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  "id": "nexus-sen-1-0007-1393446",
  "citation": "Res. 17537-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Rechazo de amparo por desalojo en zona especial",
  "title_en": "Dismissal of amparo against eviction from special zone",
  "summary_es": "La Sala Constitucional rechazó de plano un recurso de amparo interpuesto por un ocupante de un terreno en Las Chorreras de Cutris, San Carlos, contra el SINAC. El recurrente alegaba que la orden de desalojo violaba sus derechos fundamentales, pues llevaba más de 35 años viviendo y trabajando la tierra con su familia y ganado lechero. Invocó la Ley N° 10489, que reformó la Ley N° 9577, la cual suspende los desalojos en zonas clasificadas como especiales hasta el 18 de junio de 2027. La Sala determinó que no se acreditó violación al debido proceso, ya que la autoridad administrativa comunicó previamente la orden de desalojo y concedió plazo para la defensa. Consideró que el reclamo sobre el derecho a permanecer en la zona es una cuestión de legalidad ordinaria, no de derechos fundamentales, por lo que el amparo no es la vía idónea. En consecuencia, el recurso fue rechazado por inadmisible.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber summarily dismissed an amparo action filed by an occupant of land in Las Chorreras de Cutris, San Carlos, against SINAC. The petitioner claimed that the eviction order violated his fundamental rights, having lived and worked the land with his family and dairy cattle for over 35 years. He invoked Law No. 10489, which amended Law No. 9577 and suspends evictions in areas classified as special zones until June 18, 2027. The Chamber found no due process violation, as the administrative authority had given prior notice of the eviction order and allowed time for a defense. It held that the claim to remain in the area is a matter of ordinary legality, not fundamental rights, making amparo an inappropriate remedy. The action was therefore dismissed as inadmissible.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "15/05/2026",
  "year": "2026",
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  "es_concept_hints": [
    "desalojo administrativo",
    "debido proceso",
    "zona especial",
    "Ley 9577",
    "Ley 10489",
    "SINAC",
    "recurso de amparo",
    "inadmisibilidad"
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  "keywords_es": [
    "amparo",
    "desalojo",
    "SINAC",
    "debido proceso",
    "zona especial",
    "Ley 9577",
    "Ley 10489",
    "inadmisibilidad",
    "legalidad ordinaria",
    "áreas silvestres protegidas"
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  "keywords_en": [
    "amparo",
    "eviction",
    "SINAC",
    "due process",
    "special zone",
    "Law 9577",
    "Law 10489",
    "inadmissibility",
    "ordinary legality",
    "protected wild areas"
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  "excerpt_es": "II. INADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Se le debe advertir al recurrente, que según se ha establecido reiteradamente en la jurisprudencia de esta jurisdicción, este Tribunal no es una instancia de legalidad que pueda revisar todos los extremos del procedimiento de desalojo, por lo que cualquier reclamo o disconformidad con lo actuado deberá plantearla dentro propio procedimiento o bien, en la sede jurisdiccional de legalidad ordinaria, por ser una cuestión que excede la naturaleza sumaria del recurso de amparo y la competencia de esta Sala. Por lo demás, en estos casos, el único derecho fundamental que esta jurisdicción puede analizar es el derecho al debido proceso (el cual se traduce en este caso, en una comunicación previa de la orden del desalojo y en el otorgamiento de un plazo para ejercer su derecho de defensa), por cuanto, los derechos infra-constitucionales que la parte amparada considera que tiene para permanecer como habitante de la zona es una cuestión de legalidad. En ese sentido, no observa este Tribunal que en el caso en concreto haya operado una violación al derecho de defensa y al debido proceso que le asiste a la parte recurrente, habida cuenta que la actuación administrativa se ha desplegado en el ejercicio de sus competencias y sin que se alegue arbitrariedad alguna en su accionar, ya que en acatamiento de las normas que rigen la materia no se ha procedido a un desalojo intempestivo, sino que se ha prevenido para que desaloje voluntariamente y aún le asisten remedios en contra de la ejecución del acto administrativo.",
  "excerpt_en": "II. INADMISSIBILITY OF THE APPEAL. The petitioner must be warned that, as repeatedly established in the case law of this jurisdiction, this Court is not an instance of legality that can review all aspects of the eviction proceeding; therefore, any claim or disagreement with the actions taken must be raised within the proceeding itself or before the ordinary courts of legality, as it is a matter that exceeds the summary nature of the amparo appeal and the competence of this Chamber. Moreover, in such cases, the only fundamental right that this jurisdiction can examine is the right to due process (which, in this case, translates into prior notification of the eviction order and the granting of a period to exercise the right to defense), since the infra-constitutional rights that the protected party believes it has to remain as an inhabitant of the area is a question of legality. In that regard, this Court does not find that a violation of the right to defense and due process has occurred in this specific case, given that the administrative action has been carried out in the exercise of its powers and without any arbitrariness being alleged in its actions, since in compliance with the rules governing the matter, a sudden eviction has not been carried out, but rather the party has been warned to vacate voluntarily and still has remedies against the enforcement of the administrative act.",
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    "summary_en": "The amparo action is summarily dismissed as a matter of ordinary legality, with no due process violation shown.",
    "summary_es": "Se rechaza de plano el recurso de amparo por ser una cuestión de legalidad ordinaria y no acreditarse violación al debido proceso."
