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  "id": "nexus-sen-1-0007-1392309",
  "citation": "Res. 16301-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Amparo contra la CCSS por lista de espera excesiva en ortopedia",
  "title_en": "Amparo against CCSS for excessive orthopedic wait list",
  "summary_es": "La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo por violación al derecho a la salud de una paciente, a quien la CCSS le asignó cita de ortopedia para enero de 2029, un plazo considerado inaceptable, lo que constituye una lesión a los principios de eficiencia y eficacia en la prestación de servicios públicos. La Sala destacó la obligación de la CCSS de brindar atención oportuna y diligente, sin que la falta de recursos sea excusa válida. Aunque la paciente fue atendida el 30 de abril de 2026 tras la interposición del recurso, se declaró con lugar por la demora inicial, pero sin imponer condena en costas, daños y perjuicios según el criterio de mayoría, que asimiló el cese sobrevenido de la conducta a una terminación anormal del proceso. Los magistrados disidentes abogaron por una condena en abstracto por daños y perjuicios y/o costas, al considerar que la restitución posterior no elimina el deber de reparar las consecuencias de la lesión ya consumada.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber granted an amparo petition for violation of the right to health, where the CCSS scheduled an orthopedic appointment for January 2029—an unacceptable delay that breached the principles of efficiency and effectiveness in public services. The Chamber stressed the CCSS's duty to provide timely, diligent care, rejecting lack of resources as a valid excuse. Although the patient was seen on April 30, 2026 after the petition was filed, the delay warranted granting the amparo, but the majority declined to award costs or damages, treating the subsequent cessation as an abnormal termination of proceedings. Dissenting judges argued for an award of damages and/or costs, holding that after-the-fact compliance does not erase the obligation to remedy the harm already caused.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "07/05/2026",
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    "recurso de amparo",
    "listas de espera CCSS",
    "derecho a la salud artículo 21",
    "artículo 52 LJC",
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    "condenatoria en abstracto",
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    "eficiencia servicio público",
    "Sala Constitucional"
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    "artículo 21 Constitución Política",
    "condenatoria en costas",
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    "Article 21 Political Constitution",
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    "Article 52 Constitutional Jurisdiction Law",
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  "excerpt_es": "IV.- SOBRE EL FONDO. Del análisis de los autos, esta Sala tuvo por demostrado que efectivamente hubo una lesión al derecho a la salud derivado del artículo 21, de la Constitución Política, y a los principios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos, ya que, las autoridades de la especialidad de ortopedia le agendaron a la tutelada una cita para la atención médica para el 29 de enero de 2029, plazo que resulta inaceptable. Debido a lo anterior, considera esta Sala que el recurso debe estimarse, pues es deber de la Caja Costarricense de Seguro Social resguardar de forma efectiva, el derecho a la salud de todos sus usuarios, lo que incluye -evidentemente- la obligación de prestar de manera oportuna y diligente, la atención y el tratamiento médico que necesitan sus pacientes.\n\nPor otra parte, los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación.",
  "excerpt_en": "IV.- ON THE MERITS. From the analysis of the case file, this Chamber finds it proven that there was indeed a violation of the right to health derived from Article 21 of the Political Constitution, and of the principles of efficiency and effectiveness in the provision of public services, in that the orthopedic specialists scheduled the protected person an appointment for medical care on January 29, 2029, a timeframe that is unacceptable. In view of the foregoing, this Chamber considers that the petition must be granted, since it is the duty of the Costa Rican Social Security Fund to effectively safeguard the right to health of all its users, which includes – evidently – the obligation to provide, in a timely and diligent manner, the medical care and treatment that its patients require.\n\nMoreover, public bodies and entities that provide public health services have the imperative and non-deferrable obligation to adapt them to the particular and specific needs of their users or patients, and the lack of human and material resources are not legally valid arguments to exempt them from fulfilling such obligation.",
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    "label_en": "Granted",
    "label_es": "Con lugar",
    "summary_en": "The amparo petition was granted for violation of the right to health due to an excessively distant orthopedic appointment (2029), with no award of costs or damages by the majority opinion.",
    "summary_es": "Se declaró con lugar el recurso de amparo por violación al derecho a la salud debido a la asignación de una cita de ortopedia con un plazo excesivo (2029), sin imponer condena en costas, daños y perjuicios según el criterio de mayoría."
