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  "id": "nexus-sen-1-0007-1401434",
  "citation": "Res. 20269-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Instalación de malla municipal en zona de parque y riesgo por árbol",
  "title_en": "Municipal fence on parkland and tree danger claim",
  "summary_es": "La Sala Constitucional analiza si la Municipalidad de Desamparados violó derechos fundamentales al instalar una malla en un área de parque municipal colindante con la propiedad del recurrente, impidiendo un acceso histórico a una calle pública, y al no atender adecuadamente el riesgo que representaba un árbol cercano. La Sala concluye que la malla se ubicó en terreno público de naturaleza demanial —zona de reserva y parque— conforme a planos catastrales, por lo que no requería procedimiento administrativo previo ni vulneraba el acceso legal del inmueble, que oficialmente es por otra calle. En cuanto al árbol, se constata que la municipalidad sí inspeccionó y podó las ramas invasoras, sin que el recurrente presentara una nueva gestión posterior. Por tanto, declara sin lugar el amparo, remitiendo las disputas sobre delimitación registral y uso histórico a la vía ordinaria o administrativa.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber examines whether the Municipality of Desamparados violated fundamental rights by installing a fence on a municipal park area adjacent to the petitioner's property, blocking a historical access to a public street, and by failing to properly address the danger posed by a nearby tree. The Chamber finds that the fence was placed on public land of a demanial nature—reserve and park zone—according to cadastral maps, thus no prior administrative procedure was required and it did not impair the legal access of the property, which officially is from another street. Regarding the tree, it is verified that the municipality did inspect and prune the invading branches, with the petitioner not having filed any further request since. Consequently, the amparo is denied, and disputes over property boundaries and historical use are referred to ordinary or administrative channels.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "05/06/2026",
  "year": "2026",
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  "es_concept_hints": [
    "bien demanial",
    "zona de parque",
    "amparo sumario",
    "urbanización",
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    "posesión consolidada"
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  "keywords_es": [
    "recurso de amparo",
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    "zona de parque municipal",
    "arbolado urbano",
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    "Sala Constitucional",
    "Municipalidad de Desamparados"
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  "keywords_en": [
    "amparo proceeding",
    "demanial asset",
    "municipal parkland",
    "urban trees",
    "access to public road",
    "historical possession",
    "Constitutional Chamber",
    "Municipality of Desamparados"
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  "excerpt_es": "Primeramente, conviene advertir que el recurso de amparo es de naturaleza eminentemente sumaria, motivo por el que su tramitación es incompatible con el diligenciamiento de pruebas extensas o complejas, ya que ello corresponde ser dilucidado en la vía ordinaria. Así las cosas, no compete a este Tribunal Constitucional determinar, de acuerdo con la normativa infraconstitucional que rige la materia y las particularidades del caso bajo estudio, cuál es la delimitación registral real del terreno perteneciente al amparado, tampoco dilucidar su disconformidad en cuanto a la malla objeto de este asunto, máxime cuando de los autos se colige que tal estructura se ubicó en propiedad pública, no dentro de la finca del accionante, por lo que al tratarse de un bien demanial no existe la necesidad de entablar un procedimiento como el reclamado por el amparado.  De otro lado, el recurrente acusa que cerca de su propiedad existe un árbol cuyas ramas generan un peligro para los transeúntes. Al respecto, recuérdese que en la especie se tiene como incontrovertido que en el año 2024 se formuló una gestión en ese sentido ante la corporación local de Desamparados. Ante ello, el gobierno municipal emitió el memorial TE-CT-090-2024 del 30 de julio de 2024, en el que se consignó que se inspeccionó el árbol denunciado por el tutelado y se concluyó que: “El tronco principal del árbol no se ubica en la zona de parque, se ubica en un espacio pequeño de terreno entre la zona de reserva de la finca madre y los lotes privados.  No se logró determinar que el tronco principal del árbol se ubique en área de algún lote privado. Lo que se puede apreciar en sitio es que las ramas si se extienden en ambos lados abarcando parte de la zona de parque, zona de reserva y lote privado”. Además, en el informe rendido bajo juramento ante este Tribunal por la alcaldesa de Desamparados -con las solemnidades y consecuencias que ello conlleva- se indicó: “En relación al árbol, el mismo fue debidamente inspeccionado y se eliminaron las ramas que podrían estar ocasionando algún peligro y que se encontraban invadiendo la zona pública … también se le indicó al administrado la situación del árbol, motivo por el cual sólo fue posible cortas unas ramas que invaden al área de protección”. De este modo, la parte recurrida sí atendió la situación expuesta por el amparado en el año 2024 … De ahí que no se verifique la lesión a los derechos fundamentales de la parte tutelada en cuanto a este agravio.",
  "excerpt_en": "First, it must be noted that the amparo proceeding is eminently summary in nature, so its processing is incompatible with the taking of extensive or complex evidence, since that is a matter for ordinary courts. Thus, it is not for this Constitutional Chamber to determine, under the infra-constitutional rules governing the matter and the specific circumstances of this case, what is the actual registered boundary of the petitioner's property, nor to resolve his disagreement regarding the fence at issue, especially when the record shows that such structure was placed on public property, not within the petitioner's lot, and therefore, as it is a demanial asset, no prior procedure of the kind demanded by the petitioner is required. On the other hand, the petitioner claims that a tree near his property has branches that pose a danger to passers-by. In this regard, it is undisputed that a request was filed on that matter with the local government of Desamparados in 2024. In response, the municipality issued report TE-CT-090-2024 of July 30, 2024, stating that the tree was inspected and concluding: “The main trunk of the tree is not located in the park area; it is located in a small strip of land between the reserve area of the parent estate and the private lots. It could not be determined that the main trunk of the tree is located within any private lot. What can be observed on site is that the branches do extend to both sides, covering part of the park area, the reserve area, and the private lot.” Additionally, the sworn statement given by the mayor of Desamparados to this Chamber indicated: “Regarding the tree, it was duly inspected and the branches that could be causing danger and that were invading the public area were eliminated … the petitioner was also informed of the tree's situation, which is why only a few branches invading the protection area could be cut.” Thus, the respondent did address the situation raised by the petitioner in 2024 … Consequently, no violation of the fundamental rights of the petitioner is found regarding this grievance.",
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    "label_en": "Denied",
    "label_es": "Sin lugar",
    "summary_en": "The amparo is dismissed as no violation of fundamental rights was proven regarding the fence on public land or neglect of the tree hazard.",
    "summary_es": "Se declara sin lugar el amparo al no comprobarse violación de derechos fundamentales por la instalación de la malla en terreno público ni desatención del riesgo del árbol."
