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  "id": "nexus-sen-1-0007-1394852",
  "citation": "Res. 19047-2026 Sala Constitucional",
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  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Opinión Consultiva sobre adhesión al Convenio de Aguas Transfronterizas",
  "title_en": "Advisory Opinion on accession to the Transboundary Waters Convention",
  "summary_es": "La Sala Constitucional evacúa la consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad sobre el proyecto de ley para aprobar la adhesión de Costa Rica al Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Aguas Transfronterizos y de los Lagos Internacionales. La Sala examina el trámite legislativo y el contenido del convenio, y concluye que no existen vicios constitucionales de forma ni de fondo. El convenio busca la cooperación internacional para prevenir, controlar y reducir la contaminación de aguas transfronterizas mediante la gestión ecológica, el intercambio de información y la asistencia mutua, respetando los ordenamientos nacionales. Se destaca que las enmiendas futuras requerirán el procedimiento legislativo ordinario, y que los mecanismos de solución de controversias son compatibles con el derecho internacional y la Constitución. La magistrada Garro Vargas señala que los Objetivos de Desarrollo Sostenible citados no son parámetros formales de constitucionalidad.",
  "summary_en": "The Constitutional Court renders its mandatory legislative advisory opinion on the bill to approve Costa Rica's accession to the Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes. The Court reviews the legislative process and the convention's content, finding no procedural or substantive constitutional defects. The convention promotes international cooperation to prevent, control and reduce transboundary water pollution through ecological management, information exchange and mutual assistance, while respecting domestic legal systems. Future amendments will require the ordinary legislative procedure, and the dispute settlement mechanisms are compatible with international law and the Constitution. Justice Garro Vargas notes that the Sustainable Development Goals cited are not formal parameters of constitutionality.",
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  "date": "27/05/2026",
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    "Sala Constitucional",
    "consulta preceptiva de constitucionalidad",
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    "Consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad",
    "Convenio sobre Aguas Transfronterizas",
    "Cooperación internacional hídrica",
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    "Principio precautorio",
    "Evaluación ambiental",
    "Garantías constitucionales ambiente"
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    "Legislative file 25.024",
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    "Prior constitutional review",
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  "excerpt_es": "En definitiva, del estudio del trámite otorgado en sede legislativa al proyecto de ley para aprobar la adhesión al denominado “Convenio sobre la protección y utilización de los cursos de aguas transfronterizos y de los lagos internacionales”, y de la valoración de su contenido normativo, la Sala concluye que no se aprecian objeciones de carácter constitucional, por la forma o por el fondo, respecto del proyecto de ley tramitado bajo el expediente legislativo número 25.024.\n\nLa principal obligación se muestra en su artículo 2, relacionado con evitar, controlar y reducir la contaminación de las aguas, gestionando ecológicamente los vertidos y su utilización equitativa y sostenible, para lo cual define una serie de compromisos generales que, se adelanta, en momento alguno resultan contrarios al Derecho de la Constitución.\n\nDe tal manera, de conformidad con lo señalado, es claro que la fórmula utilizada por el artículo 21 del Convenio, en cuanto a los mecanismos por los cuales dar aprobación a las enmiendas que llegaren a aprobarse -«ratificación, aceptación o aprobación»- obedece a la utilización de las vías previstas de conformidad con el ordenamiento interno, entendiéndose, según lo dicho, que para el caso costarricense, el mecanismo aquí señalado.",
  "excerpt_en": "In summary, from the review of the legislative process of the bill to approve accession to the “Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes,” and the assessment of its normative content, the Court concludes that no constitutional objections, procedural or substantive, are apparent regarding the bill processed under legislative file number 25.024.\n\nThe main obligation is found in its Article 2, related to preventing, controlling and reducing water pollution, ecologically managing discharges and their equitable and sustainable use, for which it defines a series of general commitments that, it is noted, in no way contradict the Constitution.\n\nAccordingly, it is clear that the wording used in Article 21 of the Convention, regarding the mechanisms for approving amendments that may be adopted – “ratification, acceptance or approval” – follows the channels provided under domestic law, it being understood that for Costa Rica, the mechanism indicated herein applies.",
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    "label_en": "No constitutional defects",
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    "summary_en": "The Constitutional Court renders its mandatory advisory opinion and concludes that the bill for accession to the Transboundary Waters Convention presents no procedural or substantive constitutional defects.",
    "summary_es": "La Sala Constitucional evacúa la consulta preceptiva de constitucionalidad y concluye que el proyecto de ley para la adhesión al Convenio de Aguas Transfronterizas no presenta vicios de forma ni de fondo."
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  "body_es_text": "Revisión del Documento\n\n\n\nExp: 26-016036-0007-CO \n\nRes. Nº 2026019047\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del veintisiete de mayo de dos mil veintiseis .\n\n Consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad formulada por el Directorio de la Asamblea Legislativa, respecto del proyecto de ley tramitado bajo el expediente legislativo número 25.024 para aprobar la adhesión de Costa Rica al denominado “Convenio sobre la protección y utilización de los cursos de aguas transfronterizos y de los lagos internacionales”.\n\nResultando\n\n 1.- Por oficio recibido en la Secretaría de la Sala el 6 de mayo de 2026, el Directorio de la Asamblea Legislativa remite esta consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad, en cumplimiento de lo establecido en el inciso a) del artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, junto con una copia certificada del expediente legislativo, el cual consta de seis tomos.\n\n2.- Por resolución de la Presidencia de esta Sala, de las once horas cuarenta minutos de 6 de mayo de 2026, se tiene por presentada esta consulta y se traslada, conforme con el turno correspondiente, al Magistrado redactor.\n\n 3.- En el proceso se han observado las prescripciones de ley y esta resolución se dicta dentro del plazo legal respectivo, el cual vence el 6 de junio de 2026.\n\n Redacta el Magistrado Araya García; y,\n\nConsiderando\n\n I.- Objeto y admisibilidad de la consulta. Esta consulta preceptiva de constitucionalidad la plantea el Directorio de la Asamblea Legislativa en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, inciso b), de la Constitución Política, y 96, inciso a), de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Está referida al proyecto de ley para aprobar la adhesión de Costa Rica al denominado “Convenio sobre la protección y utilización de los cursos de aguas transfronterizos y de los lagos internacionales”, que se tramita bajo el expediente legislativo número 25.024.\n\nEl proyecto legislativo fue sometido a votación en primer debate y aprobado en la Sesión Ordinaria del Pleno de la Asamblea Legislativa, número 132, de 21 de abril de 2026, con cuarenta y siete votos a favor y ninguno en contra, por lo que cumple lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 98 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. De conformidad con lo señalado en los artículos 98 y 101 de la Ley de cita, lo primero que procede a efectos de evacuar la presente consulta, es verificar los trámites legislativos seguidos en el sub lite. En este sentido, para los efectos anteriores, en los siguientes considerandos se hará una síntesis y un resumen cronológico del trámite legislativo del proyecto de ley consultado, así como de los necesarios antecedentes del mismo, para facilitar una mejor comprensión sobre el contenido y objetivo del proyecto de ley.\n\nII.- Sobre los antecedentes y finalidad del proyecto de ley para la aprobación del “Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales”. El Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales fue suscrito el 17 de marzo de 1992 en Helsinki, Finlandia, y entró en vigor el 6 de octubre de 1996. Inicialmente, el Convenio, ideado bajo la modalidad de tratado abierto de carácter particular -es decir, no universal-, señalaba que únicamente podrían adherirse al Convenio los Estados miembros de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa -CEPE- y las organizaciones regionales de integración económica constituidas por tales Estados. Sin embargo, el 28 de noviembre de 2003, la Reunión de las Partes adoptó la decisión III/1, por la cual se enmendaron los artículos 25 y 26 del Convenio para que todos los Estados miembros de Naciones Unidas pudieran adherirse a este instrumento, convirtiéndolo así en un instrumento de carácter universal. Estas enmiendas entraron en vigor el 6 de febrero de 2013. Adicionalmente, el 30 de noviembre de 2012, la Reunión de las Partes adoptó la decisión VI/3, relativa a la adhesión de los países no miembros de la CEPE, aclarando que toda solicitud de adhesión al Convenio que formularan en el futuro los Estados miembros de Naciones Unidas que no fueran miembros de la CEPE se consideraría aprobada por la Reunión de las Partes. Esta aprobación quedó supeditada a la entrada en vigor, para todos los Estados y organizaciones que eran Partes en el Convenio el 28 de noviembre de 2003, de las enmiendas a los artículos 25 y 26. Este requisito se cumplió el 1° de marzo de 2016, tras la entrada en vigor de las enmiendas a los artículos 25 y 26 para todos los Estados y organizaciones que eran Partes en el Convenio el 28 de noviembre de 2003, por lo que el Estado de Costa Rica, válidamente, puede proceder a la adhesión al Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales.\n\nEl Convenio es un instrumento de protección ambiental para el manejo y gestión de ríos y lagos fronterizos mediante la cooperación internacional, entendiendo que, por su naturaleza, requieren de una gestión que va más allá de las competencias nacionales de cada Estado por separado. Refiere este tratado que su objeto es la regulación de “cursos de agua transfronterizos”, entendiendo por tales no sólo los que constituyen límites, compartidos o no entre dos o más Estados, sino todos aquellos que son susceptibles de recibir afectación por medidas o acciones en territorio del otro Estado, por la naturaleza precisamente transfronteriza de estos ríos o cursos de agua.\n\nSin perjuicio del detalle que más adelante se realiza sobre el contenido específico del Convenio, es importante señalar que la principal obligación se muestra en su artículo 2, relacionado con evitar, controlar y reducir la contaminación de las aguas, gestionando ecológicamente los vertidos y su utilización equitativa y sostenible, para lo cual define una serie de compromisos generales que, se adelanta, en momento alguno resultan contrarios al Derecho de la Constitución. El Convenio profundiza en la necesidad de la cooperación internacional, y se muestra en consonancia con otros instrumentos internacionales suscritos por Costa Rica, como la “Convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de las aves acuáticas”, conocida como “Convención de RAMSAR de 1971”.\n\nDe igual manera, se aprecia que el instrumento al cual Costa Rica pretende adherirse, se corresponde también con los objetivos de desarrollo sostenible validados por el país. Así, bien señala el Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa que:\n\n“[E]l ODS 6 se ve directamente fortalecido, ya que el Convenio promueve una gestión sostenible, equitativa y cooperativa de los recursos hídricos compartidos, elemento central de sus disposiciones. Al establecer obligaciones para prevenir la contaminación y fomentar el uso racional del agua, el tratado impulsa tanto la calidad como la seguridad hídrica en contextos transfronterizos. Los mecanismos de cooperación técnica y evaluación conjunta previstos en los artículos 11 y 12 permiten fortalecer la planificación y gobernanza del agua, facilitando el cumplimiento de las metas del ODS 6.\n\n \n\nEl ODS 13 también se ve beneficiado, en tanto que la gestión coordinada de cuencas transfronterizas es esencial para la adaptación al cambio climático. La cooperación entre Estados ribereños facilita el intercambio de información hidrometeorológica, la planificación de medidas de resiliencia y la reducción de riesgos asociados a eventos extremos, como sequías e inundaciones, cada vez más frecuentes por el cambio climático.\n\n \n\nEn relación con el ODS 15, la protección de las fuentes hídricas internacionales incide directamente sobre la conservación de los ecosistemas que dependen de ellas. El uso sostenible del recurso agua contribuye a preservar humedales, bosques ribereños y biodiversidad asociada a las cuencas compartidas, aspectos fundamentales para garantizar la funcionalidad ecológica de los territorios.\n\n \n\nFinalmente, el ODS 17 se ve reflejado en el espíritu mismo del Convenio, que promueve acuerdos bilaterales y multilaterales, cooperación regional, acceso a financiamiento e intercambio de conocimientos. La participación en este marco internacional permite a Costa Rica vincularse con mecanismos de asistencia técnica y financiera, así como establecer nuevas alianzas estratégicas para el desarrollo sostenible en las zonas fronterizas y las cuencas compartidas, en línea con lo dispuesto en el artículo 9 del instrumento.”\n\n \n\nPor su parte, merece destacarse el interés que reviste para la Organización de Naciones Unidas la ampliación de las adhesiones al Convenio, particularmente las procedentes de los países latinoamericanos, en la medida que el 71% del flujo de agua dulce de la región es compartida entre dos o más países, por lo que, tal como se expresa en la exposición de motivos del proyecto de ley, “el Convenio busca ser una alternativa que promueva las relaciones transfronterizas de los países”. En este sentido, un punto importante es el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de intercambio de experiencias, vigilancia, asistencia, investigación y desarrollo de capacidades, a través de lo cual se pretende incidir de manera positiva en la gobernanza de las cuencas de agua transfronterizas a través de ese intercambio entre todos los Estados miembros, especialmente si se considera que, a la fecha, 58 Estados de Europa, América y Asia han ratificado este Convenio, donde conviene resaltar la ratificación de Panamá, lo que facilitaría el desarrollo de las relaciones de cooperación en temas transfronterizos entre ambos países.\n\nIII.- La tramitación del expediente legislativo número 25.024. El proyecto de ley para aprobar la adhesión al denominado “Convenio sobre la protección y utilización de los cursos de aguas transfronterizos y de los lagos internacionales”, ha tenido la siguiente tramitación en sede legislativa:\n\nMediante oficio del Ministerio de la Presidencia, número MP-DMP-OF-0431-2025, de 3 de junio de 2025, recibido en la misma fecha por la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, se remite a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para aprobar la adhesión al denominado “Convenio sobre la protección y utilización de los cursos de aguas transfronterizos y de los lagos internacionales”, y se le asigna el número de expediente legislativo 25.024 (folio 1 del expediente legislativo).\n\nPor Decreto Ejecutivo número 45012-MP, de 4 de junio de 2025, se convoca a Sesiones Extraordinarias de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que se tramita bajo el expediente legislativo número 25.024 (folio 39 del expediente legislativo).\n\nEl 5 de junio de 2025, se asigna el expediente legislativo número 25.024 a la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior (folio 41 del expediente legislativo).\n\nEl 6 de junio de 2025, el Departamento de Gestión Documental y Archivo de la Asamblea Legislativa recibe el proyecto de ley que consta en el expediente legislativo número 25.024, para su debida publicación (folio 45 del expediente legislativo)\n\nEl 6 de junio de 2025, el Departamento de Gestión Documental y Archivo de la Asamblea Legislativa, envía a la Imprenta Nacional el proyecto de ley que consta en el expediente legislativo número 25.024, para su debida publicación (folio 43 del expediente legislativo).