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      "context": "Considerando IV",
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      "quote_es": "los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación."
    },
    {
      "context": "Voto salvado Magistrado Salazar Alvarado",
      "quote_en": "In my opinion, this exception must be interpreted as meaning that, in accordance with the general system of automatic award of costs and damages upon a violation of fundamental rights, such an award is always appropriate, even if the respondent issues an administrative or judicial resolution that revokes, stays, or suspends the challenged act, unless it is indisputably and clearly established that no compensable injury was caused in the specific case.",
      "quote_es": "En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado."
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  "body_es_text": "Revisión del Documento\n\n\n\nExp: 26-011933-0007-CO \n\nRes. Nº 2026016301\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del siete de mayo de dos mil veintiseis .\n\n \n\n Recurso de amparo que se tramita en expediente N° 26-011933-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, a favor de Nombre02, cédula de identidad N° CED02, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. \n\nRESULTANDO:\n\n1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala y, agregado al expediente a ser las 20:43 horas del 07 de abril de 2026, la recurrente interpone recurso de amparo a favor de Nombre02 contra la Caja Costarricense de Seguro Social. Manifiesta, en resumen, que la amparada es una paciente de cuarenta y ocho años que desde hace cinco meses padece de dolor crónico e intenso en uno de sus hombros, el cual le imposibilita realizar sus labores cotidianas. Aclara que, esa condición ha evolucionado negativamente hasta volverse incapacitante, al punto de que el dolor solo puede ser controlado mediante el uso de morfina. Comenta que, ante la falta de una respuesta oportuna por parte de la recurrida, la amparada se realizó un ultrasonido de forma privada, con lo cual se le confirmó que el origen del dolor es un desgaste severo en el hombro, lo cual evidencia una patología que requiere atención especializada para evitar daños mayores o una pérdida permanente de la movilidad de la extremidad. Indica que a pesar de la severidad de sus síntomas y del diagnóstico ya documentado externamente, la amparada no ha recibido ningún tipo de tratamiento médico oficial por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, debido a que no ha sido valorada por un especialista, porque la cita le fue agendada hasta el 26 de enero de 2029. Solicita se declare con lugar el recurso. \n\n2.- Por resolución de Presidencia de las 09:03 horas del 20 de abril de 2026, se dio curso al proceso. \n\n3.- Informan bajo juramento Daniel Abarca Hernández y José Montoya Ledezma, bajo ese mismo orden director general y jefe del servicio de cirugía, ambos del Hospital San Carlos, que: \n\n“Al tener activo el Servicio de Urgencias, con cobertura en tiempo ordinario y extraordinario de médicos en las diferentes especialidades, tanto medicas como quirúrgicas, como además interconsultas, se garantiza la protección del derecho a la salud de los costarricenses. En este momento la demanda del servicio de Cirugía y Ortopedia del Hospital San Carlos, supera la capacidad instalada por la gran cantidad de pacientes que se reciben. Se han realizado todas las acciones necesarias para una adecuada atención del paciente, y se brinda fecha de atención en la Consulta Externa de Ortopedia el jueves 30 abril 2026 a las 10 am con la Dr. Vladimir Castro Dubón. Sección 4B”. Solicitan se declare sin lugar el recurso. \n\n4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. \n\n Redacta el Magistrado Araya García; y,\n\n \n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente manifiesta que la amparada padece de dolor crónico e intenso en uno de sus hombros. Comenta que, no ha sido valorada por un especialista, ya que la cita le fue agendada hasta el 26 de enero de 2029, plazo que considera excesivo.\n\nII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la resolución del presente recurso, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia: \n\na) La tutelada es una persona de cuarenta y ocho años de edad (véase al respecto la prueba adjunta). \n\nb) La paciente tiene agendada una cita en el servicio de cirugía, especialidad ortopedia del Hospital San Carlos para el 29 de enero de 2029, (véase al respecto la prueba adjunta).\n\nc) La resolución de las 09:03 horas del 20 de abril de 2026, que dio curso al proceso, le fue notificada a las autoridades hospitalarias el 22 de abril de 2026 (véase al respecto las actas de notificación). \n\nd) Con ocasión al proceso, las autoridades recurridas atendieron a la usuaria el pasado 30 de abril de 2026 (véase al respecto el informe rendido bajo juramento y la prueba adjunta). \n\n III.- SOBRE EL DERECHO A LA SALUD. Este Tribunal ha reconocido la plena vigencia del derecho a la salud, el cual se desprende del derecho a la vida contemplado en el artículo 21, de la Constitución Política, que es piedra angular sobre la cual descansa el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la República. Así, ha reconocido que la vida resulta inconcebible si no se garantiza a las personas un adecuado y armónico equilibrio físico, psíquico y ambiental. De tal forma, el retardo o inacción en la atención médica por parte de los centros de salud, puede repercutir negativamente en la salud y en la vida de las personas. Asimismo, el artículo 12, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible, de salud física y mental, por lo que el Estado y sus instituciones tienen la obligación de asegurar la plena efectividad de ese derecho a través de una serie de acciones positivas y del ejercicio de las potestades de regulación, fiscalización y de policía sanitaria. Esto se traduce en el deber de la prevención y el tratamiento efectivo de enfermedades, así como la creación de condiciones que asegure el acceso a los servicios de salud, en condiciones de igualdad, para todas las personas.