{ "id": "nexus-sen-1-0007-1412600", "citation": "Res. 25675-2026 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Acceso agua potable en zona Patrimonio Natural del Estado", "title_en": "Potable Water Access Denied in State Natural Heritage Zone", "summary_es": "La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo interpuesto por una madre a favor de sí misma y sus dos hijas menores de edad en contra de la ASADA de La Palma Integrada y el ICAA, por la negativa de acceso al agua potable en la comunidad de Playa Colibrí, Puerto Jiménez. La Sala determinó que el sector donde residen las recurrentes se ubica en Patrimonio Natural del Estado, conforme al criterio técnico del SINAC, lo que imposibilita legal y materialmente la instalación del servicio. La ASADA ejecutó la Etapa 1 de un proyecto hídrico instalando siete previstas para vecinos fuera de la zona restringida; la Etapa 2, que incluiría el sector de las amparadas, permanece detenida por litigios penales y ambientales vigentes. La mayoría de la Sala remitió las controversias sobre tenencia de tierra y legitimidad de la ocupación a la vía ordinaria. Dos magistrados salvaron el voto y ordenaron requerir informe a ARESEP.", "summary_en": "The Constitutional Chamber denied an amparo filed by a mother on behalf of herself and her two minor daughters against ASADA La Palma Integrada and ICAA, alleging denial of potable water service in the Playa Colibrí community, Puerto Jiménez. The Chamber found that the petitioners' sector falls within Patrimonio Natural del Estado (State Natural Heritage) as certified by SINAC's technical assessment, legally and materially preventing water service installation. The ASADA had completed Phase 1 of a water project, installing seven connections for residents outside the restricted zone; Phase 2 — covering the petitioners' sector — remains suspended due to ongoing criminal and environmental proceedings. The majority referred land tenure and occupancy disputes to ordinary courts rather than the amparo process. Two justices (Cruz Castro and Rueda Leal) dissented, ordering continuation of proceedings to obtain a report from public services regulator ARESEP.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "10/07/2026", "year": "2026", "topic_ids": [], "primary_topic_id": null, "es_concept_hints": [ "Patrimonio Natural del Estado", "ASADA (Asociación Administradora de Acueductos y Alcantarillados)", "voto salvado", "zona marítimo terrestre", "amparo constitucional", "interés superior del niño", "SINAC", "prevista de agua" ], "article_citations": [], "keywords_es": [ "agua potable", "ASADA", "Patrimonio Natural del Estado", "SINAC", "amparo constitucional", "Playa Colibrí", "Puerto Jiménez", "zona marítimo terrestre", "humedal", "asentamiento irregular", "voto salvado", "ICAA", "AyA", "servicio público", "derecho al agua", "menores de edad", "interés superior del niño", "ARESEP", "ocupación irregular", "acueducto comunal" ], "keywords_en": [ "potable water", "ASADA", "State Natural Heritage", "SINAC", "constitutional amparo", "Playa Colibrí", "Puerto Jiménez", "maritime terrestrial zone", "wetland", "informal settlement", "dissenting vote", "ICAA", "AyA", "public water service", "right to water", "minor children", "best interest of the child", "ARESEP", "irregular occupation", "community aqueduct" ], "excerpt_es": "Desde este panorama, en los términos planteados en el escrito de interposición, se descarta alguna situación que, en este momento, amerite la intervención de la Sala.\n\nEn primer lugar, la persona accionante no expuso que la Asada le haya denegado alguna solicitud específica planteada por ella. Ahora, no está de más señalar que, es en las vías ordinarias, donde la persona recurrente puede someter a contradictorio su posición, a fin de que se ventile si ocupa de forma legítima la propiedad aludida, si esta se encuentra en zona de Patrimonio Natural del Estado, o bien, si tiene derecho a la conexión del servicio de agua.\n\nAdemás, la colocación de fuentes públicas o el ofrecimiento de alternativas provisionales de suministro, en lo que atañe a esta jurisdicción constitucional, no resultan procedentes en asentamientos que se encuentren en zonas catalogadas como Patrimonio Natural del Estado, toda vez que determinar si las propiedades se encuentran ocupadas de forma legítima excede la sumariedad del recurso de amparo.", "excerpt_en": "From this overview, in the terms set forth in the petition, there is no situation at this time that warrants the Chamber's intervention.\n\nIn the first place, the petitioner did not allege that the ASADA denied any specific request she had formally submitted. It is worth noting that it is through ordinary legal channels where the petitioner may contest her position, in order to determine whether she lawfully occupies the referenced property, whether it falls within an area classified as Patrimonio Natural del Estado, or whether she has the right to a water service connection.\n\nFurthermore, the placement of public water sources or the offering of provisional supply alternatives, insofar as this constitutional jurisdiction is concerned, is not appropriate in settlements located in areas classified as Patrimonio Natural del Estado, since determining whether the properties are lawfully occupied exceeds the summary nature of the amparo remedy.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The Chamber denied the amparo, finding that the petitioners' sector is State Natural Heritage land per SINAC's technical determination, legally and materially preventing water service installation; two justices dissented.", "summary_es": "La Sala declaró sin lugar el amparo, al determinar que el sector donde habitan las recurrentes es Patrimonio Natural del Estado según criterio técnico del SINAC, lo que imposibilita legal y materialmente la instalación del servicio de agua potable; dos magistrados salvaron el voto." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando IV (citando sentencia 2014-9134, adoptada por la Sala)", "quote_en": "As long as the failure to provide potable water service is not an arbitrary, capricious, or unfounded action, but is instead justified by legal or material impossibility, there is no violation of fundamental rights.", "quote_es": "siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales." }, { "context": "Considerando IV (citando sentencia 2025041106)", "quote_en": "The respondent authorities are legally and materially prevented from including the petitioner in billing or from installing the potable water service she claims, due to the special conditions the zone presents.", "quote_es": "las autoridades accionadas están imposibilitadas legal y materialmente a su inclusión en la facturación o para la instalación del servicio de agua potable que alega la recurrente, por las condiciones especiales que presenta la zona." }, { "context": "Considerando V — Voto salvado (magistrados Cruz Castro y Rueda Leal)", "quote_en": "What is alleged in this case corresponds, prima facie, to a problem of great magnitude — it is not merely a community lacking potable water, but one where the water source they must resort to fails to meet the standards set by the Ministry of Health for human consumption.", "quote_es": "lo alegado en el sub lite corresponde, prima facie, a un problema de gran magnitud, pues no solamente se trata de una comunidad que se encuentra desabastecida de agua potable, sino que incluso se menciona que la fuente de agua a la que deben acudir irrespeta los estándares fijados por el Ministerio de Salud para el consumo humano." }, { "context": "Considerando I", "quote_en": "The resource is admissible, given that the respondent ASADA provides a public service.", "quote_es": "el recurso es admisible, por cuanto la Asada recurrida presta un servicio público." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "", "tier": 2, "is_environmental": true, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "EV Generación de Machote: D:\\Gestion-Judicial\\Servidor de Archivos\\MODELOS\\S4SENAMH001.dpj\n\n\n\nExp: 26-012749-0007-CO \n\nRes. Nº 2026025675\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del diez de julio de dos mil veintiseis .\n\n Recurso de amparo que se tramita en expediente nro. 26-012749-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, a favor de SÍ MISMA y de Nombre02 y Nombre03, contra la ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO (Asada) DE LA PALMA INTEGRADA Nombre04 y el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA).\n\nResultando:\n\n 1.- Por escrito incorporado al expediente digital el 13 de abril de 2026, la persona accionante Nombre01 interpone recurso de amparo a favor de sí misma y de Nombre05 y Nombre03, en contra de la Asada de La Palma Integrada Nombre04 y el ICAA, por la omisión de garantizar el acceso al agua potable. Refiere que es la encargada del cuido y protección de las personas tuteladas. Manifiesta: “III. OBJETO: Que se ordene a las autoridades recurridas garantizar de manera inmediata el acceso al agua potable, al menos mediante abastecimiento provisional, conforme al artículo 71 del Reglamento del AyA, ante la existencia de un riesgo sanitario real, actual e inminente, especialmente tratándose de personas menores de edad y se tomen las medidas necesarias para que se nos brinde el servicio del agua potable. HECHOS 1. La suscrita y mi compañero sentimental junto a nuestras dos hijas menores de edad habitamos en la Comunidad de Playa Colibrí en condición de vulnerabilidad. 2. No nos brindan el servicio de agua potable, pese que a otro sector de la comunidad, si (sic) existe cobertura activa, a ellos si le brindan el servicio, por razones que desconocemos, no se (sic) si es discriminación, o simple rechazo por ser la zona de colibrí (sic) en la que vivimos familias muy pobres. Lo cierto del caso es que el comité de vecinos de colibrí (sic) lo solicito (sic) y se les negó el servicio de agua Potable (sic) a la comunidad. 3. Por la necesidad debimos construir posos (sic) para nuestras actividades cotidianas, es la única agua a la que tenemos acceso, debemos consumir y utilizar agua de pozo sin tratamiento, con riesgo para la salud. 4. Como única alternativa parcial, la Asada de Puerto Jimenez (sic), permite recolectar agua en un punto o tubo ubicado en las oficinas de la Asada en la palma (sic), sin embargo ello implica recorridos de hasta dos horas, lo cual resulta materialmente insuficiente , y bastante complicado, el sol en esta zona es realmente fuerte hasta se descompone uno muchas veces al ir a traer botellas de agua, lo que nos indigna y nos duele y extraña es que a unos doscientos metros existe de nuestro caserío, si (sic) se brinda activamente el servicio de agua potable , y en un sector que son menos las familias y personas en vulnerabilidad. 5. La ASADA de Puerto Jiménez administra dicha infraestructura, bajo supervisión del AyA, existiendo una relación de coordinación funcional que no puede traducirse en la exclusión de sectores específicos. 6. Esta situación configura una exclusión arbitraria, en la cual algunas familias reciben el servicio y otras -incluyendo personas menores de edad- quedan completamente desprotegidas. 7. A pesar de la situación descrita, no se han adoptado medidas efectivas para garantizar el acceso al agua potable. 8. No contar con agua potable y que se nos niegue el servicio, nos coloca en una posición en la cual pese a que hay adultos mayores y niños pequeños, las condiciones de higiene, salud y dignidad, son mínimas. 9. La omisión es actual, continua y agravada, afectando directamente la salud, la dignidad y la vida de las personas menores de edad, de este sector de la comunidad, así como a adultos mayores y demás miembros de las familias en general. 10. Reitero : En La Palma existe una ASADA con infraestructura de agua potable, y es la que brinda el servicio al cantón, y a muchas comunidades, incluso a un sector de colibrí (sic) se le da el servicio activamente, por lo que el acceso al agua no es real ni efectivo, para unos cuantos y para otros sí. 11. A pesar de existir infraestructura cercana, el AyA ni la Asada han adoptado medidas para solucionar esta situación al contrario parece que la discriminación al sector donde vivimos es muy evidente, situación que no comprendemos pero nos urge el agua potable para nuestros hijos , y familias en general, por nuestra salud. 12. La omisión es actual, continua y afecta directamente a personas menores de edad, adulto mayores y familias en general. Señores magistrados La (sic) situación es inmediata, urgente, cada día aumenta el riesgo a la salud con la negación del servicio de agua potable a este sector de colibrí (sic), constituyendo el comportamiento de la Asada de la Palma una violación continuada de derechos fundamentales y riesgos inminentes para la salud de muchos niños ,adultos mayores, familias y población en general. VI. DERECHOS VIOLENTADOS, Artículo 21 Constitución: vida, Artículo 50: salud, Artículo 51: protección a menores La Sala Constitucional ha reconocido que el acceso al agua potable es parte del derecho a la vida y la salud (entre otras, votos 2006-12562 y 2012-16353). Asimismo: Artículo 71 del Reglamento del AyA y Principio del interés superior del niño. V. DERECHO INTERNACIONAL: ,Resolución 64/292 de la ONU , Observación General N° 15, Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 24) , Corte IDH, caso Yakye Axa vs. Paraguay. Lo que estoy solicitando respetuosamente es una medida humanitaria, que se nos brinde el servicio del agua potable para la protección de la salud y demás derechos fundamentales lesionados. Señores Magistrados, recordemos que El artículo 71 del Reglamento del AyA permite abastecimiento provisional en riesgo sanitario. Aquí hay riesgo claro, hay infraestructura cercana y no hay actuación. Esto convierte la omisión en arbitraria, TOMESE (sic) EN CUENTA reitero que el agua se le brinda a un sector de la comunidad de Colibrí o sea la Asada brinda el servicio de agua a unos si (sic) y a otros no, repito, muy cerca de nosotros hay una pluma de agua, pero no podemos tocarla, hay varios medidores y se brinda el servicio a un sector . Ninguna distribución de competencias justifica dejar a niñas sin agua potable. DISCRIMINACIÓN La afectación recae sobre unas familias pobres. Esto constituye discriminación por condición socioeconómica. La pobreza no puede ser razón para negar acceso al agua DERECHO INTERNACIONAL. Tanto la normativa nacional como la internacional protege el derechos del cual se nos esta lesionando • ONU Resolución 64/292: derecho humano al agua • Observación General N° 15: acceso indispensable para vida digna • Convención sobre los Derechos del Nino (art. 24) • Corte IDH (Caso Yakye Axa vs Paraguay): el Estado debe garantizar condiciones mínimas de vida. ACLARACIÓN. Con todo respeto lo que rogamos es una medida humanitaria, procurar la salud PRUEBA: Fotografías, Croquis (sic) PETITORIA por lo expuesto, solicito respetuosamente a la Sala Constitucional: 1.- Declarar con lugar el presente recurso de amparo, por la violación a los derechos fundamentales a la vida, la salud, la dignidad humana y el acceso al agua potable de las personas menores de edad involucradas. 2. Ordenar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) que, de manera inmediata y sin dilación alguna, adopte las medidas necesarias para garantizar de momento al menos un abastecimiento provisional, continuo y suficiente de agua potable, conforme al artículo 71 de su Reglamento, ya sea mediante: a) instalación de sistemas provisionales, b) conexión temporal, c) o suministro mediante cisternas u otros medios idóneos. 3. Disponer que dicho abastecimiento se mantenga mientras persistan las condiciones de riesgo sanitario. 4. Ordenar a la autoridad recurrida adoptar medidas prioritarias y diferenciadas en protección de las personas menores de edad, conforme al principio del interés superior del niño y tomen las medidas necesarias para que a mí a mi familia y a los vecinos del sector de playa colibrí (sic) que se les ha negado el servicio se les otorgue el servicio de agua potable. Condenar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y a la Asada de Puerto Jiménez al pago de las costas, daños y perjuicios, y demás gastos pecuniarios , los que serán liquidados en la vía correspondiente, conforme a lo dispuesto por la normativa constitucional y procesal aplicable. CUESTIONES DE TRAMITE (sic): Autorizo a la Licenciada Keli Valverde Quesada, Carne (sic) 14325, para que en mi nombre y representación pueda revisar mi expediente como usuaria del Programa Gestión en Línea del Poder Judicial”.\n\n2.-Por escrito incorporada al expediente digital el 15 de abril de 2026, se apersona Keli Valverde Quesada, en su condición de abogada. Manifiesta: “Por medio del presente correo electrónico se procede a remitir archivo de video que constituye elemento probatorio relevante para la correcta valoración de los hechos alegados en el proceso de referencia. Lo anterior, en virtud de que dicho archivo no pudo ser incorporado directamente mediante el sistema de Gestión en Línea (Ventanilla Digital), debido a limitaciones técnicas en cuanto a formato y capacidad del sistema. Se hace constar que este elemento probatorio fue debidamente ofrecido dentro del escrito presentado oportunamente por la vía formal correspondiente, razón por la cual se aporta por este medio como complemento, solicitando respetuosamente se tenga por recibido y se incorpore al análisis del presente recurso. Asimismo, se deja a disposición del Despacho el archivo en el medio que se estime pertinente, en caso de requerirse su presentación por otra vía. Sin otro particular, quedo a disposición para cualquier aclaración adicional”.\n\n3.- Mediante resolución de las 21:25 horas de 30 de abril de 2026, la Presidencia de la Sala dispuso: “De previo a resolver lo que proceda en el RECURSO DE AMPARO que se tramita en el expediente No. 26-012749-0007-CO, interpuesto por Nombre01, aporte la parte recurrente, dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento lo siguiente: • Copia completa, legible y con el respectivo comprobante de recibido o de remisión de correo electrónico de las solicitudes que planteó ante la autoridad accionada; así como, copias de las respuestas o resoluciones brindadas por esta. De igual modo, deberá aportar cualquier prueba adicional en la cual fundamente su dicho. Lo anterior, por cuanto tal información resulta esencial para resolver lo que en derecho corresponda y bajo apercibimiento de rechazar de plano el recurso si no lo hiciere (artículos 38 y 42 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Notifíquese”.\n\n4.- Por escrito incorporado al expediente digital el 15 de abril de 2025, se indica: “Yo, KELI VALVERDE QUESADA, abogada, en mi condición de directora del presente recurso de amparo, actuando en defensa de la recurrente Nombre01, dentro del plazo conferido por esa Honorable Sala, respetuosamente comparezco a cumplir la prevención ordenada, en los siguientes términos: I. SOBRE LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL DE APORTAR LA TOTALIDAD DE LA PRUEBA REQUERIDA La documentación requerida por esa Sala —consistente en solicitudes previas y resoluciones administrativas— se encuentra en posesión exclusiva de la autoridad recurrida, sin que la recurrente haya tenido acceso oportuno a la misma. No obstante, en aras de cumplir con lo prevenido, se han realizado gestiones formales recientes para su obtención, lo cual debe valorarse conforme al principio de facilitación probatoria en materia constitucional, ampliamente reconocido por la jurisprudencia de esa Sala. II. APORTE DE PRUEBA Y CONFIGURACIÓN DE LA OMISIÓN ADMINISTRATIVA Se adjunta como prueba documental oficio emitido por la ASADA de La Palma, de fecha 02 de octubre de 2024, del cual se desprende que: 1. El proyecto de abastecimiento de agua potable en el sector de Playa Colibrí se encuentra parcialmente suspendido (Etapa 2). 2. Dicha suspensión responde a factores externos tales como: • Procesos judiciales en curso • Intervención de autoridades ambientales • Conflictos sobre uso de suelo en áreas protegidas 3. La continuidad del servicio ha sido condicionada a la resolución de dichos procesos, generando una suspensión de carácter indefinido. El propio oficio ASADALAPALMA-IOG-059-2024 reconoce expresamente que “la Etapa 2 de momento se encuentra detenida (…) hasta que se dicte sentencia”, sin indicar plazo cierto, cronograma de solución, medidas provisionales de abastecimiento ni resolución administrativa individualizada dirigida a las personas afectadas. La vulneración alegada no constituye una mera expectativa futura de acceso al servicio público, sino una afectación actual y continuada, en tanto la recurrente permanece privada del acceso efectivo al agua potable domiciliaria, sin plazo cierto de solución y sin medidas temporales de abastecimiento. Lo anterior evidencia una omisión administrativa estructural, caracterizada por: ✔ Falta de resolución individualizada ✔ Ausencia de motivación concreta ✔ Paralización indefinida del acceso al servicio III. DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA EN EL ORDENAMIENTO COSTARRICENSE Conforme a la jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el acceso al agua potable constituye un derecho fundamental autónomo, derivado de: • El artículo 21 de la Constitución Política (derecho a la vida) • El artículo 50 constitucional (derecho a la salud y ambiente sano) Este derecho es: ✔ Directamente exigible en sede de amparo ✔ Condición indispensable para la dignidad humana ✔ De tutela reforzada e inmediata cuando existe afectación a condiciones mínimas de subsistencia y dignidad humana IV. FUNDAMENTO LEGAL: SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL De conformidad con la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (Ley N.° 2726): • El abastecimiento de agua potable constituye un fin público esencial • Su prestación debe garantizarse de forma continua, eficiente y universal Las ASADAS, como entes delegados, están sujetas a: ✔ Principio de continuidad del servicio público ✔ Principio de igualdad ✔ Principio de razonabilidad En consecuencia: No pueden suspender el acceso al servicio de forma indefinida ni trasladar a los usuarios las consecuencias de conflictos institucionales o judiciales. Aun cuando existan procesos ambientales, litigios territoriales o intervenciones de autoridades administrativas en curso, ello no releva a la autoridad recurrida de su deber constitucional de garantizar medidas mínimas y temporales de abastecimiento de agua potable a las personas habitantes afectadas. V. BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD Y DERECHO INTERNACIONAL El presente caso debe analizarse a la luz del bloque de constitucionalidad, integrado por tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos: • La Convención Americana sobre Derechos Humanos • La Convención sobre los Derechos del Niño • La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas ha reconocido el derecho humano al agua como indispensable para una vida digna (Observación General N.° 15 del Comité DESC). Dicho derecho exige: ✔ Disponibilidad ✔ Accesibilidad ✔ Continuidad ✔ No discriminación VI. VULNERACIÓN AGRAVADA: NIÑEZ Y PERSONAS ADULTAS MAYORES La afectación denunciada incide directamente sobre población en condición de especial protección: • Personas menores de edad → interés superior del niño • Personas adultas mayores → protección reforzada En estos casos, el Estado debe garantizar: ✔ Acceso inmediato a condiciones básicas de subsistencia ✔ Medidas positivas de protección ✔ Prohibición de regresividad La suspensión indefinida del acceso al agua potable resulta incompatible con estos estándares. VII. TEST DE PROPORCIONALIDAD La medida adoptada por la autoridad recurrida no supera el control de constitucionalidad: ❌ Idoneidad: No garantiza el acceso al agua potable. ❌ Necesidad: Existen alternativas menos lesivas, tales como abastecimiento provisional, soluciones técnicas parciales o mecanismos temporales de suministro. ❌ Proporcionalidad en sentido estricto: Sacrifica de manera desproporcionada el derecho fundamental al agua potable, la salud, la dignidad humana y el interés superior de la persona menor de edad frente a conflictos administrativos o judiciales ajenos a las personas administradas. VIII. IRRAZONABILIDAD Y OMISIÓN ADMINISTRATIVA Condicionar el acceso al agua potable a la resolución de procesos judiciales ajenos a los administrados constituye: • Una carga desproporcionada • Una desviación del fin público • Una violación al principio de razonabilidad La Administración no puede trasladar a los administrados las consecuencias de conflictos institucionales, menos aún (sic) cuando ello implica la privación indefinida de un derecho fundamental. La ausencia de cronograma, resolución definitiva o plazo cierto de ejecución convierte la suspensión cuestionada en una restricción indefinida e incompatible con los principios de seguridad jurídica, buena administración y tutela efectiva de los derechos fundamentales. IX. PRINCIPIO DE IGUALDAD Se evidencia una ejecución diferenciada del proyecto (Etapa 1 vs Etapa 2), lo cual genera un tratamiento diferenciado que requiere una justificación objetiva y razonable desde la perspectiva constitucional, particularmente cuando se encuentra comprometido el acceso a un derecho fundamental esencial. X. MEDIDA CAUTELAR URGENTE Dada la naturaleza esencial del derecho comprometido, la continuidad del daño alegado y la presencia de población en condición de vulnerabilidad, se solicita a esta Honorable Sala ordenar provisionalmente a la autoridad recurrida adoptar medidas temporales y razonables de abastecimiento de agua potable —incluyendo soluciones alternativas, conexiones provisionales o abastecimiento temporal— mientras se resuelve el fondo del presente recurso. XI. PETITORIA Por lo expuesto, respetuosamente solicito: 1. Se tenga por cumplida la prevención. 2. Se admita el recurso de amparo para su trámite. 3. Se requiera a la autoridad recurrida el expediente administrativo completo y el informe respectivo. 4. Se ordene la adopción de medidas inmediatas o provisionales que garanticen el acceso al agua potable, en sus hogares o en su defecto , cercano a sus viviendas XII. CONCLUSIÓN El presente caso no constituye una simple gestión administrativa pendiente, sino una afectación estructural, continua e injustificada a un derecho fundamental esencial, por un tiempo indeterminado , agravada por la presencia de población vulnerable. El acceso al agua potable no puede quedar supeditado a la incertidumbre de procesos judiciales ni a la inacción administrativa, sin que ello implique una grave violación al orden constitucional y convencional vigente. Por tanto, la suspensión indefinida reconocida por la propia autoridad recurrida resulta incompatible con los principios constitucionales de razonabilidad, continuidad del servicio público y tutela efectiva de los derechos fundamentales”.\n\n5.- Mediante resolución de las 20:46 horas de 15 de mayo de 2026, la Presidencia de la Sala dispuso: “De previo a resolver lo que proceda en el RECURSO DE AMPARO que se tramita en el expediente No. 26-012749-0007-CO, interpuesto por Nombre01, aporte la parte recurrente, dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, la CERTIFICACIÓN DE PERSONERÍA JURÍDICA VIGENTE DE ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO RURAL (ASADA) DE PUERTO JIMÉNEZ, así como la DIRECCIÓN EXACTA del lugar señalado por su representante legal o agente residente para efectos de notificación, información que resulta esencial para resolver lo que en derecho corresponda, bajo apercibimiento de rechazar de plano el recurso si no lo hiciere (artículos 38 y 42 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Se le advierte a la parte recurrente que no podrá aportar para dichos efectos un número de fax, ya que el recurrido podría ser notificado por ese medio, sólo si así lo hubiese autorizado previamente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 34 de la Ley de Notificaciones Judiciales, así como tampoco podrá aportar la dirección de correo electrónico o cualquier otro medio tecnológico de comunicación, a menos que el propio recurrido haya solicitado de previo a esto la acreditación de esos medios para que se realice su notificación (artículos 18, 34 y 39 de la referida Ley de Notificaciones Judiciales). De igual modo, deberá aportar cualquier prueba adicional en la cual fundamente su dicho. Todo lo anterior, por cuanto tal información resulta esencial para resolver lo que en derecho corresponda y bajo apercibimiento de rechazar de plano el recurso si no lo hiciere (artículos 38 y 42 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Notifíquese”.\n\n6.- Por escrito incorporado al expediente digital el 20 de mayo de 2026, se apersona Keli Valverde Quesada. Manifiesta: “Yo, KELI VALVERDE QUESADA, abogada directora del presente recurso de amparo, actuando en defensa de la recurrente Nombre01, dentro del plazo conferido por esa Honorable Sala, respetuosamente comparezco a cumplir la prevención ordenada mediante resolución de las veinte horas cuarenta y seis minutos del quince de mayo de dos mil veintiséis, en los siguientes términos: PRIMERO: Se aporta certificación vigente de personería jurídica de la ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO RURAL (ASADA) DE LA PALMA DE PUERTO JIMÉNEZ. SEGUNDO: Se señala como dirección exacta para efectos de notificación de la parte recurrida : Oficinas de la Asociación Administradora del Acueducto Rural (ASADA) de La Palma de Puerto Jiménez, ubicadas en La Palma de Puerto Jiménez, distrito Puerto Jiménez, cantón Puerto Jiménez, provincia Puntarenas, sobre Ruta Nacional 245, del EBAIS de La Palma cien metros al oeste y cuarenta metros , contiguo o cercano a la Dirección01 y a la Dirección02, código postal 60702. Y al correo electrónico Asimismo, se indica como información adicional de contacto el teléfono de oficina número Telf01. • WhatsApp: Telf02. • Correo electrónico: ...01 Por lo expuesto, respetuosamente solicito: 1.- Se tenga por cumplida la prevención ordenada por esta Honorable Sala Constitucional. 2.- Se admita para trámite el presente recurso de amparo. 3.- Se requiera a la autoridad recurrida el informe correspondiente y el expediente administrativo respectivo. 4.- Se ordenen las medidas cautelares o provisionales necesarias para garantizar el acceso al agua potable de las personas amparadas, mientras se resuelve el fondo del presente asunto”.\n\n7.