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  "id": "nexus-sen-1-0007-1391755",
  "citation": "Res. 15501-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Derecho de petición administrativa en gestión de humedales Ramsar",
  "title_en": "Administrative petition right in Ramsar wetland management",
  "summary_es": "Un miembro de una asociación tribal afrodescendiente interpuso un amparo contra el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) por no haber respondido a una solicitud presentada el 2 de diciembre de 2025, en la que pedía una revisión integral de la gestión de los humedales Ramsar del Refugio Gandoca-Manzanillo, la corrección de errores en información oficial, la apertura de procedimientos de verificación y consulta comunitaria, y la investigación de posibles omisiones de funcionarios. Aunque el MINAE respondió punto por punto el 15 de abril de 2026, después de notificada la admisión del amparo, ya habían transcurrido más de tres meses sin contestación. La Sala Constitucional declaró con lugar el recurso por violación al derecho a un procedimiento pronto y cumplido, sin condenar en costas, daños ni perjuicios a la Administración, aunque varios magistrados disintieron sobre la procedencia de esa condenatoria.",
  "summary_en": "An Afro-descendant tribal association member filed an amparo (constitutional complaint) against the Ministry of Environment and Energy (MINAE) for failing to respond to a request submitted on December 2, 2025, seeking a comprehensive review of the management of the Ramsar wetlands of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, correction of errors in official information, opening of verification procedures and community consultation, and investigation of possible official omissions. Although MINAE responded point by point on April 15, 2026, after notification of the amparo’s admission, more than three months had elapsed without a reply. The Constitutional Chamber granted the amparo for violation of the right to a prompt and timely administrative procedure, without awarding costs, damages, or losses against the Administration, although several justices dissented on the appropriateness of such an award.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "30/04/2026",
  "year": "2026",
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    "Refugio Gandoca-Manzanillo",
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    "Constitutional Chamber",
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  "excerpt_es": "Dicho lo anterior, es necesario aclarar que fue en fecha 26 de marzo de 2026, que el recurrente interpuso el presente recurso de amparo y la resolución de curso fue notificada a la autoridad recurrida el 13 de abril de 2026, siendo entonces, que con ocasión directa de dicha notificación, el Ministerio de Ambiente y Energía, en fecha 15 de abril de 2026, emitió y notificó al amparado la respuesta integral desarrollada líneas atrás, en la cual atendió, punto por punto y en el mismo orden, todas las solicitudes planteadas en el oficio del 2 de diciembre de 2025, dejando así resuelta la totalidad del reclamo administrativo y denuncia alegada.\n\nNo obstante, aun cuando se logró tener por acreditado que dicha denuncia fue efectivamente atendida, lo cierto es que esa atención se produjo con ocasión de la notificación de la resolución de curso del presente proceso, toda vez que al momento de interponerse el recurso, ya habían transcurrido poco más de 3 meses desde la presentación de la gestión sin que existiera respuesta alguna. En consecuencia, procede declarar con lugar el recurso, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.",
  "excerpt_en": "Having said that, it must be clarified that on March 26, 2026, the claimant filed this amparo action and the order admitting it was notified to the respondent authority on April 13, 2026; it was then, on the occasion of said notification, that the Ministry of Environment and Energy, on April 15, 2026, issued and notified the claimant of the comprehensive response developed above, in which it addressed, point by point and in the same order, all the requests made in the communication of December 2, 2025, thus resolving the entire administrative claim and complaint alleged.\n\nHowever, even though it was established that said complaint was indeed answered, the fact is that such answer was provided on the occasion of the notification of the order admitting the present proceeding, given that at the time the action was filed, more than 3 months had already elapsed since the submission of the request without any response. Consequently, it is appropriate to grant the amparo, without any award of costs, damages, or losses.",
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    "label_en": "Granted",
    "label_es": "Con lugar",
    "summary_en": "The amparo was granted because MINAE did not respond to the petitioner's request within a reasonable time, even though it eventually did so after being notified of the action, without awarding costs, damages, or losses.",
    "summary_es": "Se declaró con lugar el amparo porque el MINAE no respondió la solicitud del recurrente dentro de un plazo razonable, aunque finalmente lo hizo después de notificado el recurso, sin condenar en costas, daños y perjuicios."
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  "pull_quotes": [
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      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "However, even though it was established that said complaint was indeed answered, the fact is that such answer was provided on the occasion of the notification of the order admitting the present proceeding, given that at the time the action was filed, more than 3 months had already elapsed since the submission of the request without any response.",
      "quote_es": "No obstante, aun cuando se logró tener por acreditado que dicha denuncia fue efectivamente atendida, lo cierto es que esa atención se produjo con ocasión de la notificación de la resolución de curso del presente proceso, toda vez que al momento de interponerse el recurso, ya habían transcurrido poco más de 3 meses desde la presentación de la gestión sin que existiera respuesta alguna."
    },
    {
      "context": "Artículo 52 LJC, citado en Por tanto y votos salvados",
      "quote_en": "If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stays, or suspends the challenged act, the action shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if applicable.",
      "quote_es": "Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes."
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    {
      "context": "Artículo 51 LJC, citado en votos salvados",
      "quote_en": "Any decision granting the amparo shall order, in the abstract, compensation for the damages and losses caused and payment of the costs of the action, reserving their liquidation for the enforcement of judgment.",
      "quote_es": "Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia."
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  "body_es_text": "Revisión del Documento\n\n1\n\n \n\n\n\nExp: 26-010850-0007-CO \n\nRes. Nº 2026015501\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del treinta de abril de dos mil veintiseis .\n\n Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. \n\nResultando:\n\n 1.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 15:04 horas de 26 de marzo de 2026, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Ambiente y Energía. Manifiesta que es persona afrodescendiente, integrante de la Asociación Tribal de Afrodescendientes del Caribe Sur (ATACS), vecino del cantón de Talamanca y beneficiario de los convenios internacionales de la OIT números 107 y 169, así como de los decretos ejecutivos 43191-MP-MCJ del 31 de agosto de 2021 y 43532-MP-MINAE-MCU-MEP del 5 de mayo de 2022. Indica que, el 2 de diciembre de 2025, remitió a la dirección electrónica: ...01 oficio formal dirigido al Ministro de Ambiente y Energía, señor Franz Tattenbach Capra, mediante el cual expuso una situación que -según su parecer- afecta su esfera personal, familiar y colectiva, relacionada con la gestión estatal de los humedales del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, de la siguiente forma: “(…) respetuosamente solicito al señor Ministro de Ambiente y Energía: I. Que se revisen de manera integral los procedimientos administrativos, técnicos y de comunicación seguidos por el Ministerio de Ambiente y Energía y sus órganos adscritos, especialmente el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y el Programa Nacional de Humedales, en relación con la información y gestión de los humedales comprometidos por el Estado costarricense ante la Convención Ramsar, con especial atención al Sitio Ramsar Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca- Manzanillo. II. Que se determine la existencia de errores materiales o de hecho en la interpretación y aplicación de la información oficial contenida en los documentos técnicos elaborados por este Ministerio, que hayan podido inducir a la Sala Constitucional a un yerro en la sentencia N° 2025-2281 de las 15:30 horas del 16 de julio de 2025, o que hayan motivado denuncias infundadas ante la Secretaría de la Convención Ramsar. III. Que, de conformidad con los plazos legalmente establecidos, se proceda a la rectificación de los errores detectados, notificando lo actuado a los órganos competentes, incluidos la Sala Constitucional y la Secretaría de la Convención Ramsar, conforme a los principios de buena fe, corrección institucional y tutela efectiva del ambiente. IV. Que se instruya un procedimiento interno de verificación respecto del cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el país bajo la Convención Ramsar, garantizando la actualización y transparencia de la información remitida a dicho organismo. V. Que se disponga lo necesario para garantizar la consulta y la participación informadas de las comunidades tribales afrodescendientes del Caribe Sur en la revisión y eventual rectificación de los actos administrativos relacionados con la delimitación, actualización y reporte de los humedales del Dirección01. VI. Que se aperture un procedimiento administrativo donde se investiguen las omisiones de los funcionarios que se indican en el presente documento y se adopten las medidas correctivas y sancionatorias correspondientes. Por tanto, solicito se admita el presente reclamo administrativo, se le dé el trámite correspondiente y se resuelva dentro de los plazos previstos en la Ley General de la Administración Pública, con la comunicación oportuna de la decisión que se adopte. Al despedirme con respeto, aprovecho la oportunidad para anexar el documento de la Asociación Tribal de Afrodescendientes del Caribe Sur (ATACS), \"El Racismo Estructural en el Caribe Sur\", cuyas páginas explican y amplían las situaciones a que nuestra zona y sus pueblos tribales, es y ha sido sometida, principalmente por una burocracia ignorante e irrespetuosa de nuestra historia y realidad, aliada de grupos dogmático-políticos y una prensa irresponsable que los repite. (…)”. No obstante, reclama que pese a que desde su interposición han transcurrido más de 3 meses, a la fecha en la que acude en amparo, no ha recibido respuesta alguna sobre su gestión. En virtud de lo expuesto considera que sus derechos fundamentales han sido lesionados, por lo que, solicita se declare con lugar el presente recurso y se ordene lo que en derecho corresponda. \n\n2.- En resolución de las 18:47 horas de 10 de abril de 2026, se da curso al proceso y se solicita informe al Ministro de Ambiente y Energía, sobre los hechos alegados por la parte gestionante. \n\n3.