\n\nIV.- SOBRE EL FONDO. Del análisis de los autos, esta Sala tuvo por demostrado que efectivamente hubo una lesión al derecho a la salud derivado del artículo 21, de la Constitución Política, y a los principios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos, ya que, las autoridades de la especialidad de ortopedia le agendaron a la tutelada una cita para la atención médica para el 29 de enero de 2029, plazo que resulta inaceptable. Debido a lo anterior, considera esta Sala que el recurso debe estimarse, pues es deber de la Caja Costarricense de Seguro Social resguardar de forma efectiva, el derecho a la salud de todos sus usuarios, lo que incluye -evidentemente- la obligación de prestar de manera oportuna y diligente, la atención y el tratamiento médico que necesitan sus pacientes. \n\nPor otra parte, los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación. \n\nEn efecto, al constatarse la lesión al derecho a la salud, esta Sala debe intervenir; sin embargo, en vista de que, con ocasión a la interposición del recurso de amparo, las autoridades recurridas realizaron la atención médica el pasado 30 de abril de 2026, lo procedente es declarar con lugar el recurso, en los términos dispuestos en la parte dispositiva de esta Sentencia. \n\n V.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala es del criterio que la estimatoria que opera ex lege, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), el cual dispone: “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso (…)”, debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, también cierto es que el mismo párrafo primero del artículo 52 de la ley de cita, refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual quiere decir que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas dependen de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este en que opera una terminación anormal del proceso, asimilable al desistimiento por satisfacción extraprocesal, es criterio de mayoría que no cabe condenar en costas, como tampoco en daños y perjuicios, porque las consecuencias económicas de la sentencia son similares a las de un archivo del expediente. Además, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que tales menoscabos, lesiones o alteraciones patrimoniales, no han tenido lugar; al menos en este amparo no hay elementos de juicio que sugieran otra cosa. Nada obsta para que, en casos de excepción, la Sala pueda considerar la procedencia de la indemnización. Cuando las leyes presentan omisiones o minusvalías, corresponde a los jueces enderezar esas carencias; si las leyes carecen de inteligencia en ciertos aspectos, no queda otro remedio que interpretarlas y aplicarlas conforme a las exigencias de la lógica procesal. Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, se refiere a una forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de hechos que han vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora en el proceso. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás Códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. A lo anterior se añaden razones de hecho, las cuales la Sala no puede soslayar, como lo demuestran casi tres décadas de la Jurisdicción Constitucional creada en 1989, en las cuales se ha generado un ejercicio abusivo de la acción vicaria en el recurso de amparo, con fines de riqueza en la indemnización, en la medida que no participa directamente las presuntas víctimas. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños o perjuicios.\n\nVI.- NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se han tornado recurrentes en la jurisdicción constitucional. Este tipo de procesos ha tenido un aumento exponencial, lo que las estadísticas de este Tribunal ponen de manifiesto. \n\nCantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional: \n\nAÑO\n\nCANTIDAD EN SALUD\n\n2012\n\n1745\n\n2013\n\n1891\n\n2014\n\n2710\n\n2015\n\n3725\n\n2016\n\n4865\n\n2017\n\n5682\n\n2018\n\n6932\n\n2019\n\n7623\n\n2020\n\n5912\n\n2021\n\n7796\n\n2022\n\n8310\n\n2023\n\n12845\n\n2024\n\n15300\n\n2025\n\n17252\n\nDel cuadro anterior se infiere que, con excepción de un solo año (2020), desde el año 2012 a la fecha ha habido un aumento constante en los asuntos entrados por violación al derecho a la salud. Asimismo, se destaca el exacerbado incremento de estos asuntos durante el 2025, cuando esta materia alcanzó el 43.21% del circulante del Tribunal. \n\nDe esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal, en la sentencia nro. 2019-005560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del fenómeno de las listas de espera. Consecuencia de lo anterior, la Sala ordenó la elaboración, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de tal pronunciamiento, de un sistema de gestión integrado a los efectos de solventar las listas de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales de tal problemática, reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente nro. Telf01, entre las cuales se indican: ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida, entre otras. En el citado proyecto de sistema de gestión integrado deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a lo anterior, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse según los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Por consiguiente, con el voto en mención se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social ‑en el marco de sus competencias constitucionales y legales‑ tome las medidas requeridas para paliar la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de los pacientes del ente. Aunado a ello, con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de la referida sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que coadyuvara con el seguimiento a la ejecución de tal resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de ejecutar acciones para resolver la problemática en cuestión, de manera que la solución a esta provenga de la propia entidad, no solo de las resoluciones de la Sala.