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  "id": "nexus-sen-1-0007-1392586",
  "citation": "Res. 16602-2026 Sala Constitucional",
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  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Derecho a la salud de persona adulta mayor ante plazos irrazonables en listas de espera",
  "title_en": "Elderly person's right to health against unreasonable waiting lists in public healthcare",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto a favor de una mujer adulta mayor de 67 años, a quien el servicio de radiología del Hospital San Vicente de Paúl de la Caja Costarricense de Seguro Social programó un ultrasonido de mamas para el 9 de junio de 2033, es decir, más de siete años después. La recurrente alegó que dicho plazo era desproporcionado y afectaba gravemente el derecho a la salud de la amparada, especialmente considerando su edad. Durante la tramitación, las autoridades médicas adelantaron la cita y realizaron el examen el 5 de mayo de 2026. La Sala determinó que la programación original constituyó una lesión al derecho a la salud derivado del artículo 21 constitucional, así como a los principios de eficiencia y eficacia en la prestación de servicios públicos. Enfatizó que las personas adultas mayores tienen derecho a atención prioritaria, universal, equitativa y oportuna, conforme al derecho internacional y la jurisprudencia constitucional. No obstante, declaró con lugar el recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, por mayoría, al considerar que con la realización del examen cesó el agravio y que la condena patrimonial no era procedente en este caso, generando votos salvados que defendían la condenatoria automática.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber reviewed an amparo action filed on behalf of a 67-year-old woman whose breast ultrasound at the San Vicente de Paúl Hospital was scheduled for June 9, 2033—over seven years later. The petitioner argued this was disproportionate and harmed her right to health, especially given her age. During the proceedings, the hospital rescheduled and performed the exam on May 5, 2026. The Chamber found the original scheduling violated the right to health under Article 21 of the Constitution and the principles of efficiency and effectiveness in public services, stressing that older adults are entitled to prioritized, universal, equitable, and timely care under international law and constitutional precedent. However, by majority, it granted the amparo without awarding costs or damages, reasoning the harm ceased and such award was not proper. Dissenting votes argued for automatic condemnation in damages and costs. The Chamber also noted the systemic crisis of waiting lists and its prior structural orders to the CCSS.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "12/05/2026",
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    "Caja Costarricense de Seguro Social",
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  "excerpt_es": "Así las cosas, considera esta Sala que el recurso debe estimarse, pues es deber de la Caja Costarricense de Seguro Social resguardar de forma efectiva, el derecho a la salud de todos sus usuarios, en especial a los adultos mayores, lo que incluye -evidentemente- la obligación de prestar de manera oportuna y diligente, la atención y el tratamiento médico que necesitan sus pacientes. Sumado a lo anterior, este Tribunal Constitucional aclara que los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública, tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación.\n\nEn consecuencia, se acredita la acusada violación del derecho a la salud de la amparada; sin embargo, en vista de que, con ocasión al proceso, las autoridades médicas le realizaron el examen el pasado 05 de mayo de 2026, lo correspondiente es estimar el recurso, según las consideraciones que se dirán en la parte dispositiva de la Sentencia.",
  "excerpt_en": "Thus, this Chamber considers that the amparo must be granted, since it is the duty of the Costa Rican Social Security Fund to effectively safeguard the right to health of all its users, especially older adults, which evidently includes the obligation to provide timely and diligent care and medical treatment to its patients. Furthermore, this Constitutional Court clarifies that public bodies and entities offering health services have the imperative and non-deferrable obligation to adapt them to the particular and specific needs of their users or patients, without the lack of human and material resources being legally valid arguments to exempt them from fulfilling such an obligation.\n\nConsequently, the alleged violation of the amparo petitioner's right to health is accredited; however, given that, on the occasion of the proceedings, the medical authorities performed the exam on May 5, 2026, the appropriate course is to grant the amparo, as will be stated in the operative part of the Judgment.",
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    "label_en": "Granted",
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    "summary_en": "The amparo is granted due to violation of the right to health, without awarding costs or damages, as the exam was performed during the proceedings.",
    "summary_es": "Se declara con lugar el recurso de amparo por violación al derecho a la salud, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, al haberse realizado el examen durante el trámite."
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      "quote_es": "este Tribunal Constitucional aclara que los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública, tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación."
