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  "citation": "Res. 15969-2026 Sala Constitucional",
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  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Rechazo de amparo por negativa de disponibilidad de agua potable de ASADA",
  "title_en": "Amparo rejected over ASADA denial of drinking water availability",
  "summary_es": "La Sala Constitucional declara inadmisible un recurso de amparo contra una ASADA que denegó la disponibilidad de agua potable para seis lotes, alegando falta de capacidad del sistema. La Sala reitera que las ASADAS pueden rechazar solicitudes de agua por razones técnicas o legales justificadas, y que no le corresponde fungir como mediadora ni revisar el fondo de criterios técnicos. Considera que la parte recurrente no acreditó trato desigual y que sus inconformidades deben plantearse ante la propia autoridad o en la vía ordinaria. Dos magistrados salvan el voto, sosteniendo que el acceso al agua es un derecho humano fundamental y que la Administración no puede excusarse en limitaciones técnicas sin adoptar medidas progresivas para garantizarlo.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber rejects an amparo appeal against an ASADA that denied drinking water availability for six lots, citing insufficient system capacity. The Chamber reiterates that ASADAs may refuse water service requests based on justified technical or legal grounds, and that it is not its role to mediate or review the merits of technical criteria. It finds the petitioner failed to prove unequal treatment, and that his claims should be raised before the administrative authority or in ordinary courts. Two judges dissent, arguing that access to water is a fundamental human right and the Administration cannot shield itself behind technical limitations without taking progressive measures to ensure it.",
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  "excerpt_es": "Este Tribunal ha señalado que las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados, las municipalidades y demás instituciones que prestan el servicio de suministro de agua potable, pueden rechazar válidamente las solicitudes de servicio de agua potable que les sean formuladas o condicionarlas si existen razones técnicas o legales que así lo justifican.\n\nEn consecuencia, el recurso se declara inadmisible.\n\nDesde esta perspectiva, la invocación de limitaciones técnicas no puede erigirse en una justificación absoluta para desatender una necesidad básica de subsistencia. La Administración no puede limitarse a constatar la insuficiencia del sistema; tiene el deber jurídico de planificar, prever y ejecutar las acciones necesarias para garantizar progresivamente el acceso al servicio al agua, especialmente cuando se trata de consumo humano.",
  "excerpt_en": "This Court has held that associations administering aqueducts and sewers, municipalities, and other institutions providing drinking water supply services may validly reject or condition requests for drinking water service if there are technical or legal reasons that justify doing so.\n\nConsequently, the appeal is declared inadmissible.\n\nFrom this perspective, the invocation of technical limitations cannot constitute an absolute justification to disregard a basic subsistence need. The Administration cannot limit itself to verifying the system's insufficiency; it has a legal duty to plan, foresee, and execute the necessary actions to progressively guarantee access to water service, especially when it involves human consumption.",
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      "quote_es": "El agua no es un servicio cualquiera, es un derecho humano esencial, por ello, la autoridad accionada no puede desentenderse de su deber de garantizarlo, escudándose en limitaciones técnicas sin ofrecer soluciones efectivas."
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  "body_es_text": "Revisión del Documento\n\n\n\nEXPEDIENTE N° 26-012693-0007-CO \n\nPROCESO: RECURSO DE AMPARO\n\nRESOLUCIÓN Nº 2026015969\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del seis de mayo de dos mil veintiseis .\n\n Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra la ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (ASADA) DE EL TANQUE DE LA FORTUNA SAN CARLOS.\n\nResultando:\n\n 1.- Por escrito incorporado al expediente digital de la Sala a las 14:47 horas del 13 de abril de 2026, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la Asada El Tanque de la Fortuna. Indica lo siguiente: “El suscrito gestionó formalmente la disponibilidad de servicio de agua potable para el inmueble identificado con finca Folio Real numero 00652677-000 ubicada en el Tanque distrito la Fortuna, cantón San Carlos, provincia de Alajuela, piano catastro número A-0063220-2025, terreno ubicado materialmente frente a calle publica, se solicitó la disponibilidad de agua potable para seis lotes con citas de presentación 2026-12287-C, 2026-12292-C, 2026-12295-C, 2026-12297-C, 2026-12296-C Y 2026-12289-C, todos ubicados frente a calle publica, con caudal de 0.015 I/s por lote lo anterior para uso habitado al familiar. Propiedad que proviene de una hereda de mi padre. SEGUNDO: Negativa arbitraria de la ASADA La ASADA recurrida negó la disponibilidad de agua, alegando supuesta falta de capacidad del sistema, sin aportar sustento técnico valido. TERCERO: Existencia de estudio hídrico que demuestra disponibilidad (…). CUARTO: La limitación no es hídrica, sino de infraestructura El mismo estudio establece que cualquier limitación no es por falta de agua, sino por condiciones de la red de condición. QUINTO: (…) SEXTO: Trato desigual (…). SETIMO: Antecedente constitucional directo (…) El recurso fue tramitado bajo: Expediente 25-016511-0007-00 Resuelto mediante: Resolución 2025-022317 (…) Reiteración de conducta arbitraria Ahora, la ASADA utiliza ese mismo estudio para negar disponibilidad configurando un patrón reiterado de violación de derechos fundamentales. (…) V. PETITORIA. Se declare con lugar el recurso. 