{ "id": "nexus-sen-1-0007-1392887", "citation": "Res. 16934-2026 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Reprogramación de citas cardiológicas vulnera derecho a la salud de adulto mayor", "title_en": "Rescheduling cardiology appointments violates elderly patient's right to health", "summary_es": "La Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo presentado por un adulto mayor de 75 años con enfermedad arterial coronaria, quien denunció la reprogramación reiterada de su cita de control en Cardiología del Hospital San Rafael de Alajuela para el 3 de agosto de 2029, más de cuatro años después de su última atención. La Sala consideró que los plazos de espera (más de dos años para un ecocardiograma y más de cuatro para la valoración) eran desproporcionados, especialmente dada la edad y condición del paciente. Aunque con ocasión del amparo se le realizó el ecocardiograma y fue valorado en abril de 2026, se declaró la violación a su derecho a la salud. La mayoría resolvió sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, con votos salvados parciales que ordenaban indemnización.", "summary_en": "The Constitutional Chamber granted the amparo filed by a 75-year-old man with coronary artery disease, who challenged repeated rescheduling of his cardiology follow-up appointment at Hospital San Rafael de Alajuela to August 3, 2029, over four years after his last visit. The Chamber held that waiting periods (over two years for an echocardiogram and over four years for evaluation) were disproportionate, especially given his age and condition. Although echocardiogram and evaluation occurred in March and April 2026 due to the amparo, the violation was declared. The majority ruled without awarding costs or damages; two justices dissented, ordering compensation.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "15/05/2026", "year": "2026", "topic_ids": [], "primary_topic_id": null, "es_concept_hints": [ "derecho a la salud", "adulto mayor", "recurso de amparo", "listas de espera", "atención preferencial", "Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores" ], "article_citations": [], "keywords_es": [ "derecho a la salud", "adulto mayor", "recurso de amparo", "Sala Constitucional", "listas de espera", "atención preferencial", "cardiología", "desproporción", "CCS5" ], "keywords_en": [ "right to health", "older adult", "amparo", "Constitutional Chamber", "waiting lists", "preferential care", "cardiology", "disproportionality", "CCSS" ], "excerpt_es": "En este sentido, se constata que el recurrente tendría que esperar más de 02 años para la realización del ecocardiograma y más de 04 años para que ser valorado, los cuales son plazos desproporcionados, máxime si se toma en cuenta la edad del paciente (adulto mayor) y su condición de salud. De esta forma, tratándose de adultos mayores, este Tribunal Constitucional ha indicado que no deben esperar más de un mes para recibir la atención médica que requieren (ver sentencia No. 2018-20332 de las 9:30 horas de 5 de diciembre de 2018). Por ende, se comprueba violación a su derecho a la salud.", "excerpt_en": "Thus, it is confirmed that the complainant would have to wait more than 2 years for the echocardiogram and more than 4 years to be evaluated, which are disproportionate periods, especially considering the patient's age (older adult) and health condition. Accordingly, for older adults, this Constitutional Court has indicated they should not wait more than one month to receive the medical care they require (see judgment No. 2018-20332 at 9:30 a.m. on December 5, 2018). 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Nº 2026016934\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del quince de mayo de dos mil veintiseis .\n\n \n\nRecurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra la CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 18 de febrero de 2026, el recurrente interpone recurso de amparo contra la CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL y manifiesta que es una persona adulta mayor, quien, en mayo de 2018 fue sometido a dos procedimientos de cateterismo cardíaco posteriores a un preinfarto, como parte del tratamiento recibido en el hospital recurrido. Desde esa fecha se ha mantenido bajo control médico preventivo en el Servicio de Cardiología. Apunta que continúa presentando síntomas incompatibles con un adecuado estado de salud cardíaca, tales como dolor torácico, disnea y fatiga, lo que genera preocupación razonable sobre su condición actual. Pese a lo anterior, se le asignó una cita de control postoperatorio en Cardiología para el 21 de mayo de 2026, la cual fue cancelada y reprogramada para el 1° de mayo de 2027. Posteriormente, el 17 de febrero de 2026 fue contactado telefónicamente en dos ocasiones por el centro hospitalario recurrido, informándole primero que la cita sería reprogramada para el 29 de julio de 2029 y, horas después, que sería trasladada nuevamente para el 3 de agosto de 2029. Expone que estas reiteradas reprogramaciones implican una postergación de más de tres años respecto de la fecha inicialmente asignada y de más de once años desde los procedimientos de cateterismo, lo que representa un riesgo evidente para su salud y su vida, de modo que la dilación resulta desproporcionada, irrazonable y contraria al deber de prestación oportuna y eficiente del servicio público de salud, vulnerando sus derechos fundamentales a la salud y a una vida digna, en especial, dada su condición de doble vulnerabilidad. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.\n\n2.- Mediante resolución de las 23:28 horas del 27 de febrero de 2026, este Tribunal dictó la resolución del curso del presente asunto.\n\n3.- Informa bajo juramento Hernán López Salas, en su condición de jefe del Servicio de Medicina, especialidad de cardiología, del Hospital San Rafael de Alajuela (informe rendido el 04 de marzo de 2026), en los siguientes términos: “Se trata de un paciente masculino de 75 años, quien ha sido valorado en el servicio de cardiología, por presentar enfermedad arterial coronaria siendo la última atención el 12 de agosto de 2025 donde se le brindó el manejo y tratamiento crónico y se indicó cita en 12 meses. Se verifica en expediente digital que el amparado cuenta con cita programada en ecocardiograma el 13 de septiembre de 2027 y cita control el 03 de agosto de 2029. Es importante destacar que los responsables de la asignación, programación y reprogramación de citas nuevas y controles son los funcionarios de Registros Médicos y Estadísticas en Salud, no es función de la Jefatura de Medicina asignar las citas; por lo que esta jefatura desconoce dichas citaciones. No obstante, en seguimiento de este Recurso de Amparo se coordina con Registros Médicos y se asigna cita para el 16 de marzo de 2026 para ecocardiograma y 09 de abril de 2026 con la Dra. Carolyne Ortiz Paniagua. Por lo tanto, esta jefatura considera que, dentro del ámbito de nuestras competencias, en ningún momento se ha negado el acceso a los servicios de salud al amparado, ni se ha vulnerado su derecho a la salud o a la seguridad social”. \n\n4.