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  "id": "nexus-sen-1-0007-1412079",
  "citation": "Res. 25107-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Amparo inadmisible por orden de demolición en zona de protección fluvial",
  "title_en": "Amparo inadmissible against demolition order in river protection zone",
  "summary_es": "La Sala Constitucional rechazó de plano un recurso de amparo interpuesto a favor de una adulta mayor de 72 años, propietaria de una vivienda en el cantón de Mora construida en 1986 —antes de la entrada en vigencia de la Ley Forestal— ubicada en zona de protección de un río. Pese a que el proceso penal por supuesta invasión concluyó con sobreseimiento definitivo por falta de prueba, el Juzgado Penal de Pavas ordenó la demolición total de la vivienda como consecuencia civil. La parte recurrente alegó violación al principio de irretroactividad, al derecho de propiedad y al debido proceso (por falta de emplazamiento efectivo en apelación), e invocó un conflicto entre el derecho a un ambiente sano y los derechos a la vivienda y a una vejez digna, señalando la existencia de medidas ambientales correctivas como alternativa menos lesiva. La Sala declaró el recurso inadmisible con base en el artículo 30, inciso b), de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que excluye el amparo contra actuaciones jurisdiccionales del Poder Judicial, remitiendo a las partes a las vías ordinarias de legalidad.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber summarily rejected an amparo filed on behalf of a 72-year-old woman who owns a home in Mora canton built in 1986—before the Forestry Law took effect—situated in a river protection zone. Although the criminal proceeding for alleged encroachment ended in a definitive dismissal for lack of evidence, the Juzgado Penal de Pavas ordered the total demolition of the house as a civil consequence. The petitioner argued violations of non-retroactivity, property rights, and due process (failure to properly notify the appeal), and raised a conflict between the right to a healthy environment and the rights to housing and dignified old age, pointing to corrective environmental measures as a less harmful alternative. The Sala declared the amparo inadmissible under Article 30(b) of the Constitutional Jurisdiction Law, which bars amparo review of the Poder Judicial's jurisdictional acts, and directed the parties to ordinary legal channels.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "02/07/2026",
  "year": "2026",
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  "es_concept_hints": [
    "zona de protección (mandatory river/water-body buffer strip under Art. 33 Ley Forestal 7575)",
    "sobreseimiento definitivo (definitive criminal dismissal for lack of evidence)",
    "irretroactividad de la ley (constitutional non-retroactivity principle)",
    "derechos adquiridos (vested/acquired rights doctrine)",
    "Art. 30(b) LJC (statutory bar on amparo against Poder Judicial jurisdictional acts)",
    "consecuencia civil (civil remedy—here demolition—ordered within a criminal proceeding)",
    "medidas ambientales correctivas (corrective environmental measures proposed as demolition alternative)",
    "amparo constitucional (constitutional injunction remedy before Sala Constitucional)"
  ],
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  "keywords_es": [
    "zona de protección fluvial",
    "demolición de vivienda",
    "amparo inadmisible",
    "irretroactividad",
    "derechos adquiridos",
    "Ley Forestal",
    "sobreseimiento definitivo",
    "persona adulta mayor",
    "debido proceso",
    "emplazamiento en apelación",
    "derecho a la vivienda",
    "ambiente sano",
    "medidas ambientales correctivas",
    "consecuencia civil proceso penal",
    "artículo 30 LJC"
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  "keywords_en": [
    "river protection zone",
    "housing demolition order",
    "inadmissible amparo",
    "non-retroactivity",
    "acquired rights",
    "Forestry Law",
    "criminal dismissal",
    "elderly person vulnerability",
    "due process",
    "appeal notification failure",
    "right to housing",