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      "context": "Considerando IV",
      "quote_en": "the respondent did address the situation raised by the petitioner in 2024, and there is no evidence in this record to corroborate that, after such pruning and prior to the filing of this claim, the petitioner submitted any new request to the municipal corporation regarding the said tree",
      "quote_es": "la parte recurrida sí atendió la situación expuesta por el amparado en el año 2024, sin que conste elemento probatorio alguno en este expediente que permita corroborar que, con posterioridad a tal poda y de previo a la formulación de este asunto, el accionante haya planteado alguna nueva gestión ante la corporación municipal en relación con el mencionado árbol"
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  "body_es_text": "Revisión del Documento\n\n\n\nExp: 26-008475-0007-CO \n\nRes. Nº 2026020269\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del cinco de junio de dos mil veintiseis .\n\n Recurso de amparo que se tramita en expediente número 26-008475-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS. \n\nResultando:\n\n 1.- Por escrito incorporado al expediente digital el 10 de marzo de 2026, la parte accionante interpone recurso de amparo. Expone que es propietario de un inmueble ubicado en San Miguel de Desamparados. Indica que, según el plano original de su propiedad, desde hace aproximadamente 35 años, esa cuenta con salida a vía pública por su frente hacia la calle Cristóbal. Explica que, hace aproximadamente 20 años se construyó la vía pública conocida como Calle Laurel en la parte posterior de su propiedad, quedando el límite del terreno aproximadamente a dos metros de esa calle, franja que corresponde al espacio destinado para acera y zona verde de la vía pública. Señala que durante todo ese tiempo ha tenido acceso hacia la Calle Laurel por la parte posterior de su propiedad, sin que existiera algún tipo de obstáculo, cierre o limitación. Relata que, sin previo aviso, funcionarios de la Municipalidad de Desamparados instalaron una malla en la parte posterior de su propiedad, específicamente frente a la Calle Laurel, impidiendo el acceso que históricamente ha existido hacia esa vía pública. Acota que la instalación de esa malla se realizó sin notificación previa, sin apertura de procedimiento administrativo y sin mostrar documento, resolución o acuerdo municipal que justificara esa actuación. Explica que, al consultar a los funcionarios municipales sobre la autorización para instalar la malla, no se presentó algún documento que respaldara esa decisión. Alega que, durante la instalación, incluso se apersonaron oficiales de la Policía Municipal para custodiar la ejecución de los trabajos, evidenciando la arbitrariedad de la medida. Arguye que posteriormente realizó consultas formales ante la municipalidad recurrida, recibiendo como respuesta que la franja donde se instaló la malla corresponde a una zona de parque o reserva municipal. Alega que no se indicó la ley específica, acuerdo municipal, plano oficial o inscripción registral que demuestre formalmente que ese terreno se encuentra inscrito como parque municipal. Señala que la municipalidad recurrida ha emitido respuestas contradictorias: en un documento indica que la franja corresponde a un parque, mientras que en otro reconoce que no se trata de un terreno de dominio público. Manifiesta que esa inconsistencia evidencia la falta de base legal y refuerza la arbitrariedad de la medida. Menciona que, en el Registro Nacional, su propiedad no aparece colindando con ningún terreno inscrito a nombre de la municipalidad recurrida, lo que genera incertidumbre jurídica sobre la delimitación real del terreno donde se instaló la malla. Comenta que la colocación de la malla se realizó únicamente frente a su propiedad, en un tramo aproximado de 7 metros, pese a que la urbanización tiene una extensión de aproximadamente 300 metros, lo que refleja una actuación selectiva y carente de justificación objetiva. Acusa que en el límite de su propiedad se encuentra un árbol de gran tamaño, cuya estabilidad representa un peligro evidente para varias viviendas ubicadas en la parte inferior del terreno, donde habitan adultos mayores y menores de edad. Asegura que, a pesar de haber informado a la municipalidad recurrida del riesgo del árbol, únicamente se cortaron cuatro ramas y se indicó que no contaban con presupuesto para su poda total. Sostiene que, en las comunicaciones enviadas a la municipalidad recurrida, cita normas legales relacionadas con accesibilidad, uso de vías públicas y planificación urbana, entre ellas la Ley nro. 7600, la Ley General de Caminos Públicos y la Ley de Planificación Urbana. Sin embargo, el municipio accionado no aportó fundamento jurídico claro que justificara la instalación de la malla. Señala que la instalación de la malla implicó el uso de funcionarios municipales y de la Policía Municipal, lo que evidencia un uso innecesario de recursos públicos para una medida cuya legalidad no ha sido acreditada. Sostiene que durante más de 20 años ha existido acceso consolidado desde su propiedad hacia la Calle Laurel, sin oposición ni restricción por parte de la municipalidad recurrida, lo que genera una situación consolidada que no puede ser alterada arbitrariamente sin el debido procedimiento administrativo. Por los motivos expuestos, solicita la intervención de la Sala en el presente asunto. \n\n2.- Mediante resolución de la Presidencia de la Sala de las 15:59 horas del 25 de marzo de 2026, se dio curso al proceso.\n\n3.- Por escrito incorporado al expediente digital el 8 de abril de 2026, informan bajo juramento María Naranjo Brenes, en su condición de alcaldesa de Desamparados. Explica: “II. INFORME DE LA MUNICIPALIDAD Se rechaza en todos sus extremos la violación de los derechos fundamentales alegados por el recurrente de acuerdo a (sic) los siguientes hechos. 1- Mediante oficio TR-GA-082-2026 de fecha 27 de marzo de 2026, el Proceso de Protección Ambiental del Área de Gestión Ambiental indica que no ha tenido vinculación directa con los alegatos del recurrente, no obstante de una revisión en el sistema JORCO de esta Municipalidad se identificaron los trámites N.º 5282-2024 y N.º 6079-2024 relacionados con la colocación de la malla objeto del recurso. Dichos casos fueron trasladados a la Unidad de Zonas Verdes de Saneamiento Ambiental y atendidos oportunamente por esa dependencia (SA-ZV-0756-2024, SA-ZV-07152024 y SA-ZV-0804-2024), los cuales aporta el recurrente con la presentación del recurso y se adjuntan como prueba. 2- Mediante el oficio SA-ZV-0715-2024 se le indicó al recurrente el 07 de noviembre de 2024, que la finca de su propiedad folio real 1430028-000, plano catastrado SJ-0851303-1989 corresponde al lote -13 de la Urbanización La Capri. De acuerdo al (sic) plano catastrado del lote BT-13, el acceso y salida oficial registrado es la calle pública descrita en dicho plano ubicada al costado sur de su propiedad, registrada con el nombre de calle Cristóbal. También se le indicó que el cerramiento de la malla al que hace referencia se hizo en terreno que corresponde a una zona de Reserva y parque municipal, con el fin de realizar labores de protección y seguridad, no solo de limitación, sino de proteger a cualquier persona de una caída por la pendiente pronunciada y que ambos terrenos que colindan con su propiedad, forman parte del área que debe ceder el Desarrollador de la Urbanización Iratzú, ubicada al costado norte de su lote (BT-13 de la Urbanización La Capri). 3- Según los informes la propiedad del recurrente 1-430028-000 forma parte de la Urbanización La Capri y no forma parte de la Urbanización Iratzú, por ende, el lote BT-1 3 no tiene salida a la calle pública con el nombre Laurel, de la Urbanización Iratzú. Son dos proyectos urbanísticos distintos, por Io que, la entrada y la salida oficial y autorizada corresponde a la calle que indica su plano catastrado SJ-0851303-1989. También se aclara que al norte de su terreno no se puede autorizar, ni habilitar ningún tipo de salida de emergencia, puesto que, estaría atravesando un área de parque público de mantenimiento y protección municipal, convirtiendo en una invasión a zonas de dominio público, tal y como se ve parte del mapa oficial que se adjunta y que demuestra que las áreas públicas conforme a los artículos 43 y 44 de la Ley de Planificación Urbana constituyen registro especial fehaciente sobre propiedad y afectación a dominio público de los terrenos o espacios ya entregados a usos públicos y que el dominio municipal sobre las áreas de calles, plazas, jardines, parques u otros espacios abiertos de uso público general, se constituye por ese mismo uso y puede prescindirse de su inscripción en el Registro de la Propiedad, si consta en el Mapa Oficial. 4- Para la colocación de la malla que limita dichas propiedades, y para tener la certeza de que no se está utilizando parte del terreno del amparado (BT-13), se contó con apoyo de Catastro y Topografía de la Municipalidad de Desamparados, donde, según los planos catastrados, se verificó el límite perimetral de los terrenos públicos. 5- Adicionalmente, se efectuó una revisión del plano catastrado SJ-851303-1989, correspondiente a la finca N.