, que fue referida al citado programa de cirugía bariátrica, y durante el año 2025, cumplió con todas las citas y requisitos médicos exigidos, siendo ingresada en la lista de espera para cirugía el 11 de agosto de 2025. Indica que, a la fecha de la interposición del recurso han transcurrido más de siete meses, sin que se le haya programado la cirugía correspondiente. Considera lesionado el derecho a la salud.\n\n II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\na) La amparada tiene treinta y seis años de edad (consulta efectuada en la página digital del Registro Civil).\n\nb) El 11 de agosto de 2025, el médico del Servicio de Cirugía General del Hospital Dr. Calderón Guardia prescribió a la tutelada una gastrectomía parcial con transposición yeyunal para by pass gástrica y la refirió a Medicina interna para consulta preoperatoria (ver copia de la boleta de solicitud de hospitalización y referencia).\n\nc) En la supra indicada fecha, la paciente ingresó a la lista de espera del centro médico recurrido (ver boleta)\n\n III.- Hechos no probados. No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para esta resolución:\n\n Único. Que previo a la interposición del presente recurso, la autoridad recurrida haya comunicado al usuario una fecha para el procedimiento quirúrgico prescrito. \n\nIV.- Sobre el derecho a la salud. Este Tribunal ha reconocido la plena vigencia del derecho a la salud, el cual se desprende del derecho a la vida contemplado en el artículo 21, de la Constitución Política, que es piedra angular sobre la cual descansa el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la República. Así, ha reconocido que la vida resulta inconcebible si no se garantiza a las personas un adecuado y armónico equilibrio físico, psíquico y ambiental. De tal forma, el retardo o inacción en la atención médica por parte de los centros de salud, puede repercutir negativamente en la salud y en la vida de las personas. Asimismo, el artículo 12, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible, de salud física y mental, por lo que el Estado y sus instituciones tienen la obligación de asegurar la plena efectividad de ese derecho a través de una serie de acciones positivas y del ejercicio de las potestades de regulación, fiscalización y de policía sanitaria. Esto se traduce en el deber de la prevención y el tratamiento efectivo de enfermedades, así como la creación de condiciones que asegure el acceso a los servicios de salud, en condiciones de igualdad, para todas las personas.\n\nV.- Sobre el caso concreto. Del análisis de los autos, esta Sala tiene por demostrado que, el 11 de agosto de 2025, el médico del servicio de cirugía general del Hospital Dr. Calderón Guardia, le prescribió una cirugía a la tutelada debido a su padecimiento y fue incorporada a la lista de espera. Sin embargo, al momento de acudir en amparo, sea siete meses después, continúa sin contar con una fecha cierta o siquiera probable para la intervención prescrita. Esta situación resulta inaceptable, pues el plazo transcurrido es excesivo y, además, por criterio médico, la paciente requiere de dicha operación como parte de su tratamiento para mejorar y así evitar un deterioro en su salud. \n\nEn virtud de lo expuesto, la omisión de la autoridad recurrida ha privado a la persona tutelada de un acceso real y oportuno al tratamiento que requiere. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso. \n\nVI.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ Y LA MAGISTRADA GARRO VARGAS, CON REDACCIÓN DEL PRIMERO. Si bien en este caso concurrimos con nuestro voto a declarar con lugar el recurso de amparo por la dilación en la realización de la cirugía requerida por la parte amparada, la orden que se dispone en la parte dispositiva de este fallo, en el sentido de que se le intervenga en el plazo establecido en el por tanto, se aplicará siempre y cuando no conlleve desplazar a otro paciente que requiere de una cirugía prioritaria o urgente en vista de que está en peligro su vida o se le causará un daño grave en su salud\n\nVII.- NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se han tornado recurrentes en la jurisdicción constitucional. Este tipo de procesos ha tenido un aumento exponencial, lo que las estadísticas de este Tribunal ponen de manifiesto. \n\nCantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional: \n\nAÑO\n\nCANTIDAD EN SALUD\n\n2012\n\n1745\n\n2013\n\n1891\n\n2014\n\n2710\n\n2015\n\n3725\n\n2016\n\n4865\n\n2017\n\n5682\n\n2018\n\n6932\n\n2019\n\n7623\n\n2020\n\n5912\n\n2021\n\n7796\n\n2022\n\n8310\n\n2023\n\n12845\n\n2024\n\n15300\n\n2025\n\n17252\n\nDel cuadro anterior se infiere que, con excepción de un solo año (2020), desde el año 2012 a la fecha ha habido un aumento constante en los asuntos entrados por violación al derecho a la salud. Asimismo, se destaca el exacerbado incremento de estos asuntos durante el 2025, cuando esta materia alcanzó el 43.21% del circulante del Tribunal. \n\nDe esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal, en la sentencia nro. 2019-005560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del fenómeno