- Mediante resolución de las 18:40 horas de 22 de mayo de 2026, la Presidencia de la Sala dispuso: “Por cumplida la prevención contenida en resolución de las 20:46 horas del 15 de mayo de 2026, que consta en el expediente electrónico, désele trámite a este recurso. Visto el recurso de amparo que se tramita en expediente No. 26-012749-0007-CO, interpuesto por Nombre01 (sic) Nombre01, cédula de identidad CED01, a favor de Nombre02 y Nombre03, contra la ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PALMA INTEGRADA Nombre04 y el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, se resuelve: en los términos de los artículos 43 párrafo 2o., 44 párrafo 1o., 45, 59 y 61 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, désele traslado a a (sic) Cynthia Lineth Picado Mena, Cédula de identidad CED02, en su condición de presidente de la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de La Palma Integrada Nombre04 y rinda informe el gerente general del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, sobre los hechos alegados por la parte recurrente, en resumen: que habita junto a su compañero sentimental y sus dos hijas menores de edad, en la comunidad de Playa Colibrí en condición de vulnerabilidad. Explica que no les brindan el servicio de agua potable, pese a que en otro sector de la comunidad sí existe cobertura activa y sí les brindan el servicio. Alega que, por razones que desconoce; no sabe si es discriminación o simple rechazo por ser la zona de Colibrí en la que viven familias muy pobres. Manifiesta que lo cierto del caso es que el comité de vecinos de Colibrí solicitó el servicio y le fue negado el acceso al agua potable para la comunidad. Comenta que, por la necesidad, tuvieron que construir pozos para sus actividades cotidianas y es la única agua a la que tienen acceso, por lo que deben consumir y utilizar esa agua de pozo sin tratamiento, con el riesgo para la salud. Aduce que, como única alternativa parcial, la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario (ASADA) de Puerto Jiménez permite recolectar agua en un punto o tubo ubicado en las oficinas de la ASADA en La Palma; sin embargo, alega que eso implica recorridos de hasta dos horas, lo cual resulta materialmente insuficiente y bastante complicado. Comenta que el sol en esa zona es fuerte y muchas veces la gente se descompone al ir a traer botellas de agua. Menciona que lo que le extraña es que, a unos doscientos metros de su caserío, sí se brinda activamente el servicio de agua potable, en un sector donde hay menos familias y personas en vulnerabilidad. Acota que la ASADA de Puerto Jiménez administra esa infraestructura bajo supervisión del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), existiendo una relación de coordinación funcional que no puede traducirse en la exclusión de sectores específicos. Aduce que esa situación configura una exclusión arbitraria, en la cual algunas familias reciben el servicio y otras (incluyendo personas menores de edad) quedan completamente desprotegidas. Señala que, a pesar de la situación descrita, no se han adoptado medidas efectivas para garantizar el acceso al agua potable. Esgrime que el no contar con agua potable y que se les niegue el servicio los coloca en una situación en la cual, pese a que hay adultos mayores y niños pequeños, las condiciones de higiene, salud y dignidad son mínimas. Asegura que la omisión es actual, continua y agravada, afectando directamente la salud, la dignidad y la vida de las personas menores de edad de ese sector de la comunidad, así como de adultos mayores y demás miembros de las familias en general. Reitera que en La Palma existe una ASADA con infraestructura de agua potable y es la que brinda el servicio al cantón y a muchas comunidades. Incluso, afirma que a un sector de Colibrí se le da el servicio activamente, por lo que el acceso al agua no es real ni efectivo para unos cuantos y para otros sí. Indica que, a pesar de existir infraestructura cercana, ni el ICAA ni la ASADA han adoptado medidas para solucionar esa situación. Estima que, parece que la discriminación al sector donde viven es muy evidente, situación que no comprenden, pero les urge contar con agua potable para sus hijos y familias en general, por su salud. Reclama que la omisión es actual, continua y afecta directamente a personas menores de edad, adultos mayores y familias en general. Por los motivos expuestos, solicita la intervención de la Sala en el presente asunto. (…) Para notificar a: CYNTHIA LINETH PICADO MENA, CÉDULA DE IDENTIDAD CED02, EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PALMA INTEGRADA OSA GOLFITO, en la siguiente dirección: PUNTARENAS, GOLFITO, OFICINA DE LA ASADA, LA PALMA INTEGRADA Nombre04 DEL EBAIS DE LA PALMA CIEN METROS OESTE Y CUARENTA METROS SU DISTRITO PUERTO JIMENEZ se comisiona a la OFICINA DE COMUNICACIONES JUDICIALES DE GOLFITO, despacho al que se hará llegar la comisión por medio del sistema de fax. Esta autoridad deberá practicar la notificación correspondiente dentro del plazo de CINCO DÍAS contados a partir de la recepción de los documentos, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por desobediencia a la autoridad. Se le advierte a la autoridad comisionada, que deberá remitir copia del mandamiento debidamente diligenciado a los números de fax indicados al pie de esta resolución o al correo electrónico: ...02, ambos de esta Sala y los documentos originales por medio de correo certificado o cualquier otro medio que garantice su pronta recepción en este Despacho. Notifíquese. Expídase la comisión correspondiente. Para la tramitación de este recurso se designa instructor al magistrado Paul Rueda Leal, a quien por turno corresponde”.\n\n8.- Mediante resolución de las 16:25 horas de 26 de mayo de 2026, la Presidencia de la Sala dispuso: “Se corrige el error material que contiene la resolución dictada a las 18:40 horas del 22 de mayo de 2026, en el sentido que, para notificar a: CYNTHIA LINETH PICADO MENA, CÉDULA DE IDENTIDAD CED02, EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PALMA INTEGRADA OSA GOLFITO, en la siguiente dirección: PUNTARENAS, GOLFITO, OFICINA DE LA ASADA, LA PALMA INTEGRADA Nombre04 DEL EBAIS DE LA PALMA CIEN METROS OESTE Y CUARENTA METROS SU DISTRITO PUERTO JIMENEZ se comisiona a la OFICINA DE COMUNICACIONES JUDICIALES DE PUERTO JIMÉNEZ, y no al OFICINA DE COMUNICACIONES JUDICIALES DE GOLFITO como por error se indicó según. Notifíquese a las partes esta resolución y la antes citada”.\n\n9.- Por escrito incorporado al expediente digital el 1 de junio de 2026, rinde informe María de Los Ángeles Morera Calderón, subgerenta general del ICAA. Indica que el gerente general se encuentra de vacaciones. Expone: “PRIMERO: NO NOS CONSTA la ubicación de la vivienda de las recurrentes, sobre este particular el Lic. Boris Gamboa Valladares, Jefatura de la Oficina Regional de Acueductos Comunales (ORAC), Región Brunca, mediante memorando No. GSD-UEN-GAR-2026-02370, de fecha 28 de mayo del 2026, señala: “Hecho primero: No nos consta. Las recurrentes alegan que viven en la comunidad de Playa Colibrí, sin embargo, no es posible determinar su ubicación exacta, dado que, no se desprenden de los hechos plano catastrado o ubicación georreferencial alguna, únicamente una foto con señalamiento que indica playa colibrí y otras anotaciones. Tampoco es posible determinar la ubicación del hidrómetro que remite, dado que, no se indica ni el número de medidor ni o al menos número de NIS. Sin embargo, es importante indicar que, el sector de la comunidad de Playa Colibrí ya fue objeto de un recuro de amparo, atendido por la Sala Constitucional en el expediente No. 25-032602-0007-CO, en el cual se emitió la resolución No. 2025041106, de las 10 horas 10 minutos del 11 de diciembre el 2025, que señaló: “CONSIDERANDO: I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente solicita que se ordene a la ASADA La Palma de Puerto Jiménez suministrar el servicio de agua potable a la comunidad de Playa Colibrí, alegando que por años han efectuado diversas gestiones ante la Municipalidad de Golfito, la Municipalidad de Puerto Jiménez, el MINAE y otras autoridades; sin embargo, han sido omitidas o denegadas, pese a que otras comunidades ubicadas también en zona de patrimonio nacional sí cuentan con dicho servicio. Afirma que actualmente dependen de un pozo que no cumple los estándares de salud y que la negativa reiterada vulnera su acceso a un servicio básico esencial… V.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial: En relación con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados: 1) El 06 de setiembre de 2024, mediante oficio SINAC-ACOSA-DT-PNE-154-2024, dirigido a la presidenta de la ASADA La Palma, el SINAC concluye que la ocupación en el sector de Playa Colibrí se ha realizado sin permisos en áreas declaradas Patrimonio Natural del Estado y recomienda trabajar en el desalojo de los ocupantes irregulares… 8) Conforme al Reglamento para la prestación de los servicios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (Acuerdo de Junta Directiva No. 2020-442) tratándose de territorios administrados por el Estado y de ocupantes que carecen de título habilitante, se requiere autorización expresa del ente competente y el cumplimiento de requisitos específicos para conexiones especiales y constancias de disponibilidad… VI.-SOBRE EL CASO CONCRETO… Al respecto, la Sala descarta la afectación a los derechos fundamentales de la parte amparada. Lo anterior, porque si bien la recurrente alega que, pese a que por años han realizado diversas gestiones ante las autoridades accionadas para que se les suministre el servicio de agua potable a la comunidad de Playa Colibrí; sin embargo, esto no ha sido posible, mientras que otras comunidades ubicadas también en zona de patrimonio nacional sí cuentan con dicho servicio. No obstante, de los informes rendidos, así como de la prueba que consta en autos, se tiene por acreditado que la problemática radica en que la zona en cuestión es Patrimonio Natural del Estado, donde solo pueden autorizarse actividades de investigación científica, capacitación y ecoturismo, previo permiso del SINAC, ya que es un bien del Estado. Es decir, son bienes de titularidad pública que no pueden ser objeto de propiedad privada, son inalienables, imprescriptibles e inembargables, están fuera del comercio de los hombres, porque están sujetos a un régimen especial de utilización y protección. Dicho lo anterior, las autoridades accionadas están imposibilitadas legal y materialmente a su inclusión en la facturación o para la instalación del servicio de agua potable que alega la recurrente, por las condiciones especiales que presenta la zona. Asimismo, como se aprecia en los hechos probados de esta sentencia, las autoridades accionadas realizaron una serie de actuaciones e investigaciones, a fin de resolver la solicitud de la recurrente, siendo que le dieron respuesta tanto a ella como a la comunidad de Playa Colibrí, sobre el impedimento legal para suministrar el servicio de agua potable; situación que no se considera arbitraria, toda vez que se fundamentó en razones objetivas y en criterios técnicos. Por lo expuesto, la Sala descarta la afectación a los derechos fundamentales de la tutelada, pues como se indicó, la autoridad accionada resolvió y le informó a la interesada las razones por las cuales se le negó el suministro de agua potable a la población de Playa Colibrí…” (la negrita corresponde al original) SEGUNDO: NO NOS CONSTAN las razones por las cuales supuestamente no se les brinda el servicio, en este sentido, el Lic. Boris Gamboa Valladares, ORAC Brunca, en el memorando No. GSD-UEN-GAR-2026-02370, de fecha 28 de mayo del 2026, indica: “Hecho segundo: No nos consta. El sector de la comunidad de Playa Colibrí es atendido directamente por la ASADA La Palma de Puerto Jimenez cédula CED03 (ASADA La Palma) que posee Convenio de Delegación otorgado por el AyA para la administración, operación, mantenimiento y desarrollo del sistema de La Palma de Puerto Jiménez, de Golfito, aprobado mediante acuerdo de Junta Directiva No. 2013-129, en la Sesión Ordinaria No. 2013-014, del 19 de marzo del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 80 del 26 de abril del 2013, y refrendado por la Institución el día 27 de mayo del 2013, de conformidad con la resolución No. R-CO-33, Artículo 3 inciso 1.i, de la Contraloría General de la República. Además, debemos indicar que, esta Oficina Regional de Acueductos Comunales (ORAC) Región Brunca no tiene asunto pendiente que atender de las recurrentes Nombre01 y Nombre03, así como tampoco hay asunto pendiente de atender de la ASADA La Palma de Puerto Jiménez, relacionado con el sector de Playa Colibrí en general o de las recurrentes en particular.” TERCERO: NO NOS CONSTA la perforación de pozos para autoabastecerse, el Lic. Boris Gamboa Valladares, Jefatura de la Oficina Regional de Acueductos Comunales (ORAC), Región Brunca, mediante memorando No. GSD-UEN-GAR-2026-02370, de fecha 28 de mayo del 2026, menciona: “Hecho tercero: No nos consta. La perforación de pozos o aprovechamiento de estos no es competencia del AyA, por lo que no se llevan registros en esta ORAC Brunca, sobre pozos privados ni de sus condiciones sanitarias, reiteramos, por ser tema privado es responsabilidad propia de los usuarios de dichos pozos coordinar con las instituciones que les corresponda velar por el asunto.” CUARTO: PARCIALMENTE CIERTO respecto a la fuente pública instalada por la ASADA de Puerto Jiménez, el Lic. Boris Gamboa Valladares, Jefatura de la Oficina Regional de Acueductos Comunales (ORAC), Región Brunca, mediante memorando No. GSD-UEN-GAR-2026-02370, de fecha 28 de mayo del 2026, indica: “Hecho cuarto: Nos consta parcialmente. La ASADA La Palma de Puerto Jimenez POSSE EN LAS INSTALACIONES DE SU OFICINA EN La Palma de Puerto Jimenez una fuente pública. Sin embargo, es importante indicar que, en el recurso de amparo No. 25-032602-0007-CO, según el Sistema del Poder Judicial en Línea, se desprende como prueba para mejor resolver el “Informe de mediación de conflicto socioambiental de Playa Colibrí y denuncia de cambio de uso de suelo en la comunidad de Playa Blanca.”, en la cual, el Lic. Boris Gamboa Valladares, Jefe de la ORAC Brunca, participó en varias de las reuniones, según la lista de asistencia ahí señalada, en ese sentido, en cuanto a la fuente pública que hacen referencia las recurrentes, el Acta No. 04.09.2024, Reunión virtual sobre Conflictos en Playa Colibrí, realizada por la plataforma Zoom, se indicó: “… 3.- Problemática del acceso al agua potable El 1 de agosto de 2024, la ASADA de La Palma de Puerto Jiménez, se reunió con el comité comunal de Playa Colibrí para discutir la crisis de acceso al agua. Lineth explicó que se ofreció la instalación de una paja pública administrada por la comunidad, pero esta propuesta fue rechazada. La ASADA también solicitó al SINAC y a la Municipalidad una certificación de las zonas que son del Patrimonio Natura para aclarar los límites y posibles soluciones.” En este sentido, es importante indicar que, de las pruebas aportadas al expediente del presente amparo, no es posible establecer la ubicación exacta de la propiedad de las recurrentes, para determinar si están o no en zona de Patrimonio Natural del Estado. Hay que reiterar que, esta ORAC Brunca no tiene asunto pendiente que atender de las recurrentes.” QUINTO: NO ES CIERTO la supuesta administración del sistema de la ASADA bajo una coordinación funcional con el AyA, el Lic. Boris Gamboa Valladares, Jefatura de la Oficina Regional de Acueductos Comunales (ORAC), Región Brunca, mediante memorando No. GSD-UEN-GAR-2026-02370, de fecha 28 de mayo del 2026, señala: “Hecho quinto: No es cierto. Como se indicó en el punto segundo la ASADA La Palma de Puerto Jimenez cédula CED03, cuenta con convenio de delegación otorgado por el AyA para la administración, operación, mantenimiento y desarrollo del sistema de La Palma de Puerto Jiménez, de Golfito, no es cierto que exista una coordinación funcional dado que, dicha asociación opera directamente el sector. Además, como quedó demostrado en el amparo No. 25-032602-0007-CO, existe un sector que se encuentra en Patrimonio Natural del Estado, dicha definición no le corresponde al AyA realizarla como pretenden hacerlo ver las recurrentes. Reiterar además que, no existe asunto pendiente de atender en el caso particular de las señora Nombre01 ni de las menores Nombre02 y Nombre03, por lo que, una vez aporten los documentos que establecen el Reglamento para la prestación de los servicios de AyA, Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2020-442, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 27, Alcance No. 29, del 09 de febrero del 2021, según sea el caso que les aplique, ya que, no es posible ubicar la propiedad de las recurrentes con las pruebas aportadas al expediente.” SEXTO: NO ES CIERTO la supuesta exclusión arbitraria, el Lic. Boris Gamboa Valladares, Jefatura de la Oficina Regional de Acueductos Comunales (ORAC), Región Brunca, mediante memorando No. GSD-UEN-GAR-2026-02370, de fecha 28 de mayo del 2026, indica: “Hecho sexto: No es cierto. La ASADA La Palma brinda el servicio de agua potable a una población de varias comunidades en el cantón y lugares circunvecinos hasta donde le sea factible dicha prestación. En el caso de Playa Colibrí el ramal del Acueducto llega hasta donde las autoridades ambientales lo definieron, dada la presencia de Patrimonio Natural del Estado (ver imágenes siguientes: cfr. Documento anexo SINAC-ACOSA-DRFVS-SRP-0142-2024) (…) De ahí que, debemos reiterar, una vez que las recurrentes aporten los requisitos que les apliquen a su caso concreto, corresponderá a la ASADA La Palma valorar le solicitud y emitir la resolución que corresponda.” SÉPTIMO: NO ES CIERTO. Respecto de que no se hayan tomado medidas efectivas el Lic. Boris Gamboa Valladares, Jefatura de la Oficina Regional de Acueductos Comunales (ORAC), Región Brunca, mediante memorando No. GSD-UEN-GAR-2026-02370, de fecha 28 de mayo del 2026, señala: “Hecho Séptimo: No es cierto. Las medidas efectivas para dotar del servicio de agua potable se realizan en apego a la normativa vigente y al amparo de las disposiciones de las instituciones competentes. Para este caso en Playa Colibrí se actuó de conformidad con lo establecido por el SINAC dada la ubicación de Patrimonio Natural del Estado, y como se indicó en el punto sexto, la tubería de la ASADA La Palma llega al límite que ha sido permitido por las autoridades correspondientes. Se desconoce si la propiedad de las recurrentes se ubica en dicho sector o no, dado que no es posible determinar el punto exacto de la vivienda con las fotos aportadas al expediente.” OCTAVO: NO NOS CONSTAN las condiciones de la población que se autoabastece de pozos privados, el Lic. Boris Gamboa Valladares, Jefatura de la Oficina Regional de Acueductos Comunales (ORAC), Región Brunca, mediante memorando No. GSD-UEN-GAR-2026-02370, de fecha 28 de mayo del 2026, informa: “Hecho Octavo: No nos consta. No es posible determinar la ubicación exacta de la propiedad de las recurrentes, para determinar si están o no dentro de la zona de restricción establecida por las autoridades del MINAE, así como tampoco se ha planteado solicitud alguna ante esta ORAC Brunca que esté pendiente de atender.” NOVENO: NO ES CIERTO que exista omisión de parte del AyA que afecte la salud de la población de Playa Colibrí, en este sentido el Lic. Boris Gamboa Valladares, Jefatura de la Oficina Regional de Acueductos Comunales (ORAC), Región Brunca, mediante memorando No. GSD-UEN-GAR-2026-02370, de fecha 28 de mayo del 2026, señala: “Hecho Noveno: No es cierto. Como se indicó en punto séptimo, las medidas efectivas para dotar del servicio de agua potable se realizan en apego a la normativa vigente y al amparo de las disposiciones de las instituciones competentes. Para este caso en Playa Colibrí se actuó de conformidad con lo establecido por el SINAC dada la ubicación de Patrimonio Natural del Estado, y como se indicó en el punto sexto, la tubería de la ASADA La Palma llega al límite que ha sido permitido por las autoridades correspondientes. Se desconoce si la propiedad de las recurrentes se ubica en dicho sector o no, dado que no es posible determinar el punto exacto de la vivienda con las fotos aportadas al expediente.” DÉCIMO: NO ES CIERTO que exista omisión de parte del AyA que afecte la salud de la población de Playa Colibrí, reiterar que, el Lic. Boris Gamboa Valladares, Jefatura de la Oficina Regional de Acueductos Comunales (ORAC), Región Brunca, mediante memorando No. GSD-UEN-GAR-2026-02370, de fecha 28 de mayo del 2026, indica: “Hecho Décimo: No es cierto. Hay que reiterar que, las medidas efectivas para dotar del servicio de agua potable se realizan en apego a la normativa vigente y al amparo de las disposiciones de las instituciones competentes. Para este caso en Playa Colibrí se actuó de conformidad con lo establecido por el SINAC dada la ubicación de Patrimonio Natural del Estado, y como se indicó en el punto sexto, la tubería de la ASADA La Palma llega al límite que ha sido permitido por las autoridades correspondientes.” DÉCIMO PRIMERO: NO ES CIERTO que el AyA no haya adoptado medidas para solucionar la situación de Playa Colibrí, sobre este particular el Lic. Boris Gamboa Valladares, Jefatura de la Oficina Regional de Acueductos Comunales (ORAC), Región Brunca, mediante memorando No. GSD-UEN-GAR-2026-02370, de fecha 28 de mayo del 2026, señala: “Hecho Décimo Primero: No es cierto. Hay que reiterar que, la ASADA La Palma de Puerto Jimenez cédula CED03, cuenta con convenio de delegación otorgado por el AyA para la administración, operación, mantenimiento y desarrollo del sistema de La Palma de Puerto Jiménez, de Golfito, por lo que, dicha asociación opera directamente el sector y no el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Además, para este caso en Playa Colibrí se actuó de conformidad con lo establecido por el SINAC dada la ubicación de Patrimonio Natural del Estado, de ahí que, la tubería de la ASADA La Palma llega al límite que ha sido permitido por las autoridades correspondientes.” DÉCIMO SEGUNDO: NO ES CIERTO que exista omisión del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que afecte directamente a personas menores de edad, adultos mayores y familias en general, en este sentido el Lic. Boris Gamboa Valladares, Jefatura de la Oficina Regional de Acueductos Comunales (ORAC), Región Brunca, mediante memorando No. GSD-UEN-GAR-2026-02370, de fecha 28 de mayo del 2026, señala: “Hecho Décimo Segundo: No es cierto. Hay que reiterar que, las medidas efectivas para dotar del servicio de agua potable se realizan en apego a la normativa vigente y al amparo de las disposiciones de las instituciones competentes. Para el caso en Playa Colibrí se actuó de conformidad con lo establecido por el SINAC dada la ubicación de Patrimonio Natural del Estado, y como se indicó en el punto sexto, la tubería de la ASADA La Palma llega al límite que ha sido permitido por las autoridades correspondientes. Se desconoce si la propiedad de las recurrentes se ubica en dicho sector o no, dado que no es posible determinar el punto exacto de la vivienda con las fotos aportadas al expediente.” FUNDAMENTOS DE DERECHO De la prestación de los servicios públicos. Límites y limitaciones. Ese Tribunal Constitucional se ha referido sobre este tema concluyendo que existen razones válidas para denegar la prestación del servicio, una de las cuales es que, no haya infraestructura del operador (AyA o ASADA con convenio de delegación), en este sentido la Sala Constitucional señaló: “De tal forma, este carácter de derecho fundamental no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, ya que la administración válidamente puede establecer requisitos generales de necesario cumplimiento por cada solicitante para valorar su particular requerimiento, por lo que se reconoce la posibilidad de limitar el otorgamiento de nuevas pajas de agua con el propósito de asegurar la continuidad de la prestación del servicio público de suministro de agua potable a los actuales usuarios y domicilios que reciben dicho servicio – ver sentencias números 2007- 17475, de las once horas cinco minutos del treinta de noviembre de dos mil siete, y 2008 - 11390, de las once horas veintinueve minutos del veintidós de julio de dos mil ocho –. En este sentido, en sentencia número 2006- 1898, de las nueve horas cincuenta y tres minutos del diecisiete de febrero de dos mil seis – reiterada, entre otras, por sentencia número 2007-13310, de las diez horas cincuenta y siete minutos del catorce de setiembre de dos mil siete – estableció la Sala que: “El recurrente alega (…) que pese a las solicitudes y esfuerzos hechos, el Instituto recurrido se ha negado a brindarles el servicio de agua potable aduciendo que se trata de un precario y que sus habitantes no cuentan con un plano de segregación que establezca que son propietarios de los inmuebles. Al respecto, se encuentra acreditado en autos, con base en el informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida, que existe una imposibilidad para instalar servicios de agua potable domiciliaria en la comunidad que habita el recurrente por dos motivos específicos: la falta de una infraestructura adecuada y de presentación de solicitudes con cumplimiento de requisitos legales por parte de los interesados (...). Esta Sala, en la sentencia No. 2004-12185 de las 13:31 horas del 29 de octubre del 2004, en un caso similar al presente, señaló que no era posible obligar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a eludir lo dispuesto en su Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes ni en la Ley General de Agua Potable. De ahí que, en el tanto el amparado, no reúna las condiciones y requisitos ahí exigidos, aunque el servicio de agua potable debe estar al alcance de toda persona por tratarse de un servicio esencial, no se le puede proveer de manera regular. Dada la existencia de esos dos motivos objetivos por los cuales no es posible suministrar un servicio de agua potable regular al accionante: su falta de cumplimiento de requerimientos para la conexión de un servicio nuevo, empezando, por la presentación de la solicitud y la existencia de una infraestructura adecuada en la zona, no existe motivo alguno para entender que la denegatoria de la prestación del servicio regular por parte del Instituto recurrido se deba al hecho que el amparado y sus vecinos no cuentan con títulos de propiedad sobre los inmuebles que poseen. A lo anterior cabe agregar que con base en el artículo 33 del Reglamento referido, la falta de un título de propiedad no parece ser un obstáculo para solicitar la conexión de un servicio nuevo de agua potable, en tanto se cumplan los requerimientos que indica esa norma. En todo caso, se encuentra acreditado también que, aunque no se ha suministrado el servicio regular de agua potable, el recurrente y demás vecinos cuentan con fuente pública que el Instituto instaló para que puedan abastecerse, para sus necesidades básicas. De ahí que considere este Tribunal que ha sido la propia omisión del recurrente y de los vecinos de la localidad, quienes no acreditan haber presentado las solicitudes para la instalación de un servicio nuevo de agua potable en la comunidad donde habitan, la que ha impedido que se valore su situación a efectos de determinar si, cumpliendo, sobre todo los requerimientos del artículo 33 del Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes, las limitaciones de infraestructura pueden ser superadas en su caso y se les puede proveer de un servicio regular de agua potable.” Se entiende entonces, que si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido a la administración correspondiente, la prestación del servicio bien puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro, esto es, que no existan situaciones técnicas que imposibiliten o desaconsejen a la administración a brindar el servicio de agua potable, situación que determina que la administración carece de la obligación de prestar el servicio de agua potable en caso de existir razones técnicas que lo desaconsejen o imposibiliten, debiendo informar adecuadamente al gestionante las razones por las cuales no puede atenderse su solicitud.” Voto N. 2009-009936. (el desatacado es nuestro) En este sentido, es importante indicar que, el Lic. Boris Gamboa Valladares, ORAC Brunca, mediante memorando No. GSD-UEN-GAR-2026-02370, de fecha 28 de mayo del 2026, afirma que, por parte del AyA no hay asunto pendiente que atender de las recurrentes. Además, en dicho informe señala: “En relación con lo indicado en el Numeral I de la ampliación del recurso de amparo: Es claro que se da por hecho que la acción administrativa de la ASADA La Palma obedece a una restricción establecida por el SINAC dada la declaratoria de Patrimonio Natural del Estado y la disposición de las autoridades Judiciales para proteger dicho Patrimonio. En relación con lo indicado en el numeral II: Punto 1: La extensión de ramal (ver imagen siguiente que se puede observar en el recuadro superior derecho de la imagen 3 presente en el oficio anexo SINAC-ACOSA-DRFVS-SRP-0142-2024) se encuentra concluido. Punto 2: Tanto las autoridades del SINAC como la Fiscalía Ambiental han explicado a la población del sector de Playa Colibrí la existencia de afectación por presencia poblacional en el Patrimonio Natural del Estado. Tal situación de intervención de las instituciones en dicho sector. Punto 3: En el oficio anexo SINAC-ACOSA-DRFVS-SRP-0142-2024 se estableció el límite y el alcance del ramal “…el cual se encuentra junto a la carretera principal (ruta 245) entrada sur a playa Colibrí, específicamente en las coordenadas longitud 560552 latitud 956043 (CRTM05) (Figura 1). De este punto la instalación avanza hacia el norte aproximada mente 1020 m donde se desvía sobre camino hacia playa colibrí cerca de 1600 m desviándose nuevamente cerca de 180 m al sur llegando al punto final de dicha instalación ubicado en las coordenadas longitud 561921 latitud 957090 (CRTM05) (Figura 3).” Actualmente el ramal está concluido. En relación con lo indicado en el numeral III: Es claro el derecho establecido. En el caso del sector donde se ubica la población de Playa Colibrí objeto de este recurso de amparo existe impedimento estructural establecido por el SINAC dada la presencia de Patrimonio Natural del Estado.” En este sentido se reitera que, no es posible determinar la ubicación exacta de la propiedad de las recurrentes, para determinar si se ubican o no dentro de la zona restringida por le MINAE. Además, en cuanto al cumplimiento de requisitos, el Reglamento para la prestación de los servicios de AyA, Acuerdo de Junta Directiva del Instituto No. 2020-442, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 27, Alcance No. 29, del 9 de febrero del 2021, señala: “Artículo 33- De la solicitud de la constancia de disponibilidad de servicios para territorios administrados por el Estado o sus instituciones con régimen jurídico especial. Además de lo previsto en los artículos 15 y 30 de este reglamento, para el caso de solicitudes asociadas a inmuebles bajo la modalidad de territorios administrados por el Estado o sus instituciones con régimen jurídico especial: zona marítimo terrestre, zonas fronterizas, territorios indígenas, polos de desarrollo turístico, entre otros; que se otorgan mediante concesiones, arriendos y asignaciones; los solicitantes deberán presentar la autorización expresa del ente correspondiente, en la cual se avale la solicitud del trámite, de conformidad con la norma que los regule. Para el caso de territorios indígenas, cuando la ADII esté inactiva, el solicitante deberá rendir mediante declaración jurada en qué consisten sus actos posesorios, y que su permanencia ha sido en forma pacífica, continúa e ininterrumpida por más de un año; igualmente deberá declarar su condición de miembro de la comunidad indígena que corresponda, lo cual deberá ser avalado por dos habitantes de la comunidad que respalde su situación y condición. Este requisito también será validado para la solicitud de la conexión permanente… Artículo 71- De los requisitos para la solicitud de una conexión especial, para el caso de ocupantes de inmuebles que carezcan de un título habilitante para realizar la ocupación. Con fundamento en el reconocimiento del acceso al agua como un Derecho Humano, AyA establecerá las condiciones de abastecimiento en el caso de ocupantes de inmuebles que carezcan de un título habilitante para realizar la ocupación y cuando así resulte de un estudio de factibilidad técnica y comercial realizado por el AyA. El abastecimiento para estos casos será colectivo. La autorización de este tipo de servicios no aplica ni generará efectos jurídicos para el otorgamiento de disponibilidad de servicios, o autorización de permisos de construcción. Su consideración requiere, además, el cumplimiento y presentación en las Plataformas de Servicio de los siguientes requisitos: a) En caso de que exista una Asociación de Desarrollo Comunal u otra organización formal y reconocida jurídicamente que respalde la solicitud del asentamiento poblacional, será necesario que el representante legal de dicha persona jurídica sea quien realice las gestiones. En caso de que se carezca de una persona jurídica debidamente formalizada, será necesario un contrato de mandato, donde la totalidad de beneficiarios del servicio deleguen en un representante la realización de las gestiones. De acuerdo con la verificación y subsanación de condiciones necesarias para la aprobación de servicios, AyA verificará a través de las plataformas virtuales oficiales y disponibles, las siguientes condiciones: Certificaciones registrales o administrativas de personerías jurídicas vigentes, apoderados con facultades de representantes judiciales y extrajudiciales o facultados al efecto, albaceas, tutores y curadores. b) Presentar declaración jurada con un máximo de 30 días de emitida y firmada por el representante de la asociación comunal o el representante de los beneficiarios y dos testigos, con una descripción de la propiedad, señalando en qué consisten sus actos posesorios, la existencia, cantidad y ubicación de las viviendas en un croquis con la delimitación del área de cobertura. c) Autorización del propietario registral. De acuerdo con la verificación de las condiciones necesarias para la aprobación de los servicios indicada de manera general en el artículo 15 de este Reglamento, le corresponde a AyA verificar los requisitos ahí desglosados, así como las condiciones generales ahí establecidas para todos los trámites. Cumplida la presentación de la totalidad de requisitos; la Institución contará con un plazo de 15 días hábiles para la resolución de la solicitud.” (el resaltado es nuestro) Además, el Lic. Boris Boris Gamboa Valladares, ORAC Brunca, mediante memorando No. GSD-UEN-GAR-2026-02370, de fecha 28 de mayo del 2026, señala: “… el sector de la comunidad de Playa Colibrí ya fue objeto de un recuro de amparo, atendido por la Sala Constitucional en el expediente No. 25- 032602-0007-CO, en el cual se emitió la resolución No. 2025041106, de las 10 horas 10 minutos del 11 de diciembre el 2025, que señaló: “CONSIDERANDO: I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente solicita que se ordene a la ASADA La Palma de Puerto Jiménez suministrar el servicio de agua potable a la comunidad de Playa Colibrí, alegando que por años han efectuado diversas gestiones ante la Municipalidad de Golfito, la Municipalidad de Puerto Jiménez, el MINAE y otras autoridades; sin embargo, han sido omitidas o denegadas, pese a que otras comunidades ubicadas también en zona de patrimonio nacional sí cuentan con dicho servicio. Afirma que actualmente dependen de un pozo que no cumple los estándares de salud y que la negativa reiterada vulnera su acceso a un servicio básico esencial… V.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial: VI.