\n\nVII.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.\n\nSi bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.\n\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:\n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que: \n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.\n\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional. \n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.\n\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante, la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales. \n\nEn mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.\n\nComo razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente: \n\n“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.\n\nEs claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.\n\nVIII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. \n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.\n\nEn razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.\n\nIX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta Sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Rueda Leal consigna nota. El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.-\n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n SK7OTA6VGCY61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-011933-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: Telf02/ ALA-4TA (Telf03). Fax: Telf04 / Telf05. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).",
  "body_en_text": "Document Review\n\nExp: 26-011933-0007-CO \nRes. No. 2026016301\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty hours on the seventh of May, two thousand twenty-six.\n\nAmparo proceeding processed under case file No. 26-011933-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED01, on behalf of Nombre02, identity card No. CED02, against the COSTA RICAN SOCIAL SECURITY FUND.\n\nWHEREAS:\n\n1.- By brief filed with the Chamber's Secretariat and added to the case file at 20:43 hours on April 7, 2026, the petitioner files an amparo action on behalf of Nombre02 against the Costa Rican Social Security Fund. She states, in summary, that the protected party is a forty-eight-year-old patient who for five months has suffered from chronic and intense pain in one of her shoulders, which prevents her from carrying out her daily tasks. She clarifies that this condition has evolved negatively to the point of becoming incapacitating, such that the pain can only be controlled through the use of morphine. She comments that, due to the lack of a timely response from the respondent, the protected party underwent a private ultrasound, which confirmed that the origin of the pain is severe wear in the shoulder, evidencing a pathology that requires specialized care to prevent greater damage or permanent loss of mobility in the limb. She indicates that despite the severity of her symptoms and the externally documented diagnosis, the protected party has not received any official medical treatment from the Costa Rican Social Security Fund, because she has not been evaluated by a specialist, as her appointment was scheduled for January 26, 2029. She requests that the action be granted.\n\n2.- By Presidency resolution of 09:03 hours on April 20, 2026, the proceedings were admitted.\n\n3.- Daniel Abarca Hernández and José Montoya Ledezma, in that same order General Director and Head of Surgery Service, both of the San Carlos Hospital, report under oath that:\n\n\"Having the Emergency Service active, with coverage in regular and overtime hours of doctors in different specialties, both medical and surgical, as well as inter-consultations, the protection of the right to health of Costa Ricans is guaranteed. At this time, the demand on the Surgery and Orthopedics Service of the San Carlos Hospital exceeds the installed capacity due to the large number of patients received. All necessary actions have been taken for adequate patient care, and an appointment is provided in the Orthopedics Outpatient Clinic on Thursday, April 30, 2026, at 10 am with Dr. Vladimir Castro Dubón. Section 4B\". They request that the action be dismissed.\n\n4.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.\n\nDrafted by Magistrate Araya García; and,\n\nWHEREAS:\n\nI.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner states that the protected party suffers from chronic and intense pain in one of her shoulders. She comments that she has not been evaluated by a specialist, since her appointment was scheduled for January 26, 2029, a timeframe she considers excessive.\n\nII.- PROVEN FACTS. For the resolution of this action, the following relevant facts are deemed duly proven:\n\na) The ward is a person forty-eight years of age (see attached evidence).\n\nb) The patient has an appointment scheduled in the surgery service, orthopedics specialty of the San Carlos Hospital for January 29, 2029 (see attached evidence).\n\nc) The resolution of 09:03 hours on April 20, 2026, which admitted the proceedings, was notified to the hospital authorities on April 22, 2026 (see notification records).\n\nd) On the occasion of the proceedings, the respondent authorities attended to the user on April 30, 2026 (see the report rendered under oath and the attached evidence).\n\nIII.