º 1-430028, determinándose que esta presenta acceso únicamente por el lindero sur, colindante con vía pública. En relación con el lindero norte, donde el recurrente indica contar con una salida, se identificó que son parte del resto de finca inmatriculada por ser resto de finca, perteneciente a la Municipalidad y por ende inalienables e imprescriptibles al ser terrenos de uso público y por ende inmuebles demaniales, para lo cual se contó con los planos SJ-730827-2001 y SJ-730831-2001 en su momento. 6- Mediante oficio AM-JU-CL-105-2024, también comunicado al amparado junto al oficio SA-ZV-0715-2024 y SA-ZV-0010-2025, el Licenciado Randall Escalante, en lo conducente indica: “… a.- El Sr. [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 002] es propietario de la finca matricula de folio real 1-430028-000, plano catastrado SJ- 0851303-1989, que corresponde al lote B-13 de la Urbanización La Capri en el distrito de San Miguel, cuyo origen es anterior a la Urbanización Iratzú. b.- El acceso a vía pública del inmueble matrícula 1-430028-000, lo es por el lindero sur, a la llamada calle Cristóbal de la Urbanización La Capri. b.-(sic) La zona en donde el Proceso de Administración de Áreas Verdes colocó una malla, corresponde a una zona de parque de la Urbanización Iratzú, misma que se encuentra identificada en el plano catastrado SJ730827-2001, con un área de 206,87 m2. c.- Entre el bloque B de la Urbanización La Capri, en el que se ubica el inmueble del Sr. [Nombre 001] y la referida zona de parque de la Urbanización Iratzú, se ubica una franja de terreno que pertenece al resto de la finca 1-121387-000, que corresponde a la finca madre de ese residencial, con área un de 115,01 m2, según la información del plano catastrado SJ-730831- 2001, en el que se describe con claridad dicha franja. De conformidad a la anterior información registral y catastral, resulta imposible que la finca 1-430028- 000 propiedad del Sr. [Nombre 001], una vez construida la Urbanización Iratzú tuviera acceso por el lindero norte con la vía principal de este residencial, toda vez, que entre ese lindero y esa calle pública se ubica de por medio y en primer lugar la franja de terreno del resto de la finca 1-121387-000 descrita en el plano SJ730831-2001 y de forma posterior y contigua a ese resto de finca, se ubica una zona de parque descrita en el plano catastrado SJ-730827-2001. Así las cosas, no se puede compartir la posición del Sr. [Nombre 001], de que la solución para que su inmueble tenga salida por esa vía pública, que es convertir en una acera de 2 metros el comentado espacio de parque, más la franja de terreno que forma parte del resto de la finca1-121387-000 que dio origen a la Urbanización Iratzú, pues jurídicamente ello no es posible, dado que tratándose de un área destinada a parque, ésta tiene una naturaleza y uso diferente al de una vía pública, en ese sentido, no se puede cambiar su uso público, pues así lo estable la Ley de Planificación Urbana en sus artículos 40, 43, 44 y 45, para variar su uso y destino se necesitaría una ley de la república que así lo autorice y compensar el área en otro sitio cercano (…) 7- En relación al (sic) árbol, el mismo fue debidamente inspeccionado y se eliminaron las ramas que podrían estar ocasionando algún peligro y que se encontraban invadiendo la zona pública. Mediante oficio TE-CT-090-2024 de 30 de julio de 2024, se determinó en lo conducente: “… se realizó un montaje de los planos catastrados de la zona de parque y de la zona de reserva, así como los planos catastrados de los lotes privados colindantes, de dicho montaje de planos se realizó el croquis adjunto a este informe, con el cual se presentan las siguientes conclusiones: El tronco principal del árbol no se ubica en la zona de parque, se ubica en un espacio pequeño de terreno entre la zona de reserva de la finca madre y los lotes privados. No se logró determinar que el tronco principal del árbol se ubique en área de algún lote privado. Lo que se puede apreciar en sitio es que las ramas si se extienden en ambos lados abarcando parte de la zona de parque, zona de reserva y lote privado. Se recomienda analizar con las personas expertas en la materia de la Municipalidad, bajo las competencias de cada una, que indiquen el riesgo para las personas, que pueda presentar el árbol, en distintos escenarios de eventos. …” 8- Al determinarse mediante el informe de Catastro y Topografía TE-CT-090-2024, que el árbol se encuentra fuera de propiedad municipal, así como de la propiedad del Sr. Corrales, se realizaron las respuestas al señor Corrales en el año 2024 e inicios del 2025, no obstante al no estar conforme con lo resuelto, vuelve ahora ante los Respetables Señores Magistrados a solicitar se le resuelva una situación de vieja data y que ya fue resuelta y notificada oportunamente al amparado por esta Municipalidad, como lo afirma el administrado y amparado recurrente y según trámites y comprobantes que se hacen constar del sistema JORCO, según oficio TR-GA-082-2026, , se identificaron los trámites N.º 5282-2024 y N.º 6079-2024 los cuales están relacionados con la colocación de la malla y el árbol. Dichos casos fueron trasladados a la Unidad de Zonas Verdes de Saneamiento Ambiental y atendidos oportunamente por esa dependencia notificando al administrado según oficios (SA-ZV-0756-2024, SAZV- 07152024 y SA-ZV-0804-2024). III. SOBRE EL FONDO Conforme consta de los informes rendidos desde el año 2024 al amparado se le contestaron y atendieron sus solicitudes, explicándole claramente que el terreno donde se ubicó la malla pertenece a un área protegida y resto de finca de la Urbanización Iratzú que de acuerdo al (sic) principio de inmatriculación es un bien demanial que le corresponde a la Municipalidad proteger y limitado por las leyes ambientales, por lo que no existe ninguna violación de acceso para el amparado, además que se le contestó desde el año 2024 según consta de la propia prueba aportada por el recurrente y casi dos años después pretende reactivar un asunto que ya fue resuelto por la Municipalidad de acuerdo a (sic) la Ley de Planificación Urbana es propiedad de la Municipalidad y es su deber de proteger, conforme al Código Municipal artículos 4 y 13 ,Ley Forestal 7575, por lo que las zonas forestales o de protección dentro de una urbanización no pueden urbanizarse ni alterarse , Ley de Biodiversidad , Plan Regulador de la Municipalidad de Desamparados , por lo que las áreas verdes y zonas de protección en urbanizaciones son bienes de interés público con destino específico ya sea ambiental o comunal debiendo la Municipalidad administrarlas , impedir su uso indebido y recuperarlas si se afectan. Por último también se le indicó al administrado la situación del árbol, motivo por el cual sólo fue posible cortas unas ramas que invaden al área de protección. (…) V. PRETENSIÓN: Con base en lo anterior, solicito al Honorable Tribunal declarar sin lugar el presente Recurso de amparo, al no haber violentado mi representada ningún derecho constitucional al recurrente”. \n\n4.- Mediante constancia suscrita el 16 de abril de 2026 por la secretaria a.i. y la técnica judicial 3, ambas de la Sala Constitucional, se indica que: “revisado, a las nueve horas cero minutos del dieciséis de abril de dos mil veintiséis, en el SISTEMA COSTARRICENSE DE GESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES el CONTROL DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y ESTE EXPEDIENTE, no apareció que del 6 al 8 de abril de 2026, el coordinador de Foresta y Restauración de la Municipalidad de Desamparados, haya presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las quince horas cincuenta y nueve minutos del veinticinco de marzo de dos mil veintiséis”.\n\n5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- CUESTIONES PREVIAS. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia nro. 2008002545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia planteada por el riesgo causado a la integridad física y vida de las personas por un árbol, la cual presuntamente no ha sido atendida. Aclarado el punto, se entra a resolver, la situación concreta planteada en este amparo.\n\nDe otro lado, en vista de que el coordinador de Foresta y Restauración de la Municipalidad de Desamparados omitió contestar la audiencia dentro del plazo fijado por este Tribunal en la resolución de curso del sub lite, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se procede a resolver el recurso con base en los demás escritos y pruebas aportados a los autos.\n\nII.