    "right to healthy environment",
    "corrective environmental measures",
    "civil consequence in criminal proceeding",
    "Article 30 Constitutional Jurisdiction Law"
  ],
  "excerpt_es": "Vista las manifestaciones de la parte recurrente, adviértase que las disconformidades de la parte accionante con las actuaciones de la autoridad jurisdiccional, dentro del ámbito de su competencia y en un proceso que le corresponde tramitar y resolver, está exento de la revisión vía amparo. Lo anterior, conforme al artículo 30, inciso b), de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el cual reza:\n\n\"Artículo 30. No procede el amparo:\n(…)\nb) Contra las resoluciones y actuaciones jurisdiccionales del Poder Judicial\n(…)\".\n\nPor ello, al no estar dichos actos sometidos al control de constitucionalidad por la vía del amparo, los agravios y pretensiones que sirven de sustento a este recurso deberán ser planteados a través de las vías de legalidad ordinarias establecidas para tales efectos.\n\nEn consecuencia, este proceso es inadmisible y así se declara.",
  "excerpt_en": "It is noted that the petitioner's disagreements with the actions of the jurisdictional authority—acting within its competence and in a proceeding it is responsible for conducting and resolving—are exempt from amparo review. This is in accordance with Article 30, paragraph b), of the Constitutional Jurisdiction Law, which reads:\n\n\"Article 30. Amparo does not lie:\n(…)\nb) Against the judicial resolutions and actions of the Poder Judicial\n(…)\".\n\nTherefore, since those acts are not subject to constitutional review through the amparo mechanism, the grievances and claims that underpin this petition must be raised through the ordinary channels of legal review established for such purposes.\n\nConsequently, this proceeding is inadmissible and is so declared.",
  "outcome": {
    "label_en": "Inadmissible",
    "label_es": "Inadmisible",
    "summary_en": "The Sala summarily rejected the amparo because Article 30(b) of the Constitutional Jurisdiction Law bars constitutional review via amparo of Poder Judicial jurisdictional acts; the parties were directed to pursue ordinary legal remedies.",
    "summary_es": "La Sala rechazó de plano el amparo porque el artículo 30, inciso b), de la Ley de la Jurisdicción Constitucional impide la revisión vía amparo de las actuaciones jurisdiccionales del Poder Judicial; las partes fueron remitidas a las vías ordinarias de legalidad."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando I — Objeto del recurso",
      "quote_en": "From the analysis of the case file, it is clear that the petitioner's aim is to express disagreement with the challenged tribunal's decision to issue a definitive dismissal accompanied by a demolition order affecting the protected person's home, on the grounds that it violates due process.",
      "quote_es": "Del análisis de los autos, se desprende que la pretensión de la parte recurrente es mostrar su disconformidad ante la decisión por parte del Tribunal recurrido de declarar el sobreseimiento definitivo y una orden de demolición de la vivienda que afecta a la tutelada, por considerarlo contrario al debido proceso."
    },
    {
      "context": "Resultando 1",
      "quote_en": "Furthermore, the petitioner identifies a conflict between the right to a healthy environment, the right to housing, and the right to a dignified old age, noting that less harmful alternatives exist, such as corrective environmental measures recommended by technical authorities.",
      "quote_es": "En adición, denota la existencia de un conflicto entre el derecho a un ambiente sano, a la vivienda y a una vejez digna, al considerar que existen alternativas menos lesivas, como medidas ambientales correctivas sugeridas por autoridades técnicas."
    },
    {
      "context": "Resultando 1",
      "quote_en": "The petitioner argues that execution of the demolition order would leave the protected person without a place to live, worsening her condition of vulnerability.",
      "quote_es": "Aduce que, la ejecución de la demolición dejaría a la tutelada sin lugar donde habitar, agravando su condición de vulnerabilidad."
