{ "id": "nexus-sen-1-0007-1393141", "citation": "Res. 17219-2026 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Derecho al agua y deber de instalación oportuna del servicio por AyA", "title_en": "Right to Water and AyA's Duty of Timely Service Connection", "summary_es": "La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) por la demora en la instalación de un nuevo servicio de agua potable. La persona recurrente alegó que, pese a que su solicitud fue aprobada el 3 de marzo de 2026, la conexión no se realizó sino hasta el 4 de mayo de 2026, incumpliendo el plazo reglamentario y afectando sus derechos a la salud, vida digna y acceso al agua. La Sala constató que, aunque el acceso al agua no es un derecho absoluto y pueden existir imposibilidades técnicas o jurídicas que justifiquen retrasos, en este caso la autoridad no acreditó ningún impedimento objetivo. La instalación se concretó durante la tramitación del amparo, por lo que el recurso fue declarado con lugar. Hubo división de criterios sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios, resultando la mayoría en no imponerla dada la satisfacción de la pretensión y la naturaleza del derecho invocado, mientras que votos salvados sostienen su procedencia automática.", "summary_en": "The Constitutional Chamber reviewed an amparo action against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) for delay in connecting a new potable water service. The petitioner argued that although the connection was approved on March 3, 2026, installation only occurred on May 4, 2026, violating regulatory deadlines and affecting his rights to health, dignified life, and access to water. The Chamber found that while access to water is not absolute and technical or legal impossibilities may justify delays, the authority failed to demonstrate any objective impediment. Since the connection was made during the amparo proceedings, the action was granted. The judges diverged on the issue of costs and damages: the majority declined to award them given the fulfillment of the request and the nature of the right involved, whereas dissenting votes argued for automatic condemnation.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "15/05/2026", "year": "2026", "topic_ids": [], "primary_topic_id": null, "es_concept_hints": [ "recurso de amparo", "derecho al agua potable", "AyA", "imposibilidad jurídica o material", "condena en abstracto", "NIS", "ARESEP", "rezagos internos" ], "article_citations": [], "keywords_es": [ "agua potable", "amparo", "AyA", "instalación de servicio", "derecho al agua", "plazo reglamentario", "rezagos internos", "imposibilidad técnica", "condenatoria en costas", "Sala Constitucional" ], "keywords_en": [ "drinking water", "amparo", "AyA", "service connection", "right to water", "regulatory deadline", "internal backlog", "technical impossibility", "costs award", "Constitutional Chamber" ], "excerpt_es": "IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. ... En ese sentido, conforme al precedente jurisprudencial citado en el considerando anterior, esta Sala ha reconocido que el derecho de acceso al agua potable no es absoluto y que pueden existir supuestos excepcionales de imposibilidad jurídica o material que impidan temporalmente la prestación del servicio. Sin embargo, también ha sido clara la jurisprudencia constitucional en señalar que tales limitaciones deben encontrarse objetiva y razonablemente fundamentadas, de manera que no respondan a actuaciones arbitrarias, antojadizas o derivadas de simples deficiencias administrativas. Precisamente, en el sub examine, no se acreditó la existencia de obstáculos técnicos relacionados con la ausencia de red de distribución, insuficiencia de infraestructura, incumplimiento de requisitos reglamentarios o cualquier otra circunstancia material que imposibilitara la instalación del servicio aprobado. \n\nNo obstante lo anterior, dado que durante la tramitación de este recurso, concretamente el 04 de mayo de 2026, la autoridad recurrida procedió con la instalación efectiva del servicio de agua potable solicitado, lo procedente es declarar con lugar el recurso, sin condenatoria en costas daños y perjuicios, dado que la gestión presentada por la parte recurrente ya fue atendida por la autoridad recurrida.", "excerpt_en": "IV.- ON THE SPECIFIC CASE. ... In that sense, pursuant to the jurisprudential precedent cited in the previous recital, this Chamber has recognized that the right to access potable water is not absolute and that there may be exceptional cases of legal or material impossibility that temporarily prevent the provision of the service. However, constitutional case law has also been clear in stating that such limitations must be objectively and reasonably grounded, so that they do not result from arbitrary, whimsical acts or mere administrative deficiencies. Precisely, in the case at hand, no technical obstacles were proven related to the absence of a distribution network, insufficient infrastructure, failure to meet regulatory requirements, or any other material circumstance that would prevent the installation of the approved service. \n\nNonetheless, given that during the processing of this appeal, specifically on May 4, 2026, the respondent authority proceeded with the effective connection of the requested potable water service, it is appropriate to grant the appeal, without awarding costs or damages, since the petition filed by the appellant has already been addressed by the respondent authority.", "outcome": { "label_en": "Granted", "label_es": "Con lugar", "summary_en": "The Chamber granted the amparo appeal due to the unjustified delay in connecting the potable water service, without awarding costs or damages, by majority vote.", "summary_es": "La Sala declaró con lugar el recurso de amparo por la demora injustificada en la instalación del servicio de agua potable, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, por voto de mayoría." }, "pull_quotes": [ { "context": "Sentencia N° 2010-1516 citada en Considerando III", "quote_en": "as long as the failure to provide potable water service is not a capricious, arbitrary, or unfounded act, but is justified by legal or material impossibility, we are not facing a violation of fundamental rights", "quote_es": "siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales" }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "no technical obstacles were proven related to the absence of a distribution network, insufficient infrastructure, failure to meet regulatory requirements, or any other material circumstance that would prevent the installation of the approved service", "quote_es": "no se acreditó la existencia de obstáculos técnicos relacionados con la ausencia de red de distribución, insuficiencia de infraestructura, incumplimiento de requisitos reglamentarios o cualquier otra circunstancia material que imposibilitara la instalación del servicio aprobado" } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1393141", "tier": 2, "is_environmental": true, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "\n\nExp: 26-012977-0007-CO \n\nRes. Nº 2026017219\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del quince de mayo de dos mil veintiseis .