- Informa bajo juramento Carolina Chaves Araya, en su condición de directora general a.i. del Hospital San Juan de Dios (informe rendido el 09 de marzo de 2026), en los siguientes términos: “La suscrita al no participar en la atención directa al usuario, ni en la programación de citas y/o cirugías, así como desconocer de los hechos, me adhiero al informe HSRA-DG-JEFMED-RA-0074-2026, presentado por el Dr. Hernan López Salas, jefe clínico del Servicio de Medicina al que está integrada la especialidad Cardiología, En cuanto a la MEDIDA CAUTELAR se asigna cita para el 16 de marzo de 2026 para ecocardiograma y 09 de abril de 2026 con la Dra. Carolyne Ortiz Paniagua”. \n\n5.- Mediante resolución de las 15:02 horas del 17 de marzo de 2026, este Tribunal solicitó una prueba para mejor resolver. \n\n6.- Informa bajo juramento Hernán López Salas, en su condición de jefe del Servicio de Medicina del Hospital San Rafael de Alajuela (informe rendido el 19 de marzo de 2026), en los siguientes términos: “que el amparado ya fue valorado el 16 de marzo de 2026 donde se realizó el procedimiento de ecocardiograma”. \n\n7.- Mediante resolución de las 09:24 horas del 10 de abril de 2026, este Tribunal solicitó una prueba para mejor resolver.\n\n8.- De acuerdo con la constancia emitida el 22 de abril de 2026, se constató lo siguiente: “El suscrito, Técnico Judicial 3 a.i. y la suscrita secretaria a.i., ambos de la Sala Constitucional, HACEMOS CONSTAR QUE: revisado, a las catorce horas cero minutos del veintidós de abril de dos mil veintiséis, en el SISTEMA COSTARRICENSE DE GESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES el CONTROL DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y ESTE EXPEDIENTE, no apareció que del 10 al 21 de abril de 2026, la Directora del Hospital San Rafael de Alajuela haya presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las nueve horas veinticuatro minutos del diez de abril de dos mil veintiséis, en el expediente número 26-005708-0007-CO que es RECURSO DE AMPARO promovido por Nombre01”. \n\n9.- Mediante resolución de las 12:26 horas del 23 de abril de 2026, este Tribunal dictó la resolución del curso del presente asunto.\n\n10.- Informa bajo juramento Hernán López Salas, en su condición de jefe del Servicio de Medicina, especialidad de Cardiología, del Hospital San Rafael Alajuela (informe rendido el 29 de abril de 2026), en los siguientes términos: “El amparado fue valorado el 09 de abril de 2026 en la especialidad de cardiología donde se le brindó el manejo médico, y el tratamiento respectivo para sus patologías”. \n\n11.- De acuerdo con la constancia emitida el 13 de mayo de 2026, se constató lo siguiente: “El suscrito, Técnico Judicial 3 a.i. y la suscrita secretaria a.i., ambos de la Sala Constitucional, HACEMOS CONSTAR QUE: revisado, a las quince horas treinta y uno minutos del trece de mayo de dos mil veintiséis, en el SISTEMA COSTARRICENSE DE GESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES el CONTROL DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y ESTE EXPEDIENTE, no apareció que del 24 de abril al 12 de mayo de 2026, la directora del Hospital San Rafael de Alajuela haya presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las doce horas veintiséis minutos del veintitrés de abril de dos mil veintiséis, en el expediente número 26-005708-0007-CO que es RECURSO DE AMPARO promovido por Nombre01”. \n\n12.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Araya García; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- Objeto del recurso. El recurrente, quien es una persona adulta mayor, reclama violación a su derecho a la salud, pues señala que en mayo de 2018 fue sometido a dos procedimientos de cateterismo cardíaco posteriores a un preinfarto. Asegura que todavía síntomas incompatibles con un adecuado estado de salud cardíaca. Acusa que, sin embargo, en el centro médico recurrido le dieron cita para el 03 de agosto de 2029, plazo que considera desproporcionado. \n\nII.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\na) El recurrente es una persona adulta mayor de 75 años, quien ha sido valorado en la Especialidad de Cardiología del Hospital San Rafael de Alajuela por presentar enfermedad arterial coronaria, siendo la última atención el 12 de agosto de 2025, en donde se le brindó el manejo y tratamiento crónico y se indicó cita en 12 meses. Además, se verifica en expediente digital el recurrente cuenta con cita programada en ecocardiograma el 13 de setiembre de 2027 y cita control el 03 de agosto de 2029 (ver el informe rendido y la prueba aportada).\n\nb) El 02 de marzo de 2026, se notificó la resolución de curso a la autoridad recurrida (ver acta de notificación). \n\nc) Con ocasión del amparado, el 16 de marzo de 2026 al recurrente se le realizó un ecocardiograma en la Especialidad de Cardiología del Hospital San Rafael de Alajuela (ver el informe rendido y la prueba aportada).\n\nd) Con ocasión del amparado, el 09 de abril de 2026 el recurrente fue valorado en la Especialidad de Cardiología del Hospital San Rafael de Alajuela, en donde se le brindó el manejo médico y el tratamiento respectivo para sus patologías (ver el informe rendido y la prueba aportada).\n\nIII.- Sobre el derecho a la salud de las personas adultas mayores. El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Evidentemente, cualquier retardo de los hospitales, clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja Costarricense del Seguro Social puede repercutir negativamente en la preservación de la salud y la vida de sus usuarios. Los entes, órganos y funcionarios públicos se deben a los usuarios con una clara e inequívoca vocación de servicio, puesto que, esa ha sido la razón de su creación y existencia. De esta forma, el artículo 12, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, por lo que el Estado y sus Instituciones tienen la obligación de asegurar la plena efectividad de ese derecho a través de una serie de acciones positivas y del ejercicio de las potestades de regulación, fiscalización y de policía sanitaria. Esto se traduce en el deber de la prevención y el tratamiento efectivo de enfermedades, así como la creación de condiciones que asegure el acceso a los servicios de salud, en condiciones de igualdad, para todas las personas. Sumado a esto, resulta de relevancia lo dispuesto en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual, en el artículo 3, inciso k), establece como un principio general el buen trato y la atención preferencial. En congruencia con el artículo