2. Se ordene otorgar disponibilidad de agua inmediata. 3. MEDIDA CAUTELAR URGENTE Se ordene disponibilidad provisional inmediata del servicio de agua 4. Advertencia por eventual incumplimiento con base en el articulo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (como ya fue advertido en sentencia previa). 5. Condena en costas, danos y perjuicios.” \n\n2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.\n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y, \n\nConsiderando:\n\n \n\n I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente acusa que la Asada recurrida denegó la disponibilidad de agua solicitada para un inmueble de uso familiar, con el argumento de falta de capacidad del sistema, pero sin presentar un sustento técnico válido. Reclama que existe un trato desigual. \n\nII.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Respecto a los agravios expuestos, es preciso indicar que este Tribunal ha señalado que las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados, las municipalidades y demás instituciones que prestan el servicio de suministro de agua potable, pueden rechazar válidamente las solicitudes de servicio de agua potable que les sean formuladas o condicionarlas si existen razones técnicas o legales que así lo justifican. De esta forma, en sentencia No. 2016-006027 de las 09:05 horas del 6 de mayo de 2016, esta Sala consideró: \n\n“Este Tribunal Constitucional en la sentencia 2014-9134 de las 14:05 horas del 19 de junio de 2014, que abordó una cuestión muy similar a la expuesta en el presente recurso, dispuso: '(...) Esta Sala ha indicado en reiteradas sentencias sobre el tema que el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, y que como tal, todo prestador de servicios públicos -sea sujeto público o sujeto privado- está obligado a prestar el servicio de forma continua, eficiente, en condiciones de igualdad y debiendo adaptarse a los cambios tecnológicos (véase al respecto la sentencia 2001-09676 de las once horas veinticinco minutos del veintiséis de setiembre del dos mil uno y la sentencia 2004-08161 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintitrés de julio del dos mil cuatro). Resulta claro entonces concluir que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al ser uno de los entes estatales encargados de la prestación del servicio público de agua potable, está obligado también a prestar este servicio de forma continua, adaptable, eficiente y por igual a todos los habitantes. Ahora bien, también la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha indicado que, frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad formal (que es la falta de una Red de Distribución de Aguas), es razonable no atender las solicitudes de servicio o solicitar que el interesado asuma los costos de instalación cuando no exista red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura. Así, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la falta de infraestructura. En otras palabras, siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales. En el caso concreto, de la prueba aportada y del informe rendido bajo juramento, se corrobora que el AyA no ha rechazado arbitrariamente la solicitud planteada por la recurrente, sino por la falta del cumplimiento de la totalidad de los requisitos técnico-legales que existe el Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para aprobar nuevos servicios”.\n\nEste pronunciamiento puede complementarse con la resolución No. 2017-005245 de las 10:00 horas del 7 de abril de 2017, que en lo conducente dispuso: \n\n“Del informe rendido por las autoridades de la municipalidad recurrida se indica que el reclamo de la recurrente, respecto de si el lugar donde tiene la propiedad la señora Nombre02 está fuera o no del abastecimiento de agua, le corresponderá al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarrillados referirse al respecto, ya que la Municipalidad no tiene competencia para ello. Y por su parte, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados menciona que han actuado conforme a la normativa que lo regula, ejerciendo su función rectora como corresponde, llevando a cabo en todo momento actuaciones debidamente fundamentadas y razonadas como se detalló, se evidencia así que el Instituto ha procedido conforme a derecho, ya que según el informe técnico emitido por la UEN Optimización de Sistemas Nuevos Desarrollos GAM, oficio UEN-OSND-GAM- 2017-00082, se indica claramente que para el inmueble que cita la señora Nombre03 en su recurso de amparo, no existe la disponibilidad de agua potable. Además agrega el informe, que en análisis de los antecedentes de este inmueble se tiene que pertenecía a la propiedad con catastro 