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  "body_es_text": "\n\nEXPEDIENTE N° 26-022839-0007-CO \n\nPROCESO: RECURSO DE AMPARO\n\nRESOLUCIÓN Nº 2026025107\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del dos de julio de dos mil veintiseis .\n\n Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, a favor de Nombre02, cédula de identidad CED02, contra el PODER JUDICIAL.\n\nResultando:\n\n 1.- Por escrito recibido por la secretaria de esta Sala el 24 de junio de 2026, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el PODER JUDICIAL, y manifiesta que la amparada es persona adulta mayor de 72 años, quien es propietaria de una finca ubicada en el cantón de Mora, la cual fue adquirida mediante contrato de permuta celebrado con la sociedad Inversiones Ramírez & Borbón, y que desde su inscripción registral el inmueble ya contaba con casa de habitación construida desde el año 1986, previo a la entrada en vigencia de la Ley Forestal. Posteriormente, se inició en su contra un proceso penal por presunta invasión a zona de protección, bajo la sumaria 19-037072-0042-PE, dentro del cual se dictó sobreseimiento definitivo por falta de prueba, pero aun así se ordenó como consecuencia civil la demolición total de la vivienda mediante resolución de las 15:00 horas del 04 de marzo de 2026 del Juzgado Penal de Pavas. Aduce que, el 12 de marzo de 2026, presentó incidente de actividad procesal defectuosa ante el Tribunal Penal de Delincuencia Organizada, solicitando que se repusiera el emplazamiento del recurso de apelación omitido por el Juzgado Penal de Pavas. Lo anterior, fue declarado sin lugar mediante voto número 090-2026, de las 15:30 horas del 30 de abril de 2026, mientras que un incidente de actividad procesal defectuosa presentado el 13 de mayo de 2026 fue rechazado. Indica que, la demolición se fundamentó en una supuesta invasión en un área de protección del río; no obstante, alega que ello implica una aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de derechos patrimoniales adquiridos, siendo contrario al principio de irretroactividad, del derecho de propiedad y del debido proceso, así como del derecho de defensa por falta de emplazamiento efectivo en apelación, especialmente considerando su condición de persona adulta mayor y vulnerable. En adición, denota la existencia de un conflicto entre el derecho a un ambiente sano, a la vivienda y a una vejez digna, al considerar que existen alternativas menos lesivas, como medidas ambientales correctivas sugeridas por autoridades técnicas. Aduce que, la ejecución de la demolición dejaría a la tutelada sin lugar donde habitar, agravando su condición de vulnerabilidad. Tras lo cual, considera lesionados los derechos fundamentales de la amparada y solicita se declare con lugar el recurso con sus consecuencias.\n\n 2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. \n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y, \n\nConsiderando:\n\n I.- OBJETO DEL RECURSO. Del análisis de los autos, se desprende que la pretensión de la parte recurrente es mostrar su disconformidad ante la decisión por parte del Tribunal recurrido de declarar el sobreseimiento definitivo y una orden de demolición de la vivienda que afecta a la tutelada, por considerarlo contrario al debido proceso. Solicita la intervención de esta Sala.\n\nII.- SOBRE EL CASO EN CONCRETO. Vista las manifestaciones de la parte recurrente, adviértase que las disconformidades de la parte accionante con las actuaciones de la autoridad jurisdiccional, dentro del ámbito de su competencia y en un proceso que le corresponde tramitar y resolver, está exento de la revisión vía amparo. Lo anterior, conforme al artículo 30, inciso b), de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el cual reza: \n\n“Artículo 30. No procede el amparo:\n\n(…)\n\nb) Contra las resoluciones y actuaciones jurisdiccionales del Poder Judicial\n\n(…)”.\n\nPor ello, al no estar dichos actos sometidos al control de constitucionalidad por la vía del amparo, los agravios y pretensiones que sirven de sustento a este recurso deberán ser planteados a través de las vías de legalidad ordinarias establecidas para tales efectos. \n\nEn consecuencia, este proceso es inadmisible y así se declara.\n\n III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI\n\nPor tanto:\n\n Se rechaza de plano el recurso. \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n IFYW5FAJ3ZW61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-022839-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).",
  "body_en_text": "EXPEDIENTE N° 26-022839-0007-CO\n\nPROCEEDING: AMPARO PETITION (RECURSO DE AMPARO)\n\nRULING N° 2026025107\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours and twenty-five minutes on the second of July, two thousand twenty-six.\n\nAmparo petition filed by Nombre01, national identity card (cédula de identidad) CED01, on behalf of Nombre02, national identity card CED02, against the PODER JUDICIAL.\n\nBackground:\n\n1.