- Mediante escrito incorporado al expediente digital a las 9:52 horas de 17 de abril de 2026, informa bajo juramento Franz Tattenbach Capra, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía, que “(…) En atención a los hechos alegados por el recurrente, contra este Ministerio, se hace de conocimiento de su honorable autoridad que mediante oficio CARTA-DAJ-MINAE-830-2026 de fecha 15 de abril del 2026, le fue resuelta al recurrente la consulta que refiere en el presente recurso. El oficio antes indicado fue notificado vía correo electrónico en fecha 15 de abril del año en curso, como se hace constar en la prueba ofrecida. La respuesta brindada se dio en los siguientes términos: “Señor Nombre01 ASUNTO: Contestación a oficio titulado “Punta Uva, Manzanillo 02 de diciembre del 2025”. Estimado señor: En atención al oficio titulado “Punta Uva, Manzanillo, 02 de diciembre de 2025”, presentado por el señor Nombre01, en representación propia y como miembro de la Asociación Tribal de Afrodescendientes del Caribe Sur (ATACS), relacionado con la gestión de los humedales del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, y una vez analizadas las solicitudes planteadas, este Ministerio procede a emitir respuesta en el mismo orden en que fueron formuladas, con fundamento en el marco jurídico nacional aplicable y en las obligaciones internacionales asumidas por el Estado costarricense en el ámbito de la Convención Ramsar. Cita la solicitud: “I. Que se revisen de manera integral los procedimientos administrativos, técnicos y de comunicación seguidos por el Ministerio de Ambiente y Energía y sus órganos adscritos, especialmente el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y el Programa Nacional de Humedales, en relación con la información y gestión de los humedales comprometidos por el Estado costarricense ante la Convención Ramsar, con especial atención al Sitio Ramsar Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. II. Que se determine la existencia de errores materiales o de hecho en la interpretación y aplicación de la información oficial contenida en los documentos técnicos elaborados por este Ministerio, que hayan podido inducir a la Sala Constitucional a un yerro en la sentencia N° 2025-2281 de las 15:30 horas del 16 de julio de 2025, o que hayan motivado denuncias infundadas ante la Secretaría de la Convención Ramsar. III. Que, de conformidad con los plazos legalmente establecidos, se proceda a la rectificación de los errores detectados, notificando lo actuado a los órganos conforme a los principios de buena fe, corrección institucional y tutela efectiva del ambiente. IV. Que se instruya un procedimiento interno de verificación respecto del cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el país bajo la Convención Ramsar, garantizando la actualización y transparencia de la información remitida a dicho organismo. V. Que se disponga lo necesario para garantizar la consulta y la participación informadas de las comunidades tribales afrodescendientes del Caribe Sur en la revisión y eventual rectificación de los actos administrativos relacionados con la delimitación, actualización y reporte de los humedales del Dirección01. VI. Que se aperture un procedimiento administrativo donde se investiguen las omisiones de los funcionarios que se indican en el presente documento y se adopten las medidas correctivas y sancionatorias correspondientes. En atención a lo solicitado procede indicar en el mismo orden: El Ministerio de Ambiente y Energía informa que, en el ejercicio de las competencias que le confiere el ordenamiento jurídico costarricense, ha establecido y mantiene procedimientos administrativos, técnicos y de comunicación vigentes, orientados a la gestión, conservación y uso racional de los humedales de importancia internacional comprometidos por el Estado ante la Convención Ramsar. La Resolución XV.7 de la Conferencia de las Partes (COP15) reconoce expresamente que la gestión de los sitios Ramsar se realiza mediante mecanismos definidos a nivel nacional, y que las Partes Contratantes presentan avances diferenciados, atendiendo a sus capacidades institucionales, técnicas y presupuestarias. En este sentido, la existencia de procesos permanentes de actualización, seguimiento y reporte — susceptibles de mejora continua— no constituye, por sí misma, un incumplimiento, sino una manifestación de la gestión progresiva que caracteriza la aplicación de la Convención. Asimismo, debe señalarse que: • El SINAC y el Programa Nacional de Humedales actúan dentro del marco de las competencias legalmente asignadas, con respaldo técnico y administrativo especializado. • La información oficial se remite a la Secretaría Ramsar por las vías institucionales y conforme a los lineamientos establecidos por la Convención. • La Convención Ramsar no impone un modelo único de organización interna, sino que reconoce la autonomía de cada Parte Contratante para estructurar sus procedimientos conforme a su ordenamiento jurídico. Por lo anterior, no resulta procedente afirmar, de manera genérica, la necesidad de una revisión integral con carácter correctivo, al existir procedimientos formalmente establecidos que se aplican y ajustan de manera periódica conforme a las decisiones de la Conferencia de las Partes. II.- Las sentencias emitidas por la Sala Constitucional son acatables, vinculantes erga omnes y constituyen precedente obligatorio, en virtud de su carácter definitivo y de su función de garantizar la supremacía constitucional. En ese sentido, el expediente 24-001899-0007-CO fue resuelto mediante la sentencia N.° 2025-2281, la cual resulta de obligatorio acatamiento para el SINAC-MINAE, en los términos ahí establecidos. \"En la sentencia 2025-2281 la Sala Constitucional concluyó: a) Por mayoría, que el Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo 2017-2023, es inconstitucional por vulnerar los artículos 50 y 89 de la Constitución Política y la \"Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas\", llamada también \"Convención de Ramsar”. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se dimensionaron los efectos de la sentencia para evitar serias dislocaciones al orden, la seguridad, así como daños graves e irreparables en el ambiente, manteniendo la vigencia del Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo 2017-2023 hasta por el plazo de un año a partir de la publicación íntegra de la sentencia en el diario oficial La Gaceta, dentro del cual el Sistema Nacional de Áreas de Conservación deberá corregir los vicios de inconstitucionalidad señalados en este pronunciamiento. De no producirse lo anterior, en ese plazo, se tendrá por expulsado -definitivamente- del ordenamiento jurídico el Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo 2017-2023. La magistrada Garro Vargas da razones diferentes para declarar la inconstitucionalidad y salva el voto respecto de la ejecución de la sentencia en el sentido de que, en vista de la orden dada, estima que corresponde que lo relativo al conocimiento de su cumplimiento se realice ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia del Código Procesal Contencioso Administrativo. El magistrado Salazar Alvarado salvó el voto y declaró sin lugar la acción, para reiterar y acotar los alcances de la Sentencia N° 2019-12745 de las 12:10 horas del 10 de julio de 2019, en cuanto a la constitucionalidad de la Ley N° 9223, y otras diligencias dictadas con ocasión a ella. b) Respecto al Plan Regulador Costero Talamanca-Distrito Cahuita, adoptado por el Concejo de la Municipalidad de Talamanca en Sesión Extraordinaria N° 89 del 26 de setiembre de 2023, Acuerdo N° 2, y publicado el 5 de octubre de 2023 en el Alcance N°193 a La Gaceta 183, por unanimidad, los magistrados declararon sin lugar la acción, por razones de admisibilidad debido a que aún no se ha terminado el trámite de dicho instrumento en virtud de lo dispuesto en varias sentencias de la Sala Constitucional (entre ellas, las No. 23-31756, Telf01 y Telf02). c) En cuanto a la directriz No.09-2023 del ministro de Ambiente y Energía, de 17 de agosto de 2023, por mayoría, se declaró con lugar la acción por lesionar los numerales 50 y 89 de la Constitución Política y, en consecuencia, fue anulada por inconstitucional. Dicha disposición contenía lineamientos dirigidos a funcionarios del ministerio, opuestos a la tutela ambiental dispuesta por la Sala de áreas forestales y de humedales en las sentencias 12745-2019, 3959-2024 y 10951-2024. En este punto, los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvaron el voto y declararon sin lugar la acción\". Debido al carácter de Prejudicialidad que mantiene el expediente NO. 14- 019174-0007-CO vinculado a los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, nos mantenemos pendientes del fallo que emita la Sala, siempre respetuoso este Ministerio de acatar los mandatos constitucionales. III.- En relación con este punto, el Ministerio aclara que la actualización o corrección de información vinculada a los sitios Ramsar se realiza conforme a los plazos, criterios técnicos y canales oficiales definidos por la Convención, particularmente mediante la Ficha Informativa de Ramsar (FIR) y sus actualizaciones periódicas. La Resolución XV.7 reconoce que las Partes pueden introducir ajustes derivados de: • Mejoras en la precisión cartográfica, • Avances tecnológicos, • Procesos normales de actualización de información. La existencia de procesos de actualización o revisión técnica no implica, por sí misma, la existencia de errores atribuibles a una actuación irregular, ni activa automáticamente deberes adicionales de notificación más allá de los previstos en la propia Convención. El MINAE actúa bajo los principios de legalidad, buena fe y corrección institucional, garantizando que cualquier ajuste necesario se realice con sustento técnico, dentro de los plazos razonables y mediante los mecanismos formales correspondientes, sin que resulte procedente asumir la existencia de errores no acreditados. IV.- El Ministerio hace ver que la verificación del cumplimiento de las obligaciones internacionales ambientales forma parte de las funciones ordinarias y permanentes del MINAE y de sus órganos adscritos, particularmente a través de las instancias técnicas responsables de la gestión de áreas silvestres protegidas y humedales. La Resolución XV.7 alienta a las Partes a contar con mecanismos de evaluación, seguimiento y reporte, pero no impone la apertura de procedimientos internos específicos o extraordinarios, ni condiciona el cumplimiento de la Convención a la creación de nuevas instancias administrativas. En ese sentido, las labores de verificación, actualización de información y transparencia ya se encuentran incorporadas en los procesos regulares de trabajo institucional, mediante: • Seguimiento técnico de los sitios Ramsar. • Elaboración y revisión de información oficial. • Comunicación con la Secretaría de la Convención por los canales establecidos. Por tanto, no se estima necesario instruir un procedimiento adicional distinto a los mecanismos ya existentes, los cuales cumplen adecuadamente con los compromisos internacionales asumidos por el país. V.- Este Despacho hace constar que, a la fecha, no ha mediado orden judicial ni administrativa que imponga la realización de procesos de consulta específicos en los términos planteados por el gestionante. No obstante, el SINAC garantiza que la formulación y actualización de las herramientas técnicas de gestión de áreas silvestres protegidas incorpora espacios de participación de actores locales y comunidades vinculadas, procurando que el enfoque social y cultural sea considerado dentro de los procesos de gestión ambiental. VI.- Finalmente, este Ministerio señala que, en estricto apego al ordenamiento jurídico costarricense, toda denuncia de naturaleza administrativa, ya sea presentada de oficio o por gestión formal, se atiende conforme a la competencia disciplinaria que ostenta esta Administración respecto de sus funcionarios. Dichos procedimientos se rigen por lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública, su normativa reglamentaria y demás legislación aplicable, y se desarrollan bajo los principios del debido proceso, legalidad y confidencialidad, razón por la cual permanecen reservados hasta su firmeza. En consecuencia, se indica al gestionante que, de estimarlo pertinente, puede interponer las denuncias correspondientes por los canales formales establecidos. Atentamente.”. Conforme a lo anterior, el suscrito hacen constar que se dio efectivo cumplimiento a la consulta realizada por el señor Nombre01. Finalmente atendiendo el emplazamiento de esta honorable cámara, con relación a las cuentas de correo electrónico ...01. donde fue remitida la consulta del recurrente, la misma resulta un medio idóneo para recibir gestiones como la incoada por el recurrente. (…)”. Solicita se declare sin lugar el recurso. \n\n4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. \n\n Redacta el Magistrado Araya García; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- Cuestión Preliminar. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una denuncia ambiental, la cual, presuntamente, no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable por parte del MINAE. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.\n\nII.- Objeto del recurso. Alega el recurrente que el 2 de diciembre de 2025, remitió a la dirección electrónica ...01, un reclamo administrativo relacionado con la gestión estatal de los humedales del Refugio Gandoca- Manzanillo. No obstante, asegura que a la fecha en la que acude en amparo, la denuncia aludida no ha sido resuelta, lo que estiman lesivo de sus derechos fundamentales. \n\nIII.