\n\n Recurso de amparo que se tramita en el expediente número 26-012977-0007-CO interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.\n\nRESULTANDO:\n\n1.- Por escrito recibido en esta Sala a las 08:15 hrs. del 15 de abril de 2026, la parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que, el 3 de marzo de 2026 el AyA aprobó su solicitud para un nuevo servicio de agua potable bajo el NIS 5573271 (Solicitud CED02) correspondiente a la propiedad ubicada en Moravia, San Jerónimo, Dirección01. Que según lo dispuesto en el Reglamento de ARESEP, el plazo de instalación es de 8 días naturales, plazo que venció desde el 11 de marzo de 2026, sin que la misma se haya realizado. Que al consultar por el retraso, el AyA le indicó formalmente que, por \"rezagos internos\", la instalación se había programado para la semana del 29 de junio de 2026, es decir, casi cuatro meses después de la aprobación. Que acudió también a la ARESEP \"(….) (Gestión GD-004382-2026), la cual emitió el oficio OF-0741- DGAU-2026 otorgando 10 días hábiles al AyA para resolver. Dicho plazo venció y el AyA persiste en su omisión, manteniéndome sin acceso al agua potable. 5. Esta situación violenta mi derecho fundamental a la salud, a la vida digna y el acceso al agua, supeditando un derecho básico a la ineficiencia administrativa del prestador (…)\".\n\n2.- Mediante auto de las 10:50 hrs. del 29 de abril de 2026 se cursó el presente recurso y se notificó a las autoridades recurridas el 29 de abril de 2026.\n\n3.- Por escrito presentado el 05 mayo de 2026, informa bajo juramento INGRID JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, en condición de Jefa del Área de Disponibilidades y Nuevos Servicios del GAM de la Región Metropolitana del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que: “(…) En atención a la situación objeto del amparo planteado por el señor Nombre01, contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, con fundamento en los informes técnicos elaborados por Román Naranjo Venegas, funcionario de la UEN Servicio Al Cliente Zona IV GAM, mediante memorando N°UEN-SCZIV-GAM-2026-00312 de fecha 30 de abril del 2026 y por Verónica Alvarado González, funcionaria de la UEN Servicio al Cliente Medición GAM, mediante Memorando N°EN-SCMED-GAM-2026-00778 de fecha 04 de mayo del 2026 y su anexo, los cuales se adjuntan como prueba de este informe, y el alcance de la norma que al efecto se regula en el Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, queda demostrado que: 1. La solicitud de Nuevo Servicio fue recibida en la Plataforma de Guadalupe, la cual ingresa la respectiva solicitud al sistema el 22 de enero del 2026 con el número , plano catastro , matrícula 1-00729038-002 a nombre Nombre01 para la obtención de un servicio de Agua Potable, asociado a la propiedad situada en San José, Moravia, San Jeronimo, Dirección01, frente a Ebanistería 21,1. (Ver informes N°UEN-SCZIV-GAM-2026-00312 y N°UEN-SCMED-GAM-2026-00778). Lo anterior se evidencia con las siguientes imágenes: (…) 2. La solicitud en cuestión se recibió en el Área de Inspección de Factibilidad Zona 4, el día 11 de febrero del 2026; se procedió de inmediato con la verificación de cumplimiento de los requisitos establecidos en los Artículos 67 y 68 del Reglamento de Prestación de los Servicios de AyA, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 27, Alcance No. 29 del 9 de febrero de 2021, Acuerdo de la Junta Directiva 2020-0442 y sus modificaciones. El día 13 de febrero del 2026 se programó el expediente para la inspección de Factibilidad correspondiente a cargo de inspector de AyA, quién indica: “se aprueba 1 nuevo servicio para construcción de vivienda, en tarifa Domiciliar - Residencial, asfalto, sin alcantarillado” . El día 27 de febrero del 2026, el Área de Inspección de Factibilidad Zona 4 trasladó el expediente aprobado Nº P14132026010019 al Área de Catastro con el fin de que valorara y confirmara la codificación respectiva de la propiedad. Esa dependencia remitió el expediente con los códigos correspondientes el día 02 de marzo del 2026, al Área de Análisis y Depuración y a su vez en fecha 03 de marzo del 2026 a las 07:48 a.m. se le notificó al usuario la aprobación del servicio solicitado mediante el correo ...01. La programación e instalación del servicio fue ejecutada el 04 de mayo del 2026, asignándosele el NIS 5573271 mediante orden 53905603. (Ver informes N°UEN-SCZIV-GAM-2026-00312 y N°UEN-SCMED-GAM- 2026-00778). Lo anterior se evidencia con las siguientes imágenes: (…)”\n\n4.- Por escrito presentado el 05 mayo de 2026, informa bajo juramento LOURDES SÁUREZ BARBOZA, en condición de Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que: “(…) En atención a la situación objeto del amparo planteado por el señor Nombre01, contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, con fundamento en los informes técnicos elaborados por Román Naranjo Venegas, funcionario de la UEN Servicio Al Cliente Zona IV GAM, mediante memorando N°UEN-SCZIV-GAM-2026-00312 de fecha 30 de abril del 2026 y por Verónica Alvarado González, funcionaria de la UEN Servicio al Cliente Medición GAM, mediante Memorando N°EN-SCMED-GAM-2026-00778 de fecha 04 de mayo del 2026 y su anexo, los cuales se adjuntan como prueba de este informe, y el alcance de la norma que al efecto se regula en el Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, queda demostrado que: 1. La solicitud de Nuevo Servicio fue recibida en la Plataforma de Guadalupe, la cual ingresa la respectiva solicitud al sistema el 22 de enero del 2026 con el número , plano catastro , matrícula 1-00729038-002 a nombre Nombre01 para la obtención de un servicio de Agua Potable, asociado a la propiedad situada en San José, Moravia, San Jeronimo, Dirección01, frente a Ebanistería 21,1. (Ver informes N°UEN-SCZIV-GAM-2026-00312 y N°UEN-SCMED-GAM-2026-00778). Lo anterior se evidencia con las siguientes imágenes: (…) 2. La solicitud en cuestión se recibió en el Área de Inspección de Factibilidad Zona 4, el día 11 de febrero del 2026; se procedió de inmediato con la verificación de cumplimiento de los requisitos establecidos en los Artículos 67 y 68 del Reglamento de Prestación de los Servicios de AyA, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 27, Alcance No. 29 del 9 de febrero de 2021, Acuerdo de la Junta Directiva 2020-0442 y sus modificaciones. El día 13 de febrero del 2026 se programó el expediente para la inspección de Factibilidad correspondiente a cargo de inspector de AyA, quién indica: “se aprueba 1 nuevo servicio para construcción de vivienda, en tarifa Domiciliar - Residencial, asfalto, sin alcantarillado” . El día 27 de febrero del 2026, el Área de Inspección de Factibilidad Zona 4 trasladó el expediente aprobado Nº P14132026010019 al Área de Catastro con el fin de que valorara y confirmara la codificación respectiva de la propiedad. Esa dependencia remitió el expediente con los códigos correspondientes el día 02 de marzo del 2026, al Área de Análisis y Depuración y a su vez en fecha 03 de marzo del 2026 a las 07:48 a.m. se le notificó al usuario la aprobación del servicio solicitado mediante el correo ...01. La programación e instalación del servicio fue ejecutada el 04 de mayo del 2026, asignándosele el NIS 5573271 mediante orden 53905603. (Ver informes N°UEN-SCZIV-GAM-2026-00312 y N°UEN-SCMED-GAM- 2026-00778). Lo anterior se evidencia con las siguientes imágenes: (…)”\n\n5.