-SOBRE EL CASO CONCRETO… Al respecto, la Sala descarta la afectación a los derechos fundamentales de la parte amparada. Lo anterior, porque si bien la recurrente alega que, pese a que por años han realizado diversas gestiones ante las autoridades accionadas para que se les suministre el servicio de agua potable a la comunidad de Playa Colibrí; sin embargo, esto no ha sido posible, mientras que otras comunidades ubicadas también en zona de patrimonio nacional sí cuentan con dicho servicio. No obstante, de los informes rendidos, así como de la prueba que consta en autos, se tiene por acreditado que la problemática radica en que la zona en cuestión es Patrimonio Natural del Estado, donde solo pueden autorizarse actividades de investigación científica, capacitación y ecoturismo, previo permiso del SINAC, ya que es un bien del Estado. Es decir, son bienes de titularidad pública que no pueden ser objeto de propiedad privada, son inalienables, imprescriptibles e inembargables, están fuera del comercio de los hombres, porque están sujetos a un régimen especial de utilización y protección. Dicho lo anterior, las autoridades accionadas están imposibilitadas legal y materialmente a su inclusión en la facturación o para la instalación del servicio de agua potable que alega la recurrente, por las condiciones especiales que presenta la zona. Asimismo, como se aprecia en los hechos probados de esta sentencia, las autoridades accionadas realizaron una serie de actuaciones e investigaciones, a fin de resolver la solicitud de la recurrente, siendo que le dieron respuesta tanto a ella como a la comunidad de Playa Colibrí, sobre el impedimento legal para suministrar el servicio de agua potable; situación que no se considera arbitraria, toda vez que se fundamentó en razones objetivas y en criterios técnicos. Por lo expuesto, la Sala descarta la afectación a los derechos fundamentales de la tutelada, pues como se indicó, la autoridad accionada resolvió y le informó a la interesada las razones por las cuales se le negó el suministro de agua potable a la población de Playa Colibrí…” (el resaltado es nuestro) PETITORIA Con base en las pruebas aportadas solicitamos a esta Honorable Sala Constitucional lo siguiente: - Se declare sin lugar el recurso de amparo No. 26 – 012749 – 0007 – CO interpuesto por la Nombre01, cédula de identidad No. CED01 a su favor y de las menores de edad Nombre02 y Nombre03, contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, dado que no hay asunto pendiente que atender por parte de mi representada. - No se condene al Instituto al pago de daños y perjuicios ni costas por el presente recurso, ya que el AyA como quedó demostrado ha actuado en apego de los principios rectores en la materia y dentro del parámetro de legalidad que establecen la Constitución Política, las leyes y reglamentos que nos rigen; - Se archive el expediente constitucional”.\n\n10.- Por escrito incorporado al expediente digital el 1 de junio de 2026, contesta la audiencia otorgada Cynthia Lineth Picado Mena, presidenta de la Asada de la Palama Integrada Osa Golfito. Expone: “A.- Sobre este mismo cuadro de hechos ya esta sala resolvió, eso dentro del proceso de Recurso de Amparo número 25-032602-0007-CO, en el que figuró como tercero además de los acá recurridos, el Sistema Nacional de Áreas de conservación (SINAC), gestión constitucional que se resolvió por medio de las diez horas diez minutos del once de diciembre de dos mil veinticinco mediante resolución: 2025041106, en la cual se resolvió: “POR TANTO: Se declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez pone nota. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan el voto y ordenan continuar la tramitación del recurso a los efectos de que se solicite informe al regulador general de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Notifíquese.”. Esto se refiere pues respetuosamente y sin perjuicio del informe que se brindará, se considera importante mencionar ya que se considera el objeto de este Recurso de Amparo, un asunto cerrado, y se impide atender una nueva solicitud o petición sobre el tema que ya fue decidido y revisado previamente. B.- Sobre la prueba documental que acá de mi parte se mencionará será aportada la misma en archivos Pdf, y en dos Certificaciones, una Certificación (Certificación- ASADALAPALMA-001-2025) que corresponde a los documentos que se han recopilado para rendición de informe respecto del Recurso de Amparo número 25-032602-0007-CO, y otra Certificación (Certificación-ASADALAPALMA-001-2026) de los folios 428,429 y 430 del Libro de Actas de Junta Directiva número 4, Acta número 16, Sesión Ordinaria del 01 de octubre del año 2024. INFORME: PRIMER ASPECTO DEL INFORME: Se desconoce si ella habita en el sector de Playa Colibrí, de la Palma de Puerto Jiménez, Puntarenas, igualmente se desconoce con quien ella habita, igualmente se desconoce sobre la condición de Vulnerabilidad que refiere. Asimismo, se niega categóricamente que la ASADA que represento actuare con Discriminación, Exclusión Arbitrativa o Rechazo contra de Familias de esta comunidad de Colibrí por ellos estar en condición de mucha pobreza y que por ese motivo no se brinde el servicio de Agua Potable, sino que los motivos son otros, pues como se dirá efectivamente no se brinda el Servicio en un Sector de Comunidad o Barrio Colibrí, pero por motivos distintos que más adelante se explicarán, así como se explicarán las diferentes diligencias que se han realizado en este caso concreto de parte de mi representada, se aclara que esto obedece a una imposibilidad legal justificada, y no a una simple ocurrencia sin fundamento ni motivación. Se desconoce que las personas que habitan en esa comunidad de Colibrí hicieran Pozos para abastecerse de agua en sus necesidades, y concretamente con respecto a la recurrente, no consta en registros de mi representada que alguna vez gestionara algún servicio de acometida de agua o “paja de agua-prevista”. Sobre el señalamiento de que mi representada ha actuado con exclusión arbitraria contra niños y adultos mayores, y que no ha tomado las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento de agua potable tal como lo plantea la recurrente, eso no es real, pues se ha buscado garantizar el servicio, pero de frente a esto existe una imposibilidad legal de orden ambiental que no lo permite, como se explicará en detalle más adelante, y por un tema limítrofe de Áreas de Conservación es que no se puede avanzar más hacia un sector específico, que es el sector específico en que reside la recurrente, pues se asume por lo dicho de la misma recurrente, ya que no se nota una redirección exacta de señas de su vivienda o propiedad que dice afectada. SEGUNDO ASPECTO DEL INFORME: Ahora bien, sobre lo indicado para ser parte de este Informe en lo relacionado a que los vecinos de la comunidad de Colibrí (mediante la modalidad de Comités locales u organización vecinales) hicieran solicitudes de servicio de agua potable, y que les fueran negadas, es cierto, todo de lo cual se detallará en el presente informe en cuanto a motivos y circunstancias, mismas que explicarán además el motivo por el cual aun contando con el recurso hídrico necesario, y las posibilidades administrativas y financieras para el proyecto, se debió dividir el mismo en Etapa 1 y Etapa 2, siendo la Etapa1 la que reprocha la recurrente en el sentido de indicar que hay vecinos de la misma comunidad de Playa Colibrí que si tienen el servicio y otros que no, en cuenta la recurrente, de lo cual se repite, es por un tema limítrofe de Áreas de Conservación que no se puede avanzar más hacia un sector específico, que es el sector específico en que reside la recurrente. TERCER ASPECTO DEL INFORME: Sobre la denominada alternativa que ofrece mi representada en relación a que se permite recolectar agua potable en un tubo o punto específico, para suplir la necesidad, que se ubica en las Oficinas centrales de la organización que represento, sea ubicada en el Centro de la Localidad de la Palma, Puerto Jiménez, es cierto que el tubo o llave de agua existe y es de uso para la comunidad en general y cualquier transeúnte pues está en el retiro frontal de la edificación sin resguardo de mallas o portones que impidan su uso, no obstante desde el seno de nuestra organización no se ha indicado ni invitado ni formalmente ni informalmente en documento alguno, ni en reunión alguna que esa llave de agua libre, sea para el uso de los vecinos de la Comunidad de Colibrí, es decir, el uso de ese punto de suministro además de ser público y gratuito, no ha sido específicamente indicado que sea el que deba de solucionarle el abastecimiento de agua potable como alternativa a los vecinos de la Comunidad de Colibrí ni a la recurrente su situación, ahora bien, sobre la distancia entre las Oficinas de mi organización y la comunidad de Colibrí, ronda ser entre 3 a 4 kilómetros. Sobre alternativas, La Junta Directiva de mi representada en Pleno recibió a específicamente a los folios 428,429 y 430 del Libro de Actas de Junta Directiva número 4, Acta número 16, Sesión Ordinaria del 01 de octubre del año 2024, en la cual en el Artículo # 2 se les indica al Comité de Colibrí nombrado ante la Municipalidad, que existe la posibilidad de prestar el servicio de instalación de una paja de agua administrada por ese Comité, del cual en ese momento es Carolina Navarro la Presidente, de manera que sea ese Comité haga las veces de administrarlo, a lo cual indican que no lo aceptan pues eso hará que se dure más con el proceso de “meter la tubería en el sector izquierdo” y que “luego no va a querer pagar, lo que el comité indique basado en lo que la Asada informaría”. CUARTO ASPECTO DEL INFORME: Asimismo, sobre la indicación que, en la misma comunidad de Colibrí, y a escasos 200 metros de distancia se brinda servicio de agua potable en un sector con menos familias abonadas y personas con vulnerabilidad, como antes he mencionado, esto obedece a una imposibilidad legal justificada, y no a una simple ocurrencia sin fundamento ni motivación. QUINTO ASPECTO DEL INFORME: Sobre la forma de administración y la relación que existe entre mi representada y el Nombre06, la misma se da, efectivamente, en el sentido que existe de parte del Nombre06 una delegación y supervisión en el que se le otorga a una ASADA la administración del agua y saneamiento en su comunidad, sin que el Nombre06 pierda su rol como institución rectora, y mi organización como organización privada y sin fines de lucro, que está integrada por vecinos voluntarios de la comunidad que asumen la función es gestionar el acueducto local, brinda y cobrar el servicio. SEXTO ASPECTO DEL INFORME: SOBRE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS QUE MI REPRESENTADA HA REALIZADO EN EL PRESENTE ASUNTO: Como antecedente se tiene registro y conocimiento en nuestra organización, que los vecinos de la comunidad de Playa Colibrí, en el transcurso del año 2019 hicieron gestiones ante el ente municipal de Golfito (en ese momento Golfito pues ahora es Municipalidad de Puerto Jiménez), puesto que según documento de fecha 2 de enero del año 2019, a mi representada vecinos de la comunidad de Playa Colibrí nos invita a una reunión para el 01 de febrero del año 2019 a las 02:00 p.m., a la cual se asiste pero realizándose en fecha del 11 de febrero del año 2019, y de la cual la Junta Directiva de mi representada toma un acuerdo, en el acta número 225 la sesión celebrada en fecha 11 de febrero del año 2019, en el cual se le indica a los en ese momento solicitantes que se le sugería que redactaran una nota o documento para ante el Concejo Municipal y Alcalde (en ese momento del Cantón de Golfito) en la que solicitaran información importante para la ASADA como lo relacionado a calles públicas, lotes que contaran con permiso de uso de suelo municipal, y certificación de planos, esto se dijo en ese momento basado en los reglamentos del Nombre06 (pues como antes se dijo es nuestro Ente Rector) asimismo se acuerda incluir el levantamiento topográfico que le estaba haciendo la ASADA en ese momento a todos los sectores que administraba, de ello se tiene copia que se nos hizo llegar de nota de fecha 11 de febrero del año 2019 en que ese mismo grupo de promoventes se dirigen al Concejo Municipal de Golfito, con la intención de lo sugerido por la ASADA, y de esa gestión se desconoce el resultado. Asimismo, se informa que mi representada en ese momento (año 2019) hizo lo propio para que se incluyera a la comunidad de Playa Colibrí en el Levantamiento Topográfico antes referido, ello se acredita mediante los correos electrónicos, enviados a Evelyn Lizano Fernández del A y A, encargada de ello, de fecha 12 de febrero del año 2023, el correo de fecha 27 de febrero del año 2019 enviado a Ricardo Peralta para esos efectos. Se da cuenta a esta Sala de la existencia del Oficio SMG-T-111-02-2021 en el que relacionado al tema, se nota que en las actas de sesión de Concejo Municipal de Golfito, se indica textualmente: “Solicitud de certificación donde se le otorgue a la ASADA de la Palma de Puerto Jiménez, un permiso para puedan colocar una prevista de agua potable a vecinos de Playa Colibrí.” -apariencia de cursiva no es del original, y efectivamente se acuerda: “Trasladar esta solicitud a la administración para que le den respuesta a los vecinos.” -apariencia de cursiva si es del original, no obstante a ello, a mi representada nunca la Administración Municipal de Golfito ha hecho llegar disposición alguna en ese sentido. En este particular tema, el Acta Ordinaria número 17 de fecha 27 de abril del año 2022, inserta un acuerdo, que textualmente indica: “ACUERDO 14-ORD 17.-2022 Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar la nota a la comisión de Ambientales. Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.”- apariencia de cursiva si es del original. Por último, a manera de informe se destaca que, de parte de mi representada, en relación a este tema, y al tenor de la prueba adjuntada, sea el Acta Ordinaria número 17 de fecha 27 de abril del año 2022, se nota que se inserta un acuerdo, que textualmente indica: “INCISO 10.2 Se conoce oficio ASADALAPALMA-IOG-014-2021 de fecha 03 de febrero de 2021, dirigida al señor alcalde, firmado por la señora Cynthia Lineth Picado Mena, Presidente ASADA La Palma Integrada Osa, Golfito.” - apariencia de cursiva si es del original. Ante el antes mencionado Oficio ASADALAPALMA-IOG-014-2021 de mi representada es de importancia para este Informe indicar algunos aspectos para que sean conocidos por este Tribunal Constitucional para la resolución de este asunto, el primero de ellos es que, adjuntando copia certificada del mismo, se nota que en fecha del 03 de febrero del año 2021, en oficio ASADALAPALMA-IOG-014-2021, de parte de La ASADA que represento, de una manera estrechamente relacionada con el asunto objeto de reproche por la recurrente, se dirige nota al en ese momento Alcalde de la Municipalidad de Golfito, el señor Freiner Lara Blanco, en la cual es mi representada la que le consulta al Alcalde Municipal sobre de la existencia o no de una respuesta a la solicitud de la “Comunidad de Playa Colibrí”, según dice la misma nota, solicitud que fuere fechada del 11 de febrero del año 2019; es importante que se visibilice desde ya que en este momento histórico (febrero del año 2021) la Comunidad de Playa Colibrí o Colibrí, que ahora reviste los mismos intereses de la recurrente, no contaba con servicio de previstas de agua potable suministrado por mi representada ni con el ramal necesario para abastecerlos, lo cual efectivamente para el grupo de recurrentes sigue siendo así, pues efectivamente los vecinos mencionados por la recurrente y ella misma, en ese sitio específico en que residen, no son abonados de mi representada, cosa que ha sido desde que mi representada tiene existencia, es decir debe entenderse que para en ese momento dar el servicio que ellos solicitaban, ameritaba de una serie de estudios de disponibilidad de recurso y avales necesarios para iniciar a dar el servicio, es por eso que mi representada se dirige a la corporación municipal de Golfito, para consultar y también explicar cómo en efecto era necesario, que se nos brindara datos de interés tales como -y se transcribe-: “Necesitamos su apoyo para que nos brinden esta información sobre cuantas familias cuentan con lote y su respectivo uso de suelo, cuales están en trámite, cual es el plan de Desarrollo de los lotes ubicados en el sector de Playa Colibrí y también necesitamos el croquis de las calles públicas de dicho sector.” - apariencia de cursiva no es del original. Todo ello pues en el contexto del análisis que se realizaba para ese momento, era de importancia para determinar la dimensión de la necesidad por consumo de agua potable y su ampliación para el respectivo levantamiento topográfico, presupuestos, ruta del ramal de acueducto necesario de crear, y conseguir el Aval Técnico de parte de Acueductos y Alcantarillados (A y A) como Ente Rector, requisito indispensable para poder satisfacer los intereses de los vecinos mencionados por la recurrente y de ella misma, y que es requisito general para cualquier proceso similar, sea de apertura de servicios nuevos para previstas de agua potable, pues una vez que se contara con ello se podría avanzar con el Aval Técnico, a mayor profundidad, se puede decir que era necesario contar con el dato de los posibles abonados del proyecto y sus ubicaciones, proyecto que se llamó inicialmente “Proyecto Colibrí”, el cual posteriormente y por lo que explicará, se le llamó “Proyecto Colibrí Etapa 1” y “Proyecto Colibrí Etapa 2”, y esto era necesario esclarecerlo mediante consulta a la Municipalidad de Golfito en ese momento (recordando que a partir del mes de mayo del año 2024 la Municipalidad de Puerto Jiménez se crea y territorialmente Puerto Jiménez deja de pertenecer a la Municipalidad de Golfito para ser Puerto Jiménez un Cantón independiente), esto por cuanto la Comunidad de Playa Colibrí se ubica en Área de Zona Marítimo Terrestre, y por mandato de la Ley 6043 denominada “Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre”, según el numeral 3, son terrenos bajo la Administración Municipal, a saber, este numeral indica claramente: “Artículo 3º.- Sin perjuicio de las atribuciones de ese Instituto, compete a las municipalidades velar directamente por el cumplimiento de las normas de esta ley referentes al dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de la zona marítimo terrestre y en especial de las áreas turísticas de los litorales.”, entonces como se ha dicho, pues siendo que la totalidad de esos terrenos al estar ubicados en dicha condición de Zona Marítimo Terrestre, se debía consultar a la Administración Municipal, en ese momento del Cantón de Golfito, pues así las cosas, se puede resumir que el Aval Técnico del Nombre06 es una garantía que emite el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A) para certificar que un proyecto específico, especialmente para el aprovechamiento de agua para consumo humano, cumple con las normativas técnicas y es viable. Este aval no exime de otros trámites, como la revisión de planos de construcción, pero sí valida la capacidad técnica del proyecto y del responsable para llevarlo a cabo, asegurando el cumplimiento del mismo desde un inicio hasta un fin. Y con este Aval se puede evaluar los recursos necesarios para la ampliación de la línea de distribución hacia esa Comunidad de Playa Colibrí (ramal de abastecimiento de agua) y así poder dotarlos de previstas de agua potable; ahora bien, la intención de mi representada con el contenido y envío del oficio ASADALAPALMA-IOG-014- 2021 dirigido a la Municipalidad de Golfito, era precisamente eso, sea resolver y realizar diligencias de rigor para atender la solicitud de la ahora recurrente y en general de todos los vecinos, nótese de la prueba adjunta que posterior a ello en fecha del 08 de febrero del año 2021, mi representada se vuelve a dirigir vía correo electrónico enviado al alcalde antes referido, y en el cuadro de dialogo del correo, se indica textualmente de la necesidad de convocar a una reunión, solicitando hasta fecha y hora para ello, en esa ocasión se indicó: (…) En esta línea, nuestro oficio ASADALAPALMA-IOG-014-2021, si fue atendido, ello mediante la indicación que se hace por la Secretaría del Concejo Municipal (Roxana Villegas Castro) de Golfito, mediante oficio SMG-T-172-03-2021 de fecha 26 de marzo del año 2021, mismo que su vez alude al Oficio de la Encargada a.i. del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Golfito, mediante oficio ZMT-MG-O-I-046-2021 del 11 de marzo del año 2021, en el que textualmente se indicó: “Realizada la revisión a los nombres de las familias (personas), que requieren el permiso para la prevista de agua, se determina que la mayoría no cumple con los requisitos mínimos, como lo es; la apertura de un expediente con la debida solicitud de Permiso de Uso en la Zona Marítima Terrestre, conforme los requisitos estipulados en los artículos 27, 28, 29 y 30 siguientes y concordantes del Reglamento Decreto Ejecutivo N°7841P, a la Ley N° 6043 sobre la Zona Marítimo Terrestre del 2 de marzo de 1977 , y el artículo 15 del Manual de Procedimientos para el Otorgamiento de permiso de uso de la Zona Marítimo Terrestre Administrada por la Municipalidad de Golfito.” Nombre07 no es del original, subrayado sí. Es por ello que, para ese momento histórico, que cuando se envía a la Municipalidad de Golfito el oficio ASADALAPALMA-IOG-014-2021 de mi representada, habiéndose en ese momento adjuntado la nota de solicitud de los mismos (dirigida a Boris Gamboa Balladares y recibida el 07-01-2021 por Iván Mora), como se aprecia del oficio ZMT-MG-O-I-046-2021, no contaban los solicitantes acorde a la Ley 6043 denominada “Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre” con los requisitos o aval de parte de la Municipalidad para poder otorgárseles las previstas. Mas, sin embargo, más allá de todo lo anterior dicho sobre diligencias municipales, como más adelante se indicará, existen alrededor del fondo de los reproches planteados en este proceso constitucional, otros elementos que han dado al traste con que, por aspectos técnicos y legales, no se haya podido al día de hoy realizar las diligencias administrativas para la ampliación de la línea de distribución de agua potable (ramal) con sus previstas hacia esa Comunidad de Playa Colibrí, y con ello dotarles de previstas de agua, mismos elementos/aspectos que más adelante se harán notar. Sobre la indicada Exclusión Arbitraria que reprocha la recurrente, se debe aclarar que en otros barrios, caseríos o comunicades, cercanas a Áreas de Zona Marítimo Terrestre, tales como Rincón de Osa, Playa Blanca, Playa Escondida, cuentan con conexión a agua potable suministrada por mi representada, debo de indicar que mi representada es encargada de suministrar agua potable a varias comunidades y cuenta actualmente con la cantidad exacta al día de emisión de este informe de 2003 abonados activos y 64 abonados inactivos, que reciben nuestro servicio, las comunidades que reciben este servicio son: Playa Colibrí, La Palma, La Amapola, Playa Blanca., Puerto Escondido, Guadalupe, Riyito, El Campo de Agua Buena, Banegas, Rancho Quemado, Bahía Chal, Rincón, Mogos, Pargos, Taboga 1., y en la labor que se realiza por nuestra organización es indispensable garantizar que se cumplan con los aspectos técnicos y legales en cada uno de los proyecto de abastecimiento de agua potable que se desarrollen, eso a gran escala cuando se trata de abastecer a una comunidad que aún no cuenta con servicio, como también en pequeña escala o de manera individual cuando se nos solicita un servicio de agua potable (prevista de agua) en una comunidad que ya recibe el servicio, esto lo es así por Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados comunales Nº 42582- S-MINAE que dentro de nuestras obligaciones se enmarca lo establecido en el artículo 28, sobre Obligaciones y Derechos de las ASADAS, que a letra en lo que interesa dice en su inciso “j” sobre la emisión de constancias: “Emisión de constancias: Emitir constancias de disponibilidad del servicio y cartas de capacidad hídrica, contribuyendo al desarrollo de sus comunidades, de acuerdo con su balance hídrico y siempre que proceda técnica y legalmente.”.- Negrita y cursiva no son del original. Ahora bien, dicho lo anterior es importante tener presente en el panorama de este asunto, que la comunidad de Playa Colibrí, o Colibrí, para antes del mes de 19 de abril del año 2024, no contaba con la prestación del servicio de agua potable de parte de nuestra organización, y esto es resultado de que en vista de esta necesidad fue que desde aproximadamente el mes de 11 de marzo del año 2024 (fecha de inicio de proyecto Etapa 1), que por gestión de los vecinos de la comunidad de Playa Colibrí ante nuestra organización que se inicia con el proyecto nuevo de abastecerles de agua potable en su fase de “Etapa 1”, en principio ello se realiza analizando que sí se contaba con un balance hídrico que fuera suficiente para cubrir las necesidades de esa población, y que lo permitía el análisis técnico y legal que antes se ha referenciado son necesarios. Además se da cuenta que se instaló un medidor de agua potable a unos vecinos que viven en la comunidad de Playa Colibrí, aspecto que es de especial relevancia en este caso, pues efectivamente en la comunidad de Playa Colibrí como parte del afán de nuestra organización por satisfacer la necesidad de agua potable a los usuarios que lo solicitaron, se hicieron el estudio y análisis que se requerían, y dan con el resultado que en lo que es la totalidad del Barrio o Comunidad de Playa Colibrí, si existía un balance hídrico que permitía de sobrada cuenta dar el servicio, pero que en lo que se debía analizar sobre aspectos técnico legales, un sector del poblado sí podía recibir el servicio y otro no, esto debido a que el sector del poblado que si podía recibir el servicio se ubicaba fuera del Patrimonio Natural del Estado, y el otro si estaba inmerso en Patrimonio Natural del Estado, y es precisamente este último sector en el que residen y pretenden los recurrentes que se les brinde el servicio en sitio de agua potable, o lo que es lo mismo que se les coloque “una prevista de agua”, situación técnica-legal que adelante en este informe ampliaré con documentación y criterios que fueren diligenciados de parte de mi representada directamente con el personal del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Sede Oficina Subregional Peninsular (PUERTO JIMÉNEZ.) Puerto Jiménez, Puntarenas. Así las cosas, en relación con la mención de que se instaló un medidor de agua potable a unos vecinos que viven en la comunidad de Playa Colibrí, así como la mención de la instalación de un hidrante en la comunidad de Playa Colibrí, se debe de aclarar, que habida cuenta de parte de nuestra organización de la situación de que un sector de la comunidad Playa Colibrí estaba inmersa en Patrimonio Natural del Estado, se decide realizar el proyecto nuevo de abastecimiento de agua potable en 2 etapas, las cuales como antes se indicó se denominaron “Proyecto Colibrí Etapa 1” y “Proyecto Colibrí Etapa 2”, es por ello que las referencias de la instalación de medidor de agua (previstas) y de un hidrante deben merecer toda credibilidad, pero con la indicación de que esos son parte del Proyecto sí, pero de la “Etapa 1”, de la cual de seguido se informará en qué consistió, como se llevó a cabo y las diferente diligencias administrativas que durante los trabajos en campo de esa etapa 1 se debieron realizar; en primer instancia relacionado al tema se tiene registro en nuestra Organización de un correo electrónico recibido por Nombre08(, de fecha 22 de marzo del año 2023, en el que expone la necesidad de que la comunidad de Playa Colibrí contara con agua potable, en el que de manera íntegra menciona: (…) Al correo de la solicitud anterior se le da respuesta al día siguiente, el día 23 de marzo del mismo año 2023, y se le indica que el caso será ubicado para ser analizado en la Junta Directiva de la ASADA en la segunda semana de abril del año 2023, y se le hace una solicitud de documentos de la Municipalidad (en ese momento era la de Golfito), asimismo sobre esta solicitud al señor Nombre08 (sic) Nombre08, se le hace llegar convocatoria para atenderle a él (y los vecinos igualmente afectados como la acá recurrente) en su propia casa de habitación de parte de mi representada el día 21 de abril del año 2023, eso mediante oficio del 11 de abril del año 2023 número ASADALAPALMA-OIG-081-2023. Y efectivamente para el día 21 de abril del año 2023, se realiza la reunión se atiende las consultas de los vecinos y se levanta una lista de asistencia de 19 personas de parte de los vecinos de la comunidad Playa Colibrí o sector Colibrí, importante detalle para este recurso de amparo, pues de cierta manera este grupo de vecinos participantes representaron y representan interés común a los que representa ahora la recurrente en su objeto del Recurso. A raíz de esta solicitud, mi representada inicia las labores administrativas tendientes a poder satisfacer los requerimientos de agua potable en Comunidad Colibrí o Playa Colibrí, es por ello que en fecha del 21 de abril del año 2023, a nuestra petición, Nelson Araya Cespedes (sic) (funcionario del A y A), que es un Técnico del A y Nombre09, emite el documento (02 folios) sobre la ubicación del “ramal” para la extensión que debía ser necesaria para el proyecto, sobre el tubo requerido, y válvulas necesarias, y con ello se inicia con trabajos de cotización en diferentes comercios, tales como: R & M de Costa Rica que emite factura proforma de fecha 24-04-2023, Hidromedición G&R nos emite factura proforma de fecha de fecha 24-04-2023, RQL INGENIERÍA nos emite factura proforma de fecha de fecha 24-04-2023, oscilando en cada caso los costos proyectados en materiales superiores a los 14 millones colones; sumas que para una organización como la nuestra son en exceso altos, y por ello en busca de soluciones alternativas y en aras de solicitar ayuda financiera y solucionar a los vecinos de Playa Colibrí, mediante oficio del 04 de mayo del año 2023 número ASADALAPALMA-OIG-096-2023, nos dirigimos al Centro Estratégico para el Desarrollo de la Península de Osa, mediante oficio del 04 de mayo del año 2023 número ASADALAPALMA-OIG-097-2023, nos dirigimos al señor Arnoldo Romero, mediante oficio del 04 de mayo del año 2023 número ASADALAPALMA-OIG-098-2023, nos dirigimos a la Oficina de Desarrollo territorial de Osa, no obstante no se obtuvo colaboración y apoyo económico de estos; es por ello que mediante oficio del 25 de enero del año 2024 número ASADALAPALMAOIG-007-2024, nos dirigimos al señor Boris Gamboa Valladares, funcionario del Nombre06 como responsable de la ORAC (Oficinas Regionales de Acueductos Comunales. Ente del Nombre06 encargado de brindar apoyo y orientación a las ASADAS) de Nombre10, en el cual se consulta por los materiales relacionados y necesarios para el proyecto, pues la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados y El Director de Fortalecimiento de ASADAS, ya había aprobado de ello desde el 07 de marzo del año 2024, ya que como diversas acciones que se realizaron ante el mismo A y A, se logró mediante el Oficio GSD-UEN-GAR-2024-00953 que el encargado de la UEN- Gestión de Acueductos Rurales, sea el señor Rafel Barboza Topping, nos indicaba que la compra ya había sido aprobada, y pues fue de esta manera como se puedo contar con los materiales necesarios para el Proyecto de Ramal en Comunidad Colibrí, y mediante el documento del Nombre06 denominado “Solicitud de Ingreso” del Programa de Comunidades en Riesgo Sanitario, suscrita de fecha 21 de julio del año 2023, por Boris Gamboa Valladares y Alberto Chavarría Gamboa. Ahora bien, en todo el conjunto de trámites administrativos y de mano de obra que se realizan para la aprobación y construcción del ramal necesario para abastecer la necesidad de agua potable de la comunidad de Playa Colibrí, en un determinado momento aproximadamente a mediados del mes de marzo del año 2024 ya cuando se realizaba trabajos en sitio y con el proyecto en marcha, de parte del SINAC, precisamente en fecha del 19 de marzo del año 2024, se realiza una inspección de parte de funcionarios de la Oficina Local de Puerto Jiménez, esta se debe a que a nuestro entender de parte de estas autoridades se tuvo conocimiento de las labores que mi representada realizaba, y siendo que son labores para colocación de tuberías mediante de Zanjeo, movimiento de tierra, ruptura de pasos en calle pública para posteriormente volverlos a cubrir, fue en ese momento objeto de revisión por dichas Autoridades nuestro proyecto, toda vez que en la comunidad de Playa Colibrí es reconocido que existen áreas de Patrimonio Natural del Estado, como antes se ha mencionado ya en este informe, es por ello que en fecha del 20 de marzo del año 2024, mi representada vía correo electrónico informa a Carlos Velásquez Zamora (asesor legal de SINAC) de la visita del 19 de marzo del año 2024, y se pide el Informe que de la misma se genere, puesto que era de vital importancia para conocer si el proyecto que se realizaba de nuestra parte estaba ajustado o no a derecho en cuanto a la legislación ambiental. Importante destacar que desde el 19 de marzo del año 2024 a nuestra organización ingresa un correo electrónico de parte de Carlos Velásquez Zamora, en el cual nos solicita que le hagamos llegar la información del proyecto referente