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  "id": "nexus-sen-1-0007-1402830",
  "citation": "Res. 20232-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Omisión municipal ante denuncia de construcciones ilegales en acuífero Moín",
  "title_en": "Municipal failure to act on illegal construction complaint in Moín aquifer recharge zone",
  "summary_es": "La Sala Constitucional resolvió parcialmente con lugar un recurso de amparo contra la Municipalidad de Limón por tres agravios relacionados con el acuífero costero de Moín. El recurrente alegaba que el municipio excluyó arbitrariamente la Zona 6 de protección absoluta de recarga acuífera del Plan Regulador, lo que habría permitido la formación del precario «Villa Plata» con más de 194 edificaciones ilegales sobre propiedades privadas ubicadas en esa zona protegida, causando talas, cambio de uso de suelo y contaminación. También denunció que la Municipalidad omitió responder una gestión formal del 11 de enero de 2025 solicitando demolición de construcciones sin permiso. La Sala rechazó los reclamos sobre el Plan Regulador por ser impropios de la vía sumaria de amparo, remitiéndolos a la jurisdicción contencioso-administrativa o a una acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, declaró con lugar el agravio por omisión, al verificar que habían transcurrido más de seis meses sin respuesta de la Municipalidad a la denuncia ambiental, violando el artículo 41 constitucional.",
  "summary_en": "The Sala Constitucional partially granted an amparo filed against the Municipalidad de Limón over three grievances related to the coastal Moín aquifer. The petitioner alleged that the municipality arbitrarily excluded Zone 6 — an absolute aquifer recharge protection area — from the cantón's Plan Regulador, enabling the formation of the \"Villa Plata\" informal settlement with over 194 illegal structures on private properties within the protected zone, causing deforestation, land-use change, and contamination. The petitioner also complained that the municipality failed to respond to a formal complaint filed January 11, 2025, requesting demolition of unpermitted structures. The Sala rejected the Plan Regulador constitutionality challenges as improper for the amparo remedy, directing those claims to the contencioso-administrativo courts or an action of unconstitutionality. However, it upheld the omission grievance, finding that over six months had passed without the municipality responding to the environmental complaint, violating Article 41 of the Constitution.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "05/06/2026",
  "year": "2026",
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  "es_concept_hints": [
    "zona de protección absoluta de recarga acuífera",
    "policía urbanística",
    "precario",
    "plan regulador",
    "justicia pronta y cumplida (Art. 41)",
    "principio de no regresión ambiental",
    "in dubio pro natura",
    "coadyuvancia activa",
    "acuífero costero",
    "AyA (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados)"
  ],
  "article_citations": [],
  "keywords_es": [
    "acuífero Moín",
    "zona 6",
    "protección absoluta de recarga acuífera",
    "precario Villa Plata",
    "construcciones ilegales",
    "plan regulador Limón",
    "Municipalidad de Limón",
    "justicia pronta y cumplida",
    "artículo 41 constitucional",
    "policía urbanística",
    "omisión municipal",
    "principio de no regresión",
    "in dubio pro natura",
    "AyA acuerdo 80-121",
    "amparo ambiental",
    "cambio de uso de suelo",
    "artículo 50 constitucional",
    "coordinación interinstitucional"
  ],
  "keywords_en": [
    "Moín aquifer",
    "Zone 6",
    "absolute recharge protection zone",
    "Villa Plata informal settlement",
    "illegal construction",
    "Limón urban plan regulador",
    "Municipalidad de Limón",
    "prompt administrative justice",
    "Article 41 Constitution",
    "urban police power",
    "municipal omission",
    "non-regression principle",
    "in dubio pro natura",
    "AyA agreement 80-121",
    "environmental amparo",
    "land use change",
    "Article 50 Constitution",
    "inter-institutional coordination"
  ],
  "excerpt_es": "en este caso, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una denuncia referente a la existencia de construcciones ilegales, sin permisos municipales y que se ubican sobre una zona de protección y de recarga acuífera de la ciudad de Limón. Es decir, nos encontramos ante una denuncia de índole ambiental, la cual, presuntamente, no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable por parte de la autoridad recurrida.\n\nse tuvo por demostrado que efectivamente el 11 de enero de 2025 el recurrente interpuso una denuncia ante la Municipalidad recurrida respecto a la existencia de construcciones ilegales, sin permisos municipales y que se ubican sobre una zona de protección y de recarga acuífera de la ciudad de Limón y que a la fecha dicha gestión no ha sido resuelta. Por consiguiente, consta que para la fecha de formulado el amparo, había trascurrido un plazo excesivo e irrazonable de más de 06 meses desde que se presentó la denuncia y esta no había sido atendida por la autoridad recurrida, denotándose una lesión al artículo 41 de la Constitución Política.\n\nSe declara parcialmente con lugar el recurso únicamente por la violación al artículo 41 de la Constitución Política por la falta de atención de la denuncia del 11 de enero de 2025. Se ordena a Juan Pablo Poveda Chinchilla, en su condición de presidente del Concejo, a Ana Matarrita Mc Calla, en su condición de alcaldesa, y a Antonio Babb Ried, en su condición director jefe de la Unidad Técnica y Estudio, todos de la Municipalidad de Limón, o a quienes ejerzan esos cargos, que coordinen lo pertinente y dispongan lo correspondiente dentro del ámbito de sus competencias para que, en el plazo máximo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se atienda la gestión del recurrente del 11 de enero de 2025, como en derecho corresponda, y se le notifique lo respectivo al medio señalado por él.",
  "excerpt_en": "In this case, an exceptional situation arises, because this involves a complaint concerning the existence of illegal constructions, without municipal permits, located within a protection and aquifer recharge zone of the city of Limón. In other words, we are before a complaint of an environmental nature which, allegedly, has not been resolved within a reasonable time by the respondent authority.\n\nIt was proven that on January 11, 2025, the petitioner filed a complaint with the respondent municipality concerning the existence of illegal constructions, without municipal permits, located within a protection and aquifer recharge zone of the city of Limón, and that to date that complaint has not been resolved. Consequently, it is established that by the time the amparo was filed, an excessive and unreasonable period of more than six months had elapsed since the complaint was submitted and it had not been addressed by the respondent authority, demonstrating a violation of Article 41 of the Constitution.\n\nThe appeal is declared partially granted solely for the violation of Article 41 of the Constitution due to the failure to attend to the complaint of January 11, 2025. The president of the Council, the mayor, and the technical unit director of the Municipalidad de Limón — or whoever holds those positions — are ordered to coordinate and take the necessary steps within their respective powers to address the petitioner's January 11, 2025 complaint within a maximum of ONE MONTH from notification of this judgment, and to notify the petitioner through the means indicated by him.",
  "outcome": {
    "label_en": "Partially granted",
    "label_es": "Parcialmente con lugar",
    "summary_en": "The Sala granted the amparo solely for violation of Article 41 of the Constitution, finding that the Municipalidad de Limón left a complaint about illegal constructions in Zone 6 of the Moín aquifer unanswered for over six months; it ordered the municipality to respond within one month and awarded costs, while dismissing the Plan Regulador challenges as inappropriate for the amparo remedy.",
    "summary_es": "La Sala declaró con lugar el amparo únicamente por violación al artículo 41 constitucional, al verificar que la Municipalidad de Limón dejó sin respuesta por más de seis meses una denuncia sobre construcciones ilegales en la Zona 6 del acuífero Moín; ordenó resolver la gestión en un mes y condenó en costas, descartando los reclamos sobre el Plan Regulador por ser impropios de la vía de amparo."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando X",
      "quote_en": "Although it is true that, as a general principle, matters relating to possible land invasions are not the exclusive or primary competence of the municipality — since such claims can be addressed by other public bodies such as the Ministry of Security and, eventually, the Ministry of Health — the fact remains that certain related situations can cause general harm to residents, to the right to health, and to environmental rights, in which case the municipality does bear a clear responsibility within the framework of the inter-institutional coordination that must take place.",
      "quote_es": "si bien es cierto, en tesis de principio no es competencia exclusiva o propia de la Municipalidad lo relativo a posibles invasiones, ya que tales reclamaciones son o pueden ser abordadas por otras instancias públicas como el Ministerio de Seguridad, y eventualmente el Ministerio de Salud, lo cierto es que ciertas situaciones relacionadas pueden ocasionar determinadas afectaciones generales a los munícipes, al derecho a la salud y al derecho ambiental, en cuyo caso la Municipalidad sí que tiene una clara responsabilidad en el marco de la coordinación interinstitucional que debe darse."
    },
    {
      "context": "Considerando III",
      "quote_en": "Pursuant to Article 45 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the facts may be deemed true, consistent with the assessment of the evidentiary record in the file; accordingly, the appeal is resolved on the factual basis set out above, which does not automatically mean that the appeal is granted.",
      "quote_es": "de acuerdo con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, podrían tenerse por ciertos los hechos, de conformidad con la valoración del acervo probatorio con que se cuente en autos, se procede a resolver el recurso, con la base fáctica expuesta, lo que no implica que automáticamente se acoja el recurso."
    },
    {
      "context": "Por tanto",
      "quote_en": "The respondent authorities are warned that, pursuant to Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order — issued within an amparo proceeding — that they are required to comply with or enforce, and who fails to do so, provided the offense is not more severely punished under another provision.",
      "quote_es": "Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado."
    }
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    "external": []
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1402830",
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  "body_es_text": "Revisión del Documento\n\n*CO*\n\nExp: 25-018602-0007-CO \n\nRes. Nº 2026020232\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del cinco de junio de dos mil veintiseis .\n\n \n\nRecurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de residencia [Valor 001], a favor de [Nombre 002], cédula jurídica [Valor 002], contra la MUNICIPALIDAD DE LIMÓN.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 26 de junio de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo contra la MUNICIPALIDAD DE LIMÓN y manifiesta que su representada es propietaria de las siguientes fincas:“(…) [Valor 003]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: [Valor 005], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 006] y finca PROVINCIA: LIMON FINCA: [Valor 007]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: [Valor 008], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 009] (…)”. Indica que estos inmuebles fueron ocupados por precaristas, formándose el precario conocido como “Villa Plata”, con la venia de la Municipalidad de Limón. Expone que tales fincas se encuentran ubicadas en el sector conocido como “El Empalme de Moín”, en la zona 6 del acuífero de Moín, sector que fue excluido del plan regulador y de las políticas de planeamiento ambiental en el desarrollo urbano concerniente a la Municipalidad de Limón. Ello, a pesar de que tratarse de una zona de importancia hídrica dentro del área de recarga del acuífero antes citado y, por consiguiente, traslapa la zona de protección absoluta de recarga del mismo. Reclama que, de forma dolosa, las autoridades de la corporación municipal recurrida excluyeron los inmuebles supra citados de la zona 6 de restricción absoluta y del plan regulador de Limón. Ello, a pesar de que las instancias municipales tienen conocimiento pleno de la existencia de esa zona de protección absoluta. Sin embargo, la municipalidad accionada ha permitido la construcción de casas, locales y edificaciones, todo sin mediar los permisos correspondientes. A partir de lo anterior, reclama que ha existido omisión por parte de la entidad recurrida en cuanto a sus obligaciones de protección ambiental, de la zona de recarga y de protección a un manto acuífero. Además, ello alcanza el incumplimiento de políticas de planeamiento ambiental en el desarrollo urbano, lo que se evidencia al excluir del de la zona 6 de protección y del plan regulador al acuífero de Moín. Además, ha sido negligente porque no ha controlado la actividad en la zona, lo que ha deparado en invasión en la zona, en construcciones ilegales y la constitución de un precario, afectando el ambiente y las fincas de su representada. Afirma que, por tales motivos, mediante gestión presentada el 11 de enero de 2025 a través de correo remitido a la cuenta ventanilla.unica@municlimon.go.cr, se interpuso una gestión ante la municipalidad recurrida, en los siguientes términos: “(…) 1. Se ordene una intervención de la zona 6 del acuífero Moín, dentro de los límites de las fincas [Valor 003]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: [Valor 005], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 006] y de la finca PROVINCIA: LIMON FINCA: [Valor 007]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: [Valor 010], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 009], realizando un inventario una por una de todas las edificaciones existentes con el fin de detectar cuales no tienen permiso de construcción. 2. Dentro de las fincas propiedad de mi representada, se ordene la clausura y demolición de las edificaciones, locales, bodegas, ubicadas dentro de las citadas fincas, que además se ubican además dentro de la zona de protección y de recarga acuífera de Moín, zona 6, que no cuenten con permisos de construcción. 3. Se ordene la demolición de todas las edificaciones que se ubiquen dentro del acuífero Moín y dentro de los límites de las finas [Valor 003]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: [Valor 011], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 006] y de la finca PROVINCIA: LIMON FINCA: [Valor 007]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: [Valor 008], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 009], que no cuenten con permisos de construcción municipal. 4. Solicito la clausura y demolición de las edificaciones, locales, ubicadas dentro de las finas [Valor 003]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: [Valor 005], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 006] y de la finca PROVINCIA: LIMON FINCA: [Valor 007]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: [Valor 010], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 009], que no cuenten con permisos de construcción municipal. 5. Solicito a la corporación Municipal y al Consejo Municipal, la suspensión de cualquier patente de funcionamiento, permiso municipal, ya sea de construcción, movimientos de tierra, o de funcionamiento o de cualquier tipo, dentro de los límites de las fincas [Valor 003]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: [Valor 005], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 006] y de la finca PROVINCIA: LIMON FINCA: [Valor 007]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO:[Valor 008], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 009], en edificaciones que no cuenten con permisos de construcción. 6. Con ocasión a la presente gestión, en el acto mi representada solicita a la Municipalidad de Limón, el rechazo de cualquier solicitud de permiso de construcción de edificaciones, locales, bodegas, movimientos de tierra, o de funcionamiento que se soliciten personas ajenas a mi representada y que no tengan nuestra autorización para pedirlo, en el precario Villa Plata, dentro de los límites de las fincas [Valor 012]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: [Valor 013], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 006] y de la finca PROVINCIA: LIMON FINCA: [Valor 007]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO:[Valor 008], PREDIAL:[Valor 014]. Se aclara a la Municipalidad que solamente mi representada como dueña registral de las fincas, puede pedir permisos de construcción sobre su propiedad y por ende solicitamos sea rechazada y DENEGADA cualquier solicitud de permiso sobre las fincas [Valor 003]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: [Valor 005], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 006] y de la finca PROVINCIA: LIMON FINCA: [Valor 007]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: [Valor 010], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 009]. 8. Solicito además se ordene a la oficina de catastro municipal que se abstenga de otorgar visados de planos en el precario Villa Plata, dentro de los límites de las fincas [Valor 003]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: [Valor 005], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 006] y de la finca PROVINCIA: LIMON FINCA: [Valor 007]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: [Valor 010], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 009] (…)”. Alega que, a la fecha de interposición de este recurso de amparo, la Municipalidad de Limón no ha dado trámite debido a la gestión planteada y, por consiguiente, no han efectuado actos a efectos de intervenir la situación planteada. Reitera que la municipalidad denunciada, con el afán de permitir construcciones, eliminó de su plan regulador la Zona 6 de protección absoluta de recarga acuífera del acuífero Moín y por ello, permite la edificación de construcciones en esa zona, violentando los principios precautorios y de no regresión en la protección medio ambiental, pues el plan regulador no tiene una zona de protección absoluta en el sector donde se ubica la zona de recarga acuífera de Moín en la zona 6. Arguye que ello, además, permite el cambio de uso de suelo y construcciones, sin que pueda tenerse certeza de que estas, en un futuro, vayan a generar un daño irreversible al acuífero. Afirma que la situación descrita fue constatada por el jefe de la Unidad Técnica y Estudio de la Municipalidad de Limón, lo que se indicó en oficio UTE-AML-025-2022, en el que determinó la existencia de una gran cantidad de edificaciones sin permisos municipales sobre las fincas propiedad de la entidad tutelada y ubicados sobre la zona de protección absoluta de recarga del acuífero Moín. Finalmente, alega que el conflicto del precario existente en las fincas de su representada se ha favorecido por la constante salida de precaristas e ingreso de nuevos ocupantes ilegales, lo cual ha impedido que se puedan identificar plenamente en los Tribunales de Justicia y por ello, se aprovechan para construir de manera ilegal y sin permisos de la Municipalidad. Por lo expuesto, solicita la intervención de este Tribunal Constitucional.\n\n2.- Mediante resolución de las 11:22 horas del 03 de julio de 2025, este Tribunal dictó la resolución del curso del presente asunto.\n\n3.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 04 de julio de 2025, [Nombre 011] presenta una coadyuvancia a favor del recurrente. Así, manifiesta lo siguiente lo siguiente: “PRIMERO: Me adhiero íntegramente a los motivos expuestos en el recurso de amparo interpuesto por [Nombre 012], en particular, aquellos relacionados con la violación de los artículos 21, 50, 169 y 170 de la Constitución Política, así como el incumplimiento de la sentencia de la Sala Constitucional en el expediente 06-015593-0007-CO, resolución 2008-004751, que ordenó a la Municipalidad de Limón modificar el Plan Regulador para incluir la zona de protección absoluta de recarga del acuífero Moín, conforme al acuerdo 80-121 de la sesión 80-028 del 14 de abril de 1980 del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). SEGUNDO: La Municipalidad de Limón ha incumplido sus obligaciones constitucionales al permitir construcciones ilegales en la zona 6 del acuífero Moín, particularmente en el precario Villa Plata, ubicado en las fincas [Valor 015] (Identificador Predial: [Valor 006]) y [Valor 016] (Identificador Predial: [Valor 009]), propiedad de la recurrente. Estas construcciones, realizadas sin permisos municipales ni del Ministerio de Salud, violan la Ley de Planificación Urbana (No. 4240), la Ley de Construcciones (No. 833) y el Reglamento de Construcciones de la Municipalidad de Limón, además de contravenir los principios de precaución y no regresión ambiental. Esta negligencia pone en riesgo el acuífero Moín, esencial para el suministro de agua potable, y afecta los derechos culturales y territoriales de la comunidad afrodescendiente, cuya identidad está vinculada a estas tierras. TERCERO: La falta de acción de la Municipalidad de Limón para responder a la solicitud presentada el 11 de enero de 2025 por [Nombre 012], a través de la ventanilla única (correo: ventanilla.unica@municlimon.go.cr), constituye una violación al derecho de respuesta y justicia administrativa pronta y cumplida. Esta inacción perpetúa el daño ambiental y social en la zona de recarga del acuífero Moín, afectando tanto los intereses de la recurrente como los de la comunidad afrodescendiente de la cual formo parte. CUARTO: Es imperativo destacar que la eliminación de la zona 6 de protección absoluta del acuífero Moín del Plan Regulador de Limón no solo incumple la sentencia 2008-004751, sino que también pone en riesgo el patrimonio cultural de la comunidad afrodescendiente y afecta directamente los derechos humanos de los limonenses no nacidos, pues no se les está garantizando la protección absoluta del área de recarga acuífera de Moín. La administración municipal se ha olvidado que el agua es el núcleo del desarrollo humano y del desarrollo socio económico de los pueblos y que es fundamental para la preservación del planeta y de las futuras generaciones. PETICIONES Con base en lo expuesto, solicito respetuosamente a la Sala Constitucional: 1. Admitir esta coadyuvancia formal al recurso de amparo interpuesto bajo el expediente 25-018602-0007-CO. 2. Ordenar a la Municipalidad de Limón cumplir con la sentencia del expediente 06-015593-0007-CO, resolución 2008-004751, incorporando la zona 6 de protección absoluta de recarga del acuífero Moín en el Plan Regulador de Limón. 3. Disponer la intervención inmediata de la zona 6 del acuífero Moín, dentro de los límites de las fincas [Valor 015] (Identificador Predial: [Valor 006]) y [Valor 016] (Identificador Predial: [Valor 009]), para realizar un inventario de las edificaciones existentes, identificar aquellas sin permisos de construcción y ordenar su clausura y demolición, conforme a la Ley de Construcciones y el artículo 29 de la Ley de Jurisdicción Constitucional 4. Ordenar a la Municipalidad de Limón que se abstenga de otorgar permisos de construcción, patentes de funcionamiento, movimientos de tierra o cualquier otra autorización en las fincas 7- 27136 y [Valor 016], salvo que sean solicitados por [Nombre 012], como titular registral. 6. Rechazar cualquier solicitud de permiso presentada por personas ajenas a [Nombre 012] en el precario Villa Plata, dentro de los límites de las fincas mencionadas, que no cuenten con la autorización de la recurrente. 7. Instruir a la oficina de catastro municipal para que se abstenga de otorgar visados de planos en el precario Villa Plata, dentro de los límites de las fincas [Valor 015] y [Valor 016]. 8. Ordenar a la Municipalidad de Limón que adopte medidas inmediatas para cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales, incluyendo la demolición de construcciones ilegales en la zona de protección absoluta del acuífero Moín y la protección del medio ambiente y los derechos de la comunidad afrodescendiente”. \n\n4.- Informa bajo juramento John Gutiérrez Gómez, en su condición de alcalde de la Municipalidad de Limón (informe rendido el 08 de julio de 2025), en los siguientes términos: “se me amplié el plazo por 5 días más, toda vez que se está requiriendo informes de distintas Departamentos, con el fin de resolver el presente recurso. Nuestro interés es buscar la satisfacción del interés público de los particulares y por tal motivo solicitamos dicha ampliación”. \n\n5.- Informa bajo juramento Juan Pablo Poveda Chinchilla, en su condición de presidente del Concejo de la Municipalidad de Limón (informe rendido el 08 de julio de 2025), en los siguientes términos: “TERCERO: Ahora bien se debe de tomar en cuenta que lo solicitado por el recurrente no encaja en las atribuciones del Concejo Municipal establecidas en el Código Municipal, las cuales son las siguientes: Artículo 13. - Son atribuciones del concejo: (…) Con respecto a lo manifestado por la promovente, se debe indicar que el Concejo Municipal no cuenta con la información solicitada por el solicitante y que lo anterior es un trámite administrativo que no encaja en las competencias del Concejo”. \n\n6.- Informa bajo juramento Ana Matarrita Mc Calla, en su condición de alcaldesa, y Antonio Babb Ried, en su condición director jefe de la Unidad Técnica y Estudio, ambos de la Municipalidad de Limón (informe rendido el 11 de julio de 2025), en los siguientes términos: “No lleva razón el recurrente, en el sentido que, si bien es cierto el Plan Regulador Urbano de la Municipalidad de Limón, el cual fue publicado mediante Gaceta N°212 del 15 de noviembre del año 2023, alcance 225, el cual viene a regir el Cantón Central de Limón. Debo indicar que no es como lo indica el recurrente que las propiedades que alega fueron excluidas de dicho Plan Regulador, el cual no es cierto dichas propiedades se encuentra contempladas y reguladas en el Plan Regulador, así se demuestra en informe oficio UCC-0329-09-07-2025, emitido por el Jefe de la Unidad de Catastro de la Municipalidad de Limón. Ahora bien, en cuanto a la problemática de la invasión o precario que se ha dado en las fincas del recurrente, no es competencia de la Municipalidad de Limón, por lo que a su vez le informamos que en dichas propiedades la Municipalidad de Limón no a otorgado permisos de construcción alguna, como lo hace suponer el recurrente, por lo que consideramos que el recurrente se equivoca en el presente recurso de amparo, ya que la problemática que se da en las fincas que se mencionan en el presente recurso de amparo es de precario o invasiones, lo cual no es de competencia de la Municipalidad de Limón estos asuntos; como lo indicamos anteriormente la Municipalidad de Limón no ha otorgado permisos de construcción en dichas fichas ni patentes. Es importante indicar que la Sala Constitucional ya ha visto estos asuntos del recurrente según expediente judicial 22-008354-0007-CO, por lo que consideramos que dicho recurso debe ser rechazado por falta de prueba y argumentos legales y así como por falta de competencia. Por lo tanto, de conformidad con lo antes expuesto solicitamos declarar sin lugar el presente recurso de Amparo en contra de la Municipalidad de Limón y se proceda con el archivo definitivo”. \n\n7.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 15 de julio de 2025, [Nombre 011] señala lo siguiente: “Asunto: Solicitud de revisión del plan regulador y su omisión sobre la Zona Seis de Limón con base en la resolución judicial No. 2008-004751, expediente 06-015593-0007-CO, como prueba fehaciente de la importancia de la protección del recurso hídrico en Moín, Limón (…) Síntesis de la Resolución No. 2008-004751 (Expediente 06-015593-0007- CO). La resolución No. 2008-004751, emitida el 27 de marzo de 2008 por esta Sala Constitucional, resolvió un recurso de amparo que interpuse contra la Ministra de Salud, el Ministro de Ambiente y Energía, el Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Representante Legal de la empresa Químicos Holanda, S.A., el Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y el Alcalde Municipal de Limón. La sentencia es un precedente crucial que subraya la importancia de la Zona Seis de Moín como área de protección hídrica y la necesidad imperiosa de resguardarla frente a actividades que comprometan el abastecimiento de agua y el derecho a un ambiente sano (…) • Omisión municipal: La Municipalidad de Limón publicó su Plan Regulador en 2001 (Gaceta 209) sin incluir las disposiciones del acuerdo 80-121, incumpliendo su deber de proteger las aguas subterráneas (…) • Responsabilidad municipal: La Municipalidad de Limón violó los artículos 21, 50 y 169 de la Constitución al omitir las disposiciones del acuerdo 80-121 en su Plan Regulador de 2001. Las municipalidades tienen el deber, según la Ley de Planificación Urbana y precedentes de la Sala (resolución 2004-01923), de regular actividades en zonas de protección hídrica para garantizar un desarrollo sostenible (…) 4. Fallo: • Con lugar parcial: Se declaró con lugar el recurso contra la Municipalidad de Limón y Químicos Holanda por violación a los artículos 21 y 50 de la Constitución. Se ordenó a la Municipalidad modificar su Plan Regulador en un plazo de 12 meses para incluir las disposiciones del acuerdo 80-121, bajo pena de desobediencia. Se condenó a ambos al pago de costas, daños y perjuicios, a liquidarse en la vía contencioso-administrativa y civil. • Sin lugar en otros extremos: No se encontraron lesiones por parte del Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía ni SETENA, que actuaron dentro de sus competencias (…) 5. Relevancia para el caso actual: La resolución No. 2008-004751 es prueba irrefutable de la importancia crítica de la Zona Seis de Moín como área de protección hídrica. El acuífero de Moín es vital para el abastecimiento de agua de Limón, y cualquier actividad que lo amenace, como la exclusión de la zona 6 del plan regulador vigente, pone en riesgo los derechos fundamentales a la salud, la vida y un ambiente sano. La omisión de la Municipalidad en 2001 de incluir las disposiciones de protección en su Plan Regulador evidencia una negligencia que no debe repetirse (…) Solicitud a la Sala Constitucional Con base en mi experiencia como recurrente en el expediente 06-015593- 0007-CO y en la resolución No. 2008-004751, solicito respetuosamente lo siguiente en el marco del expediente 25-018602-0007-CO: 1. Revisión del plan regulador vigente: Que esta Sala ordene una revisión exhaustiva del plan regulador impulsado y aprobado por la Municipalidad de Limón incumpliendo la protección de la Zona Seis de Moín, Limón, para garantizar el cumplimiento del acuerdo 80-121 de AyA y la protección del acuífero de Moín, esencial para el suministro de agua de la ciudad (…) Conclusión Solicito a esta honorable Sala declarar con lugar mi petición y ordenar las medidas necesarias para proteger la Zona Seis de Moín, y su recurso hídrico. La resolución No. 2008-004751 es un recordatorio contundente de las consecuencias de la negligencia en la planificación urbana y la falta de protección de los recursos hídricos. No podemos permitir que la historia se repita. Insto a la Sala a actuar con celeridad para revisar el plan regulador de Limón y priorizar el bienestar de la comunidad de Limón”.\n\n8.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 18 de julio de 2025, [Nombre 011] señala lo siguiente: “II. Planteamiento del Problema 1. Disminución de la Protección de la Zona 6 A partir de la sentencia Nº 012043-2008, las autoridades, especialmente el AyA y la Municipalidad de Limón, han relajado las medidas de protección de la Zona 6, aparentemente por temor a nuevas órdenes de expropiación que impliquen costos financieros significativos. Este relajamiento ha permitido usos del suelo incompatibles con la conservación del acuífero, poniendo en riesgo el abastecimiento de agua potable para la población limonense. La falta de un plan de manejo integral, como recomendado en el estudio hidrogeológico de 2007, ha exacerbado esta situación, generando un vacío regulatorio que amenaza un recurso hídrico de interés público. 2. Incompatibilidad del Plan Regulador de Limón El plan regulador del cantón de Limón no incorpora adecuadamente las restricciones necesarias para proteger la Zona 6, a pesar de que el acuerdo del AyA de 2007 ordenó su notificación a la Municipalidad para que estas fueran vinculantes. La inacción municipal, evidenciada históricamente (como en el informe de la Contraloría General de la República, DFOE-AM-41/2002), ha permitido actividades que comprometen la sostenibilidad del acuífero. En lugar de ajustar el plan regulador a las necesidades de protección de la Zona 6, se ha pretendido adaptar esta última a un marco regulatorio obsoleto, lo que contraviene el interés público y los precedentes de esta Sala (sentencia Nº 2004-01923) (…) III. Solicitud Específica Con base en lo expuesto, solicito respetuosamente a esta honorable Sala Constitucional lo siguiente: 1. Revisión Exhaustiva de Resoluciones Que se realice un recuento detallado de todas las resoluciones emitidas por esta Sala, así como de los acuerdos administrativos del AyA, relacionados con la Zona 6 del acuífero Moín-Limón. Este recuento debe evaluar el cumplimiento de las órdenes dictadas, incluyendo las expropiaciones dispuestas en la sentencia Nº 012043- 2008, y determinar si las medidas de protección han sido implementadas efectivamente. 2. Anulación del Plan Regulador de Limón Que se declare la nulidad del plan regulador del cantón de Limón, por ser incompatible con las necesidades de protección de la Zona 6, y se ordene a la Municipalidad de Limón, en coordinación con el AyA, el INVU, MINAE, el Ministerio de Salud y SETENA, elaborar un nuevo plan regulador que incorpore las restricciones establecidas en el acuerdo AN-2007-177 y el estudio hidrogeológico de 2007, asegurando la protección absoluta de la Zona 6. 3. Medidas Cautelares Urgentes Que se dicten medidas cautelares para suspender de inmediato cualquier actividad en la Zona 6 que pueda comprometer la calidad o cantidad del agua, incluyendo urbanizaciones, lotificaciones, actividades industriales o agropecuarias, y que se ordene al AyA y al Ministerio de Salud realizar inspecciones periódicas para garantizar el cumplimiento. 4. Elaboración de un Plan de Manejo Integral Que se instruya al AyA, en conjunto con las entidades competentes, a elaborar y ejecutar un plan de manejo integral para la Zona 6, que contemple: • Delimitación precisa de las áreas de protección absoluta. • Estrategias de reforestación y control de contaminación. • Mecanismos de compensación para propietarios afectados, ya sea mediante expropiaciones formales con indemnización o incentivos para usos sostenibles (como ecoturismo o conservación). • Monitoreo continuo de la calidad y cantidad del agua. 5. Coordinación Interinstitucional Que se ordene la coordinación efectiva entre el AyA, la Municipalidad de Limón, MINAE, el Ministerio de Salud, el INVU y SETENA, para garantizar la implementación de las medidas de protección, conforme a lo dispuesto en el artículo 2, inciso h), de la Ley Constitutiva del AyA, el artículo 31 de la Ley de Aguas y el artículo 50 de la Constitución Política (…) V. Conclusión La protección de la Zona 6 es una prioridad impostergable, dado su rol crítico en el abastecimiento de agua potable para Limón. La sentencia Nº 012043-2008, aunque protegió los derechos de propiedad de Propiedades Masarde S.A., ha generado un precedente que ha debilitado las medidas de conservación, permitiendo un relajamiento que pone en riesgo el acuífero Moín-Limón. La anulación del plan regulador de Limón y su ajuste a las necesidades de la Zona 6 son esenciales para restablecer un marco regulatorio que priorice el interés público sobre intereses particulares, garantizando el acceso al agua potable y el cumplimiento de los derechos fundamentales. Por lo expuesto, solicito a esta honorable Sala que acoja las peticiones planteadas, emita una resolución contundente y adopte las medidas necesarias para proteger la Zona 6, incluyendo la revisión de resoluciones previas, la anulación del plan regulador, la imposición de medidas cautelares y la elaboración de un plan de manejo integral”. \n\n9.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 18 de julio de 2025, [Nombre 011] manifiesta lo siguiente: “I. Resumen Ejecutivo El presente escrito tiene como objetivo solicitar la nulidad del Plan Regulador Costero de Limón, en razón de que su aplicación ha permitido construcciones y cambios de uso de suelo en la Zona 6 del Acuífero Moín, contraviniendo los acuerdos de la Junta Directiva del AyA (N° 80-121, N° 2007-177 y N° 2011-112) y las disposiciones de la Sala Constitucional (Resoluciones N° 2022-022070 y N° 2024-001523). Las respuestas del AyA a la nota AEL-00297-2024, presentadas en el informe ADM-93-04-F6, son evasivas, insuficientes y no cumplen con las competencias institucionales para garantizar la protección del recurso hídrico y los ecosistemas asociados, lo que justifica la intervención de esta Sala (…) El Plan Regulador Costero de Limón, al permitir construcciones y otorgar permisos de uso de suelo en la Zona 6 sin verificar el cumplimiento de estos acuerdos, contraviene el marco normativo ambiental y pone en riesgo la sostenibilidad del recurso hídrico, afectando el derecho a un ambiente sano de la población limonense (…) Mediante la resolución número 2008-004751 de las 12:20 horas del 27 de marzo de 2008, la Sala Constitucional ordenó iniciar el procedimiento para modificar el Plan Regulador de Limón e incluir las disposiciones del acuerdo 80-121. Han transcurrido 17 años y aún no se ha cumplido con lo establecido por la Sala (…) La Sala Constitucional ha establecido en resoluciones como la N° 2022- 022070 y N° 2024-001523 que el AyA y otras instituciones tienen la obligación de proteger el Acuífero Moín mediante acciones concretas, incluyendo la coordinación interinstitucional y la reversión de actividades que lo amenacen. La falta de cumplimiento de estas órdenes, evidenciada en la inacción frente a construcciones ilegales y la omisión de estudios de impacto ambiental, justifica la nulidad del Plan Regulador Costero de Limón, que ha facilitado estas violaciones (…) 5. Impacto del Plan Regulador Costero de Limón El Plan Regulador, al no incorporar las restricciones de la Zona 6 establecidas por los acuerdos del AyA, ha permitido: • Construcciones ilegales en áreas de recarga del acuífero, como el precario Villa Plata. • Cambios de uso de suelo en bosques y humedales, afectando la capacidad de recarga hídrica. • Emisión de permisos municipales sin evaluación de impacto ambiental, en contravención de la Ley Orgánica del Ambiente y los acuerdos de la Junta Directiva del AyA. Estas acciones han generado un daño ambiental significativo, comprometiendo el acceso al agua potable y violando el principio de prevención ambiental. La nulidad del Plan Regulador es necesaria para restablecer la legalidad y garantizar la protección del Acuífero Moín. III. Peticiones Con fundamento en lo expuesto, solicito respetuosamente a esta honorable Sala: 1. Declarar con lugar la coadyuvancia presentada dentro del Expediente No. 25-018602-0007-CO. 2. Ordenar la nulidad del Plan Regulador Costero de Limón, por violar los artículos 11, 27 y 50 de la Constitución Política, los acuerdos de la Junta Directiva del AyA (N° 80-121, N° 2007-177, N° 2011-112), la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, la Ley de Aguas N° 276 y la Ley Forestal N° 7575. 