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      "quote_en": "The Chamber has repeatedly held that authorities must comply with Articles 17 and 19(a) of the Inter-American Convention on Protecting the Human Rights of Older Persons, meaning that every older person has the right to social security to live a dignified life, and to preferential care and universal, equitable, and timely access to comprehensive health services.",
      "quote_es": "la Sala en diversas oportunidades, ha sostenido que las autoridades deben acatar lo dispuesto en los artículos 17 y 19, inciso a) de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en el sentido, que toda persona mayor tiene derecho a la seguridad social que la proteja para llevar una vida digna, a una atención preferencial y el acceso universal, equitativo y oportuno en los servicios integrales de salud."
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  "body_es_text": "Revisión del Documento\n\n\n\nExp: 26-013273-0007-CO \n\nRes. Nº 2026016602\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del doce de mayo de dos mil veintiseis .\n\n \n\n Recurso de amparo que se tramita en el expediente N° 26-013273-0007-CO, interpuesto por Nombre01, carné abogado/a 33916, a favor de Nombre02, cédula de identidad CED01, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. \n\nResultando:\n\n 1.- Mediante escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 16:18 horas del 16 de abril de 2026, la recurrente interpone recurso de amparo a favor de Nombre02 contra la Caja Costarricense de Seguro Social. Manifiesta que, la amparada es una persona adulta mayor. Asevera que \"En fecha 31 de marzo del 2025 tuvo una cita en medicina general en la clínica de San Rafael de Heredia; puesto que estaba con dolor en el pecho izquierdo, la doctora tratante detectó masas en el pecho izquierdo, por ende, envió una referencia al hospital San Vicente Paul, en radiología para que hicieran el examen respectivo. En radiología enviaron la cita para el 09 de junio del año 2033, siento desproporcional el tiempo afectando la salud de la Sra. Nombre02, La Sra. Nombre02 asegura que no llegará con vida a la cita programada para la cita el 09 de junio del año 2033* ya que es demasiado el tiempo para que le dieron para el examen en radiología\". Solicita la intervención de la Sala.\n\n2.-Mediante resolución de Presidencia de las 10:45 horas del 27 de abril de 2026, se dio curso al proceso.\n\n 3.- Informan bajo juramento Priscila Balmaceda Chaves y Gerardo Ramírez Badilla, bajo ese mismo orden directora general y jefe del servicio de radiología e imágenes médicas, ambos del Hospital San Vicente de Paúl, que: “Se adelanta cita para el ultrasonido de mamas quedado la misma para el martes 5 de mayo 2026 a las 8am como se observa en el anexo 1. ANÁLISIS: El día de hoy al ser las 2pm Se llama al número telefónico Telf01 extraído del edus de la lámpara, se conversa con el señor Josimar Duarte Calderón quien se identifica como el hijo de la Sa. Nombre02, se le indica sobre la nueva cita para el ultrasonido de mama de su madre la cual se agenda para el martes 5 de mayo del presente año a las 8am, el señor Josimar Duarte indica que se encargará de que su madre se presente el día de la cita con la solicitud del estudio en físico”. Solicitan que el presente recurso se declare sin lugar. \n\n4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\nRedacta el Magistrado Araya García; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\n I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente manifiesta que, la amparada es una persona adulta mayor que fue referida al servicio de radiología del Hospital San Vicente de Paúl para someterse a un estudio radiológico; no obstante, el mismo se le programó para el 09 de junio del año 2033, plazo que considera irrazonable.\n\n II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\na) La tutelada es una persona adulta mayor de sesenta y siete años de edad (véase al respecto la consulta realizada en la página web del Tribunal Supremo de Elecciones). \n\nb) El 09 de junio de 2033, la paciente tiene cita en el servicio de radiología del Hospital San Vicente de Paúl, momento donde será sometida a un ultrasonido de mamas (véase al respecto el informe rendido bajo juramento y la prueba adjunta). \n\nc) La resolución de las 10:45 horas del 27 de abril de 2026, que dio curso al proceso, le fue notificada a las autoridades recurridas el 27 de abril de 2026 (véase al respecto las actas de notificación adjuntas). \n\nd) Con ocasión al proceso, el pasado 05 de mayo de 2026, el servicio de radiología le realizó a la interesada el examen pendiente (véase al respecto la prueba adjunta). \n\nIII.- SOBRE EL DERECHO A LA SALUD DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. El derecho a la vida, reconocido en el numeral 21, de la Constitución Política, es la piedra angular sobre la cual descansa el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la República. De igual forma, en ese ordinal de la Carta Política, encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Evidentemente, cualquier retardo de los hospitales, clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja Costarricense de Seguro Social puede repercutir negativamente en la preservación de la salud y la vida de sus usuarios. Los entes, órganos y funcionarios públicos se deben a los usuarios con una clara e inequívoca vocación de servicio, puesto que, esa ha sido la razón de su creación y existencia. De esta forma, el artículo 12, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, por lo que el Estado y sus Instituciones tienen la obligación de asegurar la plena efectividad de ese derecho a través de una serie de acciones positivas y del ejercicio de las potestades de regulación, fiscalización y de policía sanitaria. Esto se traduce en el deber de la prevención y el tratamiento efectivo de enfermedades, así como la creación de condiciones que asegure el acceso a los servicios de salud, en condiciones de igualdad, para todas las personas. Sumado a esto, resulta de relevancia lo dispuesto en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual, en el