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:\n\n1) El 2 de diciembre de 2025, el amparado remitió a la dirección electrónica: ...01, oficio formal dirigido al Ministro de Ambiente y Energía, en el cual planteó solicitudes relacionadas con la gestión, actualización y corrección de la información oficial sobre los humedales Ramsar del Refugio Gandoca‑Manzanillo, de la siguiente manera: “(…) respetuosamente solicito al señor Ministro de Ambiente y Energía: I. Que se revisen de manera integral los procedimientos administrativos, técnicos y de comunicación seguidos por el Ministerio de Ambiente y Energía y sus órganos adscritos, especialmente el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y el Programa Nacional de Humedales, en relación con la información y gestión de los humedales comprometidos por el Estado costarricense ante la Convención Ramsar, con especial atención al Sitio Ramsar Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca- Manzanillo. II. Que se determine la existencia de errores materiales o de hecho en la interpretación y aplicación de la información oficial contenida en los documentos técnicos elaborados por este Ministerio, que hayan podido inducir a la Sala Constitucional a un yerro en la sentencia N° 2025-2281 de las 15:30 horas del 16 de julio de 2025, o que hayan motivado denuncias infundadas ante la Secretaría de la Convención Ramsar. III. Que, de conformidad con los plazos legalmente establecidos, se proceda a la rectificación de los errores detectados, notificando lo actuado a los órganos competentes, incluidos la Sala Constitucional y la Secretaría de la Convención Ramsar, conforme a los principios de buena fe, corrección institucional y tutela efectiva del ambiente. IV. Que se instruya un procedimiento interno de verificación respecto del cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el país bajo la Convención Ramsar, garantizando la actualización y transparencia de la información remitida a dicho organismo. V. Que se disponga lo necesario para garantizar la consulta y la participación informadas de las comunidades tribales afrodescendientes del Caribe Sur en la revisión y eventual rectificación de los actos administrativos relacionados con la delimitación, actualización y reporte de los humedales del Sitio Gandoca-Manzanillo. VI. Que se aperture un procedimiento administrativo donde se investiguen las omisiones de los funcionarios que se indican en el presente documento y se adopten las medidas correctivas y sancionatorias correspondientes. Por tanto, solicito se admita el presente reclamo administrativo, se le dé el trámite correspondiente y se resuelva dentro de los plazos previstos en la Ley General de la Administración Pública, con la comunicación oportuna de la decisión que se adopte. (…)” (ver prueba aportada por la parte recurrente). \n\n2) El 26 de marzo de 2026, el recurrente interpuso el presente recurso de amparo (ver expediente digital). \n\n3) El 13 de abril de 2026, se notificó a la autoridad recurrida de la resolución de curso de este proceso (ver acta de notificación). \n\n4) Con ocasión del recurso, en fecha 15 de abril de 2026, el MINAE le brindó respuesta al tutelado -notificada en esa misma fecha a la dirección electrónica: ...02-, de la siguiente manera: “(…) En atención a lo solicitado procede indicar en el mismo orden: El Ministerio de Ambiente y Energía informa que, en el ejercicio de las competencias que le confiere el ordenamiento jurídico costarricense, ha establecido y mantiene procedimientos administrativos, técnicos y de comunicación vigentes, orientados a la gestión, conservación y uso racional de los humedales de importancia internacional comprometidos por el Estado ante la Convención Ramsar. La Resolución XV.7 de la Conferencia de las Partes (COP15) reconoce expresamente que la gestión de los sitios Ramsar se realiza mediante mecanismos definidos a nivel nacional, y que las Partes Contratantes presentan avances diferenciados, atendiendo a sus capacidades institucionales, técnicas y presupuestarias. En este sentido, la existencia de procesos permanentes de actualización, seguimiento y reporte —susceptibles de mejora continua— no constituye, por sí misma, un incumplimiento, sino una manifestación de la gestión progresiva que caracteriza la aplicación de la Convención. Asimismo, debe señalarse que: • El SINAC y el Programa Nacional de Humedales actúan dentro del marco de las competencias legalmente asignadas, con respaldo técnico y administrativo especializado. • La información oficial se remite a la Secretaría Ramsar por las vías institucionales y conforme a los lineamientos establecidos por la Convención. • La Convención Ramsar no impone un modelo único de organización interna, sino que reconoce la autonomía de cada Parte Contratante para estructurar sus procedimientos conforme a su ordenamiento jurídico. Por lo anterior, no resulta procedente afirmar, de manera genérica, la necesidad de una revisión integral con carácter correctivo, al existir procedimientos formalmente establecidos que se aplican y ajustan de manera periódica conforme a las decisiones de la Conferencia de las Partes. II.- Las sentencias emitidas por la Sala Constitucional son acatables, vinculantes erga omnes y constituyen precedente obligatorio, en virtud de su carácter definitivo y de su función de garantizar la supremacía constitucional. En ese sentido, el expediente 24-001899-0007-CO fue resuelto mediante la sentencia N.° 2025-2281, la cual resulta de obligatorio acatamiento para el SINAC-MINAE, en los términos ahí establecidos. \"En la sentencia 2025-2281 la Sala Constitucional concluyó: a) Por mayoría, que el Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo 2017-2023, es inconstitucional por vulnerar los artículos 50 y 89 de la Constitución Política y la \"Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas\", llamada también \"Convención de Ramsar”. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se dimensionaron los efectos de la sentencia para evitar serias dislocaciones al orden, la seguridad, así como daños graves e irreparables en el ambiente, manteniendo la vigencia del Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo 2017-2023 hasta por el plazo de un año a partir de la publicación íntegra de la sentencia en el diario oficial La Gaceta, dentro del cual el Sistema Nacional de Áreas de Conservación deberá corregir los vicios de inconstitucionalidad señalados en este pronunciamiento. De no producirse lo anterior, en ese plazo, se tendrá por expulsado -definitivamente- del ordenamiento jurídico el Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo 2017-2023. La magistrada Garro Vargas da razones diferentes para declarar la inconstitucionalidad y salva el voto respecto de la ejecución de la sentencia en el sentido de que, en vista de la orden dada, estima que corresponde que lo relativo al conocimiento de su cumplimiento se realice ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia del Código Procesal Contencioso Administrativo. El magistrado Salazar Alvarado salvó el voto y declaró sin lugar la acción, para reiterar y acotar los alcances de la Sentencia N° 2019-12745 de las 12:10 horas del 10 de julio de 2019, en cuanto a la constitucionalidad de la Ley N° 9223, y otras diligencias dictadas con ocasión a ella. b) Respecto al Plan Regulador Costero Talamanca-Distrito Cahuita, adoptado por el Concejo de la Municipalidad de Talamanca en Sesión Extraordinaria N° 89 del 26 de setiembre de 2023, Acuerdo N° 2, y publicado el 5 de octubre de 2023 en el Alcance N°193 a La Gaceta 183, por unanimidad, los magistrados declararon sin lugar la acción, por razones de admisibilidad debido a que aún no se ha terminado el trámite de dicho instrumento en virtud de lo dispuesto en varias sentencias de la Sala Constitucional (entre ellas, las No. 23-31756, Telf01 y Telf02). c) En cuanto a la directriz No.09-2023 del ministro de Ambiente y Energía, de 17 de agosto de 2023, por mayoría, se declaró con lugar la acción por lesionar los numerales 50 y 89 de la Constitución Política y, en consecuencia, fue anulada por inconstitucional. Dicha disposición contenía lineamientos dirigidos a funcionarios del ministerio, opuestos a la tutela ambiental dispuesta por la Sala de áreas forestales y de humedales en las sentencias 12745-2019, 3959-2024 y 10951-2024. En este punto, los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvaron el voto y declararon sin lugar la acción\". Debido al carácter de Prejudicialidad que mantiene el expediente NO. 14-019174-0007-CO vinculado a los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, nos mantenemos pendientes del fallo que emita la Sala, siempre respetuoso este Ministerio de acatar los mandatos constitucionales. III.- En relación con este punto, el Ministerio aclara que la actualización o corrección de información vinculada a los sitios Ramsar se realiza conforme a los plazos, criterios técnicos y canales oficiales definidos por la Convención, particularmente mediante la Ficha Informativa de Ramsar (FIR) y sus actualizaciones periódicas. La Resolución XV.7 reconoce que las Partes pueden introducir ajustes derivados de: • Mejoras en la precisión cartográfica, • Avances tecnológicos, • Procesos normales de actualización de información. La existencia de procesos de actualización o revisión técnica no implica, por sí misma, la existencia de errores atribuibles a una actuación irregular, ni activa automáticamente deberes adicionales de notificación más allá de los previstos en la propia Convención. El MINAE actúa bajo los principios de legalidad, buena fe y corrección institucional, garantizando que cualquier ajuste necesario se realice con sustento técnico, dentro de los plazos razonables y mediante los mecanismos formales correspondientes, sin que resulte procedente asumir la existencia de errores no acreditados. IV.- El Ministerio hace ver que la verificación del cumplimiento de las obligaciones internacionales ambientales forma parte de las funciones ordinarias y permanentes del MINAE y de sus órganos adscritos, particularmente a través de las instancias técnicas responsables de la gestión de áreas silvestres protegidas y humedales. La Resolución XV.7 alienta a las Partes a contar con mecanismos de evaluación, seguimiento y reporte, pero no impone la apertura de procedimientos internos específicos o extraordinarios, ni condiciona el cumplimiento de la Convención a la creación de nuevas instancias administrativas. En ese sentido, las labores de verificación, actualización de información y transparencia ya se encuentran incorporadas en los procesos regulares de trabajo institucional, mediante: • Seguimiento técnico de los sitios Ramsar. • Elaboración y revisión de información oficial. • Comunicación con la Secretaría de la Convención por los canales establecidos. Por tanto, no se estima necesario instruir un procedimiento adicional distinto a los mecanismos ya existentes, los cuales cumplen adecuadamente con los compromisos internacionales asumidos por el país. V.- Este Despacho hace constar que, a la fecha, no ha mediado orden judicial ni administrativa que imponga la realización de procesos de consulta específicos en los términos planteados por el gestionante. No obstante, el SINAC garantiza que la formulación y actualización de las herramientas técnicas de gestión de áreas silvestres protegidas incorpora espacios de participación de actores locales y comunidades vinculadas, procurando que el enfoque social y cultural sea considerado dentro de los procesos de gestión ambiental. VI.- Finalmente, este Ministerio señala que, en estricto apego al ordenamiento jurídico costarricense, toda denuncia de naturaleza administrativa, ya sea presentada de oficio o por gestión formal, se atiende conforme a la competencia disciplinaria que ostenta esta Administración respecto de sus funcionarios. Dichos procedimientos se rigen por lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública, su normativa reglamentaria y demás legislación aplicable, y se desarrollan bajo los principios del debido proceso, legalidad y confidencialidad, razón por la cual permanecen reservados hasta su firmeza. En consecuencia, se indica al gestionante que, de estimarlo pertinente, puede interponer las denuncias correspondientes por los canales formales establecidos. (sic) (…)” (ver informe rendido y prueba aportada por la autoridad recurrida). \n\nIV.- Sobre el envío de la gestión bajo estudio a una cuenta de correo electrónico. En este asunto se ha acreditado que la solicitud de fecha 2 de diciembre de 2025 fue remitida a la cuenta ...01, la cual, según se informó bajo juramento es el correo oficial del Ministerio de Ambiente y Energía. Así las cosas, esta Sala tiene por verificado que la gestión bajo estudio se remitió a una dirección de correo electrónico que sí está establecida como un medio de comunicación oficial con el ministerio accionado, lo cual hace procedente el conocimiento por el fondo de este proceso de amparo. \n\nV.