de las listas de espera. Consecuencia de lo anterior, la Sala ordenó la elaboración, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de tal pronunciamiento, de un sistema de gestión integrado a los efectos de solventar las listas de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales de tal problemática, reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente nro. 18-14499-0007-CO, entre las cuales se indican: ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida, entre otras. En el citado proyecto de sistema de gestión integrado deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a lo anterior, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse según los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Por consiguiente, con el voto en mención se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social ‑en el marco de sus competencias constitucionales y legales‑ tome las medidas requeridas para paliar la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de los pacientes del ente. Aunado a ello, con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de la referida sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que coadyuvara con el seguimiento a la ejecución de tal resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de ejecutar acciones para resolver la problemática en cuestión, de manera que la solución a esta provenga de la propia entidad, no solo de las resoluciones de la Sala.\n\n VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta Sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara con lugar el recurso. Se ordena a Tania Jiménez Umaña, y Carolina Jiménez Jiménez, en calidad respectiva de Jefe del Servicio de Cirugía General, todos funcionarios del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o a quienes ocupen esos cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones pertinentes, para que, dentro del plazo de tres meses, a partir de la notificación de esta sentencia, se realice la cirugía prescrita a la amparada. Lo anterior, siempre y cuando no exista alguna causa o condición médica que lo impida. De ser necesario deberá coordinar su atención con otro centro hospitalario que tenga disponibilidad de espacios. Asimismo, deberán comunicarle la fecha y hora de tal intervención, así como los requisitos preoperatorios establecidos para tales efectos. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad a lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Castillo Víquez y la magistrada Garro Vargas consignan nota en forma conjunta y el magistrado Rueda Leal, de manera separada.-\n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n DBMBKUL8VQ461 \n\nEXPEDIENTE N° 26-011464-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).",
  "body_en_text": "Review of the Document\n\n\n\nExp: 26-011464-0007-CO\n\nRes. No. 2026015272\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the twenty-ninth of April two thousand twenty-six.\n\nAmparo action processed in expediente No. 26-011464-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED01, against the CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.\n\nWhereas:\n\n1.- By written submission filed with the Secretariat of the Chamber and added to the expediente, at 22:38 hours on March 31, 2026, the petitioner files an amparo action against the Costa Rican Social Security Fund. She states, in summary, that in 2018, she was referred to the bariatric surgery program of the Hospital Dr. Calderón Guardia. She adds that, as a result of an administrative update by said medical center along with the arrival of the COVID-19 pandemic, they lost her referral, which forced her to restart the entire corresponding process. She explains that, in 2024, she was again referred to the aforementioned bariatric surgery program, and during the year 2025, she complied with all the required appointments and medical requirements, being officially placed on the surgery waiting list on August 11, 2025. She indicates that, as of the date of filing the action, more than seven months have elapsed without the corresponding surgery having been scheduled for her. Based on the foregoing, she comes to the Chamber in protection of the fundamental rights of the protected party and requests that the action be granted.\n\n2.- By resolution at 14:10 hours on April 13, 2026, this action was admitted for processing.\n\n3.- Tania Jiménez Umaña and Carolina Jiménez Jiménez, in their respective capacities as Head of the General Surgery Service, both officials of the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, report under oath that the patient is on a waiting list for bariatric surgery, with a date of August 11, 2025, which is considered a recent addition to the list with only eight months of waiting. They state that, currently, the service is resolving surgeries based on the chronological and priority order of the waiting list, impacting the oldest cases, in addition to the highest-priority cases such as patients admitted through emergencies and patients with cancer. They add that more amparo actions are being granted every day, which pressures the service to use the few available slots to resolve these cases on a priority basis, which delays the care of more cases on the waiting list. They affirm that, from a medical point of view, there is no prioritization criterion that justifies operating on this patient before emergencies, patients with malignant disease, and other patients who are ahead of her on the waiting list. They request that the action be dismissed.