anterior, el numeral 19 de la Convención enuncia en su primer inciso, que los Estados deberán asegurar la atención preferencial y el acceso universal, equitativo y oportuno en los servicios integrales de salud de calidad basados en la atención primaria, y aprovechar la medicina tradicional, alternativa y complementaria, de conformidad con la legislación nacional y los usos y costumbres. Igualmente, en el inciso m) del mismo artículo, se estipula que se deberá garantizar a la persona mayor la disponibilidad y el acceso a los medicamentos reconocidos como esenciales por la Organización Mundial de la Salud, incluyendo los fiscalizados necesarios para los cuidados paliativos. Adicionalmente, el artículo 6 de la precitada Convención, indica que los Estados tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar a las personas adultas mayores, un efectivo goce del derecho a la vida y al derecho de vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, y en igual de condiciones con los demás sectores de la población. Esta obligación, además, conlleva la toma de medidas para que las personas mayores tengan un acceso no discriminatorio a cuidados integrales.\n\nIV.- Sobre el fondo. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica la violación al derecho a la salud del amparado, quien es una persona adulta mayor. Lo anterior, porque en el informe rendido por el representante de la autoridad recurrida -que se tiene por dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que el recurrente es una persona adulta mayor de 75 años, quien ha sido valorado en la Especialidad de Cardiología del Hospital San Rafael de Alajuela por presentar enfermedad arterial coronaria, siendo la última atención el 12 de agosto de 2025, en donde se le brindó el manejo y tratamiento crónico y se indicó cita en 12 meses. Además, se verifica en expediente digital el recurrente cuenta con cita programada en ecocardiograma el 13 de setiembre de 2027 y cita control el 03 de agosto de 2029.\n\nEn este sentido, se constata que el recurrente tendría que esperar más de 02 años para la realización del ecocardiograma y más de 04 años para que ser valorado, los cuales son plazos desproporcionados, máxime si se toma en cuenta la edad del paciente (adulto mayor) y su condición de salud. De esta forma, tratándose de adultos mayores, este Tribunal Constitucional ha indicado que no deben esperar más de un mes para recibir la atención médica que requieren (ver sentencia No. 2018-20332 de las 9:30 horas de 5 de diciembre de 2018).\n\nPor ende, se comprueba violación a su derecho a la salud. Por lo tanto, lo que corresponde es declarar con lugar el recurso. \n\nAhora bien, se verifica que, con ocasión del amparado, el 16 de marzo de 2026 al recurrente se le realizó un ecocardiograma en la Especialidad de Cardiología del Hospital San Rafael de Alajuela. Asimismo, con ocasión del amparado, el 09 de abril de 2026 el recurrente fue valorado en la Especialidad de Cardiología del Hospital San Rafael de Alajuela, en donde se le brindó el manejo médico y el tratamiento respectivo para sus patologías. Por consiguiente, lo que corresponde es declarar con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. \n\nV.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nVI.- Nota del magistrado Rueda Leal. El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se han tornado recurrentes en la jurisdicción constitucional. Este tipo de procesos ha tenido un aumento exponencial, lo que las estadísticas de este Tribunal ponen de manifiesto. \n\nCantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional: \n\nAÑO\n\nCANTIDAD EN SALUD\n\n2012\n\n1745\n\n2013\n\n1891\n\n2014\n\n2710\n\n2015\n\n3725\n\n2016\n\n4865\n\n2017\n\n5682\n\n2018\n\n6932\n\n2019\n\n7623\n\n2020\n\n5912\n\n2021\n\n7796\n\n2022\n\n8310\n\n2023\n\n12845\n\n2024\n\n15300\n\n2025\n\n17252\n\nDel cuadro anterior se infiere que, con excepción de un solo año (2020), desde el año 2012 a la fecha ha habido un aumento constante en los asuntos entrados por violación al derecho a la salud. Asimismo, se destaca el exacerbado incremento de estos asuntos durante el 2025, cuando esta materia alcanzó el 43.21% del circulante del Tribunal. \n\nDe esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal, en la sentencia nro. 2019-005560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del fenómeno de las listas de espera. Consecuencia de lo anterior, la Sala ordenó la elaboración, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de tal pronunciamiento, de un sistema de gestión integrado a los efectos de solventar las listas de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales de tal problemática, reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente nro. Telf01, entre las cuales se indican: ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida, entre otras. En el citado proyecto de sistema de gestión integrado deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a lo anterior, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse según los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Por consiguiente, con el voto en mención se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social ‑en el marco de sus competencias constitucionales y legales‑ tome las medidas requeridas para paliar la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de los pacientes del ente. Aunado a ello, con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de la referida sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que coadyuvara con el seguimiento a la ejecución de tal resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de ejecutar acciones para resolver la problemática en cuestión, de manera que la solución a esta provenga de la propia entidad, no solo de las resoluciones de la Sala.\n\nVII.- Voto salvado parcial del Magistrado Salazar Alvarado, únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida.\n\nSi bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.\n\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:\n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:\n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.\n\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional. \n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional. \n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”. \n\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales. \n\nEn mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos. \n\nComo razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente: \n\n“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”. \n\nEs claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.\n\nVIII.- Voto salvado de la Magistrada Garro Vargas respecto a la parte dispositiva de esta sentencia. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. \n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.