1-1631912-2013 y según consulta al Registro Nacional, ésta última fue fraccionada y de la misma resultaron cuatro propiedades sin mediar la gestión del trámite de disponibilidad para dicho fraccionamiento. Así las cosas, esta Sala no logra acreditar ninguna omisión o actuación arbitraria por parte de la autoridad recurrida, en consecuencia lo correspondiente es declarar sin lugar el amparo, y reiterar que según la prueba aportada, la falta de dotación del servicio de agua potable en el lote de la recurrente no es una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que está justificada en la inexistencia de disponibilidad de agua potable en el sector . (Ver en similar sentido las sentencias números 2014-9134 de las 14:05 horas del 19 de junio de 2014 y 2016007240 de las 09:20 horas del 27 de mayo 2017, entre otras). Bajo esa inteligencia, no se está frente a la infracción de derechos fundamentales y, por ello, lo pertinente es desestimar el recurso de amparo”. \n\nLuego de revisado el escrito de interposición, así como la prueba aportada, se constata que el recurrido le indicó a la parte tutelada que rechazaba su solicitud de agua potable, toda vez que no existe servicio de abastecimiento de agua potable ni servicio de alcantarillado sanitario.\n\nAhora bien, la procedencia o no del servicio solicitado no es un asunto que deba discutirse en esta jurisdicción, ya que es ajeno al ámbito de su competencia, y cabe agregar que, en reiteradas ocasiones, este Tribunal ha sostenido que resulta posible desestimar las gestiones presentadas para el otorgamiento del servicio de agua potable, cuando se presenten imposibilidades técnicas, incumplimiento de requisitos infraconstitucionales o existan criterios técnicos y/o legales que así lo justifiquen (cuya procedencia tampoco se discute ante este Tribunal). Por otra parte, este Tribunal no debe fungir como mediador ante una determinada persona física o jurídica -ya sea esta última de derecho público o privado-, para interceder por una tercera persona a fin de que se le conceda lo que ella pretende, tal y como así lo solicita la gestionante que se proceda en este caso. En consecuencia, la parte accionante deberá plantear, si a bien lo tiene, sus inconformidades o reclamos ante la propia autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional ordinaria, sedes en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. \n\nPor otro lado, en reiteradas ocasiones esta Sala ha señalado que en aquellos casos en que se acuse vulneración al numeral 33 de la Constitución Política, no basta con que la parte recurrente afirme que se ha producido un trato distinto entre dos sujetos para tener por demostrado el quebranto a la norma constitucional, toda vez que quien alega la violación a este principio está obligado a aportar ab initio elementos suficientes que sugieran -con un grado de probabilidad razonable- que de modo injustificado se ha dado un trato diferenciado a situaciones iguales. Ahora bien, dado el carácter eminentemente sumario del proceso de amparo, es obvio que el elemento de comparación debe ser de tal naturaleza que no haga necesario entrar a analizar, de previo, cuál es la situación de la parte afectada en el plano de la legalidad ordinaria. Por consiguiente, visto que en este caso, la parte promovente no se percata de que para evaluar si se ha producido o no la presunta desigualdad invocada, justamente es necesario que, de previo, esta Sala se pronuncie sobre un diferendo de mera legalidad, resulta claro que su alegato no puede ser de recibo en esta vía, pues no concurre tal presupuesto de admisibilidad.\n\nEn consecuencia, el recurso se declara inadmisible.\n\nIII.- VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS CRUZ CASTRO Y RUEDA LEAL, CON REDACCIÓN DEL PRIMERO. Disentimos del criterio de mayoría. En el presente caso, se valida la negativa de la Administración de brindar un servicio esencial, con base en consideraciones técnicas relativas a la insuficiencia de la infraestructura hídrica; sin embargo, se omite ponderar adecuadamente que el acceso al agua potable constituye un derecho fundamental, indispensable para la vida, la salud y la dignidad humana.\n\n \n\nEl artículo 21 de la Constitución Política protege la vida humana, y este Tribunal ha reconocido que el acceso al agua para consumo humano es un presupuesto material de ese derecho. Asimismo, el artículo 50 constitucional impone al Estado el deber de garantizar el bienestar de todos los habitantes, lo cual incluye necesariamente el acceso efectivo, suficiente y continuo al agua potable. En el ámbito internacional, instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –interpretado por el Comité DESC en su Observación General No. 15– reconocen el derecho humano al agua, obligando a los Estados a adoptar medidas positivas para su plena realización. Hay una obligación reforzada impuesta al Estado en un estado social y democrático de derecho, por esta razón el suministro de agua, es una obligación prioritaria de los poderes públicos.\n\nDesde esta perspectiva, la invocación de limitaciones técnicas no puede erigirse en una justificación absoluta para desatender una necesidad básica de subsistencia. La Administración no puede limitarse a constatar la insuficiencia del sistema; tiene el deber jurídico de planificar, prever y ejecutar las acciones necesarias para garantizar progresivamente el acceso al servicio al agua, especialmente cuando se trata de consumo humano.