\n\n4.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.\n\nDrafted by Judge Salazar Alvarado; and,\n\nConsidering:\n\nI.- Purpose of the action. The petitioner states that she was referred to the aforementioned bariatric surgery program, and during the year 2025, she complied with all the required appointments and medical requirements, being placed on the surgery waiting list on August 11, 2025. She indicates that, as of the date of filing the action, more than seven months have elapsed without the corresponding surgery having been scheduled for her. She considers the right to health violated.\n\nII.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been thus accredited or because the respondent omitted to refer to them as provided in the initial order:\n\na) The protected party is thirty-six years of age (inquiry made on the Civil Registry's digital page).\n\nb) On August 11, 2025, the doctor of the General Surgery Service of the Hospital Dr. Calderón Guardia prescribed a partial gastrectomy with jejunal transposition for gastric bypass for the protected person and referred her to Internal Medicine for a preoperative consultation (see copy of the hospitalization request and referral form).\n\nc) On the above-indicated date, the patient entered the waiting list of the respondent medical center (see form).\n\nIII.- Facts not proven. The following facts of relevance for this resolution are not deemed demonstrated:\n\nOnly. That prior to the filing of this action, the respondent authority communicated a date to the user for the prescribed surgical procedure.\n\nIV.- On the right to health. This Tribunal has recognized the full validity of the right to health, which derives from the right to life contemplated in Article 21 of the Political Constitution, which is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the Republic rest. Thus, it has recognized that life is inconceivable if an adequate and harmonious physical, psychological, and environmental balance is not guaranteed to individuals. In this way, delay or inaction in medical care by health centers can have a negative impact on the health and life of individuals. Likewise, Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights establishes the right of every person to enjoy the highest possible level of physical and mental health, for which the State and its institutions have the obligation to ensure the full effectiveness of that right through a series of positive actions and the exercise of regulatory, oversight, and health police powers. This translates into the duty of prevention and effective treatment of illnesses, as well as the creation of conditions that ensure access to health services, under conditions of equality, for all people.\n\nV.- On the specific case. From the analysis of the case file, this Chamber deems it proven that, on August 11, 2025, the doctor of the general surgery service of the Hospital Dr. Calderón Guardia prescribed surgery for the protected person due to her condition, and she was placed on the waiting list. However, at the time of filing the amparo action, that is, seven months later, she still does not have a certain or even probable date for the prescribed intervention. This situation is unacceptable, as the elapsed time is excessive and, moreover, according to medical criteria, the patient requires said operation as part of her treatment to improve and thus prevent a deterioration in her health.\n\nBy virtue of the foregoing, the omission of the respondent authority has deprived the protected person of real and timely access to the treatment she requires. Consequently, it is appropriate to grant the action.\n\nVI.- NOTE BY JUDGE CASTILLO VÍQUEZ AND JUDGE GARRO VARGAS, WITH DRAFTING BY THE FORMER. Although in this case we concur with our vote to grant the amparo action due to the delay in performing the surgery required by the protected party, the order issued in the operative part of this ruling, in the sense that she undergo the intervention within the period established in the por tanto, shall be applied as long as it does not entail displacing another patient who requires priority or urgent surgery because their life is in danger or serious harm to their health would be caused.\n\nVII.- NOTE BY JUDGE RUEDA LEAL. The issue of amparo actions related to the right to health and, above all, that of waiting lists in the Costa Rican Social Security Fund are grievances that have become recurrent in constitutional jurisdiction. This type of process has seen an exponential increase, as the statistics of this Tribunal reveal.