3. Ordenar al AyA, a la Municipalidad de Limón y a las instituciones competentes (MINAE, MINSA, SETENA): a. Realizar un inventario exhaustivo de construcciones y propiedades en la Zona 6 del Acuífero Moín, especificando cuáles carecen de permisos municipales o del AyA. b. Iniciar procedimientos administrativos y judiciales para demoler construcciones ilegales y restaurar los bosques y humedales afectados. c. Presentar un informe de impacto ambiental actualizado para el Proyecto de Alcantarillado Sanitario Moín, incluyendo las fincas de [Nombre 002] Sole S.A. d. Establecer un plan de acción interinstitucional para la protección y regeneración del Acuífero Moín, en cumplimiento de las resoluciones N° 2022-022070 y N° 2024-001523. 4. Condenar al AyA y a la Municipalidad de Limón al pago de costas, por su omisión y falta de diligencia en la protección del Acuífero Moín”.\n\n10.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 30 de julio de 2025, [Nombre 011] manifiesta lo siguiente: “En mi condición de ciudadano limonense y usuario del Acuífero Costero de Moín, me dirijo respetuosa pero vehemente a esta honorable Sala Constitucional para solicitar que se dicte una resolución final, clara y contundente en el marco del recurso de amparo con expediente número 25-018602-0007-CO, promovido por el señor [Nombre 001], ordenando la nulidad absoluta del Plan Regulador del Cantón Central de Limón, por contravenir de manera flagrante el Acuerdo 80-121 del 14 de abril de 1980 y la resolución de esta misma Sala dictada a las 12:00 horas del 27 de marzo de 2008, en contra de la Municipalidad de Limón (…) Por ello, solicito respetuosamente a esta Sala que: 1. Declare la nulidad absoluta del Plan Regulador del Cantón Central de Limón, por ser contrario al Acuerdo 80-121 de 1980 y a la resolución de esta Sala del 27 de marzo de 2008. 2. Ordene a la Municipalidad de Limón adoptar de inmediato las medidas necesarias para garantizar la protección del Acuífero Costero de Moín, conforme a las disposiciones constitucionales y legales vigentes. 3. Imponga las sanciones correspondientes a los funcionarios responsables de la desobediencia constatada, en aras de garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales y la defensa de los derechos fundamentales de los limonenses”. \n\n11.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 01 de agosto de 2025, Fabián Leandro Marín manifiesta lo siguiente: “(…) de calidades conocidas en autos y actuando en representación del promovente, solicito se dicte resolución final declarando el Recurso de Amparo con lugar, pues ha quedado sobradamente demostrado el incumplimiento de deberes, tanto de la Municipalidad de Limón, su Alcaldesa y el Consejo Municipal, quienes han abusado negativamente de sus deberes por omisión como funcionarios públicos, en lo que respecta a cumplir con la Ley de Construcciones, ley de planificación y leyes ambientales. Con su negligencia han generado la proliferación de construcciones ilegales dentro de la zona de protección de recarga acuífera de la zona 6 del acuífero de Moín. Asimismo, quedó sobradamente demostrado que la Municipalidad de Limón incumplió con sus deberes al no incluir la zona de protección absoluta del área de recarga acuífera del acuífero de Moín en el plan regulador de Limón, y por ello se han multiplicado las construcciones ilegales en esa zona de protección. La negativa a contestar el recurso de amparo es una clara manifestación y prueba de las trabas e impedimentos que tienen los administrados cuando se pide a ese ente municipal el hacer cumplir la Ley, pues ante los graves incumplimientos no contestan ni al ciudadano ni a la Sala. Por ende, en protección de los derechos de mi representada, y con el fin de proteger el acuífero de Moín y su zona de protección, solicito se declare con lugar y en su totalidad el recurso de amparo. Solicito se ordene a la Municipalidad que, en cumplimiento con la Ley Forestal, Ley de aguas, y ley de Construcciones, proceda a eliminar las construcciones ilegales que se han construido dentro de la zona de protección absoluta, ZONA 6 del área de recarga acuífera del acuífero de Moín, dentro de las fincas propiedad de mi representada”. \n\n12.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 06 de agosto de 2025, [Nombre 011] manifiesta lo siguiente: “(…) para solicitar una resolución que aborde las graves violaciones a derechos fundamentales derivadas de la omisión de la Municipalidad de Limón de incluir la Zona 6 del Acuífero Costero de Moín en su Plan Regulador Urbano, conforme al informe técnico-legal GSP-RHC-2025-01548, emitido el 4 de agosto de 2025 por el Director Regional de la Región Huetar Atlántica del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Este informe ratifica la procedencia del presente recurso de amparo y pone en evidencia las flagrantes violaciones a los acuerdos de la Junta Directiva del AyA y las resoluciones de esta Sala Constitucional, al permitirse actividades incompatibles con los fines de protección absoluta de la Zona 6, lo que exige una resolución contundente en defensa de los principios preventivo, precautorio e in dubio pro natura, así como los derechos fundamentales de las generaciones futuras, conforme al artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica. Antecedentes y fundamentos técnico-legales El informe citado, emitido en respuesta a mi solicitud de criterio técnico-legal (AEL-00297-2025), detalla de manera rigurosa los impactos sociales, ambientales y sanitarios derivados de la omisión de la Municipalidad de Limón de incorporar la Zona 6—un área de alta vulnerabilidad hidrogeológica del Acuífero de Moín—en su Plan Regulador Urbano. Esta omisión contraviene los acuerdos vinculantes de la Junta Directiva del AyA (2007-177 y 2011-112), publicados en La Gaceta No. 83 del 2 de mayo de 2007 y 2 de mayo de 2011, respectivamente, así como las resoluciones de esta Sala Constitucional (por ejemplo, 2008-004790, 2008-010372 y 2008-004751), que obligan a los gobiernos locales a incorporar las recomendaciones técnicas del AyA para proteger recursos hídricos críticos (…) Violaciones constitucionales y principios ambientales La omisión de la Municipalidad de Limón de incluir la Zona 6 en el Plan Regulador no solo incumple las disposiciones técnicas y legales mencionadas, sino que también vulnera principios fundamentales del derecho ambiental costarricense: (…) Solicitud Con base en lo expuesto, respetuosamente solicito a esta Sala Constitucional: 1. Declarar con lugar el recurso de amparo bajo el expediente 25- 018602-0007-CO, en virtud de las violaciones a los derechos fundamentales al agua, la salud y un ambiente sano, derivadas de la omisión de la Municipalidad de Limón de incluir la Zona 6 en su Plan Regulador. 2. Ordenar a la nulidad del Plan Regulador por no incorporar las recomendaciones técnicas de los acuerdos 2007-177 y 2011-112 de la Junta Directiva del AyA, en cumplimiento de las resoluciones constitucionales (2008-004790, 2008-010372 y 2008-004751). 3. Prohibir actividades incompatibles con la protección de la Zona 6, como la construcción de gasolineras y otras operaciones industriales de alto riesgo, en apego a los principios preventivo, precautorio e in dubio pro natura. 4. Disponer medidas de mitigación coordinadas entre la Municipalidad de Limón, AyA, MINAE, SENARA y el Ministerio de Salud, incluyendo inventarios de actividades de riesgo, monitoreo ambiental y campañas de sensibilización comunitaria, como se sugiere en el informe GSP-RHC-2025-01548. 5. Sancionar las responsabilidades administrativas derivadas del incumplimiento de la Municipalidad, conforme a la normativa aplicable, para garantizar el principio de legalidad y la protección del derecho humano al agua”. \n\n13.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 26 de agosto de 2025, [Nombre 011] manifiesta lo siguiente: “II. Fundamentación legal de las irregularidades detectadas en el Plan Regulador El oficio DU-003-01-2025 confirma que el Plan Regulador Costero de Limón fue aprobado por el INVU mediante oficio DU-383-09-2023, de fecha 1 de setiembre de 2023, y publicado en el Alcance 192 a La Gaceta No. 182 del 4 de octubre de 2023. Sin embargo, revela omisiones graves en la protección del Acuífero Costero de Moín, cuya área (Zona de Protección 6) fue inexplicablemente excluida o zonificada de manera insuficiente, permitiendo usos incompatibles con sus vulnerabilidades. Específicamente: 1. Violación al derecho a un ambiente sano (artículo 50 de la Constitución Política): La zonificación descrita en el oficio (páginas 4-5) asigna al sector: • Zona de Control Especial de Industria Pesada (ZCEIp) para el muelle de Moín. • Zona de Turismo y Comercio (ZTC) para el pueblo y zona comercial. • Zona de Protección 1 (ZP1), insuficiente para resguardar el acuífero. • Zona de Relleno APM para la terminal de contenedores APM Terminals, incluyendo la franja de 200 metros de zona marítimo-terrestre. Estas categorías permiten actividades industriales, comerciales y de relleno que exponen el acuífero a riesgos de infiltración tóxica, vertidos y expansión urbana, contrariando las prohibiciones del Acuerdo No. 80-121 del AyA y las sentencias citadas (e.g., 2022-022070, que prohíbe explícitamente tales usos en zonas restringidas). Ello viola el principio in dubio pro natura (Ley de Biodiversidad No. 7788, artículo 11 inciso 2)), que obliga a resolver dudas en favor de la naturaleza, y los principios precautorio y preventivo (Convención sobre la Diversidad Biológica, Ley No. 7416). El INVU no justifica estas omisiones, limitándose a un relato procedimental sin abordar impactos ambientales. 2. Violación al principio de legalidad (artículo 11 de la Constitución Política): La Ley de Planificación Urbana (artículos 7, 10 y concordantes con artículo 169 de la Constitución) exige coordinación con entidades como AyA, MINAE y SETENA para integrar estudios ambientales. El proceso (expediente PRURB-002-2020) incluyó observaciones iniciales sobre “falta de documentación de estudios ambientales” (oficio DU-UCTOT-222-2020), pero no evidencia subsanación específica para el acuífero. El convenio interinstitucional de 2022 (MINAE-SETENA-MIVAH-INVU) no se aplicó adecuadamente, y las 36 sesiones virtuales de 2023 omitieron restricciones del Acuerdo No. 80-121. Esto configura actuación ultra vires, violando la coordinación interinstitucional (artículo 46 de la Constitución) y la transparencia (Ley Marco de Acceso a la Información Pública No. 10.554, artículos 11, 21, 27, 33). 3. Irregularidades procesales: Demoras y faltantes recurrentes (oficios DU-UCTOT-064-2021, etc.) evidencian un proceso viciado, sin participación efectiva ni integración de precedentes constitucionales (e.g., sentencia 23-025914-0007- CO, que exige evaluaciones SETENA en modificaciones costeras). Estas violaciones configuran nulidad absoluta (artículo 29 de la Ley de Jurisdicción Constitucional), con efectos retroactivos. III. Solicitudes específicas Solicito: 1. Admitir las copias adjuntas como prueba adicional. 2. Declarar la nulidad absoluta del Plan Regulador, ordenando revisión con protección al acuífero. 3. Conceder audiencia al INVU para aclarar omisiones, en coordinación con AyA conforme al Acuerdo No. 80-121”. \n\n14.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 27 de agosto de 2025, [Nombre 011] manifiesta lo siguiente: “para presentar prueba adicional, fundamentar exhaustivamente mis alegatos iniciales con antecedentes legales, resoluciones previas de protección del Acuífero Costero de Moín y evidencia documental reciente, y reiterar la imperiosa necesidad de declarar la nulidad absoluta del Plan Regulador Costero de Limón, vigente a la fecha, por graves irregularidades en su elaboración, aprobación y contenido. Estas irregularidades vulneran derechos fundamentales y principios constitucionales, configurando un escenario de inconstitucionalidad manifiesta que exige la intervención inmediata de esta Sala para salvaguardar el interés público y el Estado de Derecho. Esta solicitud se fundamenta primordialmente en el oficio DA-1702- 2025, de fecha 26 de agosto de 2025, emitido por el Director de la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, José Miguel Zeledón Calderón, dirigido al suscrito en respuesta a mi consulta mediante oficio AEL-00309-2025 de fecha 8 de agosto de 2025. Dicho oficio ratifica, de manera inequívoca y conforme a la letra y al espíritu de su contenido, las inconsistencias técnicas y legales que presenta el Plan Regulador de Limón, achacando dichas irregularidades directamente a la Municipalidad de Limón y, consecuentemente, al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), en su rol de entidades responsables de la elaboración, coordinación y cumplimiento de las normas aplicables. Adjunto copia certificada de dicho oficio como prueba adicional, el cual detalla las formalidades legales incumplidas y enfatiza la obligación de incluir la protección del Acuífero Costero de Moín en la etapa de viabilidad ambiental, responsabilidad que recae exclusivamente en las instancias municipales e institucionales mencionadas (…) En mis alegatos iniciales, expuse que el Plan Regulador omite o minimiza estas protecciones, permitiendo usos del suelo incompatibles con la vulnerabilidad hidrogeológica del área, lo cual configura violaciones al artículo 50 de la Constitución Política (derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado), al artículo 11 de la misma (principio de legalidad), y a normas derivadas como la Ley de Planificación Urbana (Ley No. 4240), la Ley de Aguas (Ley No. 276), el Decreto Ejecutivo No. 42015-MAG-MINAE-S-MIVAH (Reglamento de Coordinación Interinstitucional para la Protección de Recursos Hídricos Subterráneos), y la Ley de Biodiversidad (Ley No. 7788), que incorpora principios como el precautorio, preventivo e in dubio pro natura (artículo 11, inciso 2). II. Ratificación de Incumplimientos por el Oficio DA-1702-2025 El oficio DA-1702-2025 constituye una pieza probatoria clave que ratifica y evidencia las irregularidades alegadas, configurando un incumplimiento flagrante que no puede ser soslayado. Conforme a la letra y al espíritu de este documento oficial, emitido por la autoridad competente en materia de recursos hídricos, se detallan las siguientes deficiencias técnicas y legales en el proceso de elaboración del Plan Regulador de Limón: 1. Falta de Inclusión de la Variable Hidrogeológica en la Etapa de Viabilidad Ambiental: El oficio establece expresamente que “la inclusión de la variable hidrogeológica en Planes Reguladores conforme lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 42015-MAG-MINAE-S-MIVAH, corresponde verse en la fase de viabilidad ambiental”. Esta afirmación ratifica que la Municipalidad de Limón y el INVU, como entidades líderes en la elaboración del Plan, incumplieron con esta obligación esencial. Al no integrar debidamente la protección del Acuífero Costero de Moín —incluyendo el shapefile oficial del área de protección proporcionado en el mismo oficio— durante la fase de viabilidad, se vulneró el objetivo del Decreto Ejecutivo citado, que busca asegurar la sostenibilidad de las aguas subterráneas mediante coordinación interinstitucional. Esta omisión configura una violación al principio preventivo y precautorio, ya que expone el acuífero a amenazas como la urbanización descontrolada, la contaminación por infiltración y la alteración de recargas naturales, poniendo en riesgo el derecho fundamental al agua potable y a un ambiente sano (artículo 50 Constitucional). 2. Responsabilidad Exclusiva de la Municipalidad de Limón y el INVU en la Coordinación Interinstitucional: El oficio aclara que “la elaboración de un Plan Regulador Municipal es liderado y de responsabilidad de cada gobierno local” y que “la Dirección de Agua no coordina, menos lidera este tipo de procesos”. Esta declaración achaca directamente las irregularidades a la Municipalidad de Limón, como ente principal, y por extensión al INVU, que debió supervisar y garantizar el cumplimiento de normas interinstitucionales. La ausencia de coordinación adecuada con entidades como AyA y la Dirección de Aguas evidencia un proceso viciado desde su origen, contraviniendo el artículo 11 de la Constitución (principio de legalidad), que exige que las actuaciones administrativas se ajusten estrictamente a la ley. Además, esto infringe el artículo 43 del Decreto Ejecutivo No. 42015, que mandates la utilización de plataformas oficiales como el Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (SINIGIRH) para incorporar datos oficiales en la planificación urbana. 3. Insuficiencia en la Atención a Amenazas y Precauciones para el Acuífero de Moín: Aunque el oficio remite a un criterio técnico previo (DA-1593-2025) sobre amenazas y precauciones, reitera la necesidad de precauciones en la fase de viabilidad ambiental, lo cual no se materializó en el Plan Regulador. Esto ratifica inconsistencias técnicas, tales como la no delimitación precisa de zonas de recarga y protección, permitiendo potenciales desarrollos incompatibles. Tales omisiones violan el Acuerdo No. 80-121 de AyA, que protege específicamente el acuífero contra usos que alteren su integridad, y configuran una amenaza inminente al equilibrio ecológico, amparada en el principio in dubio pro natura de la Ley de Biodiversidad. 4. Provisión de Shapefile como Evidencia de Incumplimientos Previos: El oficio proporciona un shapefile del área de protección del acuífero, accesible vía enlace temporal (https://drive.google.com/drive/folders/1INO2nI8yFzf4vnwz7R eKVxvguOqT7hXY?usp=sharing), pero enfatiza que su uso oficial debe provenir de SINIGIRH. Esta entrega ratifica que la información hidrogeológica no fue integrada adecuadamente en el Plan, ya que el oficio insiste en la responsabilidad de las entidades locales para acceder y aplicar datos oficiales. La insistencia en “fortalecer capacidades técnicas” para trabajar con plataformas oficiales implica una deficiencia previa en el proceso municipal, lo cual agrava las irregularidades legales. Estas ratificaciones en el oficio DA-1702-2025 evidencian violaciones al artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (Ley No. 7135), que permite la presentación de prueba adicional para demostrar inconstitucionalidades, y configuran causales de nulidad absoluta conforme al artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública (Ley No. 6227), por vicios en el procedimiento y en el fondo (…) IV. Solicitudes Específicas En virtud de lo expuesto, solicito respetuosamente: 1. Admitir el oficio DA-1702-2025 como prueba adicional y ordenar su incorporación al expediente (…) 2. Declarar la nulidad absoluta del Plan Regulador Costero de Limón por las irregularidades ratificadas. 3. Ordenar a la Municipalidad de Limón y al INVU la reformulación del Plan, integrando la protección del acuífero conforme al Acuerdo 80-121 y Decreto 42015. 4. Imponer medidas cautelares para suspender efectos del Plan en áreas del acuífero hasta resolución final. 5. Cualquier otra medida que esta Sala estime procedente para resguardar derechos fundamentales”. \n\n15.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 01 de setiembre de 2025, [Nombre 011] manifiesta lo siguiente: “Asunto: Prueba adicional y solicitud de nulidad del Plan Regulador Costero de Limón por violaciones al derecho a un ambiente sano y al principio de legalidad según documento titulado “ANÁLISIS DE ALCANCE AMBIENTAL DEL POTENCIAL USO DEL SUELO SEGÚN LA ZONIFICACIÓN DE IFA DEL CANTÓN DE LIMÓN, LIMÓN, COSTA RICA” (…) Como coadyuvante activo en el Expediente No. 25-018602-0007-CO, iniciado ante esta Sala Constitucional contra la Municipalidad de Limón y el INVU por la aprobación y ejecución del Plan Regulador del Cantón de Limón, reitero que el recurso se centra en la zonificación territorial de dicho Plan, fundamentada en el Documento de Análisis Ambiental. Este documento, de 118 páginas, detalla la zonificación de fragilidad ambiental (IFA), mapas de sobreuso ambiental actual y propuestas de uso potencial del suelo, pero omite de manera unilateral la zona de protección absoluta establecida por el AyA desde 1980 para el Acuífero Moín y otras fuentes hídricas subterráneas esenciales para el abastecimiento de la población limonense (…) II. Incumplimientos Técnicos y Legales en la Zonificación del Plan Regulador El Documento de Análisis Ambiental y el Plan Regulador derivado presentan incumplimientos técnicos y legales graves, derivados de la exclusión unilateral de la zona de protección absoluta del AyA, en violación de normas constitucionales, legales y principios ambientales. Dichos incumplimientos se detallan a continuación, con fundamentación legal exhaustiva. A. Violación a los Principios Rectores del Derecho Ambiental Nacional (…) E. Inconsistencias Técnicas Achacables a la Municipalidad de Limón e INVU • Sobreuso Crítico (7.8%, pág. 16): Zonas Y-4 permiten usos incompatibles, ignorando protección del AyA. • Mapa Ambiental Base Defectuoso (págs. 68-75): Omite zona de protección, violando Decreto No. 32967-MINAE. • Responsabilidad: Municipalidad de Limón aprueba sin consulta (Ley de Planificación Urbana No. 4240, Art. 15); INVU falla en supervisión. III. Solicitud de Medidas Solicito: 1. Declarar con lugar el recurso y anular el Plan Regulador por inconstitucionalidad, ordenando incorporar la zona de protección del AyA. 2. Ordenar consulta inmediata al AyA y SENARA para rectificar inconsistencias. 3. Imponer sanciones a la Municipalidad de Limón e INVU por violaciones al Art. 50 Constitución y principios ambientales”. \n\n16.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 01 de setiembre de 2025, [Nombre 011] manifiesta lo siguiente: “(…) ofrezco prueba para mejor resolver consistente en el ANÁLISIS DE ALCANCE AMBIENTAL DEL POTENCIAL USO DEL SUELO SEGÚN LA ZONIFICACIÓN DE IFA DEL CANTÓN DE LIMÓN, LIMÓN, COSTA RICA, que forma parte del plan regulador de Limón y en el cual se demuestra que la eliminación de la zona 6 de protección absoluta del área de recarga acuífera del acuífero de Moín fue eliminada por una consultoría privada contratada por la Municipalidad con ocasión de la elaboración del plan regulador (…) En el citado informe que forma parte del plan regulador se demuestra de manera clara que en la zona 6 del acuífero Moín fue eliminada y se dio un cambio de uso de suelo no autorizado por el AyA, cambiando de zona de protección absoluta a una zona de uso residencial. En la prueba ya ofrecida en autos consistente en el informe de fecha ocho de agosto de 2023, TAA-DT-241-2023 del Tribunal ambiental se demuestra que las fincas en donde se solicita aplicar la ley de construcciones y en general dentro la zona 6 de protección del acuífero Moín, existe una zona definida como de importancia hídrica dentro del acuífero y esas zonas no se consignaron en el Plan Regulador de Limón como áreas protegidas y más bien en el plan regulador de Limón se ocultó la zona 6 de recarga acuífera y de importancia hídrica y en su lugar se incluyó esa zona como áreas residenciales (…) Ver en contraposición con la imagen anterior de la zona protegida absoluta de recarga acuífero zona 6, la zonificación del plan regulador de Limón que elimina la zona de recarga acuífera como protegida y la convierte en áreas de uso residencial (…) Véase en esta imagen la zona 6 que es de protección absoluta y en ella se aprecia el bosque que poco a poco va desapareciendo por las consecuencias del plan regulador que declaró la zona como de usos residencial y de construcción pesada (…) En vista de las graves afectaciones que se están provocando al acuífero costero de Moín y en especial a la Zona 6, solicito se dicte sentencia y se declare con lugar el amparo, dado que existen construcciones ilegales en las fincas solicitadas por el promovente, pero también se demuestra que el Plan Regulador de Limón se aprobó en apariencia en fraude de Ley al haber desaparecido la zona 6 que es de recarga acuífera y de protección absoluta”. \n\n17.- Mediante resolución de las 16:23 horas del 27 de noviembre de 2025, este Tribunal solicitó una prueba para mejor resolver. \n\n18.- Informa bajo juramento Ana Matarrita Mc Calla, en su condición de alcaldesa de la Municipalidad de Limón (informe rendido el 28 de noviembre de 2026), en los mismos términos a lo señalado en el informe anterior. \n\n19.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 12 de diciembre de 2025, Fabián Leandro Marín manifiesta lo siguiente: “(…) a efectos de aportar como prueba para mejor resolver informe del Tribunal Ambiental y del Minae que se complementan como un análisis técnico–jurídico, y solicitar, con fundamento en los hechos y el derecho que se exponen, que se DECLARE CON LUGAR el recurso de amparo interpuesto por el señor [Nombre 001] a favor de mi representada, por la omisión grave y continuada de la Municipalidad de Limón en el ejercicio de sus deberes de policía urbanística y ambiental respecto de las fincas 27136 y 27138, ubicadas en la Zona 6 del Acuífero Moín. El propósito del presente escrito es complementar la información ya obrante en el expediente, incorporando la prueba técnica oficial emitida por el Tribunal Ambiental Administrativo en el Informe TAA-DT-241-2023, de fecha 08 de agosto de 2023, obrante en el expediente administrativo N.° 100-23-01-TAA Dicho informe concluye, con base en cartografía oficial, análisis SIG, ortofotos históricas y verificación de campo, que las fincas 27136 y 27138 se encuentran dentro de la Zona 6 del Acuífero Limón-Moín, clasificada como área de importancia hídrica, recarga acuífera y protección absoluta, donde existen construcciones ilegales —casas, ranchos, movimientos de tierra, caminos internos y apertura de vías— ejecutadas sin permisos municipales, sin viabilidad ambiental y afectando incluso el área de protección de la quebrada Portete. La integración de este informe permite acreditar de manera objetiva la omisión continuada de la Municipalidad de Limón, que no ejerció su poder de policía urbanística ni sanitaria para frenar, impedir o corregir dichas obras, y además incurrió en actos positivos favorecedores, al permitir la creación o reconocimiento de calles públicas dentro del acuífero. La combinación de omisiones y actos materiales municipales facilitó la continuidad y densificación de edificaciones ilegales en un sector donde toda actividad constructiva está prohibida. Este cuadro fáctico y técnico establece un nexo causal directo entre la inacción e intervención indebida de la Municipalidad y el daño ambiental producido en un acuífero estratégico, configurándose violaciones a los derechos fundamentales al ambiente sano, a la salud, a la seguridad jurídica y al principio de legalidad, lo que robustece la necesidad de que se declare CON LUGAR el amparo ya interpuesto. I. HECHOS RELEVANTES YA ACREDITADOS Primero: De conformidad con el informe rendido por la Municipalidad de Limón ante esta Sala, la propia autoridad recurrida reconoce expresamente que dentro de las fincas 27136 y 27138, inscritas a nombre de [Nombre 002], se han ejecutado construcciones, edificaciones y obras sin permiso municipal, en un sector regulado por el Plan Regulador Urbano de Limón y, a la vez, ubicado dentro de la Zona 6 del Acuífero Moín. Es decir, la Municipalidad admite que existe un asentamiento materializado mediante casas, ranchos, caminos y obras de infraestructura que carecen de licencia de construcción, carecen de patente y carecen de viabilidad ambiental otorgada por la autoridad competente. Segundo: La Municipalidad también reconoce que dichas fincas se encuentran dentro del área de protección hídrica delimitada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). En efecto, el Acuerdo N.° 80-121, adoptado por la Junta Directiva del AyA en sesión 80-028 del 14 de abril de 1980, declaró la protección de las nacientes de Moín–Limón e impuso restricciones severas al uso del suelo en función de la recarga acuífera. Posteriormente, el Acuerdo N.° 177 de la misma Junta Directiva, de fecha 10 de abril de 2007 y publicado en La Gaceta N.° 83 del 2 de mayo de 2007, oficializó el estudio hidrogeológico DGAMB–2007–031 y actualizó la delimitación del Acuífero Moín, confirmando que la denominada Zona 6 constituye una ZONA DE PROTECCIÓN ABSOLUTA, incompatible con urbanizaciones, construcciones, movimientos de tierra, cultivos intensivos y descargas de aguas residuales. Tercero: Pese a conocer lo anterior, la Municipalidad admite que no ordenó la paralización inmediata de las obras ilegales, no abrió procedimientos sancionatorios, no dictó órdenes de demolición, no adoptó medidas precautorias de protección ambiental y no coordinó con el MINAE, SINAC ni con el propio AyA para la defensa del Acuífero Moín. La Municipalidad se limitó a constatar la existencia de construcciones sin permiso dentro de una zona de protección absoluta, pero se abstuvo de ejercer las potestades de policía urbanística y ambiental que la ley le confiere. Cuarto: No solo se configura una omisión prolongada y grave por parte de la Municipalidad de Limón, sino también actuaciones positivas que agravan directamente la lesión constitucional. Consta en el expediente que la propia Municipalidad procedió a constituir y/o reconocer calles públicas dentro de las fincas 27136 y 27138, otorgando con ello una apariencia administrativa de legitimidad a un asentamiento completamente ilegal ubicado en Zona 6 del Acuífero Moín, área clasificada por el AyA como zona de protección absoluta, de alta vulnerabilidad hidrogeológica y donde toda intervención constructiva está prohibida de forma categórica. Al crear, regularizar o incorporar en su cartografía oficial vías municipales en pleno acuífero, la Municipalidad no solo incumplió su deber de aplicar estrictamente la Ley de Planificación Urbana, la Ley de Construcciones, la normativa técnica vinculante del AyA y los parámetros del Tribunal Ambiental Administrativo, sino que materialmente favoreció la continuidad y densificación de las construcciones ilegales existentes en ese sector, las cuales nunca debieron ser permitidas ni toleradas. Estas actuaciones constituyen un acto causal directo del daño ambiental, pues lejos de ejercer el poder de policía urbanística y ambiental, la Administración promovió —por acción y por omisión— la consolidación de obras ilícitas dentro de un acuífero estratégico para el abastecimiento público. II. ANÁLISIS TÉCNICO: TAA, MINAE Y AyA El análisis técnico contenido en la documentación aportada por la Municipalidad y el informe del Tribunal Ambiental, se confirma con rigor científico y respaldo institucional, que las fincas 27136 y 27138 se encuentran dentro de una zona de recarga acuífera altamente vulnerable, que han sufrido una profunda transformación antrópica y que dicha transformación es consecuencia directa de construcciones ilegales, movimientos de tierra, cambios de uso del suelo y actividades agrícolas y residuales no autorizadas. El Tribunal Ambiental Administrativo, en el expediente 100-23-01-TAA, documenta que dentro de las fincas de [Nombre 002] S.A. se han realizado, entre otras actividades ilícitas, construcción de casas y ranchos, movimientos de tierra para terrazas y caminos, tala de árboles y quema de vegetación, cambio de uso del suelo, cultivos agrícolas con uso de agroquímicos, disposición inadecuada de residuos sólidos y líquidos, tanques sépticos, descargas de aguas grises y residuales, todo ello sin permisos municipales ni viabilidad ambiental. Estas actividades fueron georreferenciadas y plasmadas en cuadros y mapas, lo que permite ubicar con precisión su localización dentro de las fincas 27136 y 27138 (…) Ambos informes —TAA y MINAE— se inscriben en el contexto normativo definido por el AyA. El Acuerdo N.° 80-121 de 1980 declaró la protección de las nacientes de Moín–Limón, mientras que el Acuerdo N.° 177 de 2007 oficializó el estudio DGAMB–2007–031 y delimitó el Acuífero Moín, estableciendo que la Zona 6 es una zona de PROTECCIÓN ABSOLUTA. En dicha zona, la construcción de viviendas, la apertura de calles, la instalación de infraestructura, los movimientos de tierra y las actividades agropecuarias intensivas son incompatibles con la función de recarga y se encuentran prohibidas. La convergencia de la prueba técnica del TAA, del MINAE y del AyA demuestra, sin margen razonable de duda, que: (i) los daños ambientales existentes en las fincas 27136 y 27138 son reales, actuales y graves; (ii) dichos daños se han producido dentro de una zona legalmente declarada de protección absoluta; y (iii) la causa directa de tales daños es la consolidación de un asentamiento ilegal y de construcciones no autorizadas que la Municipalidad de Limón debió impedir, paralizar y demoler, y que, por el contrario, toleró e incluso favoreció mediante el reconocimiento de vías públicas (…) IV. NEXO CAUSAL ENTRE LA CONDUCTA MUNICIPAL Y EL DAÑO El nexo causal entre la conducta de la Municipalidad de Limón y el daño ambiental verificado en las fincas 27136 y 27138 es directo y evidente. Las construcciones ilegales, los movimientos de tierra, los cultivos no autorizados y las descargas de aguas residuales que hoy se constatan en la Zona 6 del Acuífero Moín no podrían haberse consolidado si la Municipalidad hubiera ejercido oportunamente el poder de policía urbanística y ambiental que la ley le otorga. La inacción de la autoridad recurrida permitió que el asentamiento ilegal creciera, se densificara y se consolidara en el tiempo, agravando progresivamente el daño al acuífero, a la naciente, a las dolinas y a los humedales existentes. Más aún, al constituir y reconocer calles públicas dentro del asentamiento, la Municipalidad envió un mensaje de aval institucional a las construcciones ilegales. Este acto positivo favoreció la expansión de las construcciones por las facilidades de accesos y con ello el asentamiento aumentó la presión humana sobre la zona de recarga, con lo cual la Administración local pasó de ser un espectador omiso para convertirse en un agente activo de consolidación del daño. De esta forma, la conducta municipal se erige no solo en una causa concurrente, sino en una causa decisiva del resultado lesivo que hoy se somete a conocimiento de esta Sala. V. PETITORIA Por todas las razones de hecho y de derecho expuestas, y con fundamento en la prueba técnica y en la normativa citada, respetuosamente SOLICITO a esta Honorable Sala Constitucional: 1) Que, al dictar sentencia en el expediente 25-018602-0007-CO, se DECLARE CON LUGAR el recurso de amparo interpuesto por el señor [Nombre 001] a favor de [Nombre 002] contra la Alcaldesa de la Municipalidad de Limón, por la omisión inconstitucional en el ejercicio del poder de policía urbanística y ambiental en la Zona 6 del Acuífero Moín. 2) Que se DECLARE que la Municipalidad de Limón ha incumplido sus deberes constitucionales y legales al no aplicar la Ley de Planificación Urbana, la Ley de Construcciones, la Ley Forestal, el Plan Regulador de Limón y la normativa hídrica del AyA en relación con las fincas 27136 y 27138, y al constituir o reconocer calles públicas dentro de una zona de protección absoluta. 3) Que se ORDENE a la Municipalidad de Limón, en el plazo perentorio que esa Sala establezca, la paralización inmediata de toda construcción, obra, actividad o intervención no autorizada dentro de las fincas 27136 y 27138 de [Nombre 002] S.A., así como la apertura de los procedimientos administrativos sancionatorios correspondientes contra quienes resulten responsables. 4) Que se ORDENE a la Municipalidad de Limón dictar las órdenes de DEMOLICIÓN obligatoria de todas las construcciones ilegales ubicadas en la Zona 6 del Acuífero Moín sobre las fincas de la amparada, en coordinación con el Tribunal Ambiental Administrativo, el MINAE, el SINAC y el AyA, según la competencia de cada institución. 5) Que se ORDENE la elaboración e implementación de un PLAN DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL del área afectada dentro de las fincas 27136 y 27138, bajo criterios técnicos del MINAE, SINAC y AyA, dirigido a recuperar, en la mayor medida posible, las funciones de recarga del acuífero, la protección de la naciente y la estabilidad de las dolinas y humedales. 6) Que se ORDENE a la Municipalidad de Limón establecer un programa permanente de vigilancia, inspección y control en la Zona 6 del Acuífero Moín, con el fin de impedir nuevas invasiones, construcciones ilegales o cambios de uso del suelo incompatibles con el régimen de protección hídrica. 7) Que se DISPONGA cualquier otra medida complementaria que esa Sala estime necesaria para garantizar la tutela efectiva del derecho fundamental a un ambiente sano y equilibrado, la protección del recurso hídrico y la salvaguarda de los derechos de [Nombre 002] S.A. y de la colectividad”. \n\n20.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n \n\n Redacta el Magistrado Araya García; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- Cuestión Preliminar. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una denuncia referente a la existencia de construcciones ilegales, sin permisos municipales y que se ubican sobre una zona de protección y de recarga acuífera de la ciudad de Limón. Es decir, nos encontramos ante una denuncia de índole ambiental, la cual, presuntamente, no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable por parte de la autoridad recurrida. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.\n\nII.- SOBRE LA SOLICITUD DE COADYUVANCIA ACTIVA. Por escrito agregado al expediente el 04 de julio de 2025 y reiterado en los escritos del 15 de julio, 18 de julio, 30 de julio, 06 de agosto, 26 de agosto, 27 de agosto, y el 01 de setiembre, todos de 2025, el señor [Nombre 011] presenta una coadyuvancia activa a favor del recurrente. \n\nSobre este particular, el numeral 34, párrafo 3°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, estipula que quien posea un interés legítimo en el proceso puede intervenir, sea en su perfil activo o pasivo, como coadyuvante. En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en la norma de rito supra señalada y lo expuesto por el mencionado interviniente, resulta admisible la referida coadyuvancia.\n\nIII.- Sobre la consecuencia de no rendir el informe solicitado por la Sala referente a la denuncia del 11 de enero de 2025. Se verifica que tanto en la resolución de curso de las 11:22 horas del 03 de julio de 2025, así como en la resolución de las 16:23 horas del 27 de noviembre de 2025, en donde solicitó una prueba para mejor resolver, se le solicitó información referente a la denuncia del recurrente del 11 de enero de 2205, no obstante, en ambos casos la Municipalidad de Limón rindió su informe sin referirse a esa gestión. Por ende, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, podrían tenerse por ciertos los hechos, de conformidad con la valoración del acervo probatorio con que se cuente en autos, se procede a resolver el recurso, con la base fáctica expuesta, lo que no implica que automáticamente se acoja el recurso.