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  "id": "nexus-sen-1-0007-1394402",
  "citation": "Res. 18569-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Denegatoria de disponibilidad de agua potable por falta de red",
  "title_en": "Denial of drinking water availability due to lack of network",
  "summary_es": "La Sala Constitucional rechazó de plano un recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) interpuesto por la negativa de disponibilidad de agua potable para una vivienda unifamiliar. El ICAA fundamentó su decisión en la inexistencia de red de distribución frente a la propiedad y en la insuficiencia técnica del sistema. La Sala reiteró su jurisprudencia en el sentido de que el derecho fundamental al agua potable no implica un suministro indiscriminado, y que es válido denegar el servicio cuando existan imposibilidades técnicas o jurídicas debidamente justificadas, sin que ello constituya una violación de derechos fundamentales. Consideró que la negativa no era arbitraria y que la disconformidad con los criterios técnicos remite a la vía ordinaria.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber summarily dismissed an amparo petition against the Costa Rican Water and Sewerage Institute (ICAA) filed due to the denial of drinking water availability for a single-family home. The ICAA based its decision on the absence of a distribution network in front of the property and technical insufficiency of the system. The Chamber reiterated its jurisprudence that the fundamental right to drinking water does not entail indiscriminate supply, and that denial is valid when justified by duly reasoned technical or legal impossibilities, without violating fundamental rights. It held that the denial was not arbitrary and that disagreement with technical criteria must be litigated through ordinary channels.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "22/05/2026",
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  "excerpt_es": "En virtud de lo expuesto, se ha reconocido que las entidades prestatarias pueden denegar la prestación del servicio de agua potable si existen razones técnicas que así lo justifiquen. De tal manera, considera la Sala que las razones por las que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados le ha denegado el servicio de agua potable a la parte amparada -en tesis de principio- no es arbitraria, sino que se debe a que no existe viabilidad técnica ni legal para la habilitación de dicho insumo en el terreno en cuestión.",
  "excerpt_en": "By virtue of the foregoing, it has been recognized that service providers may deny the provision of drinking water service if there are technical reasons that justify it. Thus, the Chamber considers that the reasons why the Costa Rican Water and Sewerage Institute denied the drinking water service to the petitioner are, in principle, not arbitrary, but rather due to the lack of technical and legal feasibility to enable such supply on the property in question.",
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    "summary_es": "Se rechazó de plano el recurso de amparo por no existir violación a derechos fundamentales, ya que la negativa del ICAA se basó en imposibilidad técnica y jurídica, sin perjuicio de las vías ordinarias para discutir los criterios técnicos."
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      "quote_es": "si bien existe un derecho fundamental al agua potable, su ejercicio no es indiscriminado, ya que no hay una obligación de los entes que prestan ese servicio de brindarlo en cualesquiera condiciones y oportunidad"
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      "quote_es": "siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales"
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  "body_es_text": "\n\nExp: 26-016937-0007-CO \n\nRes. Nº 2026018569\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintidos de mayo de dos mil veintiseis .\n\n Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.\n\nResultando:\n\n 1.- Por escrito incorporado en el expediente digital a las 13:44 horas de 13 de mayo de 2026, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA). Manifiesta que el 11 de agosto de 2025 solicitó la disponibilidad de agua potable para una vivienda unifamiliar ubicada en la finca matrícula . No obstante, indica que el 18 de agosto de 2025, la Administración emitió resolución mediante la cual negó la disponibilidad de agua potable, alegando que no existía red de distribución frente a la propiedad. Señala que ante dicha negativa, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, cuestionando la decisión administrativa; sin embargo, reclama que el 27 de agosto de 2025, el ICAA rechazó dicho recurso, manteniendo la negativa y señalando que la tubería existente corresponde a una red de conducción de 100 mm destinada a otro proyecto. Recalca que la Administración reconoce la existencia de infraestructura hídrica frente a la propiedad, pero sostiene que no es posible realizar derivaciones para nuevas conexiones. Añade que la negativa se fundamenta en la limitada capacidad hídrica del sistema y en normas técnicas que restringen el uso de dicha tubería. Menciona que la institución recurrida propone como alternativa la gestión de una alianza público-privada para mejorar la capacidad del sistema, lo que traslada indebidamente la carga al administrado, pese a tratarse de una única vivienda unifamiliar. Enfatiza que la negativa -según su parecer- resulta desproporcionada al existir infraestructura frente a la propiedad que podría ser utilizada mediante soluciones técnicas. En virtud de lo expuesto considera que sus derechos fundamentales han sido lesionados, por lo que, solicita se declare con lugar el presente recurso y se ordene lo que en derecho corresponda. \n\n2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. \n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente señala que solicitó el servicio de agua potable para una vivienda familiar; no obstante, reclama que el ICAA denegó su requerimiento. \n\nII.