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente señala que hace aproximadamente 20 años se construyó la vía pública conocida como calle Laurel en la parte posterior de su propiedad, por lo que el límite del terreno quedó aproximadamente a dos metros de esa calle, franja que corresponde al espacio destinado para acera y zona verde de la vía pública. Aclara que durante todo ese tiempo ha tenido acceso hacia la calle Laurel por la parte posterior de su propiedad, sin que existiera algún tipo de obstáculo, cierre o limitación. Acusa que, sin notificación previa, sin apertura de procedimiento administrativo y sin mostrar documento, resolución o acuerdo municipal que justificara esa actuación, funcionarios de la Municipalidad de Desamparados instalaron una malla en la parte posterior de su propiedad, lo que impide el mencionado acceso. Arguye que realizó consultas formales ante la municipalidad recurrida, ante lo que se le indicó que la franja donde se instaló la malla corresponde a una zona de parque o reserva municipal; sin embargo, no se indicó la ley específica, acuerdo municipal, plano oficial o inscripción registral que demuestre formalmente que ese terreno se encuentra inscrito como parque municipal. Menciona que, en el Registro Nacional, su propiedad no aparece colindando con ningún terreno inscrito a nombre de la municipalidad recurrida, lo que genera incertidumbre jurídica sobre la delimitación real del terreno donde se instaló la malla. Acusa que en el límite de su propiedad se encuentra un árbol de gran tamaño, cuya estabilidad representa un peligro evidente para varias viviendas ubicadas en la parte inferior del terreno. Agrega que, a pesar de haber informado al gobierno local del riesgo, únicamente se cortaron cuatro ramas y se indicó que no contaban con presupuesto para su poda total. \n\nIII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: \n\na) El amparado es propietario de la finca con matrícula nro. 430028-000. (Ver prueba documental).\n\nb) En fecha indeterminada, pero en el año 2024, el accionante planteó una gestión ante la Municipalidad de Desamparados respecto a un árbol ubicado cerca de su propiedad cuyas ramas generan peligro para los transeúntes. (Hecho incontrovertido).\n\nc) Por oficio TE-CT-090-2024 del 30 de julio de 2024, la Municipalidad de Desamparados consignó que se inspeccionó el árbol denunciado por el tutelado y se concluyó que: “El tronco principal del árbol no se ubica en la zona de parque, se ubica en un espacio pequeño de terreno entre la zona de reserva de la finca madre y los lotes privados.  No se logró determinar que el tronco principal del árbol se ubique en área de algún lote privado. Lo que se puede apreciar en sitio es que las ramas si se extienden en ambos lados abarcando parte de la zona de parque, zona de reserva y lote privado”. (Ver prueba documental).\n\nd) En octubre de 2024, el tutelado formuló una gestión ante la corporación local accionada, mediante la cual solicitó verificar lo concerniente a la colocación de la malla. (Ver prueba documental).\n\ne) Mediante oficio SA-ZV-0715-2024 del 7 de noviembre de 2024, el Área de Saneamiento Administración de Zonas Verdes del gobierno local de Desamparados comunicó al tutelado que: i) que su propiedad forma parte de la urbanización La Capri, no de la urbanización Iratzú, por lo que no tiene salida a la calle pública Laurel; ii) el cerramiento de malla efectuado se realizó en terreno que corresponde una zona de reserva y parque municipal, a fin de efectuar labores de protección y seguridad, no solo de limitación, debido a la pendiente pronunciada que existe hacia su propiedad; además, para su colocación se contó con apoyo del Área de Catastro y Topografía; iii) ambos terrenos que colindan con su propiedad forman parte del área que debe ceder el desarrollador de la urbanización Iratzú; y iv) es imposible autorizar una salida de emergencia al norte de su terreno por ser un área de parque público municipal. (Ver prueba documental).\n\nf) Por memorial SA-ZV-0010-2025 del 14 de enero de 2025, el Área de Saneamiento Administración de Zonas Verdes de la corporación local recurrida explicó al amparado la imposibilidad de convenir en una acera de dos metros peticionada, porque corresponde a un área destinada a parque. (Ver prueba documental).\n\ng) El 27 de marzo de 2026, las autoridades recurridas fueron notificadas de la resolución de curso de este proceso. (Ver actas de notificación).\n\nh) Mediante oficio GA-ZV-0081-2026 del 31 de marzo de 2026, la Administración de Zonas Verdes de la Municipalidad de Desamparados explicó que: i) el límite de dos metros mencionado por el tutelado correspondiente a un terreno de área de reserva y a zona de parque; ii) solo se instaló la malla perimetral donde existía la posibilidad de caída de personas, dado que el resto de las propiedades privadas colindantes sí tenían el espacio delimitado. (Ver prueba documental).\n\ni) La alcaldesa de Desamparados informó que: “En relación al (sic) árbol, el mismo fue debidamente inspeccionado y se eliminaron las ramas que podrían estar ocasionando algún peligro y que se encontraban invadiendo la zona pública (…) también se le indicó al administrado la situación del árbol, motivo por el cual sólo fue posible cortas unas ramas que invaden al área de protección”. (Ver informe rendido por la autoridad recurrida).\n\nIV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, el recurrente señala que hace aproximadamente 20 años se construyó la vía pública conocida como calle Laurel en la parte posterior de su propiedad, por lo que el límite del terreno quedó aproximadamente a dos metros de esa calle, franja que corresponde al espacio destinado para acera y zona verde de la vía pública. Aclara que durante todo ese tiempo ha tenido acceso hacia la calle Laurel por la parte posterior de su propiedad, sin que existiera algún tipo de obstáculo, cierre o limitación. Acusa que, sin notificación previa, sin apertura de procedimiento administrativo y sin mostrar documento, resolución o acuerdo municipal que justificara esa actuación, funcionarios de la Municipalidad de Desamparados instalaron una malla en la parte posterior de su propiedad, lo que impide el mencionado acceso. Arguye que realizó consultas formales ante la municipalidad recurrida, ante lo que se le indicó que la franja donde se instaló la malla corresponde a una zona de parque o reserva municipal; sin embargo, no se indicó la ley específica, acuerdo municipal, plano oficial o inscripción registral que demuestre formalmente que ese terreno se encuentra inscrito como parque municipal. Menciona que, en el Registro Nacional, su propiedad no aparece colindando con ningún terreno inscrito a nombre de la municipalidad recurrida, lo que genera incertidumbre jurídica sobre la delimitación real del terreno donde se instaló la malla. Acusa que en el límite de su propiedad se encuentra un árbol de gran tamaño, cuya estabilidad representa un peligro evidente para varias viviendas ubicadas en la parte inferior del terreno. Agrega que, a pesar de haber informado al gobierno local del riesgo, únicamente se cortaron cuatro ramas y se indicó que no contaban con presupuesto para su poda total. \n\nLa Sala verifica que el amparado es propietario de la finca con matrícula nro. 430028-000. En fecha indeterminada, pero en el año 2024, el accionante planteó una gestión ante la Municipalidad de Desamparados respecto a un árbol ubicado cerca de su propiedad cuyas ramas generan peligro para los transeúntes. Por oficio TE-CT-090-2024 del 30 de julio de 2024, la Municipalidad de Desamparados consignó que se inspeccionó el árbol denunciado por el tutelado y se concluyó que: “El tronco principal del árbol no se ubica en la zona de parque, se ubica en un espacio pequeño de terreno entre la zona de reserva de la finca madre y los lotes privados.  No se logró determinar que el tronco principal del árbol se ubique en área de algún lote privado. Lo que se puede apreciar en sitio es que las ramas si se extienden en ambos lados abarcando parte de la zona de parque, zona de reserva y lote privado”. En octubre de 2024, el tutelado formuló una gestión ante la corporación local accionada, mediante la cual solicitó verificar lo concerniente a la colocación de la malla. Mediante oficio SA-ZV-0715-2024 del 7 de noviembre de 2024, el Área de Saneamiento Administración de Zonas Verdes del gobierno local de Desamparados comunicó al tutelado que: i) que su propiedad forma parte de la urbanización La Capri, no de la urbanización Iratzú, por lo que no tiene salida a la calle pública Laurel; ii) el cerramiento de malla efectuado se realizó en terreno que corresponde una zona de reserva y parque municipal, a fin de efectuar labores de protección y seguridad, no solo de limitación, debido a la pendiente pronunciada que existe hacia su propiedad; además, para su colocación se contó con apoyo del Área de Catastro y Topografía; iii) ambos terrenos que colindan con su propiedad forman parte del área que debe ceder el desarrollador de la urbanización Iratzú; y iv) es imposible autorizar una salida de emergencia al norte de su terreno por ser un área de parque público municipal. Por memorial SA-ZV-0010-2025 del 14 de enero de 2025, el Área de Saneamiento Administración de Zonas Verdes de la corporación local recurrida explicó al amparado la imposibilidad de convenir en una acera de dos metros peticionada, porque corresponde a un área destinada a parque. Mediante oficio GA-ZV-0081-2026 del 31 de marzo de 2026, la Administración de Zonas Verdes de la Municipalidad de Desamparados explicó que: i) el límite de dos metros mencionado por el tutelado correspondiente a un terreno de área de reserva y a zona de parque; ii) solo se instaló la malla perimetral donde existía la posibilidad de caída de personas, dado que el resto de las propiedades privadas colindantes sí tenían el espacio delimitado. La alcaldesa de Desamparados informó que: “En relación al (sic) árbol, el mismo fue debidamente inspeccionado y se eliminaron las ramas que podrían estar ocasionando algún peligro y que se encontraban invadiendo la zona pública (…) también se le indicó al administrado la situación del árbol, motivo por el cual sólo fue posible cortas unas ramas que invaden al área de protección”.