\n\nEn razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.\n\nIX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Rueda Leal pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n 2LUI4OECXS861 \n\nEXPEDIENTE N° 26-005708-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: Telf02/ ALA-4TA (Telf03). Fax: Telf04 / Telf05. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).", "body_en_text": "Document Review\n\nExp: 26-005708-0007-CO\n\nRes. No. 2026016934\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the fifteenth of May, two thousand twenty-six.\n\nAmparo action filed by Nombre01, identity card CED01, against the COSTA RICAN SOCIAL SECURITY FUND.\n\nWhereas:\n\n1.- Through a written submission received at the Secretariat of the Chamber on February 18, 2026, the petitioner files an amparo action against the COSTA RICAN SOCIAL SECURITY FUND and states that he is an older adult, who, in May 2018, underwent two cardiac catheterization procedures following a pre-infarction, as part of the treatment received at the respondent hospital. Since that date, he has remained under preventive medical control in the Cardiology Service. He notes that he continues to present symptoms incompatible with an adequate state of cardiac health, such as chest pain, dyspnea, and fatigue, which generates reasonable concern about his current condition. Despite the foregoing, he was assigned a post-operative follow-up appointment in Cardiology for May 21, 2026, which was canceled and rescheduled for May 1, 2027. Subsequently, on February 17, 2026, he was contacted by telephone on two occasions by the respondent hospital, informing him first that the appointment would be rescheduled for July 29, 2029, and, hours later, that it would be moved again to August 3, 2029. He submits that these repeated reschedulings imply a postponement of more than three years from the initially assigned date and of more than eleven years since the catheterization procedures, which represents an evident risk to his health and his life, such that the delay is disproportionate, unreasonable, and contrary to the duty of timely and efficient provision of public health services, violating his fundamental rights to health and to a dignified life, especially given his condition of double vulnerability. He requests that the action be granted, with the consequences provided by law.\n\n2.- By resolution at 23:28 hours on February 27, 2026, this Court issued the resolution on the course of this matter.\n\n3.- Hernán López Salas, in his capacity as head of the Medicine Service, cardiology specialty, of the San Rafael de Alajuela Hospital, reports under oath (report rendered on March 4, 2026), in the following terms: “This concerns a 75-year-old male patient, who has been assessed in the cardiology service for presenting coronary artery disease, with the last care being on August 12, 2025, where chronic management and treatment were provided and an appointment in 12 months was indicated. It is verified in the digital file that the amparo petitioner has a scheduled echocardiogram appointment on September 13, 2027, and a follow-up appointment on August 3, 2029. It is important to highlight that the officials of Medical Records and Health Statistics are responsible for the assignment, scheduling, and rescheduling of new and follow-up appointments; it is not the function of the Medicine Headship to assign appointments; therefore, this headship is unaware of said appointments. However, in follow-up to this Amparo Action, coordination was made with Medical Records and an appointment was assigned for March 16, 2026, for an echocardiogram and for April 9, 2026, with Dr. Carolyne Ortiz Paniagua. Therefore, this headship considers that, within the scope of our competencies, at no time has access to health services been denied to the petitioner, nor has his right to health or to social security been violated.”\n\n4.- Carolina Chaves Araya, in her capacity as interim general director of the Hospital San Juan de Dios, reports under oath (report rendered on March 9, 2026), in the following terms: “The undersigned, not participating in direct user care, nor in the scheduling of appointments and/or surgeries, as well as being unaware of the facts, adheres to the report HSRA-DG-JEFMED-RA-0074-2026, submitted by Dr. Hernan López Salas, clinical head of the Medicine Service to which the Cardiology specialty is integrated. Regarding the PRECAUTIONARY MEASURE, an appointment is assigned for March 16, 2026, for an echocardiogram and for April 9, 2026, with Dr. Carolyne Ortiz Paniagua.”\n\n5.- By resolution at 15:02 hours on March 17, 2026, this Court requested evidence for a better resolution.\n\n6.- Hernán López Salas, in his capacity as head of the Medicine Service of the San Rafael de Alajuela Hospital, reports under oath (report rendered on March 19, 2026), in the following terms: “that the petitioner was already assessed on March 16, 2026, where the echocardiogram procedure was performed.”\n\n7.- By resolution at 09:24 hours on April 10, 2026, this Court requested evidence for a better resolution.\n\n8.- According to the certification issued on April 22, 2026, the following was verified: “The undersigned, Interim Judicial Technician 3 and the undersigned interim secretary, both of the Constitutional Chamber, HEREBY CERTIFY THAT: after reviewing, at fourteen hours zero minutes on April twenty-second, two thousand twenty-six, in the COSTA RICAN JUDICIAL CASE MANAGEMENT SYSTEM, the CONTROL OF RECEIVED DOCUMENTS AND THIS CASE FILE, it did not appear that, from April 10 to 21, 2026, the Director of the San Rafael de Alajuela Hospital submitted any written submission or document whatsoever, in order to render the report requested of her in the resolution issued at nine hours twenty-four minutes on April tenth, two thousand twenty-six, in case file number 26-005708-0007-CO, which is an AMPARO ACTION filed by Nombre01.”\n\n9.- By resolution at 12:26 hours on April 23, 2026, this Court issued the resolution on the course of this matter.\n\n10.- Hernán López Salas, in his capacity as head of the Medicine Service, cardiology specialty, of the San Rafael Alajuela Hospital, reports under oath (report rendered on April 29, 2026), in the following terms: “The petitioner was assessed on April 9, 2026, in the cardiology specialty, where medical management and the respective treatment for his pathologies were provided.”\n\n11.