\n\nIV.- Objeto del recurso. El recurrente reclama violación a los derechos fundamentales de la empresa [Nombre 002], por lo siguiente: a) la Municipalidad de Limón procedió a excluir la zona 6 de protección, zona de protección absoluta de recarga acuífera del acuífero Moín, del Plan Regulador de ese cantón de forma arbitraria; b) lo anterior, ha permitido que, en varias propiedades de su representada, que se encuentran en esa zona, se haya formado el precario conocido como como “Villa Plata”, generando construcciones ilegales y sin permiso en esa zona protegida; c) por ende, el 11 de enero de 2025 interpuesto la gestión respectiva ante la Municipalidad de Limón, pero a la fecha su gestión no ha sido resuelta.\n\nV.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\na) El 11 de enero de 2025, el recurrente envió una gestión a la dirección ventanilla.unica@municlimon.go.cr, dirigido al Concejo y a la Alcaldía de la Municipalidad de Limón, en donde indicó lo siguiente: “(…) solicito de conformidad con lo establecido en la Ley de Construcciones y en el Reglamento de Construcciones de la Municipalidad de Limón, se proceda a iniciar con el trámite administrativo sancionatorio y de derribo de construcciones, en contra de todas las personas que mantienen construcciones edificadas sin permisos municipales en la localidad de Moín, propiamente en el precario Villa Plata, y que se ubican dentro de la zona de protección y de recarga acuífera del acuifero de Moín, dentro de la denominada zona 6, y localizadas a lo interno de las fincas [Valor 015] DUPLICADO: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO:[Valor 005], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 006] y de la finca PROVINCIA: LIMON FINCA: [Valor 007]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO:L-0509860- 1983, IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 009]. Con fundamento en lo siguiente: (…) UNO: La Municipalidad de Limón en conjunto con el MINAE, Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, resultaron condenados por la Sala Constitucional en el recurso de amparo interpuesto por mi representada en el expediente No. 22-008354-0007-CO, en el cual se dictó sentencia de las nueve horas veinte minutos del veintitrés de setiembre de dos mil veintidós, y se ordenó: (…) DOS: En el citado expediente la Municipalidad de Limón tuvo por demostrado que las fincas propiedad de mi representada se encuentran ubicadas dentro de la zona 6 de protección absoluta y de recarga acuífera del Acuifero de Moín y que sobre dichas fincas se ubica el precario Villa Plata. Pues señaló (…)TRES: En la contestación dada a la Sala Constitucional por parte de la Municipalidad de Limón en dicho expediente, también aportó un OFICIO: UTE-AML- 025-2022, fechado Limón Costa Rica,22 de junio de 2022, y firmado por Licenciada Doris Sanabria Torres, Gestor de Ingeniería y Legal, Municipalidad del Cantón Central de Limón, en el cual reconoce la Municipalidad la existencia de innumerables construcciones que contravienen el reglamento de construcciones, pues señala el informe: (…) CUATRO; Dicho informe además es claro al señalar que las edificaciones existentes no tienen permisos de construcción (…) CINCO: en el citado expediente del recurso de amparo además se demostró y así le consta a la Municipalidad de Limón, que en el precario Villa Plata y dentro de las fincas de mi representada, debido a la formación del precario y a las construcciones ilegales, se han dado severos daños ambientales en la zona 6 de protección absoluta del acuifero Moín, pues se han dado talas ilegales, eliminación de humedales, cambio de uso de suelo, movimientos de tierra, contaminación, aplicación de químicos para la eliminar la maleza, invasiones a zonas de protección, situación que se ha dado a lo largo del tiempo, pues así lo ha hecho ver el Tribunal Ambiental en el EXPEDIENTE: 100-23-01-TAA, en el cual señaló el cambió de uso de suelo y daños ambientales generados por la construcción ilegal que se da en el precario (…) SEIS: En el informe del Tribunal Ambiental se detalla responsabilidad administrativa, civil y penal achacable a la Municipalidad, pues se describen movimientos de tierra para elaboración de caminos en áreas de protección absoluta en donde es prohibido el cambio de uso de suelo y los movimientos de tierra. Por ello en mi calidad de apoderado de la empresa [Nombre 012], propietaria registral de las fincas [Valor 015] DUPLICADO: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO:[Valor 005], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 006] y de la finca PROVINCIA: LIMON FINCA: [Valor 007]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO:[Valor 008], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 009], solicito al Alcalde y al Consejo Municipal, la APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DE LA MUNICIPALDIAD DE LIMON, Y POR CONSIGUIENTE DE LA LEY DE CONSTRUCCIONES, Y SE ORDENE LA DEMOLICION DE TODAS LAS EDIFICACIONES EXISTENTES DENTRO DE LAS CITADAS FINCAS Y QUE NO CUENTAN CON PERMISOS MUNICIPALES. Lo anterior con el fin de eliminar las estructuras que a vista y paciencia de la Municipalidad y sus funcionarios han sido construidas en una zona de protección absoluta, que es de recarga acuífera, y que además está catalogada como de importancia hídrica. Lo anterior pues de acuerdo a las manifestaciones dadas tanto por la Municipalidad de Limón, Ministerio de Salud, MINAE, e ICAA, en el recurso de amparo tramitado en el expediente 22-008354-0007-CO, existen más de 194 viviendas y edificaciones que fueron construidas ilegalmente sobre la zona de protección absoluta del Acuifero Moín, denominada como zona 6 dentro de las fincas [Valor 015] DUPLICADO: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO:[Valor 013], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 006] y de la finca PROVINCIA: LIMON FINCA: [Valor 007]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO:[Valor 008], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 009] y que no tienen ningún permiso municipal de construcción. Además, son construcciones elaboradas sin el control Municipal, del ICAA, del Ministerio de salud y están generando contaminación. Todas esas viviendas fueron construidas y se mantienen edificadas dentro de un área de alta vulnerabilidad a la contaminación por ser de recarga del acuifero Moín. Son edificaciones que se construyeron de manera ilegal a vista y paciencia de la Municipalidad, ICAA, MINAE y MINISTERIO DE SALUD, pues ninguna de esas autoridades ha dado permiso para su construcción. Todas esas edificaciones se realizaron sin que mediara un permiso de construcción, sin que se presentaran planos constructivos y por ello de manera concomitante sin que se diera la supervisión del Colegio de Ingenieros, del Ministerio de Salud, del ICAA, del SETENA, para verificar de previo a su construcción si se iba a generar un impacto al acuifero de Moín y lo más grave sin que se cumpliera con el reglamento de construcción municipal (…) Por lo anterior debe la Municipalidad iniciar el procedimiento administrativo para demoler todas esas construcciones que se ubican dentro de la zona de protección absoluta de la zona 6 y que se ubican tanto dentro de las fincas 7- 27136 DUPLICADO: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO:L-0509859- 1983, IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 006] y de la finca PROVINCIA: LIMON FINCA: [Valor 007]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO:[Valor 008], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 009], así como en el resto del área protegida de la zona 6, que no cuenten con permisos de construcción. Es importante aclarar que según lo descrito por la Junta Directiva del ICAA la el área de protección absoluta corresponde a toda la zona 6 y por ende a la totalidad de terreno de las fincas propiedad de mi representada (…) Dicha labor de vigilancia en lo que respecta a las construcciones ilegales realizadas dentro de la zona 6 del acuifero Moín, dentro de las fincas propiedad de mi representada, nunca se dio de manera oficiosa por parte de la Municipalidad, pues la misma municipalidad e instituciones relacionadas en el expediente 22-008354- 0007-Co, señalaron el conocimiento de que dichas viviendas no cuentan con permisos de construcción y no cuentan con ni siquiera con servicio de AyA para el abastecimiento de agua potable para el consumo humano. Con ello la Municipalidad de Limón incumplió con la actividad administrativa encaminada a determinar el cumplimiento de la legalidad, singular o general, por parte de las personas que construyeron de manera ilegal dentro del área de protección absoluta del acuifero MOIN, en la zona 6, dentro de las fincas propiedad de mi representada, pues en cuyo ejercicio -la Municipalidad- posee la atribución de interferir en el goce y disfrute de los supuestos derechos y libertades de esas personas que ilegalmente construyeron, y para ello la ley le faculta a la Municipalidad, la posibilidad de someter a esas personas al ordenamiento jurídico, para cumplir con el Reglamento Municipal de Construcciones y con lo establecido en la Ley de Construcciones. Ello lo debe hacer la Municipalidad mediante la realización de un estudio e investigación de las actividades realizadas en las citadas fincas, sometiendo las construcciones ilegales y a sus constructores a una serie de exámenes, pruebas y métodos técnico–científicos, a efecto de levantar, la información y los elementos de prueba necesarios para acreditar el cumplimiento o el incumplimiento de ellos en la construcción de esas edificaciones a lo establecido en el reglamento y en la Ley (…) En este caso concreto la Municipalidad ha incumplido con sus obligaciones de velar por el desarrollo urbano sostenible (…) Todos esos preceptos legales obligan a la Municipalidad de Limón a intervenir, solicitando dentro de las fincas propiedad de mi representada, una por una, en cada edificación construida, los permisos de construcción y para ello debe realizar inspección o vigilancia de las construcciones. Dicha labor de vigilancia va dirigida a que el Gobierno Municipal pueda verificar que los munícipes cumplan con las normas técnicas y legales fijados en el ordenamiento legal, ambiental y territorial, y además con las condiciones impuestas en la respectiva autorización (…) En este caso del precario Villa Plata la Municipalidad incumplió con dos potestades administrativas: -primero, de vigilar el ejercicio del derecho de edificación en su ámbito territorial, segundo, vigilar la conformidad con el ordenamiento del uso que se le dé a lo edificado y tercero: velar porque no se den movimientos de tierra sin autorización (…) Por lo anterior se demuestra el incumplimiento de la administración municipal al haber permitido que más de 194 viviendas o construcciones se elaboraran dentro del área de recarga del acuifero Moín, dentro de las fincas propiedad de mi representada, sin tener permisos de construcción dados por la Municipalidad, y por ello incumplió el ente municipal y su Consejo, el deber de velar, verificar, monitorear, atender y resguardar, en su jurisdicción el cumplimiento al reglamento de construcciones, a la Ley de Construcciones ya nuestra Constitución Política. Por ello debe en este momento la Municipalidad realizar una intervención directa al precario Villa Plata, dentro de la zona 6, pues con base en esa herramienta de vigilancia se le permite verificar directamente en el sitio, la adecuación de la conducta de cada persona que construyó dentro de la zona 6 a los requisitos de la ley y reglamento de construcciones. Nótese se trata de construcciones ilegales, sin permisos municipales y que se ubican sobre una zona de protección y de recarga acuífera de la ciudad de Limón. Por ello teniendo por demostrado que en el precario Villa Plata se construyeron más de 194 edificaciones sin permisos municipales, en un lugar en donde existe una zona de alta protección por ser de recarga acuífera, y además teniendo presente que MI REPRESENTADA NUNCA PIDIÓ PERMISO PARA CONSTRUIR LAS EDIFICACIONES AHÍ EXISTENTES (pues se hicieron de manera ilegal), como complemento a la potestad de inspección, la Ley de Construcciones otorga a la Municipalidad de Limón la potestad de sancionar las infracciones encontradas (…) En este sentido debe la Municipalidad iniciar el procedimiento administrativo para solicitar los permisos de construcción y en caso de no tenerlos, proceder a demoler todas las construcciones existentes dentro de las fincas [Valor 015] DUPLICADO: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: [Valor 005], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 006] y de la finca PROVINCIA: LIMON FINCA: [Valor 007]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: [Valor 008], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 009], y por haberse construido sin permiso en una zona de protección absoluta de recarga acuífera (…) De tal forma, en caso de la FINCA VILLA PLATA ya la Municipalidad tiene por demostrado la existencia de las obras sin permiso, son casas semi concluidas y edificadas sin haber obtenido el permiso de construcción, y por ello debe tramitar el procedimiento antes descrito con el fin de ajustar la obra a las normas constructivas, ordenándole al infractor el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para el otorgamiento de la licencia constructiva dentro del plazo allí determinado. Pero de previo, -antes de iniciar ese procedimiento-, la Municipalidad debe clausurar la construcción mediante la colocación de sellos con tan solo constatar que la edificación no posee el permiso respectivo (…) Por consiguiente, las más de 194 estructuras construidas dentro de los límites de las finas [Valor 015] DUPLICADO: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO:[Valor 005], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 006] y de la finca PROVINCIA: LIMON FINCA: [Valor 007]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO:[Valor 008], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 009], y dentro de la zona de protección y de recarga acuífera de Moín, fueron construidas en detrimento del marco normativo, en detrimento de la Ley de Aguas y en detrimento de las leyes ambientales, pues afectan directamente el área de protección absoluta del acuifero de Moín, afectan a la propiedad privada por haberse hecho en terreno ajeno y por ello quedan las construcciones sometidas a las consecuencias que la Ley dispone respecto a las nulidades de lo actuado, así como la sujeción a las sanciones de derribo y clausura que el ordenamiento prevé (…) Por lo anterior se solicita al honorable Consejo Municipal y a la alcaldesa de Limón, proceder con el trámite correspondiente para que sea aplicado el Reglamento de construcciones y la Ley de construcciones, sobre todas las edificaciones existentes dentro de las fincas propiedad del mi representada y que se ubican a demás dentro de la zona de protección absoluta de la zona 6 del acuifero de Moín. PETITORIA 1. Se ordene una intervención de la zona 6 del acuifero Moin, dentro de los límites de las fincas [Valor 015] DUPLICADO: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: [Valor 005], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 006] y de la finca PROVINCIA: LIMON FINCA: [Valor 007]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: [Valor 008], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 009], realizando un inventario una por una de todas las edificaciones existentes con el fin de detectar cuales no tienen permiso de construcción. 2. Dentro de las fincas propiedad de mi representada, se ordene la clausura y demolición de las edificaciones, locales, bodegas, ubicadas dentro de las citadas fincas, que además se ubican además dentro de la zona de protección y de recarga acuífera de Moín, zona 6, que no cuenten con permisos de construcción. 3. Se ordene la demolición de todas las edificaciones que se ubiquen dentro del acuifero Moín y dentro de los límites de las finas [Valor 015] DUPLICADO: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: L-0509859- 1983, IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 006] y de la finca PROVINCIA: LIMON FINCA: [Valor 007]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: [Valor 008], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 009], que no cuenten con permisos de construcción municipal. 4. Solicito la clausura y demolición de las edificaciones, locales, ubicadas dentro de las finas [Valor 015] DUPLICADO: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: [Valor 005], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 006] y de la finca PROVINCIA: LIMON FINCA: [Valor 007]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: [Valor 008], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 009], que no cuenten con permisos de construcción municipal. 5. Solicito a la corporación Municipal y al Consejo Municipal, la suspensión de cualquier patente de funcionamiento, permiso municipal, ya sea de construcción, movimientos de tierra, o de funcionamiento o de cualquier tipo, dentro de los límites de las fincas [Valor 015] DUPLICADO: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: [Valor 005], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 006] y de la finca PROVINCIA: LIMON FINCA: [Valor 007]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO:[Valor 008], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 009], en edificaciones que no cuenten con permisos de construcción. 6. Con ocasión a la presente gestión, en el acto mi representada solicita el a la Municipalidad de Limón, el rechazo de cualquier solicitud de permiso de construcción de edificaciones, locales, bodegas, movimientos de tierra, o de funcionamiento que se soliciten personas ajenas a mi representada y que no tengan nuestra autorización para pedirlo, en el precario Villa Plata, dentro de los límites de las fincas 7- 27136 DUPLICADO: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: [Valor 005], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 006] y de la finca PROVINCIA: LIMON FINCA: [Valor 007]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO:[Valor 008], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 009]. 7. Se aclara a la Municipalidad que solamente mi representada como dueña registral de las fincas, puede pedir permisos de construcción sobre su propiedad y por ende solicitamos sea rechazada y DENEGADA cualquier solicitud de permiso sobre las fincas [Valor 015] DUPLICADO: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: [Valor 005], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 006] y de la finca PROVINCIA: LIMON FINCA: [Valor 007]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: [Valor 008], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 009]. 8. Solicito además se ordene a la oficina de catastro municipal que se abstenga de otorgar visados de planos en el precario Villa Plata, dentro de los límites de las fincas [Valor 015] DUPLICADO: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: [Valor 005], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 006] y de la finca PROVINCIA: LIMON FINCA: [Valor 007]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: [Valor 008], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 009] (…)”. En dicho documento, el recurrente indicó medio para recibir notificaciones (el resaltado no es del original) (ver la prueba aportada).\n\nb) El 14 de enero de 2025, mediante la dirección Luis.carpio@municlimon@go.cr, dirigido al correo del recurrente y la dirección ventanilla.unica@municlimon.go.cr, el representante de Plataforma de Servicios de la Municipalidad de Limón le contestó al recurrente lo siguiente: “Buenos días, Recibido. Slds” (ver la prueba aportada).\n\nc) El correo electrónico ventanilla.unica@municlimon.go.cr es un medio oficial de la Municipalidad de Limón para recibir gestiones (hecho incontrovertido).\n\nd) El Plan regulador del cantón central de Limón fue publicado en La Gaceta No. 212, Alcance 225, el 15 de noviembre de 2023 (ver el informe rendido y la prueba aportada).\n\ne) Mediante oficio no. UCC-0329-09-07-2025 del 09 de julio de 2025 de la Unidad de Censo y Catastro de la Municipalidad de Limón se estableció lo siguiente: “Reciban un cordial saludo por parte de la Unidad de Topografía de la Municipalidad del Cantón Central de Limón. En respuesta a la mesa de trabajo que se realizó el día Miércoles, 09 de julio del 2025, sobre el tema de las propiedades ubicadas en el Cantón Central de Limón, Distrito de Limón, sector del Empalme Moin conocido como Villa Plata coordenada CRTM05 ESTE 602059.892 Y NORTE 1105530.712. Le indico lo siguiente mediante la revisión realizada en el mapa Catastral del Registro Nacional, obtuvimos que en dicho sector se encuentran las fincas [Valor 015]-000 y la finca [Valor 016]-000 ambas propiedades pertenecientes a [Nombre 012] cedula jurídica [Valor 018] donde la primera cuenta con el plano [Valor 019] con un área de TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTI UN METROS CON TREINTA Y DOS DECIMETROS CUADRADOS y la segunda cuenta con el plano [Valor 017] con área de CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO METROS CON VEINTITRES DECIMETROS CUADRADOS. Adjunto ambos planos e imagen área para su mejor apreciación (…) Con respecto al plan regulador ACTUAL de la municipalidad, dichas propiedad se encuentran según la zonificación en ZONA RESIDENCIAL y ambas propiedades están dentro del plan regulador, además ambas están dentro de la zona interpuesta por el instituto costarricense de acueductos y alcantarillados conocida como ZONA” (ver el informe rendido y la prueba aportada).\n\n \n\nVI.- Hechos no probados. No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para esta resolución:\n\na) Que la Municipalidad de Limón haya resuelto la denuncia presentada por el recurrente el 11 de enero de 2025 (autos).\n\n \n\nVII.- Primer antecedente. Para el análisis del presente recurso, es menester indicar que recientemente el representante legal del recurrente, Fabián Leandro Marín, así como el coadyuvante de este proceso, Marco Vinicio [Nombre 011], presentaron un recurso de amparo que fue tramitado en el expediente no. 25-028736-0007-CO, en donde se emitió la sentencia no. 2025-039386 de las 09:20 horas del 28 de noviembre de 2025, en donde reclamaron varios puntos que en este recurso de amparo también se cuestiona. Así, en dicha resolución, se resolvió lo siguiente: \n\n“I.- OBJETO DEL RECURSO. Los recurrentes aducen medularmente que:\n\na) El acuerdo No. 2011-112 de la Junta Directiva del ICAA carece de sustento técnico y estableció “válvulas” de flexibilización en la Zona 6 (del acuífero de Limón-Moín), incompatibles con un régimen de protección total y absoluta establecido previamente para dicho sitio.\n\nb)El ICAA ha incurrido en omisiones en la ejecución del acuerdo No. 2011-112, pues la documentación reciente confirma la ausencia de información pública consolidada sobre las zonas del acuífero en sus plataformas y respuestas que remiten a protocolos generales de emergencia y a una unidad regional de control sin trazabilidad funcional histórica.\n\nc) El Plan Regulador de Limón no incorporó de forma expresa la delimitación cartográfica de la citada Zona 6 como área de protección absoluta de las aguas subterráneas, ni traslada a su normativa las prohibiciones y condicionamientos materiales de la Matriz de Nombre99516 del año 2006 (lo cual permite la tramitación de usos turísticos, residenciales, fraccionamientos y movimientos de tierra mediante condicionamientos genéricos).\n\nd)El ICAA omitió publicar un decreto de protección para oficializar los límites de la Zona 6, a pesar de así haberlo dispuesto en el por tanto sexto del acuerdo No. 2007-177.\n\nAfirman que tales actuaciones y omisiones vulneran los derechos fundamentales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, al agua potable y a la salud.\n\n(…)\n\nIII.- CASO CONCRETO. El recurrente Nombre35146 acude en amparo y señala categóricamente que el objeto de este es el siguiente: “(i) que se declare la nulidad, por inconstitucionalidad material y formal, de las disposiciones del Acuerdo de Junta Directiva del AyA N.° 2011-112 —y, en cuanto resulte aplicable, del N.° 2007-177— (…) (ii) que se declare la nulidad parcial del Plan Regulador de Limón en cuanto omite o contradice la delimitación cartográfica y el régimen de protección absoluta de la Zona 6; y (iii) que se ordene la adopción inmediata de medidas precautorias y estructurales para asegurar la protección efectiva del acuífero Moín, conforme a la Matriz del Nombre99516 y a los votos 2008-004790 y 2011-014596 de la Sala Constitucional”. Seguidamente, dicho recurrente, a través de varios y extensos escritos, se refiere reiteradamente a los mencionados puntos.\n\nAsí, aduce que el acuerdo No. 2011-112 de la Junta Directiva del ICAA estableció “válvulas” de flexibilización en la Dirección2942 (del acuífero de Limón-Moín), incompatibles con un régimen de protección total y absoluta establecido previamente para dicho sitio, permitiendo con ello, un umbral genérico de impermeabilización del veinte por ciento (20 %) por hectárea, movimientos de tierra mediante estudio y PGA, y habilitación de viviendas por “crecimiento vegetativo” sin parámetros de densidad ni control de impermeabilización.\n\nAdicionalmente, afirma que el ICAA ha incurrido en omisiones a la hora de ejecutar el acuerdo No. 2011-112, pues la documentación reciente confirma la ausencia de información pública consolidada de ese instituto sobre las zonas del acuífero en sus plataformas y respuestas que remiten a protocolos generales de emergencia y a una unidad regional de control sin trazabilidad funcional histórica. Sostiene que, en respuestas oficiales recientes a solicitudes de información, el ICAA ha reconocido que “(a) que no dispone de metodología ni cartografía para controlar la figura de “crecimiento vegetativo” en la Dirección2942, limitándose a citar variaciones de servicios domiciliarios sin correlacionarlas con densidad, cobertura impermeable o recarga; (b) que no mantiene un inventario exhaustivo y actualizado de establecimientos con sustancias peligrosas, condición imprescindible para la gestión preventiva del riesgo en zonas de alta vulnerabilidad; y (c) que aplica un protocolo de emergencias genérico (GTE‑105‑01‑P) y no un protocolo específico para la recarga kárstica de Moín, a pesar de la existencia de dolinas, fisuras y tiempos de tránsito cortos de contaminantes, descritos por los estudios EPIK y por la cartografía de SENARA”.\n\nEn lo tocante al Plan Regulador de Limón, alega que este no incorporó de forma expresa la delimitación cartográfica de la citada Zona 6 como área de protección absoluta de las aguas subterráneas, pese a la existencia de estudios que demuestran la alta vulnerabilidad (lo cual permite la tramitación de usos turísticos, residenciales, fraccionamientos y movimientos de tierra mediante condicionamientos genéricos). Explica que solo un 3% de la superficie de la llamada Zona 6 quedó en categoría de protección, mientras que el 97% restante se destinó a desarrollo urbano. Acusa que, pesar de que el propio documento planificador admite la alta fragilidad de humedales y la desaparición de bosques primarios, simultáneamente habilita desarrollos urbanos con coberturas de hasta 30% e, incluso, la sustitución por plantas de tratamiento o tanques sépticos modificados Alega que, esta dualidad normativa —reconocer fragilidad pero autorizar urbanización— contradice el mandato de protección absoluta que pesa sobre la Zona 6 y resulta incompatible con el principio precautorio. Adicionalmente, acusa que dicho plan tampoco trasladó a su normativa las prohibiciones y condicionamientos materiales consignados en la “Matriz de Criterios de Uso de Suelo del Nombre99516 según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos”.\n\nAgrega que el ICAA omitió también publicar un decreto de protección para oficializar los límites de la Zona 6, a pesar de así haberlo dispuesto en el por tanto sexto del acuerdo No. 2007-177. Alega que, como no se publicó dicho decreto, la delimitación de la Zona 6 nunca adquirió firmeza vinculante, dejando un vacío normativo que el Plan Regulador de Limón aprovechó para asignar usos residenciales y turísticos en territorio que debía ser de protección absoluta.\n\nAfirma el accionante Nombre35146 que lo consignado (u omitido) supra contraviene lo dispuesto en la citada Matriz del Nombre99516 (instrumento técnico–jurídico que clasifica las zonas de recarga según su vulnerabilidad intrínseca y establece restricciones de uso del suelo en función del riesgo de contaminación y la capacidad de recarga), en el propio Acuerdo No. 2007-177 del ICAA, así como lo señalado por la Sala en los Votos Nos. 2008-4790 y 2011-14596, entre otros.\n\nConcomitantemente, el recurrente se refiere, en términos generales, a análisis que demuestran la pérdida drástica de bosque primario y la permanencia subregistrada de humedales y yolillales en la Zona 6 de Limón. Igualmente, refiere que en el Tribunal Ambiental Administrativo existe un expediente (No. 100-23-01-TAA), donde se consigna el informe No. TAA-DA-241-2023, que evidencia que en la llamada Zona 6 se produjeron intervenciones antrópicas no autorizadas que explican la pérdida de cobertura boscosa y la fragmentación de hábitat. Indica que en ese documento se hace referencia a “invasión precarista”, “tala de árboles y quema de vegetación”, “construcción de casas y ranchos”, “movimientos de tierra para terrazas y caminos”, “invasión de áreas de protección”, “cambio de uso del suelo”, y subraya que todo ello ocurre “sin permisos municipales ni viabilidad ambiental”. Menciona que también se hace alusión a entradas específicas para “camino”, “movimiento de tierra” y “tala”, además de “casa” y “tapia”, corroborando la apertura de vías y la remoción de cobertura vegetal como parte del patrón de ocupación. Apunta que en el citado expediente también se hace mención a la degradación ambiental que se produjo en dos fincas, donde se dio una pérdida progresiva de la cobertura forestal y la desaparición de humedales. Además, expone que el citado Tribunal Ambiental identificó invasiones a la franja de protección de la quebrada Portete, movimientos de tierra y descargas de aguas residuales y grises hacia dolinas.\n\nMenciona que también la Municipalidad de Limón cuenta con el oficio No. UTE-AML-025-2022 de 22 de junio de 2022, donde se reporta en el sector de Villa Plata “caminos con mucho lastre o material de barro realizado manualmente con maquinaria pesada, que carecen de cunetas y de cordón de caño en la vía pública”. y describe “un conjunto de viviendas” construidas con materiales precarios, sin sistemas pluviales adecuados, con alturas que provocan erosión de taludes y presencia de material arcilloso y coral en los trazos de camino observados. Igualmente, manifiesta que el Nombre99516 en dos oficios (No. DIGH-UIH-008-2023 y No. DIGH-UIH-154-2023), confirmó que en la citada Zona 6 existe contaminación por hidrocarburos aromáticos policíclicos y venzo-alfa-pirenos, derivados de operaciones industriales. También, describen que el subsuelo presenta un medio kárstico fracturado, con dolinas activas, que funcionan como puntos de recarga concentrada y aceleran el tránsito de contaminantes hacia el nivel freático.\n\nAduce, entonces, el recurrente, que lo ocurrido con los acuerdos del ICAA y el plan regulador citados, así como la omisión de publicar el decreto arriba señalado, fue precisamente lo que abrió la posibilidad y ha permitido el desarrollo de actividades incompatibles dentro de la Zona 6, lesionándose con ello los derechos a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la salud y al agua potable.\n\nSostiene el recurrente que, en suma, la combinación de (i) un patrón decreciente y fragmentario de bosques y humedales documentado por FONAFIFO 2005, INF-2013 y SINAC 2021; (ii) la subrepresentación de yolillales en el Registro Nacional de Humedales; (iii) la evidencia de un cauce público y un área de importancia hídrica dentro de la Zona 6; (iv) la asignación de usos urbanos sobre el 97 % de la superficie de protección absoluta por parte del Plan Regulador; y (v) la falta de ejecución íntegra y transparente de las obligaciones del AyA según el Acuerdo 2011-112, constituyen un cuadro de incompatibilidad material con la Matriz de Nombre99516 y con los estándares de la Sala Constitucional. Por consiguiente, en su criterio, la llamada Zona 6 de Limón debe ser restaurada a un régimen de protección estricta con delimitación publicada, incorporación normativa inmediata y suspensión de autorizaciones que incrementen impermeabilización, movimientos de tierra y densidades no compatibles con la recarga.\n\nDicho esto, las petitorias del recurrente Nombre35146, se resumen a las siguientes:\n\n“(1) Declarar con lugar el presente recurso de amparo.\n\n(2) Declarar la NULIDAD, por inconstitucionalidad material, formal Y POR VIOLACIÓN DEL CONVENIO 169 DE LA OIT, de las siguientes disposiciones del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA): (2.1) Del Acuerdo de Junta Directiva N.° 2011‑112, en cuanto: (a) establece un umbral uniforme de impermeabilización del 20 % de la superficie por hectárea “para toda actividad” en la Zona 6; (b) autoriza “remoción, corte y relleno de materiales” o movimientos de tierra en la Zona 6 mediante estudio hidrogeológico y PGA; (c) admite “construcciones de viviendas por crecimiento vegetativo” en la Zona 6 sin parámetros de densidad, cartografía de impermeabilización ni verificación de impacto nulo; y (d) contiene cláusulas abiertas que permiten “dictaminar otras actividades” en la Zona 6 sin base reglamentaria estricta y sin sujeción al principio precautorio. (2.2) Del Acuerdo N.° 2007‑177, en cuanto se interprete o aplique de modo que permita usos incompatibles con la protección absoluta definida para la Zona 6.\n\n(3) Declarar la NULIDAD PARCIAL del Plan Regulador de Limón en cuanto: (a) omite incorporar la delimitación cartográfica y el régimen de protección absoluta de la Zona 6 del acuífero Nombre52121 conforme a la Matriz de SENARA; (b) permite o tolera usos residenciales, fraccionamientos, movimientos de tierra o incrementos de impermeabilización en dicha zona 6 sin exigir Evaluación de Impacto Ambiental y estudios hidrogeológicos, hidráulicos e hidrológicos previos aprobados por Nombre99516 y AyA; y (c) omite la coordinación interinstitucional obligatoria en materia de tutela del acuífero y la aplicación del principio precautorio.\n\n(4) ORDENAR al AyA, al SENARA, al MINAE y a la Municipalidad de Limón que, en el plazo máximo de SEIS (6) meses, adopten las siguientes medidas estructurales: (4.a) emitir el DECRETO EJECUTIVO de protección de las fuentes de Nombre52121 y de la Zona 6, con coordenadas oficiales, régimen de protección absoluta y remisión expresa a la Matriz de SENARA; (4.b) elaborar e implementar un INVENTARIO PÚBLICO y actualizado de actividades con sustancias peligrosas en la Zona 6; (4.c) adoptar un PROTOCOLO ESPECÍFICO de emergencias y contingencias para la recarga kárstica de Moín; (4.d) establecer un SISTEMA DE MONITOREO periódico (calidad de aguas, nitratos, conductividad, bacteriología) con publicación de resultados y mecanismos de alerta temprana; y (4.e) adecuar íntegramente el Plan Regulador de Limón a la Matriz de Nombre99516 y a la jurisprudencia constitucional, incorporando la Zona 6 como área de protección absoluta.\n\n(5) ORDENAR la INMEDIATA SUSPENSIÓN de cualquier permiso de construcción, fraccionamiento, cambio de uso o movimiento de tierra en la Zona 6 hasta el pleno cumplimiento de los extremos anteriores, bajo apercibimiento del artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (delito de desobediencia).\n\n(6) Que todos los recurridos violentaron el principio Constitucional de coordinación administrativa en temas de protección de acuíferos y areas de recarga acuífera, al permitir normativas regresivas y la invisibilización de la zona 6 en el plan regulador de Limón y en la disminución de protección en los acuerdos de Junta Directiva del ICAA.\n\n(8) (sic) CONDENAR en costas y daños según corresponda, de conformidad con los artículos 48 de la Constitución Política y 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional”.\n\nPor su parte, el recurrente Nombre45265 acude también en amparo y reproduce parcialmente los alegatos formulados por Nombre35146.\n\nDe este modo, reclama que el ICAA no ha gestionado ante el Poder Ejecutivo la emisión y publicación del decreto de protección de la Zona 6 del acuífero Moín, como lo ordena su propio acuerdo de Junta Directiva No. 2007-177. Menciona que la falta de publicación del decreto ha generado una invisibilización normativa. Apunta que los parámetros de protección definidos por la Matriz de Nombre99516 y ratificados por la Sala Constitucional permanecen sin reflejo en la cartografía y normativa municipal, lo cual permite que el Plan Regulador de Limón continúe tramitando fraccionamientos, urbanizaciones y movimientos de tierra en un territorio que, por mandato técnico y jurisprudencial, debe mantenerse bajo un régimen de protección absoluta.\n\nAgrega que el Acuerdo de Junta Directiva del ICAA No. 2011-112, lejos de fortalecer la protección, introdujo disposiciones que flexibilizan los estándares exigidos. Afirma que estas disposiciones contravienen frontalmente la Matriz de SENARA, que prohíbe dichas actividades en zonas de vulnerabilidad extrema. Aduce que la vigencia actual del acuerdo No. 2011-112 no solo carece de sustento técnico, sino que resulta manifiestamente inconstitucional por reducir arbitrariamente el nivel de protección de la Zona 6, sustituyendo un régimen de protección absoluta ordenado para salvaguardar el abastecimiento hídrico humano, por una regulación permisiva diseñada exclusivamente para eludir una obligación constitucional previamente firme de expropiar e indemnizar.\n\nAlega también que la existencia de ocupaciones y usos del suelo incompatibles con la declaratoria de la Zona 6, constituye una violación al artículo 50 de la Constitución Política, que consagra el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como a los principios de no regresión, precautorio y preventivo en materia ambiental.\n\nDe este modo, Nombre45265 peticiona expresamente a esta Sala Constitucional lo siguiente:\n\n“declarar con lugar el presente recurso de amparo; y decretar que La Junta Directiva del ICAA incumplió con su deber de publicar el decreto de protección y delimitación del acuífero Moín, tal como lo ordenó en su propio Acuerdo de Junta Directiva N.* 2007-177.\n\nOrdenar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA-AyA) que, en un plazo perentorio, solicite y gestione ante el Poder Ejecutivo la promulgación y publicación del decreto de protección del acuífero Moín.\n\nOrdenar que los Acuerdos de Junta Directiva N.* 2007-177 y 2011-112 se apliquen únicamente en la medida en que sean compatibles con la Matriz de Nombre99516 y con la jurisprudencia constitucional, dejando sin efecto sus disposiciones que flexibilicen la protección.\n\nOrdenar al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) que cumpla con su deber de coordinación, participando activamente en la elaboración, firma, solicitud y publicación del decreto y en la aplicación integra de la Matriz de Criterios de Uso del Suelo”.\n\nAdicionalmente, en escrito posterior, se solicitó también que esta jurisdicción ordene “la expropiación de los terrenos ocupados de manera incompatible en la Zona 6”.