\n\nEl 6 de junio de 2025, se entrega copia del expediente 25.024 al Departamento de Estudios, Referencia y Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa (folio 44 del expediente legislativo).\n\nMediante Alcance número 73 del Diario Oficial La Gaceta número 106, de 11 de junio de 2025, se publica el proyecto de ley que se tramita bajo el expediente legislativo 25.024 (página web de la Imprenta Nacional).\n\nEn sesión ordinaria de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, número 3, de 18 de junio de 2025, se asigna el expediente legislativo número 25.024 a subcomisión, y se acuerda consultar el mismo al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, al Ministerio de Ambiente y Energía, al Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Servicio Fitosanitario del Estado, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a la Dirección Nacional de Aguas y a la Procuraduría General de la República (folios 88 y 93 del expediente legislativo).\n\nMediante oficios números AL-CPEREL-080-2025, AL-CPEREL-081-2025, AL-CPEREL-082-2025, AL-CPEREL-083-2025, AL-CPEREL-084-2025, AL-CPEREL-085-2025, AL-CPEREL-086-2025, de 18 de junio de 2025, la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa, consulta el proyecto de ley que se tramita bajo el expediente legislativo número 25.024 a los Ministerios e instituciones señalados (folios 96 a 107 del expediente legislativo).\n\nMediante oficio número AL-DEST-IJU-233-2025, de 24 de junio de 2025, el Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, presenta ante la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales el Informe Jurídico sobre el proyecto de ley que se tramita bajo el expediente 25.024 (folio 128 del expediente legislativo)\n\nPor oficio número DM-534-2025, de 27 de junio de 2025, el Ministerio de Ambiente y Energía señala la conveniencia de adherirse al convenio para generar conocimiento científico, intercambiar experiencias, abrir ventanas de oportunidad para la cooperación internacional y desarrollar manejos integrales para disminuir la contaminación del mar por fuentes terrestres (folio 142 del expediente legislativo).\n\nMediante oficio número PRE-2025-00396, de 15 de julio de 2025, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados señala estar de acuerdo con el proyecto de ley (folio 149 del expediente legislativo).\n\nMediante informe de 11 de agosto de 2025, la Subcomisión designada recomienda a la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, dictaminar de manera positiva el proyecto de ley que se tramita bajo el expediente legislativo número 25.024 (folio 153 del expediente legislativo).\n\nEn sesión ordinaria número 6, de 17 de setiembre de 2025, la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior aprueba de forma unánime el informe de subcomisión rendido sobre el proyecto de ley que se tramita bajo el expediente legislativo número 25.024, y también por unanimidad se aprueba Dictamen Afirmativo y se recomienda al Plenario Legislativo aprobar el proyecto de ley (folios 162, 167 y 213 del expediente legislativo).\n\nEl 6 de octubre de 2025, la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, remite a la Secretaría del Directorio Legislativo el expediente 25.024 (folio 214 del expediente legislativo).\n\nEl 6 de octubre de 2025, la Secretaría del Directorio Legislativo recibe de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior el expediente legislativo 25.024 (folio 215 del expediente legislativo).\n\nMediante oficio número DJC-0101-25, de 17 de octubre de 2025, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto señala que no se identifica problema jurídico alguno que impida la aprobación del proyecto de ley, lo cual sería viable y conveniente (folio 216 del expediente legislativo).\n\nPor Decretos Ejecutivos números 45281-MP, de 31 de octubre de 2025, y 45436-MP, de 16 de enero de 2026, se convoca a Sesiones Extraordinarias de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que se tramita bajo el expediente legislativo número 25.024 (folios 220, 223, 236 y 237 del expediente legislativo).\n\nEn Sesión del Pleno de la Asamblea Legislativa, número 132, de 21 de abril de 2026, por votación de cuarenta y siete votos a favor y ninguno en contra, se aprueba en primer debate el proyecto de ley que se tramita en el expediente legislativo número 25.024 (folios 248 y 259 del expediente legislativo).\n\nEn sesión ordinaria de la Comisión Especial Permanente de Redacción, número 48, 23 de abril de 2026, se aprueba la redacción final del proyecto de ley contenido en el expediente legislativo número 25.024 (folios 268 y 276 del expediente legislativo).\n\nEl 27 de abril de 2026, la Comisión Permanente Especial de Redacción remite a la Secretaría del Directorio Legislativo el informe con la redacción final del proyecto de ley que se tramita bajo el expediente legislativo 25.024 (expediente digital)\n\nIV.- Sobre el trámite del expediente legislativo número 25.024. De conformidad con lo señalado en los anteriores considerandos, el “Convenio sobre la protección y utilización de los cursos de aguas transfronterizos y de los lagos internacionales” fue suscrito en Helsinki, Finlandia, el 17 de marzo de 1992, bajo la modalidad de tratado abierto. Al ser un tratado abierto y no haber participado Costa Rica en el proceso de negociación y adopción de la Convención, se pretende hacer uso del mecanismo de adhesión previsto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados -artículo 15.a-, motivo por el cual, el 3 de junio de 2025, a través del Ministerio de la Presidencia, el Poder Ejecutivo presentó ante la Asamblea Legislativa, formal proyecto de ley tendente a la aprobación de la adhesión al “Convenio sobre la protección y utilización de los cursos de aguas transfronterizos y de los lagos internacionales”, asignándosele el número de expediente legislativo 25.024.\n\nAsimismo, consta que el 5 de junio de 2025 se asigna el proyecto a la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, y el 6 de junio de 2025, se remite el proyecto al Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos y al Departamento de Gestión Documental y Archivo de la Asamblea Legislativa, siendo este último el que el mismo día envía dicho proyecto a la Imprenta Nacional para su publicación, la cual finalmente aconteció en el Alcance número 73 del Diario Oficial La Gaceta, número 106, de 11 de junio de ese año. Posteriormente, ya en su trámite en Comisión, el 18 de junio de 2025 se asigna el expediente a estudio de Subcomisión, a la vez que se aprueba consultar el proyecto de ley al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, al Ministerio de Ambiente y Energía, al Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Servicio Fitosanitario del Estado, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a la Dirección Nacional de Aguas y a la Procuraduría General de la República, consultas que se efectúan el 18 de junio de 2025.\n\nLas consultas efectuadas fueron atendidas por el Ministerio de Ambiente y Energía, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, mediante comunicaciones recibidas en la Comisión, respectivamente, los días 27 de junio, 15 de julio y 17 de octubre, todos de 2025, sin que en ninguno de los informes recibidos se formulara objeción alguna, sino que los criterios fueron coincidentes en la importancia de adherirse al Convenio. Particularmente, el Ministerio de Ambiente y Energía señaló la conveniencia de adherirse al convenio para generar conocimiento científico, intercambiar experiencias, abrir ventanas de oportunidad para la cooperación internacional y desarrollar manejos integrales para disminuir la contaminación del mar por fuentes terrestres.\n\nPor su parte, el 24 de junio de 2025, el Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, presenta su informe jurídico, donde expresa que el convenio “no presenta problemas jurídicos, sus compromisos, si bien son blandos o genéricos son naturales y comunes del derecho ambiental, ya asumidos en nuestra legislación nacional. No presenta problemas jurídicos de ningún tipo y su aprobación responde exclusivamente a discrecionalidad política de conveniencia u oportunidad.”\n\nRecibidos los informes de parte de las instituciones y entidades consultadas que atendieron la solicitud, y el informe jurídico del Departamento de Servicios Técnicos, el 11 de agosto de 2025 el informe de Subcomisión recomienda dictaminar de manera positiva el proyecto de ley. Así, en sesión ordinaria de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, 17 de setiembre de 2025 se adopta el Dictamen Afirmativo Unánime del proyecto de ley, enviándolo a la Secretaría del Directorio Legislativo, instancia que lo recibe el 6 de octubre de 2025.\n\nAsí, en la sesión del Pleno de la Asamblea Legislativa, número 132, de 21 de abril de 2026, por votación de cuarenta y siete votos a favor y ninguno en contra, se aprueba en primer debate el proyecto de ley que ahora se consulta, y se envía a la Comisión Permanente Especial de Redacción. Consecuentemente, el 23 de abril de 2026, esta comisión aprueba la redacción final del proyecto, y el 27 de abril de 2026 lo remite de vuelta a la Secretaría del Directorio Legislativo.\n\nEn este sentido, visto el iter procedimental seguido por el expediente legislativo número 25.024, se aprecia que en el mismo dista de configurarse vicio de procedimiento alguno.\n\nV.- Sobre el proyecto de ley y el contenido del Convenio. El proyecto de ley del expediente legislativo número 25.024 consta de un único artículo, el cual señala:\n\n“ARTÍCULO ÚNICO- Apruébese, en cada una de sus partes, el “CONVENIO SOBRE LA PROTECCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS CURSOS DE AGUAS TRANSFRONTERIZAS Y DE LOS LAGOS INTERNACIONALES”, cuyo texto es el siguiente:\n\n(…)\n\nRige a partir de su publicación.”\n\n \n\nEl Convenio propiamente dicho, es decir, lo que técnicamente en el Derecho de los Tratados se conoce como su parte dispositiva y consideraciones finales, consta de 28 artículos, con el objetivo señalado en su preámbulo, de «reforzar la cooperación, a nivel bilateral y multilateral, para la prevención, el control y la reducción de la contaminación transfronteriza, para la gestión sostenible de las aguas, para la conservación de los recursos hídricos y para la protección del medio ambiente».\n\nEn el texto del Convenio se aprecian claramente las tres partes habituales que conforman un instrumento internacional de esta naturaleza bajo la teoría y práctica del Derecho Internacional Público moderno -preámbulo, parte dispositiva y consideraciones finales- Así, su parte dispositiva se encuentra dividida en tres capítulos o partes. El primero -artículos 2 al 8-, relacionado con disposiciones aplicables en general a todas las partes. El segundo -artículos 9 al 16-, referido a las disposiciones aplicables a los Estados que se denominan como “ribereños”. Y el tercero -artículos 17 al 28-, relativo a las disposiciones institucionales, y donde incorpora a su vez las tradicionales disposiciones finales propias de este tipo de instrumentos internacionales. El Convenio incluye también cuatro anexos muy concretos y puntuales que permiten precisar algunos aspectos considerados en el tratado. El primero de ellos se limita a definir qué debe entenderse por “mejor tecnología disponible”, mientras que el segundo de los anexos contempla algunas directrices o recomendaciones para establecer las mejores prácticas ambientales; el tercer anexo contempla, igualmente, algunos criterios para establecer la calidad del agua, y, finalmente, el cuarto anexo contempla reglas generales para la realización de los arbitrajes como medio de solución de controversias, si ese fuere el mecanismo querido por los Estados relacionados. De tal manera, procede la descripción del contenido del convenio, a partir de lo cual se aprecia, según se ha adelantado, que el mismo se ajusta al Derecho de la Constitución.\n\nVI.- El artículo 1 del Convenio antecede a las referidas partes o capítulos de este instrumento. Este artículo contiene las definiciones de diferentes conceptos a utilizar en el documento, de donde destaca que por aguas transfronterizas debe entenderse todas aquellas aguas superficiales o subterráneas que marcan, atraviesan o están situadas en las fronteras entre dos o más Estados, incluyendo aquellas que desembocan directamente en el mar. Asimismo, contiene las definiciones de “impacto transfronterizo”, el cual se aprecia como aquel efecto adverso importante que por la acción humana modifica el estado de las aguas transfronterizas, y que puedan afectar la salud y la seguridad humanas, la flora, fauna, el suelo, el clima, el paisaje y los monumentos históricos. Punto esencial es la definición de “partes ribereñas”, cuales son aquellos Estados que son parte del Convenio que sean limítrofes de las mismas aguas transfronterizas, es decir, los Estados parte que limiten entre sí y que tengan o compartan aguas en el trazado de sus límites. Asimismo, define el concepto de “sustancias peligrosas” como aquellas sustancias tóxicas, cancerígenas, mutagénicas, teratogénicas o bioacumulativas. Así, luego de esta conceptualización se da paso a la parte dispositiva del convenio, que inicia, según lo dicho, con el primer capítulo o primera parte, que contiene las denominadas “Disposiciones aplicables a todas las partes”, y que comprende del artículo 2 al artículo 8 del Convenio.\n\nVII.- La primera parte del Convenio inicia con el artículo 2, el cual considera lo que denomina como “Disposiciones Generales”, donde destaca el ya señalado como principal compromiso del Convenio, centrado en prevenir, controlar o reducir la contaminación de las aguas; adicionalmente, el velar por que se realice una gestión del agua de manera ecológicamente idónea, racional, razonable y equitativa, pretendiendo la conservación y, si fuera necesaria, la restauración de los ecosistemas, a través de medidas que no impliquen la transferencia de la contaminación a otros ámbitos del ambiente. Se incluye aquí una reiteración y especificación del principio precautorio en materia ambiental, y la posibilidad para que las partes del convenio puedan disponer por sí de medidas más estrictas.\n\nPor su parte, el artículo 3 se refiere de modo general a lo que denomina como prevención, control y reducción, señalando que los Estados parte elaborarán y adoptarán en la medida de lo posible, medidas jurídicas, administrativas, económicas, financieras y técnicas, para prevenir, controlar y reducir en su origen la emisión de contaminantes y proteger así las aguas transfronterizas, pudiendo utilizar para ello la mejor tecnología disponible. Para ello, se fomenta la realización de evaluaciones ambientales, elaborar planes de contingencia, y adoptar medidas específicas adicionales. Punto importante, es que reserva a cada Estado parte el establecimiento de límites de emisión para los vertidos de fuentes puntuales a las aguas superficiales, así como definir por sí mismo los criterios de calidad del agua para prevenir, controlar y reducir el impacto transfronterizo, evidenciando de tal manera el margen de disposición que cada Estado parte tiene al respecto, de conformidad con sus propios procedimientos y definiciones, y teniendo como referencia las directrices o recomendaciones que se incluyen en el anexo III del Convenio, el cual sirve de guía y complemento para la actuación estatal en estos casos.\n\nEl artículo 4 se limita a señalar que los Estados parte establecerán programas para vigilar la situación de las aguas transfronterizas, lo cual recalca ese margen de actuación que se reconoce a los Estados en esta materia. El artículo 5 define que las partes cooperarán en la investigación y el desarrollo de técnicas eficaces para la prevención, control y reducción del impacto transfronterizo, para lo cual, de manera bilateral o multilateral, podrán poner en marcha o fortalecer programas de investigación científica; en este sentido, esta norma no sólo potencia las denominadas estrategias e iniciativas I+D, sino que se enmarca dentro de los principios del Derecho Internacional Público moderno, dentro de los cuales se incluye, precisamente, la cooperación internacional.\n\nEl artículo 6 refiere que los Estados parte posibilitarán el intercambio de información, pero limitándolo, claro está, a las cuestiones contempladas en el Convenio, actuación que, claramente, debe entenderse en el sentido que debe realizarse en el marco del justo equilibrio del derecho de acceso a la información y el resguardo de información que por distintas razones pudiere estar resguardada; por tal razón, cobra importancia que la norma refiera que «las Partes posibilitarán», pero, especialmente, la integración con el artículo 8 del mismo instrumento, que de manera expresa reconoce tal posibilidad de aplicación del ordenamiento nacional y supranacional en este ámbito. El artículo 7 del Convenio es una norma general, a partir de la cual los Estados parte se comprometen a apoyar las iniciativas apropiadas para elaborar normas, criterios y procedimientos en materia de responsabilidad.