- By written submission received by the clerk of this Court on June 24, 2026, the petitioning party (parte recurrente) files an amparo petition against the PODER JUDICIAL, and states that the protected individual (amparada) is an older adult (persona adulta mayor) of 72 years of age, who owns a property (finca) located in the canton (cantón) of Mora, which was acquired through an exchange contract (contrato de permuta) entered into with the company Inversiones Ramírez & Borbón, and that from the time of its registration in the property registry (inscripción registral), the real property already had a dwelling constructed since 1986, prior to the entry into force of the Ley Forestal. Subsequently, criminal proceedings (proceso penal) were initiated against her for the alleged invasion of a protection zone (zona de protección), under criminal case (sumaria) 19-037072-0042-PE, within which a definitive dismissal (sobreseimiento definitivo) was issued for lack of evidence; however, the total demolition of the dwelling was nonetheless ordered as a civil consequence by resolution issued at 15:00 hours on March 4, 2026, by the Juzgado Penal de Pavas. The petitioning party argues that, on March 12, 2026, she filed a motion challenging defective procedural activity (incidente de actividad procesal defectuosa) before the Tribunal Penal de Delincuencia Organizada, requesting that the omitted service of notice (emplazamiento) of the appeal (recurso de apelación) that had been overlooked by the Juzgado Penal de Pavas be reinstated. This motion was denied by voto número 090-2026, issued at 15:30 hours on April 30, 2026, while a motion challenging defective procedural activity filed on May 13, 2026, was likewise rejected. She indicates that the demolition was ordered on the basis of an alleged encroachment upon a river protection zone; however, she argues that this constitutes a retroactive application of the law to the detriment of vested patrimonial rights, in violation of the principle of non-retroactivity (irretroactividad), the right to property (derecho de propiedad), and due process (debido proceso), as well as the right of defense (derecho de defensa) due to the lack of effective service of notice on appeal, particularly given her status as an older adult and vulnerable person. Additionally, she notes the existence of a conflict between the right to a healthy environment, the right to housing, and the right to a dignified old age, arguing that less harmful alternatives exist, such as corrective environmental measures suggested by technical authorities. She contends that carrying out the demolition would leave the protected individual without a place to live, worsening her condition of vulnerability. On the basis of the foregoing, she considers that the fundamental rights of the protected individual have been violated and requests that the petition be granted with all resulting consequences.\n\n2.- Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional authorizes this Court to dismiss outright, or on the merits, at any time—including from the moment of filing—any application (gestión) brought before it that is manifestly inadmissible, or when the Court considers that there are sufficient grounds to reject it, or when the matter constitutes a mere restatement or reproduction of a prior identical or similar application that was previously rejected.\n\nThe opinion is authored by Justice (Magistrado) Castillo Víquez; and,\n\nConsidering:\n\nI.- SUBJECT OF THE PETITION. From a review of the case file, it is apparent that the petitioning party's claim is to express disagreement with the respondent tribunal's decision to issue a definitive dismissal and a demolition order affecting the protected individual's dwelling, which the petitioning party considers to be contrary to due process. She requests the intervention of this Court.\n\nII.- ON THE SPECIFIC CASE. In light of the petitioning party's submissions, it should be noted that the disagreements of the plaintiff (accionante) with the actions of the jurisdictional authority, acting within the scope of its jurisdiction and in proceedings that fall within its mandate to process and resolve, are exempt from review by way of amparo. This is in accordance with Art. 30, subsection b), of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, which reads:\n\n\"Article 30. Amparo does not lie:\n\n(…)\n\nb) Against jurisdictional resolutions and actions of the Poder Judicial\n\n(…).\"\n\nTherefore, since those acts are not subject to constitutional review (control de constitucionalidad) by way of amparo, the grievances and claims that form the basis of this petition must be raised through the ordinary legal channels (vías de legalidad ordinarias) established for such purposes.\n\nConsequently, this proceeding is inadmissible and is so declared.\n\nIII.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. The parties are hereby notified that if any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, have been submitted, such materials must be retrieved from the court office (despacho) within a maximum period of 30 business days counted from notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Regulations on Electronic Case Files before the Poder Judicial\" (\"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\"), approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nThe petition is dismissed outright.\n\nFernando Castillo V.\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification Code --\n\nIFYW5FAJ3ZW61\n\nEXPEDIENTE N° 26-022839-0007-CO\n\nTelephone: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. South of the Iglesia del Perpetuo Socorro)."
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