\n\nAhora bien, analizado todo lo anterior, este Tribunal Constitucional no considera que exista mérito para conocer este recurso de amparo por el fondo ni, tampoco, para acoger el elenco de peticiones concretas supra señalado.\n\nEsto, medularmente en el tanto los recurrentes acudieron a esta jurisdicción de manera genérica y en abstracto, sin formular y precisar un acto de aplicación concreta o bien, una relación de hechos concreta e individualizada que afecte o perjudique a una persona en concreto o a varias. En esencia, no se individualiza alguna situación que haya generado una violación o amenaza de vulneración a los derechos fundamentales a los que hace referencia, tal y como así lo exige la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 1° y 29. \n\nSegún una lectura pormenorizada realizada a todos los escritos formulados por los recurrentes, estos se abocan a señalar meramente los motivos por los cuales, en su criterio, los citados acuerdos del ICAA (Nos. 2007-177 y 2011-112), así como el Plan Regulador de Limón, devienen en inconstitucionales, sin hacer referencia o aducir concomitantemente y, de manera fundamentada, algún acto de aplicación concreta que afecte o lesione los derechos fundamentales. Estado de cosas que se reafirma al analizar de forma puntual el elenco de peticiones planteado por ambas partes, donde los tutelados no solicitan la intervención de este Tribunal ante una situación en particular, acto u omisión concreta.\n\nDebe observarse que, si bien los recurrentes hacen referencia somera a varias situaciones que han afectado, en su criterio, la Zona 6 de Limón, en el fondo, no acuden propiamente en contra de alguna actuación u omisión relacionada intrínsicamente con estas, lo cual se comprueba, como se dijo, al realizarse una lectura del elenco de petitorias planteadas no sólo en los escritos principales de interposición del amparo, sino también en el resto de memoriales adjuntados al proceso. \n\nSobre el particular, este Tribunal ha indicado que, si bien el recurso de amparo puede ser interpuesto por cualquier persona y a favor de un tercero, lo cierto es que se requiere de la existencia de una lesión o de amenaza individualizada o individualizable, en particular, para que pueda ser atendido por esta jurisdicción; lo cual, como se ha dicho, no sucede en el caso bajo estudio. En el fondo, resulta claro que se trata simplemente de una disconformidad de las partes accionantes con el contenido de los referidos acuerdos del ICAA y del Plan Regulador de Limón, lo que, a su vez, no se puede revisar ni declarar inconstitucional a través de la vía sumaria de amparo.\n\nDicho lo anterior, lo que procede es desestimar el presente proceso, como en efecto de dispone.\n\nIV.- OTRAS CUESTIONES. En escrito posterior, el recurrente Nombre35146 también acusa que la Municipalidad de Limón no ha cumplido con lo ordenado por esta Sala en la Sentencia No. 2008-4751 de las 12:00 hrs. de 27 de mayo de 2008 (dictada con motivo de un amparo formulado por su persona directamente en contra de la operación de la empresa Químicas Holanda) en el tanto, según afirma, no ha incluido en el Plan Regulador de Limón la llamada Dirección6577. Dicho esto, se le aclara al accionante que, en caso de estimar que dicho municipio no ha cumplido, a la fecha, lo ordenado en tal voto, lo que procede es que presente el reclamo correspondiente en el citado expediente para que sea en ese proceso que se resuelta lo que en derecho corresponda.\n\n(…)\n\nPOR TANTO: Se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado da razones diferentes y declara sin lugar el recurso, por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan el voto y otorgan a las personas accionantes el plazo de QUINCE DÍAS para que, si a bien lo tienen, interpongan acción de inconstitucionalidad contra los acuerdos de la Junta Directiva del ICAA y el Plan Regulador de Limón”.\n\nVIII.- Segundo antecedente. Posteriormente, el coadyuvante Marco Vinicio [Nombre 011] presentó el recurso de amparo no. 26-005469-0007-CO, en donde volvió a cuestionar varios puntos que en este recurso de amparo se reclaman. Así, se dictó la sentencia no. 2026-013366 de las 09:20 horas del 21 de abril de 2026, que resolvió estarse a lo dispuesto en la sentencia n.°2025039386 de las 09:20 horas del 28 de noviembre de 2025. De ese modo, en esa resolución se indicó lo siguiente: \n\n“Obsérvese que, en la sentencia n.° 2025039386 de las 09:20 horas del 28 de noviembre de 2025, la Sala Constitucional conoció de un recurso de amparo interpuesto, entre otros, por el mismo recurrente, en el que se planteó un cuestionamiento sustancialmente dirigido contra la forma en que las instituciones públicas competentes han regulado y gestionado la protección de la denominada Zona 6 del acuífero Moín, alegándose la existencia de inconsistencias entre los instrumentos técnicos y normativos aplicables, así como omisiones en la incorporación de dicha zona como área de protección absoluta dentro del Plan Regulador del cantón de Limón.\n\nEn ese sentido, se advierte que el recurrente, en aquella oportunidad, no solo cuestionó la validez y alcance de los acuerdos de Junta Directiva del AyA –particularmente los números 2007-177 y 2011-112–, sino que además alegó que tales disposiciones introducían parámetros que, a su juicio, resultaban incompatibles con el estándar de protección exigido para un acuífero de alta vulnerabilidad, al tiempo que reprochó la falta de incorporación efectiva de las restricciones derivadas de la matriz de criterios de uso del suelo del Nombre02 dentro del ordenamiento territorial vigente, lo cual, en su criterio, permitía el desarrollo de actividades urbanísticas potencialmente lesivas para el recurso hídrico. Asimismo, se constata que dicho planteamiento se sustentó en una amplia exposición técnico-jurídica, en la que se desarrollaron consideraciones relativas al principio precautorio, a la necesidad de coordinación interinstitucional y a la obligación de resguardar el derecho fundamental a un ambiente sano, solicitándose, en lo medular, la anulación de disposiciones normativas, la adopción de medidas estructurales y la imposición de obligaciones concretas a las autoridades recurridas para garantizar la protección efectiva del acuífero.\n\nSin embargo, lo cierto es que la Sala, en dicha oportunidad, resolvió desestimar el recurso de amparo, al considerar que el planteamiento del recurrente no evidenciaba una lesión directa, actual e individualizable a derechos fundamentales, sino que, por el contrario, se dirigía a cuestionar, en términos generales, la validez, alcance y coherencia de instrumentos técnicos y normativos en materia de ordenamiento territorial y protección del recurso hídrico, así como a procurar la adopción de medidas de carácter estructural y la modificación de disposiciones de alcance general. En ese sentido, se desprende que la Sala advirtió que las pretensiones formuladas –tales como la declaratoria de nulidad de acuerdos de Junta Directiva del AyA, la anulación parcial del Plan Regulador de Limón y la imposición de obligaciones concretas a diversas instituciones para redefinir el régimen de protección de la Zona 6– desbordaban el ámbito propio del recurso de amparo, en tanto implicaban un control de legalidad y de oportunidad sobre decisiones técnicas y de planificación territorial que corresponden a la Administración en el ejercicio de sus competencias, así como a las vías ordinarias respectivas. Asimismo, se aprecia que el Tribunal tomó en consideración que la problemática expuesta por el recurrente se inserta dentro de un conflicto estructural y complejo, que involucra la interacción de múltiples entidades públicas, criterios técnicos especializados y procesos de coordinación interinstitucional, de modo que no resultaba jurídicamente viable, en sede constitucional, sustituir dichas valoraciones ni ordenar, por esta vía, la reconfiguración de los instrumentos normativos cuestionados.\n\nDe esta forma, lejos de acoger las pretensiones planteadas, la Sala concluyó que el recurso no constituía el mecanismo idóneo para canalizar los reclamos formulados, en la medida en que estos no evidenciaban una actuación arbitraria concreta susceptible de tutela inmediata, sino una disconformidad con la regulación vigente y con la forma en que las autoridades han ejercido sus competencias en esta materia, razón por la cual procedió a su desestimación.\n\nAhora bien, ciertamente, en el presente asunto el recurrente incorpora algunos elementos adicionales respecto de los planteamientos formulados en el expediente que dio origen a la sentencia n.° 2025039386, entre ellos, la referencia al oficio técnico SENARA-DIGH-006-2026, la gestión posterior dirigida al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo mediante el oficio AEL-008-2026, así como la respuesta brindada por dicha entidad a través del oficio CDU-047-02-2026, a partir de lo cual intenta reconfigurar su reclamo bajo la tesis de una supuesta omisión administrativa regresiva atribuible a ese órgano.\n\nNo obstante, lo cierto es que, aun tomando en consideración dichos elementos, se aprecia que estos no introducen una controversia materialmente distinta a la ya sometida al conocimiento de esta Sala, en tanto no alteran el núcleo fáctico ni jurídico que sirvió de base para el pronunciamiento anterior. En efecto, pese a la incorporación de un nuevo insumo técnico y de actuaciones administrativas posteriores, el reclamo continúa girando en torno a la misma problemática estructural previamente analizada, esto es, la alegada insuficiencia del régimen de protección de la denominada Zona 6 del acuífero Moín, la falta de incorporación de dicha zona como área de protección absoluta dentro del Plan Regulador de Limón y la pretensión de que, por vía del recurso de amparo, se ordene a las autoridades competentes adoptar medidas tendientes a modificar o adecuar dicho instrumento de planificación territorial.\n\nEn esa misma línea, se advierte que el nuevo informe del SENARA, si bien es presentado como un elemento novedoso, no tiene la entidad suficiente para transformar la naturaleza del conflicto, pues su contenido se limita a reiterar la condición de vulnerabilidad del acuífero y la incompatibilidad del plan regulador con los criterios técnicos institucionales, aspectos que ya habían sido ampliamente expuestos y valorados en el proceso anterior. De igual forma, la gestión formulada ante el INVU y la respuesta obtenida no configuran, por sí mismas, una lesión autónoma susceptible de análisis independiente, sino que se insertan dentro del mismo cuestionamiento global respecto de la actuación de las instituciones en materia de ordenamiento territorial y protección hídrica.\n\nPor otra parte, aun cuando el recurrente procura centrar ahora su reproche en la conducta del INVU, alegando una supuesta omisión regresiva, lo cierto es que dicha reformulación no modifica la esencia del planteamiento, pues continúa orientada a obtener, en sede constitucional, la adopción de medidas de carácter general y estructural, así como la redefinición de competencias y la adecuación de instrumentos normativos, lo cual, como ya fue determinado por esta Sala, excede el ámbito propio del recurso de amparo y corresponde a las instancias administrativas y jurisdiccionales ordinarias.\n\nDe este modo, se constata que la razón por la cual el recurso anterior fue desestimado —esto es, la improcedencia del amparo como vía para cuestionar valoraciones técnicas y decisiones de planificación territorial, en ausencia de una lesión concreta, actual e individualizada a derechos fundamentales— se mantiene incólume en el sub lite, pues los elementos ahora incorporados no desvirtúan dicha conclusión, sino que, por el contrario, confirman que el recurrente persiste en plantear, bajo una nueva formulación, una disconformidad sustancialmente idéntica a la ya resuelta por este Tribunal.\n\nEn consecuencia, al no evidenciarse la existencia de un cambio sustancial en los presupuestos del caso que justifique un nuevo análisis de fondo, lo procedente es que el recurrente se esté a lo resuelto en la sentencia n.°2025039386 de las 09:20 horas del 28 de noviembre de 2025 \n\n(…)\n\nEstese la parte recurrente a lo resuelto en la sentencia n.°2025039386 de las 09:20 horas del 28 de noviembre de 2025. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan el voto y otorgan a la persona accionante el plazo de QUINCE DÍAS para que, si a bien lo tiene, interponga acción de inconstitucionalidad contra los acuerdos de la Junta Directiva del ICAA y el Plan Regulador de Limón”. \n\nIX.- Sobre el primer agravio. Respecto a este punto, el recurrente alega que la Municipalidad de Limón procedió a excluir la zona 6 de protección, zona de protección absoluta de recarga acuífera del acuífero Moín, del Plan Regulador de ese cantón de forma arbitraria. Sobre esta cuestión y después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica que no ha existido violación a los derechos fundamentales del recurrente o la empresa amparada. Lo anterior, porque en los informes rendidos por los representantes de la autoridad recurrida -que se tiene por dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que el Plan regulador del cantón central de Limón fue publicado en La Gaceta No. 212, Alcance 225, el 15 de noviembre de 2023. Así, bajo la fe de juramento, los representantes de la Municipalidad de Limón afirman que “No lleva razón el recurrente, en el sentido que, si bien es cierto el Plan Regulador Urbano de la Municipalidad de Limón, el cual fue publicado mediante Gaceta N°212 del 15 de noviembre del año 2023, alcance 225, el cual viene a regir el Cantón Central de Limón. Debo indicar que no es como lo indica el recurrente que las propiedades que alega fueron excluidas de dicho Plan Regulador, el cual no es cierto dichas propiedades se encuentra contempladas y reguladas en el Plan Regulador, así se demuestra en informe oficio UCC-0329-09-07-2025, emitido por el Jefe de la Unidad de Catastro de la Municipalidad de Limón”. Lo anterior, es conforme a lo establecido en el oficio no. UCC-0329-09-07-2025 del 09 de julio de 2025 de la Unidad de Censo y Catastro de la Municipalidad de Limón, en donde explícitamente se indica lo siguiente: “Reciban un cordial saludo por parte de la Unidad de Topografía de la Municipalidad del Cantón Central de Limón. En respuesta a la mesa de trabajo que se realizó el día Miércoles, 09 de julio del 2025, sobre el tema de las propiedades ubicadas en el Cantón Central de Limón, Distrito de Limón, sector del Empalme Moin conocido como Villa Plata coordenada CRTM05 ESTE 602059.892 Y NORTE 1105530.712. Le indico lo siguiente mediante la revisión realizada en el mapa Catastral del Registro Nacional, obtuvimos que en dicho sector se encuentran las fincas [Valor 015]-000 y la finca [Valor 016]-000 ambas propiedades pertenecientes a [Nombre 012] cedula jurídica [Valor 018] donde la primera cuenta con el plano [Valor 019] con un área de TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTI UN METROS CON TREINTA Y DOS DECIMETROS CUADRADOS y la segunda cuenta con el plano [Valor 017] con área de CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO METROS CON VEINTITRES DECIMETROS CUADRADOS. Adjunto ambos planos e imagen área para su mejor apreciación (…) Con respecto al plan regulador ACTUAL de la municipalidad, dichas propiedad se encuentran según la zonificación en ZONA RESIDENCIAL y ambas propiedades están dentro del plan regulador, además ambas están dentro de la zona interpuesta por el instituto costarricense de acueductos y alcantarillados conocida como ZONA”.\n\nEn este sentido, no se tiene por demostrado que la Municipalidad de Limón procedió a excluir la zona 6 de protección, zona de protección absoluta de recarga acuífera del acuífero Moín, del Plan Regulador de ese cantón de forma arbitraria, pues se reitera que las propiedades de la empresa amparada, que constan en la zona 6, se encuentra contempladas y reguladas en el Plan Regulador. En todo caso, lo procedente es reafirmar lo indicado en el primer antecedente citado respecto a que, en el fondo, resulta claro que el presente reclamo se trata simplemente de una disconformidad de las partes accionantes con el contenido del Plan Regulador de Limón, lo que, a su vez, no se puede revisar ni declarar inconstitucional a través de la vía sumaria de amparo.\n\nAsí, nótese que, en el segundo antecedente citado, también se asevera que la Sala advirtió que la pretensión de la anulación parcial del Plan Regulador de Limón y la imposición de obligaciones concretas a diversas instituciones para redefinir el régimen de protección de la Zona 6– desbordaban el ámbito propio del recurso de amparo, en tanto implicaban un control de legalidad y de oportunidad sobre decisiones técnicas y de planificación territorial que corresponden a la Administración en el ejercicio de sus competencias, así como a las vías ordinarias respectivas. Asimismo, se aprecia que el Tribunal tomó en consideración que la problemática expuesta por el recurrente se inserta dentro de un conflicto estructural y complejo, que involucra la interacción de múltiples entidades públicas, criterios técnicos especializados y procesos de coordinación interinstitucional, de modo que no resultaba jurídicamente viable, en sede constitucional, sustituir dichas valoraciones ni ordenar, por esta vía, la reconfiguración de los instrumentos normativos cuestionados. De esta forma, lejos de acoger las pretensiones planteadas, la Sala concluyó que el recurso no constituía el mecanismo idóneo para canalizar los reclamos formulados, en la medida en que estos no evidenciaban una actuación arbitraria concreta susceptible de tutela inmediata, sino una disconformidad con la regulación vigente y con la forma en que las autoridades han ejercido sus competencias en esta materia, razón por la cual procedió a su desestimación. De ese modo, el reclamo continúa girando en torno a la misma problemática estructural previamente analizada, esto es, la alegada insuficiencia del régimen de protección de la denominada Zona 6 del acuífero Moín, la falta de incorporación de dicha zona como área de protección absoluta dentro del Plan Regulador de Limón y la pretensión de que, por vía del recurso de amparo, se ordene a las autoridades competentes adoptar medidas tendientes a modificar o adecuar dicho instrumento de planificación territorial. Por ende, se constata que la razón por las cual los 2 antecedentes mencionados fueron declarados sin lugar es por la improcedencia del amparo como vía para cuestionar valoraciones técnicas y decisiones de planificación territorial.\n\nIgualmente, tanto el recurrente como el coadyuvante acusan que la Municipalidad de Limón no ha cumplido con lo ordenado por esta Sala en la Sentencia No. 2008-4751 de las 12:00 hrs. de 27 de mayo de 2008, pues aseveran que la Municipalidad recurrida no ha incluido en el Plan Regulador de Limón la llamada Zona 6 de Moín. Dicho esto, se le aclara al accionante que, en caso de estimar que dicho municipio no ha cumplido, a la fecha, lo ordenado en tal voto, lo que procede es que presente el reclamo correspondiente en el citado expediente para que sea en ese proceso que se resuelta lo que en derecho corresponda.\n\nEn síntesis, respecto este punto, se descarta lesión a los derechos fundamentales del recurrente o la empresa amparada. \n\nX.- Sobre el segundo agravio. Sobre el particular, el recurrente reclama que, debido a la exclusión arbitraria de la zona 6 de protección del Plan Regulador de ese cantón de forma arbitraria, se ha permitido que, en varias propiedades de su representada que se encuentran en esa zona, se haya formado el precario conocido como como “Villa Plata”, generando construcciones ilegales y sin permiso en esa zona protegida.\n\nAl respecto, los representantes de la Municipalidad de Limón aseguran lo siguiente: (…) en cuanto a la problemática de la invasión o precario que se ha dado en las fincas del recurrente, no es competencia de la Municipalidad de Limón, por lo que a su vez le informamos que en dichas propiedades la Municipalidad de Limón no a (sic) otorgado permisos de construcción alguna, como lo hace suponer el recurrente, por lo que consideramos que el recurrente se equivoca en el presente recurso de amparo, ya que la problemática que se da en las fincas que se mencionan en el presente recurso de amparo es de precario o invasiones, lo cual no es de competencia de la Municipalidad de Limón estos asuntos; como lo indicamos anteriormente la Municipalidad de Limón no ha otorgado permisos de construcción en dichas fichas ni patentes”. \n\nDe esta forma, se denota que la Municipalidad recurrida no ha otorgado permisos de construcción alguna en esas propiedades, sino que se trata de precario o invasiones ilegales. Asimismo, tal y como se indicó anteriormente en uno de los precedentes, se aprecia que el Tribunal tomó en consideración que la problemática expuesta por el recurrente se inserta dentro de un conflicto estructural y complejo, que involucra la interacción de múltiples entidades públicas, criterios técnicos especializados y procesos de coordinación interinstitucional, de modo que no resultaba jurídicamente viable, en sede constitucional, sustituir dichas valoraciones ni ordenar, por esta vía, la reconfiguración de los instrumentos normativos cuestionados. Por consiguiente, lo procedente sea que los accionantes planteen las gestiones del caso en la vía ordinaria, con el fin de que se resuelva ahí lo que en derecho corresponda. Lo cual, sí cumplió el recurrente, tal y como se explica más adelante.\n\nAhora, es importante explicar que si bien es cierto, en tesis de principio no es competencia exclusiva o propia de la Municipalidad lo relativo a posibles invasiones, ya que tales reclamaciones son o pueden ser abordadas por otras instancias públicas como el Ministerio de Seguridad, y eventualmente el Ministerio de Salud, lo cierto es que ciertas situaciones relacionadas pueden ocasionar determinadas afectaciones generales a los munícipes, al derecho a la salud y al derecho ambiental, en cuyo caso la Municipalidad sí que tiene una clara responsabilidad en el marco de la coordinación interinstitucional que debe darse. De ese modo, se reitera que el recurrente sí cumplió con denunciar dicha situación ante la Municipalidad de Limón. Así, esa gestión será analizada en el próximo considerando. \n\nEn todo caso, este Tribunal consideran importante indicarle un tome nota a la Municipalidad recurrida en el sentido de que, al estar pendiente la resolución de la gestión planteada el 11 de enero de 2026, cuya resolución se ordena en virtud de lo que se explicará en el próximo considerando, deberá conocer y pronunciarse de forma expresa sobre esas incidencias, debiendo adoptar las instancias de coordinación que fueren procedentes si así llegare a determinarse. \n\nXI.- Sobre el tercer agravio. Por último, el recurrente cuestiona el 11 de enero de 2025 interpuesto la gestión respectiva ante la Municipalidad de Limón, pero a la fecha su gestión no ha sido resuelta.\n\nAl respecto, se verifica que efectivamente el 11 de enero de 2025, el recurrente envió una gestión a la dirección ventanilla.unica@municlimon.go.cr, dirigido al Concejo y a la Alcaldía de la Municipalidad de Limón, en donde indicó lo siguiente: “(…) solicito de conformidad con lo establecido en la Ley de Construcciones y en el Reglamento de Construcciones de la Municipalidad de Limón, se proceda a iniciar con el trámite administrativo sancionatorio y de derribo de construcciones, en contra de todas las personas que mantienen construcciones edificadas sin permisos municipales en la localidad de Moín, propiamente en el precario Villa Plata, y que se ubican dentro de la zona de protección y de recarga acuífera del acuifero de Moín, dentro de la denominada zona 6, y localizadas a lo interno de las fincas (…) En el citado expediente la Municipalidad de Limón tuvo por demostrado que las fincas propiedad de mi representada se encuentran ubicadas dentro de la zona 6 de protección absoluta y de recarga acuífera del Acuifero de Moín y que sobre dichas fincas se ubica el precario Villa Plata (…) Dicho informe además es claro al señalar que las edificaciones existentes no tienen permisos de construcción (…) CINCO: en el citado expediente del recurso de amparo además se demostró y así le consta a la Municipalidad de Limón, que en el precario Villa Plata y dentro de las fincas de mi representada, debido a la formación del precario y a las construcciones ilegales, se han dado severos daños ambientales en la zona 6 de protección absoluta del acuifero Moín, pues se han dado talas ilegales, eliminación de humedales, cambio de uso de suelo, movimientos de tierra, contaminación, aplicación de químicos para la eliminar la maleza, invasiones a zonas de protección, situación que se ha dado a lo largo del tiempo (…) se describen movimientos de tierra para elaboración de caminos en áreas de protección absoluta en donde es prohibido el cambio de uso de suelo y los movimientos de tierra (…) SE ORDENE LA DEMOLICION DE TODAS LAS EDIFICACIONES EXISTENTES DENTRO DE LAS CITADAS FINCAS Y QUE NO CUENTAN CON PERMISOS MUNICIPALES (…) Además, son construcciones elaboradas sin el control Municipal, del ICAA, del Ministerio de salud y están generando contaminación. Todas esas viviendas fueron construidas y se mantienen edificadas dentro de un área de alta vulnerabilidad a la contaminación por ser de recarga del acuifero Moín (…) Por lo anterior debe la Municipalidad iniciar el procedimiento administrativo para demoler todas esas construcciones que se ubican dentro de la zona de protección absoluta de la zona 6 (…) Nótese se trata de construcciones ilegales, sin permisos municipales y que se ubican sobre una zona de protección y de recarga acuífera de la ciudad de Limón. Por ello teniendo por demostrado que en el precario Villa Plata se construyeron más de 194 edificaciones sin permisos municipales, en un lugar en donde existe una zona de alta protección por ser de recarga acuífera (…) dentro de la zona de protección y de recarga acuífera de Moín, fueron construidas en detrimento del marco normativo, en detrimento de la Ley de Aguas y en detrimento de las leyes ambientales, pues afectan directamente el área de protección absoluta del acuifero de Moín (…)”. En dicho documento, el recurrente indicó medio para recibir notificaciones.\n\nAhora bien, se constata que tanto en la resolución de curso de las 11:22 horas del 03 de julio de 2025, así como en la resolución de las 16:23 horas del 27 de noviembre de 2025, en donde solicitó una prueba para mejor resolver, se le solicitó información al respecto a la Municipalidad de Limón, no obstante, en ambos casos la autoridad recurrida rindió su informe sin referirse a esa gestión. Por ende, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, podrían tenerse por ciertos los hechos, de conformidad con la valoración del acervo probatorio con que se cuente en autos, se procede a resolver el recurso, con la base fáctica expuesta, lo que no implica que automáticamente se acoja el recurso.\n\nEn este sentido, se tiene por demostrado que el correo electrónico ventanilla.unica@municlimon.go.cr es un medio oficial de la Municipalidad de Limón para recibir gestiones. Asimismo, se tuvo por demostrado que efectivamente el 11 de enero de 2025 el recurrente interpuso una denuncia ante la Municipalidad recurrida respecto a la existencia de construcciones ilegales, sin permisos municipales y que se ubican sobre una zona de protección y de recarga acuífera de la ciudad de Limón y que a la fecha dicha gestión no ha sido resuelta. Por consiguiente, consta que para la fecha de formulado el amparo, había trascurrido un plazo excesivo e irrazonable de más de 06 meses desde que se presentó la denuncia y esta no había sido atendida por la autoridad recurrida, denotándose una lesión al artículo 41 de la Constitución Política. \n\nXII.- Sobre los agravios indicados en la coadyuvancia. Por otra parte, en los escritos del 04 de julio, 15 de julio, 18 de julio, 30 de julio, 06 de agosto, 26 de agosto, 27 de agosto, y el 01 de setiembre, todos de 2025, el señor [Nombre 011] presenta una coadyuvancia activa a favor del recurrente, en donde añade varios reclamos referentes a la misma situación, pero estos cuestionamientos versan sobre lo que considera es una inconstitucional del Plan Regulador del cantón de Limón. \n\nAl respecto, es importante indicar que, tal y como se señaló en el considerando V de esta sentencia en lo concerniente al segundo antecedente citado, este Tribunal conoció esos mismos reclamos interpuestos por el mismo señor [Nombre 011]. Así, en dicha sentencia no. 2026-013366 de las 09:20 horas del 21 de abril de 2026, se resolvió lo siguiente: \n\n“Obsérvese que, en la sentencia n.° 2025039386 de las 09:20 horas del 28 de noviembre de 2025, la Sala Constitucional conoció de un recurso de amparo interpuesto, entre otros, por el mismo recurrente, en el que se planteó un cuestionamiento sustancialmente dirigido contra la forma en que las instituciones públicas competentes han regulado y gestionado la protección de la denominada Zona 6 del acuífero Moín, alegándose la existencia de inconsistencias entre los instrumentos técnicos y normativos aplicables, así como omisiones en la incorporación de dicha zona como área de protección absoluta dentro del Plan Regulador del cantón de Limón.\n\nEn ese sentido, se advierte que el recurrente, en aquella oportunidad, no solo cuestionó la validez y alcance de los acuerdos de Junta Directiva del AyA –particularmente los números 2007-177 y 2011-112–, sino que además alegó que tales disposiciones introducían parámetros que, a su juicio, resultaban incompatibles con el estándar de protección exigido para un acuífero de alta vulnerabilidad, al tiempo que reprochó la falta de incorporación efectiva de las restricciones derivadas de la matriz de criterios de uso del suelo del Nombre02 dentro del ordenamiento territorial vigente, lo cual, en su criterio, permitía el desarrollo de actividades urbanísticas potencialmente lesivas para el recurso hídrico. Asimismo, se constata que dicho planteamiento se sustentó en una amplia exposición técnico-jurídica, en la que se desarrollaron consideraciones relativas al principio precautorio, a la necesidad de coordinación interinstitucional y a la obligación de resguardar el derecho fundamental a un ambiente sano, solicitándose, en lo medular, la anulación de disposiciones normativas, la adopción de medidas estructurales y la imposición de obligaciones concretas a las autoridades recurridas para garantizar la protección efectiva del acuífero.\n\nSin embargo, lo cierto es que la Sala, en dicha oportunidad, resolvió desestimar el recurso de amparo, al considerar que el planteamiento del recurrente no evidenciaba una lesión directa, actual e individualizable a derechos fundamentales, sino que, por el contrario, se dirigía a cuestionar, en términos generales, la validez, alcance y coherencia de instrumentos técnicos y normativos en materia de ordenamiento territorial y protección del recurso hídrico, así como a procurar la adopción de medidas de carácter estructural y la modificación de disposiciones de alcance general. En ese sentido, se desprende que la Sala advirtió que las pretensiones formuladas –tales como la declaratoria de nulidad de acuerdos de Junta Directiva del AyA, la anulación parcial del Plan Regulador de Limón y la imposición de obligaciones concretas a diversas instituciones para redefinir el régimen de protección de la Zona 6– desbordaban el ámbito propio del recurso de amparo, en tanto implicaban un control de legalidad y de oportunidad sobre decisiones técnicas y de planificación territorial que corresponden a la Administración en el ejercicio de sus competencias, así como a las vías ordinarias respectivas. Asimismo, se aprecia que el Tribunal tomó en consideración que la problemática expuesta por el recurrente se inserta dentro de un conflicto estructural y complejo, que involucra la interacción de múltiples entidades públicas, criterios técnicos especializados y procesos de coordinación interinstitucional, de modo que no resultaba jurídicamente viable, en sede constitucional, sustituir dichas valoraciones ni ordenar, por esta vía, la reconfiguración de los instrumentos normativos cuestionados.\n\nDe esta forma, lejos de acoger las pretensiones planteadas, la Sala concluyó que el recurso no constituía el mecanismo idóneo para canalizar los reclamos formulados, en la medida en que estos no evidenciaban una actuación arbitraria concreta susceptible de tutela inmediata, sino una disconformidad con la regulación vigente y con la forma en que las autoridades han ejercido sus competencias en esta materia, razón por la cual procedió a su desestimación.\n\nAhora bien, ciertamente, en el presente asunto el recurrente incorpora algunos elementos adicionales respecto de los planteamientos formulados en el expediente que dio origen a la sentencia n.° 2025039386, entre ellos, la referencia al oficio técnico SENARA-DIGH-006-2026, la gestión posterior dirigida al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo mediante el oficio AEL-008-2026, así como la respuesta brindada por dicha entidad a través del oficio CDU-047-02-2026, a partir de lo cual intenta reconfigurar su reclamo bajo la tesis de una supuesta omisión administrativa regresiva atribuible a ese órgano.\n\nNo obstante, lo cierto es que, aun tomando en consideración dichos elementos, se aprecia que estos no introducen una controversia materialmente distinta a la ya sometida al conocimiento de esta Sala, en tanto no alteran el núcleo fáctico ni jurídico que sirvió de base para el pronunciamiento anterior. En efecto, pese a la incorporación de un nuevo insumo técnico y de actuaciones administrativas posteriores, el reclamo continúa girando en torno a la misma problemática estructural previamente analizada, esto es, la alegada insuficiencia del régimen de protección de la denominada Zona 6 del acuífero Moín, la falta de incorporación de dicha zona como área de protección absoluta dentro del Plan Regulador de Limón y la pretensión de que, por vía del recurso de amparo, se ordene a las autoridades competentes adoptar medidas tendientes a modificar o adecuar dicho instrumento de planificación territorial.\n\nEn esa misma línea, se advierte que el nuevo informe del SENARA, si bien es presentado como un elemento novedoso, no tiene la entidad suficiente para transformar la naturaleza del conflicto, pues su contenido se limita a reiterar la condición de vulnerabilidad del acuífero y la incompatibilidad del plan regulador con los criterios técnicos institucionales, aspectos que ya habían sido ampliamente expuestos y valorados en el proceso anterior. De igual forma, la gestión formulada ante el INVU y la respuesta obtenida no configuran, por sí mismas, una lesión autónoma susceptible de análisis independiente, sino que se insertan dentro del mismo cuestionamiento global respecto de la actuación de las instituciones en materia de ordenamiento territorial y protección hídrica.\n\nPor otra parte, aun cuando el recurrente procura centrar ahora su reproche en la conducta del INVU, alegando una supuesta omisión regresiva, lo cierto es que dicha reformulación no modifica la esencia del planteamiento, pues continúa orientada a obtener, en sede constitucional, la adopción de medidas de carácter general y estructural, así como la redefinición de competencias y la adecuación de instrumentos normativos, lo cual, como ya fue determinado por esta Sala, excede el ámbito propio del recurso de amparo y corresponde a las instancias administrativas y jurisdiccionales ordinarias.\n\nDe este modo, se constata que la razón por la cual el recurso anterior fue desestimado —esto es, la improcedencia del amparo como vía para cuestionar valoraciones técnicas y decisiones de planificación territorial, en ausencia de una lesión concreta, actual e individualizada a derechos fundamentales— se mantiene incólume en el sub lite, pues los elementos ahora incorporados no desvirtúan dicha conclusión, sino que, por el contrario, confirman que el recurrente persiste en plantear, bajo una nueva formulación, una disconformidad sustancialmente idéntica a la ya resuelta por este Tribunal.\n\nEn consecuencia, al no evidenciarse la existencia de un cambio sustancial en los presupuestos del caso que justifique un nuevo análisis de fondo, lo procedente es que el recurrente se esté a lo resuelto en la sentencia n.°2025039386 de las 09:20 horas del 28 de noviembre de 2025 \n\n(…)\n\nEstese la parte recurrente a lo resuelto en la sentencia n.°2025039386 de las 09:20 horas del 28 de noviembre de 2025. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan el voto y otorgan a la persona accionante el plazo de QUINCE DÍAS para que, si a bien lo tiene, interponga acción de inconstitucionalidad contra los acuerdos de la Junta Directiva del ICAA y el Plan Regulador de Limón”. \n\nPor consiguiente, al tratarse de los mismos agravios y al no existir nuevos elementos que permitan una decisión diferente a lo resuelto, lo procedente es que el coadyuvante y la parte recurrente se esté a lo resuelto en la sentencia n.°2025039386 de las 09:20 horas del 28 de noviembre de 2025.\n\nXIII.- Conclusión. En virtud de lo expuesto, lo que corresponde es declarar parcialmente con lugar el recurso únicamente por la violación al artículo 41 de la Constitución Política por la falta de atención de la denuncia del 11 de enero de 2025. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. \n\nXIV.- Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nXV.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente indica que presentó una denuncia por los problemas ambientales que producen construcciones ilegales en terrenos que fueron excluidos de la zona 6 de protección absoluta de recarga acuífera del acuífero Moín, del Plan Regulador (precario Villa Plata), con afectación de los inmuebles propiedad de la empresa amparada -[Nombre 002]-, que no ha sido resuelta en forma definitiva. \n\nXVI.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. Sostengo que este asunto se debe rechazar de plano, por cuanto la parte accionante plantea el recurso de amparo a favor de una persona jurídica. De importancia para el sub examine, en el voto salvado que consigné en la sentencia nro. 2019002355 de las 9:30 horas de 12 de febrero de 2019 sostuve: \n\n“en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Granier y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas. En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado) (OC. 22/16)”. \n\nEn mi criterio, la lectura de la Ley de la Jurisdicción Constitucional obliga a la misma ratio de la hermenéutica convencional supracitada respecto a todo derecho fundamental. Así, en un proceso de constitucionalidad formulado a favor de una persona jurídica, su admisión para estudio exige una relación esencial y directa entre la persona jurídica que aduce verse afectada por alguna vulneración al orden constitucional y la persona natural que por tal lesión viene a ver menoscabado, de forma refleja pero directa, algún derecho fundamental. Ahora, para tales efectos es insuficiente la mera referencia a una conexión o vínculo entre la persona jurídica y la natural para poder colegir que, precisamente, por medio del proceso de constitucionalidad se esté procurando el resguardo de los derechos fundamentales de la última, no meramente los de la primera. El requerimiento antedicho deviene entonces un presupuesto sine qua non para la procedencia del control de constitucionalidad por parte de esta jurisdicción. A partir de lo expuesto, colijo que esta debe ser la pauta con que se debe interpretar la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de manera que en el sub iudice deviene improcedente la aplicación del control jurisdiccional de constitucionalidad, puesto que, con base en la prueba que consta en autos, no se ha demostrado el vínculo esencial entre la persona jurídica amparada y alguna natural, de modo específico, en relación con el presunto derecho agraviado.\n\nXVII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n Se declara parcialmente con lugar el recurso únicamente por la violación al artículo 41 de la Constitución Política por la falta de atención de la denuncia del 11 de enero de 2025. Se ordena a Juan Pablo Poveda Chinchilla, en su condición de presidente del Concejo, a Ana Matarrita Mc Calla, en su condición de alcaldesa, y a Antonio Babb Ried, en su condición director jefe de la Unidad Técnica y Estudio, todos de la Municipalidad de Limón, o a quienes ejerzan esos cargos, que coordinen lo pertinente y dispongan lo correspondiente dentro del ámbito de sus competencias para que, en el plazo máximo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se atienda la gestión del recurrente del 11 de enero de 2025, como en derecho corresponda, y se le notifique lo respectivo al medio señalado por él. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Limón al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo. Asimismo, respecto a los escritos de coadyuvancia presentados, estese el coadyuvante y la parte recurrente a lo resuelto en la sentencia n.°2025039386 de las 09:20 horas del 28 de noviembre de 2025. Tome nota la Municipalidad de Limón de lo indicado en el último párrafo del considerando X de esta sentencia. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Castillo consigna nota. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. El magistrado Rueda Leal salva el voto y rechaza de plano el recurso. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n*KYGDDITDLA*\n\n KYGDDITD1LA61 \n\nEXPEDIENTE N° 25-018602-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).",