- En la substanciación de este proceso se han observado las prescripciones de ley.\n\n Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que, el 3 de marzo de 2026 el AyA aprobó su solicitud para un nuevo servicio de agua potable bajo el NIS 5573271 (Solicitud P14132026010019) correspondiente a la propiedad ubicada en Moravia, San Jerónimo, Dirección01. Que según lo dispuesto en el Reglamento de ARESEP, el plazo de instalación es de 8 días naturales, plazo que venció desde el 11 de marzo de 2026, sin que la misma se haya realizado. Que al consultar por el retraso, el AyA le indicó formalmente que, por \"rezagos internos\", la instalación se había programado para la semana del 29 de junio de 2026, es decir, casi cuatro meses después de la aprobación. Que acudió también a la ARESEP \"(….) (Gestión GD-004382-2026), la cual emitió el oficio OF-0741- DGAU-2026 otorgando 10 días hábiles al AyA para resolver. Dicho plazo venció y el AyA persiste en su omisión, manteniéndome sin acceso al agua potable. 5. Esta situación violenta mi derecho fundamental a la salud, a la vida digna y el acceso al agua, supeditando un derecho básico a la ineficiencia administrativa del prestador (…)\".\n\nII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\n\n1. El 22 de enero de 2026, la Plataforma de Guadalupe del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados recibió la solicitud de nuevo servicio de agua potable No. , correspondiente al plano catastrado y matrícula , a nombre de Nombre01, para una propiedad ubicada en San José, Moravia, San Jerónimo, Dirección01, frente a Ebanistería 21.1 (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\n\n2. El 11 de febrero de 2026, el Área de Inspección de Factibilidad Zona 4 recibió la solicitud de nuevo servicio y procedió con la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 67 y 68 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA. (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas)\n\n3. El 13 de febrero de 2026, el expediente No. P14132026010019 fue programado para la inspección de factibilidad correspondiente, aprobándose un nuevo servicio para construcción de vivienda en tarifa domiciliar-residencial, en vía asfaltada y sin alcantarillado (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\n\n4. El 27 de febrero de 2026, el Área de Inspección de Factibilidad Zona 4 trasladó el expediente aprobado al Área de Catastro para la valoración y confirmación de la codificación de la propiedad (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\n\n5. El 02 de marzo de 2026, el Área de Catastro remitió el expediente con los códigos correspondientes al Área de Análisis y Depuración (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\n\n6. El 03 de marzo de 2026, a las 07:48 horas, se notificó al usuario la aprobación del servicio solicitado mediante el correo electrónico ...01 (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\n\n7. Mediante auto de las 10:50 hrs. del 29 de abril de 2026 se cursó el presente recurso y se notificó a las autoridades recurridas el 29 de abril de 2026 (los autos). \n\n8. El 04 de mayo de 2026, se ejecutó la instalación del servicio de agua potable solicitado, asignándosele el NIS 5573271 mediante la orden No. 53905603 (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).\n\n \n\nIII.- ANTECEDENTE. Este Tribunal ha considerado, que si bien existe un derecho fundamental al agua potable su ejercicio no es indiscriminado, ya que no hay una obligación de los entes que prestan ese servicio de brindarlo en cualesquiera condiciones y oportunidad. Así, esta Sala en la Sentencia N° 2010-1516 de las 18:36 horas del 26 de enero de 2010 se refirió a las imposibilidades técnicas o legales para brindar el servicio de agua potable. En esa oportunidad estableció lo siguiente: “IV.- Sobre como la imposibilidad jurídica o formal para dotar del servicio de agua potable no es violatorio de derechos fundamentales.- Reiterada jurisprudencia de esta Sala ha indicado que el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, y que como tal, todo prestador de servicios públicos –sea sujeto público o sujeto privado- está obligado a prestar el servicio de forma continua, eficiente, en condiciones de igualdad y debiendo adaptarse a los cambios tecnológicos (véase al respecto la sentencia 2001-09676 de las once horas veinticinco minutos del veintiséis de setiembre del dos mil uno y la sentencia 2004-08161 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintitrés de julio del dos mil cuatro). En este sentido, resulta claro concluir que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al ser uno de los entes estatales encargado de la prestación del servicio público de agua potable, está obligado también a prestar este servicio de forma continua, adaptable, eficiente y por igual a todos los habitantes. Ahora bien, a pesar de todo lo que se acaba de establecer, también la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha indicado que, frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad formal (que es la falta de una Red de Distribución de Aguas), es razonable no atender las solicitudes de servicio o solicitar que el interesado asuma los costos de instalación cuando no exista red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura. Así, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la falta de infraestructura. Por supuesto, el AyA como un ente estatal encargado mayormente de la prestación del servicio de agua potable, tiene la obligación de ir expandiendo su infraestructura para que tengan acceso a este preciado líquido cada vez más y más personas, pero mientras queden vacíos resulta indispensable la colaboración de los interesados (véase las resoluciones N.º 2006-014218 de las quince horas y cuatro minutos del veintiséis de septiembre del dos mil seis y Nº 2007-11190 de las catorce horas y treinta y seis minutos del siete de agosto del dos mil siete). En otras palabras, siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales\". \n\nIV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal acredita la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, el 03 de marzo de 2026, la autoridad recurrida notificó al amparado la aprobación del servicio de agua potable solicitado bajo el NIS 5573271. Asimismo, se tuvo por demostrado que la instalación efectiva del servicio se realizó hasta el 04 de mayo de 2026, esto es, aproximadamente dos meses después de aprobada la gestión. Sobre el particular, la parte recurrente alegó que el retraso obedeció a “rezagos internos” de la institución y que, incluso, la instalación había sido inicialmente programada para finales de junio de 2026. Por su parte, las autoridades recurridas se limitaron a informar sobre el trámite seguido y la posterior ejecución de la instalación, sin acreditar la existencia de alguna imposibilidad técnica, material o jurídica que justificara válidamente la dilación acusada.