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      "quote_en": "this Court is not an instance of legality that can review all aspects of the eviction proceeding",
      "quote_es": "este Tribunal no es una instancia de legalidad que pueda revisar todos los extremos del procedimiento de desalojo"
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      "quote_es": "el único derecho fundamental que esta jurisdicción puede analizar es el derecho al debido proceso (el cual se traduce en este caso, en una comunicación previa de la orden del desalojo y en el otorgamiento de un plazo para ejercer su derecho de defensa)"
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      "quote_en": "this Court does not find that a violation of the right to defense and due process has occurred in this specific case",
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1393446",
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  "body_es_text": "\n\nExp: 26-015856-0007-CO \n\nRes. Nº 2026017537\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del quince de mayo de dos mil veintiseis .\n\n \n\n Recurso de amparo que se tramita en expediente número 26-015856-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad No. CED01 a favor de Nombre02, cédula de identidad No. CED02 contra el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN.\n\nRESULTANDO\n\n \n\n1. Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 5 de mayo de 2026, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN y manifiesta -en resumen- que el 19 de marzo de 2026, fue notificado del desalojo del terreno donde tiene más de 35 años de vivir con su familia, en la comunidad Las Chorreras de Cutris, San Carlos, Alajuela. Señala que el tutelado es agricultor, posee un hato bovino de leche de 150 cabezas en producción y vive, junto con su familia, de la elaboración y venta de queso. Alega que el desalojo no ha sido planificado por parte del Estado y que al SINAC no le interesa dónde van a vivir, si pierde o no el ganado que les da de comer, ni si puede pagar sus deudas. Indica que se les ha dicho que pronto entrarán a demoler la casa, el corral y las cercas, y que el ganado será lanzado a la calle. Reclama que la Ley n.° 10489, que reformó el artículo 1 de la Ley n.° 9577, permite a los ocupantes de zonas clasificadas como especiales permanecer en la finca hasta el 18 de junio de 2027, con suspensión de acciones administrativas de desalojo, demolición de obras y suspensión de actividades agropecuarias lícitas. Finalmente, sostiene que el SINAC no respeta dicha ley y que pretende ejecutar el desalojo en 60 días, pese a que las disposiciones legales vigentes deben respetarse. \n\n2. El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.\n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\nCONSIDERANDO\n\nI. OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente reclama la violación a los derechos fundamentales del tutelado, pues acusa que el 19 de marzo de 2026, fue notificado del desalojo del terreno donde tiene más de 35 años de vivir con su familia, en la comunidad Las Chorreras de Cutris, San Carlos, Alajuela. Señala que el tutelado es agricultor, posee un hato bovino de leche de 150 cabezas en producción y vive, junto con su familia, de la elaboración y venta de queso. Alega que el desalojo no ha sido planificado por parte del Estado y que al SINAC no le interesa dónde van a vivir, si pierde o no el ganado que les da de comer, ni si puede pagar sus deudas. Indica que se les ha dicho que pronto entrarán a demoler la casa, el corral y las cercas, y que el ganado será lanzado a la calle. Reclama que la Ley n.° 10489, que reformó el artículo 1 de la Ley n.° 9577, permite a los ocupantes de zonas clasificadas como especiales permanecer en la finca hasta el 18 de junio de 2027, con suspensión de acciones administrativas de desalojo, demolición de obras y suspensión de actividades agropecuarias lícitas. Finalmente, sostiene que el SINAC no respeta dicha ley y que pretende ejecutar el desalojo en 60 días, pese a que las disposiciones legales vigentes deben respetarse. \n\nII. INADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Se le debe advertir al recurrente, que según se ha establecido reiteradamente en la jurisprudencia de esta jurisdicción, este Tribunal no es una instancia de legalidad que pueda revisar todos los extremos del procedimiento de desalojo, por lo que cualquier reclamo o disconformidad con lo actuado deberá plantearla dentro propio procedimiento o bien, en la sede jurisdiccional de legalidad ordinaria, por ser una cuestión que excede la naturaleza sumaria del recurso de amparo y la competencia de esta Sala. Por lo demás, en estos casos, el único derecho fundamental que esta jurisdicción puede analizar es el derecho al debido proceso (el cual se traduce en este caso, en una comunicación previa de la orden del desalojo y en el otorgamiento de un plazo para ejercer su derecho de defensa), por cuanto, los derechos infra-constitucionales que la parte amparada considera que tiene para permanecer como habitante de la zona es una cuestión de legalidad. En ese sentido, no observa este Tribunal que en el caso en concreto haya operado una violación al derecho de defensa y al debido proceso que le asiste a la parte recurrente, habida cuenta que la actuación administrativa se ha desplegado en el ejercicio de sus competencias y sin que se alegue arbitrariedad alguna en su accionar, ya que en acatamiento de las normas que rigen la materia no se ha procedido a un desalojo intempestivo, sino que se ha prevenido para que desaloje voluntariamente y aún le asisten remedios en contra de la ejecución del acto administrativo. Tampoco esta Sala es un tribunal de legalidad que le corresponda declarar si ha existido un incumplimiento o inobservancia a la ley No. 9577. En consecuencia, se rechaza de plano el recurso. \n\nIII. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a las partes que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nSe rechaza de plano el recurso.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n F8PVMQIIQFK61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-015856-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).",