a la construcción del acueducto que se dirige a Playa Colibrí pues indica que en dicha comunidad existe una Invasión en terrenos de dominio público o demaniales administrados por el SINAC, se inserta el texto original de dicha indicación: (…) Ahora bien, de la prueba que acá se acompañará a este Informe, y recordando que de lo acá informado, la solicitud inicial se da por parte de un vecino de nombre Nombre08(, un 22 de marzo del año 2023, es importante dejar claro que de la mano de todo el proyecto que venimos detallando para el abastecimiento de agua potable mediante la colocación de un ramal específico para la comunidad de Playa Colibrí, siempre se trabajó en cierta coordinación y hasta ayuda o colaboración de parte de los vecinos de la comunidad de Playa Colibrí, prueba de eso es que el mismo Nombre08 (sic) Luis en un documento sin fecha pero si del cual se puede decir fue recibido por mi representada en el año 2024, que representa la ayuda o colaboración que hacen los vecinos que se había organizado para colaborar, documento que tiene por Título: “Informe Económico Del Proyecto de Zanjeo para la colocación de la tubería para el agua potable Playa Colibrí-Familia Santa María”, en los que se detallan montos de aporte y diferentes recibos de pago que ellos realizan en ayuda a las labores útiles y necesarias que realiza mi representada en ese proyecto. Todo lo cual es importante destacar, pues en aras de suministrar a la comunidad de Playa Colibrí de Agua Potable, de instalarles su respectiva prevista de agua, a la fecha en esa comunidad existen una suma de 07 previstas de agua, que reciben el servicio gracias a la ampliación del ramal que se hizo nuevo y exclusivo para esa comunidad, y que se hizo hasta con muy valiosa ayuda de los mismos vecinos de la comunidad, eso sí, como se ha dicho antes, no siendo posible la ampliación del ramal en ciertas zonas solicitadas para instalación de previstas, eso por motivos de ser sector Patrimonio Natural del Estado, y que es precisamente en el sector geográfico que los recurrentes solicitan, detalle este último de la existencia de Patrimonio Natural del Estado que más adelante se abordará. Importante destacar que según documento denominado: “REPORTE DE TOTALES DE RECURSOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO RAMAL COLIBRÓ ETAPA 1”; se realiza una inversión de ₡ 19,540,593.07, con un final de operaciones en fecha del 19 de abril del año 2024, con fecha de instalación de hidrante en fecha del 17-04-2024, con incluso la indicación de los actores: mi representada, FEDASUR (Federación de Asadas del Sur. Este ente integra alrededor de 32 asadas de la Zona Sur del país) y Comunidad Colibrí, y con fotografías alusivas al proyecto, mismo Proyecto Etapa 1 que fue entregado y presentado formalmente con participación de todos los vecinos de la comunidad que pudieran asistir a la Oficina de nuestra Organización en fecha del 10 de mayo del año 2024 (ver lista de asistencia 02 folios). Sucede que de este proyecto en “Etapa 1”, quedó debidamente revisado por el SINAC mediante el Oficio que emite: SINAC-ACOSA-DFRVS-SRP-0142-2024, de fecha del 21 marzo del año 2024, suscrito por Roy Pérez Vásquez de la Sub Región Peninsular- SINAC (04 folios), que nuestra organización en sus labores NO se avanza a realizar labores en Patrimonio Natural del Estado, esto textualmente es expresado así: (…) Ahora bien, nótese la cercanía a la que de manera muy diligente llega el ramal y nuestro proyecto, que es de 40 metros, del sector más próximo a zona de Patrimonio Natural del Estado, esto lo fue así en el afán de cubrir la mayor parte de terreno posible sobre vía pública sin protección estatal por ser Patrimonio Natural del Estado, y con ello acercarse lo más posible o abarcar lo más posible hacia la cobertura de la localidad de Playa Colibrí, y además nótese que se llega hasta ese punto, pues de parte del SINAC, se consideró los límites del sitio, y es esa Entidad Pública el ente encargado dar ese criterio, ya que es esta la entidad encargada de emitir el criterio como ente Técnico y Legal según la Ley de Biodiversidad número 7788, en su SECCIÓN II, referente a SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, en su artículo 22, todo en aras se respete un “manejo adecuado de los recursos naturales”. Ante todo lo anterior, se estima necesario un informe, por parte del SINAC (SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN), específicamente a la SEDE OFICINA SUBREGIONAL PENINSULAR. (PUERTO JIMÉNEZ), en este tema, puesto que como se ha venido indicando el terreno sobre cual han reclamado el no suministro de “previstas de agua” es Patrimonio Natural del Estado. Ahora bien, esto tiene relación con lo denominado como “Etapa 2” del proyecto de abastecimiento de agua potable de Playa Colibrí, pues de lo que se ha venido indicando y de lo que se dirá en las siguientes líneas, aun cuando mi representada ha tenido la intención de poder dotar de agua potable a todas las personas que lo requieran, sucede ser que en el tanto se avanzaba con la “Etapa 1”, las diferentes intervenciones del SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN. SEDE OFICINA SUBREGIONAL PENINSULAR. (PUERTO JIMÉNEZ), dejaron ver que una gran parte del territorio que se conoce como Barrio o Comunidad Colibrí o Playa Colibrí, está inmerso en lo que se ha determinado es “Patrimonio Natural de Estado” y en lo que atañe a los intereses representados por la recurrente, ella y todos los vecinos piden un servicio de agua potable mediante una “prevista de agua” dentro de terrenos que son parte de ese Patrimonio Natural del Estado, lo cual ha sido motivo por el cual no se puede acceder a lo que se nos ha peticionado en sede administrativa en nuestras oficinas, y que acá ahora es objeto de Recurso de Amparo, pues como antes se dijo, para que mi representada actúe debe hacerlo acorde al Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados comunales Nº 42582-S-MINAE, que en el artículo 28, sobre Obligaciones y Derechos de las ASADAS, inciso “j”, refiere dirigirse acorde a lineamientos técnicos y Legales, y es que precisamente ya como se dijo, mediante el Oficio SINAC-ACOSA-DFRVS-SRP-0142-2024 (de Roy Pérez Vásquez de la Sub Región Peninsular- SINAC), se aclaró el punto, pero además como se verá el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, SEDE OFICINA SUBREGIONAL PENINSULAR. (PUERTO JIMÉNEZ), también se manifiesta y en igual sentido mediante Oficio: SINAC-ACOSA-DRFVD-SRP-0494-2024 (que más adelante se detallará). Otro detalle importante es que cuando en fecha 17 de junio del año 2024 el señor Juan Carlos Hernández Meza se dirige a nuestra organización mediante nota sin número de oficio, lo hace como representante de la comunidad Colibrí, y como Presidente del Comité, solicitando una reunión para aclarar detalles relacionados con la continuación del proyecto Etapa II, casi simultánea nuevamente el señor Carlos Velásquez Zamora vía correo electrónico de fecha 21 de junio del año 2024, nos hace saber de situaciones que consideró relevante hacérnoslo saber, tales como la existencia de procesos penales por “ocupaciones ilegales, y dijo:“…(…)…en áreas administradas por SINAC y eventualmente también en tierras administradas por la Municipalidad de Jiménez, siendo estos lugares bienes demaniales pertenecientes al patrimonio natural del Estado, donde no se permite la construcción de casas de habitación y otros sin contar con los respectivos permisos,…(…)…Ante esta situación solicito a su persona dirigirse al Fiscal del Ministerio Público, Lic. Ángel Gwam” cursiva no es del original. Motivo por el cual mi representada por medio del oficio ASADALAPALMA-IOG-036- 2024 de fecha 26 de junio del año 2024, hace la consulta vía correo electrónico al Fiscal del Ministerio Público, Lic. Ángel Gwam, quien informa a mi representada textualmente: (…) Dejando en claro que además en sitio de solicitud de las Previstas de Agua Potable (Comunidad Playa Colibrí), existen litigios penales de índole de Usurpación, Cambio de Uso de Suelo, y Tala de Zona de Protección, y menciona como imputados a 6 personas. Asimismo, en el afán de obtener mayor claridad en el tema relacionado a la Etapa II del Proyecto, nuestra organización, se dirige a Paula Mena Corea, en su condición de Jefa del SINAC en la sede Puerto Jiménez, eso mediante el oficio ASADALAPALMA-IOG-041-2024, de fecha 16 de julio del año 2024, en el cual se le solicita Información sobre el proceso en la Comunidad de Colibrí, en el cual se le explicaba que era necesario para nuestra organización conocer de los procesos que se estaban siguiendo en la comunidad de Colibrí, pues una vez que se recibe el correo de Carlos Velásquez Zamora en fecha del 21 de junio del año 2024 la operación de la “Etapa 2” del Proyecto se paralizó, y se le debía dar una respuesta a los vecinos interesados a los cual en cuenta estaría la acá ahora recurrente, en ese se le indica a Paula que el Fiscal no ha dado mayores datos, y que por eso le solicita a ella información, ante este oficio el señor Carlos Velásquez Zamora contesta que no puede darse información, eso vía correo electrónico de misma fecha 16 de julio de 2024. Es así como entonces mediante Oficio ASADALAPALMA-IOG-052-2024, de fecha 04 de setiembre del año 2024, que mi organización se dirige para con la señora Nombre11 (Funcionaria de SINAC- Patrimonio Natural del Estado), en la cual en el asunto se le indica: “Solicitud certificación de Patrimonio Natural del Estado y solicitud visita de campo.”, y en el cual que lo que se pretende es conocer detalles para poder darle un respuesta a los vecinos de la comunidad de Playa Colibrí que aún esperan el Proyecto en su “Etapa 2”, mismo que en lo que interesa literalmente indica: “Somos ASADA La Palma Integrada Osa-Golfito, quienes con el apoyo de las municipalidad, instituciones públicas y privadas; y de nuestro ente rector el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA), hemos gestionado el suministro continuo e ininterrumpido de agua potable a más de 15 comunidades, repartidas entre el cantón de Osa y el cantón de Puerto Jiménez, abasteciendo alrededor de 7.000 habitantes. Actualmente tenemos en curso un proyecto denominado “Construcción de ramal en la comunidad de Colibrí”, esta comunidad se ubica en La Palma del distrito Puerto Jiménez, cantón Puerto Jiménez, en la provincia de Puntarenas; el proyecto lo dividimos en Etapa 1 y en Etapa 2, ya que tenemos conocimiento de la existencia del proceso penal 19-2.000124-1137-PE y la causa 22-002777-0062-PE, por la destrucción y apropiación ilícita de terrenos del Estado en la comunidad. Al existir esta situación, solo hemos realizado la Etapa 1, que corresponde a parte de la comunidad libre de esta situación, pero, el proyecto en su Etapa 2 continua sin realizase y la población en este sector continuamente nos pide soluciones, debido a que el acceso al agua potable es un derecho humano. Así las cosas, amablemente le solicitamos lo siguiente: 1-) Certificación de Patrimonio Natural de Estado: Con este documento en nuestro poder, podemos comunicar a la población de la comunidad de Colibrí que, en efecto, no podemos realizar nuestro proyecto en esos terrenos porque estaríamos trabajando ilegalmente en propiedad del Estado. 2-) Visita de campo: Solicitamos la visita al campo de alguna persona funcionaria para que, nos pueda señalar exactamente los puntos límites de nuestro proyecto, es decir, hasta dónde podemos legalmente continuar nuestro proyecto de abastecer de agua potable a esa comunidad. A modo de antecedente, en fecha 19 de marzo de 2024, se contó con la visita de personal del SINAC al proyecto, ya que recibieron una denuncia cuando estábamos trabajando en la Etapa 1 del proyecto, y entonces, al comunicarse con nosotros, solicitamos que realizaran una inspección, el documento se encuentra fechado al día 21 de marzo de 2024 con consecutivo SINAC-ACOSA-DRFVS-SRP-0142-2024, el mismo lo adjuntamos a este correo. No obstante, si bien el resultado fue que no estábamos en ningún incumpliendo y pudimos continuar la Etapa 1, no quedó delimitado hasta dónde podemos continuar nuestra Etapa 2. Por ello, es que recurrimos a su persona con estas solicitudes, en aras de brindar una solución a los habitantes de la comunidad, que a la fecha se encuentran sin el acceso a agua potable en sus hogares. Esta solicitud tiene respuesta mediante el oficio de la SINAC-ACOSA-DT-PNE-154-2024, suscrito por Nombre11, en la cual indica: (…) Notándose con ello que en efecto los terrenos de ese sector de Playa Colibrí son parte de Patrimonio Natural del Estado, y que cualquier ocupación en ese sitio lo fue de manera ilegal, e indica que en sitio: “más bien se debería trabajar en el desalojo de todos estos ocupantes irregulares”- cursiva no es del original. Asimismo, la misma Nombre11 emite la CONSTANCIA Número: SINAC-ACISA-DT-PNE-046-2024 de fecha 02 de marzo del año 2024, en su momento dirigida a Lic. Gwam en su condición de Fiscal de Puerto Jiménez por parte del Ministerio Público, en la que indica las coordenadas geográficas del sitio, mismas que guardan gran similitud con las referidas en el correo antes referido como recibido del Lic. Gwam cuando indicaba la existencia de procesos penales. En similar sentido se cuenta con el oficio suscrito por Andrés Carvajal Ruiz, de fecha 08 de octubre del año 2024, número: SINAC-ACOSA-DRFVD-SRP-0494-2024, en el que se da a mi representada un informe de una visita de campo que se realiza el día 26 de setiembre del año 2024 a la comunidad de Playa Colibrí, y que era con el objetivo de “dar respuesta a la posibilidad de la instalación de acueducto para brindar el servicio de agua potable a particulares ubicados en ese sector”, y concluye literalmente: (…) Siendo esto nuevamente un impedimento legal que ha obstaculizado que mi representada pueda brindar el servicio que acá en esta vía de recurso de amparo se solicita de “previstas de agua” o servicio de agua potable en su Etapa 2. (…) Otra de las gestiones que sobre el tema tratado en este recurso de amparo se han presentado por parte de la misma recurrente, fue la que gestiona mediante nota dirigida a mi representada de fecha 01 de agosto del año 2023, en la cual la vecina de nombre Nombre12, representando el mismo Objeto de Recurso que la acá recurrente, se suscribe como la presidente del “Comité pro mejora y desarrollo de comunidad Playa Colibrí”; y esta solicitud fue analizada y se le dio respuesta mediante oficio: ASADALAPALMA-OIG-184-2023 del 13 de setiembre del año 2023, la cual se entrega de manera personal a Nombre12, en fecha 14 de setiembre del año 2023 ya que no señaló medio de notificaciones, y en la cual se le rechaza la gestión pues de más de que no se cuenta con plano de los terrenos (necesario para ubicar el sitio mismo de la instalación del servicio), ella solicitaba previstas de agua para personas sin tener ninguna poder o autorización otorgadas por estas, es decir sin demostrar la titularidad necesaria para actuar en nombre de otro (s) (as), y además no gestiona prevista de agua alguna para ella misma. (a los efectos se adjunta la prueba de esta gestión). Como último acto que se estima de relevancia en este informe en lo que respecta a gestiones que ha realizado en sede administrativa la señor Nombre12 en aras de representar mismos intereses que los que acá son objeto de Recurso de Amparo por la acá recurrente, que aunque, no son hechos de informe solicitado, se estima importante indicarlos por versar sobre solicitudes de vecinos de la misma comunidad de Playa Colibrí, y es que en fecha del 01 de marzo del año 2025 la misma (Nombre12) hizo mediante correo electrónico, una solicitud para una reunión con Asamblea para solicitar tres previstas de agua, a la cual en fecha del 03 de marzo del año 2025, se le contesta por misma vía que se le elevará la solicitud a la Junta Directiva de mi representada, sobre la misma línea de solicitud a la acá recurrente se le indica vía correo electrónico de fecha 13 de marzo del año 2025 que aún no hay fecha para poder recibirla, pero que se le solicita para irse avanzando en su solicitud que por favor haga llegar los documentos que tenga sobre las propiedades a las cuales desea dotar de prevista agua potable (propiedades ubicadas cercanamente a la de la recurrente, según por lo ella dicho), y ante ello vía de correo electrónico la misma (Nombre12) en fecha 14 de marzo del año 2025, adjunta una Imagen nominada: “IMG_2550314_090556.JPG”, que es un proyecto de plano catastrado que se presenta ante el Registro Nacional de la Propiedad, Sección Catastro mediante las citas de presentación: Tomo: 2025, Asiento: 15887-C, luego en fecha 20 de marzo del año 2025 vía correo electrónico la misma (Nombre12) consulta sobre su trámite, y la reunión que solicitó ante la Asamblea, y se le cita a una reunión en las oficinas de la ASADA ubicada en La Palma de Puerto Jiménez, a las 03:30 pm del 8 de abril del año 2025. En tanto esto sucedía se hizo la consulta ante el SINAC de Puerto Jiménez, en si por parte de la señora Nombre12, se había solicitado aprobar o visar algún plano catastrado, esto generó la Certificación No. SINAC-ACOSA-DRFVS-SRP-171-2025, suscrita por el ingeniero Andrés Carvajal Ruiz, en la cual se indica que no existe visado o certificación en tal sentido. Posterior a ello en correo recibido en fecha del 07 de abril del año 2025, desde el correo ...03 , se recibe en el correo de mi representada un documento que además de contener la cédula de identidad de la señora Nombre12, adjunta una minuta de calificación registral de la sección del Catastro del Registro Nacional de Propiedad, de las citas de presentación antes referidas como las del proyecto de plano Catastrado de Carolina (Tomo: 2025, Asiento: 15887-C), y es a raíz de ello que se toma la decisión de parte de mi representada de realizar nuevamente consultas ante el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, SEDE OFICINA SUBREGIONAL PENINSULAR. (PUERTO JIMÉNEZ), además de parte de uno de los inspectores de campo de mi representada se hizo una vista al sitio y se determinó con base al proyecto de plano catastrado que presenta la señora Nombre12, que “No existe tubería de conducción frente a la propiedad. 4/4/2025. Se usa SIRI”, y se determina que el plano en proyecto está inmerso en la zona en que ya tantas veces hasta ese momento se había indicado era Patrimonio Natural del Estado, y es cuando mediante el oficio número ASADALAPALMA-IOG-024-2025, mi representada realiza consulta al SINAC sede Puerto Jiménez, en lo referente a la nueva solicitud de Nombre12, específicamente para que como ente técnico en el ramo de los recursos naturales y la biodiversidad respondieran en lo que interesa las siguientes interrogantes que era determinantes para atender la solicitud que realiza la señora Carolina, y que textualmente fueron: “Nombre09.- Si la Unidad Geográfica que se visibiliza dentro del Levantamiento que se identifica con Citas del Tomo: 2025 y Asiento:15887-C, antes referidas se encuentra con presencia de humedales y/o en Zona Marítimo Terrestre. B.- Si en la Unidad Geográfica que se visibiliza dentro del Levantamiento que se identifica con Citas del Tomo: 2025 y Asiento:15887-C, antes referidas es técnicamente posible el desarrollo habitacional, o con vacación agraria o ganadera. C.- Si en la Unidad Geográfica que se visibiliza dentro del Levantamiento que se identifica con Citas del Tomo: 2025 y Asiento:15887-C, antes referidas es legalmente posible el desarrollo habitacional, o con vacación agraria o ganadera.” Cursiva no es del original. Simultaneo a ello a la señora Carolina mediante el oficio ASADALAPALMA-IOG-026- 2025, de fecha 21 de abril del año 2025 se le contesta indicando que su solicitud será resuelta esperando tener todo listo para el 02 de mayo del año 2025, y luego se le expone que el plazo se extiende según nota del 02 de mayo de 2025, y es hasta el 15 de mayo del año 2025 que se le contesta, en definitiva. Así las cosas, ante la consulta del oficio ASADALAPALMA-IOG-024-2025, el Ingeniero Andrés Carvajal da respuesta mediante oficio: SINAC-ACOSA-DRFVS-SRP-0264-2025, en el cual indica literalmente: “Nombre09. Con base a visita de campo a la Unidad Geográfica mencionada y su posterior análisis técnico de escritorio evidencia el traslape con área de Patrimonio Natural del Estado en una sección categorizada como bosque código B9 en base al oficio ACOSA-008-2010 de Patrimonio Natural del Estado Río Rincón – Playa Blanca. Además, con base al muestreo realizado en dicha inspección se identifica características ecológicas de humedales, tales como: suelos hidromórficos, condición hídrica y vegetación hidrófila. Que se extienden inclusive más allá de la unidad geográfica solicitada. Por otra parte, la propiedad presenta acciones antropogénicas como la eliminación de cobertura, relleno y drenajes esto con la intención de deteriorar y/o eliminar las condiciones de humedal. Por lo que se estable que el área es un humedal. B.- Como ya se indicó en el punto anterior al ser un sistema de humedal no es técnicamente posible el desarrollo de las actividades habitacionales, agrícolas o ganaderas sin alterar el ecosistema de humedal. Ya que son ecosistemas reguladores de los regímenes hidrológicos. Esto requieren el desarrollo de acciones (rellenos, drenajes, eliminación de cobertura forestal, entre otra) para mitigar la influencia del agua en la zona lo que provocaría el deterioro o incluso la eliminación del humedal. Esto sin contar con el desplazamiento de la flora y fauna característica de estos ecosistemas. Por tanto, y basándose en el mandato general mencionado en el Art. 2, Decreto Ejecutivo 42760, independiente del lugar donde se ubiquen estos ecosistemas, el Estado ejercerá tutela jurídica especial de protección sobre ellos por su condición de bienes de interés público tanto con la dimensión ambiental de la función social de la propiedad, como con el derecho de las personas a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. C.- Partiendo del art 50 de la Constitución Política que dicta el derecho de las personas a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Aunado al principio el art. 19 de la ley 7575 prohíbe el cambio de uso de suelo lo que estableció el principio de irreductibilidad del bosque esto implica que no se permite quitar o eliminar el bosque para establecer otro tipo de actividad. La Ley Orgánica del Ambiente, en su artículo N° 32 declara a los humedales como un área silvestre protegida. Asimismo, la convención RAMSAR aprobada a través de la Ley N° 7224 que dichas áreas deben ser administradas conforme a Planes de Manejo para adoptar medidas que respeten las características ecológicas. Además, el inciso b del artículo 2 del decreto N° 42760- MINAE prohíbe todas aquellas acciones antropogénicas que deterioren o eliminen el humedal y como se mencionó anteriormente dadas las condiciones de niveles freáticos superficiales y tipos de suelos hidrófilos generarían un impacto que deteriora este tipo de ecosistema.” Nombre07 no es del original Mi representada ante el oficio anterior, determina mediante el oficio: ASADALAPALMAIOG-DNP-030-2025, de fecha 15 de mayo del año 2025, enviado a la destinataria (Nombre12) vía correo electrónico en misma fecha, se dirige a Nombre12 para explicarle que: “Las anteriores consultas realizadas al Área de Conservación Osa Dirección de Recursos Forestales y Vida Silvestre Subregión Peninsular, se realizan ya que es esta la entidad encargada de emitir el criterio de lo solicitado como ente Técnico y Legal según la Ley de Biodiversidad, en su SECCIÓN II, referente a SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, en su artículo 22, todo en aras se respete un “manejo adecuado de los recursos naturales”, criterio del cual conviene indicar que en deja como premisa cierta que en la Unidad Geográfica que se visibiliza dentro del Levantamiento que se identifica con Citas del Tomo: 2025 y Asiento:15887-C, se encuentra en condición de traslape con área de Patrimonio Natural del Estado en una sección categorizada como bosque código B9 en base al oficio ACOSA-008-2010 de Patrimonio Natural del Estado Río Rincón – Playa, y por ello es un área que ni técnicamente ni legalmente es posible dedicarse el desarrollo habitacional, o con vacación agraria o ganadera. Es así como, según el Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados comunales Nº 42582-SMINAE, según en el artículo 28 inciso “j” que refiere la posibilidad de emitir constancias de disponibilidad del servicio y cartas de capacidad hídrica y siempre que proceda técnica y legalmente, se debe negar su petición, pues como se ha visto y acá explicado, de lo que se pudo conocer de sus gestiones y documentos aportados, y del criterio del SINAC, ni técnica ni legalmente es posible que su persona desarrolle uso de ninguna índole en esa zona.” -Cursiva no es del original. Y es así como finalmente mediante oficio de mi representada Nombre13-IOG-DNP-061-2025, de fecha 27 de mayo del año 2025, en misma fecha vía correo electrónico, se le dirige a Nombre12, cédula CED04, la negativa a su solicitud sustentada en el oficio: SINAC-ACOSA-DRFVS-SRP-0264-2025 y otros detalles, al indicársele íntegramente: (…) Sobre lo referido en cuanto a que la Municipalidad de Golfito, enviare la solicitud a una Comisión de Ambiente para que se extendiera una “certificación de permiso para que la Asada de la Palma proceda a instalar los medidores”, se debe informar que a la ASADA, las diligencias que se ha realizado en torno al tema, son las que antes acá se ha dejado sentadas por medio del presente Informe y sin que nunca la municipalidad de Golfito nos hiciera llegar una certificación o permiso en el sentido de aprobar o instalar una prevista de agua potable para los intereses comunales del Dirección03 en torno a suministrar agua potable, eso muy a penas de que no tiene el ente Municipal ese coerción sobre mi representada. Así las cosas, en lo que respecta a la ASADA, las diligencias que se ha realizado en torno al tema, son las que antes acá se ha dejado sentadas por medio del presente Informe. Finalmente sobre las afectaciones de salud de la amparada y los vecinos que dice son afectados, y referidas en su escrito de solicitud; se quiere rendir informe dejando claro de parte de mi presentada que en ningún momento se ha actuado de manera arbitraria en el análisis de lo que ahora es objeto de este proceso de recurso de amparo, todo lo contrario, somos unas organización que lucha por que el servicio que brinde sea de calidad, y sea el más amplio, pero en este asunto, sucede que debemos apegarnos a nuestro mismo cuerpo legal, que es el Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados comunales Nº 42582- S-MINAE, para un caso como el revisado, en que se debe disponer de la creación de previstas nuevas, y para ello en sitio debe necesariamente que realizarse trabajos de maquinaria pesada para apertura de zanjeas, y a sabiendas de que es una zona Patrimonio Natural del Estado, es que con base en el Bloque de Legalidad, para poder cumplir con el análisis técnico y legal para aprobar un servicio, hemos tenido que recurrir a consultas al ente encargado que en este caso es el SINAC, el cual con el pesar de las afectaciones de salud que manifiestan los recurrentes, han indicado como antes se ha referenciado y en esos términos, que en esa zona no es posible otorgar previstas de agua potable. (…) INTEGRACIÓN DE LA LITIS. Planteo que, para la correcta resolución del asunto, y por la intervención administrativa que ha dado de los reproches acá reclamados de actuaciones consideradas inconstitucionales, se pida informe también a SINAC (SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN), específicamente a la SEDE OFICINA SUBREGIONAL PENINSULAR. (PUERTO JIMÉNEZ), así como al Ministerio Público (la Fiscalía de Ambiente y/ Fiscalía de Puerto Jiménez)”. \n\n11.- Por escrito incorporado al expediente digital el 3 de junio de 2026, se apersona Óscar Andrés Vargas Cordero, en su condición de abogado. Manifiesta: “El suscrito, se aclara que al contestar el informe en este asunto (mediante Número de entrega 1305464-2026, del Sistema de gestión en Línea, de fecha 01 de junio del año 2026, a las 08:27 horas, y de parte de CYNTHIA LINETH PICADO MENA, mayor, cédula de identidad número CED05, casada dos veces, ama de casa, vecina de Puntarenas, Puerto Jiménez, Caserío La Palma, en representación de la “ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PALMA INTEGRADA OSA GOLFITO”, con cédula jurídica número tres- cero cero dos-doscientos noventa y ocho mil setecientos setenta y tres, en el encabezado se indicó erróneamente el número de caso como el CED06, siendo el correcto CED07, como en efecto se aclara”.\n\n12.- Por escrito incorporado al expediente digital el 16 de junio de 2026, se apersona la recurrente. Manifiesta: “I. DE PREVIO: INEXISTENCIA DE COSA JUZGADA MATERIAL CONSTITUCIONAL Alegan las autoridades accionadas que este asunto reviste la condición de Cosa Juzgada Constitucional debido a lo resuelto en la Sentencia No. 2025041106 (Expediente No. 25-032602-0007-CO) del 11 de diciembre de 2025. Refuto técnicamente dicha consideración por cuanto la causa petendi y el objeto del presente recurso difieren substancialmente del proceso trunco anterior. Aquel proceso versó sobre la viabilidad de la extensión de la red de distribución permanente (Etapa 2) para servicios domiciliares regulares en la zona costera. Por el contrario, el presente amparo prescinde de la discusión sobre la posesión, legalidad de construcciones o estabilidad registral del suelo, limitándose estrictamente a exigir de forma individualizada la tutela provisional y humanitaria del Derecho Fundamental a la Salud y a la Vida de dos niñas de 5 y 10 años que sufren un riesgo sanitario actual al consumir agua de pozo sin tratamiento. Asimismo, se aclara que los diferendos penales o civiles seguidos contra terceras personas ajenas a este núcleo familiar no le son oponibles a las amparadas, por lo que las disputas de linderos demaniales no pueden operar como un arrastre punitivo que prive a la población infantil del acceso al líquido vital. II. SOBRE LA AUSENCIA DE CERTEZA TÉCNICA RECONOCIDA POR EL OPERADOR Es de vital relevancia que este Tribunal observe que la Jefatura de la Oficina Regional de Acueductos Comunales (ORAC) Región Brunca, mediante Memorando No. GSD-UEN-GAR-2026-02370, confesó bajo la gravedad del juramento que: \"no es posible establecer la ubicación exacta de la propiedad de las recurrentes, para determinar si están o no en zona de Patrimonio Natural del Estado\". Dicha aceptación expresa demuestra que la denegatoria del servicio a las amparadas no responde a una delimitación técnica aplicada a su caso concreto, sino a una generalización extensiva. Las autoridades recurridas restringen el derecho fundamental al agua por simple sospecha geográfica, violentando el principio de motivación de los actos al no verificar in situ si la vivienda especifica lesiona o no el entorno ecológico. III. HECHO NUEVO: ARBITRARIEDAD GEOGRÁFICA, DISCRIMINACIÓN SOCIOECONÓMICA Y SECTORIZACIÓN SELECTIVA DE LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA (ARTÍCULO 33 CONSTITUCIONAL) Consta como hecho de trascendencia jurídica e institucional que la ASADA recurrida y el AyA aplican criterios de distribución de agua marcadamente discriminatorios en la calle pública de acceso a Playa Colibrí, incurriendo en una evidente sectorización selectiva del servicio hídrico basada en perfiles económicos: 1. El trato preferencial comercial y turístico (Margen Derecho): Las autoridades accionadas brindan el servicio de agua potable regular a la colindante AGROPECUARIA TOSCANA S.A. (terreno de múltiples hectáreas ubicado inmediatamente antes de la vivienda de las amparadas). Aunado a esto, ingresando al sector vecinal, a mano derecha del camino público, se ubican infraestructuras de perfil comercial turístico (Complejo de Cabinas turísticas y desarrollos vacacionales del litoral), margen vial en el cual las recurridas extendieron activamente las redes de distribución hídrica, instalando medidores con previsiones listas, incluso sobre lotes deshabitados, baldíos y sin edificaciones consolidadas. 