\n\nPrimeramente, conviene advertir que el recurso de amparo es de naturaleza eminentemente sumaria, motivo por el que su tramitación es incompatible con el diligenciamiento de pruebas extensas o complejas, ya que ello corresponde ser dilucidado en la vía ordinaria. Así las cosas, no compete a este Tribunal Constitucional determinar, de acuerdo con la normativa infraconstitucional que rige la materia y las particularidades del caso bajo estudio, cuál es la delimitación registral real del terreno perteneciente al amparado, tampoco dilucidar su disconformidad en cuanto a la malla objeto de este asunto, máxime cuando de los autos se colige que tal estructura se ubicó en propiedad pública, no dentro de la finca del accionante, por lo que al tratarse de un bien demanial no existe la necesidad de entablar un procedimiento como el reclamado por el amparado. Igualmente, no corresponde a esta Sala examinar si se produjo o no una inversión indebida de fondos públicos en los términos acusados por el tutelado en el procedimiento empleado en la colocación de la malla. Tampoco corresponde a esta Cámara declarar lo pretendido por el accionante en cuanto a que se reconozca que cuenta con una situación jurídica consolidada, debido a que durante 20 años pudo acceder a la calle Laurel sin que existiera algún obstáculo como la malla que fue colocada. De este modo, si el tutelado lo tiene a bien, puede plantear tales reclamos ante la propia municipalidad recurrida o en la vía jurisdiccional ordinaria.\n\nDe segundo, el recurrente acusa que cerca de su propiedad existe un árbol cuyas ramas generan un peligro para los transeúntes. Al respecto, recuérdese que en la especie se tiene como incontrovertido que en el año 2024 se formuló una gestión en ese sentido ante la corporación local de Desamparados. Ante ello, el gobierno municipal emitió el memorial TE-CT-090-2024 del 30 de julio de 2024, en el que se consignó que se inspeccionó el árbol denunciado por el tutelado y se concluyó que: “El tronco principal del árbol no se ubica en la zona de parque, se ubica en un espacio pequeño de terreno entre la zona de reserva de la finca madre y los lotes privados.  No se logró determinar que el tronco principal del árbol se ubique en área de algún lote privado. Lo que se puede apreciar en sitio es que las ramas si se extienden en ambos lados abarcando parte de la zona de parque, zona de reserva y lote privado”. Además, en el informe rendido bajo juramento ante este Tribunal por la alcaldesa de Desamparados -con las solemnidades y consecuencias que ello conlleva- se indicó: “En relación al (sic) árbol, el mismo fue debidamente inspeccionado y se eliminaron las ramas que podrían estar ocasionando algún peligro y que se encontraban invadiendo la zona pública (…) también se le indicó al administrado la situación del árbol, motivo por el cual sólo fue posible cortas unas ramas que invaden al área de protección”. De este modo, la parte recurrida sí atendió la situación expuesta por el amparado en el año 2024, sin que conste elemento probatorio alguno en este expediente que permita corroborar que, con posterioridad a tal poda y de previo a la formulación de este asunto, el accionante haya planteado alguna nueva gestión ante la corporación municipal en relación con el mencionado árbol. De ahí que no se verifique la lesión a los derechos fundamentales de la parte tutelada en cuanto a este agravio. \n\nEn suma, no procede estimar el recurso en los términos en que fue planteado.\n\nV.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento.\n\nVI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.\n\nPor tanto: \n\nSe declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez consigna nota.\n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n 9Q0NF43OZQFQ61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-008475-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).",
  "body_en_text": "Document Review\n\nExp: 26-008475-0007-CO\n\nRes. No. 2026020269\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on the fifth of June of two thousand twenty-six.\n\nAmparo proceeding processed in case file number 26-008475-0007-CO, filed by [Name 001], identity card number [Value 001], against the MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS.\n\nWhereas:\n\n1.- By brief incorporated into the digital case file on March 10, 2026, the petitioner files an amparo action. They state that they are the owner of a property located in San Miguel de Desamparados. They indicate that, according to the original plan of their property, for approximately 35 years, it has had access to a public road from its frontage onto Calle Cristóbal. They explain that, approximately 20 years ago, the public road known as Calle Laurel was built at the rear of their property, leaving the lot boundary approximately two meters from that street, a strip that corresponds to the space designated for sidewalks and green zones of the public road. They point out that during all that time they have had access to Calle Laurel via the rear of their property, without any type of obstacle, closure, or limitation. They relate that, without prior notice, officials of the Municipality of Desamparados installed a mesh fence at the rear of their property, specifically facing Calle Laurel, preventing the access that has historically existed to that public road. They note that the installation of this mesh fence was carried out without prior notification, without the opening of an administrative procedure, and without presenting any document, resolution, or municipal agreement justifying that action. They explain that, upon asking the municipal officials about the authorization to install the mesh fence, no document supporting that decision was presented. They allege that, during the installation, officers of the Municipal Police even appeared to oversee the execution of the work, evidencing the arbitrary nature of the measure. They argue that they subsequently made formal inquiries to the respondent municipality, receiving as a response that the strip where the mesh fence was installed corresponds to a municipal park or reserve zone. They allege that the specific law, municipal agreement, official plan, or registry entry formally demonstrating that this land is registered as a municipal park was not indicated. They point out that the respondent municipality has issued contradictory responses: in one document it indicates that the strip corresponds to a park, while in another it acknowledges that it is not a public-domain land. They state that this inconsistency demonstrates the lack of legal basis and reinforces the arbitrary nature of the measure. They mention that, in the National Registry, their property does not appear adjacent to any land registered in the name of the respondent municipality, which creates legal uncertainty about the actual delimitation of the land where the mesh fence was installed. They comment that the placement of the mesh fence was carried out solely in front of their property, over an approximate stretch of 7 meters, despite the development having an extension of approximately 300 meters, which reflects selective action lacking objective justification. They claim that on the boundary of their property there is a large tree, whose stability represents an obvious danger to several homes located on the lower part of the land, where elderly adults and minors live. They assert that, despite having informed the respondent municipality of the risk posed by the tree, only four branches were cut and it was stated that they lacked the budget for its total pruning. They maintain that, in the communications sent to the respondent municipality, they cited legal norms related to accessibility, use of public roads, and urban planning, among them Law No. 7600, the General Public Roads Law, and the Urban Planning Law. However, the respondent municipality did not provide a clear legal basis justifying the installation of the mesh fence. They point out that the installation of the mesh fence involved the use of municipal officials and the Municipal Police, which demonstrates an unnecessary use of public resources for a measure whose legality has not been proven. They maintain that for more than 20 years there has been consolidated access from their property to Calle Laurel, without opposition or restriction by the respondent municipality, which creates a consolidated situation that cannot be arbitrarily altered without the due administrative procedure. For the reasons stated, they request the intervention of the Chamber in this matter.\n\n2.- By resolution of the Presidency of the Chamber at 15:59 hours on March 25, 2026, the proceeding was granted leave to proceed.\n\n3.- By brief incorporated into the digital case file on April 8, 2026, María Naranjo Brenes, in her capacity as Mayor of Desamparados, reports under oath. She explains: \"II. REPORT OF THE MUNICIPALITY The violation of the fundamental rights alleged by the petitioner is rejected in all its aspects in accordance with (sic) the following facts. 1- By official communication TR-GA-082-2026 dated March 27, 2026, the Environmental Protection Process of the Environmental Management Area indicates that it has had no direct connection with the petitioner's allegations; however, from a review in this Municipality's JORCO system, proceedings No. 5282-2024 and No. 6079-2024 were identified, related to the placement of the mesh fence that is the subject of the action. These cases were transferred to the Green Zones and Environmental Sanitation Unit and duly addressed by that department (SA-ZV-0756-2024, SA-ZV-07152024, and SA-ZV-0804-2024), which the petitioner provides with the filing of the action and which are attached as evidence. 