\n\nEn ese sentido, conforme al precedente jurisprudencial citado en el considerando anterior, esta Sala ha reconocido que el derecho de acceso al agua potable no es absoluto y que pueden existir supuestos excepcionales de imposibilidad jurídica o material que impidan temporalmente la prestación del servicio. Sin embargo, también ha sido clara la jurisprudencia constitucional en señalar que tales limitaciones deben encontrarse objetiva y razonablemente fundamentadas, de manera que no respondan a actuaciones arbitrarias, antojadizas o derivadas de simples deficiencias administrativas. Precisamente, en el sub examine, no se acreditó la existencia de obstáculos técnicos relacionados con la ausencia de red de distribución, insuficiencia de infraestructura, incumplimiento de requisitos reglamentarios o cualquier otra circunstancia material que imposibilitara la instalación del servicio aprobado. \n\nNo obstante lo anterior, dado que durante la tramitación de este recurso, concretamente el 04 de mayo de 2026, la autoridad recurrida procedió con la instalación efectiva del servicio de agua potable solicitado, lo procedente es declarar con lugar el recurso, sin condenatoria en costas daños y perjuicios, dado que la gestión presentada por la parte recurrente ya fue atendida por la autoridad recurrida.\n\nV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nVII.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.\n\nSi bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.\n\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:\n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:\n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.\n\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio de los suscritos, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.\n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.\n\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.\n\nEn mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.\n\nComo razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:\n\n“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.\n\nEs claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a nuestro juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.\n\n VIII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.\n\nEn razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.\n\n IX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, deberá retirarlos del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara CON LUGAR el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n IYTFJUTMKDW61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-012977-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección02, Dirección03, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).", "body_en_text": "Exp: 26-012977-0007-CO\n\nRes. No. 2026017219\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the fifteenth of May of two thousand twenty-six.\n\nAmparo action processed under case file number 26-012977-0007-CO filed by Nombre01, identity card CED01, against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS.\n\nWHEREAS:\n\n1.- By filing received in this Chamber at 08:15 hrs. on April 15, 2026, the petitioner files an amparo action and states that, on March 3, 2026, AyA approved their application for a new potable water service under NIS 5573271 (Application CED02) for the property located in Moravia, San Jerónimo, Dirección01. That according to the provisions of the ARESEP Regulation, the installation period is 8 calendar days, a period that expired on March 11, 2026, without the installation having been carried out. That upon inquiring about the delay, AyA formally indicated that, due to \"internal backlogs,\" the installation had been scheduled for the week of June 29, 2026, that is, almost four months after approval. That they also went to ARESEP \"(….) (Proceeding GD-004382-2026), which issued official letter OF-0741- DGAU-2026 granting AyA 10 business days to resolve. Said period expired and AyA persists in its omission, keeping me without access to potable water. 5. This situation violates my fundamental right to health, a dignified life, and access to water, subordinating a basic right to the administrative inefficiency of the provider (…)\".\n\n2.- By order issued at 10:50 hrs. on April 29, 2026, this action was processed and the respondent authorities were notified on April 29, 2026.\n\n3.- By filing submitted on May 5, 2026, INGRID JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, in her capacity as Head of the Area of Availabilities and New Services of the GAM of the Metropolitan Region of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, reports under oath that: \"(…) In response to the situation subject of the amparo action filed by Mr. Nombre01 against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, based on the technical reports prepared by Román Naranjo Venegas, an official of the UEN Servicio Al Cliente Zona IV GAM, via memorandum N°UEN-SCZIV-GAM-2026-00312 dated April 30, 2026, and by Verónica Alvarado González, an official of the UEN Servicio al Cliente Medición GAM, via Memorandum N°EN-SCMED-GAM-2026-00778 dated May 4, 2026, and its annex, which are attached as evidence to this report, and the scope of the norm regulated for this purpose in the Regulation for the Provision of AyA Services, it is demonstrated that: 1. The New Service application was received at the Guadalupe Platform, which entered the respective application into the system on January 22, 2026, with number , cadastral map , registration 1-00729038-002 in the name of Nombre01 for obtaining a Potable Water service, associated with the property located in San José, Moravia, San Jeronimo, Dirección01, in front of Ebanistería 21.1. (See reports N°UEN-SCZIV-GAM-2026-00312 and N°UEN-SCMED-GAM-2026-00778). The foregoing is evidenced by the following images: (…) 2. The application in question was received in the Zone 4 Feasibility Inspection Area (Área de Inspección de Factibilidad Zona 4) on February 11, 2026; it was immediately proceeded with the verification of compliance with the requirements established in Articles 67 and 68 of the Regulation for the Provision of AyA Services, Published in the Official Gazette La Gaceta No. 27, Scope No. 29 of February 9, 2021, Board of Directors Agreement 2020-0442 and its modifications. On February 13, 2026, the file was scheduled for the corresponding Feasibility inspection by an AyA inspector, who indicates: “1 new service for housing construction is approved, at a Domestic - Residential rate, asphalt, without sewerage.” On February 27, 2026, the Zone 4 Feasibility Inspection Area forwarded the approved file No. P14132026010019 to the Cadastre Area (Área de Catastro) so that it could assess and confirm the respective codification of the property. That unit sent the file with the corresponding codes on March 2, 2026, to the Analysis and Debugging Area (Área de Análisis y Depuración), and in turn, on March 3, 2026, at 07:48 a.m., the user was notified of the approval of the requested service via email ...01. The scheduling and installation of the service was executed on May 4, 2026, assigning NIS 5573271 via order 53905603. (See reports N°UEN-SCZIV-GAM-2026-00312 and N°UEN-SCMED-GAM- 2026-00778). The foregoing is evidenced by the following images: (…)”\n\n4.