- ON THE RIGHT TO HEALTH. This Tribunal has recognized the full force of the right to health, which derives from the right to life contemplated in Article 21 of the Political Constitution, which is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the Republic rest. Thus, it has recognized that life is inconceivable if an adequate and harmonious physical, psychological, and environmental balance is not guaranteed to individuals. As such, delay or inaction in medical care by health centers can negatively impact the health and lives of individuals. Likewise, Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights establishes the right of every person to enjoy the highest attainable standard of physical and mental health, whereby the State and its institutions have the obligation to ensure the full effectiveness of that right through a series of positive actions and the exercise of regulatory, oversight, and health police powers. This translates into the duty of prevention and effective treatment of diseases, as well as the creation of conditions that ensure access to health services, under conditions of equality, for all people.\n\nIV.- ON THE MERITS. From the analysis of the case file, this Chamber has taken as proven that there was indeed an injury to the right to health derived from Article 21 of the Political Constitution, and to the principles of efficiency and effectiveness in the provision of public services, since the authorities of the orthopedics specialty scheduled an appointment for medical care for the ward for January 29, 2029, a timeframe that is unacceptable. Due to the foregoing, this Chamber considers that the action must be granted, as it is the duty of the Costa Rican Social Security Fund to effectively safeguard the right to health of all its users, which includes—evidently—the obligation to provide, in a timely and diligent manner, the medical care and treatment that its patients need.\n\nFurthermore, the public bodies and entities that provide public health services have the imperative and non-deferrable obligation to adapt them to the particular and specific needs of their users or patients, without the lack of human and material resources being legally valid arguments to exempt them from fulfilling such an obligation.\n\nIndeed, upon confirming the injury to the right to health, this Chamber must intervene; however, in view of the fact that, on the occasion of filing the amparo action, the respondent authorities provided medical care on April 30, 2026, the appropriate course is to grant the action, in the terms set forth in the operative part of this Judgment.\n\nV.- ON THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND PREJUDICES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION LAW. Under better consideration, the majority of the Chamber holds the view that the granting that operates ex lege, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (LJC), which states: \"If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be granted (...)\", must be without a special award of costs, damages, and prejudices, based on the following considerations. While there is explicit text in the law requiring that the operative part of the ruling indicate that the action is granted, it is also true that the same first paragraph of Article 52 of the cited law states that the granting is ordered \"solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable.\" It is emphasized that the Law states \"if they are applicable,\" which means that the applicability or inapplicability of indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Tribunal. In cases like this, where an abnormal termination of the proceeding occurs, akin to withdrawal due to extra-procedural satisfaction, it is the view of the majority that awarding costs, as well as damages and prejudices, is not appropriate, because the economic consequences of the judgment are similar to those of a case dismissal. Furthermore, the content of the petitioner's claim and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that such detriments, injuries, or patrimonial alterations have not occurred; at least in this amparo, there are no evidentiary elements suggesting otherwise. Nothing prevents the Chamber, in exceptional cases, from considering the applicability of indemnification. When laws present omissions or shortcomings, it is up to judges to rectify those deficiencies; if laws lack clarity in certain aspects, there is no other remedy than to interpret and apply them in accordance with the demands of procedural logic. To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provision in Article 51 of the same Constitutional Jurisdiction Law, which states: \"...any resolution that grants the action shall award in the abstract the indemnification for damages and prejudices caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of sentence,\" which refers to a natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a ruling on the merits and recognition of facts that have violated the fundamental rights of the plaintiff in the proceeding. The principles of Constitutional Law, Public and General Procedural Law or, where applicable, International or Community Law, and additionally, in order, the General Law of Public Administration and the Contentious-Administrative Procedural Code and the other Procedural Codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Constitutional Jurisdiction Law—cf. Article 14—. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, which responds to procedural logic in any matter. Added to the foregoing are factual reasons, which the Chamber cannot ignore, as demonstrated by nearly three decades of the Constitutional Jurisdiction created in 1989, during which an abusive exercise of vicarious action in the amparo remedy has been generated, for purposes of wealth through indemnification, to the extent that the alleged victims do not directly participate. Based on the foregoing, it is the view of the majority to resolve this action without an award of costs, damages, or prejudices.\n\nVI.- NOTE BY MAGISTRATE RUEDA LEAL. The issue of amparo actions related to the right to health and, above all, that of waiting lists in the Costa Rican Social Security Fund are grievances that have become recurrent in the constitutional jurisdiction. This type of proceeding has seen an exponential increase, as the statistics of this Tribunal demonstrate.