2. La exclusión selectiva de la vulnerabilidad residencial (Margen Izquierdo): Por el contrario, a mano izquierda del mismo trayecto de la calle pública, sector residencial donde habita la amparada junto a su familia de escasos recursos y las dos personas menores de edad en condición de extrema vulnerabilidad socioeconómica, las autoridades recurridas mantienen una denegatoria absoluta del servicio. Esta distribución asimétrica demuestra de forma irrefutable que NO EXISTE UNA IMPOSIBILIDAD TÉCNICA NI MATERIAL para el suministro hídrico en este sector costero. Utilizar el régimen del Patrimonio Natural del Estado y la protección del humedal como un escudo legal para negar una manguera o medida humanitaria a un asentamiento de familias pobres del margen izquierdo, mientras se dota de redes hídricas, plumas de agua y medidores a los desarrollos comerciales y fundos turísticos del margen derecho, constituye una flagrante violación al Principio de Igualdad y No Discriminación (Articulo 33 de la Constitución Política). Las restricciones ambientales deben aplicarse de forma general y objetiva, y no como una barrera de exclusión selectiva en perjuicio de la salud de la población infantil de escasos recursos. IV. REALIDAD MATERIAL CONSTATADA POR LA JURISDICCIÓN AGRARIA: AUSENCIA DE COBERTURA BOSCOSA ACTIVA Se aclara a este Tribunal que el sector de Playa Colibrí donde se ubica la vivienda constituye un asentamiento humano consolidado e intervenido antrópicamente desde hace décadas, cuya flora dominante en los patios está compuesta por árboles frutales de mango centenarios y plantaciones de pipa. No existe en el sitio una selva virgen o montaña cuya cobertura boscosa activa pueda verse lesionada por el tendido de un mecanismo provisional de agua. Prueba de la consolidación histórica, la naturaleza del terreno y el uso de los accesos costeros lo constituye el Voto N° 194-F-2022 dictado por el Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José (Expediente N° 21-000007-0419-AG), proceso interdictal planteado por la colindante AGROPECUARIA TOSCANA S.A., donde los juzgadores constataron judicialmente la materialidad del terreno como un camino de acceso limpio, con presencia de siembras de pipas y postes, utilizado de forma continua por los pobladores de la comunidad, declarándose SIN LUGAR las pretensiones de cerramiento de los accesos comunitarios. Resulta evidente entonces el desfase entre las aproximaciones satelitales de escritorio del SINAC y la realidad material e histórica avalada por los propios tribunales de la República. V. MARCO NORMATIVO Y FUNDAMENTO JURISPRUDENCIAL (DERECHO NACIONAL E INTERNACIONAL) A efectos de robustecer la procedencia de esta réplica, se invoca de manera expresa el siguiente andamiaje jurídico obligatorio para este Tribunal: 1. Reconocimiento Constitucional explícito: El artículo 50 de la Constitución Política prescribe que \"El acceso al agua potable es un derecho humano, básico, irrenunciable, inalienable, imprescindible y garantizado por el Estado\". Este derecho es indisociable de la vida y la salud (Artículos 21 y 33). 2. El bloque de convencionalidad internacional: La Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (PIDESC) dispone que el agua es un bien cultural y social, no un bien puramente económico. Asimismo, el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por Costa Rica mediante Ley No. 7184) obliga al Estado a combatir las enfermedades mediante el suministro de agua potable salubre. 3. Línea jurisprudencial vinculante de la Sala Constitucional (Casos análogos): o El agua como prioridad humanitaria sobre trabas de linderos o ambientales: Esta Sala ha delimitado firmemente que las disputas sobre la naturaleza jurídica del suelo o la falta de requisitos formales no facultan a la Administración para desproteger a una familia. En el Voto No. 2014-019565, este Tribunal Constitucional sentó de forma categórica: \"Aun cuando un inmueble se encuentre en una zona de protección ambiental o carezca de planos, el operador tiene la obligación de suministrar el líquido de forma provisional por razones estrictamente humanitarias, si se constata riesgo a la salud de menores de edad\". o El Interés Superior del Menor frente al servicio público: La jurisprudencia constitucional (ver Votos No. 2019-015891 y 2021-008240) reitera que bajo el amparo del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 7739), el Interés Superior del Niño obliga al AyA y a las ASADAS a proveer soluciones hídricas provisionales inmediatas mediante pajas comunales o camiones cisterna mientras se resuelven las controversias técnicas de infraestructura definitiva. Ello responde al principio de adaptabilidad y continuidad del servicio público”. VI. SOLICITUD DE PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER (ARTÍCULO 41 LJC) Solicito respetuosamente a este Tribunal requerir y valorar el informe rendide bajo juramento por la ASADA recurrida, del cual se desprende expresamente que: i) existía disponibilidad del recurso hídrico suficiente y posibilidades administrativas y financieras para abastecer a la comunidad de Playa Colibrí; ii) se formuló un proyecto específico para dicha comunidad, dividido en una denominada \"Etapa 1' y \"Etapa 2\"; iii) únicamente fue ejecutada la Etapa 1; iv) se instalaron previstas de agua e hidrantes a determinados vecinos de la misma comunidad; y v) la población excluida continúa requiriendo una solución, reconociendo incluso la propia recurrida que “el acceso al agua potable es un derecho humano”. Tales extremos constituyen una confesión administrativa relevante para acreditar que el obstáculo alegado no corresponde a una imposibilidad absoluta de abastecimiento, sino a la ausencia de medidas alternativas eficaces para garantizar el acceso mínimo al agua potable del núcleo familiar amparado. Asimismo, las propias manifestaciones de la ASADA evidencian que la problemática de abastecimiento en Playa Colibrí era conocida institucionalmente, al menos desde el año 2021, sin que a la fecha se haya brindado una solución efectiva, individualizada y compatible con el interés superior de las personas menores de edad afectadas. Lo verdaderamente relevante es que las recurridas no acreditaron haber agotado medidas sustitutivas eficaces para este núcleo familiar concreto. No demostraron haber implementado un punto fijo de abastecimiento cercano, una paja pública comunal, un sistema provisional colectivo, abastecimiento periódico mediante cisternas u otra modalidad que conciliara la protección ambiental con la tutela efectiva del derecho humano al agua. Por ello, la omisión impugnada no radica únicamente en la falta de ejecución de la denominada \"Etapa 2\", sino en la ausencia de una respuesta institucional adecuada frente a una necesidad básica, actual y urgente que afecta directamente la salud, la dignidad y el interés superior de dos personas menores de edad. VII. HECHO NUEVO: RECONOCIMIENTO EXPRESO DE LA EXISTENCIA DEL PROYECTO Y AUSENCIA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS PARA LA POBLACION EXCLUIDA Resulta de especial trascendencia constitucional que la propia ASADA recurrida reconoce bajo juramento que: i) existía disponibilidad del recurso hídrico suficiente para abastecer a la comunidad de Playa Colibrí; ii) se formuló un proyecto específico para dicha comunidad; iii) dicho proyecto fue ejecutado parcialmente mediante una denominada \"Etapa 1\"; iv) se instalaron previstas de agua e hidrantes a determinados vecinos de la misma comunidad; y v) la denominada \"Etapa 2\" no fue ejecutada, pese a que la población afectada continúa requiriendo una solución. En consecuencia, el debate constitucional ya no versa sobre la inexistencia del recurso hídrico ni sobre una imposibilidad material absoluta para brindar el servicio. Por el contrario, las propias manifestaciones de la autoridad accionada evidencian que el abastecimiento sí fue técnica y económicamente viable para una parte de la población, quedando un grupo humano específico excluido de la solución implementada. Aun admitiendo, únicamente para efectos dialécticos, la existencia de restricciones ambientales respecto de determinados sectores, ello no exonera al AyA ni a la ASADA de su obligación constitucional de adoptar medidas alternativas, razonables y proporcionales que permitan garantizar el acceso mínimo al agua potable de las personas menores de edad y de las familias en condición de vulnerabilidad. Las recurridas omitieron demostrar que hubiesen agotado o valorado opciones de contingencia hídrica humanitaria previas a la denegatoria absoluta VIII. PETITORIA FINAL Con fundamento en todo lo expuesto, solicito respetuosamente a los Señores y Señoras Magistrados: 1. DECLARAR CON LUGAR en todos sus extremos el presente recurso de amparo por violación flagrante a los artículos 21, 33, 50 y 51 de la Constitución Política, la Observación General No. 15 del PIDESC y el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 2. ORDENAR al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y a la ASADA de La Palma de Puerto Jiménez que, de forma inmediata y bajo apercibimiento de ley, instalen un mecanismo provisional de abastecimiento de agua potable (ya sea mediante una paja de agua provisional humanitaria, extensión de manguera comunitaria desde el margen derecho de la vía pública o suministro domiciliar periódico a través de camiones cisterna) a favor de la recurrente y sus dos hijas menores de edad, de forma que se garantice su derecho a la salud mientras se dirimen los diferendos de infraestructura de fondo. 3. CONDENAR a las instituciones recurridas al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de los hechos que motivan este amparo. [1]”.\n\n 13.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- Sobre la admisibilidad del recurso de amparo contra sujeto de derecho privado. La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en su artículo 57, estipula en cuáles supuestos es admisible el amparo contra las acciones u omisiones de sujetos de derecho privado, y señala que resulta admisible este tipo de demanda cuando estos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o, se encuentren, de hecho o de derecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2 inciso a) eiusdem. En el caso concreto se estima que el recurso es admisible, por cuanto la Asada recurrida presta un servicio público.\n\nII.-Objeto del recurso. La persona accionante Nombre01 interpone recurso de amparo a favor de sí misma y de Nombre05 y Nombre03, en contra de la Asada de La Palma Integrada Nombre04 y el ICAA, por la omisión de garantizar el acceso al agua potable. Menciona que habitan la comunidad de Playa Colibrí, en condición de vulnerabilidad. Afirma que se trata de un asentamiento de familias en condición de pobreza. Sostiene que no se les brinda el servicio, pese a que otro sector sí lo recibe. Arguye que el comité de vecinos de Colibrí lo pidió; sin embargo, le fue negado a la comunidad. Manifiesta que tuvieron que construir pozos para sus actividades cotidianas; empero, al ser agua sin tratamiento constituye un riesgo para la salud. Acota que, pese a que existe infraestructura cercana, ni el ICAA ni la Asada han adoptado medidas para solucionar la situación. Pretende que se garantice el abastecimiento del servicio al menos de forma provisional, como medida humanitaria mientras exista riesgo sanitario, ya que las menores de edad están sin agua. Pide que se otorgue el servicio a su familia y a las demás a quienes se les haya negado. Agrega que solo se implementó la primera etapa de un proyecto de abastecimiento para el sector de Playa Colibrí. \n\nIII.- Hechos probados. De importancia para la resolución de este asunto se estiman como demostrados los siguientes hechos: \n\na) La UEN Gestión de Acueductos Rurales, en el memorando GSD-UEN-GAR-2026-02370 de 28 de mayo de 2026, consignó: “El sector de la comunidad de Playa Colibrí es atendido directamente por la ASADA La Palma de Puerto Jimenez cédula CED03 (ASADA La Palma) que posee Convenio de Delegación otorgado por el AyA para la administración, operación, mantenimiento y desarrollo del sistema de La Palma de Puerto Jiménez, de Golfito, aprobado mediante acuerdo de Junta Directiva No. 2013-129, en la Sesión Ordinaria No. 2013-014, del 19 de marzo del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 80 del 26 de abril del 2013, y refrendado por la Institución el día 27 de mayo del 2013, de conformidad con la resolución No. R-CO-33, Artículo 3 inciso 1.i, de la Contraloría General de la República. Además, debemos indicar que, esta Oficina Regional de Acueductos Comunales (ORAC) Región Brunca no tiene asunto pendiente que atender de las recurrentes Nombre01 y Nombre03, así como tampoco hay asunto pendiente de atender de la ASADA La Palma de Puerto Jiménez, relacionado con el sector de Playa Colibrí en general o de las recurrentes en particular. (…) La ASADA La Palma brinda el servicio de agua potable a una población de varias comunidades en el cantón y lugares circunvecinos hasta donde le sea factible dicha prestación. En el caso de Playa Colibrí el ramal del Acueducto llega hasta donde las autoridades ambientales lo definieron, dada la presencia de Patrimonio Natural del Estado (ver imágenes siguientes: cfr. Documento anexo SINAC-ACOSA-DRFVS-SRP-0142-2024) (…) Para este caso en Playa Colibrí se actuó de conformidad con lo establecido por el SINAC dada la ubicación de Patrimonio Natural del Estado, y como se indicó en el punto sexto, la tubería de la ASADA La Palma llega al límite que ha sido permitido por las autoridades correspondientes. (…) En el oficio anexo SINAC-ACOSA-DRFVS-SRP-0142-2024 se estableció el límite y el alcance del ramal “…el cual se encuentra junto a la carretera principal (ruta 245) entrada sur a playa Colibrí, específicamente en las coordenadas longitud 560552 latitud 956043 (CRTM05) (Figura 1). De este punto la instalación avanza hacia el norte aproximada mente 1020 m donde se desvía sobre camino hacia playa colibrí cerca de 1600 m desviándose nuevamente cerca de 180 m al sur llegando al punto final de dicha instalación ubicado en las coordenadas longitud 561921 latitud 957090 (CRTM05) (Figura 3).” Actualmente el ramal está concluido. (…) En el caso del sector donde se ubica la población de Playa Colibrí objeto de este recurso de amparo existe impedimento estructural establecido por el SINAC dada la presencia de Patrimonio Natural del Estado. (…)”. (Prueba aportada por el ICAA).\n\nb) La presidenta de la Asada de La Palma Integrada Osa Golfito, en el oficio de respuesta firmado el 1 de junio de 2026, consignó: “hay vecinos de la misma comunidad de Playa Colibrí que si tienen el servicio y otros que no, (…) es por un tema limítrofe de Áreas de Conservación que no se puede avanzar más hacia un sector específico, que es el sector específico en que reside la recurrente. (…) Además se da cuenta que se instaló un medidor de agua potable a unos vecinos que viven en la comunidad de Playa Colibrí, aspecto que es de especial relevancia en este caso, pues efectivamente en la comunidad de Playa Colibrí como parte del afán de nuestra organización por satisfacer la necesidad de agua potable a los usuarios que lo solicitaron, se hicieron el estudio y análisis que se requerían, y dan con el resultado que en lo que es la totalidad del Barrio o Comunidad de Playa Colibrí, si existía un balance hídrico que permitía de sobrada cuenta dar el servicio, pero que en lo que se debía analizar sobre aspectos técnico legales, un sector del poblado sí podía recibir el servicio y otro no, esto debido a que el sector del poblado que si podía recibir el servicio se ubicaba fuera del Patrimonio Natural del Estado, y el otro si estaba inmerso en Patrimonio Natural del Estado, y es precisamente este último sector en el que residen y pretenden los recurrentes que se les brinde el servicio en sitio de agua potable (…). (…) es importante destacar, pues en aras de suministrar a la comunidad de Playa Colibrí de Agua Potable, de instalarles su respectiva prevista de agua, a la fecha en esa comunidad existen una suma de 07 previstas de agua, que reciben el servicio gracias a la ampliación del ramal que se hizo nuevo y exclusivo para esa comunidad, y que se hizo hasta con muy valiosa ayuda de los mismos vecinos de la comunidad, eso sí, como se ha dicho antes, no siendo posible la ampliación del ramal en ciertas zonas solicitadas para instalación de previstas, eso por motivos de ser sector Patrimonio Natural del Estado, y que es precisamente en el sector geográfico que los recurrentes solicitan, detalle este último de la existencia de Patrimonio Natural del Estado (…). (…) en sitio de solicitud de las Previstas de Agua Potable (Comunidad Playa Colibrí), existen litigios penales de índole de Usurpación, Cambio de Uso de Suelo, y Tala de Zona de Protección, y menciona como imputados a 6 personas”. (Prueba aportada por la presidenta de la Asada de La Palma Integrada Osa Golfito).\n\nIV.-Sobre el caso concreto. En el sub examine, la persona accionante Nombre01 interpone recurso de amparo a favor de sí misma y de Nombre05 y Nombre03, en contra de la Asada de La Palma Integrada Nombre04 y el ICAA, por la omisión de garantizar el acceso al agua potable. Menciona que habitan la comunidad de Playa Colibrí, en condición de vulnerabilidad. Afirma que se trata de un asentamiento de familias en condición de pobreza. Sostiene que no se les brinda el servicio, pese a que otro sector sí lo recibe. Arguye que el comité de vecinos de Colibrí lo pidió; sin embargo, le fue negado a la comunidad. Manifiesta que tuvieron que construir pozos para sus actividades cotidianas; empero, al ser agua sin tratamiento constituye un riesgo para la salud. Acota que, pese a que existe infraestructura cercana, ni el ICAA ni la Asada han adoptado medidas para solucionar la situación. Pretende que se garantice el abastecimiento del servicio al menos de forma provisional, como medida humanitaria mientras exista riesgo sanitario, ya que las menores de edad están sin agua. Pide que se otorgue el servicio a su familia y a las demás a quienes se les haya negado. Agrega que solo se implementó la primera etapa de un proyecto de abastecimiento para el sector de Playa Colibrí. \n\nDel estudio de los autos se tiene por demostrado, que la UEN Gestión de Acueductos Rurales, en el memorando GSD-UEN-GAR-2026-02370 de 28 de mayo de 2026, consignó: “El sector de la comunidad de Playa Colibrí es atendido directamente por la ASADA La Palma de Puerto Jimenez cédula CED03 (ASADA La Palma) que posee Convenio de Delegación otorgado por el AyA para la administración, operación, mantenimiento y desarrollo del sistema de La Palma de Puerto Jiménez, de Golfito, aprobado mediante acuerdo de Junta Directiva No. 2013-129, en la Sesión Ordinaria No. 2013-014, del 19 de marzo del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 80 del 26 de abril del 2013, y refrendado por la Institución el día 27 de mayo del 2013, de conformidad con la resolución No. R-CO-33, Artículo 3 inciso 1.i, de la Contraloría General de la República. Además, debemos indicar que, esta Oficina Regional de Acueductos Comunales (ORAC) Región Brunca no tiene asunto pendiente que atender de las recurrentes Nombre01 y Nombre03, así como tampoco hay asunto pendiente de atender de la ASADA La Palma de Puerto Jiménez, relacionado con el sector de Playa Colibrí en general o de las recurrentes en particular. (…) La ASADA La Palma brinda el servicio de agua potable a una población de varias comunidades en el cantón y lugares circunvecinos hasta donde le sea factible dicha prestación. En el caso de Playa Colibrí el ramal del Acueducto llega hasta donde las autoridades ambientales lo definieron, dada la presencia de Patrimonio Natural del Estado (ver imágenes siguientes: cfr. Documento anexo SINAC-ACOSA-DRFVS-SRP-0142-2024) (…) Para este caso en Playa Colibrí se actuó de conformidad con lo establecido por el SINAC dada la ubicación de Patrimonio Natural del Estado, y como se indicó en el punto sexto, la tubería de la ASADA La Palma llega al límite que ha sido permitido por las autoridades correspondientes. (…) En el oficio anexo SINAC-ACOSA-DRFVS-SRP-0142-2024 se estableció el límite y el alcance del ramal “…el cual se encuentra junto a la carretera principal (ruta 245) entrada sur a playa Colibrí, específicamente en las coordenadas longitud 560552 latitud 956043 (CRTM05) (Figura 1). De este punto la instalación avanza hacia el norte aproximada mente 1020 m donde se desvía sobre camino hacia playa colibrí cerca de 1600 m desviándose nuevamente cerca de 180 m al sur llegando al punto final de dicha instalación ubicado en las coordenadas longitud 561921 latitud 957090 (CRTM05) (Figura 3).” Actualmente el ramal está concluido. (…) En el caso del sector donde se ubica la población de Playa Colibrí objeto de este recurso de amparo existe impedimento estructural establecido por el SINAC dada la presencia de Patrimonio Natural del Estado. (…)”. La presidenta de la Asada de La Palma Integrada Osa Golfito, en el oficio de respuesta firmado el 1 de junio de 2026, consignó: “hay vecinos de la misma comunidad de Playa Colibrí que si tienen el servicio y otros que no, (…) es por un tema limítrofe de Áreas de Conservación que no se puede avanzar más hacia un sector específico, que es el sector específico en que reside la recurrente. (…) Además se da cuenta que se instaló un medidor de agua potable a unos vecinos que viven en la comunidad de Playa Colibrí, aspecto que es de especial relevancia en este caso, pues efectivamente en la comunidad de Playa Colibrí como parte del afán de nuestra organización por satisfacer la necesidad de agua potable a los usuarios que lo solicitaron, se hicieron el estudio y análisis que se requerían, y dan con el resultado que en lo que es la totalidad del Barrio o Comunidad de Playa Colibrí, si existía un balance hídrico que permitía de sobrada cuenta dar el servicio, pero que en lo que se debía analizar sobre aspectos técnico legales, un sector del poblado sí podía recibir el servicio y otro no, esto debido a que el sector del poblado que si podía recibir el servicio se ubicaba fuera del Patrimonio Natural del Estado, y el otro si estaba inmerso en Patrimonio Natural del Estado, y es precisamente este último sector en el que residen y pretenden los recurrentes que se les brinde el servicio en sitio de agua potable (…). (…) es importante destacar, pues en aras de suministrar a la comunidad de Playa Colibrí de Agua Potable, de instalarles su respectiva prevista de agua, a la fecha en esa comunidad existen una suma de 07 previstas de agua, que reciben el servicio gracias a la ampliación del ramal que se hizo nuevo y exclusivo para esa comunidad, y que se hizo hasta con muy valiosa ayuda de los mismos vecinos de la comunidad, eso sí, como se ha dicho antes, no siendo posible la ampliación del ramal en ciertas zonas solicitadas para instalación de previstas, eso por motivos de ser sector Patrimonio Natural del Estado, y que es precisamente en el sector geográfico que los recurrentes solicitan, detalle este último de la existencia de Patrimonio Natural del Estado (…). (…) en sitio de solicitud de las Previstas de Agua Potable (Comunidad Playa Colibrí), existen litigios penales de índole de Usurpación, Cambio de Uso de Suelo, y Tala de Zona de Protección, y menciona como imputados a 6 personas”. \n\nDesde este panorama, en los términos planteados en el escrito de interposición, se descarta alguna situación que, en este momento, amerite la intervención de la Sala. \n\nEn primer lugar, la persona accionante no expuso que la Asada le haya denegado alguna solicitud específica planteada por ella. Ahora, no está de más señalar que, es en las vías ordinarias, donde la persona recurrente puede someter a contradictorio su posición, a fin de que se ventile si ocupa de forma legítima la propiedad aludida, si esta se encuentra en zona de Patrimonio Natural del Estado, o bien, si tiene derecho a la conexión del servicio de agua. \n\nNótese que tanto el ICAA como la Asada señalaron que la infraestructura llega hasta el límite establecido por el Sistema Nacional de Área de Conservación. Asimismo, la Asada estableció que la propiedad aludida por la parte recurrente se encuentra dentro de la zona definida como Patrimonio Natural del Estado. Ergo, cualquier inconformidad sobre tales aspectos es propia de ser discutida en los cauces procesales comunes. En igual sentido, si la persona accionante pretende seguir habitando ese asentamiento con las personas menores de edad.\n\nAtinente al sub examine, la Sala, en la sentencia nro. 2025041106 de las 10:10 horas de 11 de diciembre de 2025, dispuso: \n\n“CONSIDERANDO:\n\nI.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente solicita que se ordene a la ASADA La Palma de Puerto Jiménez suministrar el servicio de agua potable a la comunidad de Playa Colibrí, alegando que por años han efectuado diversas gestiones ante la Municipalidad de Golfito, la Municipalidad de Puerto Jiménez, el MINAE y otras autoridades; sin embargo, han sido omitidas o denegadas, pese a que otras comunidades ubicadas también en zona de patrimonio nacional sí cuentan con dicho servicio. Afirma que actualmente dependen de un pozo que no cumple los estándares de salud y que la negativa reiterada vulnera su acceso a un servicio básico esencial.\n\n(…)\n\nVI.-SOBRE EL CASO CONCRETO. Sobre el tema que aquí se discute, esta Sala ha indicado que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados, las municipalidades y demás instituciones que prestan el servicio de suministro de agua potable, pueden rechazar las solicitudes de servicio de agua potable que les sean formuladas, o bien condicionarlas si existen razones técnicas o legales que así lo justifican. Es así como, mediante sentencia No 2014-9134 de las 14:05 horas del 19 de junio de 2014, dispuso lo siguiente:\n\n(...) Esta Sala ha indicado en reiteradas sentencias sobre el tema que el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, y que como tal, todo prestador de servicios públicos -sea sujeto público o sujeto privado- está obligado a prestar el servicio de forma continua, eficiente, en condiciones de igualdad y debiendo adaptarse a los cambios tecnológicos (véase al respecto la sentencia 2001-09676 de las once horas veinticinco minutos del veintiséis de setiembre del dos mil uno y la sentencia 2004-08161 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintitrés de julio del dos mil cuatro). Resulta claro entonces concluir que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al ser uno de los entes estatales encargados de la prestación del servicio público de agua potable, está obligado también a prestar este servicio de forma continua, adaptable, eficiente y por igual a todos los habitantes. Ahora bien, también la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha indicado que, frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad formal (que es la falta de una Red de Distribución de Aguas), es razonable no atender las solicitudes de servicio o solicitar que el interesado asuma los costos de instalación cuando no exista red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura. Así, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la falta de infraestructura. En otras palabras, siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales”. (Lo resaltado no corresponde al texto original).\n\nAl respecto, la Sala descarta la afectación a los derechos fundamentales de la parte amparada. Lo anterior, porque si bien la recurrente alega que, pese a que por años han realizado diversas gestiones ante las autoridades accionadas para que se les suministre el servicio de agua potable a la comunidad de Playa Colibrí; sin embargo, esto no ha sido posible, mientras que otras comunidades ubicadas también en zona de patrimonio nacional sí cuentan con dicho servicio. No obstante, de los informes rendidos, así como de la prueba que consta en autos, se tiene por acreditado que la problemática radica en que la zona en cuestión es Patrimonio Natural del Estado, donde solo pueden autorizarse actividades de investigación científica, capacitación y ecoturismo, previo permiso del SINAC, ya que es un bien del Estado. Es decir, son bienes de titularidad pública que no pueden ser objeto de propiedad privada, son inalienables, imprescriptibles e inembargables, están fuera del comercio de los hombres, prque (sic) están sujetos a un régimen especial de utilización y protección. Dicho lo anterior, las autoridades accionadas están imposibilitadas legal y materialmente a su inclusión en la facturación o para la instalación del servicio de agua potable que alega la recurrente, por las condiciones especiales que presenta la zona.\n\nAsimismo, como se aprecia en los hechos probados de esta sentencia, las autoridades accionadas realizaron una serie de actuaciones e investigaciones, a fin de resolver la solicitud de la recurrente, siendo que le dieron respuesta tanto a ella como a la comunidad de Playa Colibrí, sobre el impedimento legal para suministrar el servicio de agua potable; situación que no se considera arbitraria, toda vez que se fundamentó en razones objetivas y en criterios técnicos.\n\n Por lo expuesto, la Sala descarta la afectación a los derechos fundamentales de la tutelada, pues como se indicó, la autoridad accionada resolvió y le informó a la interesada las razones por las cuales se le negó el suministro de agua potable a la población de Playa Colibrí”.\n\nAdemás, la colocación de fuentes públicas o el ofrecimiento de alternativas provisionales de suministro, en lo que atañe a esta jurisdicción constitucional, no resultan procedentes en asentamientos que se encuentren en zonas catalogadas como Patrimonio Natural del Estado, toda vez que determinar si las propiedades se encuentran ocupadas de forma legítima excede la sumariedad del recurso de amparo. Nótese incluso que la parte accionante mencionó la construcción de un pozo en esta zona por parte de los vecinos y el uso de agua sin tratamiento, lo cual es propio de ser revisado por las autoridades administrativas competentes. \n\nV.- Voto salvado de los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal, con redacción del segundo. Sobre el particular, debemos mencionar que, en la sentencia nro. 2025041106 de las 10:10 horas de 11 de diciembre de 2025, salvamos el voto en los siguientes términos: \n\n“VIII.- VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS CRUZ CASTRO Y RUEDA LEAL, CON REDACCIÓN DEL SEGUNDO. En el sub examine, la parte recurrente manifiesta que, en 2018, el comité de la comunidad Nombre87788 solicitó ante la Municipalidad de Golfito autorización para que la ASADA recurrida les suministrara agua potable a los vecinos; no obstante, la gestión fue omitida por el gobierno local referido. Detalla que el 13 de febrero de 2021 se planteó nuevamente la gestión ante la Municipalidad de Golfito y se solicitó que se emitiera una certificación para instruir a la asociación accionada a instalar las previsiones de agua potable a los vecinos de la zona. Indica que mediante oficio nro. SMG-T-111-02-2021 del 25 de febrero de 2021, el Concejo Municipal de Golfito conoció la solicitud y en la sesión ordinaria nro. 7 capítulo 5° artículo 10 acordó trasladar la gestión a la Administración para que se le brindara una respuesta a la comunidad. No obstante, acusa que la ASADA omitió ejecutar la resolución del concejo municipal. Sostiene que solicitaron que se le otorgare a la comunidad de Nombre87788 el servicio de agua potable, ya que otras comunidades cercanas a la Zona Marítimo Terrestre (Rincón de Osa, Playa Blanca, Playa Juanito Mora entre otras) sí disfrutan de ese servicio básico. Afirma que desde el 2016 han luchado para que se les suministre el líquido de marras. Agrega que hace un año instaló la Asada recurrida un medidor a 500 metros de la comunidad de Playa Colibrí. Menciona que desde el hidrante hasta la comunidad hay una distancia de 100 metros. Comenta que las autoridades recurridas han alegado que la comunidad de marras no puede tener acceso al agua potable por constituir patrimonio nacional. Acota que en el mismo cantón existen otras comunidades (Playa Blanca y Playa Escondida) que también se ubican dentro del área de patrimonio nacional y sí cuentan con el servicio de agua potable. Sostiene que todas estas gestiones se realizaron, cuando la Municipalidad de Golfito era la encargada de administrar la Zona Marítimo Terrestre. Detalla que los vecinos de la comunidad de Nombre87788 acudieron a la Municipalidad de Puerto Jiménez a fin de solicitar un permiso para que la ASADA recurrida les suministrada agua; no obstante, la gestión fue denegada. Menciona que también acudieron al MINAE para solicitar el servicio de agua potable, pero, su petición igualmente fue rechazada. Además, personeros del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de Nombre87789 se reunieron con la comunidad y les dijeron que esa comunidad debía tener acceso al servicio de agua potable, pero no entregaron documento alguno ni señalaron una fecha para hacer una visita. Alega que la comunidad consume agua de un pozo que incumple los estándares establecidos por el Ministerio de Salud para el consumo humano.\n\n Sobre particular, los infrascritos magistrados advertimos que lo alegado en el sub lite corresponde, prima facie, a un problema de gran magnitud, pues no solamente se trata de una comunidad que se encuentra desabastecida de agua potable, sino que incluso se menciona que la fuente de agua a la que deben acudir irrespeta los estándares fijados por el Ministerio de Salud para el consumo humano.\n\n En este sentido, consideramos imprescindible tener como parte a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), pues incluso, en la sentencia nro. 2020007754 de las 9:45 horas de 24 de abril de 2020, la Sala valoró que Aresep, al rendir su informe, puntualizó una serie de problemas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en relación con la inversión en infraestructura, pérdidas por agua no contabilizada y capacidad de ejecución. En esa oportunidad, este Tribunal consideró: “Al respecto, no solo consta que la problemática de desabastecimiento de agua se venía reflejando desde el 2017, sino que la ARESEP puntualizó que el ICAA tenía un rezago en la inversión en infraestructura y, además, significativas pérdidas por concepto de agua no contabilizada. Asimismo, el ente regulador también afirmó que la capacidad de ejecución de los proyectos por parte de los operadores del servicio de agua potable no ha sido la deseable”.