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, la parte recurrente acusa que el 2 de diciembre de 2025, remitió a la dirección electrónica ...01, un reclamo administrativo relacionado con la gestión estatal de los humedales del Dirección02. No obstante, asegura que a la fecha en la que acude en amparo, la denuncia aludida no ha sido resuelta, lo que estiman lesivo de sus derechos fundamentales. \n\nAl respecto, esta Sala verifica que, en el caso concreto, efectivamente el 2 de diciembre de 2025, el amparado remitió a la dirección electrónica ...01, un oficio formal dirigido al Ministro de Ambiente y Energía, mediante el cual formuló un reclamo administrativo compuesto por 6 solicitudes concretas, todas relacionadas con la gestión estatal de los humedales Ramsar del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. \n\nEn este sentido, consta que en primer lugar, solicitó que se realizara una revisión integral de los procedimientos administrativos, técnicos y de comunicación seguidos por el MINAE, el SINAC y el Programa Nacional de Humedales, en relación con la información y gestión de los humedales comprometidos ante la Convención Ramsar. Sobre este extremo, el ministerio accionado respondió expresamente que mantiene procedimientos vigentes, con respaldo técnico y administrativo, orientados a la gestión, conservación y uso racional de dichos humedales, aclarando que la Convención Ramsar reconoce la autonomía de cada parte contratante para estructurar su gestión interna, y que la existencia de procesos permanentes de actualización constituye una manifestación de la gestión progresiva, no un incumplimiento. \n\nAsimismo, se tiene que en segundo término, requirió que se determinara la existencia de eventuales errores materiales o de hecho en la información oficial del ministerio recurrido que hubieran podido inducir a error en la sentencia nro. 2025-2281 de las 15:30 horas de 16 de julio de 2025 dictada por esta Sala, o a denuncias ante la Secretaría de la Convención Ramsar. Al respecto, la autoridad recurrida indicó de manera puntual que dicha sentencia es vinculante y de acatamiento obligatorio, expuso ampliamente sus alcances, y precisó que no corresponde a esta sede administrativa revisar ni cuestionar su contenido, sino dar cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal. \n\nDe igual forma, consta que en tercer lugar, el gestionante pidió que se procediera a la corrección de los supuestos errores detectados y a la notificación de lo actuado a las autoridades competentes, -incluida esta Sala- y la Secretaría Ramsar. En respuesta, el ministerio accionado aclaró que la actualización o corrección de información vinculada a sitios Ramsar se realiza conforme a los criterios técnicos, los plazos y los mecanismos previstos por la propia convención, particularmente a través de la “Ficha Informativa Ramsar” (FIR), y que la mera existencia de procesos de revisión técnica no implica la existencia de errores acreditados ni activa deberes adicionales de notificación fuera de los expresamente establecidos.\n\nAhora, como cuarto punto, se tiene que el amparado solicitó la apertura de un procedimiento interno específico de verificación del cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas bajo la Convención Ramsar y sobre esta petición, el ministerio recurrido respondió de forma expresa que dichas obligaciones forman parte de las funciones ordinarias y permanentes del MINAE y de sus órganos adscritos, y que la resolución XV.7 de la conferencia de las partes no impone la creación de procedimientos administrativos extraordinarios, razón por la cual no resulta necesario instruir procesos adicionales distintos de los ya existentes.\n\nTambién se constató que en quinto lugar, requirió la adopción de medidas para garantizar procesos formales de consulta y participación informada de las comunidades tribales afrodescendientes del Caribe Sur, siendo que al respecto, la autoridad recurrida precisó que no existe orden judicial ni administrativa que imponga consultas específicas en los términos solicitados; sin embargo, dejó constancia de que el SINAC incorpora espacios de participación de actores locales y comunidades vinculadas en la formulación y actualización de las herramientas de gestión ambiental.\n\nY finalmente, como sexto punto, el tutelado solicitó la apertura de procedimientos administrativos para investigar eventuales omisiones funcionales y aplicar medidas correctivas o sancionatorias. En respuesta directa, la autoridad recurrida señaló que toda denuncia administrativa es atendida conforme a la competencia disciplinaria legalmente atribuida, bajo los principios del debido proceso, legalidad y confidencialidad, indicando que tales procedimientos, de existir, se tramitan por los canales formales y permanecen reservados hasta su firmeza.\n\nDicho lo anterior, es necesario aclarar que fue en fecha 26 de marzo de 2026, que el recurrente interpuso el presente recurso de amparo y la resolución de curso fue notificada a la autoridad recurrida el 13 de abril de 2026, siendo entonces, que con ocasión directa de dicha notificación, el Ministerio de Ambiente y Energía, en fecha 15 de abril de 2026, emitió y notificó al amparado la respuesta integral desarrollada líneas atrás, en la cual atendió, punto por punto y en el mismo orden, todas las solicitudes planteadas en el oficio del 2 de diciembre de 2025, dejando así resuelta la totalidad del reclamo administrativo y denuncia alegada.\n\n No obstante, aun cuando se logró tener por acreditado que dicha denuncia fue efectivamente atendida, lo cierto es que esa atención se produjo con ocasión de la notificación de la resolución de curso del presente proceso, toda vez que al momento de interponerse el recurso, ya habían transcurrido poco más de 3 meses desde la presentación de la gestión sin que existiera respuesta alguna. En consecuencia, procede declarar con lugar el recurso, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nVI.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“ Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes” ), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia” , donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional - cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nVII.- Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nVIII.- Voto salvado parcial del Magistrado Salazar Alvarado, únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida.\n\nSi bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.\n\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:\n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:\n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.\n\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.\n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”. \n\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales. \n\nEn mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos. \n\nComo razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente: \n\n“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”. \n\nEs claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a nuestro juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.\n\nIX.- Voto salvado de la Magistrada Garro Vargas respecto a la parte dispositiva de esta sentencia. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. \n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.\n\nEn razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.\n\nX.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Castillo consigna nota. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese. -\n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n YSJ1FFL17VA61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-010850-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: Telf03/ ALA-4TA (Telf04). Fax: Telf05 / Telf06. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección03, Dirección04, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).",
  "body_en_text": "Document Review\n\n1\n\n \n\n\n\nExp: 26-010850-0007-CO\n\nRes. Nº 2026015501\n\n \n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the thirtieth of April two thousand twenty-six.\n\n Amparo action filed by Nombre01, identity card CED01, against the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY.\n\nWhereas:\n\n 1.- By writing incorporated into the digital file at 15:04 hours on March 26, 2026, the petitioner files an amparo action against the Ministry of Environment and Energy. He states that he is a person of African descent, a member of the Asociación Tribal de Afrodescendientes del Caribe Sur (ATACS), a resident of the canton of Talamanca, and a beneficiary of international ILO Conventions 107 and 169, as well as Executive Decrees 43191-MP-MCJ of August 31, 2021 and 43532-MP-MINAE-MCU-MEP of May 5, 2022. He indicates that, on December 2, 2025, he sent to the email address: ...01 a formal communication addressed to the Minister of Environment and Energy, Mr. Franz Tattenbach Capra, through which he set forth a situation that—in his opinion—affects his personal, family, and collective sphere, related to the state management of the wetlands of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, in the following manner: “(…) I respectfully request the Minister of Environment and Energy: I. That the administrative, technical, and communication procedures followed by the Ministry of Environment and Energy and its attached bodies, especially the National System of Conservation Areas (SINAC) and the National Wetlands Program, be comprehensively reviewed in relation to the information and management of the wetlands committed by the Costa Rican State to the Ramsar Convention, with special attention to the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge Ramsar Site. II. That the existence of material or factual errors in the interpretation and application of the official information contained in the technical documents prepared by this Ministry be determined, which may have induced the Constitutional Chamber to an error in judgment N° 2025-2281 of 15:30 hours on July 16, 2025, or which may have motivated unfounded complaints before the Secretariat of the Ramsar Convention. III. That, in accordance with legally established deadlines, the detected errors be rectified, notifying the actions taken to the competent bodies, including the Constitutional Chamber and the Secretariat of the Ramsar Convention, in accordance with the principles of good faith, institutional correctness, and effective environmental protection. IV. That an internal verification procedure be ordered regarding compliance with the international obligations assumed by the country under the Ramsar Convention, guaranteeing the updating and transparency of the information sent to said organization. V. That the necessary measures be taken to guarantee the informed consultation and participation of the Afro-descendant tribal communities of the Southern Caribbean in the review and eventual rectification of the administrative acts related to the delimitation, updating, and reporting of the wetlands of the Dirección01. VI. That an administrative proceeding be opened to investigate the omissions of the officials indicated in this document and that the corresponding corrective and sanctioning measures be adopted. Therefore, I request that this administrative claim be admitted, given the corresponding processing, and resolved within the deadlines provided for in the General Law on Public Administration, with timely communication of the decision adopted. In respectfully taking my leave, I take the opportunity to attach the document of the Asociación Tribal de Afrodescendientes del Caribe Sur (ATACS), ‘Structural Racism in the Southern Caribbean,’ whose pages explain and elaborate on the situations to which our area and its tribal peoples are and have been subjected, mainly by an ignorant and disrespectful bureaucracy of our history and reality, allied with dogmatic-political groups and an irresponsible press that repeats them. (…)”. However, he claims that despite more than 3 months having passed since its filing, on the date he files for amparo, he has not received any response to his request. By virtue of the foregoing, he considers that his fundamental rights have been violated, and therefore requests that this action be granted and that the appropriate legal measures be ordered.\n\n2.- In a resolution at 18:47 hours on April 10, 2026, the process is admitted and a report is requested from the Minister of Environment and Energy regarding the facts alleged by the petitioner.