\n\nNumber of health case files received by the Constitutional Chamber:\n\nYEAR\nQUANTITY IN HEALTH\n2012\n1745\n2013\n1891\n2014\n2710\n2015\n3725\n2016\n4865\n2017\n5682\n2018\n6932\n2019\n7623\n2020\n5912\n2021\n7796\n2022\n8310\n2023\n12845\n2024\n15300\n2025\n17252\n\nFrom the table above, it is inferred that, with the exception of a single year (2020), from 2012 to date, there has been a constant increase in matters filed for violation of the right to health. Likewise, the exacerbated increase of these matters during 2025 is highlighted, when this subject area reached 43.21% of the Tribunal's caseload.\n\nOf those matters, a good number correspond to waiting lists. In connection with the foregoing, this Tribunal, in judgment No. 2019-005560 of 09:30 hours on March 29, 2019, declared the systematic and repeated violation by the Costa Rican Social Security Fund of the right to health of insured persons, specifically, by virtue of the phenomenon of waiting lists. As a consequence of the foregoing, the Chamber ordered the development, within a period of six months from the notification of said ruling, of an integrated management system for the purpose of resolving waiting lists and incorporating solutions to the structural causes of this problem, recognized by the Costa Rican Social Security Fund itself in its report rendered in case file No. Telf01, among which are indicated: absence of adequate infrastructure, population increase, epidemiological considerations, absence of an adequate system to cover the lack of specialist doctors, equipment needs and increasing demand from the first level of care, patient absenteeism from appointments in various medical centers of the respondent institution, among others. In the aforementioned integrated management system project, reasonable waiting periods must be defined by pathology or related diagnosis groups according to symptoms, level of urgency, and patient conditions, as well as objective criteria to specify the inclusion and placement of a patient on waiting lists. In addition to the foregoing, the integrated management system project must take into account the particularities of populations in a state of vulnerability (older adults, indigenous people, people in poverty, mothers, children and adolescents, persons deprived of liberty, among others) and must be guided by the constitutional principles of public service: efficiency, effectiveness, reasonableness, availability, accessibility, and universality. Consequently, the vote in question is intended for the Costa Rican Social Security Fund—within the framework of its constitutional and legal powers—to take the measures required to alleviate the systematic and repeated violation of the right to health of the entity's patients. In addition to this, for the purpose of following up on compliance with the referenced judgment, the Constitutional Chamber convened an oral and public hearing for November 14, 2019. Likewise, it ordered the Office of the Ombudsperson to assist with the follow-up on the execution of said resolution. Thus, this intervention promotes the obligation of the Costa Rican Social Security Fund to execute actions to resolve the problem in question, so that the solution comes from the entity itself, not only from the Chamber's resolutions.\n\nVII.- PARTIALLY DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO SOLELY IN RELATION TO THE NON-AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND PREJUDICES AGAINST THE RESPONDENT PARTY.\n\nWhile I concur with the rest of the Chamber in granting the action, I depart from the majority view insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs, damages, and prejudices derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.\n\nThe Constitutional Jurisdiction Law, in Article 52, provides that:\n\n\"If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable.\"\n\nOn the other hand, Article 51 ibidem establishes that:\n\n\"...any resolution that grants the action shall award in the abstract the indemnification for damages and prejudices caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of sentence.\"\n\nThis latter norm establishes the general system that regulates the issue of indemnification and payment of costs, and what the majority terms the \"natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a ruling on the merits and recognition of the facts that have violated fundamental rights...\".\n\nIn the majority's view, the cited Article 51 regulates the cases in which the Chamber has taken the grievance as proven; and, as a consequence, the need arises for an award of costs, damages, and prejudices. However, in the undersigned's judgment, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Tribunal confirms an injury to a fundamental right and, therefore, grants the action, and in cases where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights once it becomes aware of the amparo—a scenario contemplated in Article 52, referenced—by mandate of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and inescapable consequence is the award against the offender for the indemnification of the damages and prejudices caused and the payment of the costs of the action. This rule is nothing other than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the offending authorities; and, as a dissuasive means, so that the State does not incur again in the actions that gave rise to the granting of the action, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has taken the grievance as proven and has proceeded to hear the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restitution in the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of those scenarios, the imperative need arises for an award of costs, damages, and prejudices against the offender, the basis of which lies in the principles of protection of individuals' rights and in that the Administration must be held responsible for the damages and prejudices it causes through its unconstitutional conduct.