artículo 3, inciso k), establece como un principio general el buen trato y la atención preferencial. En congruencia con el artículo anterior, el numeral 19 de la Convención enuncia en su primer inciso, que los Estados deberán asegurar la atención preferencial y el acceso universal, equitativo y oportuno en los servicios integrales de salud de calidad basados en la atención primaria, y aprovechar la medicina tradicional, alternativa y complementaria, de conformidad con la legislación nacional y los usos y costumbres. Igualmente, en el inciso m) del mismo artículo, se estipula que se deberá garantizar a la persona mayor la disponibilidad y el acceso a los medicamentos reconocidos como esenciales por la Organización Mundial de la Salud, incluyendo los fiscalizados necesarios para los cuidados paliativos. Adicionalmente, el artículo 6, de la precitada Convención, indica que los Estados tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar a las personas adultas mayores, un efectivo goce del derecho a la vida y al derecho de vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, y en igualdad de condiciones con los demás sectores de la población. Esta obligación, además, conlleva la toma de medidas para que las personas mayores tengan un acceso no discriminatorio a cuidados integrales.\n\nIV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Del análisis de los autos, esta Sala tiene por demostrado que lo anterior resulta lesivo al derecho a la salud derivado del artículo 21, de la Constitución Política, y a los principios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos, ya que, las autoridades del servicio de radiología le prescribieron a la paciente -quien es una persona adulta mayor-, un ultrasonido de mamas para el año 2033, situación que resulta inaceptable, pues esta Sala en su jurisprudencia ha indicado que cuando se trate de una persona adulta mayor, su atención debe ser prioritaria. Precisamente, la Sala en diversas oportunidades, ha sostenido que las autoridades deben acatar lo dispuesto en los artículos 17 y 19, inciso a) de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en el sentido, que toda persona mayor tiene derecho a la seguridad social que la proteja para llevar una vida digna, a una atención preferencial y el acceso universal, equitativo y oportuno en los servicios integrales de salud. Además, el artículo 17, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador, establece la protección Especial del Estado, como un derecho humano para la población adulta mayor y el precepto 10, inciso b), entre otros, de la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe de mayo de 2012, se dispuso la obligación de propiciar que las personas mayores vivan en un entorno seguro y saludable, por lo que se debe garantizar la protección y la seguridad social (véase la Sentencia N° 2018-10326, de las 14:30 horas del 27 de junio de 2018). Así las cosas, considera esta Sala que el recurso debe estimarse, pues es deber de la Caja Costarricense de Seguro Social resguardar de forma efectiva, el derecho a la salud de todos sus usuarios, en especial a los adultos mayores, lo que incluye -evidentemente- la obligación de prestar de manera oportuna y diligente, la atención y el tratamiento médico que necesitan sus pacientes. Sumado a lo anterior, este Tribunal Constitucional aclara que los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública, tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación. \n\nEn consecuencia, se acredita la acusada violación del derecho a la salud de la amparada; sin embargo, en vista de que, con ocasión al proceso, las autoridades médicas le realizaron el examen el pasado 05 de mayo de 2026, lo correspondiente es estimar el recurso, según las consideraciones que se dirán en la parte dispositiva de la Sentencia. \n\nV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nVI.- NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se han tornado recurrentes en la jurisdicción constitucional. Este tipo de procesos ha tenido un aumento exponencial, lo que las estadísticas de este Tribunal ponen de manifiesto. \n\nCantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional: \n\nAÑO\n\nCANTIDAD EN SALUD\n\n2012\n\n1745\n\n2013\n\n1891\n\n2014\n\n2710\n\n2015\n\n3725\n\n2016\n\n4865\n\n2017\n\n5682\n\n2018\n\n6932\n\n2019\n\n7623\n\n2020\n\n5912\n\n2021\n\n7796\n\n2022\n\n8310\n\n2023\n\n12845\n\n2024\n\n15300\n\n2025\n\n17252\n\nDel cuadro anterior se infiere que, con excepción de un solo año (2020), desde el año 2012 a la fecha ha habido un aumento constante en los asuntos entrados por violación al derecho a la salud. Asimismo, se destaca el exacerbado incremento de estos asuntos durante el 2025, cuando esta materia alcanzó el 43.21% del circulante del Tribunal. \n\nDe esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal, en la sentencia nro. 2019-005560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del fenómeno de las listas de espera. Consecuencia de lo anterior, la Sala ordenó la elaboración, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de tal pronunciamiento, de un sistema de gestión integrado a los efectos de solventar las listas de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales de tal problemática, reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente nro. 18-14499-0007-CO, entre las cuales se indican: ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida, entre otras. En el citado proyecto de sistema de gestión integrado deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a lo anterior, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse según los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Por consiguiente, con el voto en mención se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social ‑en el marco de sus competencias constitucionales y legales‑ tome las medidas requeridas para paliar la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de los pacientes del ente. Aunado a ello, con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de la referida sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que coadyuvara con el seguimiento a la ejecución de tal resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de ejecutar acciones para resolver la problemática en cuestión, de manera que la solución a esta provenga de la propia entidad, no solo de las resoluciones de la Sala.