\n\n3.- By means of a writing incorporated into the digital file at 9:52 hours on April 17, 2026, Franz Tattenbach Capra, in his capacity as Minister of Environment and Energy, reports under oath that “(…) In response to the facts alleged by the petitioner against this Ministry, your honorable authority is hereby informed that by means of official letter CARTA-DAJ-MINAE-830-2026 dated April 15, 2026, the query referred to in this action was resolved for the petitioner. The aforementioned official letter was notified via email on April 15 of this year, as evidenced in the proof offered. The response provided was given in the following terms: “Mr. Nombre01 SUBJECT: Reply to official letter entitled ‘Punta Uva, Manzanillo, December 2, 2025’. Dear Sir: In response to the official letter entitled ‘Punta Uva, Manzanillo, December 2, 2025’, presented by Mr. Nombre01, on his own behalf and as a member of the Asociación Tribal de Afrodescendientes del Caribe Sur (ATACS), related to the management of the wetlands of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, and having analyzed the requests made, this Ministry proceeds to issue a response in the same order in which they were formulated, based on the applicable national legal framework and the international obligations assumed by the Costa Rican State within the scope of the Ramsar Convention. It cites the request: ‘I. That the administrative, technical, and communication procedures followed by the Ministry of Environment and Energy and its attached bodies, especially the National System of Conservation Areas (SINAC) and the National Wetlands Program, be comprehensively reviewed in relation to the information and management of the wetlands committed by the Costa Rican State to the Ramsar Convention, with special attention to the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge Ramsar Site. II. That the existence of material or factual errors in the interpretation and application of the official information contained in the technical documents prepared by this Ministry be determined, which may have induced the Constitutional Chamber to an error in judgment N° 2025-2281 of 15:30 hours on July 16, 2025, or which may have motivated unfounded complaints before the Secretariat of the Ramsar Convention. III. That, in accordance with legally established deadlines, the detected errors be rectified, notifying the actions taken to the competent bodies in accordance with the principles of good faith, institutional correctness, and effective environmental protection. IV. That an internal verification procedure be ordered regarding compliance with the international obligations assumed by the country under the Ramsar Convention, guaranteeing the updating and transparency of the information sent to said organization. V. That the necessary measures be taken to guarantee the informed consultation and participation of the Afro-descendant tribal communities of the Southern Caribbean in the review and eventual rectification of the administrative acts related to the delimitation, updating, and reporting of the wetlands of the Dirección01. VI. That an administrative proceeding be opened to investigate the omissions of the officials indicated in this document and that the corresponding corrective and sanctioning measures be adopted. In response to what has been requested, it is appropriate to indicate in the same order: The Ministry of Environment and Energy reports that, in the exercise of the powers conferred by the Costa Rican legal system, it has established and maintains current administrative, technical, and communication procedures aimed at the management, conservation, and rational use of internationally important wetlands committed by the State to the Ramsar Convention. Resolution XV.7 of the Conference of the Parties (COP15) expressly recognizes that the management of Ramsar sites is carried out through mechanisms defined at the national level, and that Contracting Parties present differentiated progress, according to their institutional, technical, and budgetary capacities. In this sense, the existence of permanent processes of updating, monitoring, and reporting—susceptible to continuous improvement—does not constitute, in itself, a breach, but rather a manifestation of the progressive management that characterizes the application of the Convention. Likewise, it should be noted that: • SINAC and the National Wetlands Program act within the framework of legally assigned competencies, with specialized technical and administrative support. • Official information is sent to the Ramsar Secretariat through institutional channels and in accordance with the guidelines established by the Convention. • The Ramsar Convention does not impose a single model of internal organization but recognizes the autonomy of each Contracting Party to structure its procedures according to its legal system. Therefore, it is not appropriate to assert, in a generic manner, the need for a comprehensive corrective review, given that there are formally established procedures that are applied and adjusted periodically in accordance with the decisions of the Conference of the Parties. II.- The judgments issued by the Constitutional Chamber are enforceable, binding erga omnes, and constitute mandatory precedent, by virtue of their definitive character and their function of guaranteeing constitutional supremacy. In that sense, case file 24-001899-0007-CO was resolved by judgment N.° 2025-2281, which is mandatory for SINAC-MINAE, in the terms established therein. “In judgment 2025-2281, the Constitutional Chamber concluded: a) By majority, that the General Management Plan for the Gandoca Manzanillo Wildlife Refuge 2017-2023 is unconstitutional for violating Articles 50 and 89 of the Political Constitution and the ‘Convention on Wetlands of International Importance, Especially as Waterfowl Habitat’, also called the ‘Ramsar Convention’. In accordance with the provisions of Article 91 of the Law on Constitutional Jurisdiction, the effects of the judgment were shaped to avoid serious disruptions to order, security, as well as serious and irreparable damage to the environment, maintaining the validity of the General Management Plan for the Gandoca Manzanillo Mixed Wildlife Refuge 2017-2023 for a period of up to one year from the full publication of the judgment in the official gazette La Gaceta, within which the National System of Conservation Areas must correct the unconstitutionality defects indicated in this ruling. If this does not occur within that period, the General Management Plan for the Gandoca Manzanillo Mixed Wildlife Refuge 2017-2023 will be definitively expelled from the legal system. Magistrate Garro Vargas gives different reasons for declaring the unconstitutionality and issues a dissenting vote regarding the execution of the judgment in the sense that, in view of the order given, she considers that matters relating to the knowledge of its compliance should be carried out before the Enforcement Area of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court, under the judgment execution rules of the Contentious-Administrative Procedural Code. Magistrate Salazar Alvarado issued a dissenting vote and declared the action inadmissible, to reiterate and delineate the scope of Judgment N° 2019-12745 of 12:10 hours on July 10, 2019, regarding the constitutionality of Law N° 9223, and other proceedings ordered on the occasion thereof. b) Regarding the Talamanca-Cahuita District Coastal Regulatory Plan, adopted by the Council of the Municipality of Talamanca in Extraordinary Session N° 89 of September 26, 2023, Agreement N° 2, and published on October 5, 2023 in Supplement N°193 to La Gaceta 183, the magistrates unanimously declared the action inadmissible, for reasons of admissibility because the processing of said instrument has not yet been completed by virtue of the provisions of several judgments of the Constitutional Chamber (among them, No. 23-31756, Telf01 and Telf02). c) Regarding Directive No. 09-2023 of the Minister of Environment and Energy, of August 17, 2023, by majority, the action was granted for violating Articles 50 and 89 of the Political Constitution and, consequently, was annulled as unconstitutional. Said provision contained guidelines directed at ministry officials, contrary to the environmental protection ordered by the Chamber for forest and wetland areas in judgments 12745-2019, 3959-2024 and 10951-2024. On this point, Magistrates Castillo Víquez, Salazar Alvarado, and Magistrate Garro Vargas issued dissenting votes and declared the action inadmissible.” Due to the Prejudiciality status of case file NO. 14- 019174-0007-CO linked to the limits of the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge, we remain pending the ruling issued by the Chamber, this Ministry always respecting the enforcement of constitutional mandates. III.- In relation to this point, the Ministry clarifies that the updating or correction of information linked to Ramsar sites is carried out in accordance with the deadlines, technical criteria, and official channels defined by the Convention, particularly through the Ramsar Information Sheet (RIS) and its periodic updates. Resolution XV.7 recognizes that the Parties may introduce adjustments derived from: • Improvements in cartographic precision, • Technological advances, • Normal information update processes. The existence of updating or technical review processes does not imply, in itself, the existence of errors attributable to irregular action, nor does it automatically activate additional notification duties beyond those provided for in the Convention itself. MINAE acts under the principles of legality, good faith, and institutional correctness, guaranteeing that any necessary adjustment is made with technical support, within reasonable deadlines, and through the corresponding formal mechanisms, without it being appropriate to assume the existence of unsubstantiated errors. IV.- The Ministry notes that the verification of compliance with international environmental obligations is part of the ordinary and permanent functions of MINAE and its attached bodies, particularly through the technical bodies responsible for the management of protected wild areas and wetlands. Resolution XV.7 encourages the Parties to have evaluation, monitoring, and reporting mechanisms, but does not impose the opening of specific or extraordinary internal procedures, nor does it condition compliance with the Convention on the creation of new administrative bodies. In this sense, the tasks of verification, information updating, and transparency are already incorporated into the regular institutional work processes, through: • Technical monitoring of Ramsar sites. • Preparation and review of official information. • Communication with the Convention Secretariat through established channels. Therefore, it is not considered necessary to order an additional procedure distinct from the existing mechanisms, which adequately fulfill the international commitments assumed by the country. V.- This Office records that, to date, no judicial or administrative order has been issued imposing the implementation of specific consultation processes in the terms proposed by the petitioner. However, SINAC guarantees that the formulation and updating of technical management tools for protected wild areas incorporate spaces for participation of local actors and linked communities, ensuring that the social and cultural approach is considered within the environmental management processes. VI.- Finally, this Ministry points out that, in strict adherence to the Costa Rican legal system, any complaint of an administrative nature, whether presented ex officio or by formal request, is addressed in accordance with the disciplinary competence held by this Administration regarding its officials. Said procedures are governed by the provisions of the General Law on Public Administration, its regulatory norms, and other applicable legislation, and are developed under the principles of due process, legality, and confidentiality, for which reason they remain confidential until finality. Consequently, the petitioner is informed that, if deemed pertinent, he may file the corresponding complaints through the established formal channels. Sincerely.” In accordance with the foregoing, the undersigned certifies that effective compliance was given to the query made by Mr. Nombre01. Finally, attending to the summons of this honorable chamber, in relation to the email accounts ...01 to which the petitioner's query was sent, the same constitutes a suitable means for receiving requests such as the one brought by the petitioner. (…)”. Requests that the action be declared inadmissible.