2- By official communication SA-ZV-0715-2024, the petitioner was informed on November 7, 2024, that their property, real property folio number 1430028-000, cadastral plan SJ-0851303-1989, corresponds to lot -13 of the La Capri Development. According to the (sic) cadastral plan of lot BT-13, the official registered access and exit is the public street described in said plan located on the south side of their property, registered under the name Calle Cristóbal. They were also informed that the mesh fence closure referred to was made on land that corresponds to a Reserve zone and municipal park, in order to carry out protection and safety work, not only of limitation, but to protect any person from a fall due to the steep slope, and that both lands adjacent to their property form part of the area that must be ceded by the Developer of the Iratzú Development, located on the north side of their lot (BT-13 of the La Capri Development). 3- According to the reports, the petitioner's property 1-430028-000 forms part of the La Capri Development and does not form part of the Iratzú Development; therefore, lot BT-13 has no exit to the public street named Laurel, of the Iratzú Development. They are two different urban development projects, for which reason the official and authorized entrance and exit corresponds to the street indicated on their cadastral plan SJ-0851303-1989. It is also clarified that to the north of their land, no type of emergency exit can be authorized or enabled, since it would be crossing a municipal public park maintenance and protection area, turning it into an invasion of public domain zones, as can be seen in part of the official map that is attached and which demonstrates that the public areas, pursuant to Articles 43 and 44 of the Urban Planning Law, constitute a special reliable public record of the ownership and dedication to public domain of the lands or spaces already given over to public use, and that municipal ownership over the areas of streets, squares, gardens, parks, or other open spaces of general public use is constituted by that same use and may forgo its registration in the Property Registry, if it is recorded on the Official Map. 4- For the placement of the mesh fence that limits said properties, and to have certainty that part of the land of the amparo petitioner (BT-13) is not being used, there was support from the Cadastre and Surveying Department of the Municipality of Desamparados, where, according to the cadastral plans, the perimeter boundary of the public lands was verified. 5- Additionally, a review of cadastral plan SJ-851303-1989 was carried out, corresponding to property No. 1-430028, determining that it presents access only via the south boundary, adjacent to a public road. Regarding the north boundary, where the petitioner claims to have an exit, it was identified that these are part of the remainder of the recorded property, being a remainder of the property, belonging to the Municipality and therefore inalienable and imprescriptible as they are lands of public use and therefore public domain properties (inmuebles demaniales), for which plans SJ-730827-2001 and SJ-730831-2001 were available at the time. 6- By official communication AM-JU-CL-105-2024, also communicated to the amparo petitioner along with official communications SA-ZV-0715-2024 and SA-ZV-0010-2025, Attorney Randall Escalante indicated, to the relevant extent: '... a.- Mr. [Name 001], identity card number [Value 002], is the owner of the property registered under real property folio number 1-430028-000, cadastral plan SJ-0851303-1989, which corresponds to lot B-13 of the La Capri Development in the district of San Miguel, whose origin predates the Iratzú Development. b.- The access to a public road for the property under registration number 1-430028-000 is via the south boundary, to the street called Calle Cristóbal of the La Capri Development. b.-(sic) The zone where the Green Areas Administration Process placed a mesh fence corresponds to a park zone of the Iratzú Development, which is identified in cadastral plan SJ730827-2001, with an area of 206.87 m2. c.- Between block B of the La Capri Development, where the property of Mr. [Name 001] is located, and the referred-to park zone of the Iratzú Development, there is a strip of land that belongs to the remainder of property 1-121387-000, which corresponds to the parent property of that residential development, with an area of 115.01 m2, according to the information of cadastral plan SJ-730831-2001, in which said strip is clearly described. In accordance with the preceding registry and cadastral information, it is impossible for property 1-430028-000 owned by Mr. [Name 001], once the Iratzú Development was built, to have had access via the north boundary to the main road of this residential development, given that between that boundary and that public street there is, in between and in the first place, the strip of land of the remainder of property 1-121387-000 described in plan SJ730831-2001, and subsequently and contiguous to that remainder of the property, there is a park zone described in cadastral plan SJ-730827-2001. This being the case, the position of Mr. [Name 001] cannot be shared, that the solution for their property to have access via that public road is to convert the aforementioned park space into a 2-meter sidewalk, plus the strip of land that forms part of the remainder of property 1-121387-000 that gave rise to the Iratzú Development, since legally this is not possible, given that, being an area designated as a park, it has a nature and use different from that of a public road; in that sense, its public use cannot be changed, as established by the Urban Planning Law in its Articles 40, 43, 44, and 45; to vary its use and purpose, a law of the republic authorizing it would be needed and the area must be compensated in another nearby location (…) 7- Regarding the (sic) tree, it was duly inspected and the branches that could be causing some danger and that were invading the public zone were removed. By official communication TE-CT-090-2024 of July 30, 2024, it was determined, to the relevant extent: '... an overlay of the cadastral plans of the park zone and the reserve zone was performed, as well as the cadastral plans of the adjacent private lots; from this plan overlay, the sketch attached to this report was made, with which the following conclusions are presented: The main trunk of the tree is not located in the park zone; it is located in a small space of land between the reserve zone of the parent property and the private lots. It was not possible to determine that the main trunk of the tree is located in the area of any private lot. What can be observed on site is that the branches do extend on both sides, covering part of the park zone, reserve zone, and private lot. It is recommended to analyze, with experts in the matter from the Municipality, under the competencies of each one, the risk that the tree may pose to people in different event scenarios. ...' 8- Upon determining, through the Cadastre and Surveying report TE-CT-090-2024, that the tree is located outside municipal property, as well as outside the property of Mr. Corrales, responses were made to Mr. Corrales in 2024 and early 2025; however, not being in agreement with what was resolved, he now comes again before the Honorable Magistrates to request resolution of an old situation that was already resolved and duly notified to the amparo petitioner by this Municipality, as affirmed by the administered party and amparo petitioner and according to procedures and receipts recorded in the JORCO system, according to official communication TR-GA-082-2026, procedures No. 5282-2024 and No. 6079-2024 were identified, which are related to the placement of the mesh fence and the tree. These cases were transferred to the Green Zones and Environmental Sanitation Unit and duly addressed by that department, notifying the administered party according to official communications (SA-ZV-0756-2024, SAZV-07152024, and SA-ZV-0804-2024). III. ON THE MERITS As recorded in the reports rendered since 2024, the amparo petitioner's requests were answered and addressed, clearly explaining that the land where the mesh fence was located belongs to a protected area and remainder of the property of the Iratzú Development, which, according to the (sic) principle of inmatriculation, is a public domain asset (bien demanial) that the Municipality is responsible for protecting and which is limited by environmental laws; therefore, there is no violation of access for the amparo petitioner, also that he was answered in 2024 as recorded in the very evidence provided by the petitioner, and almost two years later he seeks to reactivate a matter that was already resolved by the Municipality; according to (sic) the Urban Planning Law, it is property of the Municipality, and it is its duty to protect it, pursuant to the Municipal Code, Articles 4 and 13; Forestry Law 7575, for which reason forested or protected areas within a development cannot be developed or altered; Biodiversity Law; Regulatory Plan of the Municipality of Desamparados; therefore, the green areas and protection zones in developments are assets of public interest with a specific purpose, whether environmental or communal, and the Municipality must administer them, prevent their improper use, and recover them if they are affected. Finally, the administered party was also informed of the situation of the tree, which is why it was only possible to cut some branches that invade the protected area. (...) V. PRAYER FOR RELIEF: Based on the foregoing, I request that the Honorable Court declare this Amparo action without merit, since my represented party has not violated any constitutional right of the petitioner.