- By filing submitted on May 5, 2026, LOURDES SÁUREZ BARBOZA, in her capacity as Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, reports under oath that: \"(…) In response to the situation subject of the amparo action filed by Mr. Nombre01 against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, based on the technical reports prepared by Román Naranjo Venegas, an official of the UEN Servicio Al Cliente Zona IV GAM, via memorandum N°UEN-SCZIV-GAM-2026-00312 dated April 30, 2026, and by Verónica Alvarado González, an official of the UEN Servicio al Cliente Medición GAM, via Memorandum N°EN-SCMED-GAM-2026-00778 dated May 4, 2026, and its annex, which are attached as evidence to this report, and the scope of the norm regulated for this purpose in the Regulation for the Provision of AyA Services, it is demonstrated that: 1. The New Service application was received at the Guadalupe Platform, which entered the respective application into the system on January 22, 2026, with number , cadastral map , registration 1-00729038-002 in the name of Nombre01 for obtaining a Potable Water service, associated with the property located in San José, Moravia, San Jeronimo, Dirección01, in front of Ebanistería 21.1. (See reports N°UEN-SCZIV-GAM-2026-00312 and N°UEN-SCMED-GAM-2026-00778). The foregoing is evidenced by the following images: (…) 2. The application in question was received in the Zone 4 Feasibility Inspection Area (Área de Inspección de Factibilidad Zona 4) on February 11, 2026; it was immediately proceeded with the verification of compliance with the requirements established in Articles 67 and 68 of the Regulation for the Provision of AyA Services, Published in the Official Gazette La Gaceta No. 27, Scope No. 29 of February 9, 2021, Board of Directors Agreement 2020-0442 and its modifications. On February 13, 2026, the file was scheduled for the corresponding Feasibility inspection by an AyA inspector, who indicates: “1 new service for housing construction is approved, at a Domestic - Residential rate, asphalt, without sewerage.” On February 27, 2026, the Zone 4 Feasibility Inspection Area forwarded the approved file No. P14132026010019 to the Cadastre Area (Área de Catastro) so that it could assess and confirm the respective codification of the property. That unit sent the file with the corresponding codes on March 2, 2026, to the Analysis and Debugging Area (Área de Análisis y Depuración), and in turn, on March 3, 2026, at 07:48 a.m., the user was notified of the approval of the requested service via email ...01. The scheduling and installation of the service was executed on May 4, 2026, assigning NIS 5573271 via order 53905603. (See reports N°UEN-SCZIV-GAM-2026-00312 and N°UEN-SCMED-GAM- 2026-00778). The foregoing is evidenced by the following images: (…)”\n\n5.- In the processing of this proceeding, the prescriptions of law have been observed.\n\nDrafted by Judge Cruz Castro; and,\n\nConsidering:\n\nI.- SUBJECT OF THE ACTION. The petitioner files an amparo action and states that, on March 3, 2026, AyA approved their application for a new potable water service under NIS 5573271 (Application P14132026010019) for the property located in Moravia, San Jerónimo, Dirección01. That according to the provisions of the ARESEP Regulation, the installation period is 8 calendar days, a period that expired on March 11, 2026, without the installation having been carried out. That upon inquiring about the delay, AyA formally indicated that, due to \"internal backlogs,\" the installation had been scheduled for the week of June 29, 2026, that is, almost four months after approval. That they also went to ARESEP \"(….) (Proceeding GD-004382-2026), which issued official letter OF-0741- DGAU-2026 granting AyA 10 business days to resolve. Said period expired and AyA persists in its omission, keeping me without access to potable water. 5. This situation violates my fundamental right to health, a dignified life, and access to water, subordinating a basic right to the administrative inefficiency of the provider (…)\".\n\nII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent authority has omitted to refer to them, as provided in the initial order:\n\n1. On January 22, 2026, the Guadalupe Platform of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers received the application for a new potable water service No. , corresponding to the cadastral map and registration , in the name of Nombre01, for a property located in San José, Moravia, San Jerónimo, Dirección01, in front of Ebanistería 21.1 (see report rendered by the respondent authorities).\n\n2. On February 11, 2026, the Zone 4 Feasibility Inspection Area received the new service application and proceeded with the verification of compliance with the requirements established in Articles 67 and 68 of the Regulation for the Provision of AyA Services. (see report rendered by the respondent authorities)\n\n3. On February 13, 2026, file No. P14132026010019 was scheduled for the corresponding feasibility inspection, approving a new service for housing construction at a domestic-residential rate, on an asphalted road and without sewerage (see report rendered by the respondent authorities).\n\n4. On February 27, 2026, the Zone 4 Feasibility Inspection Area forwarded the approved file to the Cadastre Area for the assessment and confirmation of the property codification (see report rendered by the respondent authorities).\n\n5. On March 2, 2026, the Cadastre Area sent the file with the corresponding codes to the Analysis and Debugging Area (see report rendered by the respondent authorities).\n\n6. On March 3, 2026, at 07:48 hours, the user was notified of the approval of the requested service via email ...01 (see report rendered by the respondent authorities).\n\n7. By order issued at 10:50 hrs. on April 29, 2026, this action was processed and the respondent authorities were notified on April 29, 2026 (the orders).\n\n8. On May 4, 2026, the installation of the requested potable water service was executed, assigning NIS 5573271 via order No. 53905603 (see report rendered by the respondent authorities).\n\nIII.- PRECEDENT. This Court has considered that, although there is a fundamental right to potable water, its exercise is not indiscriminate, since there is no obligation on the entities providing that service to provide it under any conditions and at any time. Thus, this Chamber, in Judgment No. 2010-1516 at 18:36 hours on January 26, 2010, referred to the technical or legal impossibilities of providing the potable water service. On that occasion, it established the following: “IV.- On how legal or formal impossibility to provide potable water service is not a violation of fundamental rights.