\n\n En consecuencia, salvamos el voto y ordenamos continuar la tramitación del recurso a los efectos de que se solicite informe al regulador general de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos”.\n\nAsí, en la misma línea transcrita ut supra, salvamos el voto y ordenamos continuar la tramitación del recurso a los efectos de que se solicite informe al regulador general de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.\n\nVI.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.\n\nPor tanto:\n\nSe declara sin lugar el recurso. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan el voto y ordenan continuar la tramitación del recurso a los efectos de que se solicite informe al regulador general de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.\n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n CGCAL2IPPJE61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-012749-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: Telf03/ ALA-4TA (Telf04). Fax: Telf05 / Telf06. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección04, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).", "body_en_text": "Template Generation: D:\\Gestion-Judicial\\Servidor de Archivos\\MODELOS\\S4SENAMH001.dpj\n\n\n\nExp: 26-012749-0007-CO\n\nRes. No. 2026025675\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty-five minutes on the tenth of July, two thousand twenty-six.\n\nWrit of amparo (recurso de amparo) filed under case number 26-012749-0007-CO, brought by Nombre01, national identity document (cédula de identidad) CED01, on behalf of HERSELF and of Nombre02 and Nombre03, against the ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO (Asada) DE LA PALMA INTEGRADA Nombre04 and the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA).\n\nProcedural Background:\n\n1.- By filing incorporated into the digital case file on April 13, 2026, the petitioner (accionante) Nombre01 filed a writ of amparo on behalf of herself and of Nombre05 and Nombre03, against the Asada de La Palma Integrada Nombre04 and ICAA, for the failure to guarantee access to potable water. She states that she is the caregiver and guardian of the protected persons (tuteladas). She declares: \"III. OBJECT: That the respondent authorities be ordered to immediately guarantee access to potable water, at least by means of provisional supply, in accordance with Art. 19 (sic) [Article 71] of the Reglamento del AyA, given the existence of a real, current, and imminent sanitary risk, particularly with regard to minors (personas menores de edad), and that the necessary measures be taken so that the potable water service is provided to us. FACTS 1. The undersigned, along with my domestic partner and our two minor daughters, reside in the Community of Playa Colibrí in a condition of vulnerability. 2. The potable water service is not provided to us, even though another sector of the community does have active coverage and service is provided to them; for reasons unknown to us, I do not know whether it is discrimination or simple rejection because it is the Colibrí area where very poor families live. What is certain is that the Colibrí neighborhood committee requested the service and was denied potable water (sic) for the community. 3. Out of necessity, we had to build wells (pozos) (sic) for our daily activities; that is the only water we have access to, and we must consume and use untreated well water, at risk to our health. 4. As the only partial alternative, the Asada de Puerto Jiménez (sic) allows water to be collected from a tap or pipe located at the Asada offices in La Palma (sic); however, this involves trips of up to two hours, which is materially insufficient and quite complicated. The sun in this area is very strong and people often fall ill (sic) while going to fetch bottles of water, which fills us with indignation and pain. What surprises and pains us is that about two hundred meters from our settlement, the potable water service is actively provided, and in a sector where there are fewer families and vulnerable persons. 5. The ASADA de Puerto Jiménez administers this infrastructure under the supervision of AyA, and there exists a functional coordination relationship that cannot result in the exclusion of specific sectors. 6. This situation constitutes an arbitrary exclusion, in which some families receive the service while others—including minors—are left completely unprotected. 7. Despite the situation described, no effective measures have been taken to guarantee access to potable water. 8. Not having potable water and being denied the service places us in a situation in which, despite the presence of elderly persons and young children, conditions of hygiene, health, and dignity are minimal. 9. The omission (omisión) is current, ongoing, and aggravated, directly affecting the health, dignity, and life of the minors in this sector of the community, as well as elderly persons and other family members in general. 10. I reiterate: in La Palma there is an ASADA with potable water infrastructure that provides service to the canton and to many communities, and even to one sector of Colibrí (sic) the service is actively provided, so access to water is neither real nor effective for some, while it is for others. 11. Despite the existence of nearby infrastructure, neither AyA nor the Asada has taken measures to resolve this situation; on the contrary, it seems that discrimination against the sector where we live is very evident—a situation we do not understand but one that makes access to potable water for our children and our families in general an urgent necessity, for our health. 12. The omission is current, ongoing, and directly affects minors, elderly persons, and families in general. Your Honors, the situation is immediate and urgent; each day the health risk grows with the denial of the potable water service to this sector of Colibrí (sic), and the conduct of the Asada de La Palma constitutes a continuing violation of fundamental rights and imminent health risks for many children, elderly persons, families, and the general population. VI. RIGHTS VIOLATED: Article 21 of the Constitution: life; Article 50: health; Article 51: protection of minors. The Sala Constitucional has recognized that access to potable water is part of the right to life and health (among others, votes 2006-12562 and 2012-16353). Likewise: Article 71 of the Reglamento del AyA and the Principle of the Best Interests of the Child. V. INTERNATIONAL LAW: UN Resolution 64/292, General Comment No. 15, Convention on the Rights of the Child (Article 24), Inter-American Court of Human Rights, Yakye Axa v. Paraguay. What I am respectfully requesting is a humanitarian measure: that the potable water service be provided to us for the protection of health and other fundamental rights affected. Your Honors, let us recall that Article 71 of the Reglamento del AyA allows for provisional supply in cases of sanitary risk. Here there is a clear risk, there is nearby infrastructure, and there is no action. This renders the omission arbitrary. PLEASE TAKE INTO ACCOUNT (sic), I reiterate, that water service is provided to one sector of the Colibrí community—that is, the Asada provides the water service to some but not to others; I repeat, very close to us there is a water tap, but we cannot touch it; there are several meters and service is provided to one sector. No distribution of competencies justifies leaving girls without potable water. DISCRIMINATION: The harm falls on a few poor families. This constitutes discrimination on grounds of socioeconomic status. Poverty cannot be a reason to deny access to water. INTERNATIONAL LAW: Both national and international regulations protect the right being violated: • UN Resolution 64/292: human right to water • General Comment No. 15: indispensable access for a dignified life • Convention on the Rights of the Child (Art. 24) • Inter-American Court of Human Rights (Yakye Axa v. Paraguay): the State must guarantee minimum conditions of life. CLARIFICATION: With all due respect, what we request is a humanitarian measure to safeguard health. EVIDENCE: Photographs, Sketch (sic). PRAYER FOR RELIEF: For the foregoing reasons, I respectfully request that the Sala Constitucional: 1. Grant the present writ of amparo, for the violation of the fundamental rights to life, health, human dignity, and access to potable water of the minors involved. 2. Order the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) to immediately and without any delay adopt the necessary measures to guarantee, at a minimum, a provisional, continuous, and sufficient supply of potable water, in accordance with Article 71 of its Reglamento, whether through: a) installation of provisional systems, b) temporary connections, or c) supply by tanker trucks or other suitable means. 3. Order that said supply be maintained for as long as sanitary risk conditions persist. 4. Order the respondent authority to adopt priority and differentiated measures for the protection of minors, in accordance with the principle of the best interests of the child, and to take the necessary measures so that the potable water service be extended to me, my family, and the residents of the Playa Colibrí sector who have been denied the service. Order the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the Asada de Puerto Jiménez to pay court costs, damages, and other pecuniary expenses, which shall be assessed in the appropriate proceedings, in accordance with the applicable constitutional and procedural regulations. PROCEDURAL MATTERS (sic): I authorize Licenciada Keli Valverde Quesada, Bar Number (Carné) (sic) 14325, to review my case file on my behalf and in my name as a user of the Poder Judicial's Gestión en Línea Program.\"\n\n2.- By filing incorporated into the digital case file on April 15, 2026, Keli Valverde Quesada appeared in her capacity as attorney. She states: \"By means of this email, a video file is being submitted as probative evidence relevant to the proper assessment of the facts alleged in the above-referenced proceedings. This is because said file could not be incorporated directly through the Gestión en Línea (Ventanilla Digital) system due to technical limitations regarding format and system capacity. It is hereby stated that this probative element was duly offered within the brief formally filed through the corresponding official channel, and it is therefore submitted by this means as a supplement, respectfully requesting that it be received and incorporated into the analysis of the present writ. The file is likewise made available to the Court by whatever means it deems appropriate, should presentation by another channel be required. Without further particulars, I remain available for any additional clarification.\"\n\n3.- By resolution issued at 21:25 hours on April 30, 2026, the Presiding Justice of the Court (Presidencia de la Sala) ordered: \"Prior to resolving as appropriate in the WRIT OF AMPARO filed under case No. 26-012749-0007-CO, brought by Nombre01, the petitioning party shall submit, within THREE DAYS counted from notification of this ruling, the following: • A complete, legible copy, together with the respective proof of receipt or email transmission, of the requests submitted to the respondent authority, as well as copies of the responses or rulings provided by it. Likewise, any additional evidence supporting the party's allegations shall be submitted. The foregoing, because such information is essential to resolve the matter as the law requires, and under warning of outright dismissal of the writ if not done (Articles 38 and 42 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional). Notice is hereby given.\"\n\n4.- By filing incorporated into the digital case file on April 15, 2025, the following is stated: \"I, KELI VALVERDE QUESADA, attorney, in my capacity as lead counsel in the present writ of amparo, acting in defense of the petitioner Nombre01, within the period granted by this Honorable Court, respectfully appear to comply with the preliminary order (prevención) issued, in the following terms: I. ON THE MATERIAL IMPOSSIBILITY OF SUBMITTING ALL REQUIRED EVIDENCE The documentation required by this Court—consisting of prior requests and administrative rulings—is in the exclusive possession of the respondent authority, without the petitioner having had timely access to it. Nonetheless, in an effort to comply with what was ordered, formal steps have recently been taken to obtain it, which must be assessed in accordance with the principle of facilitation of evidence (facilitación probatoria) in constitutional matters, widely recognized by the jurisprudence of this Court. II. SUBMISSION OF EVIDENCE AND ESTABLISHMENT OF THE ADMINISTRATIVE OMISSION Attached as documentary evidence is a communication issued by the ASADA de La Palma, dated October 02, 2024, from which it is apparent that: 1. The potable water supply project for the Playa Colibrí sector is partially suspended (Phase 2). 2. Said suspension is due to external factors such as: • Ongoing judicial proceedings • Intervention by environmental authorities • Land-use conflicts in protected areas 3. The continuation of the service has been conditioned upon the resolution of those proceedings, resulting in an indefinite suspension. Communication ASADALAPALMA-IOG-059-2024 itself expressly acknowledges that \"Phase 2 is at present halted (…) pending a final judgment,\" without indicating a certain deadline, a solution schedule, provisional supply measures, or an individualized administrative ruling directed at the affected persons. The alleged violation does not constitute a mere future expectation of access to a public service, but rather a current and ongoing harm, in that the petitioner remains deprived of effective access to residential potable water, without a certain deadline for resolution and without temporary supply measures. The foregoing evidences a structural administrative omission, characterized by: ✔ Absence of an individualized ruling ✔ Absence of specific reasoning ✔ Indefinite suspension of access to the service III. THE FUNDAMENTAL RIGHT TO WATER IN THE COSTA RICAN LEGAL ORDER In accordance with the reiterated jurisprudence of the Sala Constitucional of the Corte Suprema de Justicia, access to potable water constitutes an autonomous fundamental right, derived from: • Article 21 of the Constitution (right to life) • Article 50 of the Constitution (right to health and a healthy environment) This right is: ✔ Directly enforceable in amparo proceedings ✔ An indispensable condition for human dignity ✔ Subject to reinforced and immediate protection when conditions of minimum subsistence and human dignity are at stake IV. LEGAL BASIS: ESSENTIAL PUBLIC SERVICE In accordance with the Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (Ley N.° 2726): • The supply of potable water constitutes an essential public purpose • Its provision must be guaranteed in a continuous, efficient, and universal manner ASADAs, as delegated entities, are subject to: ✔ The principle of continuity of public service ✔ The principle of equality ✔ The principle of reasonableness Consequently: They may not suspend access to the service indefinitely or transfer to users the consequences of institutional or judicial conflicts. Even where environmental proceedings, territorial disputes, or administrative authority interventions are ongoing, this does not relieve the respondent authority of its constitutional duty to guarantee minimum and temporary potable water supply measures to the affected residents. V. THE CONSTITUTIONAL BLOCK AND INTERNATIONAL LAW This case must be analyzed in light of the constitutional block (bloque de constitucionalidad), comprising international human rights treaties, including: • The American Convention on Human Rights • The Convention on the Rights of the Child • The Inter-American Convention on Protecting the Human Rights of Older Persons Furthermore, the United Nations has recognized the human right to water as indispensable for a dignified life (General Comment No. 15 of the DESC Committee). That right requires: ✔ Availability ✔ Accessibility ✔ Continuity ✔ Non-discrimination VI. AGGRAVATED VIOLATION: CHILDREN AND ELDERLY PERSONS The harm alleged directly affects persons in a condition of special protection: • Minors → best interests of the child • Elderly persons → reinforced protection In these cases, the State must guarantee: ✔ Immediate access to basic subsistence conditions ✔ Positive protective measures ✔ Prohibition of retrogression The indefinite suspension of access to potable water is incompatible with these standards. VII. PROPORTIONALITY TEST The measure adopted by the respondent authority does not withstand constitutional review: ❌ Suitability: It does not guarantee access to potable water. ❌ Necessity: Less restrictive alternatives exist, such as provisional supply, partial technical solutions, or temporary supply mechanisms. ❌ Strict proportionality: It disproportionately sacrifices the fundamental right to potable water, health, human dignity, and the best interests of the child in the face of administrative or judicial conflicts that are extraneous to the persons subject to administrative action. VIII. UNREASONABLENESS AND ADMINISTRATIVE OMISSION Conditioning access to potable water on the resolution of judicial proceedings that are extraneous to those subject to administrative action constitutes: • A disproportionate burden • A deviation from the public purpose • A violation of the principle of reasonableness The Administration may not transfer to those subject to its authority the consequences of institutional conflicts, still less (sic) when this entails the indefinite deprivation of a fundamental right. The absence of a schedule, a definitive ruling, or a certain execution deadline transforms the challenged suspension into an indefinite restriction incompatible with the principles of legal certainty (seguridad jurídica), good administration, and effective protection of fundamental rights. IX. PRINCIPLE OF EQUALITY There is evidence of differential implementation of the project (Phase 1 vs. Phase 2), which generates differential treatment requiring an objective and reasonable justification from a constitutional standpoint, particularly when access to an essential fundamental right is at stake. X. URGENT PRECAUTIONARY MEASURE Given the essential nature of the right at stake, the ongoing nature of the alleged harm, and the presence of a vulnerable population, this Honorable Court is requested to provisionally order the respondent authority to adopt temporary and reasonable potable water supply measures—including alternative solutions, provisional connections, or temporary supply—while the merits of the present writ are resolved. XI. PRAYER FOR RELIEF For the foregoing reasons, I respectfully request: 1. That the preliminary order be deemed complied with. 2. That the writ of amparo be admitted for processing. 3. That the respondent authority be required to submit the complete administrative file and the corresponding report. 4. That the adoption of immediate or provisional measures guaranteeing access to potable water be ordered, in their homes or, failing that, in close proximity to their dwellings. XII. CONCLUSION The present case does not constitute a mere pending administrative matter, but rather a structural, ongoing, and unjustified violation of an essential fundamental right, for an indeterminate period, aggravated by the presence of a vulnerable population. Access to potable water cannot be made contingent upon the uncertainty of judicial proceedings or administrative inaction, without this implying a serious violation of the constitutional and conventional order in force. Therefore, the indefinite suspension acknowledged by the respondent authority itself is incompatible with the constitutional principles of reasonableness, continuity of public service, and effective protection of fundamental rights.\"\n\n5.- By resolution issued at 20:46 hours on May 15, 2026, the Presiding Justice of the Court ordered: \"Prior to resolving as appropriate in the WRIT OF AMPARO filed under case No. 26-012749-0007-CO, brought by Nombre01, the petitioning party shall submit, within THREE DAYS counted from notification of this ruling, the CURRENT CERTIFICATE OF LEGAL STANDING (CERTIFICACIÓN DE PERSONERÍA JURÍDICA VIGENTE) of the ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO RURAL (ASADA) DE PUERTO JIMÉNEZ, as well as the EXACT ADDRESS of the location designated by its legal representative or registered agent for purposes of notification—information that is essential to resolve the matter as the law requires—under warning of outright dismissal of the writ if not done (Articles 38 and 42 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional). The petitioning party is advised that a fax number may not be submitted for such purposes, since the respondent may be notified by that means only if it has previously so authorized, in accordance with Articles 19 and 34 of the Ley de Notificaciones Judiciales; likewise, an email address or any other technological means of communication may not be submitted unless the respondent itself has previously requested accreditation of those means for purposes of notification (Articles 18, 34, and 39 of the aforesaid Ley de Notificaciones Judiciales). Likewise, any additional evidence supporting the party's allegations shall be submitted. All of the foregoing, because such information is essential to resolve the matter as the law requires, and under warning of outright dismissal of the writ if not done (Articles 38 and 42 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional). Notice is hereby given.\"\n\n6.- By filing incorporated into the digital case file on May 20, 2026, Keli Valverde Quesada appeared. She states: \"I, KELI VALVERDE QUESADA, lead attorney in the present writ of amparo, acting in defense of the petitioner Nombre01, within the period granted by this Honorable Court, respectfully appear to comply with the preliminary order issued by resolution of twenty hours forty-six minutes on the fifteenth of May, two thousand twenty-six, in the following terms: FIRST: A current certificate of legal standing of the ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO RURAL (ASADA) DE LA PALMA DE PUERTO JIMÉNEZ is hereby submitted. SECOND: The exact address designated for purposes of notification of the respondent party is: Offices of the Asociación Administradora del Acueducto Rural (ASADA) de La Palma de Puerto Jiménez, located in La Palma de Puerto Jiménez, district of Puerto Jiménez, canton of Puerto Jiménez, province of Puntarenas, on Ruta Nacional 245, one hundred meters west and forty meters from the EBAIS de La Palma, adjacent to or near Dirección01 and Dirección02, postal code 60702. And at the email address [redacted]. Additionally, the following contact information is provided: office telephone number Telf01. • WhatsApp: Telf02. • Email: ...01. For the foregoing reasons, I respectfully request: 1. That the preliminary order issued by this Honorable Sala Constitucional be deemed complied with. 2. That the present writ of amparo be admitted for processing. 3. That the respondent authority be required to submit the corresponding report and the respective administrative file. 4. That the necessary precautionary or provisional measures be ordered to guarantee access to potable water for the protected persons, while the merits of the present matter are resolved.\"\n\n7.- By resolution issued at 18:40 hours on May 22, 2026, the Presiding Justice of the Court ordered: \"The preliminary order contained in the resolution of 20:46 hours of May 15, 2026, appearing in the electronic case file, is deemed complied with; this writ is hereby set for processing. Upon review of the writ of amparo filed under case No. 26-012749-0007-CO, brought by Nombre01 (sic) Nombre01, national identity document CED01, on behalf of Nombre02 and Nombre03, against the ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PALMA INTEGRADA Nombre04 and the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, it is resolved: pursuant to Articles 43(2), 44(1), 45, 59, and 61 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, service (traslado) is hereby made upon Cynthia Lineth Picado Mena, national identity document CED02, in her capacity as president of the Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de La Palma Integrada Nombre04, and the general manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is ordered to file a report on the facts alleged by the petitioning party, in summary: that she resides with her domestic partner and their two minor daughters in the community of Playa Colibrí in a condition of vulnerability. She explains that they are not provided the potable water service, even though another sector of the community does have active coverage and service is provided to them. She alleges that, for reasons unknown to her, she does not know whether it is discrimination or simple rejection because it is the Colibrí area where very poor families live. She states that the Colibrí neighborhood committee requested the service and was denied access to potable water for the community. She comments that, out of necessity, they had to build wells for their daily activities and that is the only water they have access to, so they must consume and use untreated well water, at risk to their health. She contends that, as the only partial alternative, the Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario (ASADA) de Puerto Jiménez allows water to be collected from a tap or pipe located at the ASADA offices in La Palma; however, she alleges this involves trips of up to two hours, which is materially insufficient and quite complicated. She comments that the sun in that area is very strong and people often fall ill while going to fetch bottles of water. She mentions that what surprises her is that about two hundred meters from her settlement, the potable water service is actively provided, in a sector where there are fewer families and vulnerable persons. She notes that the ASADA de Puerto Jiménez administers that infrastructure under the supervision of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), and there exists a functional coordination relationship that cannot result in the exclusion of specific sectors. She contends that this situation constitutes an arbitrary exclusion, in which some families receive the service while others (including minors) are left completely unprotected. She states that, despite the situation described, no effective measures have been taken to guarantee access to potable water. She argues that not having potable water and being denied the service places them in a situation in which, despite the presence of elderly persons and young children, conditions of hygiene, health, and dignity are minimal. She asserts that the omission is current, ongoing, and aggravated, directly affecting the health, dignity, and life of the minors in that sector of the community, as well as elderly persons and other family members in general. She reiterates that in La Palma there is an ASADA with potable water infrastructure that provides service to the canton and to many communities. She even states that the service is actively provided to one sector of Colibrí, so access to water is neither real nor effective for some, while it is for others. She indicates that, despite the existence of nearby infrastructure, neither ICAA nor the ASADA has taken measures to resolve that situation. She considers that it appears that discrimination against the sector where they live is very evident—a situation they do not understand but one that makes access to potable water for their children and their families in general an urgent necessity, for their health. She claims that the omission is current, ongoing, and directly affects minors, elderly persons, and families in general. For the reasons stated, she requests the intervention of the Court in the present matter. (…) For notification to: CYNTHIA LINETH PICADO MENA, NATIONAL IDENTITY DOCUMENT CED02, IN HER CAPACITY AS PRESIDENT OF THE ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PALMA INTEGRADA OSA GOLFITO, at the following address: PUNTARENAS, GOLFITO, ASADA OFFICES, LA PALMA INTEGRADA Nombre04, ONE HUNDRED METERS WEST OF THE EBAIS DE LA PALMA AND FORTY METERS, ITS DISTRICT PUERTO JIMÉNEZ, the OFICINA DE COMUNICACIONES JUDICIALES DE GOLFITO is hereby commissioned, and the judicial commission (comisión) shall be transmitted to said office by fax. This authority must carry out the corresponding notification within FIVE DAYS counted from the receipt of the documents, under warning of incurring liability for contempt of authority. The commissioned authority is advised that it must send a copy of the duly executed writ to the fax numbers indicated at the foot of this resolution or to the email address: ...02, both of this Court, and the original documents by certified mail or any other means that guarantees their prompt receipt at this Court. Notice is hereby given. The corresponding judicial commission is hereby issued. For the processing of this writ, the supervising Justice (instructor) is designated as Justice Paul Rueda Leal, to whom it falls by rotation.\"\n\n8.- By resolution issued at 16:25 hours on May 26, 2026, the Presiding Justice of the Court ordered: \"The clerical error (error material) contained in the resolution issued at 18:40 hours on May 22, 2026 is hereby corrected, in the sense that, for notification to: CYNTHIA LINETH PICADO MENA, NATIONAL IDENTITY DOCUMENT CED02, IN HER CAPACITY AS PRESIDENT OF THE ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PALMA INTEGRADA OSA GOLFITO, at the following address: PUNTARENAS, GOLFITO, ASADA OFFICES, LA PALMA INTEGRADA Nombre04, ONE HUNDRED METERS WEST OF THE EBAIS DE LA PALMA AND FORTY METERS, ITS DISTRICT PUERTO JIMÉNEZ, the OFICINA DE COMUNICACIONES JUDICIALES DE PUERTO JIMÉNEZ is hereby commissioned, and not the OFICINA DE COMUNICACIONES JUDICIALES DE GOLFITO as was erroneously indicated. Notice of this resolution and the previously cited one is hereby given to the parties.\"\n\n9.