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Analizado el libelo de interposición de este recurso se determina que el petente estima lesionados sus derechos fundamentales por cuanto se le ha denegado el servicio de agua potable. Ahora bien, se le aclara a la parte recurrente que desde larga data la Sala ha considerado que si bien existe un derecho fundamental al agua potable, su ejercicio no es indiscriminado, ya que no hay una obligación de los entes que prestan ese servicio de brindarlo en cualesquiera condiciones y oportunidad. Así, por ejemplo, esta Sala en la sentencia N.º 2018-12838 de las 09:30 horas del 10 de agosto de 2018 se estableció lo siguiente:\n\n“(…) IV.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, la recurrente estima lesionado su derecho fundamental de acceso al agua potable. Indica que es propietaria, junto con su esposo, del inmueble matrícula folio real [ de San José, plano catastrado N° SJ-1843630-2015. Señala que mediante gestión realizada por su esposo ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se solicitó la disponibilidad de agua para el terreno citado; empero, por medio del oficio N° UNDGAM-0583-2018-1803 del 21 de febrero de 2018, el instituto recurrido denegó la petición, bajo el argumento que no existe disponibilidad (…) En el sector indicado por la recurrente, la infraestructura de agua potable existente frente a la propiedad no tiene capacidad suficiente para abastecer el inmueble. La producción de agua potable que existe actualmente y abastece la infraestructura que se ubica frente a la propiedad no tiene capacidad suficiente para abastecer el inmueble. La población en la zona ha ido aumentando y ello ha generado mucha demanda que ha provocado que, en la actualidad, el sistema que abastece el sector sea insuficiente. La situación se ve agravada por la elevación topográfica de la zona, las limitadas fuentes de captación en el sector y la falta de control catastral en la zona por parte de la municipalidad competente. Así las cosas, lo correspondiente es declarar sin lugar el recurso de amparo. Este Tribunal Constitucional ha indicado en reiteradas sentencias sobre el tema que el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, y que como tal, todo prestador de servicios públicos -sea sujeto público o sujeto privado- está obligado a prestar el servicio de forma continua, eficiente, en condiciones de igualdad y debiendo adaptarse a los cambios tecnológicos (véase Sentencia N° 2001-09676 y N° 2004-08161). Resulta claro entonces concluir que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al ser uno de los entes estatales encargados de la prestación del servicio público de agua potable, está obligado también a prestar este servicio de forma continua, adaptable, eficiente y por igual a todos los habitantes. Ahora bien, también la jurisprudencia de este Tribunal ha indicado que, frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad formal (que es la falta de una red de distribución de aguas), es razonable no atender las solicitudes de servicio o solicitar que el interesado asuma los costos de instalación cuando no exista red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura. Así, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la falta de infraestructura. En otras palabras, siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales. En la especie, la autoridad recurrida es clara en indicar que la recurrente debe cumplir con lo estipulado en la Ley de Planificación Urbana y Plan Regulador. Además, a la amparada se le explicó que no existe disponibilidad asociada para el fraccionamiento de la propiedad madre de la que se generó la propiedad en análisis ni tampoco existe capacidad de abastecimiento en el sector. Por último, el recurrido señala que en el sector indicado por la recurrente, la infraestructura de agua potable existente frente a la propiedad no tiene capacidad suficiente para abastecer el inmueble. De manera tal, que existe una imposibilidad tanto jurídica como formal o técnica, ya que el fraccionamiento del terreno se realizó sin que previamente se haya obtenido la disponibilidad y, además, porque en el sector donde se encuentra la propiedad no existe capacidad suficiente para brindar el servicio públicos. Corolario de lo expuesto, la Sala considera que se debe desestimar el recurso de amparo, ya que de conformidad con la línea jurisprudencial esgrimida por este Tribunal en casos similares, es posible denegar el suministro de agua potable cuando se determina la existente de una imposibilidad jurídica y/o formal técnica, como ocurre en la especie, de modo que no se estarían infringiendo los derechos fundamentales de la parte promovente. Si la recurrente lo que se encuentra es disconforme con la negatoria en sí, y con los motivos que la sustentan, ello corresponde a un extremo de legalidad que no puede ser ventilado en esta vía . Además, la Sala constata que a la amparada sí se le indicaron expresamente los motivos por los cuales no procedía la autorización del servicio, de ahí que tampoco en ese aspecto se hayan conculcado sus derechos fundamentales” (el resaltado no es del original).