- Repeated jurisprudence of this Chamber has indicated that the supply of potable water is considered within the Costa Rican legal system as a public service, and that as such, every public service provider –whether a public or private subject– is obligated to provide the service continuously, efficiently, under conditions of equality, and must adapt to technological changes (see in this regard judgment 2001-09676 at eleven hours twenty-five minutes on September twenty-six, two thousand one, and judgment 2004-08161 at ten hours fifty-three minutes on July twenty-three, two thousand four). In this sense, it is clear to conclude that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, being one of the state entities responsible for providing the public service of potable water, is also obligated to provide this service continuously, adaptably, efficiently, and equally to all inhabitants. Now, despite everything just established, the jurisprudence of this Constitutional Court has also indicated that, in the face of legal impossibility (which is the failure to comply with requirements established in the respective regulations) or in the face of formal impossibility (which is the lack of a Water Distribution Network), it is reasonable not to attend to service requests or to request that the interested party assume the installation costs when there is no potable water distribution network and infrastructure construction is needed. Thus, in these cases, it has been clear that it is not a denial of access to the potable water service, but rather the impossibility of providing it or the necessary participation of the interested party in overcoming a technical impossibility, which is the lack of infrastructure. Of course, AyA, as a state entity primarily responsible for the provision of potable water service, has the obligation to continually expand its infrastructure so that more and more people have access to this precious liquid, but while gaps remain, the collaboration of the interested parties is indispensable (see resolutions No. 2006-014218 at fifteen hours and four minutes on September twenty-six, two thousand six, and No. 2007-11190 at fourteen hours and thirty-six minutes on August seven, two thousand seven). In other words, provided that the failure to provide potable water service is not a capricious, arbitrary, or unfounded action, but is justified by legal or material impossibility, we are not facing a violation of fundamental rights.\"\n\nIV.- ON THE SPECIFIC CASE. After analyzing the evidentiary elements provided, this Court finds that the fundamental rights of the protected party have been harmed. From the reports rendered by the representatives of the respondent authorities – which are taken as given under oath with the consequences, including criminal ones, provided in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction – and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that, on March 3, 2026, the respondent authority notified the protected party of the approval of the potable water service requested under NIS 5573271. Likewise, it was proven that the effective installation of the service was not carried out until May 4, 2026, that is, approximately two months after the procedure was approved. In this regard, the petitioner alleged that the delay was due to “internal backlogs” of the institution and that, indeed, the installation had initially been scheduled for late June 2026. For their part, the respondent authorities limited themselves to reporting on the procedure followed and the subsequent execution of the installation, without proving the existence of any technical, material, or legal impossibility that would validly justify the alleged delay.\n\nIn this sense, according to the jurisprudential precedent cited in the previous considering, this Chamber has recognized that the right of access to potable water is not absolute and that there may be exceptional cases of legal or material impossibility that temporarily prevent the provision of the service. However, constitutional jurisprudence has also been clear in stating that such limitations must be objectively and reasonably grounded, such that they do not result from arbitrary, capricious actions, or those derived from simple administrative deficiencies. Precisely, in the case at hand, the existence of technical obstacles related to the absence of a distribution network, infrastructure insufficiency, non-compliance with regulatory requirements, or any other material circumstance that made the installation of the approved service impossible was not proven.\n\nNotwithstanding the foregoing, given that during the processing of this action, specifically on May 4, 2026, the respondent authority proceeded with the effective installation of the requested potable water service, it is appropriate to grant the action, without a ruling on costs, damages, and losses, given that the claim presented by the petitioner has already been addressed by the respondent authority.\n\nV.- ON THE RULING ON COSTS, DAMAGES, AND LOSSES PURSUANT TO ARTICLE 52 OF THE LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the case at hand, pursuant to the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable”), the granting must be without a special ruling on costs, damages, and losses, based on the following considerations. Although there is an express text in the law that obligates the operative part of the ruling to indicate that the action is granted, when the grievance is resolved while the amparo is pending, it is no less true that the same paragraph in fine refers that the granting is ordered “solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable.” It is emphasized that the Law indicates “if they are applicable,” which means that the applicability or non-applicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases like this, the content of the petitioner's claim and the respondent authority's conduct in acknowledging it suggest that the alleged detriments, harms, or alterations are not directly referred to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an impact on the right to a salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provision of Article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, when it states that: “every resolution that upholds the action shall order in abstract the compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment,” where the possibility of assessing whether or not compensation and costs apply is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law, or, as applicable, those of International or Community Law, and, additionally, in their order, the General Law of Public Administration and the Administrative Contentious Procedure Code and other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of Constitutional Jurisdiction – cf. Article 14. For the administrative-contentious jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Administrative Contentious Procedure Code, which responds to the procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if they see fit, to a plenary proceeding to demonstrate that they have suffered some type of detriment. Based on the foregoing, it is the majority's criterion to resolve this action without a ruling on costs, damages, and losses.