\n\nVII.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada. \n\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que: \n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. \n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que: \n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”. \n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”. \n\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional. \n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional. \n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”. \n\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante, la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales. \n\nEn mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro. \n\nComo razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente: \n\n“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”. \n\nEs claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.\n\nVIII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. \n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.\n\nEn razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. \n\nIX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Rueda Leal consigna nota. El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.-\n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n XAHQF04PU47A61",
  "body_en_text": "Document Review\n\n\n\nExp: 26-013273-0007-CO\n\nRes. No. 2026016602\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and thirty minutes on the twelfth of May, two thousand twenty-six.\n\nAmparo action processed in case file No. 26-013273-0007-CO, filed by Nombre01, attorney ID number 33916, on behalf of Nombre02, identity card number CED01, against the CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.\n\nWhereas:\n\n1.- By means of a brief filed with the Secretariat of the Chamber at 16:18 on April 16, 2026, the petitioner files an amparo action on behalf of Nombre02 against the Caja Costarricense de Seguro Social. She states that the protected person is an older adult. She asserts that \"On March 31, 2025, she had a general medicine appointment at the San Rafael de Heredia clinic; since she had pain in her left breast, the treating doctor detected masses in the left breast, and therefore sent a referral to the San Vicente Paul hospital, in radiology, so that they could perform the respective examination. In radiology, they scheduled the appointment for June 9, 2033, the time being disproportionate, affecting the health of Mrs. Nombre02. Mrs. Nombre02 is certain that she will not arrive alive to the appointment scheduled for June 9, 2033*, since the time they gave her for the radiology examination is too long.\" She requests the intervention of the Chamber.\n\n2.- By means of a Presidency resolution at 10:45 on April 27, 2026, the proceeding was admitted.\n\n3.- Priscila Balmaceda Chaves and Gerardo Ramírez Badilla, in that same order, general director and head of the radiology and medical imaging service, both of the Hospital San Vicente de Paúl, report under oath that: \"The breast ultrasound appointment is moved up, set for Tuesday, May 5, 2026, at 8 a.m., as observed in Annex 1. ANALYSIS: Today at 2 p.m., a call is made to telephone number Telf01 extracted from the patient's EDUS file, and we speak with Mr. Josimar Duarte Calderón, who identifies himself as the son of Mrs. Nombre02. He is informed of the new appointment for his mother's breast ultrasound, which is scheduled for Tuesday, May 5, of this year, at 8 a.m. Mr. Josimar Duarte indicates that he will ensure his mother presents herself on the day of the appointment with the physical study request.\" They request that this action be dismissed.\n\n4.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.\n\nDrafted by Judge Araya García; and,\n\nCONSIDERING:\n\nI.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner states that the protected person is an older adult who was referred to the radiology service of the Hospital San Vicente de Paúl to undergo a radiological study; however, it was scheduled for June 9, 2033, a period she considers unreasonable.\n\nII.- PROVEN FACTS. Deemed duly proven as relevant to the decision of this matter are the following facts, either because they have been so accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:\n\na) The ward is an older adult, sixty-seven years of age (see the query made on the website of the Tribunal Supremo de Elecciones in this regard).\n\nb) On June 9, 2033, the patient has an appointment in the radiology service of the Hospital San Vicente de Paúl, at which time she will undergo a breast ultrasound (see the report rendered under oath and the attached evidence in this regard).\n\nc) The resolution at 10:45 on April 27, 2026, which admitted the proceeding, was notified to the respondent authorities on April 27, 2026 (see the attached notification records in this regard).\n\nd) On the occasion of this proceeding, on May 5, 2026, the radiology service performed the pending examination on the interested party (see the attached evidence in this regard).\n\nIII.