\n\nEl ya mencionado artículo 8 del Convenio es particularmente relevante, ya que si bien se relaciona con el señalado artículo 6 en lo que concierne a la protección de información, lo cierto es que evidencia el respeto que en el marco del convenio se tiene de las obligaciones que los propios ordenamientos nacionales, en consonancia con el internacional, impone a los Estados parte, de donde resulta que los compromisos que se asuma -en este caso sobre la información a intercambiar- deben ser vistos y entendidos bajo la perspectiva de las obligaciones que al respecto se tenga según se defina en el ordenamiento globalmente considerado. Señala este artículo:\n\n“Artículo 8\n\nPROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN\n\nLas disposiciones del presente Convenio no afectarán a los derechos u obligaciones que correspondan a las Partes en virtud de sus ordenamientos jurídicos nacionales y a la reglamentación supranacional aplicable que protege la información relacionada con los secretos industriales y comerciales, incluida la propiedad intelectual, o con la seguridad nacional.” -énfasis suplido-\n\n \n\nVIII.- La segunda parte o capítulo del Convenio está referido, según lo indicado, de manera concreta a las “Disposiciones aplicables a las partes ribereñas”; es decir, mientras la primera parte vista en el anterior considerando contempla las disposiciones para todos los Estados parte del Convenio, aquí se trata de disposiciones propiamente para aquellos Estados que siendo parte del Convenio, son ribereños entre sí, cuales son, según lo explica el artículo 1 ya comentado, los Estados que son «limítrofes de las mismas aguas transfronterizas». Inicia con el artículo 9, el cual reitera la cooperación bilateral o multilateral, sobre la base de los principios de igualdad y reciprocidad para, nuevamente se señala, prevenir, controlar y reducir el impacto transfronterizo, para lo cual deberán especificar cuál es el área geográfica o cuenca hidrográfica objeto de cooperación; en el ámbito de esta cooperación, podrán establecer órganos conjuntos para reunir información, elaborar programas de vigilancia, definir objetivos conjuntos y demás, todo lo cual, claro está, en el ámbito de los acuerdos mutuos que llegaren a acordarse conforme las reglas del Derecho Internacional Público. El artículo 10 es una extensión de las estrategias de cooperación, ya que establece la potestad de las partes ribereñas para celebrar consultas entre sí y a solicitud de cualquiera de las partes para definir, precisamente, las estrategias de cooperación.\n\nEl artículo 11 del Convenio desarrolla las mismas estrategias de cooperación que fomenta el tratado, ahora respecto de fomentar programas de vigilancia entre los Estados ribereños sobre las aguas transfronterizas, lo que incluye crecidas y los hielos flotantes, pudiendo acordar entre ellos los parámetros de contaminación, la posibilidad de evaluaciones periódicas coordinadas y pudiendo armonizar entre ellas las normas que regulen tales programas de vigilancia, demostrando así una vez más, el ámbito de actuación y disposición que los Estados mantienen en esta materia. De igual manera, como lo define el artículo 12, también podrán realizar actividades de investigación y desarrollo que permitan lograr y mantener los objetivos trazados en cuanto a la calidad del agua, mientras que el artículo 13 reedita lo dispuesto en el artículo 6 ya mencionado, al señalar el intercambio de información sobre el estado ambiental de las aguas transfronterizas, experiencias adquiridas, medidas adoptadas, normativa nacional y conocimiento sobre tecnología aplicable, disposición que, necesariamente, debe observarse en el marco señalado por el ya referido y citado artículo 8 del mismo instrumento, que dispone que el intercambio de información debe sujetarse a las propias regulaciones nacionales que cada Estado parte tenga al respecto, con lo cual se reconoce y aplica un halo de protección especial que no puede obviarse ni desatenderse.\n\nEn el mismo marco de la cooperación entre los Estados ribereños, el artículo 14 se limita a precisar que los Estados parte se informarán mutuamente de cualquier situación crítica, y que cuando sea procedente, utilizarán sistemas coordinados de comunicación, aviso o alerta, lo cual tiende a lograr una comunicación fluida en casos de emergencia o de especial atención, situación que, se aprecia, desarrolla el artículo 15 siguiente, al definir que en caso de una situación crítica, los Estados ribereños se prestarán asistencia mutua cuando así se solicite, siguiendo los procedimientos que ellos mismos acuerden, especificando que tales acciones de asistencia pueden llegar, incluso, a disposiciones para la liberación de responsabilidades, indemnizaciones o compensaciones a la parte que brinde la asistencia, siempre -se reitera- si así ha sido convenido entre las partes.\n\nLa segunda parte finaliza con el artículo 16, el cual, en consonancia con el artículo 30 de la Constitución Política y el desarrollo jurisprudencial sobre la materia, señala que las partes ribereñas velarán para que se pueda consultar de manera pública y gratuita el estado de las aguas transfronterizas, las medidas adoptadas, los objetivos de calidad del agua, los resultados de los muestreos de las aguas, pudiendo obtener copias previo pago de tasas razonables.\n\nIX.- La tercera parte del Convenio se denomina “Disposiciones institucionales y finales”, e incluye en el mismo capítulo normas concretas sobre detalles de órganos que se crean en virtud del tratado y la participación de los Estados parte, para de inmediato incluir las habituales disposiciones finales de todo instrumento convencional. Los aspectos que se denominan institucionales -artículos 17 al 20- se circunscriben a definir lo relativo a la reunión de los Estados parte, el ejercicio del derecho al voto durante las reuniones y la definición de qué instancia ejercerá como Secretaría. Por su parte, dentro de las disposiciones finales -artículos 21 al 28- se encuentra lo relativo a aquellas previsiones sobre la firma, aprobación y adhesión al tratado, su entrada en vigor, la posibilidad de ejercer la denuncia, y demás.\n\nEsta parte del Convenio inicia con el artículo 17, referido de manera concreta a la reunión de las partes, definiendo que las mismas se celebrarán con una periodicidad de tres años, pudiendo reunirse de manera extraordinaria si así se resuelva durante una reunión ordinaria, o si así lo solicitara por escrito un Estado parte, con el respaldo de al menos una tercera parte de las partes del Convenio. En este artículo se define también el contenido de las sesiones a realizar, especificando que en tales reuniones, las partes examinarán las políticas y enfoques metodológicos empleados para la protección y la utilización de las aguas transfronterizas, con la intención de continuar mejorando la protección; el intercambio de información sobre experiencias adquiridas con la celebración de acuerdos; estudio de medidas necesarias para alcanzar los acuerdos del Convenio; conocer y aprobar las propuestas de enmienda al tratado. Para todo ello, el artículo 18 establece que cada uno de los Estados parte tiene derecho a un voto, con una particularidad respecto de las organizaciones regionales de integración económica que fueren parte del Convenio, ya que, en su caso, el voto de las organizaciones se considerará con un número de votos igual al número de sus Estados miembros, salvo que ya esos Estados hayan ejercido el voto, porque en ese supuesto, la organización no podrá ejercer el derecho al voto.\n\nEl artículo 19 contempla lo referido a la Secretaría, para lo cual el propio Convenio designa que las funciones habituales de este órgano recaen en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para Europa, la cual tendrá las funciones de convocar y preparar las reuniones de las partes; transmitir a las partes los informes e informaciones recibida de conformidad con las disposiciones del Convenio; y desempeñar otras funciones que le determinen las partes. De tal manera, es claro que el Convenio no crea una estructura especial para servir como órgano ejecutivo, sino que se beneficia de la ya existente Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para Europa para tales efectos, lo cual tiene el efecto importante para Costa Rica, que la existencia de tal instancia no reviste carga económica alguna en el contexto del Convenio.\n\nPor su parte, el artículo 20 se limita a señalar que los anexos al Convenio forman parte del mismo, lo cual es una conclusión necesaria de la aprobación de los anexos, ya que desde su inicial suscripción, el tratado contemplada los tres anexos que, como se ha mencionado y se detallará más adelante, constituyen precisiones a determinados contenidos del Convenio.\n\nX.- La tercera parte incluye asimismo las denominadas disposiciones finales de todo instrumento internacional de esta naturaleza, las cuales inician a partir del artículo 21 del Convenio, el cual se encuentra referido a la posibilidad de aprobar enmiendas al texto. Para tales efectos, se reconoce que cualquiera de las partes puede proponer enmiendas al tratado, las cuales deberán estudiarse durante las reuniones de las partes; se define, igualmente, el procedimiento para presentarlas y comunicarlas a los Estados parte. Es importante señalar lo de la entrada en vigencia de las enmiendas, pues si bien esta norma señala que las enmiendas deben ser aprobadas por consenso de los representantes de las partes presentes en la respectiva reunión, que entrarán en vigencia para todas las partes noventa días después de haberse recibido el depósito de las dos terceras partes, y que para cada una de las partes, la enmienda entrará en vigor noventa días después a partir de la fecha en cada una deposite su instrumento de aceptación de la enmienda. De manera expresa señala el artículo 21:\n\n“Artículo 21\n\nENMIENDAS AL CONVENIO\n\n1. Cualquiera de las Partes podrá proponer enmiendas al presente Convenio.\n\n2. Las propuestas de enmienda al presente Convenio se estudiarán en las reuniones de las Partes.\n\n3. Los textos de las propuestas de enmienda al presente Convenio se presentarán por escrito al Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para Europa, quien los transmitirá a todas las Partes al menos noventa días antes de la reunión en la que se vayan a proponer para su aprobación.\n\n4. Las enmiendas al presente Convenio se aprobarán por consenso de los representantes de las Partes en el Convenio que estén presentes en la reunión de las Partes, y entrarán en vigor para las Partes que las hayan aceptado al nonagésimo día contado a partir de la fecha en que dos tercios de esas Partes hayan depositado ante el Depositario sus instrumentos de aceptación de la enmienda en cuestión. La enmienda entrará en vigor para cada una de las demás Partes al nonagésimo día contado a partir de la fecha en que la Parte deposite su instrumento de aceptación de la enmienda.” -énfasis agregados-\n\n \n\nSobre el particular, es importante resaltar el respeto al Derecho de los Tratados y al derecho interno de los Estados parte que esta norma conlleva de manera implícita, ya que hace expresa referencia a conceptos que son parte de la dinámica propia de la suscripción y vigencia de los textos convencionales según el Derecho Internacional Público. Así, adviértase la referencia al «instrumento de aceptación de la enmienda». Tal referenciación debe entenderse, claramente, en el sentido que no basta con la sola aprobación en el marco de la reunión de las partes, sino que debe haber un instrumento que formalice la aceptación de la enmienda, y para ello, el término «aceptación» debe entenderse como la muestra de conformidad, el instrumento que resulta luego del proceso habitual que se sigue para la formal aprobación de instrumentos internacionales de esta naturaleza. Esto se reafirma a partir de la necesidad de que exista un «depósito» del instrumento de aceptación, ya que, en el marco del Derecho de los Tratados, formalmente, el «depósito» es aquel procedimiento por el cual un Estado que ha suscrito y aprobado un instrumento convencional, informa y comunica de manera formal ante el depositario designado -artículo 76 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados- que ya culminó tal proceso de aprobación en el ámbito interno, y es el culmen que procede luego de la ratificación de un tratado. En este sentido, el inciso b) del artículo 2 de la señalada Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, explica y define esta situación de esta manera:\n\n“b) se entiende por \"ratificación\", \"aceptación\", \"aprobación\" y \"adhesión\", según el caso, el acto internacional así denominado por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado;” -énfasis suplido-\n\n \n\nBajo derivación de tal conceptualización, la integración del inciso 2 del artículo 14 y del inciso b) del artículo 16 de la misma Convención de Viena, evidencia que cuando en materia de «enmiendas» el Convenio hace referencia a la «aceptación» y al «depósito», está haciendo una remisión a tal proceso riguroso de aprobación de los tratados, que incluye, en el caso del derecho interno, su aprobación por parte de la Asamblea Legislativa por medio de una ley -con el consecuente trámite legislativo-, la sanción, la publicación, la ratificación y el depósito final del instrumento así aprobado. En lo conducente, señalan estas normas:\n\n“14. Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante la ratificación, la aceptación o la aprobación.\n\n(…)\n\n2. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestará mediante la aceptación o la aprobación en condiciones semejantes a las que rigen para la ratificación.”\n\n \n\n \n\n“16. Canje o depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.\n\n(…)\n\nb) su depósito en poder del depositario;” -lo subrayado no es del original-\n\n \n\nEsta previsión que sobre las enmiendas contempla el Convenio sometido a conocimiento, debe, en consecuencia, entenderse en el marco que el propio tratado prevé, y de ahí la importancia de comprender el sentido y utilización de los términos empleados, según se ha explicado. En el caso costarricense, se reitera, ello implica, necesariamente, que la modalidad que debe utilizarse para la aprobación de la enmienda implica el cumplimiento de las fases habituales para la ratificación de un convenio internacional y que conduce al depósito del instrumento correspondiente. Como se sabe, el acto de ratificación es propio de la fase de adopción de los tratados internacionales, y para que se pueda realizar válidamente por parte del Estado, a través del Poder Ejecutivo, es necesario que, de previo, la Asamblea Legislativa apruebe la iniciativa sometida por el Poder Ejecutivo, esta vez, en lo que a la enmienda se refiere. En efecto, primero procede la presentación del respectivo proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo, debiendo ese proyecto cumplir con el trámite previsto para la aprobación de las leyes por parte del Poder Legislativo -donde se realiza, precisamente, la «aprobación», y en cuyo trámite debe darse también la consulta preceptiva de constitucionalidad ante esta Sala-; luego, el Poder Ejecutivo sanciona y publica la ley y deposita el documento de ratificación de la enmienda ante la instancia que se determine para tales efectos. Es decir, similar procedimiento al que ahora se está siguiendo para la adhesión al Convenio.\n\nAsí, el procedimiento para la adopción de eventuales modificaciones al tratado, al tener que realizarse en nuestro ordenamiento a través del proceso que culmine con la ratificación y el depósito, igualmente se muestra conforme con el ordenamiento vigente, tanto en cuanto al Derecho de los Tratados, como al trámite de formación y aprobación de las leyes señalado en la Constitución, en el Reglamento de la Asamblea Legislativa y en la Ley de la Jurisdicción Constitucional para este tipo de casos, sin que muestre problema jurídico alguno.\n\nEntonces, si para la vigencia de un tratado y para su posterior modificación es necesaria la ratificación, es claro que, de previo a esta, deben llevarse a cabo las otras fases indicadas -negociación, adopción del texto, autenticación de firmas, firma, aprobación y publicación de la correspondiente ley-, lo cual se cumple con lo dispuesto en la norma de comentario.\n\nSobre el particular, mediante la opinión consultiva número 2022-27108, señaló la Sala que:\n\n“De tal forma, no habría inconformidad constitucional alguna en cuanto a las modificaciones que posteriormente pudieren acordarse entre los Estados parte, toda vez que queda claro, que tales modificaciones deben transcurrir conforme todo el proceso de negociación, adopción, aprobación y ratificación propio de los instrumentos internacionales de esta naturaleza, tal como se regula en el denominado derecho de los tratados.”\n\n \n\nDe tal manera, de conformidad con lo señalado, es claro que la fórmula utilizada por el artículo 21 del Convenio, en cuanto a los mecanismos por los cuales dar aprobación a las enmiendas que llegaren a aprobarse -«ratificación, aceptación o aprobación»- obedece a la utilización de las vías previstas de conformidad con el ordenamiento interno, entendiéndose, según lo dicho, que para el caso costarricense, el mecanismo aquí señalado.