\n\nVII.- PARTIAL DISSENTING OPINION OF JUDGE SALAZAR ALVARADO, EXCLUSIVELY IN RELATION TO THE NON-RULING ON COSTS, DAMAGES, AND LOSSES AGAINST THE RESPONDENT PARTY.\n\nWhile I concur with the rest of the Chamber in granting the action, I separate myself from the majority's criterion insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs, damages, and losses derived from the harm caused to the fundamental rights of the protected party.\n\nThe Law of Constitutional Jurisdiction, in Article 52, provides that:\n\n“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable.”\n\nOn the other hand, Article 51 ibidem establishes that:\n\n“...every resolution that upholds the action shall order in abstract the compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.”\n\nThis latter norm establishes the general system that regulates the matter of compensation and payment of costs, and which the majority terms the “natural or normal form of termination of the process, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…”.\n\nIn the majority's criterion, Article 51, cited, regulates the cases in which the Chamber has found the grievance proven; and, consequently, the need for a ruling on costs, damages, and losses arises. However, in the judgment of the undersigned, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right, and therefore grants the action, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo – a case contemplated in Article 52, referred to – by mandate of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the ruling against the violator for the compensation of the damages and losses caused and the payment of the costs of the action. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the violating authorities; and, as a deterrent, so that the State does not incur again in the actions that gave basis for the granting of the action, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has found the grievance proven and has addressed the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restitution in the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of these cases, the imperative need for a ruling on costs, damages, and losses against the violator arises, whose foundation lies in the principles of protection of individuals' rights and that the Administration must be held responsible for the damages and losses it causes with its unconstitutional conduct.\n\nThus, the fact that, at the time the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act have already ceased, under the terms of Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the applicability of the ruling on costs, damages, and losses, as such a case forms an integral part of the general system of necessary ruling on these items contained in the Law of Constitutional Jurisdiction.\n\nFurthermore, it is clear that Article 52, mentioned, applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard, nor ruled on the merits of the claim, has verified the violation of fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restitution that the Administration has agreed to in their favor regarding the enjoyment of those rights; a situation that, as the majority of the Chamber affirms, implies an “abnormal termination of the process.”\n\nThe legislator established and precisely defined the conditions under which this Chamber may decree this form of abnormal conclusion of the amparo process, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is in progress, meaning that the Administration has been duly notified of the resolution processing the amparo; and, 2) that there exists an administrative or judicial resolution that provides, undoubtedly, for the revocation, cessation, or suspension of the challenged action that violated fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of ruling on costs, damages, and losses, notwithstanding the granting of the action, by providing that, in the cases regulated therein, the action shall be granted “solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable.” As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the cases strictly contemplated in the norm, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception undoubtedly imply a detriment to the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered due to the injury to their constitutional rights.\n\nIn my judgment, such exception must be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic ruling on costs, damages, and losses in the event of a violation of fundamental rights, such ruling is always applicable, even in the event that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is clearly and undoubtedly evident that in the specific case no compensable harm was caused. Only and exclusively in such cases could the respondent Administration be exempted from the payment of these items. As in this case, there is no element that disproves the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions – whose specific determination does not fall to this jurisdiction – the granting of this action must necessarily entail the ruling on costs, damages, and losses, and I so declare.\n\nAs an additional reason, it is worth noting that the dynamics and very essence of amparo proceedings do not have as their primary object the analysis of the existence or not of damages and losses, but rather, the existence or not of actions or omissions that may generate or produce a breach of the regime of fundamental rights of individuals. From this perspective, the analysis carried out by this venue concentrates on said verification, however, it does not enter into the weighing of whether these issues have or have not generated injuries in the purely patrimonial sphere of the protected persons. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, establishes that said ruling (on damages, losses, and costs) operates, if applicable, the undersigned does not consider that this examination of pertinence can, a priori, be automatically excluded in this type of proceeding, to the extent that it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo action, the conduct or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable), have constituted the adequate cause of patrimonial injuries that are legally compensable. As a reference, numerals 179 through 184 of the Administrative Contentious Procedure Code, Law No. 8508, define a special proceeding whose purpose is the definition of the economic effects derived from rulings ordered in these processes. In light of canon 179 ejusdem, that proceeding has the following purpose:\n\n“ARTICLE 179.- The Administrative-Contentious Court is responsible for the execution of judgments issued by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo proceedings against Public law subjects, solely regarding the demonstration, liquidation, and compliance with pecuniary compensation.”