\n\nEl enfoque mayoritario normaliza una omisión estructural: acepta que la falta de infraestructura exonera al Estado de su obligación, cuando precisamente esa carencia evidencia un incumplimiento de su deber de previsión. No se trata de obligar a lo imposible, sino de exigir que la Administración adopte medidas razonables, alternativas o progresivas para no dejar en desprotección a las personas.\n\n \n\nEl agua no es un servicio cualquiera, es un derecho humano esencial, por ello, la autoridad accionada no puede desentenderse de su deber de garantizarlo, escudándose en limitaciones técnicas sin ofrecer soluciones efectivas.\n\nPor estas razones, estimamos que el recurso debió declararse con lugar, al menos para ordenar a la Administración la adopción de medidas concretas y progresivas que garantice, en un plazo razonable, el acceso efectivo al agua potable de la parte amparada. El agua es un bien y un derecho fundamental cuya vigencia debe asegurarse efectivamente, es un deber ineludible.\n\n IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI . \n\nPor tanto:\n\n Se rechaza de plano el recurso. Los Magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan el voto.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n AJWPNOYRKCS61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-012693-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).",
  "body_en_text": "Review of the Document\n\nEXPEDIENTE N° 26-012693-0007-CO\n\nPROCESS: AMPARO ACTION\n\nRESOLUTION Nº 2026015969\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the sixth of May of two thousand twenty-six.\n\nAmparo action filed by Nombre01, identity card CED01, against the ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (ASADA) DE EL TANQUE DE LA FORTUNA SAN CARLOS.\n\nHaving considered:\n\n1.- Through a document incorporated into the Chamber's digital case file at 14:47 hours on April 13, 2026, the petitioner files an amparo action against the Asada El Tanque de la Fortuna. They state the following: \"The undersigned formally requested the availability of potable water service for the property identified as farm Folio Real number 00652677-000 located in El Tanque, La Fortuna district, San Carlos canton, Alajuela province, cadastral plan number A-0063220-2025, a plot physically located on a public street frontage. Potable water availability was requested for six lots with filing references 2026-12287-C, 2026-12292-C, 2026-12295-C, 2026-12297-C, 2026-12296-C and 2026-12289-C, all located on a public street frontage, with a flow rate of 0.015 l/s per lot, the foregoing for family residential use. This property originates from an inheritance from my father. SECOND: Arbitrary denial by the ASADA. The respondent ASADA denied water availability, alleging a supposed lack of system capacity, without providing valid technical support. THIRD: Existence of a hydrological study demonstrating availability (…). FOURTH: The limitation is not hydrological, but related to infrastructure. The same study establishes that any limitation is not due to a lack of water, but rather due to conditions of the pipeline network. FIFTH: (…) SIXTH: Unequal treatment (…). SEVENTH: Direct constitutional precedent (…) The action was processed under: Expediente 25-016511-0007-00 Resolved through: Resolution 2025-022317 (…) Reiteration of arbitrary conduct. Now, the ASADA uses that same study to deny availability, thus configuring a reiterated pattern of violating fundamental rights. (…) V. PETITION. 1. That the action be granted. 2. That immediate water availability be ordered. 3. URGENT PRECAUTIONARY MEASURE. That immediate provisional availability of water service be ordered. 4. Warning for eventual non-compliance based on Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (as was already warned in a prior judgment). 5. Award of costs, damages, and losses.\"\n\n2.- Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Chamber to reject, outright or on the merits, at any time, including from its filing, any petition submitted for its consideration that proves to be manifestly inadmissible, or when it considers that sufficient elements of judgment exist to reject it, or that it constitutes the simple reiteration or reproduction of a prior equal or similar rejected petition.\n\nDrafted by Magistrate Castillo Víquez; and,\n\nConsidering:\n\nI.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner alleges that the respondent Asada denied the requested water availability for a property intended for family use, arguing a lack of system capacity, but without presenting valid technical support. They claim unequal treatment exists.\n\nII.