\n\n En virtud de lo expuesto, se ha reconocido que las entidades prestatarias pueden denegar la prestación del servicio de agua potable si existen razones técnicas que así lo justifiquen. De tal manera, considera la Sala que las razones por las que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados le ha denegado el servicio de agua potable a la parte amparada -en tesis de principio- no es arbitraria, sino que se debe a que no existe viabilidad técnica ni legal para la habilitación de dicho insumo en el terreno en cuestión. \n\nAsimismo, se debe aclarar que si los motivos de la denegatoria no son ciertos o no se encuentra conforme con los criterios técnicos y/o legales, ello es un diferendo que debe ser dirimido en las vías infra constitucionales. Así las cosas y de conformidad con los reiterados precedentes de esta Sala, lo correspondiente es rechazar el presente amparo, sin demérito que la parte interesada presente sus reclamos en la vía ordinaria.\n\nIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\n Se rechaza de plano el recurso.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n PDUOTQPIY43C61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-016937-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).",
  "body_en_text": "Exp: 26-016937-0007-CO\n\nRes. No. 2026018569\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty hours on the twenty-second of May of two thousand twenty-six.\n\nAmparo action filed by Nombre01, identity card number CED01, against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS.\n\nWhereas:\n\n1.- By written submission incorporated into the digital case file at 13:44 hours on 13 May 2026, the petitioner files an amparo action against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA). He states that on 11 August 2025 he requested water service availability for a single-family dwelling located on the property registered under folio . However, he indicates that on 18 August 2025, the Administration issued a resolution denying water service availability, alleging that there was no distribution network in front of the property. He points out that in response to this denial, he filed a motion for reconsideration with a subsidiary appeal, challenging the administrative decision; however, he claims that on 27 August 2025, the ICAA rejected said motion, upholding the denial and noting that the existing pipeline corresponds to a 100 mm transmission main destined for another project. He emphasizes that the Administration acknowledges the existence of water infrastructure in front of the property but maintains that it is not possible to make service connections for new hookups. He adds that the denial is based on the limited water capacity of the system and on technical standards that restrict the use of said pipeline. He mentions that the respondent institution proposes, as an alternative, the negotiation of a public-private partnership to improve the system's capacity, which improperly shifts the burden to the administered party, despite the matter concerning a single-family dwelling. He emphasizes that the denial—in his view—is disproportionate given that infrastructure exists in front of the property that could be utilized through technical solutions. By virtue of the foregoing, he considers that his fundamental rights have been violated, and therefore, he requests that this action be granted and that the appropriate legal orders be issued.\n\n2.- Article 9 of the Constitutional Jurisdiction Law empowers the Chamber to reject summarily or on the merits, at any time, even from its filing, any matter brought to its attention that proves to be manifestly unfounded, or when it considers that there are sufficient grounds for rejecting it, or that it is a mere reiteration or reproduction of a prior, identical or similar rejected matter.\n\nDrafted by Magistrate Castillo Víquez; and,\n\nConsidering:\n\nI.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner states that he requested water service for a family dwelling; however, he claims that the ICAA denied his request.\n\nII.- ON THE SPECIFIC CASE. Upon analyzing the petition filing this action, it is determined that the petitioner considers his fundamental rights violated because he has been denied water service. That said, the petitioner is advised that for a long time, the Chamber has considered that while a fundamental right to potable water exists, its exercise is not indiscriminate, as there is no obligation for the entities providing that service to deliver it under any conditions and at any time. Thus, for example, this Chamber in Judgment No. 2018-12838 at 09:30 hours on 10 August 2018 established the following:\n\n\"(…) IV.- On the specific case. In the case at bar, the petitioner considers her fundamental right of access to potable water violated. She indicates that she is the owner, together with her husband, of the property registered under real folio number [ of San José, cadastral map No. SJ-1843630-2015. She points out that through a procedure carried out by her husband before the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, water service availability was requested for the cited land; however, by means of official letter No. UNDGAM-0583-2018-1803 of 21 February 2018, the respondent institute denied the request, on the grounds that there is no availability (…) In the sector indicated by the petitioner, the existing potable water infrastructure in front of the property does not have sufficient capacity to supply the property. The potable water production currently existing that supplies the infrastructure located in front of the property lacks sufficient capacity to supply the property. The population in the area has been increasing and this has generated high demand, which has