- ON THE RIGHT TO HEALTH OF OLDER ADULTS. The right to life, recognized in Article 21 of the Political Constitution, is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the Republic rest. Similarly, the right to health finds its basis in that article of the Political Charter, since life is inconceivable if the human person is not guaranteed minimum conditions for an adequate and harmonious psychological, physical, and environmental balance. Evidently, any delay by the hospitals, clinics, and other healthcare units of the Caja Costarricense de Seguro Social can negatively impact the preservation of its users' health and life. Public entities, bodies, and officials owe themselves to their users with a clear and unequivocal vocation of service, since that has been the reason for their creation and existence. Thus, Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights establishes the right of every person to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, whereby the State and its Institutions have the obligation to ensure the full effectiveness of this right through a series of positive actions and the exercise of regulatory, oversight, and health police powers. This translates into the duty of prevention and effective treatment of diseases, as well as the creation of conditions that ensure access to health services, under conditions of equality, for all persons. In addition, what is provided in the Inter-American Convention on Protecting the Human Rights of Older Persons is relevant, which, in Article 3, subsection k), establishes good treatment and preferential care as a general principle. Consistent with the preceding article, Article 19 of the Convention states in its first subsection that States shall ensure preferential care and universal, equitable, and timely access to comprehensive, quality health services based on primary care, and incorporate traditional, alternative, and complementary medicine, in accordance with national legislation and customs. Likewise, subsection m) of the same article stipulates that the older person shall be guaranteed the availability and access to medicines recognized as essential by the World Health Organization, including controlled medicines necessary for palliative care. Additionally, Article 6 of the aforementioned Convention indicates that States have the obligation to adopt the necessary measures to guarantee older adults the effective enjoyment of the right to life and the right to live with dignity in old age until the end of their days, on an equal basis with other sectors of the population. This obligation also entails taking measures so that older persons have non-discriminatory access to comprehensive care.\n\nIV.- ON THE SPECIFIC CASE. From the analysis of the case file, this Chamber deems it proven that the foregoing is injurious to the right to health derived from Article 21 of the Political Constitution, and to the principles of efficiency and effectiveness in the provision of public services, given that the radiology service authorities prescribed a breast ultrasound for the year 2033 for the patient—who is an older adult—a situation that is unacceptable, as this Chamber, in its jurisprudence, has indicated that when it concerns an older adult, their care must be prioritized. Precisely, the Chamber, on various occasions, has held that authorities must comply with the provisions of Articles 17 and 19, subsection a) of the Inter-American Convention on Protecting the Human Rights of Older Persons, meaning that every older person has the right to social security that protects them to lead a dignified life, to preferential care, and to universal, equitable, and timely access to comprehensive health services. Furthermore, Article 17 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, or Protocol of San Salvador, establishes Special State Protection as a human right for the older adult population, and precept 10, subsection b), among others, of the San José Charter on the Rights of Older Persons in Latin America and the Caribbean of May 2012, established the obligation to foster that older persons live in a safe and healthy environment, for which social protection and security must be guaranteed (see Judgment No. 2018-10326, at 14:30 on June 27, 2018). Thus, this Chamber considers that the action must be granted, as it is the duty of the Caja Costarricense de Seguro Social to effectively safeguard the right to health of all its users, especially older adults, which includes—evidently—the obligation to timely and diligently provide the medical care and treatment their patients need. In addition to the foregoing, this Constitutional Court clarifies that the public organs and entities that provide public health services have the imperative and non-deferrable obligation to adapt them to the particular and specific needs of their users or patients, without the lack of human and material resources being legally valid arguments to exempt them from fulfilling such obligation.\n\nConsequently, the alleged violation of the protected person's right to health is accredited; however, given that, on the occasion of this proceeding, the medical authorities performed the examination on May 5, 2026, the appropriate course is to grant the action, according to the considerations to be stated in the operative part of this Judgment.\n\nV.- ON THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND PREJUDICES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (\"If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if applicable\"), the granting must be without a special award of costs, damages, and prejudices, based on the following considerations. While there is express text in the law that obliges the operative part of the ruling to state that the action is granted when, during the course of the amparo, the grievance is resolved, it is no less true that the same paragraph in fine states that the granting is ordered \"solely for the purposes of compensation and costs, if applicable.\" It is emphasized that the Law states \"if applicable,\" which means that the applicability or non-applicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or consideration by the Court. In cases such as this, the content of the claim of the protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of a clearly patrimonial nature (as would occur, for example, with an impairment of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, when it provides that: \"any resolution granting the action shall award in the abstract the compensation for the damages and prejudices caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment,\" where the possibility of assessing whether or not compensation and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, where appropriate, those of International or Community Law and, furthermore, in their order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and other procedural codes, are a supplementary source for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional -cf. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to procedural logic in any matter. In any event, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if they deem it appropriate, to a plenary proceeding to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority's criterion to resolve this action without an award of costs, damages, and prejudices.\n\nVI.- NOTE BY JUDGE RUEDA LEAL. The issue of amparo actions related to the right to health and, above all, that of waiting lists in the Caja Costarricense de Seguro Social are grievances that have become recurrent in the constitutional jurisdiction. This type of proceeding has seen an exponential increase, as the statistics of this Court demonstrate.\n\nNumber of health case files filed with the Constitutional Chamber:\n\n| YEAR | AMOUNT IN HEALTH |\n| --- | --- |\n| 2012 | 1745 |\n| 2013 | 1891 |\n| 2014 | 2710 |\n| 2015 | 3725 |\n| 2016 | 4865 |\n| 2017 | 5682 |\n| 2018 | 6932 |\n| 2019 | 7623 |\n| 2020 | 5912 |\n| 2021 | 7796 |\n| 2022 | 8310 |\n| 2023 | 12845 |\n| 2024 | 15300 |\n| 2025 | 17252 |\n\nFrom the above chart, it is inferred that, with the exception of a single year (2020), from 2012 to date there has been a constant increase in matters filed for violation of the right to health. Likewise, the exacerbated increase in these matters during 2025 is highlighted, when this subject matter reached 43.21% of the Court's circulating caseload.\n\nOf those matters, a good number correspond to waiting lists. Regarding the foregoing, this Court, in judgment no. 2019-005560 at 09:30 on March 29, 2019, declared the systematic and repeated violation by the Caja Costarricense de Seguro Social of the right to health of insured persons, specifically, by virtue of the phenomenon of waiting lists. As a consequence of the foregoing, the Chamber ordered the development, within six months from the notification of said ruling, of an integrated management system for the purposes of resolving the waiting lists and incorporating solutions to the structural causes of such a problem, recognized by the Caja Costarricense de Seguro Social itself in its report rendered in case file no. 18-14499-0007-CO, among which are indicated: lack of adequate infrastructure, population increase, epidemiological considerations, lack of an adequate system to cover the shortage of specialist doctors, equipment needs and increasing demand from the first level of care, patient absenteeism from appointments in various medical centers of the respondent institution, among others. In the aforementioned integrated management system project, reasonable waiting periods must be defined by pathology or related diagnostic groups according to symptomatology, level of urgency, and patient conditions, as well as objective criteria to specify the inclusion and placement of a patient on the waiting lists. In addition to the foregoing, the integrated management system project must take into account the particularities of populations in a state of vulnerability (older adults, indigenous persons, persons in poverty, mothers, children and adolescents, persons deprived of liberty, among others) and be guided according to the constitutional principles of public service: efficiency, effectiveness, reasonableness, availability, accessibility, and universality. Consequently, with the vote in question, it is intended that the Caja Costarricense de Seguro Social—within the framework of its constitutional and legal powers—take the required measures to alleviate the systematic and repeated violation of the right to health of the entity's patients. In addition to this, in order to follow up on compliance with the referred judgment, the Constitutional Chamber convened an oral and public hearing for November 14, 2019. Likewise, it ordered the Defensoría de los Habitantes to assist with the follow-up on the execution of said resolution. Thus, this intervention promotes the obligation of the Caja Costarricense to execute actions to resolve the problem in question, so that the solution to it comes from the entity itself, not solely from the Chamber's resolutions.\n\nVII.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF JUDGE SALAZAR ALVARADO SOLELY IN RELATION TO THE NON-AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND PREJUDICES AGAINST THE RESPONDENT PARTY. While I agree with the rest of the Chamber in granting the action, I separate myself from the majority's criterion insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs, damages, and prejudices derived from the injury caused to the fundamental rights of the ward.\n\nThe Ley de la Jurisdicción Constitucional, in Article 52, provides that:\n\n\"If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if applicable.\"\n\nOn the other hand, in Article 51 ibidem, it is established that:\n\n\"...any resolution granting the action shall award in the abstract the compensation for the damages and prejudices caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.\"\n\nThis latter norm establishes the general system that regulates matters related to compensation and the payment of costs, and which the majority calls the \"natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights...\"\n\nIn the majority's criterion, Article 51, cited, regulates the scenarios in which the Chamber has deemed the grievance proven; and, as a consequence, the need for an award of costs, damages, and prejudices arises. However, in the opinion of the undersigned, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right and, therefore, grants the action, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person's enjoyment of their fundamental rights once it learns of the amparo—a scenario contemplated in the cited Article 52—by the imperative of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the award against the offender of compensation for the damages and prejudices caused and the payment of the costs of the action. This rule is nothing more than the recognition to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the offending authorities; and, as a dissuasive means, so that the State does not incur again in the actions that gave basis for the granting of the action, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. So, whether the Chamber has deemed the grievance proven and has proceeded to hear the merits of the matter, or the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it learned of the processing of the amparo, with restoration of the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of those scenarios, the imperative need arises for an award of costs, damages, and prejudices against the offender, whose foundation lies in the principles of protection of persons' rights and that the Administration must be held responsible for the damages and prejudices caused by its unconstitutional actions.