\"\n\n4.- By certification signed on April 16, 2026, by the acting secretary and judicial technician 3, both of the Constitutional Chamber, it is indicated that: \"reviewed, at nine hours zero minutes on the sixteenth of April of two thousand twenty-six, in the COSTA RICAN JUDICIAL CASE MANAGEMENT SYSTEM, the RECEIVED DOCUMENTS CONTROL AND THIS CASE FILE, it did not appear that from April 6 to 8, 2026, the coordinator of Forestry and Restoration of the Municipality of Desamparados had filed any brief or document, in order to render the report requested in the resolution issued at fifteen hours fifty-nine minutes on the twenty-fifth of March of two thousand twenty-six.\"\n\n5.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Hess Herrera; and,\n\nConsidering:\n\nI.- PRELIMINARY ISSUES. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, as of judgment no. 2008002545 of 8:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction – with some exceptions – those matters in which it is debated whether the public administration has or has not complied with the deadlines set by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure – initiated ex officio or at the request of a party – or to hear the applicable administrative appeals. Precisely, in the sub lite case, an exception scenario arises, as this involves a complaint filed regarding the risk caused to the physical integrity and life of persons by a tree, which allegedly has not been addressed. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.\n\nOn the other hand, given that the coordinator of Forestry and Restoration of the Municipality of Desamparados failed to respond to the hearing within the period set by this Court in the resolution granting leave to proceed in the sub lite case, in accordance with Article 45 of the Constitutional Jurisdiction Law, the action is resolved based on the remaining briefs and evidence provided to the case file.\n\nII.- OBJECT OF THE ACTION. The petitioner states that approximately 20 years ago the public road known as Calle Laurel was built at the rear of their property, so that the lot boundary remained approximately two meters from that street, a strip that corresponds to the space designated for sidewalks and green zones of the public road. They clarify that during all that time they have had access to Calle Laurel via the rear of their property, without any type of obstacle, closure, or limitation. They claim that, without prior notification, without the opening of an administrative procedure, and without presenting any document, resolution, or municipal agreement justifying that action, officials of the Municipality of Desamparados installed a mesh fence at the rear of their property, which prevents the aforementioned access. They argue that they made formal inquiries to the respondent municipality, whereupon they were informed that the strip where the mesh fence was installed corresponds to a municipal park or reserve zone; however, the specific law, municipal agreement, official plan, or registry entry formally demonstrating that this land is registered as a municipal park was not indicated. They mention that, in the National Registry, their property does not appear adjacent to any land registered in the name of the respondent municipality, which creates legal uncertainty about the actual delimitation of the land where the mesh fence was installed. They claim that on the boundary of their property there is a large tree, whose stability represents an obvious danger to several homes located on the lower part of the land. They add that, despite having informed the local government of the risk, only four branches were cut and it was stated that they lacked the budget for its total pruning.\n\nIII.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven:\n\na) The amparo petitioner is the owner of the property with registration number 430028-000. (See documentary evidence).\n\nb) On an undetermined date, but in the year 2024, the petitioner filed a petition before the Municipality of Desamparados regarding a tree located near their property whose branches pose a danger to passersby. (Uncontroverted fact).\n\nc) By official communication TE-CT-090-2024 of July 30, 2024, the Municipality of Desamparados recorded that the tree reported by the protected party was inspected and it was concluded that: “The main trunk of the tree is not located in the park zone; it is located in a small space of land between the reserve zone of the parent property and the private lots. ► It was not possible to determine that the main trunk of the tree is located in the area of any private lot. What can be observed on site is that the branches do extend on both sides, covering part of the park zone, reserve zone, and private lot.” (See documentary evidence).\n\nd) In October 2024, the protected party filed a petition before the respondent local corporation, through which they requested verification of matters concerning the placement of the mesh fence. (See documentary evidence).\n\ne) By official communication SA-ZV-0715-2024 of November 7, 2024, the Green Zones Administration Sanitation Area of the local government of Desamparados communicated to the protected party that: i) their property forms part of the La Capri development, not the Iratzú development, and therefore has no exit to the public street Laurel; ii) the mesh fencing closure carried out was performed on land that corresponds to a municipal reserve zone and park, in order to carry out protection and safety work, not only limitation, due to the steep slope that exists towards their property; additionally, for its placement, support was provided by the Cadastre and Surveying Area; iii) both lands adjacent to their property form part of the area that the developer of the Iratzú development must cede; and iv) it is impossible to authorize an emergency exit to the north of their land because it is a municipal public park area. (See documentary evidence).\n\nf) By memorandum SA-ZV-0010-2025 of January 14, 2025, the Green Zones Administration Sanitation Area of the respondent local corporation explained to the amparo petitioner the impossibility of agreeing to the requested two-meter sidewalk, because it corresponds to an area designated as a park. (See documentary evidence).\n\ng) On March 27, 2026, the respondent authorities were notified of the resolution granting leave to proceed in this process. (See notification records).\n\nh) By official communication GA-ZV-0081-2026 of March 31, 2026, the Green Zones Administration of the Municipality of Desamparados explained that: i) the two-meter limit mentioned by the protected party corresponds to land of a reserve area and a park zone; ii) the perimeter mesh fence was only installed where there was a possibility of persons falling, given that the rest of the adjacent private properties did have their space delimited. (See documentary evidence).\n\ni) The Mayor of Desamparados reported that: \"Regarding the (sic) tree, it was duly inspected and the branches that could be causing some danger and that were invading the public zone were removed (…) the administered party was also informed of the situation of the tree, which is why it was only possible to cut some branches that invade the protected area.\" (See report rendered by the respondent authority).\n\nIV.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite case, the petitioner states that approximately 20 years ago the public road known as Calle Laurel was built at the rear of their property, so that the lot boundary remained approximately two meters from that street, a strip that corresponds to the space designated for sidewalks and green zones of the public road. They clarify that during all that time they have had access to Calle Laurel via the rear of their property, without any type of obstacle, closure, or limitation. They claim that, without prior notification, without the opening of an administrative procedure, and without presenting any document, resolution, or municipal agreement justifying that action, officials of the Municipality of Desamparados installed a mesh fence at the rear of their property, which prevents the aforementioned access. They argue that they made formal inquiries to the respondent municipality, whereupon they were informed that the strip where the mesh fence was installed corresponds to a municipal park or reserve zone; however, the specific law, municipal agreement, official plan, or registry entry formally demonstrating that this land is registered as a municipal park was not indicated. They mention that, in the National Registry, their property does not appear adjacent to any land registered in the name of the respondent municipality, which creates legal uncertainty about the actual delimitation of the land where the mesh fence was installed. They claim that on the boundary of their property there is a large tree, whose stability represents an obvious danger to several homes located on the lower part of the land. They add that, despite having informed the local government of the risk, only four branches were cut and it was stated that they lacked the budget for its total pruning.