\n\nThus, the fact that, at the time the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act have already ceased, in the terms of Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the applicability of the award of costs, damages, and prejudices, because such a case forms an integral part of the general system of necessary award in those respects contained in the Constitutional Jurisdiction Law.\n\nFurthermore, it is clear that the aforementioned Article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard or ruled on the merits of the claim, has confirmed the violation of fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restitution in the enjoyment of those rights that the Administration has agreed to in their favor; a situation that, as the majority of the Chamber affirms, implies an \"abnormal termination of the proceeding.\"\n\nThe legislator established and precisely delimited the conditions under which this Chamber may decree this form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is pending, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution admitting the amparo; and, 2) that there exists an administrative or judicial resolution that unequivocally orders the revocation, cessation, or suspension of the challenged action that violates fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of awarding costs, damages, and prejudices, notwithstanding the granting of the action, by providing that, in the cases regulated therein, the action shall be granted \"solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable.\" As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it applies only in the scenarios strictly contemplated in the norm, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively but also because the consequences of applying such an exception undeniably imply an impairment of the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and prejudices suffered from the injury to their constitutional rights.\n\nIn my view, such an exception must be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic award of costs, damages, and prejudices in the face of a violation of fundamental rights, such an award is always applicable, even in the event that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is unequivocally and clearly established that no harm whatsoever was caused in the specific case that is capable of being compensated. Only and exclusively in such scenarios could the respondent Administration be exempted from the payment of those items. As in this case, there is no element whatsoever that rebuts the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and prejudices derived from the challenged actions—the specific determination of which does not correspond to this jurisdiction—, the granting of this action must necessarily entail the award of costs, damages, and prejudices, and I so declare.\n\nAs an additional reason, it should be noted that the dynamic and very essence of amparo proceedings does not have as its primary object the analysis of the existence or not of damages and prejudices, but rather the existence or not of actions or omissions that could generate or produce a breach of the regime of fundamental rights of individuals. From that perspective, the analysis conducted by this venue focuses on said verification, yet it does not enter into the weighing of whether those issues have generated or not injuries in the strictly patrimonial sphere of the protected persons. Even though the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, provides that said award (in damages, prejudices, and costs) operates, if applicable, the undersigned do not consider that said examination of pertinence may, a priori, be automatically excluded in this type of proceeding, to the extent that it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo action, the conducts or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable) have constituted an adequate cause of patrimonial injuries that are legally compensable. By way of reference, numerals 179 to 184 of the Contentious-Administrative Procedural Code, Law No. 8508, define a special proceeding that aims at defining the economic effects derived from awards ordered in these proceedings. In light of canon 179 of the same law, that proceeding has the following purpose:\n\n\"ARTICLE 179.- The Contentious-Administrative Court is responsible for the execution of judgments issued by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo proceedings against Public Law subjects, solely regarding the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnifications.\"\n\nIt is clear that this proceeding is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an abstract award in those items, because such types of claims would not proceed within those types of cases when the judgment issued within the amparo proceeding expressly established the inapplicability of damages, prejudices, and/or costs, as well as when there is no express pronouncement on this particular matter. That is, the special proceeding in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non requirement, an award or express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that sense, in my opinion, pursuant to the mentioned ordinal 52 of the LJC, the exemption from that patrimonial award requires the accreditation, in each case, of situations from which the non-existence, even potential, of patrimonial injuries derived from or associated with the analyzed facts is deemed, with reasons stated. Therefore, it is an exception that, as such, requires qualified and duly grounded application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the proceedings, the Administration issues a resolution or a judicial judgment is rendered revoking, stopping, or suspending the challenged action, does not rule out, per se, that prior to that cessation due to the