  "body_en_text": "Document Review\n\n*CO*\n\nExp: 25-018602-0007-CO\n\nRes. Nº 2026020232\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours thirty minutes on the fifth of June, two thousand twenty-six.\n\nWrit of amparo (recurso de amparo) filed by [Nombre 001], residency identification card [Valor 001], on behalf of [Nombre 002], corporate registration number [Valor 002], against the MUNICIPALIDAD DE LIMÓN.\n\nRecitals:\n\n1.- By written submission received in the Court Clerk's Office on June 26, 2025, the petitioner files a writ of amparo against the MUNICIPALIDAD DE LIMÓN and states that his client owns the following properties: \"(…) [Valor 003]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, CADASTRAL PLAN: [Valor 005], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 006] and property PROVINCE: LIMON PARCEL: [Valor 007]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, CADASTRAL PLAN: [Valor 008], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 009] (…)\". He states that these properties were occupied by squatters (precaristas), thereby giving rise to the squatter settlement (precario) known as \"Villa Plata,\" with the acquiescence of the MUNICIPALIDAD DE LIMÓN. He explains that these properties are located in the sector known as \"El Empalme de Moín,\" in zone 6 of the Moín aquifer (acuífero), a sector that was excluded from the zoning plan (plan regulador) and from the environmental planning policies governing urban development within the MUNICIPALIDAD DE LIMÓN's jurisdiction. This occurred despite the fact that the area is hydrologically significant, lying within the recharge zone (zona de recarga) of the aforementioned aquifer and, consequently, overlapping with its absolute protection zone (zona de protección absoluta). He claims that the authorities of the respondent municipal corporation deliberately excluded the aforementioned properties from zone 6 of absolute restriction and from the Limón zoning plan, despite the fact that the municipal bodies are fully aware of the existence of that absolute protection zone. Nevertheless, the respondent municipality has permitted the construction of houses, commercial premises, and other buildings, all without the corresponding permits. On the basis of the foregoing, he claims that the respondent entity has failed to fulfill its obligations with respect to environmental protection, the recharge zone, and the protection of an aquifer. Furthermore, this encompasses non-compliance with environmental planning policies in urban development, which is evidenced by the exclusion of the Moín aquifer from zone 6 of protection and from the zoning plan. He also alleges that the municipality has been negligent in failing to control activity in the zone, which has resulted in encroachment upon the area, illegal construction, and the formation of a squatter settlement, damaging both the environment and his client's properties. He asserts that, for these reasons, by means of a petition filed on January 11, 2025, through an email sent to the account ventanilla.unica@municlimon.go.cr, a request was submitted to the respondent municipality in the following terms: \"(…) 1. That an intervention be ordered in zone 6 of the Moín aquifer, within the boundaries of properties [Valor 003]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, CADASTRAL PLAN: [Valor 005], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 006] and property PROVINCE: LIMON PARCEL: [Valor 007]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, CADASTRAL PLAN: [Valor 010], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 009], conducting a one-by-one inventory of all existing structures in order to identify which ones lack building permits (permisos de construcción). 2. Within the properties owned by my client, that the closure and demolition be ordered of the structures, commercial premises, and storage facilities located within the aforementioned properties — which are likewise situated within the absolute protection and aquifer recharge zone of Moín, zone 6 — that do not have building permits. 3. That the demolition be ordered of all structures located within the Moín aquifer and within the boundaries of properties [Valor 003]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, CADASTRAL PLAN: [Valor 011], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 006] and property PROVINCE: LIMON PARCEL: [Valor 007]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, CADASTRAL PLAN: [Valor 008], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 009], that do not have municipal building permits. 4. I request the closure and demolition of the structures and commercial premises located within properties [Valor 003]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, CADASTRAL PLAN: [Valor 005], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 006] and property PROVINCE: LIMON PARCEL: [Valor 007]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, CADASTRAL PLAN: [Valor 010], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 009], that do not have municipal building permits. 5. I request that the Municipal Corporation and the Municipal Council suspend any operating license (patente de funcionamiento), municipal permit — whether for construction, earthworks (movimientos de tierra), operation, or of any other type — within the boundaries of properties [Valor 003]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, CADASTRAL PLAN: [Valor 005], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 006] and property PROVINCE: LIMON PARCEL: [Valor 007]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, CADASTRAL PLAN: [Valor 008], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 009], with respect to structures that do not have building permits. 6. In connection with the present petition, my client hereby requests that the MUNICIPALIDAD DE LIMÓN deny any application for building permits for structures, commercial premises, storage facilities, earthworks, or operating permits submitted by persons unrelated to my client who do not have our authorization to make such requests, in the squatter settlement Villa Plata, within the boundaries of properties [Valor 012]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, CADASTRAL PLAN: [Valor 013], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 006] and property PROVINCE: LIMON PARCEL: [Valor 007]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, CADASTRAL PLAN: [Valor 008], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 014]. The Municipality is hereby advised that only my client, as the registered owner of the properties, may apply for building permits over its property, and we therefore request that any permit application filed in respect of properties [Valor 003]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, CADASTRAL PLAN: [Valor 005], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 006] and property PROVINCE: LIMON PARCEL: [Valor 007]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, CADASTRAL PLAN: [Valor 010], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 009] be rejected and DENIED. 8. I further request that the municipal cadastre office be instructed to refrain from granting cadastral plan endorsements (visados de planos) in the squatter settlement Villa Plata, within the boundaries of properties [Valor 003]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, CADASTRAL PLAN: [Valor 005], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 006] and property PROVINCE: LIMON PARCEL: [Valor 007]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, CADASTRAL PLAN: [Valor 010], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 009] (…)\". He alleges that, as of the date of filing this writ of amparo, the MUNICIPALIDAD DE LIMÓN has not processed the petition submitted and, consequently, has not taken any action to address the situation described. He reiterates that the respondent municipality, in an effort to facilitate construction, removed the zone 6 absolute aquifer recharge protection zone from its zoning plan and, as a result, allows the construction of buildings in that zone, thereby violating the precautionary principle (principio precautorio) and the non-regression principle (principio de no regresión) in environmental protection, since the zoning plan does not include an absolute protection zone in the sector where the Moín aquifer recharge zone 6 is located. He further argues that this also permits land-use change (cambio de uso de suelo) and construction, without any certainty that these activities will not, in the future, cause irreversible damage to the aquifer. He states that the situation described was confirmed by the Head of the Technical and Studies Unit of the MUNICIPALIDAD DE LIMÓN, as indicated in official communication UTE-AML-025-2022, in which he determined the existence of a large number of structures lacking municipal permits on the properties owned by the protected entity and situated within the absolute protection zone of the Moín aquifer recharge area. Finally, he alleges that the conflict arising from the squatter settlement on his client's properties has been exacerbated by the constant turnover of squatters and the arrival of new illegal occupants, which has prevented their full identification before the Courts of Justice and which they exploit to build illegally and without permits from the Municipality. For the foregoing reasons, he requests the intervention of this Constitutional Court.\n\n2.- By resolution issued at 11:22 hours on July 3, 2025, this Court issued its ruling on the course of the present matter.\n\n3.- By written submission received in the Court Clerk's Office on July 4, 2025, [Nombre 011] files a third-party intervention (coadyuvancia) in support of the petitioner. To that effect, he states the following: \"FIRST: I fully join in the grounds set forth in the writ of amparo filed by [Nombre 012], in particular those relating to the violation of Articles 21, 50, 169, and 170 of the Constitution, as well as non-compliance with the judgment of the Sala Constitucional in expediente 06-015593-0007-CO, resolution 2008-004751, which ordered the MUNICIPALIDAD DE LIMÓN to amend the zoning plan to include the absolute protection zone for the recharge of the Moín aquifer, pursuant to agreement 80-121 of session 80-028 of April 14, 1980, of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). SECOND: The MUNICIPALIDAD DE LIMÓN has failed to fulfill its constitutional obligations by permitting illegal construction in zone 6 of the Moín aquifer, particularly in the squatter settlement Villa Plata, located on properties [Valor 015] (Cadastral Identifier: [Valor 006]) and [Valor 016] (Cadastral Identifier: [Valor 009]), owned by the petitioner. These constructions, carried out without municipal permits or permits from the Ministerio de Salud, violate the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana) (No. 4240), the Construction Law (Ley de Construcciones) (No. 833), and the Construction Regulations (Reglamento de Construcciones) of the MUNICIPALIDAD DE LIMÓN, and also contravene the principles of environmental precaution and non-regression. This negligence jeopardizes the Moín aquifer, which is essential for the supply of drinking water, and affects the cultural and territorial rights of the Afro-descendant community, whose identity is linked to these lands. THIRD: The failure of the MUNICIPALIDAD DE LIMÓN to respond to the petition filed on January 11, 2025, by [Nombre 012] through the one-stop office (correo: ventanilla.unica@municlimon.go.cr), constitutes a violation of the right to a prompt and effective administrative response. This inaction perpetuates the environmental and social harm in the Moín aquifer recharge zone, affecting both the petitioner's interests and those of the Afro-descendant community of which I am a member. FOURTH: It is imperative to highlight that the removal of zone 6 absolute protection of the Moín aquifer from the Limón zoning plan not only fails to comply with judgment 2008-004751, but also endangers the cultural heritage of the Afro-descendant community and directly affects the human rights of unborn people of Limón, since they are not being guaranteed absolute protection of the Moín aquifer recharge area. The municipal administration has forgotten that water is the cornerstone of human development and the socioeconomic development of communities, and that it is fundamental for the preservation of the planet and of future generations. PETITIONS Based on the foregoing, I respectfully request that the Sala Constitucional: 1. Admit this formal third-party intervention to the writ of amparo filed under expediente 25-018602-0007-CO. 2. Order the MUNICIPALIDAD DE LIMÓN to comply with the judgment in expediente 06-015593-0007-CO, resolution 2008-004751, incorporating zone 6 of absolute protection for the recharge of the Moín aquifer into the Limón zoning plan. 3. Order the immediate intervention of zone 6 of the Moín aquifer, within the boundaries of properties [Valor 015] (Cadastral Identifier: [Valor 006]) and [Valor 016] (Cadastral Identifier: [Valor 009]), to conduct an inventory of existing structures, identify those lacking building permits, and order their closure and demolition, pursuant to the Construction Law and Article 29 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de Jurisdicción Constitucional). 4. Order the MUNICIPALIDAD DE LIMÓN to refrain from granting building permits, operating licenses, authorizations for earthworks, or any other authorization on properties 7-27136 and [Valor 016], unless requested by [Nombre 012] as the registered titleholder (titular registral). 6. Deny any permit application filed by persons unrelated to [Nombre 012] in the squatter settlement Villa Plata, within the boundaries of the aforementioned properties, who do not have the petitioner's authorization. 7. Instruct the municipal cadastre office to refrain from granting cadastral plan endorsements in the squatter settlement Villa Plata, within the boundaries of properties [Valor 015] and [Valor 016]. 8. Order the MUNICIPALIDAD DE LIMÓN to adopt immediate measures to fulfill its constitutional and legal obligations, including the demolition of illegal structures in the absolute protection zone of the Moín aquifer and the protection of the environment and the rights of the Afro-descendant community.\"\n\n4.- John Gutiérrez Gómez, in his capacity as mayor (alcalde) of the MUNICIPALIDAD DE LIMÓN, reports under oath (report submitted on July 8, 2025), in the following terms: \"that an extension of 5 additional days be granted to me, given that reports are being requested from various Departments in order to resolve the present matter. Our interest is to serve the public interest of private parties, and for that reason we request said extension.\"\n\n5.- Juan Pablo Poveda Chinchilla, in his capacity as President of the Municipal Council (Concejo) of the MUNICIPALIDAD DE LIMÓN, reports under oath (report submitted on July 8, 2025), in the following terms: \"THIRD: Now, it must be taken into account that what the petitioner has requested does not fall within the powers of the Municipal Council (Concejo Municipal) as established in the Municipal Code (Código Municipal), which are as follows: Article 13. — The powers of the council are: (…) With regard to what has been stated by the applicant, it should be noted that the Municipal Council does not have the information requested by the applicant and that the foregoing is an administrative matter that does not fall within the competencies of the Council.\"\n\n6.- Ana Matarrita Mc Calla, in her capacity as mayor (alcaldesa), and Antonio Babb Ried, in his capacity as Director and Head of the Technical and Studies Unit, both of the MUNICIPALIDAD DE LIMÓN, report under oath (report submitted on July 11, 2025), in the following terms: \"The petitioner is incorrect in asserting that, while it is true that the Urban Regulatory Zoning Plan of the MUNICIPALIDAD DE LIMÓN — published in Gaceta N°212 of November 15, 2023, supplement 225, and governing the Central Canton of Limón — the properties the petitioner refers to were excluded from said zoning plan. This is untrue; said properties are in fact included and regulated in the zoning plan, as demonstrated in official communication UCC-0329-09-07-2025, issued by the Head of the Cadastre Unit of the MUNICIPALIDAD DE LIMÓN. With regard to the problem of the encroachment or squatter settlement that has developed on the petitioner's properties, this is not within the competence of the MUNICIPALIDAD DE LIMÓN; we likewise inform you that on said properties the MUNICIPALIDAD DE LIMÓN has not granted any building permits whatsoever, as the petitioner appears to suggest. We therefore consider that the petitioner is mistaken in the present writ of amparo, since the problem affecting the properties mentioned in this matter involves squatter settlements or encroachments, which do not fall within the competence of the MUNICIPALIDAD DE LIMÓN; as we indicated earlier, the MUNICIPALIDAD DE LIMÓN has not granted building permits or operating licenses in respect of said properties. It is important to note that the Sala Constitucional has already examined these matters involving the petitioner pursuant to judicial expediente 22-008354-0007-CO, and we therefore consider that said matter should be rejected for lack of evidence and legal arguments, as well as for lack of jurisdiction. Accordingly, based on the foregoing, we request that the present writ of amparo against the MUNICIPALIDAD DE LIMÓN be declared without merit and that the matter be permanently closed.\"\n\n7.- By written submission received in the Court Clerk's Office on July 15, 2025, [Nombre 011] states the following: \"Subject: Request for review of the zoning plan and its omission regarding Zone Six of Limón, based on judicial resolution No. 2008-004751, expediente 06-015593-0007-CO, as conclusive evidence of the importance of protecting the water resource in Moín, Limón (…) Summary of Resolution No. 2008-004751 (Expediente 06-015593-0007-CO). Resolution No. 2008-004751, issued on March 27, 2008, by this Sala Constitucional, resolved a writ of amparo that I filed against the Minister of Health, the Minister of Environment and Energy, the Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), the Legal Representative of the company Químicos Holanda, S.A., the Secretary General of SETENA, and the Municipal Mayor of Limón. The judgment is a crucial precedent that underscores the importance of Zone Six of Moín as an area of water resource protection and the pressing need to safeguard it from activities that might compromise the water supply and the right to a healthy environment (…) • Municipal omission: The MUNICIPALIDAD DE LIMÓN published its zoning plan in 2001 (Gaceta 209) without incorporating the provisions of agreement 80-121, thereby failing in its duty to protect groundwater resources (…) • Municipal responsibility: The MUNICIPALIDAD DE LIMÓN violated Articles 21, 50, and 169 of the Constitution by omitting the provisions of agreement 80-121 from its 2001 zoning plan. Municipalities have a duty, pursuant to the Urban Planning Law and precedents of this Court (resolution 2004-01923), to regulate activities in water resource protection zones in order to guarantee sustainable development (…) 4. Ruling: • Partially granted: The matter was declared partially in favor of the petitioner against the MUNICIPALIDAD DE LIMÓN and Químicos Holanda, S.A. for violation of Articles 21 and 50 of the Constitution. The Municipality was ordered to amend its zoning plan within a period of 12 months to include the provisions of agreement 80-121, under penalty of contempt. Both parties were ordered to pay costs, damages, and losses, to be assessed in administrative litigation (vía contencioso-administrativa) and civil proceedings. • Denied on other grounds: No violations were found on the part of the Ministerio de Salud, the Ministerio de Ambiente y Energía, or SETENA, all of which acted within their respective competencies (…) 5. Relevance to the present case: Resolution No. 2008-004751 constitutes irrefutable evidence of the critical importance of Zone Six of Moín as a water resource protection area. The Moín aquifer is vital for the water supply of Limón, and any activity that threatens it — such as the exclusion of zone 6 from the current zoning plan — endangers the fundamental rights to health, life, and a healthy environment. The Municipality's failure in 2001 to include the protection provisions in its zoning plan demonstrates a negligence that must not be repeated (…) Request to the Sala Constitucional Based on my experience as the petitioner in expediente 06-015593-0007-CO and in resolution No. 2008-004751, I respectfully request the following in the context of expediente 25-018602-0007-CO: 1. Review of the current zoning plan: That this Court order a comprehensive review of the zoning plan promoted and approved by the MUNICIPALIDAD DE LIMÓN in breach of the protection obligations for Zone Six of Moín, Limón, to ensure compliance with AyA agreement 80-121 and the protection of the Moín aquifer, which is essential for the city's water supply (…) Conclusion I request that this honorable Court uphold my petition and order the measures necessary to protect Zone Six of Moín and its water resources. Resolution No. 2008-004751 is a compelling reminder of the consequences of negligence in urban planning and inadequate protection of water resources. We cannot allow history to repeat itself. I urge the Court to act swiftly to review the Limón zoning plan and to prioritize the well-being of the Limón community.\"\n\n8.- By written submission received in the Court Clerk's Office on July 18, 2025, [Nombre 011] states the following: \"II. Statement of the Problem 1. Weakening of Protection in Zone 6 Since judgment Nº 012043-2008, the authorities — particularly AyA and the MUNICIPALIDAD DE LIMÓN — have relaxed the protection measures for Zone 6, apparently out of concern over new expropriation orders that would entail significant financial costs. This relaxation has permitted land uses incompatible with the conservation of the aquifer, jeopardizing the drinking water supply for the people of Limón. The absence of a comprehensive management plan, as recommended in the 2007 hydrogeological study, has exacerbated this situation, creating a regulatory gap that threatens a water resource of public interest. 2. Incompatibility of the Limón Zoning Plan The zoning plan of the canton of Limón does not adequately incorporate the restrictions necessary to protect Zone 6, despite the fact that AyA's 2007 resolution ordered notification to the Municipality so that those restrictions would be binding. Municipal inaction, historically documented (as in the report of the Office of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República), DFOE-AM-41/2002), has permitted activities that compromise the sustainability of the aquifer. Rather than adapting the zoning plan to the protection needs of Zone 6, there has been an attempt to adapt Zone 6 to an outdated regulatory framework, which runs counter to the public interest and the precedents of this Court (judgment Nº 2004-01923) (…) III. Specific Request Based on the foregoing, I respectfully request that this honorable Sala Constitucional: 1. Comprehensive Review of Resolutions That a detailed account be conducted of all resolutions issued by this Court, as well as the administrative agreements of AyA, relating to Zone 6 of the Moín-Limón aquifer. This review must assess compliance with the orders issued, including the expropriations ordered in judgment Nº 012043-2008, and determine whether the protection measures have been effectively implemented. 2. Annulment of the Limón Zoning Plan That the zoning plan of the canton of Limón be declared null and void for being incompatible with the protection needs of Zone 6, and that the MUNICIPALIDAD DE LIMÓN be ordered, in coordination with AyA, INVU, MINAE, the Ministerio de Salud, and SETENA, to develop a new zoning plan that incorporates the restrictions established in agreement AN-2007-177 and the 2007 hydrogeological study, ensuring absolute protection of Zone 6. 3. Urgent Precautionary Measures That precautionary measures be issued to immediately suspend any activity in Zone 6 that could compromise the quality or quantity of water, including residential development, lot subdivision (lotificación), and industrial or agricultural activities, and that AyA and the Ministerio de Salud be ordered to conduct periodic inspections to ensure compliance. 4. Development of a Comprehensive Management Plan That AyA, together with the competent entities, be instructed to develop and implement a comprehensive management plan for Zone 6, encompassing: • Precise delineation of the absolute protection areas. • Reforestation strategies and pollution control measures. • Compensation mechanisms for affected property owners, whether through formal expropriations with indemnification or incentives for sustainable uses (such as ecotourism or conservation). • Continuous monitoring of water quality and quantity. 5. Inter-Institutional Coordination That effective coordination be ordered among AyA, the MUNICIPALIDAD DE LIMÓN, MINAE, the Ministerio de Salud, INVU, and SETENA to ensure implementation of the protection measures, in accordance with Article 2, paragraph h), of the Constitutive Law of AyA, Article 31 of the Water Law (Ley de Aguas), and Article 50 of the Constitution (…) V. Conclusion The protection of Zone 6 is an inescapable priority, given its critical role in the supply of drinking water to Limón. Judgment Nº 012043-2008, while protecting the property rights of Propiedades Masarde S.A., has created a precedent that has weakened conservation measures, allowing a relaxation that jeopardizes the Moín-Limón aquifer. The annulment of the Limón zoning plan and its alignment with the needs of Zone 6 are essential to restoring a regulatory framework that prioritizes the public interest over private interests, guaranteeing access to drinking water and compliance with fundamental rights. For the foregoing reasons, I request that this honorable Court grant the petitions submitted, issue a definitive resolution, and adopt the measures necessary to protect Zone 6, including the review of prior resolutions, the annulment of the zoning plan, the imposition of precautionary measures, and the development of a comprehensive management plan.\"\n\n9.- By written submission received in the Court Clerk's Office on July 18, 2025, [Nombre 011] states the following: \"I. Executive Summary The purpose of this submission is to request the nullity of the Coastal Zoning Plan (Plan Regulador Costero) of Limón, on the grounds that its application has permitted construction and land-use change in Zone 6 of the Moín Aquifer, in contravention of the resolutions of the AyA Board of Directors (Junta Directiva) (N° 80-121, N° 2007-177, and N° 2011-112) and the provisions of the Sala Constitucional (Resolutions N° 2022-022070 and N° 2024-001523). The responses of AyA to note AEL-00297-2024, presented in report ADM-93-04-F6, are evasive, insufficient, and fail to meet the institutional competencies required to guarantee the protection of the water resource and its associated ecosystems, which justifies the intervention of this Court (…) The Coastal Zoning Plan of Limón, by permitting construction and granting land-use permits in Zone 6 without verifying compliance with these agreements, contravenes the environmental regulatory framework and jeopardizes the sustainability of the water resource, thereby affecting the right of the people of Limón to a healthy environment (…) By resolution number 2008-004751 of 12:20 hours of March 27, 2008, the Sala Constitucional ordered the commencement of proceedings to amend the Limón zoning plan and include the provisions of agreement 80-121. Seventeen years have elapsed and the order of the Court has still not been complied with (…) The Sala Constitucional has established, in resolutions such as N° 2022-022070 and N° 2024-001523, that AyA and other institutions are obligated to protect the Moín Aquifer through concrete actions, including inter-institutional coordination and the reversal of activities that threaten it. The failure to comply with these orders — evidenced by inaction in the face of illegal constructions and the omission of environmental impact assessments (evaluación de impacto ambiental) — justifies the nullity of the Coastal Zoning Plan of Limón, which has facilitated these violations (…) 5. Impact of the Coastal Zoning Plan of Limón The Zoning Plan, by failing to incorporate the Zone 6 restrictions established by the AyA agreements, has permitted: • Illegal constructions in aquifer recharge areas, such as the squatter settlement Villa Plata. • Land-use change in forests and wetlands, affecting the water recharge capacity. • Issuance of municipal permits without environmental impact assessments, in contravention of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) N° 7554 and the resolutions of the AyA Board of Directors. These actions have caused significant environmental harm, compromising access to drinking water and violating the principle of environmental prevention. The nullity of the Zoning Plan is necessary to restore legality and guarantee the protection of the Moín Aquifer. III. Petitions Based on the foregoing, I respectfully request that this honorable Court: 1. Declare the third-party intervention filed within Expediente No. 25-018602-0007-CO to be admitted. 2. Order the nullity of the Coastal Zoning Plan of Limón for violating Articles 11, 27, and 50 of the Constitution, the resolutions of the AyA Board of Directors (N° 80-121, N° 2007-177, N° 2011-112), the Organic Environmental Law N° 7554, the Water Law (Ley de Aguas) N° 276, and the Ley Forestal N° 7575. 3. Order AyA, the MUNICIPALIDAD DE LIMÓN, and the competent institutions (MINAE, MINSA, SETENA) to: a. Conduct a comprehensive inventory of constructions and properties in Zone 6 of the Moín Aquifer, specifying which ones lack municipal or AyA permits. b. Initiate administrative and judicial proceedings to demolish illegal structures and restore the forests and wetlands that have been affected. c. Submit an updated environmental impact assessment for the Moín Sanitary Sewerage Project, including the properties of [Nombre 002] Sole S.A. d. Establish an inter-institutional action plan for the protection and regeneration of the Moín Aquifer, in compliance with resolutions N° 2022-022070 and N° 2024-001523. 4. Order AyA and the MUNICIPALIDAD DE LIMÓN to pay costs, due to their failure to act and lack of diligence in the protection of the Moín Aquifer.\"\n\n10.- By written submission received at the Court's Secretariat on July 30, 2025, [Nombre 011] states the following: \"In my capacity as a resident of Limón and a user of the Moín Coastal Aquifer, I respectfully yet emphatically address this honorable Sala Constitucional to request that a final, clear, and definitive ruling be issued within the framework of the amparo appeal (recurso de amparo) filed under case number 25-018602-0007-CO, brought by Mr. [Nombre 001], ordering the absolute nullity of the Regulatory Plan (Plan Regulador) of the Cantón Central de Limón, for flagrantly contravening Acuerdo 80-121 of April 14, 1980, and the ruling issued by this same Court at 12:00 hours on March 27, 2008, against the Municipalidad de Limón (…) For this reason, I respectfully request that this Court: 1. Declare the absolute nullity of the Regulatory Plan of the Cantón Central de Limón, as it is contrary to Acuerdo 80-121 of 1980 and to this Court's ruling of March 27, 2008. 2. Order the Municipalidad de Limón to immediately adopt the necessary measures to guarantee the protection of the Moín Coastal Aquifer, in accordance with the applicable constitutional and legal provisions. 3. Impose the corresponding sanctions on the public officials responsible for the noncompliance found, in order to ensure enforcement of judicial rulings and the defense of the fundamental rights of the residents of Limón.\"\n\n11.- By written submission received at the Court's Secretariat on August 1, 2025, Fabián Leandro Marín states the following: \"(…) of particulars known in the case record and acting as representative of the petitioner, I request that a final ruling be issued declaring the amparo appeal granted, as it has been amply demonstrated that the Municipalidad de Limón, its mayor (alcaldesa), and the Municipal Council have negatively abused their duties through omission as public officials, with respect to complying with the Ley de Construcciones, the planning law, and environmental laws. Their negligence has led to the proliferation of illegal construction within the protection zone (zona de protección) of the aquifer recharge area (zona de recarga acuífera) of Zone 6 of the Moín Aquifer. Likewise, it was amply demonstrated that the Municipalidad de Limón failed in its duties by not including the absolute protection zone of the aquifer recharge area of the Moín Aquifer in the Regulatory Plan of Limón, and as a result illegal construction has multiplied in that protection zone. The refusal to respond to the amparo appeal is a clear manifestation and proof of the obstacles and impediments that members of the public encounter when requesting that the municipal authority enforce the law, since in the face of serious noncompliance the municipal authority responds neither to the citizen nor to the Court. Therefore, in protection of my client's rights, and in order to protect the Moín Aquifer and its protection zone, I request that the amparo appeal be fully declared granted. I request that the Municipalidad be ordered to, in compliance with the Ley Forestal, the Ley de Aguas, and the Ley de Construcciones, proceed to remove the illegal structures that have been built within the absolute protection zone, ZONE 6 of the aquifer recharge area of the Moín Aquifer, within the properties belonging to my client.\"\n\n12.- By written submission received at the Court's Secretariat on August 6, 2025, [Nombre 011] states the following: \"(…) to request a ruling addressing the serious violations of fundamental rights arising from the Municipalidad de Limón's failure to include Zone 6 of the Moín Coastal Aquifer in its Urban Regulatory Plan, pursuant to the legal-technical report GSP-RHC-2025-01548, issued on August 4, 2025, by the Regional Director of the Huetar Atlántica Region of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). This report ratifies the admissibility of the present amparo appeal and highlights the flagrant violations of the resolutions of the AyA Board of Directors and the rulings of this Sala Constitucional, by permitting activities incompatible with the purposes of absolute protection of Zone 6, which demands a decisive ruling in defense of the preventive, precautionary, and in dubio pro natura principles, as well as the fundamental rights of future generations, pursuant to Article 50 of the Political Constitution of Costa Rica. Background and Legal-Technical Basis The cited report, issued in response to my request for a legal-technical opinion (AEL-00297-2025), rigorously details the social, environmental, and public health impacts arising from the Municipalidad de Limón's failure to incorporate Zone 6—an area of high hydrogeological vulnerability of the Moín Aquifer—into its Urban Regulatory Plan. This omission contravenes the binding resolutions of the AyA Board of Directors (2007-177 and 2011-112), published in La Gaceta No. 83 of May 2, 2007, and May 2, 2011, respectively, as well as the rulings of this Sala Constitucional (e.g., 2008-004790, 2008-010372, and 2008-004751), which require local governments to incorporate AyA's technical recommendations for the protection of critical water resources (…) Constitutional Violations and Environmental Principles The Municipalidad de Limón's failure to include Zone 6 in the Regulatory Plan not only violates the aforementioned technical and legal provisions, but also infringes upon fundamental principles of Costa Rican environmental law: (…) Request Based on the foregoing, I respectfully ask this Sala Constitucional to: 1. Grant the amparo appeal filed under case number 25-018602-0007-CO, in view of the violations of the fundamental rights to water, health, and a healthy environment arising from the Municipalidad de Limón's failure to include Zone 6 in its Regulatory Plan. 2. Order the nullity of the Regulatory Plan for failing to incorporate the technical recommendations set forth in AyA Board of Directors resolutions 2007-177 and 2011-112, in compliance with the constitutional rulings (2008-004790, 2008-010372, and 2008-004751). 3. Prohibit activities incompatible with the protection of Zone 6, such as the construction of gas stations and other high-risk industrial operations, in adherence to the preventive, precautionary, and in dubio pro natura principles. 4. Establish coordinated mitigation measures among the Municipalidad de Limón, AyA, MINAE, SENARA, and the Ministry of Health, including inventories of high-risk activities, environmental monitoring, and community awareness campaigns, as suggested in report GSP-RHC-2025-01548. 5. Impose administrative accountability for the Municipalidad's noncompliance, pursuant to applicable regulations, in order to guarantee the principle of legality and the protection of the human right to water.