- According to the certification issued on May 13, 2026, the following was verified: “The undersigned, Interim Judicial Technician 3 and the undersigned interim secretary, both of the Constitutional Chamber, HEREBY CERTIFY THAT: after reviewing, at fifteen hours thirty-one minutes on May thirteenth, two thousand twenty-six, in the COSTA RICAN JUDICIAL CASE MANAGEMENT SYSTEM, the CONTROL OF RECEIVED DOCUMENTS AND THIS CASE FILE, it did not appear that, from April 24 to May 12, 2026, the director of the San Rafael de Alajuela Hospital submitted any written submission or document whatsoever, in order to render the report requested of her in the resolution issued at twelve hours twenty-six minutes on April twenty-third, two thousand twenty-six, in case file number 26-005708-0007-CO, which is an AMPARO ACTION filed by Nombre01.”\n\n12.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.\n\nDrafted by Magistrate Araya García; and,\n\nConsidering:\n\nI.- Object of the action. The petitioner, who is an older adult, claims a violation of his right to health, as he indicates that in May 2018, he underwent two cardiac catheterization procedures following a pre-infarction. He asserts that he still has symptoms incompatible with an adequate state of cardiac health. He complains that, nonetheless, the respondent medical center gave him an appointment for August 3, 2029, a timeframe he considers disproportionate.\n\nII.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent omitted to refer to them as provided in the initial order:\n\na) The petitioner is a 75-year-old older adult, who has been assessed in the Cardiology Specialty of the San Rafael de Alajuela Hospital for presenting coronary artery disease, with the last care being on August 12, 2025, where chronic management and treatment were provided and an appointment in 12 months was indicated. Furthermore, it is verified in the digital file that the petitioner has a scheduled echocardiogram appointment on September 13, 2027, and a follow-up appointment on August 3, 2029 (see the report rendered and the evidence provided).\n\nb) On March 2, 2026, the resolution on the course of the action was notified to the respondent authority (see notification record).\n\nc) On the occasion of the amparo, on March 16, 2026, an echocardiogram was performed on the petitioner in the Cardiology Specialty of the San Rafael de Alajuela Hospital (see the report rendered and the evidence provided).\n\nd) On the occasion of the amparo, on April 9, 2026, the petitioner was assessed in the Cardiology Specialty of the San Rafael de Alajuela Hospital, where medical management and the respective treatment for his pathologies were provided (see the report rendered and the evidence provided).\n\nIII.- Regarding the right to health of older adults. The right to life recognized in numeral 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the republic rest. Likewise, the right to health finds its basis in that article of the political charter, since life is inconceivable if minimal conditions for an adequate and harmonious psychological, physical, and environmental balance are not guaranteed to the human person. Evidently, any delay by the hospitals, clinics, and other health care units of the Costa Rican Social Security Fund can have a negative impact on the preservation of the health and life of its users. Public entities, bodies, and officials owe themselves to the users with a clear and unequivocal vocation of service, since that has been the reason for their creation and existence. Thus, Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights establishes the right of every person to enjoy the highest possible level of physical and mental health, for which the State and its Institutions have the obligation to ensure the full effectiveness of that right through a series of positive actions and the exercise of regulatory, oversight, and health police powers. This translates into the duty of prevention and effective treatment of diseases, as well as the creation of conditions that ensure access to health services, under conditions of equality, for all persons. Added to this, what is provided in the Inter-American Convention on Protecting the Human Rights of Older Persons is of relevance, which, in Article 3, subsection k), establishes as a general principle good treatment and preferential attention. In congruence with the previous article, numeral 19 of the Convention states in its first subsection that States shall ensure preferential attention and universal, equitable, and timely access in quality comprehensive health services based on primary care, and take advantage of traditional, alternative, and complementary medicine, in accordance with national legislation and uses and customs. Likewise, in subsection m) of the same article, it is stipulated that the availability and access to medicines recognized as essential by the World Health Organization shall be guaranteed to older persons, including controlled medicines necessary for palliative care. Additionally, Article 6 of the aforementioned Convention indicates that States have the obligation to adopt the necessary measures in order to guarantee older adults an effective enjoyment of the right to life and the right to live with dignity in old age until the end of their days, and on equal terms with other sectors of the population. This obligation also entails taking measures so that older persons have non-discriminatory access to comprehensive care.\n\nIV.- On the merits. After analyzing the evidentiary elements provided, this Court verifies the violation of the amparo petitioner's right to health, who is an older adult. The foregoing, because in the report rendered by the representative of the respondent authority—which is taken as given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that the petitioner is a 75-year-old older adult, who has been assessed in the Cardiology Specialty of the San Rafael de Alajuela Hospital for presenting coronary artery disease, with the last care being on August 12, 2025, where chronic management and treatment were provided and an appointment in 12 months was indicated. Furthermore, it is verified in the digital file that the petitioner has a scheduled echocardiogram appointment on September 13, 2027, and a follow-up appointment on August 3, 2029.\n\nIn this sense, it is confirmed that the petitioner would have to wait more than 02 years for the echocardiogram to be performed and more than 04 years to be assessed, which are disproportionate timeframes, especially considering the patient's age (older adult) and his health condition. Thus, in the case of older adults, this Constitutional Court has indicated that they should not wait more than one month to receive the medical attention they require (see judgment No. 2018-20332 of 9:30 hours on December 5, 2018).\n\nTherefore, a violation of his right to health is established. Consequently, the appropriate course is to grant the action.