  "body_en_text": "Exp: 26-015856-0007-CO\n\nRes. No. 2026017537\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the fifteenth of May, two thousand twenty-six.\n\nAmparo petition processed in case file number 26-015856-0007-CO, filed by Nombre01, identity card No. CED01 on behalf of Nombre02, identity card No. CED02 against the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN.\n\nWHEREAS\n\n1. By brief received at the Secretariat of the Chamber on May 5, 2026, the petitioner files an amparo petition against the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN and states —in summary— that on March 19, 2026, he was notified of the eviction from the land where he has lived with his family for more than 35 years, in the community of Las Chorreras de Cutris, San Carlos, Alajuela. He indicates that the protected party is a farmer, owns a dairy cattle herd of 150 head in production and lives, together with his family, from the production and sale of cheese. He alleges that the eviction has not been planned by the State and that SINAC is not interested in where they will live, whether or not he loses the livestock that feeds them, nor whether he can pay his debts. He indicates that they have been told that they will soon enter to demolish the house, the corral, and the fences, and that the cattle will be thrown onto the street. He claims that Law No. 10489, which amended Article 1 of Law No. 9577, allows occupants of zones classified as special to remain on the farm until June 18, 2027, with suspension of administrative eviction actions, demolition of works, and suspension of lawful agricultural activities. Finally, he maintains that SINAC does not respect said law and that it intends to execute the eviction within 60 days, despite the fact that the legal provisions in force must be respected.\n\n2. Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, including from its presentation, any petition submitted to its cognizance that proves to be manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is the simple reiteration or reproduction of an equal or similar previous petition that was rejected.\n\nDrafted by Judge Castillo Víquez; and,\n\nWHEREAS\n\nI. PURPOSE OF THE PETITION. The petitioner claims a violation of the protected party’s fundamental rights, alleging that on March 19, 2026, he was notified of the eviction from the land where he has lived with his family for more than 35 years, in the community of Las Chorreras de Cutris, San Carlos, Alajuela. He indicates that the protected party is a farmer, owns a dairy cattle herd of 150 head in production and lives, together with his family, from the production and sale of cheese. He alleges that the eviction has not been planned by the State and that SINAC is not interested in where they will live, whether or not he loses the livestock that feeds them, nor whether he can pay his debts. He indicates that they have been told that they will soon enter to demolish the house, the corral, and the fences, and that the cattle will be thrown onto the street. He claims that Law No. 10489, which amended Article 1 of Law No. 9577, allows occupants of zones classified as special to remain on the farm until June 18, 2027, with suspension of administrative eviction actions, demolition of works, and suspension of lawful agricultural activities. Finally, he maintains that SINAC does not respect said law and that it intends to execute the eviction within 60 days, despite the fact that the legal provisions in force must be respected.\n\nII. INADMISSIBILITY OF THE PETITION. The petitioner must be warned that, as has been repeatedly established in the jurisprudence of this jurisdiction, this Court is not an instance of legality that can review all aspects of the eviction procedure, and therefore any claim or disagreement with what has been acted upon must be raised within the procedure itself or, failing that, in the ordinary jurisdictional venue of legality, as it is a matter that exceeds the summary nature of the amparo petition and the competence of this Chamber. Moreover, in these cases, the only fundamental right that this jurisdiction can analyze is the right to due process (which translates, in this case, into prior communication of the eviction order and the granting of a period to exercise the right of defense), given that the infra-constitutional rights that the protected party considers they have to remain as an inhabitant of the zone is a question of legality. In this regard, this Court does not observe that in the specific case a violation has occurred of the right of defense and due process that assists the petitioner, given that the administrative action has been deployed in the exercise of its competences and without any arbitrariness being alleged in its actions, since in compliance with the rules governing the matter, a sudden eviction has not been carried out; rather, they have been warned to vacate voluntarily, and remedies against the execution of the administrative act still assist them. Nor is this Chamber a court of legality responsible for declaring whether there has been a breach or non-observance of Law No. 9577. Consequently, the petition is rejected outright.\n\nIII. DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. This Chamber must warn the parties that if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a period of 30 working days after receiving notification of this judgment; otherwise, everything will be destroyed in accordance with the provisions of the “Electronic Case File Regulation before the Judicial Branch” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nTHEREFORE:\n\nThe petition is rejected outright.\n\nFernando Castillo V.\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n-- Verification code --\n\nF8PVMQIIQFK61\n\nCASE FILE No. 26-015856-0007-CO\n\nTelephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church)."
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