\"\n\n13.- By written submission received at the Court's Secretariat on August 26, 2025, [Nombre 011] states the following: \"II. Legal Basis for the Irregularities Identified in the Regulatory Plan Office communication DU-003-01-2025 confirms that the Coastal Regulatory Plan of Limón was approved by INVU through office communication DU-383-09-2023, dated September 1, 2023, and published in Supplement 192 to La Gaceta No. 182 of October 4, 2023. However, it reveals serious omissions in the protection of the Moín Coastal Aquifer, whose area (Protection Zone 6) was inexplicably excluded or insufficiently zoned, allowing uses incompatible with its vulnerabilities. Specifically: 1. Violation of the right to a healthy environment (Article 50 of the Political Constitution): The zoning described in the office communication (pages 4–5) assigns to the sector: • Special Heavy Industry Control Zone (ZCEIp) for the Moín pier. • Tourism and Commerce Zone (ZTC) for the town and commercial area. • Protection Zone 1 (ZP1), insufficient to safeguard the aquifer. • APM Fill Zone for the APM Terminals container terminal, including the 200-meter maritime-terrestrial zone (zona marítimo-terrestre) strip. These categories allow industrial, commercial, and fill activities that expose the aquifer to risks of toxic infiltration, discharges, and urban expansion, contrary to the prohibitions set out in AyA Acuerdo No. 80-121 and the cited rulings (e.g., 2022-022070, which explicitly prohibits such uses in restricted zones). This violates the in dubio pro natura principle (Ley de Biodiversidad No. 7788, Article 11, paragraph 2), which requires that doubts be resolved in favor of nature, and the precautionary and preventive principles (Convention on Biological Diversity, Law No. 7416). INVU does not justify these omissions, limiting itself to a procedural account without addressing environmental impacts. 2. Violation of the principle of legality (Article 11 of the Political Constitution): The Ley de Planificación Urbana (Articles 7, 10, and corresponding provisions read together with Article 169 of the Constitution) requires coordination with entities such as AyA, MINAE, and SETENA in order to integrate environmental studies. The process (case file PRURB-002-2020) included initial observations regarding \"lack of documentation of environmental studies\" (office communication DU-UCTOT-222-2020), but no evidence of specific remediation for the aquifer is shown. The 2022 inter-institutional agreement (MINAE-SETENA-MIVAH-INVU) was not properly applied, and the 36 virtual sessions held in 2023 omitted the restrictions of Acuerdo No. 80-121. This constitutes ultra vires action, violating inter-institutional coordination (Article 46 of the Constitution) and transparency (Ley Marco de Acceso a la Información Pública No. 10.554, Articles 11, 21, 27, 33). 3. Procedural Irregularities: Recurring delays and missing documentation (office communications DU-UCTOT-064-2021, etc.) reveal a flawed process lacking effective public participation and failing to integrate constitutional precedents (e.g., ruling 23-025914-0007-CO, which requires SETENA assessments in coastal modifications). These violations constitute absolute nullity (Article 29 of the Ley de Jurisdicción Constitucional), with retroactive effect. III. Specific Requests I request: 1. That the attached copies be admitted as additional evidence. 2. That the absolute nullity of the Regulatory Plan be declared, ordering its revision with aquifer protection in place. 3. That INVU be granted a hearing to clarify omissions, in coordination with AyA pursuant to Acuerdo No. 80-121.\"\n\n14.- By written submission received at the Court's Secretariat on August 27, 2025, [Nombre 011] states the following: \"to present additional evidence, to fully substantiate my initial claims with legal precedents, prior rulings on the protection of the Moín Coastal Aquifer, and recent documentary evidence, and to reiterate the imperative need to declare the absolute nullity of the Coastal Regulatory Plan of Limón, currently in force, on account of serious irregularities in its drafting, approval, and content. These irregularities violate fundamental rights and constitutional principles, constituting a scenario of manifest unconstitutionality that demands the immediate intervention of this Court in order to safeguard the public interest and the rule of law. This request is grounded primarily in office communication DA-1702-2025, dated August 26, 2025, issued by the Director of the Dirección de Aguas of the Ministry of Environment and Energy, José Miguel Zeledón Calderón, addressed to the undersigned in response to my inquiry through office communication AEL-00309-2025 dated August 8, 2025. That office communication unequivocally ratifies, both in letter and in spirit, the technical and legal inconsistencies present in Limón's Regulatory Plan, attributing those irregularities directly to the Municipalidad de Limón and, consequently, to the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), in their role as entities responsible for the drafting, coordination, and compliance with applicable regulations. I attach a certified copy of that office communication as additional evidence; it details the unfulfilled legal formalities and emphasizes the obligation to include the protection of the Moín Coastal Aquifer in the environmental viability (viabilidad ambiental) phase, a responsibility that rests exclusively with the aforementioned municipal and institutional authorities (…) In my initial submissions, I set forth that the Regulatory Plan omits or minimizes these protections, allowing land uses incompatible with the hydrogeological vulnerability of the area, which constitutes violations of Article 50 of the Political Constitution (right to a healthy and ecologically balanced environment), Article 11 thereof (principle of legality), and derived regulations such as the Ley de Planificación Urbana (Law No. 4240), the Ley de Aguas (Law No. 276), Decreto Ejecutivo No. 42015-MAG-MINAE-S-MIVAH (Reglamento de Coordinación Interinstitucional para la Protección de Recursos Hídricos Subterráneos), and the Ley de Biodiversidad (Law No. 7788), which incorporates principles such as the precautionary, preventive, and in dubio pro natura principles (Article 11, paragraph 2). II. Confirmation of Noncompliance Through Office Communication DA-1702-2025 Office communication DA-1702-2025 constitutes a key piece of evidence that ratifies and demonstrates the alleged irregularities, constituting a flagrant noncompliance that cannot be overlooked. In accordance with the letter and spirit of this official document, issued by the competent authority in matters of water resources, the following technical and legal deficiencies in the process of drafting Limón's Regulatory Plan are detailed: 1. Failure to Include the Hydrogeological Variable in the Environmental Viability Phase: The office communication expressly states that \"the inclusion of the hydrogeological variable in Regulatory Plans pursuant to the provisions of Decreto Ejecutivo 42015-MAG-MINAE-S-MIVAH corresponds to be addressed in the environmental viability phase.\" This statement confirms that the Municipalidad de Limón and INVU, as the lead entities in drafting the Plan, failed to fulfill this essential obligation. By not properly integrating the protection of the Moín Coastal Aquifer—including the official shapefile of the protection area provided in the same office communication—during the viability phase, the objective of the cited Executive Decree was violated; that objective is to ensure the sustainability of groundwater through inter-institutional coordination. This omission constitutes a violation of the preventive and precautionary principles, as it exposes the aquifer to threats such as uncontrolled urbanization, contamination by infiltration, and alteration of natural recharge areas, thereby jeopardizing the fundamental right to potable water and to a healthy environment (Article 50 of the Constitution). 2. Exclusive Responsibility of the Municipalidad de Limón and INVU for Inter-Institutional Coordination: The office communication clarifies that \"the drafting of a Municipal Regulatory Plan is led by and is the responsibility of each local government\" and that \"the Dirección de Aguas does not coordinate, let alone lead, these types of processes.\" This statement directly attributes the irregularities to the Municipalidad de Limón as the principal entity, and by extension to INVU, which was required to supervise and ensure compliance with inter-institutional regulations. The absence of adequate coordination with entities such as AyA and the Dirección de Aguas evidences a process flawed from its inception, contrary to Article 11 of the Constitution (principle of legality), which requires that administrative acts conform strictly to the law. Furthermore, this violates Article 43 of Decreto Ejecutivo No. 42015, which mandates the use of official platforms such as the Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (SINIGIRH) for incorporating official data into urban planning. 3. Inadequacy in Addressing Threats and Precautions for the Moín Aquifer: Although the office communication refers to a prior technical opinion (DA-1593-2025) on threats and precautions, it reiterates the need for precautions in the environmental viability phase, which was not carried out in the Regulatory Plan. This confirms technical inconsistencies, such as the failure to precisely delineate recharge and protection zones, thereby allowing potentially incompatible development. Such omissions violate AyA Acuerdo No. 80-121, which specifically protects the aquifer against uses that would alter its integrity, and constitute an imminent threat to the ecological balance, protected under the in dubio pro natura principle of the Ley de Biodiversidad. 4. Provision of Shapefile as Evidence of Prior Noncompliance: The office communication provides a shapefile of the aquifer protection area, accessible via a temporary link (https://drive.google.com/drive/folders/1INO2nI8yFzf4vnwz7ReKVxvguOqT7hXY?usp=sharing), but emphasizes that its official use must derive from SINIGIRH. This disclosure confirms that the hydrogeological information was not adequately integrated into the Plan, as the office communication insists on the responsibility of local authorities to access and apply official data. The emphasis on \"strengthening technical capacities\" to work with official platforms implies a prior deficiency in the municipal process, which aggravates the legal irregularities. These confirmations in office communication DA-1702-2025 demonstrate violations of Article 29 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (Law No. 7135), which permits the submission of additional evidence to demonstrate unconstitutionalities, and constitute grounds for absolute nullity pursuant to Article 173 of the Ley General de la Administración Pública (Law No. 6227), by reason of defects in procedure and substance (…) IV. Specific Requests In light of the foregoing, I respectfully request: 1. That office communication DA-1702-2025 be admitted as additional evidence and that its incorporation into the case file be ordered (…) 2. That the absolute nullity of the Coastal Regulatory Plan of Limón be declared on account of the confirmed irregularities. 3. That the Municipalidad de Limón and INVU be ordered to reformulate the Plan, integrating aquifer protection pursuant to Acuerdo 80-121 and Decreto 42015. 4. That precautionary measures be imposed to suspend the effects of the Plan in the aquifer areas pending a final ruling. 5. Any other measure that this Court deems appropriate to safeguard fundamental rights.\"\n\n15.- By written submission received at the Court's Secretariat on September 1, 2025, [Nombre 011] states the following: \"Subject: Additional evidence and request for nullity of the Coastal Regulatory Plan of Limón for violations of the right to a healthy environment and the principle of legality pursuant to the document titled 'ENVIRONMENTAL SCOPE ANALYSIS OF THE POTENTIAL LAND USE ACCORDING TO THE ENVIRONMENTAL FRAGILITY ZONING (IFA) OF THE CANTON OF LIMÓN, LIMÓN, COSTA RICA' (…) As an active intervening party (coadyuvante activo) in Case No. 25-018602-0007-CO, initiated before this Sala Constitucional against the Municipalidad de Limón and INVU for the approval and implementation of the Regulatory Plan of the Canton of Limón, I reiterate that the appeal focuses on the territorial zoning of that Plan, grounded in the Environmental Scope Analysis Document. This 118-page document details the environmental fragility zoning (zonificación de fragilidad ambiental, IFA), maps of current environmental overuse, and proposals for potential land use, but unilaterally omits the absolute protection zone established by AyA since 1980 for the Moín Aquifer and other essential groundwater sources for the water supply of the residents of Limón (…) II. Technical and Legal Noncompliance in the Regulatory Plan Zoning The Environmental Scope Analysis Document and the resulting Regulatory Plan exhibit serious technical and legal noncompliance arising from the unilateral exclusion of the AyA absolute protection zone, in violation of constitutional and legal regulations and environmental principles. These instances of noncompliance are detailed below, with comprehensive legal grounds. A. Violation of the Guiding Principles of National Environmental Law (…) E. Technical Inconsistencies Attributable to the Municipalidad de Limón and INVU • Critical Overuse (7.8%, p. 16): Y-4 zones allow incompatible uses, disregarding AyA protection. • Defective Environmental Base Map (pp. 68–75): Omits protection zone, violating Decreto No. 32967-MINAE. • Responsibility: Municipalidad de Limón approves without consultation (Ley de Planificación Urbana No. 4240, Art. 15); INVU fails in supervision. III. Request for Measures I request: 1. That the appeal be granted and the Regulatory Plan annulled for unconstitutionality, ordering incorporation of the AyA protection zone. 2. That immediate consultation with AyA and SENARA be ordered to rectify inconsistencies. 3. That sanctions be imposed on the Municipalidad de Limón and INVU for violations of Art. 50 of the Constitution and environmental principles.\"\n\n16.- By written submission received at the Court's Secretariat on September 1, 2025, [Nombre 011] states the following: \"(…) I offer the following evidence to better inform the Court's ruling (prueba para mejor resolver) consisting of the ENVIRONMENTAL SCOPE ANALYSIS OF THE POTENTIAL LAND USE ACCORDING TO THE ENVIRONMENTAL FRAGILITY ZONING (IFA) OF THE CANTON OF LIMÓN, LIMÓN, COSTA RICA, which forms part of Limón's Regulatory Plan and which demonstrates that the elimination of Zone 6 of absolute protection of the aquifer recharge area of the Moín Aquifer was carried out by a private consulting firm hired by the Municipalidad in connection with the drafting of the Regulatory Plan (…) The cited report, which forms part of the Regulatory Plan, clearly demonstrates that Zone 6 of the Moín Aquifer was eliminated and that an unauthorized land-use change (cambio de uso del suelo) took place, converting the area from an absolute protection zone to a residential use zone without authorization from AyA. In the previously submitted evidence consisting of the report dated August 8, 2023, TAA-DT-241-2023 of the Tribunal Ambiental, it is demonstrated that on the properties where compliance with the Ley de Construcciones is being requested, and more generally within Zone 6 of the Moín Aquifer protection area, there exists an area defined as of water resource importance within the aquifer, and those areas were not recorded in Limón's Regulatory Plan as protected areas; instead, the Regulatory Plan of Limón concealed Zone 6 of aquifer recharge and water resource importance and replaced it with residential use areas (…) Compare the preceding image of the absolute protection zone of aquifer recharge Zone 6 with the zoning of Limón's Regulatory Plan, which eliminates the aquifer recharge zone as a protected area and converts it into areas of residential use (…) In this image, Zone 6, which is of absolute protection, can be seen, along with the forest cover (cobertura boscosa) that is gradually disappearing as a consequence of the Regulatory Plan, which declared the zone as one of residential and heavy construction use (…) In view of the serious harm being caused to the Moín Coastal Aquifer and in particular to Zone 6, I request that a judgment be issued and the amparo appeal be declared granted, given that illegal construction exists on the properties cited by the petitioner, and it is also demonstrated that the Regulatory Plan of Limón was apparently approved in fraud of the law by having concealed Zone 6, which is an aquifer recharge and absolute protection zone.\"\n\n17.- By resolution issued at 16:23 hours on November 27, 2025, this Court requested evidence to better inform its ruling.\n\n18.- Ana Matarrita Mc Calla, in her capacity as mayor of the Municipalidad de Limón, submits the following sworn report (submitted November 28, 2026), in the same terms as the previous report.\n\n19.- By written submission received at the Court's Secretariat on December 12, 2025, Fabián Leandro Marín states the following: \"(…) for the purpose of submitting as evidence for a better resolution the complementary report of the Environmental Tribunal and MINAE, which together constitute a technical-legal analysis, and to request, on the basis of the facts and law set forth herein, that the writ of amparo filed by Mr. [Nombre 001] on behalf of my client be DECLARED GRANTED, on account of the serious and ongoing failure by the Municipalidad de Limón to perform its duties of urban code enforcement (policía urbanística) and environmental enforcement with respect to properties 27136 and 27138, located in Zone 6 of the Moín Aquifer. The purpose of this submission is to supplement the information already in the case file by incorporating the official technical evidence issued by the Tribunal Ambiental Administrativo in Report TAA-DT-241-2023, dated August 8, 2023, contained in administrative file No. 100-23-01-TAA. That report concludes, on the basis of official cartography, GIS analysis, historical orthophotos, and field verification, that properties 27136 and 27138 lie within Zone 6 of the Limón-Moín Aquifer, classified as an area of hydrological importance, aquifer recharge (recarga acuífera), and absolute protection, where illegal structures exist—houses, shacks, earthworks (movimientos de tierra), internal roads, and opened thoroughfares—built without municipal permits, without environmental feasibility approval (viabilidad ambiental), and even encroaching upon the protection area of the Portete stream. The incorporation of this report makes it possible to objectively establish the ongoing failure of the Municipalidad de Limón, which did not exercise its urban code enforcement or sanitary police powers to stop, prevent, or correct those works, and furthermore engaged in affirmative enabling acts by allowing the creation or recognition of public roads within the aquifer. The combination of municipal omissions and material acts facilitated the continuation and densification of illegal structures in an area where all construction activity is prohibited. This factual and technical picture establishes a direct causal link between the Municipalidad's inaction and improper intervention and the environmental damage inflicted upon a strategically important aquifer, giving rise to violations of the fundamental rights to a healthy environment, health, legal certainty, and the rule of law, which reinforces the need to GRANT the amparo already filed.\n\nI. RELEVANT FACTS ALREADY ESTABLISHED\n\nFirst: In accordance with the report submitted by the Municipalidad de Limón to this Chamber, the respondent authority itself expressly acknowledges that within properties 27136 and 27138, registered in the name of [Nombre 002], construction work, buildings, and other works have been carried out without municipal permits, in an area governed by the Urban Development Plan (Plan Regulador Urbano) of Limón and also located within Zone 6 of the Moín Aquifer. That is, the Municipalidad acknowledges that a settlement exists, consisting of houses, shacks, roads, and infrastructure works that lack a construction permit, lack a business license, and lack environmental feasibility approval granted by the competent authority.\n\nSecond: The Municipalidad also acknowledges that those properties lie within the water protection area delimited by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Indeed, Agreement No. 80-121, adopted by the Board of Directors of AyA at session 80-028 on April 14, 1980, declared the protection of the springs (nacientes) of Moín–Limón and imposed strict restrictions on land use based on aquifer recharge considerations. Subsequently, Agreement No. 177 of the same Board of Directors, dated April 10, 2007 and published in La Gaceta No. 83 of May 2, 2007, officially adopted hydrogeological study DGAMB–2007–031 and updated the delimitation of the Moín Aquifer, confirming that the area known as Zone 6 constitutes an ABSOLUTE PROTECTION ZONE, incompatible with urban development, construction, earthworks, intensive agriculture, and wastewater discharges.\n\nThird: Despite being aware of the foregoing, the Municipalidad acknowledges that it did not order the immediate halt of the illegal works, did not open sanctioning proceedings, did not issue demolition orders, did not adopt precautionary environmental protection measures, and did not coordinate with MINAE, SINAC, or AyA itself in defense of the Moín Aquifer. The Municipalidad confined itself to noting the existence of unpermitted structures within an absolute protection zone but refrained from exercising the urban code enforcement and environmental police powers conferred upon it by law.\n\nFourth: Not only does a prolonged and serious failure on the part of the Municipalidad de Limón arise, but also affirmative acts that directly aggravate the constitutional injury. The case file shows that the Municipalidad itself proceeded to establish and/or recognize public roads within properties 27136 and 27138, thereby lending an administrative appearance of legitimacy to a completely illegal settlement located in Zone 6 of the Moín Aquifer, an area classified by AyA as an absolute protection zone, of high hydrogeological vulnerability, where all constructive intervention is categorically prohibited. By creating, regularizing, or incorporating into its official cartography municipal roads in the very heart of the aquifer, the Municipalidad not only failed in its duty to strictly apply the Ley de Planificación Urbana, the Ley de Construcciones, the binding technical regulations of AyA, and the standards of the Tribunal Ambiental Administrativo, but also materially facilitated the continuation and densification of the illegal structures existing in that area, which should never have been permitted or tolerated. These actions constitute a direct causal act of environmental damage, since, far from exercising urban code enforcement and environmental police powers, the Administration promoted—through both action and inaction—the consolidation of unlawful works within an aquifer that is strategic for the public water supply.\n\nII. TECHNICAL ANALYSIS: TAA, MINAE, AND AyA\n\nThe technical analysis contained in the documentation submitted by the Municipalidad and the report of the Environmental Tribunal confirms, with scientific rigor and institutional backing, that properties 27136 and 27138 lie within a highly vulnerable aquifer recharge zone (zona de recarga acuífera), that they have undergone profound anthropogenic transformation, and that such transformation is the direct consequence of illegal construction, earthworks, land-use change (cambio de uso del suelo), and unauthorized agricultural and waste-producing activities. The Tribunal Ambiental Administrativo, in file 100-23-01-TAA, documents that within the properties of [Nombre 002] S.A. the following unlawful activities, among others, have been carried out: construction of houses and shacks, earthworks for terraces and roads, felling of trees and burning of vegetation, land-use change, agricultural cultivation using agrochemicals, improper disposal of solid and liquid waste, septic tanks, and discharges of gray water and wastewater, all without municipal permits or environmental feasibility approval. These activities were georeferenced and recorded in tables and maps, making it possible to precisely locate them within properties 27136 and 27138 (…)\n\nBoth reports—TAA and MINAE—are situated within the regulatory framework established by AyA. Agreement No. 80-121 of 1980 declared the protection of the springs of Moín–Limón, while Agreement No. 177 of 2007 officially adopted study DGAMB–2007–031 and delimited the Moín Aquifer, establishing that Zone 6 is an ABSOLUTE PROTECTION zone. In that zone, the construction of dwellings, the opening of roads, the installation of infrastructure, earthworks, and intensive agricultural and livestock activities are incompatible with the recharge function and are prohibited. The convergence of the technical evidence from the TAA, MINAE, and AyA establishes, beyond reasonable doubt, that: (i) the environmental damage existing on properties 27136 and 27138 is real, present, and serious; (ii) such damage has occurred within an area legally declared to be under absolute protection; and (iii) the direct cause of that damage is the consolidation of an illegal settlement and unauthorized structures that the Municipalidad de Limón should have prevented, halted, and demolished but instead tolerated and even facilitated through the recognition of public roads (…)\n\nIV. CAUSAL LINK BETWEEN MUNICIPAL CONDUCT AND THE DAMAGE\n\nThe causal link between the conduct of the Municipalidad de Limón and the environmental damage verified on properties 27136 and 27138 is direct and evident. The illegal structures, earthworks, unauthorized cultivation, and wastewater discharges now found in Zone 6 of the Moín Aquifer could not have become entrenched had the Municipalidad timely exercised the urban code enforcement and environmental police powers conferred upon it by law. The inaction of the respondent authority allowed the illegal settlement to grow, densify, and consolidate over time, progressively worsening the damage to the aquifer, the spring, the sinkholes (dolinas), and the existing wetlands (humedales). Moreover, by establishing and recognizing public roads within the settlement, the Municipalidad sent a message of institutional approval to the illegal structures. This affirmative act facilitated the expansion of construction by improving access, and thereby the settlement increased human pressure on the recharge zone, causing the local Administration to shift from being a passive bystander to becoming an active agent in the consolidation of the damage. In this way, the municipal conduct constitutes not merely a contributing cause but a decisive cause of the harmful outcome now before this Chamber.\n\nV. PRAYER FOR RELIEF\n\nFor all the reasons of fact and law set forth above, and on the basis of the technical evidence and the legal provisions cited, I respectfully REQUEST from this Honorable Constitutional Chamber:\n\n1) That, upon rendering judgment in file 25-018602-0007-CO, the writ of amparo filed by Mr. [Nombre 001] on behalf of [Nombre 002] against the Mayor of the Municipalidad de Limón be DECLARED GRANTED, on account of the unconstitutional failure to exercise urban code enforcement and environmental police powers in Zone 6 of the Moín Aquifer.\n\n2) That it be DECLARED that the Municipalidad de Limón has breached its constitutional and legal duties by failing to apply the Ley de Planificación Urbana, the Ley de Construcciones, the Ley Forestal, the Plan Regulador de Limón, and AyA's water regulations with respect to properties 27136 and 27138, and by establishing or recognizing public roads within an absolute protection zone.\n\n3) That the Municipalidad de Limón be ORDERED, within the peremptory deadline set by this Chamber, to immediately halt all unauthorized construction, works, activities, or interventions within properties 27136 and 27138 of [Nombre 002] S.A., and to open the corresponding administrative sanctioning proceedings against those found responsible.\n\n4) That the Municipalidad de Limón be ORDERED to issue mandatory DEMOLITION orders for all illegal structures located in Zone 6 of the Moín Aquifer on the properties of the protected party, in coordination with the Tribunal Ambiental Administrativo, MINAE, SINAC, and AyA, according to the jurisdiction of each institution.\n\n5) That the preparation and implementation of a COMPREHENSIVE ECOLOGICAL RESTORATION PLAN for the affected area within properties 27136 and 27138 be ORDERED, under the technical criteria of MINAE, SINAC, and AyA, aimed at restoring, to the greatest extent possible, the aquifer's recharge functions, the protection of the spring, and the stability of the sinkholes and wetlands.\n\n6) That the Municipalidad de Limón be ORDERED to establish a permanent monitoring, inspection, and enforcement program in Zone 6 of the Moín Aquifer, in order to prevent new encroachments, illegal construction, or land-use changes incompatible with the water protection regime.\n\n7) That any other complementary measures that this Chamber deems necessary be ORDERED to ensure effective protection of the fundamental right to a healthy and balanced environment, the protection of the water resource, and the safeguarding of the rights of [Nombre 002] S.A. and the community.\"\n\n20.- The legal requirements have been observed in the proceedings conducted.\n\nOpinion drafted by Magistrate Araya García; and,\n\nConsidering:\n\nI.- Preliminary Matter. Before analyzing the merits of the case—concerning the alleged violation of the right to a prompt and complete proceeding—it must be clarified that, since Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative contentious jurisdiction—with certain exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has or has not complied with the time limits established by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or by sectoral laws for special administrative proceedings, for the purpose of resolving by final act an administrative proceeding—initiated ex officio or upon request of a party—or of reviewing applicable administrative appeals. This case, precisely, presents an exceptional situation, since it involves a complaint concerning the existence of illegal structures, built without municipal permits, located within a protection and aquifer recharge zone of the city of Limón. That is, we are faced with a complaint of an environmental nature that has allegedly not been resolved within a reasonable time by the respondent authority. Having clarified that point, the Court proceeds to resolve the specific situation raised in this amparo.\n\nII.- REGARDING THE REQUEST FOR ACTIVE JOINDER. By written submission added to the case file on July 4, 2025, and reiterated in submissions dated July 15, July 18, July 30, August 6, August 26, August 27, and September 1, all in 2025, Mr. [Nombre 011] files an active joinder (coadyuvancia activa) in support of the petitioner.\n\nOn this point, Article 34, paragraph 3, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional provides that any person with a legitimate interest in the proceedings may intervene, whether in an active or passive capacity, as a coadjuvant. Accordingly, by virtue of the procedural provision cited above and the submissions made by the said intervening party, the aforementioned joinder is admissible.\n\nIII.- Regarding the consequences of failing to submit the report requested by this Chamber concerning the complaint of January 11, 2025. It is confirmed that in both the procedural order issued at 11:22 a.m. on July 3, 2025, and in the order issued at 4:23 p.m. on November 27, 2025—in which evidence for a better resolution was requested—information was requested regarding the petitioner's complaint of January 11, 2205; however, in both instances the Municipalidad de Limón submitted its report without addressing that matter. Therefore, pursuant to Article 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the facts may be deemed established, in accordance with the assessment of the body of evidence available in the record; the Court proceeds to resolve the appeal on the basis of the factual record set forth, which does not automatically entail the granting of the appeal.\n\nIV.- Subject of the appeal. The petitioner claims violations of the fundamental rights of the company [Nombre 002], on the following grounds: a) the Municipalidad de Limón arbitrarily excluded Zone 6—the absolute protection zone for aquifer recharge of the Moín Aquifer—from that canton's Urban Development Plan; b) as a consequence, several properties belonging to the petitioner's client, located within that zone, have been overtaken by the informal settlement known as \"Villa Plata,\" resulting in illegal and unpermitted construction within that protected zone; c) accordingly, on January 11, 2025, the petitioner filed the corresponding request before the Municipalidad de Limón, but as of the date of this filing, that request has not been resolved.\n\nV.- Proven facts. Of importance for the resolution of this matter, the following facts are deemed duly established, either because they have been substantiated in the record or because the respondent failed to address them as required by the initial order:\n\na) On January 11, 2025, the petitioner sent a request to the email address ventanilla.unica@municlimon.go.cr, addressed to the Municipal Council and the Mayor's Office of the Municipalidad de Limón, stating the following: \"(…) I hereby request that, in accordance with the provisions of the Ley de Construcciones and the Reglamento de Construcciones of the Municipalidad de Limón, the administrative sanctioning and demolition proceedings be initiated against all persons who maintain structures built without municipal construction permits in the locality of Moín, specifically in the informal settlement (precario) Villa Plata, which are located within the protection zone and aquifer recharge zone (zona de recarga acuífera) of the Moín aquifer (acuífero), within the so-called Zone 6, and situated within the boundaries of properties [Valor 015] DUPLICATE: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 005], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 006] and the property PROVINCE: LIMON PROPERTY: [Valor 007]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: L-0509860-1983, CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 009]. On the following grounds: (…) ONE: The Municipalidad de Limón, together with MINAE, the Ministry of Health, and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, were condemned by the Sala Constitucional in the writ of amparo filed by my client in case file No. 22-008354-0007-CO, in which judgment was rendered at nine hours and twenty minutes on the twenty-third of September of two thousand and twenty-two, ordering: (…) TWO: In the aforementioned case file, the Municipalidad de Limón found it proven that the properties owned by my client are located within Zone 6 of absolute protection and the aquifer recharge zone of the Moín aquifer, and that the informal settlement Villa Plata is situated on those properties. It stated (…) THREE: In the response submitted to the Sala Constitucional by the Municipalidad de Limón in said case file, it also provided OFFICIAL MEMORANDUM: UTE-AML-025-2022, dated Limón Costa Rica, June 22, 2022, and signed by Licenciada Doris Sanabria Torres, Engineering and Legal Manager, Municipalidad del Cantón Central de Limón, in which the Municipality acknowledges the existence of countless structures that contravene the construction regulations, as the report states: (…) FOUR: Said report also clearly states that the existing buildings have no construction permits (…) FIVE: In the aforementioned case file of the writ of amparo, it was further demonstrated — and the Municipalidad de Limón is well aware of this — that in the informal settlement Villa Plata and within the properties of my client, due to the formation of the informal settlement and the illegal constructions, severe environmental damage has occurred in Zone 6 of absolute protection of the Moín aquifer, including illegal tree-felling (talas ilegales), wetland destruction, land-use change (cambio de uso del suelo), earthworks (movimientos de tierra), contamination, application of chemicals to eliminate weeds, and encroachment on protection zones — a situation that has persisted over time, as evidenced by the Tribunal Ambiental Administrativo in CASE FILE: 100-23-01-TAA, in which it noted the land-use change and environmental damage caused by the illegal construction taking place in the informal settlement (…) SIX: The report of the Tribunal Ambiental Administrativo details the administrative, civil, and criminal liability attributable to the Municipality, describing earthworks for the construction of roads in areas of absolute protection where land-use change and earthworks are prohibited. Therefore, in my capacity as attorney-in-fact for the company [Nombre 012], registered owner of properties [Valor 015] DUPLICATE: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 005], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 006] and property PROVINCE: LIMON PROPERTY: [Valor 007]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 008], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 009], I hereby request that the Mayor and the Municipal Council APPLY THE REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES OF THE MUNICIPALIDAD DE LIMON, AND CONSEQUENTLY THE LEY DE CONSTRUCCIONES, AND ORDER THE DEMOLITION OF ALL EXISTING STRUCTURES WITHIN THE AFOREMENTIONED PROPERTIES THAT DO NOT HAVE MUNICIPAL PERMITS. The foregoing is intended to eliminate the structures that have been built in plain sight of the Municipality and its officials within an absolute protection zone that constitutes an aquifer recharge zone and is also classified as a hydrologically significant area. This is because, according to the statements made by the Municipalidad de Limón, the Ministry of Health, MINAE, and ICAA in the writ of amparo processed in case file 22-008354-0007-CO, there are more than 194 dwellings and structures that were illegally built within the absolute protection zone of the Moín aquifer, designated as Zone 6, within properties [Valor 015] DUPLICATE: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 013], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 006] and property PROVINCE: LIMON PROPERTY: [Valor 007]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 008], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 009], and that none of them have any municipal construction permit. Furthermore, these are structures built without oversight by the Municipality, ICAA, or the Ministry of Health, and they are generating contamination. All of those dwellings were built and remain standing within an area of high vulnerability to contamination because it is an aquifer recharge zone for the Moín aquifer. These are structures that were built illegally in plain sight of the Municipality, ICAA, MINAE, and the MINISTRY OF HEALTH, as