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. With respect to the grievances set forth, it is necessary to indicate that this Court has pointed out that the administrative associations for aqueducts and sewerage, municipalities, and other institutions providing potable water supply service may validly reject requests for potable water service made to them or condition them if there are technical or legal reasons that so justify. Thus, in judgment No. 2016-006027 of 09:05 hours on May 6, 2016, this Chamber considered:\n\n\"This Constitutional Court, in judgment 2014-9134 of 14:05 hours on June 19, 2014, which addressed an issue very similar to the one set forth in this action, held: '(...) This Chamber has indicated in reiterated judgments on the matter that the supply of potable water is considered, within the Costa Rican legal system, a public service, and as such, every provider of public services -whether a public entity or a private entity- is obliged to provide the service continuously, efficiently, under conditions of equality, and must adapt to technological changes (see in this regard judgment 2001-09676 of eleven hours twenty-five minutes on September twenty-six, two thousand one, and judgment 2004-08161 of ten hours fifty-three minutes on July twenty-three, two thousand four). Therefore, it is clearly concluded that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), being one of the state entities responsible for providing the public service of potable water, is also obliged to provide this service continuously, adaptably, efficiently, and equally to all inhabitants. Now, the jurisprudence of this Constitutional Court has also indicated that, in the face of legal impossibility (which is the failure to meet the requirements established in the respective regulations) or in the face of material impossibility (which is the lack of a Water Distribution Network), it is reasonable not to attend to service requests or to request that the interested party assume the installation costs when a potable water distribution network does not exist and the construction of infrastructure is needed. Thus, in these cases, it has been clear that this is not a denial of access to potable water service, but rather an impossibility to provide it or the necessary participation of the interested party in overcoming a technical impossibility, namely, the lack of infrastructure. In other words, whenever the failure to provide potable water service is not a whimsical, arbitrary, or baseless action, but is justified by legal or material impossibility, we are not facing a violation of fundamental rights. In the specific case, from the evidence provided and the report rendered under oath, it is corroborated that AyA has not arbitrarily rejected the request made by the petitioner, but rather due to the failure to meet all the technical-legal requirements set forth in the Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados for approving new services'.\n\nThis pronouncement can be complemented by resolution No. 2017-005245 of 10:00 hours on April 7, 2017, which, in its relevant part, held:\n\n\"From the report rendered by the authorities of the respondent municipality, it is indicated that the petitioner's claim, regarding whether or not the place where Mrs. Nombre02 has the property is within the water supply area, will be for the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) to address, as the Municipality does not have competence for this. And for its part, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) mentions that they have acted in accordance with the regulations that govern it, exercising its governing function as appropriate, carrying out actions that were duly grounded and reasoned at all times, as detailed. It is thus evident that the Institute has proceeded in accordance with the law, since according to the technical report issued by the UEN Optimización de Sistemas Nuevos Desarrollos GAM, official communication UEN-OSND-GAM-2017-00082, it is clearly indicated that for the property cited by Mrs. Nombre03 in her amparo action, potable water availability does not exist. Furthermore, the report adds that, in an analysis of the background of this property, it previously belonged to the property with cadastral reference 1-1631912-2013, and according to a query to the National Registry, the latter was subdivided (fraccionada) and four properties resulted from it without the availability procedure for said subdivision (fraccionamiento) having been carried out. Thus, this Chamber cannot verify any omission or arbitrary action by the respondent authority; consequently, the appropriate action is to dismiss the amparo action, and to reiterate that according to the evidence provided, the lack of provision of potable water service on the petitioner's lot is not a whimsical, arbitrary, or baseless action, but rather is justified by the non-existence of potable water availability in the sector. (See in a similar sense judgments numbers 2014-9134 of 14:05 hours on June 19, 2014, and 2016007240 of 09:20 hours on May 27, 2017, among others). Under this reasoning, we are not facing the infringement of fundamental rights and, therefore, the pertinent action is to dismiss the amparo action\".\n\nAfter reviewing the filing document, as well as the evidence provided, it is confirmed that the respondent informed the protected party that it was rejecting their request for potable water, since no potable water supply service or sanitary sewer service exists.