- By written submission incorporated into the digital case file on June 1, 2026, María de Los Ángeles Morera Calderón, Deputy General Manager (subgerenta general) of ICAA, submits her report. She indicates that the General Manager is on vacation. She states:\n\n\"FIRST: THE LOCATION OF THE PETITIONERS' RESIDENCE IS NOT WITHIN OUR KNOWLEDGE. On this point, Lic. Boris Gamboa Valladares, Head of the Regional Office of Community Aqueducts (Oficina Regional de Acueductos Comunales, ORAC), Brunca Region, in memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-02370, dated May 28, 2026, states: 'Fact One: Not within our knowledge. The petitioners allege that they reside in the community of Playa Colibrí; however, it is not possible to determine their exact location, since no cadastral survey map (plano catastrado) or georeferenced location of any kind can be inferred from the facts — only a photograph with a notation indicating Playa Colibrí and other annotations. It is likewise not possible to determine the location of the water meter (hidrómetro) they reference, since neither the meter number nor at least a NIS number is provided. However, it is important to note that the sector of the community of Playa Colibrí has already been the subject of a writ of amparo (recurso de amparo), addressed by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in case file No. 25-032602-0007-CO, in which Resolution No. 2025041106 was issued at 10 hours 10 minutes on December 11, 2025, which stated: \"CONSIDERING: I. SUBJECT MATTER OF THE WRIT. The petitioning party requests that ASADA La Palma de Puerto Jiménez be ordered to provide potable water service to the community of Playa Colibrí, alleging that for years they have undertaken various proceedings before the Municipality of Golfito, the Municipality of Puerto Jiménez, MINAE, and other authorities; however, these have been ignored or denied, despite the fact that other communities also located within a national heritage zone do have such service. It is alleged that they currently depend on a well that does not meet health standards and that the repeated refusal violates their access to an essential basic service… V. PROVEN FACTS. The following facts are considered duly established as material to the decision in this matter, either because they have been duly substantiated or because the respondent failed to address them, as directed in the initial order: With respect to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados: 1) On September 6, 2024, through official communication SINAC-ACOSA-DT-PNE-154-2024, addressed to the president of ASADA La Palma, SINAC concluded that the occupation in the Playa Colibrí sector has taken place without permits in areas declared State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) and recommended working toward the eviction of the irregular occupants… 8) Pursuant to the Regulations for the Provision of Services of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (Board of Directors Resolution No. 2020-442), in the case of territories administered by the State and occupants who lack a qualifying title, express authorization from the competent entity and compliance with specific requirements for special connections and certificates of service availability are required… VI. ON THE SPECIFIC CASE… In this regard, the Constitutional Chamber rules out any violation of the fundamental rights of the protected party. This is because, although the petitioner alleges that, despite years of various proceedings before the respondent authorities seeking potable water service for the community of Playa Colibrí, this has not been possible, while other communities also located within a national heritage zone do have such service. However, from the reports submitted and the evidence in the record, it is established that the underlying problem is that the zone in question is State Natural Heritage, where only scientific research, training, and ecotourism activities may be authorized, subject to prior permit from SINAC, since it is State property. That is to say, these are publicly owned assets that cannot be subject to private ownership; they are inalienable, imprescriptible, and non-attachable, are outside private commerce, and are subject to a special regime of use and protection. That being said, the respondent authorities are legally and materially unable to include the petitioner's property in their billing system or to install the potable water service the petitioner requests, given the special conditions of the zone. Furthermore, as can be seen from the proven facts in this judgment, the respondent authorities undertook a series of actions and investigations in order to address the petitioner's request, and they provided a response both to her and to the community of Playa Colibrí regarding the legal impediment to providing potable water service; a situation that is not considered arbitrary, since it was based on objective reasons and technical criteria. For the foregoing reasons, the Constitutional Chamber rules out any violation of the fundamental rights of the protected party, since, as stated, the respondent authority resolved the matter and informed the interested party of the reasons for which potable water supply was denied to the population of Playa Colibrí…\" (bold in original)\n\nSECOND: THE REASONS FOR WHICH THE SERVICE IS ALLEGEDLY NOT PROVIDED ARE NOT WITHIN OUR KNOWLEDGE. In this regard, Lic. Boris Gamboa Valladares, ORAC Brunca, in memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-02370, dated May 28, 2026, states: 'Fact Two: Not within our knowledge. The Playa Colibrí community sector is served directly by ASADA La Palma de Puerto Jiménez, ID CED03 (ASADA La Palma), which holds a delegation agreement (convenio de delegación) granted by AyA for the administration, operation, maintenance, and development of the La Palma de Puerto Jiménez, Golfito system, approved by Board of Directors Resolution No. 2013-129, in Ordinary Session No. 2013-014, of March 19, 2013, published in the Official Gazette La Gaceta No. 80 of April 26, 2013, and countersigned by the Institution on May 27, 2013, in accordance with Resolution No. R-CO-33, Article 3, subsection 1.i, of the Office of the Comptroller General of the Republic. Furthermore, we must note that this Regional Office of Community Aqueducts (ORAC), Brunca Region, has no pending matter to attend to regarding petitioners Nombre01 and Nombre03, nor is there any pending matter concerning ASADA La Palma de Puerto Jiménez related to the Playa Colibrí sector in general or the petitioners in particular.'\n\nTHIRD: THE DRILLING OF WELLS FOR SELF-SUPPLY IS NOT WITHIN OUR KNOWLEDGE. Lic. Boris Gamboa Valladares, Head of the Regional Office of Community Aqueducts (ORAC), Brunca Region, in memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-02370, dated May 28, 2026, states: 'Fact Three: Not within our knowledge. The drilling of wells or their use is not within AyA's purview; therefore, this ORAC Brunca maintains no records of private wells or their sanitary conditions. We reiterate that, as this is a private matter, it is the responsibility of the users of those wells themselves to coordinate with the institutions responsible for overseeing the matter.'\n\nFOURTH: PARTIALLY TRUE with respect to the public water source (fuente pública) installed by the ASADA of Puerto Jiménez. Lic. Boris Gamboa Valladares, Head of the Regional Office of Community Aqueducts (ORAC), Brunca Region, in memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-02370, dated May 28, 2026, states: 'Fact Four: Partially within our knowledge. ASADA La Palma de Puerto Jiménez POSSESSES AT ITS OFFICE PREMISES IN La Palma de Puerto Jiménez a public water source. However, it is important to note that, in the writ of amparo No. 25-032602-0007-CO, according to the Online Judicial Branch System, the evidentiary record includes the \"Report on socio-environmental conflict mediation in Playa Colibrí and complaint regarding land-use change (cambio de uso del suelo) in the community of Playa Blanca,\" in which Lic. Boris Gamboa Valladares, Head of ORAC Brunca, participated in several of the meetings, according to the attendance list noted therein. In this regard, concerning the public water source referenced by the petitioners, Meeting Record No. 04.09.2024, Virtual Meeting on Conflicts in Playa Colibrí, held via the Zoom platform, states: \"… 3. The problem of access to potable water. On August 1, 2024, ASADA La Palma de Puerto Jiménez met with the community committee of Playa Colibrí to discuss the water access crisis. Lineth explained that the installation of a community-administered public water tap (paja pública) was offered, but this proposal was rejected. ASADA also requested from SINAC and the Municipality a certification of the areas that are State Natural Heritage in order to clarify the boundaries and possible solutions.\" In this regard, it is important to note that, from the evidence submitted to the case file of this writ of amparo, it is not possible to establish the exact location of the petitioners' property to determine whether or not it falls within the State Natural Heritage zone. It must be reiterated that this ORAC Brunca has no pending matter to attend to regarding the petitioners.'\n\nFIFTH: IT IS NOT TRUE that the ASADA system is administered under a functional coordination arrangement with AyA. Lic. Boris Gamboa Valladares, Head of the Regional Office of Community Aqueducts (ORAC), Brunca Region, in memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-02370, dated May 28, 2026, states: 'Fact Five: Not true. As indicated in point two, ASADA La Palma de Puerto Jiménez, ID CED03, holds a delegation agreement granted by AyA for the administration, operation, maintenance, and development of the La Palma de Puerto Jiménez, Golfito system; it is not true that any functional coordination arrangement exists, since said association operates the sector directly. Furthermore, as was established in amparo No. 25-032602-0007-CO, there is a sector located within State Natural Heritage; it is not for AyA to make that determination, as the petitioners appear to suggest. It must also be reiterated that there is no pending matter to attend to in the particular case of Ms. Nombre01 or of the minors Nombre02 and Nombre03; therefore, once they submit the documents required by the AyA Service Provision Regulations, Board of Directors Resolution No. 2020-442, published in the Official Gazette La Gaceta No. 27, Supplement No. 29, of February 9, 2021, as applicable to their case, since it is not possible to locate the petitioners' property based on the evidence submitted to the case file.'\n\nSIXTH: IT IS NOT TRUE that there has been arbitrary exclusion. Lic. Boris Gamboa Valladares, Head of the Regional Office of Community Aqueducts (ORAC), Brunca Region, in memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-02370, dated May 28, 2026, states: 'Fact Six: Not true. ASADA La Palma provides potable water service to a population encompassing several communities in the canton and surrounding areas to the extent that such provision is feasible. In the case of Playa Colibrí, the aqueduct branch line (ramal) extends to the point defined by the environmental authorities, given the presence of State Natural Heritage (see the following images: cf. Document annex SINAC-ACOSA-DRFVS-SRP-0142-2024) (…) Accordingly, we must reiterate that, once the petitioners submit the requirements applicable to their specific case, it will be for ASADA La Palma to assess the request and issue the corresponding resolution.'\n\nSEVENTH: IT IS NOT TRUE that effective measures have not been taken. Lic. Boris Gamboa Valladares, Head of the Regional Office of Community Aqueducts (ORAC), Brunca Region, in memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-02370, dated May 28, 2026, states: 'Fact Seven: Not true. The effective measures for providing potable water service are carried out in compliance with the applicable regulations and pursuant to the directives of the competent institutions. In this case, action was taken in Playa Colibrí in conformity with the provisions established by SINAC given the presence of State Natural Heritage, and as indicated in point six, the ASADA La Palma pipeline extends to the limit permitted by the relevant authorities. It is unknown whether the petitioners' property is located in that sector, since it is not possible to determine the exact location of the dwelling based on the photographs submitted to the case file.'\n\nEIGHTH: THE CONDITIONS OF THE POPULATION THAT SELF-SUPPLIES FROM PRIVATE WELLS ARE NOT WITHIN OUR KNOWLEDGE. Lic. Boris Gamboa Valladares, Head of the Regional Office of Community Aqueducts (ORAC), Brunca Region, in memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-02370, dated May 28, 2026, reports: 'Fact Eight: Not within our knowledge. It is not possible to determine the exact location of the petitioners' property to ascertain whether or not it falls within the restricted zone established by the MINAE authorities, nor has any request been submitted to this ORAC Brunca that is pending attention.'\n\nNINTH: IT IS NOT TRUE that there is an omission on the part of AyA that affects the health of the population of Playa Colibrí. In this regard, Lic. Boris Gamboa Valladares, Head of the Regional Office of Community Aqueducts (ORAC), Brunca Region, in memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-02370, dated May 28, 2026, states: 'Fact Nine: Not true. As indicated in point seven, the effective measures for providing potable water service are carried out in compliance with the applicable regulations and pursuant to the directives of the competent institutions. In this case, action was taken in Playa Colibrí in conformity with the provisions established by SINAC given the presence of State Natural Heritage, and as indicated in point six, the ASADA La Palma pipeline extends to the limit permitted by the relevant authorities. It is unknown whether the petitioners' property is located in that sector, since it is not possible to determine the exact location of the dwelling based on the photographs submitted to the case file.'\n\nTENTH: IT IS NOT TRUE that there is an omission on the part of AyA that affects the health of the population of Playa Colibrí. It must be reiterated that Lic. Boris Gamboa Valladares, Head of the Regional Office of Community Aqueducts (ORAC), Brunca Region, in memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-02370, dated May 28, 2026, states: 'Fact Ten: Not true. It must be reiterated that the effective measures for providing potable water service are carried out in compliance with the applicable regulations and pursuant to the directives of the competent institutions. In this case, action was taken in Playa Colibrí in conformity with the provisions established by SINAC given the presence of State Natural Heritage, and as indicated in point six, the ASADA La Palma pipeline extends to the limit permitted by the relevant authorities.'\n\nELEVENTH: IT IS NOT TRUE that AyA has failed to adopt measures to resolve the situation in Playa Colibrí. On this point, Lic. Boris Gamboa Valladares, Head of the Regional Office of Community Aqueducts (ORAC), Brunca Region, in memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-02370, dated May 28, 2026, states: 'Fact Eleven: Not true. It must be reiterated that ASADA La Palma de Puerto Jiménez, ID CED03, holds a delegation agreement granted by AyA for the administration, operation, maintenance, and development of the La Palma de Puerto Jiménez, Golfito system; therefore, said association directly operates the sector, not the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Furthermore, in this case in Playa Colibrí, action was taken in conformity with the provisions established by SINAC given the presence of State Natural Heritage; accordingly, the ASADA La Palma pipeline extends to the limit permitted by the relevant authorities.'\n\nTWELFTH: IT IS NOT TRUE that there is an omission by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados that directly affects minors, elderly persons, and families in general. In this regard, Lic. Boris Gamboa Valladares, Head of the Regional Office of Community Aqueducts (ORAC), Brunca Region, in memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-02370, dated May 28, 2026, states: 'Fact Twelve: Not true. It must be reiterated that the effective measures for providing potable water service are carried out in compliance with the applicable regulations and pursuant to the directives of the competent institutions. In the case of Playa Colibrí, action was taken in conformity with the provisions established by SINAC given the presence of State Natural Heritage, and as indicated in point six, the ASADA La Palma pipeline extends to the limit permitted by the relevant authorities. It is unknown whether the petitioners' property is located in that sector, since it is not possible to determine the exact location of the dwelling based on the photographs submitted to the case file.'\n\nLEGAL GROUNDS\n\nOn the Provision of Public Services. Limits and Limitations. That Constitutional Tribunal has addressed this issue and concluded that there are valid reasons for denying the provision of the service, one of which is the absence of infrastructure belonging to the operator (AyA or an ASADA with a delegation agreement). In this regard, the Constitutional Chamber held:\n\n\"Thus, this character as a fundamental right does not imply unrestricted access to water services, since the administration may validly establish general requirements that each applicant must fulfill in order for their particular request to be evaluated; accordingly, the possibility is recognized of limiting the granting of new water service connections (pajas de agua) for the purpose of ensuring the continuity of the public service of potable water supply to current users and residences receiving said service — see judgments Nos. 2007-17475, of eleven hours five minutes on November 30, two thousand and seven, and 2008-11390, of eleven hours twenty-nine minutes on July 22, two thousand and eight. In this regard, in judgment No. 2006-1898, of nine hours fifty-three minutes on February 17, two thousand and six — reiterated, among others, by judgment No. 2007-13310, of ten hours fifty-seven minutes on September 14, two thousand and seven — the Constitutional Chamber established that: 'The petitioner alleges (…) that, despite the requests and efforts made, the respondent Institute has refused to provide them with potable water service, alleging that the area is an informal settlement (precario) and that its inhabitants do not have a cadastral subdivision plan (plano de segregación) establishing that they are property owners. In this regard, it is established in the record, on the basis of the report submitted under oath by the respondent authority, that there is an impossibility of installing domestic potable water services in the community where the petitioner resides, for two specific reasons: the lack of adequate infrastructure and the failure to submit applications fulfilling the applicable legal requirements on the part of the interested parties (…). This Constitutional Chamber, in judgment No. 2004-12185 of 13:31 hours on October 29, 2004, in a case similar to the present one, held that it was not possible to require the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to circumvent the provisions of its Customer Service Provision Regulations or the General Law on Potable Water. Therefore, to the extent that the protected party does not meet the conditions and requirements set out therein, although potable water service must be accessible to every person as an essential service, it cannot be provided on a regular basis. Given the existence of those two objective grounds for which it is impossible to provide regular potable water service to the claimant — failure to comply with the requirements for a new service connection, beginning with the filing of the application and the existence of adequate infrastructure in the area — there is no basis for concluding that the denial of regular service provision by the respondent Institute is due to the fact that the protected party and his neighbors do not hold title deeds to the properties they occupy. It should be added that, pursuant to Article 33 of the aforementioned Regulations, the absence of a title deed does not appear to be an obstacle to applying for a new potable water service connection, provided that the requirements specified in that provision are met. In any event, it is also established that, although regular potable water service has not been provided, the petitioner and other neighboring residents have access to a public water source that the Institute installed for them to meet their basic needs. This Tribunal therefore finds that it has been the petitioners' own omission — namely that of the petitioner and the other residents of the locality, who have not demonstrated that they submitted applications for the installation of a new potable water service in the community where they reside — that has prevented an assessment of their situation for the purpose of determining whether, particularly upon compliance with the requirements of Article 33 of the Customer Service Provision Regulations, the infrastructure limitations can be overcome in their case and whether regular potable water service can be provided to them.' It is therefore understood that, while a fundamental right to water exists that may be asserted against the relevant administration, the provision of the service may properly be made subject to compliance with the established requirements for its granting and to the material possibility of supply — that is, the absence of technical circumstances that would make it impossible or inadvisable for the administration to provide potable water service. This determines that the administration has no obligation to provide potable water service where technical reasons make such provision inadvisable or impossible, and it must adequately inform the applicant of the reasons for which their request cannot be addressed.\" Voto N. 2009-009936. (de-emphasis is ours)\n\nIn this regard, it is important to note that Lic. Boris Gamboa Valladares, ORAC Brunca, in memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-02370, dated May 28, 2026, affirms that, on the part of AyA, there is no pending matter to attend to regarding the petitioners. Furthermore, in said report he states: \"Regarding what is indicated in Section I of the extension of the writ of amparo: It is clear that the administrative action of ASADA La Palma is taken as governed by a restriction established by SINAC given the declaration of State Natural Heritage and the disposition of the Judicial authorities to protect said Heritage. Regarding what is indicated in Section II: Point 1: The extension of the branch line (see the following image, which can be seen in the upper right box of Image 3 in the attached document SINAC-ACOSA-DRFVS-SRP-0142-2024) is complete. Point 2: Both the SINAC authorities and the Environmental Prosecutor's Office (Fiscalía Ambiental) have explained to the population of the Playa Colibrí sector the existence of impact arising from the presence of inhabitants on State Natural Heritage land. This is the situation of institutional intervention in that sector. Point 3: In the attached document SINAC-ACOSA-DRFVS-SRP-0142-2024, the boundary and extent of the branch line were established: '…which is located alongside the main road (ruta 245), at the southern entrance to Playa Colibrí, specifically at coordinates longitude 560552 latitude 956043 (CRTM05) (Figure 1). From this point, the installation extends northward approximately 1,020 m, where it turns along a road toward Playa Colibrí for approximately 1,600 m, turning again approximately 180 m southward to reach the final point of said installation, located at coordinates longitude 561921 latitude 957090 (CRTM05) (Figure 3).' The branch line is currently complete. Regarding what is indicated in Section III: The established right is clear. In the case of the sector where the Playa Colibrí population that is the subject of this writ of amparo is located, there is a structural impediment established by SINAC given the presence of State Natural Heritage.\"\n\nIn this regard, it is reiterated that it is not possible to determine the exact location of the petitioners' property to ascertain whether or not they are within the restricted zone established by MINAE. Furthermore, with respect to the fulfillment of requirements, the AyA Service Provision Regulations, Board of Directors Resolution No. 2020-442 of the Institute, published in the Official Gazette La Gaceta No. 27, Supplement No. 29, of February 9, 2021, provide:\n\n\"Article 33 — On the Application for a Certificate of Service Availability (constancia de disponibilidad de servicios) for Territories Administered by the State or Its Institutions under a Special Legal Regime. In addition to the provisions of Articles 15 and 30 of these regulations, for applications associated with properties under the category of territories administered by the State or its institutions under a special legal regime — maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), border zones, indigenous territories, tourism development poles, and similar areas — that are granted by way of concessions, leases, and assignments, applicants must submit the express authorization of the relevant authority, in which the processing of the application is approved, in accordance with the regulations governing them. In the case of indigenous territories, when the ADII is inactive, the applicant must submit a sworn statement (declaración jurada) of no more than 30 days from issuance, signed by the indigenous community representative or the beneficiaries' representative and two witnesses, with a description of the property specifying the nature of their acts of possession (actos posesorios) and the existence, number, and location of the dwellings in a sketch map (croquis) delineating the area of coverage. This requirement shall also apply for the application for a permanent connection…\n\nArticle 71 — On the Requirements for Applying for a Special Connection, in the Case of Occupants of Properties Who Lack a Qualifying Title for Occupancy. Based on the recognition of access to water as a Human Right, AyA shall establish the conditions for supply in the case of occupants of properties who lack a qualifying title for occupancy and where this results from a technical and commercial feasibility study conducted by AyA. Supply in these cases shall be collective. The authorization of this type of service does not apply to nor shall it generate legal effects for the granting of a certificate of service availability, or the authorization of construction permits. Its consideration additionally requires compliance with and submission to the Service Platforms of the following requirements: a) If a Community Development Association or other formally and legally recognized organization exists that supports the application of the residential settlement, it shall be necessary for the legal representative of said legal entity to carry out the proceedings. If a duly formalized legal entity does not exist, a mandate contract (contrato de mandato) shall be required, whereby all beneficiaries of the service delegate the carrying out of proceedings to a representative. In accordance with the verification and rectification of conditions necessary for the approval of services, AyA shall verify through the official and available virtual platforms the following conditions: Registry or administrative certifications of current legal standing (personerías jurídicas), authorized representatives (apoderados) with powers to act as judicial and extrajudicial representatives or authorized to that effect, executors (albaceas), guardians (tutores), and administrators (curadores). b) Submit a sworn statement of no more than 30 days from issuance, signed by the representative of the community association or the representative of the beneficiaries and two witnesses, with a description of the property specifying the nature of their acts of possession and the existence, number, and location of the dwellings in a sketch map delineating the area of coverage. c) Authorization from the registered owner. In accordance with the verification of the conditions necessary for the approval of the services, as indicated in general terms in Article 15 of these Regulations, it is for AyA to verify the requirements set out therein, as well as the general conditions established therein for all proceedings. Upon submission of all required documents in full, the Institution shall have a period of 15 business days (días hábiles) to resolve the application.\" (emphasis ours)\n\nFurthermore, Lic. Boris Boris Gamboa Valladares, ORAC Brunca, in memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-02370, dated May 28, 2026, states: \"… the Playa Colibrí community sector has already been the subject of a writ of amparo, addressed by the Constitutional Chamber in case file No. 25-032602-0007-CO, in which Resolution No. 2025041106 was issued at 10 hours 10 minutes on December 11, 2025, which stated: 'CONSIDERING: I. SUBJECT MATTER OF THE WRIT. The petitioning party requests that ASADA La Palma de Puerto Jiménez be ordered to provide potable water service to the community of Playa Colibrí, alleging that for years they have undertaken various proceedings before the Municipality of Golfito, the Municipality of Puerto Jiménez, MINAE, and other authorities; however, these have been ignored or denied, despite the fact that other communities also located within a national heritage zone do have such service. It is alleged that they currently depend on a well that does not meet health standards and that the repeated refusal violates their access to an essential basic service… V. PROVEN FACTS.\n\nFor purposes of deciding this matter, the following facts are deemed duly established, either because they have been so proven or because the respondent (recurrido) failed to address them, as required by the initial order (auto inicial): VI.-ON THE SPECIFIC CASE… In this regard, the Sala Constitucional finds no violation of the fundamental rights (derechos fundamentales) of the protected party (parte amparada). This is so because, although the petitioner (recurrente) alleges that for years she and the community of Playa Colibrí have made various requests to the respondent authorities (autoridades accionadas) seeking drinking water service (servicio de agua potable) for the community, none of those efforts has succeeded, while other communities also located in national heritage zones (zona de patrimonio nacional) do in fact receive such service. However, based on the reports submitted and the evidence contained in the case record (autos), it is established that the core issue is that the zone in question constitutes State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), where only scientific research, training, and ecotourism activities may be authorized, subject to prior approval by SINAC, as it is State property (bien del Estado). In other words, these are publicly owned assets (bienes de titularidad pública) that cannot be subject to private ownership; they are inalienable (inalienables), imprescriptible (imprescriptibles), and non-attachable (inembargables), lying outside the sphere of private commerce, as they are subject to a special regime of use and protection (régimen especial de utilización y protección). That being said, the respondent authorities are legally and materially precluded from including the zone in billing (facturación) or from installing the drinking water service claimed by the petitioner, owing to the special conditions of the area. Likewise, as reflected in the proven facts (hechos probados) of this judgment (sentencia), the respondent authorities carried out a series of actions and investigations in order to address the petitioner's request, providing a response both to her and to the community of Playa Colibrí regarding the legal impediment to supplying drinking water service; this conduct is not considered arbitrary, as it was grounded in objective reasons and technical criteria. For the foregoing reasons, the Sala Constitucional finds no violation of the fundamental rights of the protected party, since, as noted, the respondent authority resolved the matter and informed the interested party of the reasons for which the supply of drinking water to the population of Playa Colibrí was denied…\" (emphasis added)\n\nPETITION\n\nBased on the evidence submitted, we respectfully request of this Honorable Sala Constitucional the following:\n\n- That the writ of amparo (recurso de amparo) No. 26 – 012749 – 0007 – CO filed by Nombre01, national identity card (cédula de identidad) No. CED01, on her own behalf and on behalf of the minor children (menores de edad) Nombre02 and Nombre03, against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, be dismissed, as there is no pending matter for my client to address.\n\n- That the Instituto not be ordered to pay damages (daños y perjuicios) or court costs (costas) in connection with this writ, since AyA, as has been demonstrated, has acted in accordance with the governing principles in this field and within the framework of legality established by the Constitución Política, the laws, and the regulations that govern us;\n\n- That the constitutional case file (expediente constitucional) be archived.\n\n10.- By written submission incorporated into the digital case file (expediente) on June 1, 2026, Cynthia Lineth Picado Mena, president of the ASADA de la Palma Integrada Osa Golfito, responds to the notice period (audiencia) granted. She states:\n\n\"A.- This same set of facts was already decided by this Chamber in the constitutional protection remedy proceedings (Recurso de Amparo) No. 25-032602-0007-CO, in which SINAC appeared as a third party in addition to those named as respondents here. That constitutional proceeding was resolved at ten hours and ten minutes on December 11, 2025, by ruling 2025041106, which held: 'POR TANTO: The remedy is denied. Justice Castillo Víquez files a concurring note. Justices Cruz Castro and Rueda Leal file a dissenting vote and order that the proceedings continue for the purpose of requesting a report from the general regulator of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Notifíquese.' This is respectfully submitted, and without prejudice to the report that will be provided, it is considered important to mention because the subject matter of this Recurso de Amparo is regarded as a closed matter, and entertaining a new request or petition on a topic that has already been decided and previously reviewed is precluded.\n\nB.- Regarding the documentary evidence that I will reference herein, it will be submitted in PDF files and in two certifications: one certification (Certificación-ASADALAPALMA-001-2025) corresponding to the documents that have been compiled for the purpose of reporting on Recurso de Amparo No. 25-032602-0007-CO, and another certification (Certificación-ASADALAPALMA-001-2026) covering folios 428, 429, and 430 of Board of Directors (Junta Directiva) Minutes Book No. 4, Minutes No. 16, Regular Session (Sesión Ordinaria) of October 1, 2024.