\n\nEn este sentido, la disposición del artículo 21 del Convenio que ahora se conoce, se encuentra en consonancia con los procedimientos que el Estado costarricense debería cumplir para aprobar una enmienda relacionada con dicho texto convencional, siempre bajo el entendido, que esa final aprobación y aceptación, es cumplida luego del proceso referenciado en los párrafos anteriores.\n\nPor su parte, el artículo 22 del Convenio dispone lo relativo a la solución de controversias. En apego a los distintos procedimientos habilitados en el marco del Derecho Internacional Público para la solución pacífica de controversias, este artículo señala de manera expresa que, en caso de surgir alguna, las partes intentarán resolverla mediante la negociación, o bien, a través de alguno de los otros medios que consideren aceptable, dando así margen para que los propios Estados definan de manera voluntaria el mecanismo de solución que consideren apropiado. No obstante, se deja abierta también la posibilidad para que, en cualquier momento, las partes informen al Depositario que aceptan someter una controversia ante la Corte Internacional de Justicia, o al procedimiento de arbitraje que se define en el anexo IV, sobre el cual se hará referencia posteriormente. De tal manera, no se aprecia en esta norma situación alguna que roce con el Derecho de la Constitución. El artículo señala expresamente:\n\n“Artículo 22\n\nSOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS\n\n1. Si surge una controversia entre dos o más Partes acerca de la interpretación o la aplicación del presente Convenio, esas Partes tratarán de resolverla mediante la negociación o por cualquier otro medio de solución de controversias que consideren aceptable.\n\n2. En el momento de la firma, ratificación, aceptación o aprobación del presente Convenio, o de la adhesión a él, o en cualquier momento posterior, las Partes podrán comunicar por escrito al Depositario que, en relación con una controversia que no se resuelva conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, aceptan la obligatoriedad de uno de los dos medios siguientes, o de ambos, para la solución de controversias con aquellas Partes que hayan aceptado la misma obligación:\n\na) La presentación de la controversia a la Corte Internacional de Justicia;\n\nb) El arbitraje con arreglo al procedimiento establecido en el anexo IV.\n\n3. Si las partes en la controversia han aceptado los dos medios para la solución de controversias previstos en el párrafo 2 del presente artículo, la controversia se someterá únicamente a la Corte Internacional de Justicia, salvo que las partes convengan en otra cosa.”\n\n \n\nLos artículos 23 y 24 se circunscriben de manera concreta, a definir lo relativo a para quiénes estará disponible para firmas el Convenio, y a designar como Depositario de este instrumento al Secretario General de Naciones Unidas.\n\nEl artículo 25 contempla lo concerniente a la ratificación, aceptación, aprobación y adhesión al Convenio, mediante las regulares disposiciones al respecto, donde destaca el inciso 3, que es la norma que habilita la adhesión que ahora pretende hacer Costa Rica, pues es aquí donde se define la adhesión de todo Estado que sea miembro de la Organización de Naciones Unidas; además, también prevé que organizaciones internacionales puedan ser parte del Convenio, como bien les permitiría su propia condición de sujetos de Derecho Internacional Público, si así estuvieren habilitadas para ello.\n\nLos artículos 26 y 27 del Convenio refieren, respectivamente, el momento de entrada en vigor del tratado, y la posibilidad de ejercer la denuncia sobre el mismo. En el primer caso, se aplica la regla general de temporalidad ya utilizada en el mismo instrumento, de que la entrada en vigor será noventa días después de recibido el decimosexto instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. En el caso de la denuncia, sí establece una limitación temporal para el ejercicio de tal derecho, ya que el Convenio podría ser denunciado luego de transcurridos tres años desde la entrada en vigor del tratado para la parte que lo pretenda denunciar; asimismo, define que la denuncia entrará a regir a partir de los noventa días contado a partir de que el Depositario reciba la notificación de la denuncia.\n\nFinalmente, el artículo 28 se limita a especificar que los originales del Convenio que se encuentran en Inglés, Francés y Ruso son igualmente auténticos, y se reitera que el original se depositará en poder del Secretario General de Naciones Unidas.\n\nXI.- Sobre los anexos al Convenio. El Convenio sobre la protección y utilización de los cursos de agua transfronterizos y de los lagos internacionales incluye cuatro anexos concretos, los cuales, claramente, forman parte del Convenio, tal como lo define el mismo artículo 20 de este instrumento.\n\nEl Anexo I se centra de manera específica en definir qué se entiende por «mejor tecnología disponible», señalando al respecto que por tal se entiende “la más reciente fase de desarrollo de un proceso, medio o método de explotación que indique que una medida concreta es apta para limitar en la práctica los vertidos, las emisiones y los desechos”, y definiendo también algunos parámetros para ello, como considerar la viabilidad económica de la tecnología, los plazos de implantación, los avances tecnológicos y la evolución de conocimientos. \n\nPor su parte, el Anexo II propone criterios o directrices para establecer las mejores prácticas ambientales, para lo cual se menciona ofrecer información y educación al público, elaborar códigos de buenas prácticas ambientales, utilizar etiquetas que informen al usuario acerca de riesgos ambientales asociados a un producto, poner a disposición del público sistemas de eliminación o recogida, y definir mecanismos para autorizaciones. Además, señala que queda entendido que algo que se considere como mejor práctica ambiental puede cambiar en el futuro, en atención a los avances tecnológicos y factores económicos o sociales, así como la evolución de los conocimientos y la comprensión del ámbito científico, evidenciando así su carácter programático y evolutivo.\n\nEn similar sentido, el Anexo III contempla una proposición de directrices para establecer objetivos y criterios sobre la calidad del agua. Al respecto, este Anexo refiere de manera puntual que tales objetivos y criterios tendrán en cuenta el propósito de mantener y mejorar la calidad del agua, cuando sea necesario; que estarán encaminados a recudir la carga de contaminación media; que tendrán en cuenta los requisitos de calidad de agua específicos de cada uso; y que se basarán en la aplicación de métodos de clasificación ecológica e índices químicos a mediano y largo plazo para mantener y mejorar la calidad del agua. Al respecto, conviene recordar que el propio Convenio señala que para tales definiciones los Estados parte gozan de un margen de apreciación y definición, incluso de carácter mutuo en el caso de los Estados ribereños, con lo cual, siendo que el Anexo está integrado al Convenio, estas pautas o directrices igualmente quedan cubiertas por aquella definición general.\n\nEl Anexo IV es un complemento a lo dispuesto en el artículo 22 del Convenio en cuanto a la solución de controversias corresponde, en la medida que regula lo concerniente al procedimiento del arbitraje si así lo han dispuesto las partes relacionadas. Este anexo señala que la decisión de realizar el arbitraje será notificada a la Secretaría: que el tribunal de arbitraje estará conformado por tres miembros, siendo que cada Estado parte nombra un árbitro, y entre los dos árbitros designados nombran el tercero. Asimismo, define que el Presidente del Tribunal de Arbitraje no puede ser nacional de ninguno de los Estado en disputa, y la posibilidad de que el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para Europa pueda designar al Presidente del Tribunal si en un plazo de dos meses desde el nombramiento del segundo árbitro, el Presidente no ha podido ser designado. Adicionalmente, refiere que el tribunal de arbitraje adoptará sus decisiones por mayoría de votos y con base en el Derecho Internacional y las disposiciones del propio Convenio. Se reconoce que el tribunal podrá adoptar las medidas que considere oportunas para la determinación de los hechos, pudiendo incluso recomendar medidas provisionales de protección -se entiende que a los efectos del Convenio-; el deber de los Estados parte de facilitar documentos, servicios e información; y que el laudo debe emitirse en un plazo de cinco meses siguientes a la constitución del tribunal, plazo que puede prorrogarse una única vez por un plazo igual de cinco meses. El laudo que se emita debe ser fundamentado, y comunicado a las partes y a la Secretaría, y esta última lo informará a todas las partes del Convenio. En cuanto a la interpretación o ejecución del laudo, toda controversia al respecto puede ser instada ante el mismo tribunal, o bien, ante otro que se constituya a tales efectos, siguiendo las mismas reglas aquí mencionadas. El anexo contempla también que los gastos deben ser sufragados en igual proporción por las partes salvo que el tribunal disponga otra cosa.\n\nDada la expresa regulación de este mecanismo de solución de controversias, conviene señalar que, de manera expresa, el Anexo IV refiere:\n\n“ANEXO IV\n\nARBITRAJE\n\n1. En el caso de que una controversia se someta a arbitraje con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22, párrafo 2, del presente Convenio, la(s) parte(s) notificará(n) a la secretaría el objeto de la controversia e indicará(n), en particular, los artículos del presente Convenio cuya interpretación o aplicación se discuten. La secretaría transmitirá la información recibida a todas las Partes en el presente Convenio.\n\n2. El tribunal de arbitraje estará compuesto por tres miembros. Tanto la(s) parte(s) demandante(s) como la(s) otra(s) parte(s) en la controversia nombrarán un árbitro, y los dos árbitros así nombrados designarán de mutuo acuerdo al tercer árbitro, que presidirá el tribunal. El presidente del tribunal no podrá ser nacional de ninguna de las partes en la controversia ni residir habitualmente en el territorio de ninguna de esas partes, ni estar empleado por ninguna de ellas ni haberse ocupado del caso en ninguna otra calidad.\n\n3. Si en un plazo de dos meses desde el nombramiento del segundo árbitro no se ha designado al presidente del tribunal de arbitraje, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para Europa, a petición de cualquiera de las partes en la controversia, lo designará en un nuevo plazo de dos meses.\n\n4. Si una de las partes en la controversia no nombra un árbitro en un plazo de dos meses desde la recepción de la demanda, la otra parte podrá informar de ello al Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para Europa, que designará al presidente del tribunal de arbitraje en un nuevo plazo de dos meses. Una vez designado, el presidente del tribunal de arbitraje solicitará a la parte que no haya nombrado un árbitro que lo haga en un plazo de dos meses. Si no lo hace dentro de ese plazo, el presidente informará de ello al Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para Europa, que procederá al nombramiento en un nuevo plazo de dos meses.\n\n5. El tribunal de arbitraje adoptará su decisión de conformidad con el derecho internacional y las disposiciones del presente Convenio.\n\n6. Los tribunales de arbitraje constituidos con arreglo a las disposiciones del presente anexo establecerán sus propios reglamentos.\n\n7. Las decisiones del tribunal de arbitraje, tanto en materia de procedimiento como sobre las cuestiones de fondo, se adoptarán por mayoría de votos de sus miembros.\n\n8. El tribunal podrá emprender todas las medidas que considere oportunas para determinar los hechos.\n\n9. Las partes en la controversia facilitarán al tribunal de arbitraje su tarea y, en particular, empleando todos los medios a su alcance:\n\na) Le proporcionarán todos los documentos, servicios e información pertinentes;\n\nb) Lo facultarán, cuando sea necesario, para citar a testigos o peritos y recabar su testimonio.\n\n10. Las partes y los árbitros protegerán la confidencialidad de toda la información de carácter reservado que reciban durante el procedimiento arbitral.\n\n11. El tribunal de arbitraje, a solicitud de una de las partes, podrá recomendar medidas provisionales de protección.\n\n12. Si una de las partes en la controversia no comparece ante el tribunal de arbitraje o no defiende sus argumentos, la otra parte podrá solicitar al tribunal que prosiga el procedimiento y dicte su decisión definitiva. El hecho de que una parte no comparezca o no defienda sus argumentos no impedirá la continuación del procedimiento.\n\n13. El tribunal de arbitraje podrá conocer de las reconvenciones derivadas directamente del objeto de la controversia y resolverlas.\n\n14. Salvo que el tribunal de arbitraje determine otra cosa en razón de las circunstancias particulares del caso, los gastos del tribunal, incluida la remuneración de sus miembros, serán sufragados en igual proporción por las partes en la controversia. El tribunal llevará un registro de todos sus gastos y presentará un estado final a las partes.\n\n15. Las Partes en el presente Convenio que tengan un interés de carácter jurídico en el objeto de la controversia y que puedan resultar afectadas por una decisión recaída en el asunto podrán intervenir en el procedimiento si lo autoriza el tribunal.\n\n16. El tribunal de arbitraje dictará su laudo dentro de los cinco meses siguientes a la fecha en que se haya constituido, excepto si considera necesario prorrogar ese plazo por un período no superior a cinco meses adicionales.\n\n17. El laudo del tribunal de arbitraje irá acompañado de una exposición de motivos. Será firme y vinculante para todas las partes en la controversia. El tribunal de arbitraje comunicará el laudo a las partes en la controversia y a la secretaría. Esta transmitirá la información recibida a todas las Partes en el presente Convenio.\n\n18. Cualquier controversia que surja entre las partes en relación con la interpretación o la ejecución del laudo podrá ser sometida por cualquiera de las partes al tribunal de arbitraje que lo haya dictado o, si este no pudiera conocer de la controversia, a otro tribunal constituido a tal efecto de la misma manera que el primero.”\n\n \n\nDe la lectura de lo dispuesto, no se aprecia situación alguna que pudiere contravenir el Derecho de la Constitución, no sólo por el contenido de lo allí dispuesto, sino también, porque conviene recordar que el artículo 22 del Convenio otorga margen a los Estados parte involucrados en una controversia para decidir el procedimiento o mecanismo de solución de controversias que mejor les convenga y definan, por lo que el acudir al arbitraje es una opción más de las distintas que ofrece el ordenamiento internacional público -negociación, mediación, investigación, conciliación, entre otros-.\n\nXII.- A modo de conclusión. En definitiva, del estudio del trámite otorgado en sede legislativa al proyecto de ley para aprobar la adhesión al denominado “Convenio sobre la protección y utilización de los cursos de aguas transfronterizos y de los lagos internacionales”, y de la valoración de su contenido normativo, la Sala concluye que no se aprecian objeciones de carácter constitucional, por la forma o por el fondo, respecto del proyecto de ley tramitado bajo el expediente legislativo número 25.024.\n\nXIII.- Nota de la magistrada Garro Vargas. En la presente opinión consultiva me corresponde reiterar idéntica advertencia realizada en la resolución n.°2025-025588, sobre el carácter no vinculante de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: \n\n“En la presente consulta preceptiva de constitucionalidad me corresponde advertir que coincido y concluyo en que el protocolo bajo examen no contiene disposiciones que resulten contradictorias con nuestra Constitución Política. El objetivo del protocolo es que las Partes Contratantes asuman un compromiso individual y colectivo de proteger y preservar el medio marino contra todas las fuentes de contaminación y adoptar medidas eficaces, según su capacidad científica, técnica y económica, para prevenir, reducir y, cuando sea factible, eliminar la contaminación causada por el vertimiento o la incineración en el mar de desechos u otras materias.\n\nPara llegar a la conclusión de que las disposiciones recogidas en el protocolo no son inconstitucionales basta hacer alusión a lo dispuesto en los artículos 6, 50 y 93 –en lo relativo a la protección de las bellezas naturales– de la Constitución Política, sin necesidad de hacer referencia a otro tipo de instrumentos que por sí mismos no tienen fuerza vinculante para el Estado costarricense y, por tal motivo, no son parámetros para el ejercicio del control de constitucionalidad.