respondent entity's own or another's cause, the alleged indolence or censured disturbance may have caused damages and prejudices. However, such a merits issue, concerning the effectiveness of injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that fall outside the nature of these proceedings and regarding which, pursuant to what is regulated by the aforementioned mandate 52, are proper to an abstract award that later constitutes the basis for analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and prejudices, as, it is insisted, that is not their object or primary ratio. Thus, the protected party is not required to claim or demonstrate damages, given that what is sought is the safeguarding of their fundamental rights. Subsequently, whether those administrative conducts have caused them injuries is an aspect that, by thesis of principle and save for exceptional cases, does not form part of the basis of analysis for this type of case. Note that, in the scenario regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not carry out a merits analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, there is no analysis of whether or not there is an infringement, with which, it is even less possible to define whether, based on what was denounced by the petitioner, there may or may not be situations of possible civil reparation. Thus, the exemption from the award referred to in that norm is exceptional in nature, not a matter of principle. Therefore, in those scenarios, the norm imposes the abstract award, so that its applicability is analyzed within another plenary proceeding. Otherwise, if this exemption from damages, prejudices, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered injuries in their patrimonial sphere would be put at risk, to the detriment of what is established by precept 45 of the Political Constitution, and disregarding the potential liability of the Administration, as imposed by Article 9 of the same law. In addition, it should not be forgotten that it was by virtue of an action of this nature that a conduct was adopted that causes the cessation of the conducts that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the individual. That is, in order to obtain the safeguarding of those rights, the individual opted for judicial protection, and it was by that virtue that the cessation of the censured disturbance occurs. It is insisted, whether the permanence of the threat or deterioration of their situation insofar as it was caused to cease by the causes alluded to in the norm under examination generated damages and prejudices is a matter that, save for proof to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding, but that, it is reiterated, should in no way be denied, as a presupposition, by the mere materialization of the factual scenario regulated in the mentioned ordinal 52 of the LJC. Therefore, with the utmost respect for the majority position, I express my vote and reiterate that the granting of this action must necessarily entail the abstract award of costs, damages, and prejudices.\n\nVIII.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (LJC) states: \"If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable.\"\n\nMy interpretation of that norm is as follows: That \"resolution\" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase \"if they are applicable\" refers to costs. Moreover, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs.\n\nCertainly, pursuant to Article 48 of the Political Constitution, the essential content of the right to amparo is not for indemnification but for restitution; however, Article 51 of the LJC states: \"Any resolution that grants the action shall award in the abstract the indemnification for damages and prejudices caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of sentence.\"\n\nIf the right has been violated and the Chamber so finds, even in the event that it has been restored, damages (daños y perjuicios) could have arisen. For that reason, an abstract award of damages is appropriate. If this were not done, if such an award were not granted, in the event that damages had indeed occurred, there would be no basis—derived from this proceeding—to claim them, which could violate Article 41 of the Political Constitution (CP). If, despite an abstract award having been made, no damages have occurred, the judge in the ordinary jurisdiction shall so declare, as only that judge has the authority to find proven the actual existence and magnitude of such damages.\n\nWith the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, the Administration would be incentivized to respect rights only in the face of an amparo action. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if deemed just, the Chamber may award costs, even when the right has been restored.\n\nBy reason of the foregoing, I partially dissent from the operative part and order the award of damages, but not the award of costs.\n\nIX.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if any document on paper has been submitted, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be collected from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this Judgment. Otherwise, all material not collected within this period shall be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,\" approved by the Corte Plena in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe appeal is granted, without a special award of costs or damages. Judge Rueda Leal records a note. Judge Salazar Alvarado partially dissents and orders the award of damages and costs. Judge Garro Vargas partially dissents and orders the award of damages, but not costs.-\n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification Code --\n\n\n\n SK7OTA6VGCY61 \n\nCASE FILE No. 26-011933-0007-CO \n\n \n\nTelephones: Telf02/ ALA-4TA (Telf03). Fax: Telf04 / Telf05. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro)."
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