none of those authorities has issued a permit for their construction. All of those structures were built without any construction permit, without the submission of construction plans, and consequently without the oversight of the Colegio de Ingenieros, the Ministry of Health, ICAA, or SETENA to verify, prior to construction, whether an impact on the Moín aquifer would be generated — and, most critically, without compliance with the municipal Reglamento de Construcciones (…) For the foregoing reasons, the Municipality must initiate the administrative proceeding to demolish all of those structures located within the absolute protection zone of Zone 6, situated both within properties 7-27136 DUPLICATE: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: L-0509859-1983, CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 006] and property PROVINCE: LIMON PROPERTY: [Valor 007]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 008], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 009], as well as in the remainder of the protected area of Zone 6, that do not have construction permits. It is important to clarify that, according to the statements made by the Board of Directors (Junta Directiva) of ICAA, the absolute protection zone corresponds to all of Zone 6 and therefore to the entirety of the land comprising the properties owned by my client (…) This monitoring function, with respect to the illegal constructions built within Zone 6 of the Moín aquifer, within the properties owned by my client, was never carried out proactively by the Municipality; indeed, the Municipality itself and the related institutions in case file 22-008354-0007-CO acknowledged that those dwellings do not have construction permits and do not even have AyA water service for the supply of potable water for human consumption. In so doing, the Municipalidad de Limón failed to discharge the administrative duty to verify compliance with the applicable legal framework — whether singular or general — on the part of the persons who illegally built within the absolute protection zone of the Moín aquifer, in Zone 6, within the properties owned by my client; in the exercise of that duty, the Municipality has the authority to interfere with the enjoyment of the purported rights and freedoms of those persons who illegally constructed, and for that purpose the law empowers the Municipality to subject those persons to the legal order so as to ensure compliance with the Reglamento Municipal de Construcciones and the provisions of the Ley de Construcciones. The Municipality must do so by conducting a study and investigation of the activities carried out on the aforementioned properties, subjecting the illegal constructions and their builders to a series of technical and scientific examinations, tests, and methods, in order to gather the information and evidentiary elements needed to establish whether those constructions comply with the construction regulations and the law (…) In this specific case the Municipality has failed to fulfill its obligations to ensure sustainable urban development (…) All of those legal provisions require the Municipalidad de Limón to intervene by requesting, within the properties owned by my client, construction permits from each and every structure built thereon, and to that end it must carry out inspections or monitoring of the constructions. This monitoring function is aimed at enabling the Municipal Government to verify that residents comply with the technical and legal standards set out in the legal, environmental, and territorial regulatory framework, as well as the conditions imposed under the respective authorization (…) In this case of the informal settlement Villa Plata, the Municipality failed to fulfill two administrative powers: first, to oversee the exercise of the right to build within its territorial jurisdiction; second, to monitor conformity with the regulatory framework regarding the use made of built structures; and third, to ensure that no earthworks are carried out without authorization (…) The foregoing demonstrates the failure of the municipal administration, having allowed more than 194 dwellings or structures to be built within the aquifer recharge zone of the Moín aquifer, within the properties owned by my client, without construction permits issued by the Municipality. The municipal entity and its Council thereby failed to fulfill their duty to oversee, verify, monitor, attend to, and safeguard compliance within their jurisdiction with the construction regulations, the Ley de Construcciones, and our Constitución Política. The Municipality must therefore now carry out a direct intervention in the informal settlement Villa Plata, within Zone 6, since that monitoring tool allows it to verify directly on site whether the conduct of each person who built within Zone 6 conforms to the requirements of the Ley de Construcciones and the construction regulations. It should be noted that these are illegal constructions, built without municipal permits, and situated within a protection and aquifer recharge zone of the city of Limón. Therefore, having found it proven that more than 194 structures were built in the informal settlement Villa Plata without municipal permits, in a location subject to high-level protection as an aquifer recharge zone, and bearing in mind that MY CLIENT NEVER REQUESTED A PERMIT TO BUILD THE STRUCTURES EXISTING THEREON (as they were built illegally), as a complement to the inspection power, the Ley de Construcciones grants the Municipalidad de Limón the power to sanction the violations found (…) In this regard, the Municipality must initiate the administrative proceeding to request the construction permits and, if they are not produced, proceed to demolish all existing constructions within properties [Valor 015] DUPLICATE: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 005], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 006] and property PROVINCE: LIMON PROPERTY: [Valor 007]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 008], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 009], for having been built without a permit in an absolute protection aquifer recharge zone (…) In this way, in the case of FINCA VILLA PLATA, the Municipality has already found it proven that the works exist without a permit — these are semi-completed houses built without having obtained a construction permit — and must therefore process the aforementioned proceeding with the aim of bringing the work into conformity with construction standards, ordering the violator to fulfill all the requirements necessary for the issuance of the construction license within the timeframe determined therein. But prior to that — before initiating that proceeding — the Municipality must seal the construction by affixing closure notices upon merely verifying that the structure does not have the required permit (…) Consequently, the more than 194 structures built within the boundaries of properties [Valor 015] DUPLICATE: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 005], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 006] and property PROVINCE: LIMON PROPERTY: [Valor 007]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 008], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 009], and within the protection and aquifer recharge zone of Moín, were built in contravention of the regulatory framework, in contravention of the Ley de Aguas, and in contravention of environmental laws, as they directly affect the absolute protection zone of the Moín aquifer, they encroach upon private property by having been built on land belonging to another, and the constructions are therefore subject to the consequences that the law provides with respect to nullities of actions taken, as well as the demolition and closure sanctions prescribed by the legal order (…) For the foregoing reasons, the honorable Municipal Council and the Mayor of Limón are hereby requested to proceed with the corresponding proceedings to apply the Reglamento de Construcciones and the Ley de Construcciones to all existing structures within the properties owned by my client that are also situated within the absolute protection zone of Zone 6 of the Moín aquifer. PETITIONS 1. That an intervention be ordered in Zone 6 of the Moín aquifer, within the boundaries of properties [Valor 015] DUPLICATE: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 005], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 006] and property PROVINCE: LIMON PROPERTY: [Valor 007]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 008], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 009], conducting a one-by-one inventory of all existing structures in order to identify which ones do not have construction permits. 2. That, within the properties owned by my client, the closure and demolition of structures, commercial premises, and warehouses located within the said properties — which are also situated within the protection and aquifer recharge zone of Moín, Zone 6 — that do not have construction permits, be ordered. 3. That the demolition of all structures located within the Moín aquifer and within the boundaries of properties [Valor 015] DUPLICATE: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: L-0509859-1983, CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 006] and property PROVINCE: LIMON PROPERTY: [Valor 007]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 008], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 009], that do not have municipal construction permits, be ordered. 4. I request the closure and demolition of the structures and commercial premises located within properties [Valor 015] DUPLICATE: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 005], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 006] and property PROVINCE: LIMON PROPERTY: [Valor 007]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 008], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 009], that do not have municipal construction permits. 5. I request the Municipal Corporation and the Municipal Council to suspend any operating license or municipal permit — whether for construction, earthworks, operation, or of any other type — within the boundaries of properties [Valor 015] DUPLICATE: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 005], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 006] and property PROVINCE: LIMON PROPERTY: [Valor 007]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 008], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 009], for structures that do not have construction permits. 6. In connection with this request, my client hereby requests that the Municipalidad de Limón reject any application for a construction permit for structures, commercial premises, warehouses, earthworks, or operating permits submitted by persons unrelated to my client who do not have our authorization to apply, in the informal settlement Villa Plata, within the boundaries of properties 7-27136 DUPLICATE: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 005], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 006] and property PROVINCE: LIMON PROPERTY: [Valor 007]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 008], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 009]. 7. It is hereby clarified to the Municipality that only my client, as the registered owner of the properties, may apply for construction permits on its property, and therefore we request that any permit application for properties [Valor 015] DUPLICATE: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 005], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 006] and property PROVINCE: LIMON PROPERTY: [Valor 007]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 008], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 009] be REJECTED and DENIED. 8. I further request that the municipal cadastral office be ordered to refrain from issuing survey plan endorsements (visados de planos) in the informal settlement Villa Plata, within the boundaries of properties [Valor 015] DUPLICATE: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 005], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 006] and property PROVINCE: LIMON PROPERTY: [Valor 007]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 008], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 009] (…)\". In said document, the petitioner indicated a means for receiving notifications (emphasis not in the original) (see the evidence submitted).\n\nb) On January 14, 2025, through the address Luis.carpio@municlimon@go.cr, directed to the petitioner's email address and to ventanilla.unica@municlimon.go.cr, the representative of the Service Platform of the Municipalidad de Limón replied to the petitioner as follows: \"Good morning, Received. Regards.\" (see the evidence submitted).\n\nc) The email address ventanilla.unica@municlimon.go.cr is an official means used by the Municipalidad de Limón to receive requests (uncontested fact).\n\nd) The Plan Regulador of the cantón central of Limón was published in La Gaceta No. 212, Alcance 225, on November 15, 2023 (see the report submitted and the evidence provided).\n\ne) By means of official memorandum No. UCC-0329-09-07-2025 dated July 9, 2025, from the Census and Cadastre Unit of the Municipalidad de Limón, the following was established: \"Please receive warm greetings from the Topography Unit of the Municipalidad del Cantón Central de Limón. In response to the working session held on Wednesday, July 9, 2025, regarding the properties located in the Cantón Central de Limón, District of Limón, in the sector of the Empalme Moín known as Villa Plata, at CRTM05 coordinates EAST 602059.892 and NORTH 1105530.712. I hereby indicate the following: upon review of the Cadastral Map of the Registro Nacional, we found that in that sector the properties [Valor 015]-000 and [Valor 016]-000 are located, both belonging to [Nombre 012], legal entity identification number [Valor 018], where the first property has survey plan [Valor 019] with an area of THREE HUNDRED TWENTY-TWO THOUSAND FOUR HUNDRED TWENTY-ONE SQUARE METERS AND THIRTY-TWO SQUARE DECIMETERS and the second has survey plan [Valor 017] with an area of FIFTY-ONE THOUSAND THREE HUNDRED FIFTY-FIVE SQUARE METERS AND TWENTY-THREE SQUARE DECIMETERS. Both survey plans and an aerial image are attached for your reference (…) With respect to the CURRENT Plan Regulador of the municipality, said properties are classified under the zoning as RESIDENTIAL ZONE and both properties fall within the Plan Regulador; furthermore, both are located within the zone established by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados known as ZONE\" (see the report submitted and the evidence provided).\n\n\nVI.- Unproven Facts. The following facts of relevance to this resolution are not considered to have been established:\n\na) That the Municipalidad de Limón has resolved the complaint filed by the petitioner on January 11, 2025 (case record).\n\n\nVII.- Prior Precedent. For the analysis of this appeal, it is necessary to note that the legal representative of the petitioner, Fabián Leandro Marín, as well as the co-intervenor in these proceedings, Marco Vinicio [Nombre 011], recently filed a writ of amparo that was processed under case file No. 25-028736-0007-CO, in which judgment No. 2025-039386 was rendered at 09:20 hours on November 28, 2025, raising several issues that are also challenged in the present writ of amparo. Accordingly, that resolution determined the following:\n\n\"I.- SUBJECT OF THE APPEAL. The petitioners fundamentally allege that:\n\na) Agreement No. 2011-112 of the Board of Directors of ICAA lacks technical foundation and established 'relief valves' for relaxation in Zone 6 (of the Limón-Moín aquifer), incompatible with a regime of total and absolute protection previously established for that site.\n\nb) ICAA has engaged in omissions in the implementation of Agreement No. 2011-112, as recent documentation confirms the absence of consolidated public information regarding the aquifer zones on its platforms and responses that refer to general emergency protocols and to a regional control unit without historical functional traceability.\n\nc) The Plan Regulador of Limón did not expressly incorporate the cartographic demarcation of the aforementioned Zone 6 as an area of absolute protection for groundwater, nor does it transpose into its regulatory framework the prohibitions and substantive conditions of the Nombre99516 Matrix of 2006 (which allows the processing of tourist, residential, subdivision (fraccionamiento), and earthworks uses through generic conditions).\n\nd) ICAA failed to publish a protection decree to give official binding force to the boundaries of Zone 6, despite having so ordered in the sixth operative paragraph (por tanto sexto) of Agreement No. 2007-177.\n\nThe petitioners allege that these actions and omissions violate the fundamental rights to a healthy and ecologically balanced environment, to potable water, and to health.\n\n(…)\n\nIII.- SPECIFIC CASE. Petitioner Nombre35146 brings this writ of amparo and categorically states that its subject is the following: \"(i) that the nullity be declared, on grounds of substantive and formal unconstitutionality, of the provisions of ICAA Board of Directors Agreement No. 2011-112 — and, to the extent applicable, of No. 2007-177 — (…) (ii) that the partial nullity of the Plan Regulador of Limón be declared insofar as it omits or contradicts the cartographic demarcation and the absolute protection regime of Zone 6; and (iii) that the immediate adoption of precautionary and structural measures be ordered to ensure the effective protection of the Moín aquifer, in accordance with the Nombre99516 Matrix and with judgments 2008-004790 and 2011-014596 of the Sala Constitucional.\" The petitioner then refers, through numerous and extensive pleadings, repeatedly to the aforementioned points.\n\nThus, the petitioner alleges that Agreement No. 2011-112 of the Board of Directors of ICAA established 'relief valves' for relaxation in Dirección2942 (of the Limón-Moín aquifer), incompatible with a regime of total and absolute protection previously established for that site, thereby permitting a generic impermeability threshold of twenty percent (20%) per hectare, earthworks by means of a study and PGA, and the enabling of dwellings through \"vegetative growth\" without density parameters or impermeability controls.\n\nAdditionally, the petitioner alleges that ICAA has engaged in omissions when implementing Agreement No. 2011-112, as recent documentation confirms the absence of consolidated public information from that institution regarding the aquifer zones on its platforms and responses referring to general emergency protocols and to a regional control unit without historical functional traceability. The petitioner contends that, in recent official responses to requests for information, ICAA has acknowledged that \"(a) it has no methodology or cartography to monitor the 'vegetative growth' figure in Dirección2942, limiting itself to citing variations in household service connections without correlating them to density, impermeable cover, or recharge; (b) it does not maintain a comprehensive and up-to-date inventory of establishments handling hazardous substances — a prerequisite for the preventive management of risk in areas of high vulnerability; and (c) it applies a generic emergency protocol (GTE-105-01-P) rather than a specific protocol for the karstic recharge of Moín, despite the existence of sinkholes (dolinas), fissures, and short contaminant transit times described in EPIK studies and in SENARA's cartography.\"\n\nWith respect to the Plan Regulador of Limón, the petitioner alleges that it did not expressly incorporate the cartographic demarcation of the aforementioned Zone 6 as an area of absolute protection for groundwater, despite the existence of studies demonstrating the area's high vulnerability (which allows the processing of tourist, residential, subdivision, and earthworks uses through generic conditions). The petitioner explains that only 3% of the surface area of the so-called Zone 6 was placed in the protection category, while the remaining 97% was designated for urban development. The petitioner accuses that, despite the fact that the planning document itself acknowledges the high fragility of wetlands and the disappearance of primary forests, it simultaneously enables urban developments with building coverage of up to 30% and even the substitution of infrastructure with modified treatment plants or septic tanks. The petitioner alleges that this normative duality — acknowledging fragility while authorizing urbanization — contradicts the mandate of absolute protection that applies to Zone 6 and is incompatible with the precautionary principle. Additionally, the petitioner accuses the plan of failing to transpose into its regulatory framework the prohibitions and substantive conditions set out in the \"Matriz de Criterios de Uso de Suelo del Nombre99516 según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos.\"\n\nThe petitioner further adds that ICAA also failed to publish a protection decree to give official binding force to the boundaries of Zone 6, despite having so ordered in the sixth operative paragraph of Agreement No. 2007-177. The petitioner alleges that, since that decree was not published, the demarcation of Zone 6 never acquired binding finality, leaving a regulatory gap that the Plan Regulador of Limón exploited to assign residential and tourist uses to territory that should have been designated for absolute protection.\n\nPetitioner Nombre35146 asserts that what is set out (or omitted) above contravenes the provisions of the aforementioned Nombre99516 Matrix — a technical-legal instrument that classifies recharge zones according to their intrinsic vulnerability and establishes land-use restrictions based on contamination risk and recharge capacity — ICAA's own Agreement No. 2007-177, and the guidance provided by the Sala Constitucional in judgments Nos. 2008-4790 and 2011-14596, among others.\n\nConcurrently, the petitioner refers, in general terms, to analyses demonstrating the drastic loss of primary forest and the underregistered persistence of wetlands and yolillo palm swamps (yolillales) in Zone 6 of Limón. The petitioner likewise refers to the fact that before the Tribunal Ambiental Administrativo there is a case file (No. 100-23-01-TAA), which contains report No. TAA-DA-241-2023, evidencing that in the so-called Zone 6 unauthorized anthropogenic interventions occurred that account for the loss of forest cover (cobertura boscosa) and the fragmentation of habitat. The petitioner indicates that the document refers to \"precarista invasion,\" \"tree-felling and burning of vegetation,\" \"construction of houses and huts,\" \"earthworks for terraces and roads,\" \"encroachment on protection zones,\" \"land-use change,\" and emphasizes that all of this occurred \"without municipal permits or environmental feasibility clearance.\" The petitioner also mentions specific entries for \"road,\" \"earthworks,\" and \"felling,\" as well as \"house\" and \"wall,\" corroborating the opening of roads and the removal of vegetation cover as part of the pattern of occupation. The petitioner notes that the aforementioned case file also refers to the environmental degradation that occurred on two properties, where there was a progressive loss of forest cover and the disappearance of wetlands. Furthermore, the petitioner sets out that the Tribunal Ambiental Administrativo identified encroachments on the riparian protection strip (franja de protección) of the quebrada Portete, earthworks, and discharges of wastewater and grey water (aguas residuales y grises) into sinkholes.\n\nThe petitioner also mentions that the Municipalidad de Limón has official memorandum No. UTE-AML-025-2022 of June 22, 2022, which reports in the Villa Plata sector \"roads with heavy gravel or clay material laid manually with heavy machinery, lacking drainage ditches and curb-and-gutter along the public right-of-way,\" and describes \"a group of dwellings\" built with precarious materials, without adequate storm drainage systems, at heights that cause slope erosion, and with the presence of clay and coral material in the observed road alignments. The petitioner likewise states that the Nombre99516, in two official memoranda (No. DIGH-UIH-008-2023 and No. DIGH-UIH-154-2023), confirmed that in the aforementioned Zone 6 contamination by polycyclic aromatic hydrocarbons and benzo-alpha-pyrenes derived from industrial operations exists. They also describe that the subsoil presents a fractured karstic medium with active sinkholes that function as points of concentrated recharge and accelerate the transit of contaminants toward the water table (nivel freático).\"\n\nThe petitioner therefore argues that what occurred with the ICAA board agreements and the land-use plan cited above, as well as the failure to publish the decree identified above, was precisely what opened the door to—and has permitted—the development of incompatible activities within Zone 6, thereby infringing the rights to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, to health, and to potable water.\n\nThe petitioner maintains that, in sum, the combination of (i) a declining and fragmented pattern of forests and wetlands documented by FONAFIFO 2005, INF-2013, and SINAC 2021; (ii) the underrepresentation of yolillo palm stands in the National Wetlands Registry; (iii) evidence of a public watercourse and an area of hydrological importance within Zone 6; (iv) the allocation of urban land uses over 97% of the absolute-protection surface area by the land-use plan (Plan Regulador); and (v) the incomplete and non-transparent execution of AyA's obligations under Acuerdo 2011-112, together constitute a picture of material incompatibility with the Matriz de Nombre99516 and with the standards of the Sala Constitucional. Accordingly, in his view, the so-called Zone 6 of Limón must be restored to a regime of strict protection, with published boundary delimitation, immediate regulatory incorporation, and suspension of any authorizations that would increase impervious coverage (impermeabilización), earthworks (movimientos de tierra), and densities incompatible with aquifer recharge.\n\nHaving stated the foregoing, the petitions of petitioner Nombre35146 may be summarized as follows:\n\n\"(1) To grant the present amparo petition.\n\n(2) To declare NULL AND VOID, on grounds of substantive and formal unconstitutionality AND VIOLATION OF ILO CONVENTION 169, the following acts of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA): (2.1) Board of Directors Agreement No. 2011‑112, insofar as it: (a) establishes a uniform impervious-coverage threshold of 20% of the surface area per hectare 'for all activities' in Zone 6; (b) authorizes 'removal, cutting, and filling of materials' or earthworks in Zone 6 by means of a hydrogeological study and an environmental management plan (PGA); (c) permits 'residential construction for vegetative growth' in Zone 6 without density parameters, impervious-coverage mapping, or verification of zero impact; and (d) contains open-ended clauses allowing 'rulings on other activities' in Zone 6 without strict regulatory basis and without adherence to the precautionary principle. (2.2) Agreement No. 2007‑177, to the extent it is interpreted or applied in a manner that permits uses incompatible with the absolute protection defined for Zone 6.\n\n(3) To declare the PARTIAL NULLITY of the Plan Regulador de Limón insofar as it: (a) fails to incorporate the cartographic delimitation and the absolute-protection regime of Zone 6 of the Nombre52121 aquifer in accordance with the SENARA matrix; (b) permits or tolerates residential uses, subdivision (fraccionamientos), earthworks, or increases in impervious coverage in that Zone 6 without requiring an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) and prior hydrogeological, hydraulic, and hydrological studies approved by Nombre99516 and AyA; and (c) fails to carry out the mandatory inter-institutional coordination regarding aquifer stewardship and the application of the precautionary principle.\n\n(4) TO ORDER AyA, SENARA, MINAE, and the Municipalidad de Limón to, within a maximum period of SIX (6) months, adopt the following structural measures: (4.a) issue the EXECUTIVE DECREE protecting the water sources of Nombre52121 and Zone 6, including official coordinates, an absolute-protection regime, and an express reference to the SENARA matrix; (4.b) prepare and implement a PUBLIC, up-to-date INVENTORY of activities involving hazardous substances in Zone 6; (4.c) adopt a SPECIFIC PROTOCOL for emergencies and contingencies related to the karst recharge zone of Moín; (4.d) establish a PERIODIC MONITORING SYSTEM (water quality, nitrates, conductivity, bacteriology) with publication of results and early-warning mechanisms; and (4.e) fully align the Plan Regulador de Limón with the Nombre99516 matrix and with constitutional case law, incorporating Zone 6 as an area of absolute protection.\n\n(5) TO ORDER the IMMEDIATE SUSPENSION of any construction permit, subdivision, land-use change (cambio de uso), or earthworks in Zone 6 until full compliance with the foregoing requirements is achieved, under warning of the sanctions set forth in Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (criminal disobedience).\n\n(6) That all of the respondents violated the constitutional principle of administrative coordination in matters of aquifer and aquifer-recharge-area protection, by permitting regressive regulations and the rendering invisible of Zone 6 in the Plan Regulador de Limón and through the reduction of protection in the Board of Directors agreements of ICAA.\n\n(8) [sic] TO AWARD costs and damages as appropriate, in accordance with Articles 48 of the Constitución Política and 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.\"\n\nFor his part, petitioner Nombre45265 also files an amparo petition and partially reproduces the arguments put forward by Nombre35146.\n\nIn so doing, he claims that ICAA has not managed, before the Executive Branch, the issuance and publication of the protection decree for Zone 6 of the Moín aquifer, as ordered by its own Board of Directors Agreement No. 2007-177. He notes that the failure to publish the decree has produced a normative invisibilization. He points out that the protection parameters defined by the Matriz de Nombre99516 and ratified by the Sala Constitucional remain without reflection in the municipal cartography and regulations, which allows the Plan Regulador de Limón to continue processing subdivisions, housing developments, and earthworks in a territory that, by technical mandate and constitutional case law, must be maintained under a regime of absolute protection.\n\nHe further argues that Board of Directors Agreement No. 2011-112 of ICAA, far from strengthening protection, introduced provisions that relax the required standards. He asserts that these provisions directly contravene the SENARA matrix, which prohibits such activities in zones of extreme vulnerability. He contends that the current validity of Agreement No. 2011-112 not only lacks technical grounding, but is manifestly unconstitutional because it arbitrarily reduces the level of protection for Zone 6, substituting a regime of absolute protection—ordered to safeguard the human water supply—with permissive regulation designed exclusively to evade a previously settled constitutional obligation to expropriate and compensate.\n\nHe also alleges that the existence of occupations and land uses incompatible with the Zone 6 declaration constitutes a violation of Article 50 of the Constitución Política, which enshrines the right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as the principles of non-regression, precaution, and prevention in environmental matters.\n\nAccordingly, Nombre45265 expressly petitions this Sala Constitucional for the following:\n\n\"to grant the present amparo petition; and to declare that the Board of Directors of ICAA failed to fulfill its obligation to publish the protection and delimitation decree for the Moín aquifer, as it ordered in its own Board of Directors Agreement No. 2007-177.\n\nTo order the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA-AyA) to, within a peremptory deadline, request and manage before the Executive Branch the promulgation and publication of the protection decree for the Moín aquifer.\n\nTo order that Board of Directors Agreements Nos. 2007-177 and 2011-112 be applied only to the extent that they are compatible with the Matriz de Nombre99516 and with constitutional case law, rendering without effect their provisions that relax protection.\n\nTo order the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) to fulfill its duty of coordination by actively participating in the drafting, signing, requesting, and publication of the decree and in the full application of the Land-Use Criteria Matrix.\"\n\nAdditionally, in a subsequent filing, it was also requested that this court order \"the expropriation of the parcels occupied in a manner incompatible with Zone 6.\"\n\nHaving analyzed all of the foregoing, this Constitutional Tribunal does not find that there is merit to consider this amparo petition on the merits, nor to grant the specific set of petitions identified above.\n\nThis is fundamentally so because the petitioners came before this court in a generic and abstract manner, without formulating and specifying a concrete act of application, or alternatively, a concrete and individualized account of facts that affects or prejudices a specific person or several persons. In essence, no situation is identified that has generated a violation of, or threat to, the fundamental rights invoked, as required by the Ley de la Jurisdicción Constitucional in its Articles 1 and 29.\n\nUpon a careful reading of all the briefs filed by the petitioners, they confine themselves merely to identifying the reasons why, in their view, the aforementioned ICAA agreements (Nos. 2007-177 and 2011-112) and the Plan Regulador de Limón are unconstitutional, without concurrently and substantiatedly referencing any concrete act of application that affects or infringes fundamental rights. This state of affairs is reaffirmed upon a specific analysis of the full list of petitions filed by both parties, in which the petitioners do not seek the intervention of this Tribunal in response to any particular situation, concrete act, or omission.\n\nIt should be noted that, while the petitioners make passing reference to various situations that have, in their view, affected Zone 6 of Limón, they are not, at bottom, properly challenging any act or omission intrinsically related to those situations—as is confirmed, as stated, upon reading the full list of petitions set forth not only in the principal amparo-filing briefs, but also in the remaining memoranda attached to the proceedings.\n\nOn this point, this Tribunal has noted that, while an amparo petition may be filed by any person and on behalf of a third party, it is nonetheless required that there exist a harm or a threat that is individualized or individualizable, in particular, in order for this court to address it—which, as has been stated, does not occur in the case under examination. At bottom, it is clear that this is simply a matter of the petitioning parties' disagreement with the content of the referenced ICAA agreements and the Plan Regulador de Limón, which cannot, in turn, be reviewed or declared unconstitutional through the summary amparo procedure.\n\nHaving said the foregoing, what is appropriate is to dismiss the present proceeding, as is hereby ordered.\n\nIV.- OTHER MATTERS. In a subsequent filing, petitioner Nombre35146 also alleges that the Municipalidad de Limón has failed to comply with what was ordered by this Sala in Sentencia No. 2008-4751 of 12:00 hrs. of May 27, 2008 (issued in connection with an amparo petition filed by that same person directly against the operations of the company Químicas Holanda), in that, as he asserts, it has not incorporated into the Plan Regulador de Limón the so-called Dirección6577. That being said, the petitioner is hereby informed that, should he determine that the municipality has, to date, failed to comply with the order issued in that ruling, the appropriate course of action is to file the corresponding complaint in the cited case file so that the matter may be resolved in that proceeding in accordance with the law.\n\n(…)\n\nPOR TANTO: The petition is dismissed. Magistrate Salazar Alvarado gives different reasons and dismisses the petition, on the ground that it falls within the jurisdiction of the ordinary courts—specifically, the administrative-contentious (contencioso-administrativa) jurisdiction—to determine whether the administrative actions and conduct challenged do or do not, in substance, conform to what is prescribed in the legal framework governing the protection, guardianship, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Magistrates Cruz Castro and Rueda Leal dissent and grant the petitioning parties a period of FIFTEEN DAYS within which, if they see fit, they may file an action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad) against the ICAA Board of Directors agreements and the Plan Regulador de Limón.\n\nVIII.- Second precedent. Subsequently, co-intervener Marco Vinicio [Nombre 011] filed amparo petition no. 26-005469-0007-CO, in which he again challenged several points raised in this amparo proceeding. Accordingly, judgment no. 2026-013366 of 09:20 hours of April 21, 2026 was issued, ordering that the matter stand as resolved pursuant to judgment no. 2025039386 of 09:20 hours of November 28, 2025. In that ruling, the following was stated:\n\n\"It should be noted that, in judgment no. 2025039386 of 09:20 hours of November 28, 2025, the Sala Constitucional considered an amparo petition filed, among others, by the same petitioner, in which a challenge was raised substantively directed against the manner in which the competent public institutions have regulated and managed the protection of the so-called Zone 6 of the Moín aquifer, alleging the existence of inconsistencies among the applicable technical and regulatory instruments, as well as omissions in the incorporation of that zone as an area of absolute protection within the Plan Regulador of the canton of Limón.\n\nIn that regard, it is noted that the petitioner, on that occasion, not only questioned the validity and scope of the AyA Board of Directors agreements—particularly Nos. 2007-177 and 2011-112—but also alleged that those provisions introduced parameters that, in his view, were incompatible with the standard of protection required for a highly vulnerable aquifer, while also criticizing the failure to effectively incorporate the restrictions derived from the Nombre02 land-use criteria matrix into the existing territorial planning framework, which, in his view, permitted the development of urban activities potentially harmful to the water resource. Likewise, it is noted that such arguments were grounded in an extensive technical and legal exposition, in which considerations relating to the precautionary principle, the need for inter-institutional coordination, and the obligation to safeguard the fundamental right to a healthy environment were developed, with the requests centered on the annulment of regulatory provisions, the adoption of structural measures, and the imposition of specific obligations on the respondent authorities to ensure effective protection of the aquifer.