\n\nIt is clear that this process is directed toward the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber concerning an abstract award in those categories, since such claims would not be appropriate within those types of cases when the judgment rendered in the amparo proceeding expressly establishes the inappropriateness of damages, losses, and/or costs, or when there is no express pronouncement on this particular matter. That is to say, the special process in the Administrative-Contentious jurisdiction requires, as a sine qua non requirement, an award or express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that regard, in our view, under the terms of the aforementioned Article 52 of the \"LJC\", the waiver of that monetary award requires the demonstration, in each case, of situations from which it is determined, with reasoning, that there are no monetary injuries, even potential ones, derived from or associated with the facts analyzed. Therefore, it is an exception that, as such, requires a qualified and duly reasoned application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the course of the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial judgment is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action does not, per se, rule out that, prior to that cessation due to the respondent's own actions or external factors, the alleged negligence or condemned disturbance may have caused damages and losses. However, such substantive issues, concerning the actuality of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that fall outside the nature of these proceedings and regarding which, in accordance with the provisions of the aforementioned mandate 52, are inherent to an abstract award that subsequently forms the basis for analysis in the Administrative-Contentious Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses, as, it is stressed, that is not their object or primary ratio. Thus, the claim or demonstration of damages is not the responsibility of the protected person, given that what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Subsequently, whether those administrative actions have caused them injuries is an aspect that, as a matter of principle and except for exceptional cases, does not form part of the basis of analysis in this type of case. Note that, in the scenario regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not conduct a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the aforementioned supervening circumstance. Ergo, in these cases, by legal imperative, it does not proceed to assess whether or not there is a violation, and therefore, much less can it be determined whether, based on what was reported by the petitioner, situations of possible civil reparation may or may not exist. Thus, the waiver of an award referred to in that rule is exceptional in nature, not a principle. Therefore, in those scenarios, the rule imposes an abstract award, so that its appropriateness is analyzed within another plenary proceeding. Otherwise, if that release from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered injuries to their property sphere would be jeopardized, to the detriment of the provisions of Article 45 of the Political Constitution, and disregarding the potential liability of the Administration, as imposed by Article 9 ejusdem. Moreover, it must not be forgotten that it was by virtue of an action of that nature that conduct was adopted that caused the conduct that, in theory, threatens or violates the person's fundamental rights to cease. That is, in order to obtain the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by that virtue that the condemned disturbance ceased. It is stressed that whether the persistence of the threat or deterioration of their situation while it was made to cease due to the causes alluded to in the rule under examination generated damages and losses is a matter that, absent proof to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding, but that, it is reiterated, in no way should be denied as a premise by the mere realization of the factual scenario regulated in the aforementioned Article 52 of the \"LJC\". Therefore, with the usual respect for the majority's position, I state my dissenting vote and reiterate that the granting of this appeal must necessarily imply the abstract award of costs, damages, and losses.\n\nVIII.- DISSENTING VOTE OF JUSTICE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional, LJC) states: \"If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if these are appropriate.\"\n\nMy interpretation of that rule is as follows: That \"resolution\" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase \"if these are appropriate\" refers to costs. Indeed, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedure Code, cited by the majority, on the basis of Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs.\n\nCertainly, under the terms of Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to an amparo appeal is not compensatory but restitutive; however, Article 51 of the LJC states: \"Any resolution granting the appeal shall award in the abstract the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment.\"\n\nIf the right has been violated and the Chamber so verifies, even if it has been restored, damages and losses could have arisen. For this reason, the abstract award of these is appropriate. If this were not done, if such an award were not made, in the event that they indeed occurred, there would be no title—derived from this proceeding—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite there being an abstract award, no damages and losses occurred, the judge in the ordinary proceeding will so declare, since only that judge has the authority to deem the actual existence and magnitude of the same as proven.\n\nWith the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only when faced with an amparo appeal. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may award costs, even when the right has been restored.\n\nBy reason of the foregoing, I partially dissent from the operative part and order the award of damages and losses, but not costs.\n\nIX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The appellant is warned that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, they must withdraw them from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period shall be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Regulation on the Electronic Case File before the Judiciary\" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe appeal is declared GRANTED, with no special award of costs, damages, and losses. Justice Salazar Alvarado partially dissents and orders the award of damages, losses, and costs. Justice Garro Vargas partially dissents and orders the award of damages and losses, but not costs. Notify.\n\nFernando Castillo V.\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n-- Verification Code --\n\nIYTFJUTMKDW61\nFILE No. 26-012977-0007-CO\n\nTelephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección02, Dirección03, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro)." }