\n\nNumber of health expedientes filed with the Constitutional Chamber:\n\n| YEAR | QUANTITY IN HEALTH |\n| --- | --- |\n| 2012 | 1745 |\n| 2013 | 1891 |\n| 2014 | 2710 |\n| 2015 | 3725 |\n| 2016 | 4865 |\n| 2017 | 5682 |\n| 2018 | 6932 |\n| 2019 | 7623 |\n| 2020 | 5912 |\n| 2021 | 7796 |\n| 2022 | 8310 |\n| 2023 | 12845 |\n| 2024 | 15300 |\n| 2025 | 17252 |\n\nFrom the table above, it is inferred that, with the exception of a single year (2020), from 2012 to date there has been a constant increase in matters filed for violation of the right to health. Likewise, the exacerbated increase in these matters during 2025 is highlighted, when this subject matter reached 43.21% of the Tribunal's active caseload.\n\nOf these matters, a good number correspond to waiting lists. In relation to the above, this Tribunal, in judgment No. 2019-005560 at 09:30 hours on March 29, 2019, declared the systematic and repeated violation by the Costa Rican Social Security Fund of the right to health of insured persons, specifically, by virtue of the waiting list phenomenon. As a consequence of the above, the Chamber ordered the development, within a period of six months from the notification of such ruling, of an integrated management system for the purpose of resolving the waiting lists and incorporating solutions to the structural causes of this problem, recognized by the Costa Rican Social Security Fund itself in its report rendered in expediente No. 18-14499-0007-CO, among which are indicated: absence of adequate infrastructure, population increase, epidemiological considerations, absence of an adequate system to cover the shortage of specialist doctors, equipment needs, and increasing demand from the first level of care, patient absenteeism from appointments at various medical centers of the respondent institution, among others. In the aforementioned integrated management system project, reasonable waiting periods must be defined by pathology or related diagnostic groups according to symptomatology, the level of urgency, and the patient's conditions, as well as objective criteria to specify the inclusion and placement of a patient on waiting lists. In addition to the above, the integrated management system project must take into account the particularities of populations in a state of vulnerability (older adults, indigenous people, people in poverty, mothers, children and adolescents, persons deprived of liberty, among others) and be guided by the constitutional principles of public service: efficiency, efficacy, reasonableness, availability, accessibility, and universality. Consequently, the mentioned vote intends that the Costa Rican Social Security Fund —within the framework of its constitutional and legal competencies— take the required measures to mitigate the systematic and repeated violation of the right to health of the entity's patients. In addition to this, in order to follow up on compliance with the referenced judgment, the Constitutional Chamber convened an oral and public hearing for November 14, 2019. Likewise, it ordered the Office of the Ombudsman to assist with the follow-up on the execution of that resolution. Thus, this intervention promotes the obligation of the Costa Rican Social Security Fund to execute actions to resolve the problem in question, so that the solution to it comes from the entity itself, not solely from the resolutions of the Chamber.\n\nVIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that, if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of thirty business days from the notification of this Judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,\" approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe action is granted. Tania Jiménez Umaña and Carolina Jiménez Jiménez, in their respective capacities as Head of the General Surgery Service, all officials of the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, or whoever holds those positions, are ordered to issue the pertinent orders and carry out all pertinent actions so that, within a period of three months from the notification of this judgment, the surgery prescribed to the protected person is performed. The foregoing, provided there is no medical cause or condition preventing it. If necessary, they must coordinate her care with another hospital center that has available slots. Likewise, they must inform her of the date and time of such intervention, as well as the preoperative requirements established for such purposes. The respondent authority is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be carried out or enforced, issued in an amparo action, and does not carry it out or enforce it, provided the offense is not more severely punished. The Costa Rican Social Security Fund is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of the judgment by the contentious-administrative jurisdiction. Judge Castillo Víquez and Judge Garro Vargas jointly record a note, and Judge Rueda Leal, separately.-\n\nFernando Castillo V.\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n-- Verification code --\n\nDBMBKUL8VQ461\nEXPEDIENTE NO. 26-011464-0007-CO\n\nTelephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church)."
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