\n\nDe conformidad con lo anterior, estimo improcedente el análisis del texto del convenio a la luz de unos objetivos globales que, si bien son sumamente valiosos en la persecución de la eliminación de la pobreza y la protección del medio ambiente, no tienen la categoría de tratados debidamente incorporados al ordenamiento jurídico costarricense.\n\nSobre el particular, en la opinión consultiva n° 2020-013837 realicé las siguientes consideraciones:\n\n“I. Sobre la invocación de instrumentos internacionales que no son parámetro del control de constitucionalidad\n\nCoincido con el voto de minoría de la presente opinión consultiva y con buena parte de las rationes decidendi ahí expuestas que se basan en lo resuelto en otras resoluciones de este Tribunal. No obstante, dentro de esas rationes se invocan antecedentes jurisprudenciales que incluyen instrumentos internacionales que no tienen la categoría de tratados debidamente incorporados al ordenamiento jurídico costarricense. Estimo que es inapropiado utilizarlos como parámetro para ejercer la competencia otorgada en los artículos 96 inciso b) y 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC).\n\nA. Elementos preliminares\n\n Para dar un marco adecuado al análisis de la cuestión, conviene tener presente que si bien es cierto que el artículo 7 de la LJC establece que “corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional resolver sobre su propia competencia”, también lo es que debe hacerlo dentro del marco que establece la Constitución y la Ley. Por eso interesa conocer cuál es ese plexo normativo, fuera del cual la labor de la Sala no encuentra fundamento alguno de legitimidad material ni formal.\n\n En segundo lugar, en la labor jurisdiccional es del todo necesario respetar, entre otros, dos principios de singular relevancia. Por un lado, el principio de separación de poderes, que debe informar la actividad de todo Estado de Derecho que aspira a ser democrático. Tal principio lleva a distinguir entre administrar, legislar y decir el derecho –dictar justicia–. Por otro, un principio hermenéutico básico: el de interpretación sistemática, que lleva a mirar el ordenamiento y, muy particularmente la Constitución, en su conjunto y descubriendo su unidad interna. Esos dos principios deben iluminar el análisis sobre los alcances de las competencias de la Sala Constitucional y las fuentes normativas que utiliza para ejercerlas.\n\n Finalmente, no se ha de olvidar que las disposiciones de soft law son manifestaciones tendenciales de la comunidad jurídica internacional –con frecuencia muy acertadas– sobre lo que se considera ideal reconocer o proteger. Pero esas disposiciones, por diversas razones, no se han convertido en un tratado o en un convenio. Para que estén incorporados al ordenamiento deben seguir un proceso de suscripción y ratificación que tiene un marcado talante democrático. Así, la ausencia del carácter vinculante de las normas del soft law, aunque no lo parezca a primera vista, obedece al respeto del ethos democrático que impregna la producción de normas jurídicas. Esto aconseja dar un tratamiento a los instrumentos internacionales sin obviar en cada caso la atención a su específica y diversa fuerza jurídica. (…)\n\nB. Los antecedentes invocados en el presente voto salvado de minoría\n\n En el voto salvado se hace eco de lo resuelto en otras oportunidades por la Sala, en las que se hace referencia, por ejemplo, a la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982, la Declaración de Río de Janeiro aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992) y el Código Internacional de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO (1995). Estos instrumentos internacionales son de suma relevancia, pero al no estar ratificados formalmente por la Asamblea Legislativa, no son formalmente parámetros de constitucionalidad. Lo anterior, a efecto de ejercer la competencia de evacuar las consultas de constitucionalidad”.\n\nEn idéntico sentido al expuesto, me corresponde advertir en el caso concreto que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) –citados por la mayoría en la presente resolución– no son formalmente parámetros de constitucionalidad a efecto de ejercer la competencia del control de constitucionalidad previo y preceptivo”.\n\nPor tanto\n\nSe evacua esta consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad, en el sentido de que con motivo del trámite del proyecto de ley para aprobar la adhesión al denominado “Convenio sobre la protección y utilización de los cursos de aguas transfronterizos y de los lagos internacionales”, expediente legislativo número 25.024, no existe ningún vicio constitucional de forma ni de fondo. La magistrada Garro Vargas consigna nota. Comuníquese.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n HZNCP8WIOIE61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-016036-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).",
  "body_en_text": "Review of the Document\n\nExp: 26-016036-0007-CO\n\nRes. Nº 2026019047\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine twenty-five hours on the twenty-seventh of May, two thousand twenty-six.\n\nMandatory legislative consultation of constitutionality filed by the Directorate of the Legislative Assembly, regarding the bill processed under legislative file number 25.024 to approve the accession of Costa Rica to the so-called \"Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes.\"\n\nResulting\n\n1.- By official communication received at the Secretariat of the Chamber on May 6, 2026, the Directorate of the Legislative Assembly submits this mandatory legislative consultation of constitutionality, in compliance with the provisions of subsection a) of Article 96 of the Law of Constitutional Jurisdiction, together with a certified copy of the legislative file, which consists of six volumes.\n\n2.- By resolution of the Presidency of this Chamber, at eleven hours forty minutes on May 6, 2026, this consultation is deemed filed and is transferred, according to the corresponding turn, to the drafting Magistrate.\n\n3.- In the process, the prescriptions of law have been observed, and this resolution is issued within the respective legal period, which expires on June 6, 2026.\n\nDrafted by Magistrate Araya García; and,\n\nConsidering\n\nI.- Object and admissibility of the consultation. This mandatory consultation of constitutionality is filed by the Directorate of the Legislative Assembly in compliance with the provisions of Articles 10, subsection b), of the Political Constitution, and 96, subsection a), of the Law of Constitutional Jurisdiction. It refers to the bill to approve the accession of Costa Rica to the so-called \"Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes,\" processed under legislative file number 25.024.\n\nThe legislative bill was submitted to a vote in the first debate and approved in the Ordinary Session of the Plenary of the Legislative Assembly, number 132, of April 21, 2026, with forty-seven votes in favor and none against, thus fulfilling the provisions of the first paragraph of Article 98 of the Law of Constitutional Jurisdiction. In accordance with the provisions of Articles 98 and 101 of the cited Law, the first thing that must be done in order to address this consultation is to verify the legislative procedures followed in the sub lite case. In this sense, for the above purposes, the following recitals will provide a summary and chronological overview of the legislative process for the bill under consultation, as well as its necessary background, to facilitate a better understanding of the content and objective of the bill.\n\nII.- On the background and purpose of the bill for the approval of the \"Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes.\" The Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes was signed on March 17, 1992, in Helsinki, Finland, and entered into force on October 6, 1996. Initially, the Convention, conceived as an open treaty of a particular character—that is, not universal—stated that only the member States of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) and the regional economic integration organizations constituted by such States could accede to the Convention. However, on November 28, 2003, the Meeting of the Parties adopted decision III/1, by which Articles 25 and 26 of the Convention were amended so that all United Nations member States could accede to this instrument, thus making it a universal instrument. These amendments entered into force on February 6, 2013. Additionally, on November 30, 2012, the Meeting of the Parties adopted decision VI/3, relating to the accession of countries not members of the UNECE, clarifying that any request for accession to the Convention made in the future by United Nations member States that were not UNECE members would be considered approved by the Meeting of the Parties. This approval was subject to the entry into force, for all States and organizations that were Parties to the Convention on November 28, 2003, of the amendments to Articles 25 and 26. This requirement was met on March 1, 2016, following the entry into force of the amendments to Articles 25 and 26 for all States and organizations that were Parties to the Convention on November 28, 2003, meaning that the State of Costa Rica may, validly, proceed with the accession to the Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes.\n\nThe Convention is an environmental protection instrument for the handling and management of border rivers and lakes through international cooperation, understanding that, by their nature, they require management that goes beyond the separate national jurisdictions of each State. This treaty states that its object is the regulation of \"transboundary watercourses,\" understanding these not only as those that constitute boundaries, shared or not between two or more States, but all those that are susceptible to being affected by measures or actions in the territory of the other State, precisely because of the transboundary nature of these rivers or watercourses.\n\nNotwithstanding the detail provided later on the specific content of the Convention, it is important to note that the main obligation appears in its Article 2, relating to preventing, controlling, and reducing water pollution, ecologically managing discharges and their equitable and sustainable use, for which it defines a series of general commitments that, it is anticipated, in no way are contrary to Constitutional Law. The Convention delves into the need for international cooperation and is consistent with other international instruments signed by Costa Rica, such as the \"Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat,\" known as the \"1971 RAMSAR Convention.\"\n\nSimilarly, it is observed that the instrument to which Costa Rica intends to accede also corresponds with the sustainable development goals validated by the country. Thus, the Department of Studies, References, and Technical Services of the Legislative Assembly rightly states that:\n\n\"[T]he SDG 6 is directly strengthened, since the Convention promotes sustainable, equitable, and cooperative management of shared water resources, a central element of its provisions. By establishing obligations to prevent pollution and promote the rational use of water, the treaty promotes both quality and water security in transboundary contexts. The technical cooperation and joint assessment mechanisms provided for in Articles 11 and 12 allow for strengthening water planning and governance, facilitating compliance with the targets of SDG 6.\n\nSDG 13 is also benefited, insofar as the coordinated management of transboundary basins is essential for climate change adaptation. Cooperation between riparian States facilitates the exchange of hydrometeorological information, the planning of resilience measures, and the reduction of risks associated with extreme events, such as droughts and floods, which are increasingly frequent due to climate change.\n\nIn relation to SDG 15, the protection of international water sources directly impacts the conservation of ecosystems that depend on them. The sustainable use of water resources contributes to preserving wetlands, riparian forests, and biodiversity associated with shared basins, fundamental aspects for guaranteeing the ecological functionality of the territories.\n\nFinally, SDG 17 is reflected in the very spirit of the Convention, which promotes bilateral and multilateral agreements, regional cooperation, access to financing, and knowledge exchange. Participation in this international framework allows Costa Rica to link with technical and financial assistance mechanisms, as well as to establish new strategic alliances for sustainable development in border areas and shared basins, in line with the provisions of Article 9 of the instrument.\"\n\nFor its part, it is worth highlighting the interest for the United Nations Organization in expanding accessions to the Convention, particularly those from Latin American countries, to the extent that 71% of the freshwater flow in the region is shared between two or more countries, so that, as expressed in the statement of motives of the bill, \"the Convention seeks to be an alternative that promotes transboundary relations among countries.\" In this sense, an important point is the strengthening of international cooperation regarding the exchange of experiences, monitoring, assistance, research, and capacity building, through which it is intended to positively influence the governance of transboundary water basins through that exchange among all member States, especially considering that, to date, 58 States in Europe, America, and Asia have ratified this Convention, where it is worth highlighting the ratification by Panama, which would facilitate the development of cooperative relations on transboundary issues between both countries.\n\nIII.- The processing of legislative file number 25.024. The bill to approve the accession to the so-called \"Convention on the protection and use of transboundary watercourses and international lakes\" has undergone the following processing in the legislative branch:\n\nBy official communication from the Ministry of the Presidency, number MP-DMP-OF-0431-2025, dated June 3, 2025, received on the same date by the Secretariat of the Directorate of the Legislative Assembly, the bill to approve the accession to the so-called \"Convention on the protection and use of transboundary watercourses and international lakes\" was sent to the Legislative Assembly and assigned the legislative file number 25.024 (folio 1 of the legislative file).\n\nBy Executive Decree number 45012-MP, dated June 4, 2025, the bill processed under legislative file number 25.024 is convened for Extraordinary Sessions of the Legislative Assembly (folio 39 of the legislative file).\n\nOn June 5, 2025, legislative file number 25.024 is assigned to the Permanent Special Committee on International Relations and Foreign Trade (folio 41 of the legislative file).\n\nOn June 6, 2025, the Department of Document Management and Archives of the Legislative Assembly receives the bill contained in legislative file number 25.024 for its proper publication (folio 45 of the legislative file).\n\nOn June 6, 2025, the Department of Document Management and Archives of the Legislative Assembly sends the bill contained in legislative file number 25.024 to the National Press for its proper publication (folio 43 of the legislative file).\n\nOn June 6, 2025, a copy of file 25.024 is delivered to the Department of Studies, Reference, and Technical Services of the Legislative Assembly (folio 44 of the legislative file).\n\nThrough Supplement number 73 of the Official Gazette La Gaceta number 106, dated June 11, 2025, the bill processed under legislative file 25.024 is published (website of the National Press).\n\nIn the ordinary session of the Permanent Special Committee on International Relations and Foreign Trade, number 3, dated June 18, 2025, legislative file number 25.024 is assigned to a subcommittee, and it is agreed to consult the bill with the Ministry of Foreign Affairs and Worship, the Ministry of Environment and Energy, the Ministry of Agriculture and Livestock and the State Phytosanitary Service, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the National Directorate of Waters, and the Attorney General's Office of the Republic (folios 88 and 93 of the legislative file).\n\nThrough official communications numbers AL-CPEREL-080-2025, AL-CPEREL-081-2025, AL-CPEREL-082-2025, AL-CPEREL-083-2025, AL-CPEREL-084-2025, AL-CPEREL-085-2025, AL-CPEREL-086-2025, dated June 18, 2025, the Permanent Special Committee on International Relations and Foreign Trade of the Legislative Assembly consults the bill processed under legislative file number 25.024 with the aforementioned Ministries and institutions (folios 96 to 107 of the legislative file).\n\nThrough official communication number AL-DEST-IJU-233-2025, dated June 24, 2025, the Department of Studies, References, and Technical Services of the Legislative Assembly presents to the Permanent Special Committee on International Relations its Legal Report on the bill processed under file 25.024 (folio 128 of the legislative file).