\n\nNow, it is verified that, on the occasion of the amparo, on March 16, 2026, an echocardiogram was performed on the petitioner in the Cardiology Specialty of the San Rafael de Alajuela Hospital. Likewise, on the occasion of the amparo, on April 9, 2026, the petitioner was assessed in the Cardiology Specialty of the San Rafael de Alajuela Hospital, where medical management and the respective treatment for his pathologies were provided. Consequently, the appropriate course is to grant the action without a special award for costs, damages, and losses.\n\nV.- On the award of costs, damages, and losses in accordance with Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable”), the granting decision should be without a special award for costs, damages, and losses, based on the following considerations. Although there is an express text in the law that obliges the operative part of the judgment to indicate that the action is granted, when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that the same paragraph in fine states that the granting is ordered “solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable.” It is emphasized that the Law states “if they are applicable,” which means that the applicability or non-applicability of the indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases such as this one, the content of the claim of the protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it, suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an affectation of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, when it provides that: “every resolution that upholds the action shall award, in the abstract, the indemnification for the damages and losses caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment,” where the possibility of assessing whether or not indemnification and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, where applicable, those of International or Community Law and, additionally, in their order, the General Public Administration Law and the Contentious-Administrative Procedural Code and other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of Constitutional Jurisdiction -cfr. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, which responds to procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if they deem it appropriate, to a plenary proceeding in order to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority's criterion to resolve this action without an award for costs, damages, and losses.\n\nVI.- Note from Magistrate Rueda Leal. The issue of amparo actions related to the right to health and, above all, that of waiting lists in the Costa Rican Social Security Fund, are grievances that have become recurrent in the constitutional jurisdiction. This type of process has had an exponential increase, as the statistics of this Court reveal.\n\nNumber of health case files received by the Constitutional Chamber:\n\n| YEAR | HEALTH CASES |\n| --- | --- |\n| 2012 | 1745 |\n| 2013 | 1891 |\n| 2014 | 2710 |\n| 2015 | 3725 |\n| 2016 | 4865 |\n| 2017 | 5682 |\n| 2018 | 6932 |\n| 2019 | 7623 |\n| 2020 | 5912 |\n| 2021 | 7796 |\n| 2022 | 8310 |\n| 2023 | 12845 |\n| 2024 | 15300 |\n| 2025 | 17252 |\n\nFrom the table above, it is inferred that, with the exception of a single year (2020), from 2012 to date there has been a constant increase in matters filed for violation of the right to health. Likewise, the sharp increase in these matters during 2025 is highlighted, when this subject matter reached 43.21% of the Court's workload volume.\n\nOf those matters, a good number correspond to waiting lists. Regarding the above, this Court, in judgment no. 2019-005560 of 09:30 hours on March 29, 2019, declared the systematic and repeated violation by the Costa Rican Social Security Fund of the right to health of insured persons, specifically, by virtue of the phenomenon of waiting lists. As a consequence of the above, the Chamber ordered the development, within a period of six months counted from the notification of such pronouncement, of an integrated management system for the purpose of resolving the waiting lists and incorporating solutions to the structural causes of this problem, recognized by the Costa Rican Social Security Fund itself in its report rendered in case file no. Telf01, among which are indicated: lack of adequate infrastructure, population increase, epidemiological considerations, lack of an adequate system to cover the shortage of specialist doctors, equipment needs, and increasing demand from the first level of care, patient absenteeism from appointments at various medical centers of the respondent institution, among others. The cited integrated management system project must define reasonable waiting periods per pathology or related diagnostic groups according to symptomatology, the level of urgency, and the patient's conditions, as well as the objective criteria for specifying the inclusion and placement of a patient on the waiting lists. In addition to the above, the integrated management system project must take into account the particularities of populations in a state of vulnerability (older adults, indigenous persons, persons in a condition of poverty, mothers, children and adolescents, persons deprived of liberty, among others) and be guided by the constitutional principles of public service: efficiency, effectiveness, reasonableness, availability, accessibility, and universality. Consequently, with the vote in question, it is intended that the Costa Rican Social Security Fund—within the framework of its constitutional and legal competencies—take the required measures to mitigate the systematic and repeated violation of the right to health of the entity's patients. In addition to this, with the aim of following up on the compliance with the referenced judgment, the Constitutional Chamber convened an oral and public hearing for November 14, 2019. Likewise, it ordered the Office of the Ombudsperson to assist in the follow-up to the execution of such resolution. Thus, this intervention promotes the obligation of the Costa Rican Social Security Fund to execute actions to resolve the problem in question, so that the solution to this comes from the entity itself, not only from the resolutions of the Chamber.\n\nVII.- Partial dissenting vote of Magistrate Salazar Alvarado, solely regarding the lack of award of costs, damages, and losses against the respondent party.\n\nAlthough I concur with the rest of the Chamber in granting the action, I separate from the majority's criterion insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.\n\nThe Law of Constitutional Jurisdiction, in Article 52, provides that:\n\n“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable.”\n\nFurthermore, Article 51 ibidem establishes that:\n\n“...every resolution that upholds the action shall award, in the abstract, the indemnification for the damages and losses caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.”