\n\nNow, the granting or denial of the requested service is not a matter to be discussed in this jurisdiction, as it is outside the scope of its competence. It should be added that, on repeated occasions, this Court has held that it is possible to dismiss petitions filed for the granting of potable water service when technical impossibilities exist, failure to meet infra-constitutional requirements occurs, or there are technical and/or legal criteria that so justify it (the appropriateness of which is also not discussed before this Court). Furthermore, this Court must not act as a mediator before a specific natural or legal person -whether the latter is a public or private law entity- to intercede on behalf of a third person so that they are granted what they seek, precisely as the petitioner requests be done in this case. Consequently, the petitioner must raise, if they deem it appropriate, their objections or claims before the respondent authority itself or through the ordinary jurisdictional route, venues where they may fully discuss the merits of the matter and assert their claims.\n\nOn the other hand, on repeated occasions, this Chamber has stated that in those cases where a violation of Article 33 of the Political Constitution is alleged, it is not sufficient for the petitioner to affirm that a different treatment has occurred between two subjects to consider the breach of the constitutional norm proven, since whoever alleges the violation of this principle is obliged to provide, ab initio, sufficient elements suggesting -with a reasonable degree of probability- that a differentiated treatment has been unjustifiably given to equal situations. Now, given the eminently summary nature of the amparo process, it is obvious that the element of comparison must be of such a nature that it does not require a prior analysis of the affected party's situation within the framework of ordinary legality. Consequently, given that in this case, the petitioner does not realize that to evaluate whether or not the alleged inequality invoked has occurred, it is precisely necessary for this Chamber to first rule on a dispute of mere legality, it is clear that their claim cannot be received in this venue, as this admissibility requirement is not met.\n\nConsequently, the action is declared inadmissible.\n\nIII.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATES CRUZ CASTRO AND RUEDA LEAL, DRAFTED BY THE FORMER. We dissent from the majority opinion. In the present case, the Administration's denial to provide an essential service is validated based on technical considerations relating to the insufficiency of water infrastructure; however, it fails to adequately weigh that access to potable water constitutes a fundamental right, indispensable for life, health, and human dignity.\n\nArticle 21 of the Political Constitution protects human life, and this Court has recognized that access to water for human consumption is a material prerequisite of that right. Likewise, Article 50 of the Constitution imposes on the State the duty to guarantee the well-being of all inhabitants, which necessarily includes effective, sufficient, and continuous access to potable water. In the international sphere, instruments such as the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – interpreted by the Committee on ESCR in its General Comment No. 15 – recognize the human right to water, obliging States to adopt positive measures for its full realization. There is a reinforced obligation imposed on the State in a social and democratic rule of law; for this reason, the supply of water is a priority obligation of the public authorities.\n\nFrom this perspective, the invocation of technical limitations cannot be erected into an absolute justification for neglecting a basic subsistence need. The Administration cannot limit itself to confirming the insufficiency of the system; it has the legal duty to plan, foresee, and execute the necessary actions to progressively guarantee access to water service, especially when it is for human consumption.\n\nThe majority approach normalizes a structural omission: it accepts that the lack of infrastructure exonerates the State from its obligation, when precisely that deficiency evidences a breach of its duty of foresight. It is not a matter of forcing the impossible, but of demanding that the Administration adopt reasonable, alternative, or progressive measures so as not to leave individuals unprotected.\n\nWater is not just any service; it is an essential human right. Therefore, the respondent authority cannot shirk its duty to guarantee it, taking refuge behind technical limitations without offering effective solutions.\n\nFor these reasons, we consider that the action should have been granted, at least to order the Administration to adopt specific and progressive measures that guarantee, within a reasonable timeframe, effective access to potable water for the protected party. Water is a fundamental good and right whose force must be effectively ensured; it is an unavoidable duty.\n\nIV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if any document on paper has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional device of an electronic, computer, magnetic, optical, telematic nature or produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Full Court in session N° 27-11 on August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 on January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe action is rejected outright. Magistrates Cruz Castro and Rueda Leal dissent.\n\nFernando Castillo V.\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n-- Verification code --\nAJWPNOYRKCS61\n\nEXPEDIENTE N° 26-012693-0007-CO\n\nTelephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. South of the Iglesia del Perpetuo Socorro)."
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