\n\n4.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.\n\n Authored by Magistrate Araya García; and,\n\nWhereas:\n\nI.- Preliminary Matter. Prior to analyzing the merits of the matter—for the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure—it must be clarified that, as of judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has or has not complied with the deadlines established by the General Law on Public Administration (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve an administrative procedure by final act—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear admissible administrative appeals. Precisely, in this case, an exception to that rule is presented, as it involves an environmental complaint, which, presumably, has not been resolved within a reasonable time by MINAE. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.\n\nII.- Object of the action. The petitioner alleges that on December 2, 2025, he sent to the email address ...01, an administrative claim related to the state management of the wetlands of the Gandoca-Manzanillo Refuge. However, he asserts that on the date he files for amparo, the aforementioned complaint has not been resolved, which he considers a violation of his fundamental rights.\n\nIII.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven:\n\n1) On December 2, 2025, the protected party sent to the email address: ...01, a formal communication addressed to the Minister of Environment and Energy, in which he set forth requests related to the management, updating, and correction of official information on the Ramsar wetlands of the Gandoca‑Manzanillo Refuge, in the following manner: “(…) I respectfully request the Minister of Environment and Energy: I. That the administrative, technical, and communication procedures followed by the Ministry of Environment and Energy and its attached bodies, especially the National System of Conservation Areas (SINAC) and the National Wetlands Program, be comprehensively reviewed in relation to the information and management of the wetlands committed by the Costa Rican State to the Ramsar Convention, with special attention to the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge Ramsar Site. II. That the existence of material or factual errors in the interpretation and application of the official information contained in the technical documents prepared by this Ministry be determined, which may have induced the Constitutional Chamber to an error in judgment N° 2025-2281 of 15:30 hours on July 16, 2025, or which may have motivated unfounded complaints before the Secretariat of the Ramsar Convention. III. That, in accordance with legally established deadlines, the detected errors be rectified, notifying the actions taken to the competent bodies, including the Constitutional Chamber and the Secretariat of the Ramsar Convention, in accordance with the principles of good faith, institutional correctness, and effective environmental protection. IV. That an internal verification procedure be ordered regarding compliance with the international obligations assumed by the country under the Ramsar Convention, guaranteeing the updating and transparency of the information sent to said organization. V. That the necessary measures be taken to guarantee the informed consultation and participation of the Afro-descendant tribal communities of the Southern Caribbean in the review and eventual rectification of the administrative acts related to the delimitation, updating, and reporting of the wetlands of the Gandoca-Manzanillo Site. VI. That an administrative proceeding be opened to investigate the omissions of the officials indicated in this document and that the corresponding corrective and sanctioning measures be adopted. Therefore, I request that this administrative claim be admitted, given the corresponding processing, and resolved within the deadlines provided for in the General Law on Public Administration, with timely communication of the decision adopted. (…)” (see evidence provided by the petitioner).\n\n2) On March 26, 2026, the petitioner filed this amparo action (see digital file).\n\n3) On April 13, 2026, the respondent authority was notified of the resolution admitting this process (see notification record).\n\nIV) On the occasion of the appeal, on April 15, 2026, MINAE provided a response to the protected party —notified on that same date to the email address: ...02—, as follows: “(…) In response to your request, we proceed to indicate in the same order: The Ministry of Environment and Energy reports that, in the exercise of the powers conferred upon it by the Costa Rican legal system, it has established and maintains current administrative, technical, and communication procedures aimed at the management, conservation, and rational use of wetlands of international importance committed to by the State under the Ramsar Convention. Resolution XV.7 of the Conference of the Parties (COP15) expressly recognizes that the management of Ramsar sites is carried out through nationally defined mechanisms, and that Contracting Parties present differentiated progress, according to their institutional, technical, and budgetary capacities. In this regard, the existence of permanent processes of updating, monitoring, and reporting —susceptible to continuous improvement— does not, in itself, constitute a breach, but rather a manifestation of the progressive management that characterizes the application of the Convention. Likewise, it should be noted that: • SINAC and the National Wetlands Program act within the framework of legally assigned powers, with specialized technical and administrative support. • Official information is sent to the Ramsar Secretariat through institutional channels and in accordance with the guidelines established by the Convention. • The Ramsar Convention does not impose a single model of internal organization, but rather recognizes the autonomy of each Contracting Party to structure its procedures in accordance with its legal system. Therefore, it is not appropriate to affirm, in a generic manner, the need for a comprehensive review of a corrective nature, as there are formally established procedures that are applied and adjusted periodically in accordance with the decisions of the Conference of the Parties. II.- The judgments issued by the Constitutional Chamber are enforceable, binding erga omnes and constitute mandatory precedent, by virtue of their definitive nature and their function of guaranteeing constitutional supremacy. In that sense, case file 24-001899-0007-CO was resolved by judgment No. 2025-2281, which is mandatory for SINAC-MINAE, under the terms set forth therein. \"In judgment 2025-2281, the Constitutional Chamber concluded: a) By majority, that the General Management Plan for the Gandoca Manzanillo Mixed Wildlife Refuge 2017-2023 is unconstitutional for violating Articles 50 and 89 of the Political Constitution and the 'Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat', also called the 'Ramsar Convention'. In accordance with the provisions of Article 91 of the Constitutional Jurisdiction Law, the effects of the judgment were dimensioned to avoid serious dislocations to order, security, as well as serious and irreparable damage to the environment, maintaining the validity of the General Management Plan for the Gandoca Manzanillo Mixed Wildlife Refuge 2017-2023 for a period of one year from the full publication of the judgment in the official gazette La Gaceta, within which the National System of Conservation Areas must correct the unconstitutionality defects indicated in this pronouncement. If the foregoing is not carried out within that period, the General Management Plan for the Gandoca Manzanillo Mixed Wildlife Refuge 2017-2023 will be definitively expelled from the legal system. Judge Garro Vargas gives different reasons for declaring unconstitutionality and issues a dissenting vote regarding the execution of the judgment in the sense that, in view of the order given, she considers that matters relating to the knowledge of its compliance should be handled before the Execution Area of the Administrative and Civil Financial Court, under the rules of judgment execution of the Administrative Litigation Procedure Code. Judge Salazar Alvarado issued a dissenting vote and declared the action without merit, to reiterate and delimit the scope of Judgment No. 2019-12745 of 12:10 hours on July 10, 2019, regarding the constitutionality of Law No. 9223, and other proceedings issued in connection with it. b) Regarding the Talamanca-Distrito Cahuita Coastal Regulatory Plan, adopted by the Council of the Municipality of Talamanca in Extraordinary Session No. 89 of September 26, 2023, Agreement No. 2, and published on October 5, 2023, in Supplement No. 193 to La Gaceta 183, unanimously, the judges declared the action without merit, for reasons of admissibility because the processing of said instrument has not yet been completed by virtue of several judgments of the Constitutional Chamber (among them, Nos. 23-31756, Telf01 and Telf02). c) Regarding Directive No. 09-2023 from the Minister of Environment and Energy, dated August 17, 2023, by majority, the action was granted for infringing numerals 50 and 89 of the Political Constitution and, consequently, it was annulled as unconstitutional. Said provision contained guidelines directed at ministry officials, opposed to the environmental protection ordered by the Chamber for forested areas and wetlands in judgments 12745-2019, 3959-2024, and 10951-2024. On this point, Judges Castillo Víquez, Salazar Alvarado, and Judge Garro Vargas issued a dissenting vote and declared the action without merit.\" Due to the prejudicial nature of case file NO. 14-019174-0007-CO linked to the boundaries of the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge, we remain attentive to the ruling issued by the Chamber, with this Ministry always respectful of complying with constitutional mandates. III.- In relation to this point, the Ministry clarifies that the updating or correction of information linked to Ramsar sites is carried out in accordance with the deadlines, technical criteria, and official channels defined by the Convention, particularly through the Ramsar Information Sheet (RIS) and its periodic updates. Resolution XV.7 recognizes that Parties may introduce adjustments resulting from: • Improvements in cartographic precision, • Technological advances, • Normal information updating processes. The existence of updating or technical review processes does not, in itself, imply the existence of errors attributable to irregular action, nor does it automatically activate additional notification duties beyond those provided for in the Convention itself. MINAE acts under the principles of legality, good faith, and institutional correctness, guaranteeing that any necessary adjustment is made with technical support, within reasonable timeframes, and through the corresponding formal mechanisms, without it being appropriate to assume the existence of unverified errors. IV.- The Ministry points out that verifying compliance with international environmental obligations forms part of the ordinary and permanent functions of MINAE and its affiliated bodies, particularly through the technical instances responsible for the management of protected wild areas (áreas silvestres protegidas) and wetlands. Resolution XV.7 encourages Parties to have evaluation, monitoring, and reporting mechanisms, but does not impose the opening of specific or extraordinary internal procedures, nor does it condition compliance with the Convention on the creation of new administrative instances. In this sense, the tasks of verification, information updating, and transparency are already incorporated into the regular institutional work processes, through: • Technical monitoring of Ramsar sites. • Preparation and review of official information. • Communication with the Convention Secretariat through established channels. Therefore, it is not considered necessary to instruct an additional procedure distinct from the existing mechanisms, which adequately fulfill the international commitments assumed by the country. V.- This Office certifies that, to date, there has been no judicial or administrative order imposing specific consultation processes under the terms proposed by the petitioner. However, SINAC guarantees that the formulation and updating of technical management tools for protected wild areas incorporates spaces for participation by local actors and linked communities, ensuring that the social and cultural approach is considered within environmental management processes. VI.