\n\nThis latter norm establishes the general system that regulates matters related to indemnification and the payment of costs, which the majority calls the “natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…”.\n\nIn the majority's criterion, Article 51, cited, regulates the cases in which the Chamber has deemed the grievance proven; and, as a consequence, the need for an award of costs, damages, and losses arises. However, in the opinion of the undersigned, from a systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court finds an injury to a fundamental right; and, therefore, grants the action, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo—a situation contemplated in Article 52, referred to—by mandate of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the award against the infringer of the indemnification for the damages and losses caused and the payment of the costs of the action. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a dissuasive means, so that the State does not incur again in the actions that gave rise to the granting of the action, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has deemed the grievance proven and has proceeded to address the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restoration of the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of these situations, the imperative need arises for an award of costs, damages, and losses against the infringer, whose foundation lies in the principles of protection of the rights of individuals and in the principle that the Administration must be held responsible for the damages and losses caused by its unconstitutional actions.\n\nThus, the fact that at the time the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act have already ceased, in the terms provided in Articles 50 and 52 of the cited law, does not nullify the applicability of the award of costs, damages, and losses, since such a case forms an integral part of the general system of necessary award in these respects contained in the Law of Constitutional Jurisdiction.\n\nFurthermore, it is clear that Article 52, mentioned, is applied only in cases where the Chamber, even though it has not addressed, nor ruled on the merits of the claim, has verified the violation that the protected party has suffered in their fundamental rights, by virtue of the restoration, in the enjoyment of those rights, that the Administration has agreed to in their favor; a situation which, as the majority of the Chamber affirms, implies an “abnormal termination of the proceeding.”\n\nThe legislator established and delimited, in a precise manner, the conditions under which this Chamber can decree that form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is in progress, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution that gave course to the amparo; and, 2) that there is an administrative or judicial resolution that orders, in an unmistakable manner, the revocation, halting, or suspension of the challenged action that violates fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of award of costs, damages, and losses, notwithstanding the granting of the action, by providing that, in the cases regulated therein, the action shall be granted “solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable.” As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the situations strictly contemplated in the norm, not only due to the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, an impairment of the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered due to the injury to their constitutional rights.\n\nIn my criterion, such exception must be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic award of costs, damages, and losses in the event of a violation of fundamental rights, that award is always applicable, even in the case where the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, halts, or suspends the challenged action, unless it is demonstrably and clearly evident that in the specific case no compensable harm whatsoever was caused. Only and solely in such cases could the respondent Administration be exempted from the payment of said items. As in this case, there is no element whatsoever that rebuts the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions—the specific determination of which does not correspond to this jurisdiction—the granting of this action must necessarily imply the award of costs, damages, and losses, and we so declare.\n\nAs an additional reason, it is worth highlighting that the dynamic and very essence of amparo proceedings does not have as its primary object the analysis of the existence or not of damages and losses, but rather, of the existence or not of actions or omissions that may generate or produce a breach of the regime of fundamental rights of individuals. From that perspective, the analysis carried out by this venue concentrates on said verification, however, it does not delve into the consideration of whether those issues have generated or not injuries in the eminently patrimonial sphere of the protected persons. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, provides that said award (for damages, losses, and costs) operates, if applicable, we, the undersigned, do not consider that said examination of appropriateness can, a priori, be automatically excluded in this type of proceedings, to the extent that it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo action, the conducts or omissions attributable to the Administration (or private law subject, as appropriate), have been constituted as the adequate cause of lesions of a patrimonial nature that are legally indemnifiable. By way of reference, numerals 179 through 184 of the Contentious-Administrative Procedural Code, Law No. 8508, define a special proceeding whose object is the definition of the economic effects derived from awards ordered in these proceedings. In light of canon 179 of the same law, that proceeding has the following object:\n\n“ARTICLE 179.- The execution of judgments issued by the Constitutional Jurisdiction in habeas corpus and amparo proceedings against public-law entities falls to the Contentious-Administrative Court, solely with respect to the demonstration, liquidation, and satisfaction of pecuniary indemnifications.”