\n\nThus, the fact that at the moment of hearing and granting the amparo, the effects of the challenged act had already ceased, under the terms of Articles 50 and 52 of the cited law, does not eliminate the applicability of the award of costs, damages, and prejudices, since such a case forms an integral part of the general system of mandatory award on these points contained in the Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nOn the other hand, it is clear that the mentioned Article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard, nor ruled on the merits of the claim, has verified the violation of fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restoration in the enjoyment of those rights that the Administration has agreed to in their favor; a situation that, as affirmed by the majority of the Chamber, implies an \"abnormal termination of the proceeding.\"\n\nThe legislator established and precisely delimited the conditions under which this Chamber may decree that form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is pending, meaning that the Administration has been duly notified of the resolution admitting the amparo; and, 2) that there is an administrative or judicial resolution that indisputably orders the revocation, halting, or suspension of the challenged action that violates fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of awarding costs, damages, and prejudices, despite granting the action, by providing that, in the cases regulated therein, the action shall be granted \"solely for the purposes of compensation and costs, if applicable.\" As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the scenarios strictly contemplated in the norm, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception undoubtedly imply an impairment of the fundamental right of persons to obtain effective judicial protection against the damages and prejudices suffered due to the injury to their constitutional rights.\n\nIn my criterion, such an exception must be interpreted in the sense that, according to the general system of automatic award of costs, damages, and prejudices in the event of a violation of fundamental rights, such an award is always applicable, even in the case that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, halts, or suspends the challenged action, unless it is indisputably and clearly established that in the specific case no compensable prejudice was caused. Only and solely in such scenarios could the respondent Administration be exempted from payment of said items. As in this case, there is no element whatsoever to refute the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and prejudices derived from the challenged actions—whose concrete determination does not correspond to this jurisdiction—the granting of this action must necessarily imply the award of costs, damages, and prejudices, and I so declare.\n\nAs an additional reason, it is worth highlighting that the dynamic and very essence of amparo proceedings does not have as its primary object the analysis of the existence or not of damages and prejudices, but rather, of the existence or not of actions or omissions that may generate or produce a breach of the regime of persons' fundamental rights. From that angle, the analysis carried out by this forum concentrates on said verification, but does not delve into the consideration of whether those matters have generated or not injuries in the strictly patrimonial sphere of the protected persons. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, stipulates that said award (in damages, prejudices, and costs) operates, if applicable, the undersigned do not consider that said examination of pertinence can, a priori, be automatically excluded in this type of proceeding, to the extent that it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo action, the conducts or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable) have constituted an adequate cause of patrimonial injuries that are legally compensable. For reference, Articles 179 to 184 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, Law No. 8508, define a special proceeding whose object is the determination of the economic effects derived from awards ordered in these proceedings. In light of canon 179 ejusdem, that proceeding has the following purpose:\n\n\"ARTICLE 179.- The Juzgado de lo Contencioso-Administrativo is responsible for the execution of judgments issued by the Constitutional Jurisdiction in habeas corpus and amparo proceedings against public law subjects, solely regarding the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary compensation.