- Finally, this Ministry states that, in strict adherence to the Costa Rican legal system, any administrative complaint, whether filed ex officio or by formal action, is addressed in accordance with the disciplinary competence held by this Administration regarding its officials. Said procedures are governed by the provisions of the General Law of Public Administration, its regulatory norms, and other applicable legislation, and are conducted under the principles of due process, legality, and confidentiality, which is why they remain confidential until they become final. Consequently, the petitioner is informed that, if deemed pertinent, they may file the corresponding complaints through the established formal channels. (sic) (…)” (see report rendered and evidence provided by the appealed authority).\n\nIV.- Regarding the sending of the petition under study to an email account. In this matter, it has been proven that the request dated December 2, 2025, was sent to the account ...01, which, as reported under oath, is the official email of the Ministry of Environment and Energy. This being the case, this Chamber deems it verified that the petition under study was sent to an email address that is established as an official means of communication with the respondent ministry, which makes it appropriate to hear the merits of this amparo process.\n\nV.- Regarding the specific case. In the case at bar, the appellant alleges that on December 2, 2025, they sent to the electronic address ...01 an administrative claim related to the state management of the wetlands of the Dirección02. However, they assert that as of the date they filed for amparo, the aforementioned complaint has not been resolved, which they consider harmful to their fundamental rights.\n\nIn this regard, this Chamber verifies that, in the specific case, on December 2, 2025, the protected party indeed sent to the electronic address ...01 a formal communication addressed to the Minister of Environment and Energy, through which they filed an administrative claim composed of 6 specific requests, all related to the state management of the Ramsar wetlands of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge.\n\nIn this sense, the record shows that first, they requested a comprehensive review of the administrative, technical, and communication procedures followed by MINAE, SINAC, and the National Wetlands Program in relation to the information and management of the wetlands committed under the Ramsar Convention. On this point, the respondent ministry expressly responded that it maintains current procedures, with technical and administrative support, aimed at the management, conservation, and rational use of said wetlands, clarifying that the Ramsar Convention recognizes the autonomy of each contracting party to structure its internal management, and that the existence of permanent updating processes constitutes a manifestation of progressive management, not a breach.\n\nLikewise, it is noted that secondly, they requested that the existence of possible material or factual errors in the official information of the respondent ministry that could have misled judgment No. 2025-2281 of 3:30 p.m. on July 16, 2025, issued by this Chamber, or led to reports to the Ramsar Convention Secretariat be determined. In response, the respondent authority specifically indicated that said judgment is binding and mandatory, extensively set out its scope, and specified that it is not for this administrative venue to review or question its content, but to comply with what was ordered by this Court.\n\nSimilarly, the record shows that thirdly, the petitioner requested that the alleged detected errors be corrected and that the actions taken be notified to the competent authorities, including this Chamber, and the Ramsar Secretariat. In response, the respondent ministry clarified that the updating or correction of information linked to Ramsar sites is carried out in accordance with the technical criteria, deadlines, and mechanisms provided for by the convention itself, particularly through the “Ramsar Information Sheet” (RIS), and that the mere existence of technical review processes does not imply the existence of proven errors nor does it activate additional notification duties beyond those expressly established.\n\nNow, as a fourth point, it is noted that the protected party requested the opening of a specific internal procedure to verify compliance with the international obligations assumed under the Ramsar Convention, and regarding this petition, the respondent ministry expressly responded that these obligations form part of the ordinary and permanent functions of MINAE and its affiliated bodies, and that Resolution XV.7 of the Conference of the Parties does not impose the creation of extraordinary administrative procedures, which is why it is not necessary to instruct additional processes distinct from those already existing.\n\nIt was also verified that fifthly, they requested the adoption of measures to guarantee formal processes of consultation and informed participation of the Afro-descendant tribal communities of the Southern Caribbean. In this regard, the respondent authority specified that there is no judicial or administrative order imposing specific consultations under the requested terms; however, it certified that SINAC incorporates spaces for participation by local actors and linked communities in the formulation and updating of environmental management tools.\n\nAnd finally, as a sixth point, the protected party requested the opening of administrative procedures to investigate possible functional omissions and apply corrective or sanctioning measures. In direct response, the respondent authority pointed out that any administrative complaint is addressed in accordance with the legally attributed disciplinary competence, under the principles of due process, legality, and confidentiality, indicating that such procedures, if they exist, are processed through formal channels and remain confidential until they become final.\n\nHaving said the above, it is necessary to clarify that it was on March 26, 2026, that the appellant filed this amparo action, and the initial resolution was notified to the respondent authority on April 13, 2026. Therefore, on the direct occasion of said notification, the Ministry of Environment and Energy, on April 15, 2026, issued and notified the protected party of the comprehensive response detailed above, in which it addressed, point by point and in the same order, all the requests made in the communication of December 2, 2025, thus resolving the entirety of the alleged administrative claim and complaint.\n\nHowever, even though it was possible to confirm that said complaint was indeed addressed, the truth is that this attention occurred on the occasion of the notification of the initial resolution of this process, given that at the time the appeal was filed, a little over 3 months had elapsed since the submission of the petition without any response whatsoever. Consequently, it is appropriate to grant the appeal, without a ruling on costs, damages, and losses.\n\nVI.- Regarding the ruling on costs, damages, and losses in accordance with Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the case at bar, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal will be granted solely for purposes of indemnification and costs, if they are appropriate”), the granting must be without a special ruling on costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express provision in the law requiring the operative part of the ruling to state that the appeal is granted, when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that the same final paragraph refers that the granting is ordered “solely for purposes of indemnification and costs, if they are appropriate.” It is emphasized that the Law states “if they are appropriate,” which means that the appropriateness or inappropriateness of indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighting by the Court. In cases such as this, the content of the protected person's claim and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to an impact on a constitutional right of a clearly patrimonial nature (as would occur, for example, with an impact on the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provision in Article 51 of the same Constitutional Jurisdiction Law, when it states that: “every resolution that upholds the appeal shall order in the abstract the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment,” where the possibility of assessing whether or not indemnification and costs are appropriate is not provided for. The principles of Constitutional Law, Public and General Procedural Law or, where applicable, International or Community Law, and furthermore, in order, the General Law of Public Administration and the Administrative Litigation Procedure Code and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Constitutional Jurisdiction Law - cf. article 14-. For the administrative litigation jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Administrative Litigation Procedure Code, which responds to procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the case at bar retains the possibility of resorting, if they see fit, to a plenary proceeding to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority's criterion to resolve this appeal without a ruling on costs, damages, and losses.\n\nVII.- Note by Judge Castillo Víquez, regarding prompt and complete administrative justice. I have supported this Court's thesis that when a citizen alleges a violation of the right to prompt and complete justice in an administrative venue, those who must hear the legal dispute are the Administrative Litigation Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo action established by Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is responsible for exclusively defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which are appropriate to be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo guarantee process, in other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent judges are those of the administrative litigation jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\nVIII.- Partial dissenting vote by Judge Salazar Alvarado, solely in relation to the non-imposition of costs, damages, and losses on the respondent party.\n\nAlthough I agree with the rest of the Chamber in granting the appeal, I separate from the majority criterion insofar as it exempts the respondent party from paying the costs, damages, and losses derived from the harm caused to the fundamental rights of the protected party.\n\nThe Constitutional Jurisdiction Law, in Article 52, provides that:\n\n“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal will be granted solely for purposes of indemnification and costs, if they are appropriate.”\n\nOn the other hand, Article 51 ibidem establishes that:\n\n“...every resolution that upholds the appeal shall order in the abstract the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.”\n\nThis latter norm establishes the general system that regulates the matter of indemnification and the payment of costs, which the majority calls the “natural or normal form of termination of the process, where there is a pronouncement on the merits of the matter and recognition of the facts that have violated fundamental rights…”.\n\nIn the majority's criterion, the cited Article 51 regulates the cases in which the Chamber has found the grievance to be proven; and, as a consequence, the need for a ruling on costs, damages, and losses arises. However, in the view of the undersigned, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court finds an injury to a fundamental right and, therefore, grants the appeal, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person's enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo —a situation contemplated in the referred Article 52—, by mandate of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the ruling against the infringer for the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a dissuasive means, so that the State does not again incur in the actions that gave rise to the granting of the appeal, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. So, whether the Chamber has found the grievance to be proven and has proceeded to hear the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the amparo proceedings, with restoration of the aggrieved party's enjoyment of their fundamental rights (Article 52), always, in any of these cases, the imperative need for a ruling on costs, damages, and losses against the infringer arises, the basis of which is found in the principles of protection of the rights of individuals and in that the Administration must be held responsible for the damages and losses caused by its unconstitutional actions.