resulted in the system supplying the sector currently being insufficient. The situation is aggravated by the topographic elevation of the area, the limited catchment sources in the sector, and the lack of cadastral control in the area by the competent municipality. This being the case, the appropriate action is to dismiss the amparo action. This Constitutional Court has indicated in reiterated judgments on the subject that potable water service is considered a public service within the Costa Rican legal system, and that as such, any public service provider—whether a public entity or a private entity—is obligated to provide the service in a continuous, efficient manner, under conditions of equality, and must adapt to technological changes (see Judgment No. 2001-09676 and No. 2004-08161). It is clear then to conclude that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, being one of the state entities responsible for providing the public service of potable water, is also obligated to provide this service in a continuous, adaptable, efficient, and equal manner to all inhabitants. That said, the case law of this Court has also indicated that, in the face of legal impossibility (which is the failure to meet requirements established in the respective regulations) or in the face of formal impossibility (which is the lack of a water distribution network), it is reasonable not to fulfill service requests or to request that the interested party assume the installation costs when there is no potable water distribution network and the construction of infrastructure is required. Thus, in these cases, it has been clearly understood that it is not a matter of denial of access to water service, but rather the impossibility of providing it, or the necessary participation of the interested party in overcoming a technical impossibility, namely, the lack of infrastructure. In other words, as long as the failure to provide water service is not a whimsical, arbitrary, or unfounded action, but is justified by legal or material impossibility, we are not facing a violation of fundamental rights. In the present case, the respondent authority is clear in indicating that the petitioner must comply with the provisions of the Urban Planning Law and the Regulatory Plan. Furthermore, the person seeking protection was informed that there is no associated water service availability for the subdivision (fraccionamiento) of the mother property from which the property under analysis was generated, nor is there supply capacity in the sector. Finally, the respondent notes that in the sector indicated by the petitioner, the existing potable water infrastructure in front of the property does not have sufficient capacity to supply the property. Therefore, there is both a legal and a formal or technical impossibility, since the subdivision of the land was carried out without having previously obtained water service availability and, furthermore, because the sector where the property is located lacks sufficient capacity to provide the public service. As a corollary of the foregoing, the Chamber considers that the amparo action must be dismissed, as according to the jurisprudential line advanced by this Court in similar cases, it is possible to deny potable water service when the existence of a legal and/or formal technical impossibility is determined, as occurs in the present case, such that the fundamental rights of the petitioner would not be infringed. If what the petitioner finds is disagreement with the denial itself, and with the reasons supporting it, this corresponds to a matter of legality that cannot be reviewed through this channel. Furthermore, the Chamber verifies that the reasons why the service authorization was not feasible were expressly indicated to the person seeking protection; hence, her fundamental rights were not abridged in that respect either\" (emphasis not in the original).\n\nBy virtue of the foregoing, it has been recognized that the provider entities may deny the provision of water service if there are technical reasons justifying it. As such, the Chamber considers that the reasons why the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers has denied water service to the protected party are, in principle, not arbitrary, but rather stem from the lack of technical and legal viability for enabling said resource on the property in question.\n\nLikewise, it must be clarified that if the reasons for the denial are not accurate or if there is disagreement with the technical and/or legal criteria, this is a dispute that must be resolved through infra-constitutional channels. This being the case, and in accordance with the reiterated precedents of this Chamber, the appropriate action is to reject this amparo action, without prejudice to the interested party filing his claims through ordinary channels.\n\nIII.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if any document on paper was submitted, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the \"Regulation on the Electronic Case File before the Judiciary,\" approved by the Full Court in Session No. 27-11, of 22 August 2011, article XXVI and published in Judicial Gazette No. 19, of 26 January 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12, held on 3 May 2012, article LXXXI.\n\nTHEREFORE:\n\nThe action is summarily rejected.\n\nFernando Castillo V.\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDocument Digitally Signed\n-- Verification code --\n\n*PDUOTQPIY43C61*\n\nCASE FILE No. 26-016937-0007-CO\n\nTelephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church)."
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