\n\nThe Chamber verifies that the amparo petitioner is the owner of the property with registration number 430028-000. On an undetermined date, but in the year 2024, the petitioner filed a petition before the Municipality of Desamparados regarding a tree located near their property whose branches pose a danger to passersby. By official communication TE-CT-090-2024 of July 30, 2024, the Municipality of Desamparados recorded that the tree reported by the protected party was inspected and it was concluded that: “The main trunk of the tree is not located in the park zone; it is located in a small space of land between the reserve zone of the parent property and the private lots. ► It was not possible to determine that the main trunk of the tree is located in the area of any private lot. What can be observed on site is that the branches do extend on both sides, covering part of the park zone, reserve zone, and private lot.” In October 2024, the protected party filed a petition before the respondent local corporation, through which they requested verification of matters concerning the placement of the mesh fence. By official communication SA-ZV-0715-2024 of November 7, 2024, the Green Zones Administration Sanitation Area of the local government of Desamparados communicated to the protected party that: i) their property forms part of the La Capri development, not the Iratzú development, and therefore has no exit to the public street Laurel; ii) the mesh fencing closure carried out was performed on land that corresponds to a municipal reserve zone and park, in order to carry out protection and safety work, not only limitation, due to the steep slope that exists towards their property; additionally, for its placement, support was provided by the Cadastre and Surveying Area; iii) both lands adjacent to their property form part of the area that the developer of the Iratzú development must cede; and iv) it is impossible to authorize an emergency exit to the north of their land because it is a municipal public park area. By memorandum SA-ZV-0010-2025 of January 14, 2025, the Green Zones Administration Sanitation Area of the respondent local corporation explained to the amparo petitioner the impossibility of agreeing to the requested two-meter sidewalk, because it corresponds to an area designated as a park. By official communication GA-ZV-0081-2026 of March 31, 2026, the Green Zones Administration of the Municipality of Desamparados explained that: i) the two-meter limit mentioned by the protected party corresponds to land of a reserve area and a park zone; ii) the perimeter mesh fence was only installed where there was a possibility of persons falling, given that the rest of the adjacent private properties did have their space delimited. The Mayor of Desamparados reported that: \"Regarding the (sic) tree, it was duly inspected and the branches that could be causing some danger and that were invading the public zone were removed (…) the administered party was also informed of the situation of the tree, which is why it was only possible to cut some branches that invade the protected area.\"\n\nFirstly, it is pertinent to note that the amparo action is of an eminently summary nature, which is why its processing is incompatible with the practice of extensive or complex evidence, as that falls to be elucidated in the ordinary jurisdiction. This being the case, it is not for this Constitutional Court to determine, in accordance with the infra-constitutional regulations governing the matter and the particularities of the case under study, what the real registry delimitation of the land belonging to the amparo petitioner is, nor to elucidate their disagreement regarding the mesh fence that is the subject of this matter, especially when it is inferred from the case records that such structure was located on public property, not within the petitioner's property; therefore, as it involves a public domain asset (bien demanial), there is no need to initiate a procedure like the one demanded by the amparo petitioner. Likewise, it is not for this Chamber to examine whether or not an improper diversion of public funds occurred in the terms claimed by the protected party in the procedure used for placing the mesh fence. Nor does it fall to this Chamber to declare what the petitioner seeks, that it be recognized that they have a consolidated legal situation, because for 20 years they were able to access Calle Laurel without any obstacle such as the mesh fence that was placed. In this way, if the protected party deems it appropriate, they may raise such claims before the respondent municipality itself or through ordinary jurisdictional channels.\n\nSecond, the petitioner claims that near his property there is a tree whose branches pose a danger to passersby. In that regard, it should be recalled that in this matter it is considered undisputed that in 2024 a request was made in that sense before the local corporation of Desamparados. In response, the municipal government issued memorandum TE-CT-090-2024 of July 30, 2024, which stated that the tree reported by the protected party was inspected and it was concluded that: “The main trunk of the tree is not located in the park area; it is located in a small space of land between the reserve zone of the parent property and the private lots.  It was not possible to determine that the main trunk of the tree is located in the area of any private lot. What can be observed on site is that the branches do extend on both sides, covering part of the park area, the reserve zone, and a private lot.” Furthermore, in the report rendered under oath before this Court by the mayor of Desamparados—with the solemnities and consequences that entails—it was stated: “Regarding the tree, it was duly inspected and the branches that could be causing some danger and that were encroaching on the public zone were removed (…) the situation of the tree was also explained to the individual, which is why it was only possible to cut a few branches that encroach upon the protection area.” Thus, the respondent party did address the situation raised by the aggrieved party in 2024, without there being any probative element in this case file to corroborate that, subsequent to such pruning and prior to the filing of this matter, the claimant made any new request before the municipal corporation concerning the aforementioned tree. Hence, no violation of the fundamental rights of the protected party is verified with regard to this grievance.\n\nIn sum, it is not proper to grant the appeal in the terms in which it was filed.\n\nV.- NOTE BY JUDGE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND COMPLETE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court’s thesis that when a party alleges a violation of the right to prompt and complete justice in administrative proceedings, it is the Contentious-Administrative Courts, and not this Chamber, that must hear the legal dispute. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is subject to judicial protection by means of the amparo remedy established in Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration’s material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted legislation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line; pursuant to section 7 of its Law, it is exclusively responsible for defining its own jurisdiction. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that this very Chamber has recognized as exceptional cases, which may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo protection, in all other cases, and for the reasons this Court has given (Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent judges are those of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with section 25 of the American Convention on Human Rights, Constitutional Law (values, principles, and rules), and the corresponding legal norms, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\nVI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document or objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed within a maximum period of 30 business days, counted from the notification of this judgment. Notice is given that any material not collected within that period will be destroyed, pursuant to the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\" (approved by the Full Court in Article XXVI of session No. 27-11 of August 22, 2011, and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012) and Article LXXXI of the session of the Superior Council of the Judiciary No. 43-12 of May 3, 2012.\n\nTherefore:\n\nThe appeal is dismissed. Judge Castillo Víquez records a note.\n\nFernando Castillo V.\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n-- Verification Code --\n\n9Q0NF43OZQFQ61\n\nCASE FILE No. 26-008475-0007-CO\n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro)."
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