\n\nBy official communication number DM-534-2025, dated June 27, 2025, the Ministry of Environment and Energy indicates the advisability of acceding to the convention to generate scientific knowledge, exchange experiences, open windows of opportunity for international cooperation, and develop integrated management to reduce marine pollution from land-based sources (folio 142 of the legislative file).\n\nThrough official communication number PRE-2025-00396, dated July 15, 2025, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers states its agreement with the bill (folio 149 of the legislative file).\n\nThrough a report dated August 11, 2025, the designated Subcommittee recommends to the Permanent Special Committee on International Relations and Foreign Trade to issue a positive report on the bill processed under legislative file number 25.024 (folio 153 of the legislative file).\n\nIn ordinary session number 6, dated September 17, 2025, the Permanent Special Committee on International Relations and Foreign Trade unanimously approves the subcommittee report issued on the bill processed under legislative file number 25.024, and also unanimously approves an Affirmative Ruling and recommends the Legislative Plenary approve the bill (folios 162, 167, and 213 of the legislative file).\n\nOn October 6, 2025, the Permanent Special Committee on International Relations and Foreign Trade sends file 25.024 to the Secretariat of the Legislative Directorate (folio 214 of the legislative file).\n\nOn October 6, 2025, the Secretariat of the Legislative Directorate receives legislative file 25.024 from the Permanent Special Committee on International Relations and Foreign Trade (folio 215 of the legislative file).\n\nThrough official communication number DJC-0101-25, dated October 17, 2025, the Ministry of Foreign Affairs and Worship states that no legal problem is identified that would prevent the approval of the bill, making it viable and advisable (folio 216 of the legislative file).\n\nBy Executive Decrees numbers 45281-MP, dated October 31, 2025, and 45436-MP, dated January 16, 2026, the bill processed under legislative file number 25.024 is convened for Extraordinary Sessions of the Legislative Assembly (folios 220, 223, 236, and 237 of the legislative file).\n\nIn Session of the Plenary of the Legislative Assembly, number 132, dated April 21, 2026, by a vote of forty-seven in favor and none against, the bill processed under legislative file number 25.024 is approved in the first debate (folios 248 and 259 of the legislative file).\n\nIn the ordinary session of the Permanent Special Drafting Committee, number 48, April 23, 2026, the final text of the bill contained in legislative file number 25.024 is approved (folios 268 and 276 of the legislative file).\n\nOn April 27, 2026, the Permanent Special Drafting Committee sends to the Secretariat of the Legislative Directorate the report with the final text of the bill processed under legislative file 25.024 (digital file).\n\nIV.- Regarding the processing of legislative file number 25.024. In accordance with the provisions of the preceding recitals, the \"Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes\" was signed in Helsinki, Finland, on March 17, 1992, as an open treaty. Being an open treaty and Costa Rica not having participated in the negotiation and adoption process of the Convention, the intention is to use the accession mechanism provided for in the Vienna Convention on the Law of Treaties—Article 15.a—which is why, on June 3, 2025, through the Ministry of the Presidency, the Executive Branch presented to the Legislative Assembly a formal bill aimed at approving the accession to the \"Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes,\" assigned the legislative file number 25.024.\n\nFurthermore, it is on record that on June 5, 2025, the bill was assigned to the Permanent Special Committee on International Relations and Foreign Trade, and on June 6, 2025, the bill was sent to the Department of Studies, References, and Technical Services and to the Department of Document Management and Archives of the Legislative Assembly, the latter being the one that, on the same day, sent said bill to the National Press for publication, which finally took place in Supplement number 73 of the Official Gazette La Gaceta, number 106, of June 11 of that year. Subsequently, already in its processing in Committee, on June 18, 2025, the file was assigned to a Subcommittee for study, at the same time that it was approved to consult the bill with the Ministry of Foreign Affairs and Worship, the Ministry of Environment and Energy, the Ministry of Agriculture and Livestock and the State Phytosanitary Service, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the National Directorate of Waters, and the Attorney General's Office of the Republic, consultations that were made on June 18, 2025.\n\nThe consultations made were answered by the Ministry of Environment and Energy, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and the Ministry of Foreign Affairs and Worship, through communications received in the Committee on June 27, July 15, and October 17, all of 2025, respectively, without any objection being formulated in any of the reports received; rather, the opinions were coincident on the importance of acceding to the Convention. Particularly, the Ministry of Environment and Energy pointed out the advisability of acceding to the convention to generate scientific knowledge, exchange experiences, open windows of opportunity for international cooperation, and develop integrated management to reduce marine pollution from land-based sources.\n\nFor its part, on June 24, 2025, the Department of Studies, References, and Technical Services of the Legislative Assembly presented its legal report, where it expressed that the convention \"presents no legal problems; its commitments, although soft or generic, are natural and common in environmental law, already assumed in our national legislation. It presents no legal problems of any kind, and its approval responds exclusively to political discretion of advisability or opportunity.\"\n\nUpon receipt of the reports from the consulted institutions and entities that responded to the request, and the legal report from the Department of Technical Services, on August 11, 2025, the Subcommittee report recommended issuing a positive ruling on the bill. Thus, in an ordinary session of the Permanent Special Committee on International Relations and Foreign Trade, on September 17, 2025, the Unanimous Affirmative Ruling on the bill was adopted, sending it to the Secretariat of the Legislative Directorate, an instance that received it on October 6, 2025.\n\nThus, in the session of the Plenary of the Legislative Assembly, number 132, dated April 21, 2026, by a vote of forty-seven in favor and none against, the bill now consulted was approved in the first debate and sent to the Permanent Special Drafting Committee. Consequently, on April 23, 2026, this committee approved the final text of the bill, and on April 27, 2026, sent it back to the Secretariat of the Legislative Directorate.\n\nIn this sense, having examined the procedural iter followed by legislative file number 25.024, it is observed that it is far from involving any procedural defect.\n\nV.- On the bill and the content of the Convention. The bill of legislative file number 25.024 consists of a single article, which states:\n\n\"SOLE ARTICLE- Approves, in each and every one of its parts, the 'CONVENTION ON THE PROTECTION AND USE OF TRANSBOUNDARY WATERCOURSES AND INTERNATIONAL LAKES,' the text of which is as follows:\n\n(…)\n\nIn force as of its publication.\"\n\nThe Convention itself, that is, what in the Law of Treaties is technically known as its operative part and final considerations, consists of 28 articles, with the objective stated in its preamble of «reinforcing bilateral and multilateral cooperation for the prevention, control, and reduction of transboundary pollution, for the sustainable management of water, for the conservation of water resources, and for environmental protection.»\n\nIn the text of the Convention, the three usual parts that make up an international instrument of this nature under the theory and practice of modern Public International Law—preamble, operative part, and final considerations—are clearly discernible. Thus, its operative part is divided into three chapters or parts. The first—Articles 2 to 8—relates to provisions applicable generally to all parties. The second—Articles 9 to 16—refers to the provisions applicable to States termed \"riparian.\" And the third—Articles 17 to 28—relates to institutional provisions, and also incorporates the traditional final provisions characteristic of this type of international instrument. The Convention also includes four very concrete and specific annexes that clarify certain aspects considered in the treaty. The first of these merely defines what should be understood by \"best available technology,\" while the second annex contains some guidelines or recommendations for establishing best environmental practices; the third annex similarly contains some criteria for establishing water quality, and, finally, the fourth annex contains general rules for conducting arbitrations as a means of dispute settlement, should that be the mechanism desired by the involved States. As such, a description of the content of the convention follows, from which it is evident, as anticipated, that it conforms to Constitutional Law.\n\nVI.- Article 1 of the Convention precedes the aforementioned parts or chapters of this instrument. This article contains the definitions of different concepts to be used in the document, notably that \"transboundary waters\" should be understood as all surface or groundwater that marks, crosses, or is located on the boundaries between two or more States, including those that flow directly into the sea. It also contains the definitions of \"transboundary impact,\" which is understood as any significant adverse effect on the state of transboundary waters caused by human activity, which may affect human health and safety, flora, fauna, soil, climate, landscape, and historical monuments. An essential point is the definition of \"riparian parties,\" which are those States that are party to the Convention and that are contiguous to the same transboundary waters, that is, the State parties that border each other and that have or share waters along their boundary lines. It also defines the concept of \"hazardous substances\" as those substances which are toxic, carcinogenic, mutagenic, teratogenic, or bioaccumulative. Thus, after this conceptualization, the operative part of the convention begins, commencing, as stated, with the first chapter or first part, which contains the so-called \"Provisions applicable to all Parties,\" and which comprises Articles 2 to 8 of the Convention.\n\nVII.- The first part of the Convention begins with Article 2, which contains what it terms \"General Provisions,\" where the previously mentioned main commitment of the Convention is highlighted, focused on preventing, controlling, or reducing water pollution; additionally, ensuring that water management is carried out in an ecologically sound, rational, reasonable, and equitable manner, aiming for the conservation and, if necessary, the restoration of ecosystems, through measures that do not involve the transfer of pollution to other areas of the environment. Here, a reiteration and specification of the precautionary principle in environmental matters is included, as well as the possibility for the parties to the convention to independently adopt stricter measures.\n\nFor its part, Article 3 refers generally to what it terms prevention, control, and reduction, indicating that the State parties shall, to the extent possible, develop and adopt legal, administrative, economic, financial, and technical measures to prevent, control, and reduce at the source the emission of pollutants and thus protect transboundary waters, being able to use the best available technology for this purpose. To this end, the realization of environmental assessments, the development of contingency plans, and the adoption of specific additional measures are encouraged. An important point is that it reserves to each State party the establishment of emission limits for discharges from point sources into surface waters, as well as the definition of water quality criteria themselves to prevent, control, and reduce transboundary impact, thus evidencing the margin of disposition that each State party has in this regard, in accordance with its own procedures and definitions, and with reference to the guidelines or recommendations included in Annex III of the Convention, which serves as a guide and complement for state action in these cases.\n\nArticle 4 merely indicates that the State parties shall establish programs to monitor the condition of transboundary waters, which underscores that margin of action recognized to States in this matter. Article 5 defines that the parties shall cooperate in the research and development of effective techniques for the prevention, control, and reduction of transboundary impact, for which purpose, bilaterally or multilaterally, they may initiate or strengthen scientific research programs; in this sense, this norm not only promotes what are known as R&D strategies and initiatives but is also framed within the principles of modern Public International Law, which include, precisely, international cooperation.\n\nArticle 6 states that the State parties shall facilitate the exchange of information, but limiting it, of course, to the matters covered by the Convention, an action that, clearly, must be understood as being carried out within the framework of a fair balance between the right of access to information and the safeguarding of information that for different reasons might be protected; for this reason, it is significant that the norm states that «the Parties shall facilitate», but especially its integration with Article 8 of the same instrument, which expressly recognizes such a possibility of applying national and supranational law in this area. Article 7 of the Convention is a general norm, by which the State parties undertake to support appropriate initiatives for the development of rules, criteria, and procedures regarding liability.\n\nThe already-mentioned Article 8 of the Convention is particularly relevant, as while it relates to the aforementioned Article 6 concerning the protection of information, the fact is that it evidences the respect that, within the framework of the convention, is held for the obligations that national legal systems themselves, in conjunction with the international system, impose on the State parties, from which it follows that the commitments assumed—in this case regarding the information to be exchanged—must be viewed and understood from the perspective of the obligations held in this regard as defined in the globally considered legal order. This article states:\n\n\"Article 8\n\nPROTECTION OF INFORMATION\n\nThe provisions of this Convention shall not affect the rights or obligations of the Parties under their national legal systems and applicable supranational regulations protecting information related to industrial and commercial secrets, including intellectual property, or national security.\" —emphasis added—\n\nVIII.— The second part or chapter of the Convention is specifically concerned, as indicated, with \"Provisions relating to Riparian Parties\"; that is, while the first part discussed in the preceding recital contains provisions for all States party to the Convention, this section deals with provisions specifically for those States that, being party to the Convention, are riparian to one another, which are, as explained in the already discussed Article 1, States that are \"bordering the same transboundary waters\". It begins with Article 9, which reiterates bilateral or multilateral cooperation, based on the principles of equality and reciprocity to, it is again stated, prevent, control and reduce transboundary impact, for which purpose they shall specify the geographical area or watershed (cuenca hidrográfica) subject to cooperation; within the scope of this cooperation, they may establish joint bodies to gather information, develop monitoring programs, define joint objectives and the like, all of which, of course, within the framework of mutual agreements that may be reached in accordance with the rules of Public International Law. Article 10 is an extension of the cooperation strategies, as it establishes the power of the riparian parties to hold consultations with each other and at the request of any of the parties to define, precisely, the cooperation strategies.