\n\nHowever, the fact is that the Sala, on that occasion, resolved to dismiss the amparo petition, upon finding that the petitioner's arguments did not evidence a direct, current, and individualizable harm to fundamental rights, but rather were directed at challenging, in general terms, the validity, scope, and coherence of technical and regulatory instruments in the area of territorial planning and water resource protection, as well as at procuring the adoption of structural measures and the modification of provisions of general applicability. In that sense, it follows that the Sala noted that the claims advanced—such as the declaration of nullity of AyA Board of Directors agreements, the partial annulment of the Plan Regulador de Limón, and the imposition of specific obligations on various institutions to redefine the protection regime for Zone 6—exceeded the proper scope of the amparo petition, insofar as they implied a review of legality and of the merits of technical and territorial-planning decisions that belong to the Administration in the exercise of its competencies, as well as to the respective ordinary jurisdictions. Likewise, it is apparent that the Tribunal took into account that the problem described by the petitioner is embedded within a structural and complex conflict, involving the interaction of multiple public entities, specialized technical criteria, and inter-institutional coordination processes, such that it was not legally viable, in constitutional proceedings, to substitute those assessments or to order, by this route, the reconfiguration of the challenged regulatory instruments.\n\nIn this way, far from granting the requested relief, the Sala concluded that the petition did not constitute the appropriate mechanism for channeling the claims advanced, inasmuch as these did not evidence a concrete arbitrary action susceptible to immediate protection, but rather a disagreement with the existing regulation and with the manner in which the authorities have exercised their competencies in this matter, which is why it proceeded to dismiss the petition.\n\nNow, it is true that, in the present matter, the petitioner incorporates certain additional elements with respect to the arguments advanced in the case that gave rise to judgment no. 2025039386, among them the reference to technical memorandum SENARA-DIGH-006-2026, the subsequent communication addressed to the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo through memorandum AEL-008-2026, as well as the response provided by that entity through memorandum CDU-047-02-2026, from which he attempts to reframe his claim under the thesis of an alleged regressive administrative omission attributable to that body.\n\nNonetheless, the fact is that, even taking those elements into consideration, it is apparent that they do not introduce a controversy materially distinct from that already submitted to this Sala, as they do not alter the factual or legal core that served as the basis for the prior ruling. Indeed, despite the incorporation of a new technical input and subsequent administrative actions, the claim continues to revolve around the same structural problem previously analyzed—namely, the alleged insufficiency of the protection regime for the so-called Zone 6 of the Moín aquifer, the failure to incorporate that zone as an area of absolute protection within the Plan Regulador de Limón, and the aim of obtaining, through the amparo route, an order to the competent authorities to adopt measures aimed at modifying or adapting that territorial-planning instrument.\n\nAlong the same lines, it is noted that the new SENARA report, while presented as a novel element, does not have sufficient weight to transform the nature of the conflict, since its content is limited to reiterating the condition of vulnerability of the aquifer and the incompatibility of the land-use plan with institutional technical criteria—aspects that had already been extensively presented and assessed in the prior proceeding. Likewise, the communication addressed to INVU and the response obtained do not, in and of themselves, constitute an autonomous harm susceptible to independent analysis, but rather fall within the same global challenge regarding the conduct of institutions in matters of territorial planning and water protection.\n\nFurthermore, even though the petitioner now seeks to focus his complaint on the conduct of INVU, alleging a supposed regressive omission, the fact is that such reformulation does not change the essence of the argument, since it continues to be aimed at obtaining, in constitutional proceedings, the adoption of measures of a general and structural nature, as well as the redefinition of competencies and the adaptation of regulatory instruments—which, as has already been determined by this Sala, exceeds the proper scope of the amparo petition and belongs to the ordinary administrative and jurisdictional bodies.\n\nIn this way, it is confirmed that the reason for which the prior petition was dismissed—that is, the inadmissibility of the amparo as a means of challenging technical assessments and territorial-planning decisions, in the absence of a concrete, current, and individualized harm to fundamental rights—remains intact in the present case, since the elements now incorporated do not refute that conclusion, but rather, on the contrary, confirm that the petitioner persists in raising, under a new formulation, a disagreement substantially identical to that already resolved by this Tribunal.\n\nConsequently, since there is no evidence of a substantial change in the circumstances of the case that would justify a new substantive analysis, it is appropriate for the petitioner to abide by the ruling in judgment no. 2025039386 of 09:20 hours of November 28, 2025.\n\n(…)\n\nThe petitioning party shall abide by the ruling in judgment no. 2025039386 of 09:20 hours of November 28, 2025. Magistrates Cruz Castro and Rueda Leal dissent and grant the petitioning party a period of FIFTEEN DAYS within which, if they see fit, they may file an action of unconstitutionality against the ICAA Board of Directors agreements and the Plan Regulador de Limón.\"\n\nIX.- On the first ground of complaint. With regard to this point, the petitioner alleges that the Municipalidad de Limón arbitrarily excluded Zone 6 of protection—the absolute aquifer-recharge protection zone of the Moín aquifer—from the Plan Regulador of that canton. On this matter, and after analyzing the evidentiary elements submitted, this Tribunal finds that there has been no violation of the fundamental rights of the petitioner or the protected company. This is because, in the reports submitted by the representatives of the respondent authority—which are deemed to have been given under oath, with the consequences, including criminal consequences, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and in the evidence submitted for the resolution of the matter, it has been duly established that the Plan Regulador of the central canton of Limón was published in La Gaceta No. 212, Alcance 225, on November 15, 2023. Thus, under oath, the representatives of the Municipalidad de Limón state that \"The petitioner is incorrect in asserting that the properties he claims were excluded from the Plan Regulador Urbano of the Municipalidad de Limón—published in Gaceta No. 212 of November 15, 2023, Alcance 225, which governs the Canton Central of Limón—were in fact excluded from that Plan Regulador, which is not the case; said properties are contemplated and regulated under the Plan Regulador, as demonstrated in report memorandum UCC-0329-09-07-2025, issued by the Head of the Cadastre Unit of the Municipalidad de Limón.\" This is consistent with memorandum no. UCC-0329-09-07-2025 of July 9, 2025, from the Census and Cadastre Unit (Unidad de Censo y Catastro) of the Municipalidad de Limón, which explicitly states the following: \"Please receive warm greetings from the Topography Unit of the Municipalidad del Cantón Central de Limón. In response to the working session held on Wednesday, July 9, 2025, regarding the properties located in the Canton Central of Limón, District of Limón, in the sector of Empalme Moín known as Villa Plata at CRTM05 coordinates EAST 602059.892 and NORTH 1105530.712, I inform you of the following: upon review of the Cadastral Map of the Registro Nacional, we found that in that sector there are parcels [Valor 015]-000 and [Valor 016]-000, both properties belonging to [Nombre 012], legal entity identification number [Valor 018], where the first has survey plan [Valor 019] with an area of THREE HUNDRED TWENTY-TWO THOUSAND FOUR HUNDRED TWENTY-ONE SQUARE METERS AND THIRTY-TWO SQUARE DECIMETERS, and the second has survey plan [Valor 017] with an area of FIFTY-ONE THOUSAND THREE HUNDRED FIFTY-FIVE SQUARE METERS AND TWENTY-THREE SQUARE DECIMETERS. I am attaching both survey plans and an aerial image for your better reference (…) With respect to the CURRENT land-use plan of the municipality, said properties are zoned as RESIDENTIAL ZONE and both properties fall within the land-use plan; furthermore, both are located within the zone imposed by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados known as ZONA.\"\n\nIn this regard, it has not been established that the Municipalidad de Limón arbitrarily excluded Zone 6 of protection—the absolute aquifer-recharge protection zone of the Moín aquifer—from the Plan Regulador of that canton, since, as reiterated above, the properties of the protected company located in Zone 6 are contemplated and regulated under the Plan Regulador. In any event, it is appropriate to reaffirm what was stated in the first precedent cited to the effect that, at bottom, it is clear that the present claim is simply a matter of disagreement on the part of the petitioning parties with the content of the Plan Regulador de Limón, which, in turn, cannot be reviewed or declared unconstitutional through the summary amparo procedure.\n\nThus, it should be noted that, in the second cited precedent, it is also affirmed that the Sala observed that the claim for partial annulment of the Plan Regulador de Limón and the imposition of specific obligations on various institutions to redefine the protection regime for Zone 6 exceeded the proper scope of the amparo petition, insofar as they implied a review of legality and of the merits of technical and territorial-planning decisions that belong to the Administration in the exercise of its competencies, as well as to the respective ordinary jurisdictions. Likewise, it is apparent that the Tribunal took into account that the problem described by the petitioner is embedded within a structural and complex conflict, involving the interaction of multiple public entities, specialized technical criteria, and inter-institutional coordination processes, such that it was not legally viable, in constitutional proceedings, to substitute those assessments or to order, by this route, the reconfiguration of the challenged regulatory instruments. In this way, far from granting the requested relief, the Sala concluded that the petition did not constitute the appropriate mechanism for channeling the claims advanced, inasmuch as these did not evidence a concrete arbitrary action susceptible to immediate protection, but rather a disagreement with the existing regulation and with the manner in which the authorities have exercised their competencies in this matter, which is why it proceeded to dismiss the petition. Accordingly, the claim continues to revolve around the same structural problem previously analyzed—namely, the alleged insufficiency of the protection regime for the so-called Zone 6 of the Moín aquifer, the failure to incorporate that zone as an area of absolute protection within the Plan Regulador de Limón, and the aim of obtaining, through the amparo route, an order to the competent authorities to adopt measures aimed at modifying or adapting that territorial-planning instrument. It is therefore confirmed that the reason for which the 2 aforementioned precedents were dismissed is the inadmissibility of the amparo as a means of challenging technical assessments and territorial-planning decisions.\n\nLikewise, both the petitioner and the co-intervener allege that the Municipalidad de Limón has failed to comply with what was ordered by this Sala in Sentencia No. 2008-4751 of 12:00 hrs. of May 27, 2008, asserting that the respondent municipality has not incorporated into the Plan Regulador de Limón the so-called Zone 6 of Moín. That being said, the petitioner is hereby informed that, should he determine that the municipality has, to date, failed to comply with the order issued in that ruling, the appropriate course of action is to file the corresponding complaint in the cited case file so that the matter may be resolved in that proceeding in accordance with the law.\n\nIn summary, with respect to this point, no violation of the fundamental rights of the petitioner or the protected company is found.\n\nX.- On the second ground of complaint. On this matter, the petitioner claims that, as a result of the arbitrary exclusion of Zone 6 of protection from the Plan Regulador of that canton, several properties belonging to his client located in that zone have become the site of the informal settlement known as \"Villa Plata,\" giving rise to illegal, unpermitted construction in that protected zone.\n\nIn this regard, the representatives of the Municipalidad de Limón state the following: (…) as for the problem of the invasion or informal settlement that has occurred on the petitioner's parcels, this does not fall within the competency of the Municipalidad de Limón; we likewise inform you that the Municipalidad de Limón has not issued any construction permits for those properties, as the petitioner implies, and we therefore consider that the petitioner is mistaken in the present amparo petition, since the problem occurring on the parcels referenced in this petition is one of informal occupation or invasion, which is not a matter within the competency of the Municipalidad de Limón; as stated above, the Municipalidad de Limón has not issued construction permits or business licenses for those parcels.\n\nIn this way, it is clear that the respondent Municipality has not issued any construction permits for those properties, and that what is involved are squatter settlements (precario) or illegal invasions. Likewise, as noted above in one of the precedents, it is apparent that the Court took into account that the problem raised by the petitioner is part of a structural and complex conflict involving the interaction of multiple public entities, specialized technical criteria, and inter-institutional coordination processes, such that it was not legally viable, at the constitutional level, to substitute those assessments or to order, through this avenue, the reconfiguration of the contested regulatory instruments. Consequently, the appropriate course of action is for the plaintiffs to file the relevant claims through the ordinary courts, so that the matter may be resolved there as the law requires. The petitioner did in fact do so, as explained below.\n\nNow, it is important to clarify that, while in principle matters relating to possible invasions are not the exclusive or inherent responsibility of the Municipality — since such claims are, or may be, addressed by other public bodies such as the Ministry of Security, and eventually the Ministry of Health — the truth is that certain related situations may give rise to general harm to the residents of the canton (munícipes), to the right to health, and to environmental rights, in which case the Municipality does bear a clear responsibility within the framework of the inter-institutional coordination that must occur. Accordingly, it is reiterated that the petitioner did comply with the requirement to report the situation to the Municipalidad de Limón. That filing will be analyzed in the next considerando.\n\nIn any event, this Court considers it important to issue a formal notice (tome nota) to the respondent Municipality to the effect that, since the resolution of the filing submitted on January 11, 2026 remains pending — and the resolution of which is ordered by virtue of what will be explained in the next considerando — the Municipality must review and issue an express ruling on those incidents, and must take whatever coordination steps are found to be appropriate if such a determination is made.\n\nXI.- Regarding the third grievance. Finally, the petitioner challenges the fact that on January 11, 2025, he filed the corresponding claim with the Municipalidad de Limón, but that as of the date of this proceeding his claim has not been resolved.\n\nIn this regard, it is verified that on January 11, 2025, the petitioner did in fact send a filing to the email address ventanilla.unica@municlimon.go.cr, addressed to the Council and to the Mayor's Office of the Municipalidad de Limón, in which he stated the following: \"(…) I request that, in accordance with the provisions of the Construction Law and the Construction Regulations of the Municipalidad de Limón, administrative sanctioning and demolition proceedings be initiated against all persons maintaining structures built without municipal permits in the locality of Moín, specifically in the squatter settlement (precario) Villa Plata, which are located within the protection zone (zona de protección) and aquifer recharge zone (zona de recarga acuífera) of the Moín aquifer, within the so-called zone 6, and situated within the properties (fincas) (…) In the aforementioned proceeding, the Municipalidad de Limón established as proven that the properties owned by my client are located within zone 6 of absolute protection and aquifer recharge of the Moín aquifer and that the squatter settlement Villa Plata is situated on said properties (…) Said report is also clear in noting that the existing structures do not have construction permits (…) FIVE: in the aforementioned amparo proceeding it was also established as proven, and the Municipalidad de Limón is aware, that in the squatter settlement Villa Plata and within my client's properties, due to the formation of the squatter settlement and the illegal constructions, severe environmental damage has occurred in zone 6 of absolute protection of the Moín aquifer, as there has been illegal logging, elimination of wetlands, land-use change (cambio de uso del suelo), earthworks (movimientos de tierra), contamination, application of chemicals to eliminate vegetation, encroachments into protection zones, a situation that has developed over time (…) earthworks for the construction of roads in areas of absolute protection are described, areas in which land-use change and earthworks are prohibited (…) THE DEMOLITION OF ALL EXISTING STRUCTURES WITHIN THE AFOREMENTIONED PROPERTIES AND WHICH DO NOT HAVE MUNICIPAL PERMITS IS ORDERED (…) Furthermore, these are structures built without oversight by the Municipality, ICAA, or the Ministry of Health, and they are generating contamination. All of those dwellings were built and remain standing within an area of high vulnerability to contamination because it constitutes the recharge zone of the Moín aquifer (…) The Municipality must therefore initiate the administrative procedure to demolish all structures located within the absolute protection zone of zone 6 (…) It should be noted that these are illegal structures, without municipal permits, situated within a protection and aquifer recharge zone for the city of Limón. Therefore, having established as proven that more than 194 structures were built in the squatter settlement Villa Plata without municipal permits, in a location where there exists a high-protection zone because it constitutes an aquifer recharge area (…) within the protection and aquifer recharge zone of Moín, they were built in contravention of the regulatory framework, in contravention of the Water Law, and in contravention of environmental laws, as they directly affect the area of absolute protection of the Moín aquifer (…)\". In that document, the petitioner indicated a means for receiving notifications.\n\nIt is further noted that both in the procedural resolution of 11:22 hours of July 3, 2025, and in the resolution of 16:23 hours of November 27, 2025 — in which additional evidence for a better decision (prueba para mejor resolver) was requested — information was requested from the Municipalidad de Limón on this matter; however, in both instances the respondent authority submitted its report without addressing that filing. Therefore, in accordance with Article 45 of the Law on Constitutional Jurisdiction, the facts may be deemed established, in accordance with the assessment of the evidentiary record available in the file, and the Court proceeds to resolve the petition on the basis of the factual record set out above, which does not automatically mean that the petition is granted.\n\nIn this regard, it is established as proven that the email address ventanilla.unica@municlimon.go.cr is an official means of the Municipalidad de Limón for receiving filings. It is likewise established as proven that on January 11, 2025, the petitioner did in fact file a complaint with the respondent Municipality regarding the existence of illegal structures, built without municipal permits and situated within a protection zone and aquifer recharge zone in the city of Limón, and that as of this date said filing has not been resolved. Consequently, it is on record that, as of the date the amparo was filed, an excessive and unreasonable period of more than 06 months had elapsed since the complaint was submitted without it having been addressed by the respondent authority, evidencing a violation of Article 41 of the Political Constitution.\n\nXII.- Regarding the grievances raised in the joinder. Furthermore, in the briefs of July 4, July 15, July 18, July 30, August 6, August 26, August 27, and September 1, all of 2025, Mr. [Nombre 011] files an active joinder (coadyuvancia activa) in support of the petitioner, adding several claims relating to the same situation; however, these challenges concern what he considers to be an unconstitutionality of the Plan Regulador of the canton of Limón.\n\nIn this regard, it is important to note that, as stated in considerando V of this judgment with respect to the second cited precedent, this Court heard those same claims filed by the same Mr. [Nombre 011]. Thus, in judgment no. 2026-013366 of 09:20 hours of April 21, 2026, the following was decided:\n\n\"It is observed that, in judgment n.° 2025039386 of 09:20 hours of November 28, 2025, the Constitutional Chamber heard an amparo petition filed, among others, by the same petitioner, in which a challenge was raised substantially directed against the manner in which the competent public institutions have regulated and managed the protection of the so-called Zone 6 of the Moín aquifer, alleging the existence of inconsistencies among the applicable technical and regulatory instruments, as well as omissions in the incorporation of said zone as an area of absolute protection within the Plan Regulador of the canton of Limón.\n\nIn that regard, it is noted that the petitioner, on that occasion, not only challenged the validity and scope of the AyA Board of Directors' resolutions — particularly numbers 2007-177 and 2011-112 — but also alleged that such provisions introduced parameters that, in his view, were incompatible with the standard of protection required for a highly vulnerable aquifer, while at the same time reproaching the failure to effectively incorporate the restrictions derived from the land-use criteria matrix of Nombre02 into the current territorial planning framework, which, in his view, allowed for the development of urban activities potentially harmful to water resources. It is likewise established that this submission was based on an extensive technical and legal exposition, in which considerations were developed relating to the precautionary principle, the need for inter-institutional coordination, and the obligation to safeguard the fundamental right to a healthy environment, with the core request being the annulment of regulatory provisions, the adoption of structural measures, and the imposition of specific obligations on the respondent authorities to ensure the effective protection of the aquifer.\n\nHowever, the Chamber, on that occasion, decided to dismiss the amparo petition, finding that the petitioner's submission did not demonstrate a direct, current, and individualized violation of fundamental rights, but rather was aimed at challenging, in general terms, the validity, scope, and consistency of technical and regulatory instruments in the areas of territorial planning and water resource protection, as well as at securing the adoption of structural measures and the modification of provisions of general scope. In that regard, it is apparent that the Chamber noted that the claims formulated — such as the declaration of nullity of AyA Board of Directors' resolutions, the partial annulment of the Limón Plan Regulador, and the imposition of specific obligations on various institutions to redefine the protection regime for Zone 6 — exceeded the proper scope of the amparo petition, as they implied a legality and expediency review of technical and territorial planning decisions that fall within the Administration's exercise of its competencies, as well as to the respective ordinary courts. It is likewise apparent that the Court took into account that the problem raised by the petitioner is part of a structural and complex conflict involving the interaction of multiple public entities, specialized technical criteria, and inter-institutional coordination processes, such that it was not legally viable, at the constitutional level, to substitute those assessments or to order, through this avenue, the reconfiguration of the contested regulatory instruments.\n\nIn this way, far from granting the claims submitted, the Chamber concluded that the petition was not the appropriate mechanism through which to channel the claims raised, insofar as they did not demonstrate a specific arbitrary action susceptible to immediate protection, but rather a disagreement with the existing regulations and with the manner in which the authorities have exercised their competencies in this matter, which is why the Chamber proceeded to dismiss it.\n\nNow, it is true that in the present matter the petitioner incorporates some additional elements with respect to the submissions made in the proceeding that gave rise to judgment n.° 2025039386, among them, a reference to technical memorandum SENARA-DIGH-006-2026, the subsequent filing directed to the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo through memorandum AEL-008-2026, as well as the response provided by that entity through memorandum CDU-047-02-2026, on the basis of which the petitioner attempts to reframe his claim under the theory of an alleged regressive administrative omission attributable to that body.\n\nNevertheless, the truth is that, even taking those elements into account, it is apparent that they do not introduce a dispute materially different from the one already submitted to this Chamber's consideration, as they do not alter the factual or legal core that served as the basis for the prior ruling. Indeed, despite the incorporation of a new technical input and subsequent administrative actions, the claim continues to revolve around the same structural problem previously analyzed — namely, the alleged insufficiency of the protection regime for the so-called Zone 6 of the Moín aquifer, the failure to incorporate said zone as an area of absolute protection within the Limón Plan Regulador, and the request that, by way of the amparo petition, competent authorities be ordered to adopt measures aimed at modifying or adjusting that territorial planning instrument.\n\nAlong the same lines, it is noted that the new SENARA report, while presented as a novel element, does not have sufficient weight to transform the nature of the conflict, as its content is limited to reiterating the vulnerability of the aquifer and the incompatibility of the plan regulador with institutional technical criteria — aspects that had already been extensively set out and assessed in the prior proceeding. Likewise, the filing submitted to INVU and the response obtained do not, in themselves, constitute an autonomous violation susceptible to independent analysis, but rather form part of the same overarching challenge regarding the conduct of institutions in the areas of territorial planning and water protection.\n\nFurthermore, even though the petitioner now seeks to focus his criticism on the conduct of INVU, alleging a supposed regressive omission, the truth is that this reformulation does not modify the essence of the claim, as it continues to be aimed at obtaining, at the constitutional level, the adoption of general and structural measures, as well as the redefinition of competencies and the adjustment of regulatory instruments, which, as already determined by this Chamber, exceeds the proper scope of the amparo petition and falls within the purview of ordinary administrative and judicial bodies.\n\nThus, it is established that the reason for which the prior petition was dismissed — namely, the inadmissibility of the amparo as a vehicle for challenging technical assessments and territorial planning decisions, in the absence of a concrete, current, and individualized violation of fundamental rights — remains unaltered in the present case, as the elements now incorporated do not refute that conclusion but rather, on the contrary, confirm that the petitioner persists in raising, under a new formulation, a substantially identical disagreement to the one already resolved by this Court.\n\nConsequently, since no substantial change in the circumstances of the case is evident that would justify a new substantive analysis, the appropriate course is for the petitioner to abide by the ruling in judgment n.°2025039386 of 09:20 hours of November 28, 2025.\n\n(…)\n\nThe petitioner shall abide by the ruling in judgment n.°2025039386 of 09:20 hours of November 28, 2025. Justices Cruz Castro and Rueda Leal dissent and grant the petitioner a period of FIFTEEN DAYS to file, if he sees fit, an action of unconstitutionality against the resolutions of the ICAA Board of Directors and the Limón Plan Regulador.\"\n\nConsequently, since the same grievances are at issue and there are no new elements that would permit a decision different from the one already rendered, the appropriate course is for the co-litigant (coadyuvante) and the petitioner to abide by the ruling in judgment n.°2025039386 of 09:20 hours of November 28, 2025.\n\nXIII.- Conclusion. In light of the foregoing, the appropriate course is to declare the petition partially granted, solely on the ground of a violation of Article 41 of the Political Constitution due to the failure to address the complaint of January 11, 2025. In all other respects, the petition is dismissed.\n\nXIV.- Note of Justice Castillo Víquez, regarding prompt and effective administrative justice. I have supported this Court's position that when a litigant alleges a violation of the right to prompt and effective justice in administrative proceedings, it is the Administrative Courts (Tribunales de lo Contencioso-Administrativo) — and not this Chamber — that have jurisdiction over the legal dispute. However, with the recent enactment of Law n.° 9097, the Law on Regulation of the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection by way of the amparo petition established under Article 32 of the Law on Constitutional Jurisdiction, read in conjunction with Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting his or her fundamental rights. In my view, the recently enacted legislation does not require this Court to modify its line of case law; pursuant to Article 7 of its own Law, it is exclusively this Court's prerogative to define its own jurisdiction. Therefore, except for those constitutional disputes that this same Chamber has recognized as exceptional cases — which may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo proceeding — in all other cases, and for the reasons given by this Court (judgment N° 2008-02545 of 8:55 hours of February 22, 2008), jurisdiction lies with the judges of the administrative courts, all of which is consistent with Article 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding statutory provisions, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal order.\n\nXV.- NOTE OF JUSTICE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the view of the undersigned that, where the Public Administration has already intervened, jurisdiction for review and resolution lies with the administrative courts. Nonetheless, I do enter into the merits of the matter when other rights of persons affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from contamination (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which the petitioner states that he filed a complaint regarding the environmental problems caused by illegal constructions on land that was excluded from zone 6 of absolute aquifer recharge protection of the Moín aquifer under the Plan Regulador (squatter settlement Villa Plata), with impact on the real properties owned by the protected company — [Nombre 002] — a complaint that has not been definitively resolved.\n\nXVI.- DISSENTING VOTE OF JUSTICE RUEDA LEAL. I maintain that this matter should be summarily rejected, inasmuch as the petitioner files the amparo petition on behalf of a legal entity. Of relevance to the present case, in the dissenting vote I recorded in judgment no. 2019002355 of 9:30 hours of February 12, 2019, I held:\n\n\"in Advisory Opinion 22-16 of February 26, 2016, the Inter-American Court of Human Rights indicated that, while some States recognize the right of petition for legal entities under special conditions — such as trade unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups — the fact remains that 'Article 1.2 of the American Convention only enshrines rights in favor of natural persons, so that legal entities are not holders of the rights enshrined in that treaty.' On the other hand, in the same advisory opinion, the Inter-American Court held that, in certain particular contexts, natural persons may exercise their rights through legal entities (for example, through a media outlet, as occurred in the case of Granier et al. v. Venezuela); however, for this to be protectable before the inter-American system, 'the exercise of the right through a legal entity must involve an essential and direct relationship between the natural person who requires protection from the inter-American system and the legal entity through which the violation occurred, since a simple link between both persons is not sufficient to conclude that the rights of natural persons, rather than those of legal entities, are effectively being protected. Indeed, it must be proven beyond mere participation of the natural person in the activities of the legal entity, in such a way that said participation is substantially related to the rights alleged to have been violated.' (emphasis added) (OC. 22/16).\"\n\nIn my view, a reading of the Law on Constitutional Jurisdiction compels the same ratio as the foregoing conventional hermeneutic with respect to every fundamental right. Thus, in a constitutional proceeding filed on behalf of a legal entity, its admission for consideration requires an essential and direct relationship between the legal entity that claims to be affected by a violation of the constitutional order and the natural person who, as a result of that violation, suffers a reflected but direct impairment of a fundamental right. For these purposes, a mere reference to a connection or link between the legal entity and the natural person is insufficient to infer that the constitutional proceeding is precisely intended to safeguard the fundamental rights of the latter, rather than merely those of the former. The aforementioned requirement thus becomes a sine qua non condition for the admissibility of constitutional review by this jurisdiction. Based on the foregoing, I conclude that this must be the interpretive standard to be applied to the Law on Constitutional Jurisdiction, so that in the present case constitutional jurisdictional review is inadmissible, since, based on the evidence in the record, the essential link between the protected legal entity and any specific natural person has not been demonstrated, specifically in relation to the allegedly violated right.\n\nXVII.- DOCUMENTS SUBMITTED TO THE FILE. The parties are hereby notified that should any document in paper form, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer-based, magnetic, optical, telematic, or new-technology device have been submitted, these must be retrieved from the clerk's office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,\" approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial in session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nThe petition is declared partially granted, solely on the ground of a violation of Article 41 of the Political Constitution due to the failure to address the complaint of January 11, 2025. Juan Pablo Poveda Chinchilla, in his capacity as Council President; Ana Matarrita Mc Calla, in her capacity as Mayor; and Antonio Babb Ried, in his capacity as Head Director of the Technical and Studies Unit — all of the Municipalidad de Limón — or whoever holds those offices, are hereby ordered to coordinate the relevant matters and take the appropriate steps within the scope of their respective competencies so that, within a maximum period of ONE MONTH counted from the notification of this judgment, the petitioner's filing of January 11, 2025 is addressed as the law requires, and notification of the corresponding resolution is sent to the means designated by him. The respondent authorities are hereby warned that, pursuant to Article 71 of the Law on Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on any person who receives an order that he or she is required to comply with or enforce, issued within an amparo proceeding, and fails to comply with or enforce it, provided the offense is not more severely punishable under another provision. The Municipalidad de Limón is condemned to pay costs and for the damages and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be assessed in enforcement proceedings before the administrative courts. Furthermore, with respect to the joinder briefs submitted, the co-litigant and the petitioner shall abide by the ruling in judgment n.°2025039386 of 09:20 hours of November 28, 2025. The Municipalidad de Limón is hereby put on notice of the contents of the last paragraph of considerando X of this judgment. In all other respects, the petition is dismissed. Justice Castillo appends a note. Justice Salazar Alvarado appends a note. Justice Rueda Leal dissents and votes to summarily reject the petition. Notify the parties.\n\nFernando Castillo V.\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n-- Verification Code --\n*KYGDDITDLA*\nKYGDDITD1LA61\n\nEXPEDIENTE N° 25-018602-0007-CO\n\nTelephone: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 meters south of the Perpetuo Socorro Church)."
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