\n\nIt is clear that this proceeding is directed toward the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an in abstracto condemnation for those items, since such claims would not be admissible in that type of case when the judgment rendered in the amparo proceeding expressly establishes the inadmissibility of damages, losses, and/or costs, as well as when there is no express pronouncement on this point. That is, the special proceeding in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non requirement, an express condemnation or pronouncement by this Constitutional Chamber. In that vein, in my view, pursuant to the aforementioned Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), the dispensation of that patrimonial condemnation requires proof, in each case, of circumstances from which the non-existence of patrimonial injuries, even potential ones, deriving from or associated with the facts analyzed, may be determined with stated reasons. Therefore, it is an exception, which, as such, requires qualified and duly grounded application on a case-by-case basis. The mere fact that, during the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial judgment is handed down that revokes, stops, or suspends the challenged action does not, per se, rule out that, prior to that cessation by the defendant entity’s own doing or by an external cause, the alleged indolence or reprehended disturbance may have caused damages and losses. However, such substantive questions, regarding the actuality of the injuries, their quantum, timely claim, etc., are considerations that fall outside the nature of these proceedings and with respect to which, in accordance with what is regulated by the aforementioned Article 52, they are proper to an in abstracto condemnation that later forms the basis for analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses, since, it is insisted, such is not their object or primary rationale. Thus, it is not for the amparo petitioner to claim or demonstrate damages, given that what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Then, whether those administrative acts have produced injuries to the petitioner is a matter that, as a matter of principle and save exceptional cases, does not form part of the basis for analysis in this type of case. Note that, in the scenario regulated by that article, the Constitutional Chamber does not perform a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus by the cited supervening circumstance. Ergo, in these cases, by legal imperative, the Chamber does not enter into assessing whether or not there is an infringement, and, consequently, much less can it be determined whether from what was denounced by the petitioner, there may or may not be situations of possible civil relief. Thus, the dispensation of condemnation to which that rule alludes is of an exceptional nature, not a matter of principle. Therefore, in those scenarios, the rule imposes condemnation in abstracto, so that its appropriateness can be analyzed in another plenary proceeding. Otherwise, if that release from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered injuries to their patrimonial sphere would be put at risk, to the detriment of what is established by precept 45 of the Political Constitution, and ignoring the potential liability of the Administration, as imposed by Article 9 ejusdem. Furthermore, it must not be overlooked that it was by virtue of such an action that a conduct was adopted that causes the cessation of the conducts that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the person. That is, for the purpose of obtaining the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by virtue of that, that the cessation of the reprehended disturbance occurs. It is insisted, if the persistence of the threat or deterioration of their situation while it was caused to cease by the causes alluded to in the rule under review generated damages and losses, this is a topic that, absent proof to the contrary, must be analyzed in an ordinary proceeding, but that, it is reiterated, must in no way be denied, as a budgeted matter, by the mere occurrence of the factual scenario regulated in the aforementioned Article 52 of the LJC. Therefore, with the utmost respect for the majority position, I express my vote and reiterate that the granting of this remedy must necessarily entail condemnation in abstracto for costs, damages, and losses.\n\nVIII.- Dissenting vote of Judge Garro Vargas regarding the operative part of this judgment. Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) provides: “If, while the amparo is under way, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the remedy shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if they are appropriate.”\n\nMy interpretation of that rule is the following: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if they are appropriate” refers to costs. What is more, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs.\n\nCertainly, in accordance with Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo remedy is not indemnificatory but restitutive; however, Article 51 of the LJC states: “Every resolution that grants the remedy shall condemn in abstracto to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the remedy, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.”\n\nIf the right has been violated and the Chamber so finds, even in the case where it has been restored, damages and losses may have arisen. For that reason, condemnation in abstracto for these is appropriate. If it were not done this way, if such condemnation were not given, in the event that they had indeed occurred, there would be no title – derived from this proceeding – to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If despite there being condemnation in abstracto, no damages and losses have occurred, the judge in the ordinary venue will so declare, for it is for him or her alone to find proven the real existence and the magnitude of the same.\n\nWith the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, it would encourage the Administration to respect rights only upon the filing of an amparo remedy. It remains to be said that Article 52 of the LJC foresees the possibility that, if it is considered fair, the Chamber may condemn to costs, even when the right has been restored.\n\nBy reason of the foregoing, I partially dissent from the operative part and order condemnation for damages and losses, but not for costs.\n\nIX.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE FILE. The parties are forewarned that if they have submitted any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material that is not withdrawn within this period shall be destroyed, pursuant to the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe remedy is granted, with no special condemnation for costs, damages, and losses. Judge Rueda Leal sets down a note. Judge Salazar Alvarado partially dissents and orders condemnation for damages, losses, and costs. Judge Garro Vargas partially dissents and orders condemnation for damages and losses, but not for costs. Notify.\n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\n 2LUI4OECXS861 \n\nFILE No. 26-005708-0007-CO \n\n \n\nTelephones: Telf02/ ALA-4TA (Telf03). Fax: Telf04 / Telf05. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro)." }