\"\n\nIt is clear that this process is directed at the analysis of the necessary precedent issued by this Chamber regarding an abstract award (condena en abstracto) for these items, since such claims would not be appropriate within these types of cases when the judgment rendered in the amparo proceeding expressly establishes the impropriety of damages, losses, and/or costs, as well as when there is no express pronouncement on this particular matter. That is, the special proceeding in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non requirement, an award or express pronouncement by this Constitutional Chamber. In this regard, in my view, under the aforementioned article 52 of the LJC, the dispensation from that pecuniary award requires the demonstration, in each case, of circumstances from which the nonexistence of pecuniary injuries, even potential ones, derived from or associated with the facts analyzed, is reasonably estimated. Therefore, it is an exception, which, as such, requires a qualified and duly reasoned application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the course of the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial ruling is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action does not rule out, per se, that prior to that cessation due to the respondent entity's own actions or external causes, the accused indolence or reproached disturbance may have caused damages and losses. However, such a question on the merits, regarding the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that fall outside the nature of these proceedings and regarding which, pursuant to the provisions of the aforementioned mandate 52, are proper to an abstract award that later forms the basis for analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses, since, it must be stressed, that is not their object or primary ratio. Thus, it does not fall to the protected person to claim or demonstrate damages, as what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Subsequently, whether these administrative conducts have caused them injuries is an issue that, as a matter of principle and except in exceptional cases, does not form part of the basis for analysis in this type of case. Note that, in the scenario regulated by that mandate, the Constitutional Chamber does not conduct a merits analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, there is no inquiry into whether or not an infringement exists, and therefore, it is even less possible to define whether, based on what the petitioner has reported, there may or may not be situations of possible civil reparation. In that way, the dispensation from the award referred to by that rule is exceptional in nature, not a matter of principle. Therefore, in such scenarios, the rule imposes an abstract award, so that its propriety can be analyzed within another plenary proceeding. Otherwise, if this release from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered injuries to their pecuniary sphere would be put at risk, to the detriment of the provisions of Article 45 of the Political Constitution, and disregarding the potential liability of the Administration, as imposed by Article 9 ejusdem. Furthermore, it must not be overlooked that it was by virtue of an action of this nature that a conduct was adopted that causes the cessation of the conducts that, in theory, threaten or violate the person's fundamental rights. That is, in order to obtain the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by that virtue that the cessation of the reproached disturbance occurred. It must be stressed, whether the persistence of the threat or deterioration of their situation, until it was caused to cease by the reasons alluded to in the rule under examination, generated damages and losses is a topic that, barring proof to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding, but which, it is reiterated, in no way should be denied, as a presupposition, merely by the materialization of the factual scenario regulated in the aforementioned article 52 of the LJC. Therefore, with my always-held respect for the majority position, I express my vote and reiterate that the granting of this appeal must necessarily entail the abstract award of costs, damages, and losses.\n\nVIII.- DISSENTING VOTE OF JUDGE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC) states: \"If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are appropriate.\"\n\nMy interpretation of this rule is as follows: That \"resolution\" is any valid and effective act through which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase \"if they are appropriate\" refers to costs. Indeed, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedure Code, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, refers precisely only to these: to costs.\n\nCertainly, under Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo appeal is not compensatory but restitutive; however, Article 51 of the LJC states: \"Every resolution that grants the appeal shall order in the abstract the compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, reserving their liquidation for the execution of the judgment.\"\n\nIf the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the event that it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, an abstract award for these is appropriate. If this were not done, if such an award were not issued, in the event that they had indeed occurred, there would be no title –derived from this proceeding– to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite an abstract award having been issued, no damages and losses have occurred, the judge in the ordinary venue will so declare, as only that judge is empowered to consider their real existence and magnitude as proven.\n\nWith the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, the Administration would be incentivized to respect rights only when an amparo appeal exists. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may award costs, even when the right has been restored.\n\nBy reason of the foregoing, I partially dissent from the vote regarding the operative part and order the award of damages and losses, but not the award of costs.\n\nIX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, according to the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,\" approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nTHEREFORE:\n\nThe appeal is granted, with no special award of costs, damages, and losses. Judge Rueda Leal records a note. Judge Salazar Alvarado partially dissents from the vote and orders the award of damages, losses, and costs. Judge Garro Vargas partially dissents from the vote and orders the award of damages and losses, but not costs.-\n\nFernando Castillo V.\nPresidente\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDocumento Firmado Digitalmente\n-- Código verificador --\n\nXAHQF04PU47A61"
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