\n\nThus, the fact that at the time the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act had already ceased, in the terms of the provisions of Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the appropriateness of the ruling on costs, damages, and losses, as such a case forms an integral part of the general system of necessary ruling on these points contained in the Constitutional Jurisdiction Law.\n\nOn the other hand, it is clear that the mentioned Article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard, nor ruled on the merits of the claim, has verified the violation of fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restitution in the enjoyment of those rights that the Administration has agreed to in their favor; a situation that, as affirmed by the majority of the Chamber, implies an “abnormal termination of the process.”\n\nThe legislator established and delimited, in a precise manner, the conditions under which this Chamber can decree this form of abnormal conclusion of the amparo process, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is in progress, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution that admitted the amparo; and, 2) that there is an administrative or judicial resolution that orders, in an unmistakable manner, the revocation, cessation, or suspension of the challenged action that violates fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of ruling on costs, damages, and losses, despite the granting of the appeal, by providing that, in the cases regulated therein, the appeal will be granted “solely for purposes of indemnification and costs, if they are appropriate.” As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the cases strictly contemplated in the norm, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, an impairment of the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered due to the injury to their constitutional rights.\n\nIn my criterion, such exception should be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic ruling on costs, damages, and losses in the face of a violation of fundamental rights, such a ruling is always appropriate, even in the event that the respondent party issues a resolution, administrative or judicial, that revokes, halts, or suspends the challenged action, unless it is unmistakably and clearly evident that in the specific case no compensable harm was caused. Only and exclusively in such cases could the respondent Administration be exempted from the payment of said points. As in this case, there is no element whatsoever that rebuts the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions —the concrete determination of which does not correspond to this jurisdiction—, the granting of this appeal must necessarily imply the ruling on costs, damages, and losses, and we so declare.\n\nAs an additional reason, it is worth noting that the dynamic and very essence of amparo processes does not have as its primary objective the analysis of the existence or non-existence of damages and losses, but rather, the existence or non-existence of actions or omissions that may generate or produce a breach in the regime of fundamental rights of individuals. From this perspective, the analysis carried out by this venue concentrates on said verification, however, it does not enter into the weighting of whether these issues have generated or not injuries in the eminently patrimonial sphere of the protected individuals. While the aforesaid precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, stipulates that said ruling (on damages, losses, and costs) operates, if appropriate, the undersigned do not consider that said examination of pertinence can, a priori, be automatically excluded in this type of process, to the extent that, it is within another ordinary process, that it must be defined whether within the legal relationship analyzed in the amparo appeal, the conduct or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable), have constituted an adequate cause for injuries of a patrimonial nature that are legally indemnifiable. As a reference, numerals 179 to 184 of the Administrative Litigation Procedure Code, Law No. 8508, define a special process whose purpose is the definition of the economic effects derived from rulings handed down in these processes. In light of canon 179 ejusdem, that process has the following purpose:\n\n“ARTICLE 179.- The Administrative Litigation Court is responsible for the execution of the judgments issued by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo processes against Public Law subjects, solely in relation to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnifications”.\n\nIt is clear that this process is directed toward the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an abstract condemnation in those categories, because such claims would not be appropriate within those types of cases when the judgment issued in the amparo proceeding expressly establishes the inadmissibility of damages, losses, and/or costs, or when there is no express pronouncement on this particular matter. That is, the special proceeding in the administrative-court venue requires, as a sine qua non requirement, an express condemnation or pronouncement by this Constitutional Chamber. In that order, in our judgment, pursuant to the cited Article 52 of the LJC, the waiver of that condemnation for monetary damages requires, in each case, proof of circumstances from which it is reasoned that there are no monetary injuries, even potential ones, derived from or associated with the facts analyzed. Thus, it is an exception which, as such, requires qualified, duly reasoned application on a case-by-case basis. The mere fact that, during the proceedings, the Administration issues a resolution or a judicial judgment is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action does not, per se, preclude that prior to such cessation by the respondent agency's own doing or otherwise, the alleged negligence or condemned disturbance may have caused damages and losses. However, such a substantive issue, concerning the actual existence of injuries, their quantification, timely claim, etc., entails considerations beyond the nature of these proceedings and with respect to which, in accordance with what is regulated by the cited Article 52, are inherent to an abstract condemnation that later constitutes the basis for analysis in the Administrative-Contentious Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require proof of damages and losses, as, it must be emphasized, that is neither their object nor their primary ratio. Thus, it is not incumbent upon the protected person to claim or prove damages, given that what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Subsequently, whether those administrative actions have caused them injuries is a matter that, as a matter of principle and except in exceptional cases, is not part of the basis for analysis in this type of proceeding. It should be noted that, in the scenario regulated by that mandate, the Constitutional Chamber does not conduct a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the aforementioned supervening circumstance. Ergo, in these cases, by legal mandate, it does not proceed to assess whether there is an infringement, and thus, much less can it determine whether, based on what was reported by the petitioner, there may be situations for potential civil compensation. Hence, the waiver of condemnation referred to in that rule is exceptional, not a matter of principle. Therefore, in such scenarios, the rule imposes condemnation in the abstract, so that its appropriateness is analyzed in another plenary proceeding. Otherwise, if that release from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of a person who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered injuries to their pecuniary sphere would be jeopardized, to the detriment of what is established by Article 45 of the Political Constitution, and disregarding the potential liability of the Administration, as Article 9 of the same instrument imposes. Furthermore, it must not be overlooked that it was by virtue of an action of that nature that conduct was adopted causing the cessation of behaviors that, in theory, threaten or violate the person's fundamental rights. That is, for the purpose of obtaining the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by that means that the condemned disturbance ceased. It is emphasized that whether the persistence of the threat or deterioration of their situation, which was caused to cease by the reasons alluded to in the rule under examination, generated damages and losses is a matter that, absent proof to the contrary, should be analyzed in an ordinary proceeding, but must in no way be denied as a presupposition by the mere occurrence of the factual scenario regulated in the cited Article 52 of the LJC. Therefore, with the customary respect for the majority position, I state my vote and reiterate that granting this appeal must necessarily entail an abstract condemnation for costs, damages, and losses.\n\nIX.— Dissenting vote of Judge Garro Vargas regarding the operative part of this judgment. Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional, LJC) states: \"If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if they are appropriate (si fueren procedentes).\"\n\nMy interpretation of that rule is as follows: That \"resolution\" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase \"if they are appropriate (si fueren procedentes)\" refers to costs. Moreover, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: costs.\n\nCertainly, pursuant to Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to an amparo recourse is not compensatory but restorative; however, Article 51 of the LJC states: \"Any decision granting the appeal shall condemn in the abstract the compensation for damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, reserving their liquidation for the execution of the judgment.\"\n\nIf the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the event it has been restored, damages and losses may have arisen. For that reason, an abstract condemnation of these is appropriate. If this were not done, if such a condemnation were not issued, in the event that damages did occur, there would be no basis—derived from this proceeding—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. Even if an abstract condemnation is issued, if no damages or losses occurred, the judge in the ordinary venue shall so declare, given that only that judge has the authority to consider the actual existence and extent thereof as proven.\n\nWith the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, an incentive would be created for the Administration to respect rights only when an amparo recourse exists. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if deemed just, the Chamber may issue a condemnation for costs, even when the right has been restored.\n\nBy reason of the foregoing, I partially dissent from the operative part and order the abstract condemnation for damages and losses, but not for costs.\n\nX.— Documentation provided to the case file. The parties are forewarned that any document, object, or evidence submitted in paper form or contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new technology device must be withdrawn from the office within a maximum of 30 business days starting from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period shall be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Regulations on Electronic Case Files before the Judiciary (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial)\", approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe appeal is granted, without a special condemnation for costs, damages, and losses. Judge Castillo makes a notation. Judge Salazar Alvarado records a partial dissent and orders a condemnation for damages, losses, and costs. Judge Garro Vargas records a partial dissent and orders a condemnation for damages and losses, but not for costs. Notify. -\n\nFernando Castillo V.\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n-- Verification Code --\n\n YSJ1FFL17VA61\nFILE No. 26-010850-0007-CO\n\nTelephone numbers: Telf03/ ALA-4TA (Telf04). Fax: Telf05 / Telf06. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección03, Dirección04, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church)."
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