\n\nArticle 11 of the Convention develops the same cooperation strategies promoted by the treaty, now with respect to promoting monitoring programs among the riparian States concerning transboundary waters, which includes floods and ice floes, being able to agree among themselves on pollution parameters, the possibility of coordinated periodic assessments, and being able to harmonize among themselves the rules regulating such monitoring programs, thus demonstrating once again the scope of action and discretion that States maintain in this matter. Likewise, as defined in Article 12, they may also carry out research and development activities to achieve and maintain the established objectives regarding water quality, while Article 13 reiterates the provisions of the aforementioned Article 6, by indicating the exchange of information on the environmental condition of transboundary waters, experiences gained, measures adopted, national regulations, and knowledge of applicable technology, a provision that must necessarily be observed within the framework set out by the already referenced and cited Article 8 of the same instrument, which provides that the exchange of information must be subject to the national regulations that each State party has in this regard, thereby recognizing and applying a special protective sphere that cannot be ignored or disregarded.\n\nWithin the same framework of cooperation among riparian States, Article 14 simply specifies that the State parties shall inform each other of any critical situation, and that, when appropriate, they shall use coordinated communication, warning, or alert systems, which tends to achieve fluid communication in cases of emergency or special attention, a situation that, it is observed, is developed in the following Article 15, by defining that in the event of a critical situation, the riparian States shall provide mutual assistance when so requested, following procedures that they themselves agree upon, specifying that such assistance actions may even include provisions for the release of liability, indemnities, or compensation to the party providing assistance, provided—it is reiterated—that this has been agreed between the parties.\n\nThe second part concludes with Article 16, which, in keeping with Article 30 of the Political Constitution and the jurisprudential development on the matter, indicates that the riparian parties shall ensure that the condition of transboundary waters, the measures adopted, the water quality objectives, and the results of water sampling can be publicly and freely consulted, with copies obtainable upon payment of reasonable fees.\n\nIX.— The third part of the Convention is entitled \"Institutional and Final Provisions\", and includes in the same chapter specific rules on the details of bodies created by virtue of the treaty and the participation of the State parties, then immediately proceeds to the standard final provisions of any conventional instrument. The so-called institutional aspects—Articles 17 through 20—are limited to defining matters relating to the meeting of the State parties, the exercise of the right to vote during the meetings, and the definition of which body will serve as the Secretariat. For its part, within the final provisions—Articles 21 through 28—are those provisions concerning signature, approval, and accession to the treaty, its entry into force, the possibility of exercising denunciation, and so on.\n\nThis part of the Convention begins with Article 17, specifically concerned with the Meeting of the Parties, defining that these shall be held every three years, and may meet extraordinarily if so decided during an ordinary meeting, or if so requested in writing by a State party, with the support of at least one-third of the parties to the Convention. This article also defines the content of the sessions to be held, specifying that at such meetings, the parties shall review the policies and methodological approaches used for the protection and use of transboundary waters, with the intention of continuing to improve protection; exchange information on experiences gained in concluding agreements; study measures necessary to achieve the objectives of the Convention; and hear and approve proposed amendments to the treaty. For all of this, Article 18 establishes that each of the State parties shall have one vote, with a particularity regarding regional economic integration organizations that are party to the Convention, since, in their case, the vote of the organizations shall be counted as a number of votes equal to the number of their member States, unless those States have already exercised their vote, because in that event, the organization may not exercise the right to vote.\n\nArticle 19 addresses the matter of the Secretariat, for which the Convention itself designates that the usual functions of this body shall fall to the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe, which shall have the functions of convening and preparing the meetings of the parties; transmitting to the parties reports and information received in accordance with the provisions of the Convention; and performing other functions as may be determined by the parties. Thus, it is clear that the Convention does not create a special structure to serve as the executive body, but rather benefits from the existing Executive Secretary of the Economic Commission for Europe for such purposes, which has the important effect for Costa Rica that the existence of such a body does not impose any economic burden in the context of the Convention.\n\nFor its part, Article 20 simply states that the annexes to the Convention form an integral part thereof, which is a necessary conclusion from the approval of the annexes, since from its initial signature, the treaty included the three annexes that, as has been mentioned and will be detailed further below, constitute specifications for certain contents of the Convention.\n\nX.— The third part also includes the so-called final provisions of any international instrument of this nature, which begin with Article 21 of the Convention, which is concerned with the possibility of approving amendments to the text. For such purposes, it is recognized that any of the parties may propose amendments to the treaty, which shall be examined during the meetings of the parties; the procedure for submitting and communicating them to the State parties is also defined. It is important to note the matter of the entry into force of the amendments, because although this norm indicates that amendments must be adopted by consensus of the representatives of the parties present at the respective meeting, that they shall enter into force for all parties ninety days after the deposit of two-thirds has been received, and that for each party, the amendment shall enter into force ninety days after the date on which each deposits its instrument of acceptance of the amendment. Article 21 expressly states:\n\n\"Article 21\n\nAMENDMENTS TO THE CONVENTION\n\n1. Any Party may propose amendments to this Convention.\n\n2. Proposed amendments to this Convention shall be examined at the meetings of the Parties.\n\n3. The texts of proposed amendments to this Convention shall be submitted in writing to the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe, who shall transmit them to all Parties at least ninety days before the meeting at which they are proposed for adoption.\n\n4. Amendments to this Convention shall be adopted by consensus of the representatives of the Parties to the Convention present at the meeting of the Parties, and shall enter into force for the Parties that have accepted them on the ninetieth day after the date on which two-thirds of those Parties have deposited with the Depositary their instruments of acceptance of the amendment in question. The amendment shall enter into force for each of the other Parties on the ninetieth day after the date on which that Party deposits its instrument of acceptance of the amendment.\" —emphasis added—\n\nIn this regard, it is important to highlight the respect for the Law of Treaties and the domestic law of the State parties that this rule implicitly entails, as it expressly references concepts that are part of the dynamics inherent to the signature and entry into force of conventional texts under Public International Law. Thus, note the reference to the \"instrument of acceptance of the amendment\". Such referencing must be clearly understood in the sense that mere adoption within the framework of the meeting of the parties is not sufficient; rather, there must be an instrument that formalizes the acceptance of the amendment, and for this, the term \"acceptance\" must be understood as the expression of consent, the instrument resulting from the customary process followed for the formal approval of international instruments of this nature. This is reaffirmed by the need for a \"deposit\" of the instrument of acceptance, since, within the framework of the Law of Treaties, formally, \"deposit\" is that procedure by which a State that has signed and approved a conventional instrument formally informs and communicates to the designated depositary—Article 76 of the Vienna Convention on the Law of Treaties—that it has completed such approval process at the domestic level, and it is the culmination that follows the ratification of a treaty. In this sense, subparagraph b) of Article 2 of the aforementioned Vienna Convention on the Law of Treaties explains and defines this situation as follows:\n\n\"b) 'ratification', 'acceptance', 'approval' and 'accession' mean in each case the international act so named whereby a State establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty;\" —emphasis added—\n\nBy derivation of such conceptualization, the integration of paragraph 2 of Article 14 and subparagraph b) of Article 16 of the same Vienna Convention shows that when, regarding \"amendments\", the Convention refers to \"acceptance\" and \"deposit\", it is referring to that rigorous process of treaty approval, which includes, in the case of domestic law, its approval by the Legislative Assembly through a law—with the consequent legislative procedure—, sanction, publication, ratification, and the final deposit of the instrument thus approved. Where relevant, these norms state:\n\n\"14. Consent to be bound by a treaty expressed by ratification, acceptance or approval.\n\n(...)\n\n2. The consent of a State to be bound by a treaty shall be expressed by acceptance or approval under conditions similar to those which apply to ratification.\"\n\n\"16. Exchange or deposit of instruments of ratification, acceptance, approval or accession.\n\n(...)\n\nb) its deposit with the depositary;\" —underlining not in original—\n\nThis provision concerning amendments contained in the Convention under consideration must, consequently, be understood within the framework provided for by the treaty itself, and hence the importance of understanding the meaning and use of the terms employed, as has been explained. In the Costa Rican case, it is reiterated, this necessarily implies that the modality to be used for the approval of the amendment requires compliance with the customary phases for the ratification of an international convention and which leads to the deposit of the corresponding instrument. As is known, the act of ratification is proper to the adoption phase of international treaties, and in order for it to be validly carried out by the State, through the Executive Branch, it is necessary that, beforehand, the Legislative Assembly approves the initiative submitted by the Executive Branch, this time, regarding the amendment. Indeed, first comes the presentation of the respective bill by the Executive Branch, and that bill must comply with the procedure provided for the approval of laws by the Legislative Branch—where, precisely, the \"approval\" is carried out, and during which process the mandatory consultation on constitutionality must also be made before this Chamber—; then, the Executive Branch sanctions and publishes the law and deposits the instrument of ratification of the amendment before the body determined for such purposes. That is, a procedure similar to the one now being followed for accession to the Convention.\n\nThus, the procedure for the adoption of eventual modifications to the treaty, having to be carried out in our legal system through the process culminating in ratification and deposit, likewise conforms to the legal system in force, both with regard to the Law of Treaties and to the process of drafting and approving laws set out in the Constitution, the Rules of Procedure of the Legislative Assembly, and the Law of Constitutional Jurisdiction for this type of case, without showing any legal problem.\n\nTherefore, if ratification is necessary for the entry into force of a treaty and for its subsequent modification, it is clear that, prior to this, the other indicated phases must be carried out—negotiation, adoption of the text, authentication of signatures, signature, approval and publication of the corresponding law—which is satisfied by what is provided in the norm under discussion.\n\nIn this regard, through Advisory Opinion number 2022-27108, the Chamber stated that:\n\n\"In this way, there would be no constitutional non-conformity whatsoever regarding modifications that may subsequently be agreed upon between the State parties, since it is clear that such modifications must proceed through the entire process of negotiation, adoption, approval, and ratification characteristic of international instruments of this nature, as regulated in the so-called law of treaties.\"\n\nThus, in accordance with what has been indicated, it is clear that the formula used in Article 21 of the Convention, regarding the mechanisms for approving amendments that may be adopted—\"ratification, acceptance or approval\"—corresponds to the use of the paths provided in accordance with domestic legal systems, it being understood, as stated, that for the Costa Rican case, the mechanism is that indicated here.\n\nIn this sense, the provision of Article 21 of the Convention now under review is consistent with the procedures that the Costa Rican State would have to follow to approve an amendment related to said conventional text, always on the understanding that such final approval and acceptance is completed after the process referenced in the preceding paragraphs.\n\nFor its part, Article 22 of the Convention provides for the settlement of disputes. In keeping with the various procedures enabled within the framework of Public International Law for the peaceful settlement of disputes, this article expressly states that, should one arise, the parties shall seek to resolve it through negotiation, or through any other means they deem acceptable, thus providing room for the States themselves to voluntarily define the settlement mechanism they deem appropriate. However, the possibility is also left open for the parties, at any time, to inform the Depositary that they accept submitting a dispute to the International Court of Justice, or to the arbitration procedure defined in Annex IV, which will be referred to later. Therefore, no situation that conflicts with Constitutional Law is perceived in this norm. The article expressly states:\n\n\"Article 22\n\nSETTLEMENT OF DISPUTES\n\n1. If a dispute arises between two or more Parties concerning the interpretation or application of this Convention, those Parties shall seek a solution by negotiation or by any other means of dispute settlement acceptable to them.\n\n2. When signing, ratifying, accepting or approving this Convention, or acceding thereto, or at any time thereafter, a Party may declare in writing to the Depositary that, for a dispute not resolved in accordance with paragraph 1 of this article, it accepts one or both of the following means of dispute settlement as compulsory in relation to any Party accepting the same obligation:\n\na) Submission of the dispute to the International Court of Justice;\n\nb) Arbitration in accordance with the procedure set out in Annex IV.\n\n3. If the parties to the dispute have accepted both means of dispute settlement referred to in paragraph 2 of this article, the dispute may be submitted only to the International Court of Justice, unless the parties agree otherwise.\"\n\nArticles 23 and 24 are limited specifically to defining who may sign the Convention, and designating the Secretary-General of the United Nations as Depositary of this instrument.\n\nArticle 25 addresses ratification, acceptance, approval, and accession to the Convention, through the standard provisions in this regard, where paragraph 3 stands out, which is the norm enabling the accession that Costa Rica now seeks, since it is here that the accession of any State that is a member of the United Nations is defined; furthermore, it also provides that international organizations may become party to the Convention, as their own status as subjects of Public International Law would well allow them, if they are so enabled for it.\n\nArticles 26 and 27 of the Convention refer, respectively, to the moment of entry into force of the treaty, and the possibility of exercising denunciation of it. In the first case, the general rule of temporality already used in the same instrument applies, that entry into force shall be ninety days after the receipt of the sixteenth instrument of ratification, acceptance, approval, or accession. In the case of denunciation, it does establish a time limitation for the exercise of such right, since the Convention may be denounced after three years have elapsed from the entry into force of the treaty for the party wishing to denounce it; likewise, it defines that the denunciation shall take effect ninety days after the Depositary receives the notification of denunciation.\n\nFinally, Article 28 simply specifies that the originals of the Convention in English, French, and Russian are equally authentic, and reiterates that the original shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.\n\nXI.— On the annexes to the Convention. The Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes includes four specific annexes, which clearly form an integral part of the Convention, as defined in Article 20 of this instrument itself.\n\nAnnex I focuses specifically on defining what is meant by \"best available technology\", indicating in this regard that it means \"the latest stage of development of processes, facilities or methods of operation which indicate the practical suitability of a particular measure for limiting discharges, emissions and waste\", and also defining some parameters for this, such as considering the economic feasibility of the technology, the time limits for installation, technological advances, and changes in scientific knowledge and understanding.\n\nFor its part, Annex II proposes criteria or guidelines for developing best environmental practices, for which it mentions providing information and education to the public, developing codes of good environmental practice, using labels informing users about environmental risks associated with a product, making collection and disposal systems available to the public, and defining mechanisms for authorizations. Furthermore, it indicates that it is understood that something considered a best environmental practice may change in the future, in light of technological advances and economic or social factors, as well as changes in scientific knowledge and understanding, thus evidencing its programmatic and evolutionary character.\n\nIn a similar vein, Annex III contains a proposal of guidelines for establishing water quality objectives and criteria. In this regard, this Annex specifically states that such objectives and criteria shall take into account the aim of maintaining and improving water quality, where necessary; that they shall be aimed at reducing average pollution loads; that they shall take into account the specific water quality requirements of each use; and that they shall be based on the application of ecological classification methods and chemical indices for the medium and long term to maintain and improve water quality. In this respect, it is worth recalling that the Convention itself indicates that for such definitions, the State parties enjoy a margin of appreciation and definition, even of a mutual nature in the case of riparian States, whereby, since the Annex is integrated into the Convention, these guidelines or directives are similarly covered by that general definition.\n\nAnnex IV is a complement to the provisions of Article 22 of the Convention regarding the settlement of disputes, insofar as it regulates the arbitration procedure if so agreed by the parties concerned. This annex states that the decision to resort to arbitration shall be notified to the Secretariat; that the arbitral tribunal shall consist of three members, with each State party appointing one arbitrator, and the two arbitrators so appointed designating the third. Likewise, it defines that the President of the arbitral tribunal may not be a national of any of the States in dispute, and the possibility that the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe may designate the President of the Tribunal if, within two months of the appointment of the second arbitrator, the President has not been designated. Additionally, it states that the arbitral tribunal shall reach its decisions by a majority vote and on the basis of international law and the provisions of the Convention itself. It is recognized that the tribunal may take all appropriate measures to ascertain the facts, and may even recommend interim measures of protection—understood to be for the purposes of the Convention—; the duty of the State parties to provide documents, facilities, and information; and that the award must be rendered within five months of the date on which the tribunal is constituted, which time limit may be extended once only for a further period of five months. The award rendered must be supported by reasons, and communicated to the parties and the Secretariat, which shall inform all parties to the Convention. As for the interpretation or execution of the award, any dispute in this regard may be brought before the same tribunal, or before another constituted for such purposes, following the same rules mentioned herein. The annex also provides that the costs shall be borne equally by the parties unless the tribunal determines otherwise.\n\nGiven the express regulation of this dispute settlement mechanism, it is fitting to note that Annex IV expressly states:\n\n\"ANNEX IV\n\nARBITRATION\n\n1. In the event of a dispute being submitted for arbitration pursuant to Article 22, paragraph 2, of this Convention, the party or parties shall notify the secretariat of the subject matter of the dispute and indicate, in particular, the articles of this Convention whose interpretation or application is at issue. The secretariat shall forward the information received to all Parties to this Convention.\n\n2. The arbitral tribunal shall consist of three members. Both the claimant party or parties and the other party or parties to the dispute shall appoint an arbitrator, and the two arbitrators so appointed shall designate by common agreement the third arbitrator, who shall be the President of the tribunal. The President of the tribunal shall not be a national of any of the parties to the dispute, nor have his or her usual place of residence in the territory of any of those parties, nor be employed by any of them, nor have dealt with the case in any other capacity.\n\n3. If the President of the arbitral tribunal has not been designated within two months of the appointment of the second arbitrator, the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe, at the request of any of the parties to the dispute, shall designate the President within a further two-month period.\n\n4. If one of the parties to the dispute does not appoint an arbitrator within two months of receipt of the request, the other party may inform the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe, who shall designate the President of the arbitral tribunal within a further two-month period. Once designated, the President of the arbitral tribunal shall request the party that has not appointed an arbitrator to do so within two months. If it fails to do so within that period, the President shall inform the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe, who shall make this appointment within a further two-month period.\n\n5. The arbitral tribunal shall render its decision in accordance with international law and the provisions of this Convention.\n\n6. Any arbitral tribunal constituted under the provisions of this annex shall draw up its own rules of procedure.\n\n7. The decisions of the arbitral tribunal, both on procedure and on the substance, shall be taken by a majority vote of its members.\n\n8. The tribunal may take all appropriate measures to ascertain the facts.\n\n9. The parties to the dispute shall facilitate the work of the arbitral tribunal and, in particular, using all means at their disposal, shall:\n\na) Provide it with all relevant documents, facilities and information;\n\nb) Enable it, when necessary, to call witnesses or experts and receive their evidence.\n\n10. The parties and the arbitrators shall protect the confidentiality of any confidential information they receive during the arbitral proceeding.\n\n11. The arbitral tribunal may, at the request of one of the parties, recommend interim measures of protection.\n\n12. If one of the parties to the dispute does not appear before the arbitral tribunal or fails to defend its case, the other party may request the tribunal to continue the proceedings and to render its final decision. The fact that a party does not appear or fails to defend its case shall not bar the continuation of the proceedings.\n\n13. The arbitral tribunal may hear and determine counterclaims arising directly out of the subject matter of the dispute.\n\n14. Unless the arbitral tribunal determines otherwise because of the particular circumstances of the case, the costs of the tribunal, including the remuneration of its members, shall be borne in equal shares by the parties to the dispute. The tribunal shall keep a record of all its costs and shall provide a final statement thereof to the parties.\n\n15. The Parties to this Convention having a legal interest in the subject matter of the dispute and which may be affected by a decision in the case may intervene in the proceedings if authorized by the tribunal.\n\n16. The arbitration tribunal shall render its award within five months of the date of its constitution, unless it deems it necessary to extend that period for no more than an additional five months.\n\n17. The award of the arbitration tribunal shall be accompanied by a statement of reasons. It shall be final and binding upon all parties to the dispute. The arbitration tribunal shall communicate the award to the parties to the dispute and to the secretariat. The latter shall transmit the information received to all Parties to this Convention.\n\n18. Any dispute that arises between the parties in relation to the interpretation or execution of the award may be submitted by any of the parties to the arbitration tribunal that rendered it or, if the latter cannot hear the dispute, to another tribunal constituted for that purpose in the same manner as the first.\"\n\nFrom a reading of the foregoing, no situation is apparent that could contravene Constitutional Law, not only because of the content set forth therein, but also because it bears recalling that Article 22 of the Convention grants margin to the State Parties involved in a dispute to decide the dispute resolution procedure or mechanism that best suits them and that they define; thus, resorting to arbitration is one option among the various ones offered by public international law—negotiation, mediation, inquiry, conciliation, among others.\n\nXII.- By way of conclusion. Ultimately, from the study of the legislative process afforded to the bill to approve the accession to the so-called \"Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes,\" and from the assessment of its normative content, the Chamber concludes that no constitutional objections are apparent, as to form or substance, with respect to the bill processed under legislative file number 25.024.\n\nXIII.- Note of Judge Garro Vargas. In this advisory opinion, I must reiterate the identical warning made in decision No. 2025-025588, regarding the non-binding nature of the Sustainable Development Goals:\n\n\"In this mandatory constitutional review, I must warn that I concur and conclude that the protocol under examination does not contain provisions that contradict our Political Constitution. The objective of the protocol is for the Contracting Parties to assume an individual and collective commitment to protect and preserve the marine environment from all sources of pollution and to adopt effective measures, according to their scientific, technical, and economic capacity, to prevent, reduce, and, where feasible, eliminate pollution caused by dumping or incineration at sea of wastes or other matter.\n\nTo reach the conclusion that the provisions contained in the protocol are not unconstitutional, it suffices to allude to the provisions of Articles 6, 50, and 93—in relation to the protection of natural beauties—of the Political Constitution, without the need to refer to other types of instruments that by themselves have no binding force for the Costa Rican State and, for that reason, are not benchmarks for the exercise of constitutional review.\n\nPursuant to the foregoing, I consider it inappropriate to analyze the text of the convention in light of global goals that, although highly valuable in the pursuit of poverty eradication and environmental protection, do not have the status of treaties duly incorporated into the Costa Rican legal order.\n\nOn this matter, in advisory opinion No. 2020-013837, I made the following considerations:\n\n'I. Regarding the invocation of international instruments that are not benchmarks for constitutional review\n\nI concur with the minority vote of this advisory opinion and with a good part of the rationes decidendi set forth therein that are based on what was decided in other resolutions of this Tribunal. However, within those rationes, jurisprudential precedents are invoked that include international instruments that do not have the status of treaties duly incorporated into the Costa Rican legal order. I consider it inappropriate to use them as benchmarks to exercise the jurisdiction granted in Articles 96(b) and 101 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional, LJC).\n\nA. Preliminary elements\n\nTo provide an adequate framework for the analysis of the issue, it is worth bearing in mind that while it is true that Article 7 of the LJC establishes that \"the Constitutional Chamber has exclusive authority to decide on its own jurisdiction,\" it is also true that it must do so within the framework established by the Constitution and the Law. For this reason, it is of interest to know what this normative plexus is, outside of which the Chamber's work finds no basis for material or formal legitimacy.\n\nSecondly, in judicial work, it is entirely necessary to respect, among others, two principles of singular relevance. On the one hand, the principle of separation of powers, which must inform the activity of every Rule of Law State that aspires to be democratic. This principle leads to distinguishing between administering, legislating, and declaring the law—delivering justice. On the other hand, a basic hermeneutical principle: that of systematic interpretation, which leads to looking at the legal order and, very particularly the Constitution, as a whole and discovering its internal unity. These two principles must illuminate the analysis of the scope of the Constitutional Chamber's jurisdiction and the normative sources it uses to exercise them.\n\nFinally, it must not be forgotten that soft law provisions are trend-based manifestations of the international legal community—often very accurate—regarding what is considered ideal to recognize or protect. But these provisions, for various reasons, have not become a treaty or convention. For them to be incorporated into the legal order, they must undergo a process of signature and ratification that has a markedly democratic nature. Thus, the absence of the binding nature of soft law norms, although it may not seem so at first glance, stems from respect for the democratic ethos that permeates the production of legal norms. This advises treating international instruments without overlooking, in each case, attention to their specific and diverse legal force. (…)\n\nB. The precedents invoked in this dissenting vote\n\nThe dissenting vote echoes what was decided on other occasions by the Chamber, in which reference is made, for example, to the 1982 World Charter for Nature, the Rio de Janeiro Declaration approved at the United Nations Conference on Environment and Development (1992), and the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries (1995). These international instruments are of utmost relevance, but not having been formally ratified by the Legislative Assembly, they are not formally benchmarks of constitutionality. The foregoing, for the purpose of exercising the jurisdiction to hear constitutional reviews.'\n\nIn the same sense as set forth, I must warn in this specific case that the Sustainable Development Goals (SDGs)—cited by the majority in this resolution—are not formally benchmarks of constitutionality for the purpose of exercising the jurisdiction of prior and mandatory constitutional review.\"\n\nTherefore\n\nThis mandatory legislative constitutional review is resolved, in the sense that, with regard to the processing of the bill to approve the accession to the so-called \"Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes,\" legislative file number 25.024, there is no constitutional defect, as to form or substance. Judge Garro Vargas records a note. Let this be communicated.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\nPresident\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDigitally Signed Document\n-- Verification Code --\n\n\n HZNCP8WIOIE61\n\nEXPEDIENTE No. 26-016036-0007-CO\n\n \n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church)."
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