\n\nREPORT:\n\nFIRST ASPECT OF THE REPORT: It is unknown whether she resides in the Playa Colibrí sector of La Palma de Puerto Jiménez, Puntarenas; it is equally unknown with whom she resides, and the vulnerability condition she refers to is likewise unknown. Furthermore, it is categorically denied that the ASADA I represent has acted with discrimination, arbitrary exclusion, or rejection against families in this Colibrí community on account of their living in conditions of extreme poverty and that, for that reason, the drinking water service is not provided. The reasons are different: as will be explained, the service is in fact not provided to one sector of the community known as Barrio Colibrí, but for different reasons that will be explained below. The various steps that my organization has taken in this specific case will also be explained. It is clarified that this is the result of a legally justified impossibility, and not a baseless or unmotivated decision. It is unknown whether the persons living in the Colibrí community have drilled wells to meet their water needs. Specifically with regard to the petitioner, there is no record in my organization's files that she ever applied for a water service connection (acometida de agua) or a water supply tap (paja de agua-prevista). Regarding the claim that my organization has acted with arbitrary exclusion against children and elderly persons, and that it has failed to take the necessary measures to guarantee the supply of drinking water as the petitioner contends, that is not true. Efforts have been made to ensure the service; however, there exists a legally justified impossibility of an environmental nature that prevents this, as will be explained in detail below, and it is due to a boundary issue relating to Conservation Areas that further extension into one specific sector cannot proceed—the specific sector in which the petitioner resides, as is assumed from what the petitioner herself has stated, since no precise indication of the exact address of her home or property said to be affected is noted.\n\nSECOND ASPECT OF THE REPORT: With respect to the indication that residents of the Colibrí community (through local committees or neighborhood organizations) submitted requests for drinking water service that were denied, this is true. All of this will be detailed in this report as to the reasons and circumstances, which will also explain why, even though the necessary water resource is available and the administrative and financial conditions for the project exist, the project had to be divided into Stage 1 (Etapa 1) and Stage 2 (Etapa 2). Stage 1 is the one the petitioner criticizes in the sense that some residents of the same Playa Colibrí community have the service while others do not—including the petitioner herself—which, it is reiterated, is due to a boundary issue relating to Conservation Areas that prevents further extension into one specific sector: the specific sector in which the petitioner resides.\n\nTHIRD ASPECT OF THE REPORT: Regarding the so-called alternative offered by my organization—whereby drinking water may be collected at a specific pipe or access point located at the central offices of the organization I represent, in the center of the town of La Palma, Puerto Jiménez—it is true that such a pipe or water tap exists and is for general community use and for any passerby, as it is located at the front setback of the building without fencing or gates that would prevent its use. Nevertheless, our organization has never formally or informally indicated, in any document or at any meeting, that this freely accessible water tap is intended for use by residents of the Colibrí community. That is to say, while this supply point is public and free of charge, it has not been specifically designated as the solution to the drinking water supply needs of the residents of the Colibrí community or of the petitioner. The distance between my organization's offices and the Colibrí community is approximately 3 to 4 kilometers.\n\nRegarding alternatives: the full Board of Directors of my organization received, as recorded specifically in folios 428, 429, and 430 of Board of Directors Minutes Book No. 4, Minutes No. 16, Regular Session of October 1, 2024, the Colibrí Committee appointed before the Municipality, and in Article (Artículo) #2 thereof the Committee was informed that it is possible to provide the service of installing a water supply tap (paja de agua) to be administered by that Committee—whose president at that time was Carolina Navarro—so that the Committee itself would manage it. The Committee indicated that it did not accept this offer, as it would delay the process of \"running the pipe into the left-hand sector\" and because \"later [the Committee] will not want to pay what the committee determines based on what the ASADA reports.\"\n\nFOURTH ASPECT OF THE REPORT: Likewise, regarding the indication that within the same Colibrí community, and at a distance of barely 200 meters, drinking water service is provided to a sector with fewer subscribers and persons in vulnerable conditions, as I have mentioned above, this is the result of a legally justified impossibility and not a baseless or unmotivated decision.\n\nFIFTH ASPECT OF THE REPORT: Regarding the manner of administration and the relationship between my organization and Nombre06: this relationship does in fact exist in the sense that Nombre06 delegates and provides oversight by granting an ASADA the administration of water and sanitation in its community, without Nombre06 losing its role as the regulatory body (institución rectora). My organization, as a private, nonprofit organization made up of community volunteers who assume the function of managing the local aqueduct, provides and charges for the service.\n\nSIXTH ASPECT OF THE REPORT: REGARDING THE ADMINISTRATIVE STEPS TAKEN BY MY ORGANIZATION IN THE PRESENT MATTER: As background, our organization has records and knowledge that residents of the Playa Colibrí community, in the course of 2019, made representations to the municipal authority of Golfito (at that time Golfito, since the Municipality of Puerto Jiménez now exists). According to a document dated January 2, 2019, residents of the Playa Colibrí community invited my organization to a meeting scheduled for February 1, 2019, at 2:00 p.m. The meeting was attended but was ultimately held on February 11, 2019. The Board of Directors of my organization adopted a resolution in Minutes No. 225 of the session held on February 11, 2019, in which the then-petitioners were told that it was suggested they draft a note or document addressed to the Municipal Council (Concejo Municipal) and the Mayor (Alcalde) (at that time of the Canton of Golfito), requesting information important to the ASADA, such as information concerning public roads, lots with municipal land-use permits, and certified survey plans. This was said at that time based on the regulations of Nombre06 (as it has been stated, our regulatory body (Ente Rector)). It was also agreed to include the topographic survey (levantamiento topográfico) that the ASADA was carrying out at that time for all the sectors it administered. A copy is on file of a note dated February 11, 2019, in which that same group of promoters addressed the Municipal Council of Golfito with the intention of following the ASADA's suggestion, and the outcome of that effort is unknown.\n\nIt is also reported that my organization at that time (2019) took steps to include the Playa Colibrí community in the above-mentioned topographic survey. This is evidenced by emails sent to Evelyn Lizano Fernández of A y A, who was in charge of the survey, dated February 12, 2023, and by an email dated February 27, 2019, sent to Ricardo Peralta for those purposes.\n\nThis Chamber is notified of the existence of official communication (oficio) SMG-T-111-02-2021, in which, in connection with this matter, the minutes of the Municipal Council of Golfito sessions indicate verbatim: \"Request for a certification granting the ASADA de la Palma de Puerto Jiménez permission to install a drinking water service connection (prevista de agua potable) for residents of Playa Colibrí.\" —Apparent italics not in original— and indeed the following resolution was adopted: \"Refer this request to the administration so that a response may be given to the residents.\" —Apparent italics are in original— However, the Municipal Administration of Golfito has never communicated any disposition in that regard to my organization.\n\nOn this particular matter, Regular Minutes No. 17 dated April 27, 2022, includes a resolution that verbatim states: \"RESOLUTION 14-ORD 17.-2022 By unanimous vote IT IS APPROVED: To send the note to the Environmental Committee. This resolution is declared FINAL AND DEFINITIVELY APPROVED.\" —Apparent italics are in original.\n\nFinally, by way of report, it is highlighted that, on the part of my organization and in relation to this matter, in light of the attached evidence—namely Regular Minutes No. 17 dated April 27, 2022—a resolution is inserted that verbatim states: \"ITEM 10.2 Official communication ASADALAPALMA-IOG-014-2021 dated February 3, 2021, addressed to the Mayor, signed by Ms. Cynthia Lineth Picado Mena, President of ASADA La Palma Integrada Osa, Golfito, is considered.\" —Apparent italics are in original.\n\nRegarding the aforementioned official communication ASADALAPALMA-IOG-014-2021 from my organization, it is important for this Report to note certain aspects for the knowledge of this Constitutional Tribunal in resolving this matter. The first of these is that, attaching a certified copy thereof, it is noted that on February 3, 2021, in official communication ASADALAPALMA-IOG-014-2021, the ASADA I represent—in a manner closely related to the matter reproached by the petitioner—addressed a note to the then-Mayor of the Municipality of Golfito, Mr. Freiner Lara Blanco, in which my organization is the one asking the Municipal Mayor whether or not a response exists to the request of the \"Playa Colibrí Community,\" as stated in that very note, a request that had been dated February 11, 2019. It is important to make visible from the outset that, at that historical moment (February 2021), the Playa Colibrí or Colibrí community—which now shares the same interests as the petitioner—did not have drinking water service connections (previstas de agua potable) supplied by my organization, nor did it have the distribution branch line (ramal) necessary to supply them. This has in fact continued to be the case for the group of petitioners, since the residents mentioned by the petitioner and the petitioner herself, in the specific location where they reside, are not subscribers of my organization—a situation that has existed since my organization came into existence. This means it must be understood that, in order to provide the service they requested at that time, a series of resource availability studies and necessary approvals were required before service could begin. That is why my organization addressed the Golfito municipal corporation, to inquire and also to explain how it was indeed necessary that we be provided with information of interest, such as—and this is transcribed: \"We need your support to provide us with information on how many families have a lot and the corresponding land-use permit, which are in process, what the development plan is for the lots located in the Playa Colibrí sector, and we also need a sketch map (croquis) of the public roads in that sector.\" —Apparent italics not in original.\n\nAll of this, in the context of the analysis being conducted at that time, was important for determining the scope of the need for drinking water consumption and its expansion for the corresponding topographic survey, budgeting, the route of the aqueduct distribution branch line that needed to be created, and for obtaining the Technical Endorsement (Aval Técnico) from Acueductos y Alcantarillados (A y A) as the regulatory body—an indispensable requirement for meeting the interests of the residents mentioned by the petitioner and of the petitioner herself, and a general requirement for any similar process involving the opening of new drinking water service connections for a community that does not yet have the service. Once that endorsement was in hand, it would be possible to advance further. To go into greater depth: it was necessary to have data on the potential subscribers of the project and their locations. The project was initially called \"Proyecto Colibrí,\" which was subsequently—for the reasons to be explained—renamed \"Proyecto Colibrí Etapa 1\" and \"Proyecto Colibrí Etapa 2.\" It was necessary to clarify this by consulting the Municipality of Golfito at that time (bearing in mind that as of May 2024, the Municipality of Puerto Jiménez was created and, territorially, Puerto Jiménez ceased to belong to the Municipality of Golfito and became an independent canton). This was because the Playa Colibrí community is located within the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre), and by mandate of Ley 6043, called \"Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre,\" pursuant to Article 3 thereof, these are lands under Municipal Administration. That article clearly states: \"Artículo 3º.- Without prejudice to the attributions of that Institute, it is the responsibility of municipalities to directly oversee compliance with the provisions of this law regarding the ownership, development, use, and enjoyment of the maritime-terrestrial zone, and in particular of the tourist areas along the coastlines.\" Thus, as has been stated, since all of those lands are located within the Maritime-Terrestrial Zone, it was necessary to consult the Municipal Administration—at that time of the Canton of Golfito. In sum, it can be summarized that the Technical Endorsement from Nombre06 is a guarantee issued by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A) to certify that a specific project, particularly one for the use of water for human consumption, complies with the applicable technical regulations and is viable. This endorsement does not exempt one from other procedures, such as the review of construction plans, but it does validate the technical capacity of the project and of the person responsible for carrying it out, ensuring compliance from start to finish. With this Technical Endorsement, it is possible to evaluate the resources needed to expand the distribution line to the Playa Colibrí community (the water supply branch line) and thereby provide them with drinking water service connections.\n\nThe intention of my organization in the content and submission of official communication ASADALAPALMA-IOG-014-2021 addressed to the Municipality of Golfito was precisely that: to resolve and carry out the requisite steps to address the request of the now-petitioner and, in general, of all the residents. It is noted from the attached evidence that, following this, on February 8, 2021, my organization again communicated by email to the above-mentioned Mayor, stating verbatim in the body of the email the need to convene a meeting, even requesting a specific date and time for it, on which occasion it was stated: (…)\n\nIn this connection, our official communication ASADALAPALMA-IOG-014-2021 was in fact responded to, by the indication made by the Secretary of the Municipal Council (Roxana Villegas Castro) of Golfito, via official communication SMG-T-172-03-2021 dated March 26, 2021, which in turn refers to the official communication of the Acting Head (a.i.) of the Maritime-Terrestrial Zone Department of the Municipality of Golfito, via official communication ZMT-MG-O-I-046-2021 dated March 11, 2021, which verbatim stated: \"Upon reviewing the names of the families (persons) who require the permit for the water service connection, it is determined that the majority do not meet the minimum requirements, such as: the opening of a case file with the proper application for a Permit for Use in the Maritime-Terrestrial Zone, in accordance with the requirements set forth in articles 27, 28, 29, and 30 and following of the Regulations under Decreto Ejecutivo N°7841P, to Ley N° 6043 sobre la Zona Marítimo Terrestre of March 2, 1977, and article 15 of the Manual of Procedures for the Granting of Permits for Use of the Maritime-Terrestrial Zone Administered by the Municipality of Golfito.\" Nombre07 not in original; underlining is in original.\n\nIt is for this reason that, at that historical moment—when official communication ASADALAPALMA-IOG-014-2021 was sent to the Municipality of Golfito, together with the applicants' own request (addressed to Boris Gamboa Balladares and received on 07-01-2021 by Iván Mora), as can be seen from official communication ZMT-MG-O-I-046-2021—the applicants did not, in accordance with Ley 6043, called \"Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre,\" have the requirements or approval from the Municipality to be granted the service connections.\n\nHowever, beyond all of the foregoing regarding municipal proceedings, as will be noted below, surrounding the substance of the grievances raised in these constitutional proceedings there are other elements that have frustrated the ability to complete to this day, for technical and legal reasons, the administrative steps for expanding the drinking water distribution line (branch line) with its service connections to the Playa Colibrí community, and thereby providing them with water service connections. These elements and aspects will be noted below.\n\nRegarding the arbitrary exclusion reproached by the petitioner, it must be clarified that in other neighborhoods, hamlets, or communities near Maritime-Terrestrial Zone areas—such as Rincón de Osa, Playa Blanca, and Playa Escondida—drinking water service supplied by my organization is available. I must indicate that my organization is responsible for supplying drinking water to several communities and currently has, as of the date of issuance of this report, exactly 2003 active subscribers and 64 inactive subscribers who receive our service. The communities receiving this service are: Playa Colibrí, La Palma, La Amapola, Playa Blanca, Puerto Escondido, Guadalupe, Riyito, El Campo de Agua Buena, Banegas, Rancho Quemado, Bahía Chal, Rincón, Mogos, Pargos, and Taboga 1. In the work carried out by our organization, it is essential to ensure that technical and legal requirements are met for each drinking water supply project developed—on a large scale when supplying a community that does not yet have the service, and also on a small scale or individually when a drinking water service connection is requested in a community that already receives service. This is mandated by the Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados comunales Nº 42582-S-MINAE, which, within our obligations, frames what is established in article 28, regarding Rights and Obligations of ASADAS, which reads verbatim in the relevant part, in subsection \"j\" on the issuance of certificates: \"Issuance of certificates: Issue certificates of service availability and water capacity letters, contributing to the development of their communities, in accordance with their water balance and whenever technically and legally appropriate.\" —Bold and italics not in original.\n\nHaving stated the foregoing, it is important to keep in mind, in the context of this matter, that the Playa Colibrí, or Colibrí, community did not have drinking water service from our organization prior to April 19, 2024. This is a result of the fact that, in view of this need, from approximately March 11, 2024 onward (the start date of Stage 1 of the project)—following representations made by residents of the Playa Colibrí community to our organization—the new project to supply them with drinking water in its \"Stage 1\" phase was initiated. In principle, this was done after analysis confirmed that there was a water balance (balance hídrico) sufficient to cover the needs of that population, and that the technical and legal analysis referenced above permitted it. It is also reported that a drinking water meter was installed for certain residents living in the Playa Colibrí community, which is a matter of particular relevance in this case. In the Playa Colibrí community, as part of our organization's efforts to meet the drinking water needs of the users who requested it, the required studies and analyses were conducted. The results showed that, for the entirety of Barrio or Community Playa Colibrí, there was a water balance that more than sufficed to provide the service; however, the technical and legal analysis revealed that one sector of the community could receive the service and another could not. This was because the sector that could receive the service was located outside the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), while the other sector was situated within State Natural Heritage. It is precisely in this latter sector that the petitioners reside and are seeking to have drinking water service provided on-site—that is, to have \"a water service connection (prevista de agua)\" installed. This technical-legal situation will be elaborated upon further in this report with documentation and criteria obtained by my organization directly from staff of SINAC, Sub-Regional Peninsular Office (PUERTO JIMÉNEZ), Puerto Jiménez, Puntarenas.\n\nIn this regard, concerning the mention of the installation of a water meter for certain residents of the Playa Colibrí community, as well as the mention of the installation of a fire hydrant in the Playa Colibrí community, it must be clarified that, given my organization's awareness that one sector of the Playa Colibrí community was within State Natural Heritage, it was decided to implement the new drinking water supply project in 2 stages, which, as previously noted, were named \"Proyecto Colibrí Etapa 1\" and \"Proyecto Colibrí Etapa 2.\" This is why references to the installation of a water meter (service connections) and a fire hydrant deserve full credibility, with the clarification that these are part of the project but specifically of \"Stage 1,\" about which the following will immediately report on what it consisted of, how it was carried out, and the various administrative steps that had to be taken during Stage 1 fieldwork.\n\nFirst, in connection with this matter, our organization has a record of an email received from Nombre08, dated March 22, 2023, in which the need for the Playa Colibrí community to have drinking water is set out and which states in full: (…)\n\nThe preceding request was answered the following day, March 23, 2023, and Nombre08 was told that the case would be placed for analysis before the ASADA's Board of Directors in the second week of April 2023. A request was also made for documents from the Municipality (at that time, Golfito). Regarding this request, Mr. Nombre08 (sic) was also sent a summons to receive him—and the equally affected residents, including the petitioner here—at his own home, on the part of my organization, on April 21, 2023, by way of official communication No. ASADALAPALMA-OIG-081-2023 dated April 11, 2023.\n\nOn April 21, 2023, the meeting was in fact held, the residents' inquiries were addressed, and a sign-in sheet of 19 persons from the Playa Colibrí or Colibrí sector was drawn up—an important detail for this Recurso de Amparo, since this group of participating residents in some way represented, and continues to represent, the same interests that the petitioner now advances in the object of this Recurso de Amparo.\n\nAs a result of this request, my organization began the administrative steps aimed at meeting the drinking water needs of the Colibrí or Playa Colibrí community. For this reason, on April 21, 2023, at our request, Nelson Araya Céspedes (sic) (an A y A official)—a technician from A y Nombre09—produced a document (2 folios) on the location of the \"branch line\" for the extension needed for the project, on the required pipe, and on the necessary valves. With this, work began on obtaining quotations from various suppliers, such as: R & M de Costa Rica, which issued a proforma invoice (factura proforma) dated 24-04-2023; Hidromedición G&R, which issued a proforma invoice dated 24-04-2023; and RQL INGENIERÍA, which issued a proforma invoice dated 24-04-2023. In each case, the projected costs for materials exceeded 14 million colones—amounts that for an organization like ours are exceedingly high. For this reason, in search of alternative solutions and in order to request financial assistance to resolve the matter for the Playa Colibrí residents, by official communication No. ASADALAPALMA-OIG-096-2023 dated May 4, 2023, we addressed the Centro Estratégico para el Desarrollo de la Península de Osa; by official communication No. ASADALAPALMA-OIG-097-2023 dated May 4, 2023, we addressed Mr. Arnoldo Romero; and by official communication No. ASADALAPALMA-OIG-098-2023 dated May 4, 2023, we addressed the Oficina de Desarrollo Territorial de Osa. However, no financial collaboration or support was obtained from these parties. For this reason, by official communication No. ASADALAPALMAOIG-007-2024 dated January 25, 2024, we addressed Mr. Boris Gamboa Valladares, an official of Nombre06 responsible for the ORAC (Oficinas Regionales de Acueductos Comunales—the Nombre06 body responsible for providing support and guidance to ASADAS) of Nombre10, in which we inquired about the related and necessary materials for the project. The Sub-Management of Delegated Systems Management and the Director of ASADA Strengthening had already approved this from March 7, 2024 onward, since, through the various steps taken before A y A itself, it was achieved—by means of official communication GSD-UEN-GAR-2024-00953 from the head of the UEN-Gestión de Acueductos Rurales, Mr. Rafael Barboza Topping—that we were informed that the purchase had already been approved. It was in this way that the materials needed for the branch line project in the Colibrí community were secured, through the A y A document entitled \"Solicitud de Ingreso\" of the Programa de Comunidades en Riesgo Sanitario, signed on July 21, 2023, by Boris Gamboa Valladares and Alberto Chavarría Gamboa.\n\nNow, in the course of all the administrative procedures and labor carried out for the approval and construction of the branch line (ramal) needed to supply drinking water to the community of Playa Colibrí, at a certain point approximately in mid-March 2024—when work was already underway at the site and the project was in progress—SINAC, specifically on March 19, 2024, conducted an inspection by officials from the Puerto Jiménez Local Office. This inspection arose because, to our understanding, those authorities had become aware of the work our client was carrying out, which involved the laying of pipes by means of trenching (zanjeo), earthworks (movimientos de tierra), and breaking through public-road crossings in order to later cover them again. Our project was therefore reviewed by those authorities at that time, given that it is widely known within the community of Playa Colibrí that State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) areas exist there, as already noted in this report. For that reason, on March 20, 2024, our client notified Carlos Velásquez Zamora (legal adviser to SINAC) by email of the March 19, 2024 visit and requested a copy of any report generated from that visit, since it was of vital importance for determining whether the project we were carrying out was or was not consistent with environmental law. It is important to note that, as of March 19, 2024, our organization received an email from Carlos Velásquez Zamora requesting that we send him information about the project for the construction of the water supply system (acueducto) serving Playa Colibrí, as he indicated that within that community there is an encroachment on public domain property (bienes demaniales) administered by SINAC. The original text of that communication is inserted herein: (…)\n\nNow, from the evidence that will accompany this Report, and bearing in mind that the initial request was made by a resident by the name of Nombre08, on March 22, 2023, it is important to clarify that throughout the entire project we have been describing for the provision of drinking water by means of the installation of a specific branch line for the community of Playa Colibrí, work was always carried out with a degree of coordination and even assistance or collaboration from the residents of the community of Playa Colibrí. Evidence of this is the fact that the same Nombre08 (sic) Luis, in a document bearing no date but which can be said to have been received by our client in 2024, reflecting the assistance or collaboration provided by the organized group of residents, bears the title: \"Economic Report on the Trenching Project for the Installation of Drinking Water Pipes for Playa Colibrí – Santa María Family,\" and details contribution amounts and various payment receipts that they provided in support of the useful and necessary work carried out by our client in that project. All of this is important to highlight, because in the interest of providing the community of Playa Colibrí with drinking water and installing their respective water service connections (previstas de agua), as of today that community has a total of 07 water service connections receiving service thanks to the new branch line constructed exclusively for that community, built even with the invaluable assistance of the community's own residents. That said, as previously stated, it was not possible to extend the branch line in certain areas for which connection installations were requested, due to those areas being designated as State Natural Heritage, which is precisely the geographic sector that the appellants are requesting—a detail regarding the existence of State Natural Heritage that will be addressed further below.\n\nIt is important to highlight that according to the document entitled \"REPORT OF TOTAL RESOURCES USED IN THE COLIBRI BRANCH LINE PROJECT STAGE 1,\" an investment of ₡ 19,540,593.07 was made, with operations concluding on April 19, 2024, with a fire hydrant installation date of 17-04-2024, and with mention of the actors involved: our client, FEDASUR (Federación de Asadas del Sur, the federation integrating approximately 32 ASADAs from the southern zone of the country) and the Colibrí Community, along with photographs of the project. This same Project Stage 1 was formally delivered and presented with the participation of all community residents who were able to attend at our Organization's offices on May 10, 2024 (see attendance list, 02 pages).\n\nIt so happens that this \"Stage 1\" project was duly reviewed by SINAC through the official communication it issued: SINAC-ACOSA-DFRVS-SRP-0142-2024, dated March 21, 2024, signed by Roy Pérez Vásquez of the Peninsular Sub-Region – SINAC (04 pages), which confirmed that our organization's work did NOT advance into State Natural Heritage areas. This was expressly stated as follows: (…)\n\nNote, moreover, how closely our branch line and project approach the nearest sector of the State Natural Heritage zone—within 40 meters—as the goal was to cover the greatest possible extent of public right-of-way not subject to state protection as State Natural Heritage, thereby reaching as close as possible to, or covering as much as possible of, the locality of Playa Colibrí. Note also that the project reaches that particular point because SINAC determined the site boundaries, and it is that public body that is responsible for issuing that determination, as it is the entity charged with providing the legal and technical criterion under the Ley de Biodiversidad, number 7788, in its SECTION II concerning SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, in Art. 22, all in the interest of ensuring \"proper management of natural resources.\"\n\nIn light of all of the foregoing, it is deemed necessary to obtain a report from SINAC (SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN), specifically from the PENINSULAR SUB-REGIONAL OFFICE (PUERTO JIMÉNEZ), on this matter, given that, as has been stated throughout, the land over which the denial of water service connections has been claimed is State Natural Heritage.\n\nThis connects to what has been termed \"Stage 2\" of the drinking water supply project for Playa Colibrí, because from what has been stated up to this point and from what will be said in the following lines, even though our client had every intention of being able to provide drinking water to all who require it, it transpired that as Stage 1 progressed, the various interventions by SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, PENINSULAR SUB-REGIONAL OFFICE (PUERTO JIMÉNEZ), made it clear that a large portion of the territory known as Barrio or Comunidad Colibrí or Playa Colibrí falls within what has been determined to be \"State Natural Heritage,\" and, insofar as it concerns the interests represented by the appellant, she and all the residents are requesting a drinking water service via a water service connection within lands that form part of that State Natural Heritage, which is the reason why it has not been possible to grant what was requested at the administrative level at our offices, and which is now the subject of a writ of amparo (recurso de amparo). As previously stated, for our client to act, it must do so in accordance with the Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados comunales Nº 42582-S-MINAE, which, in Art. 28 on the Rights and Obligations of ASADAs, paragraph \"j,\" requires adherence to technical and legal guidelines. And precisely as already noted, through official communication SINAC-ACOSA-DFRVS-SRP-0142-2024 (from Roy Pérez Vásquez of the Peninsular Sub-Region – SINAC), the matter was clarified; moreover, as will be seen below, SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, PENINSULAR SUB-REGIONAL OFFICE (PUERTO JIMÉNEZ), also expressed itself in the same terms through official communication SINAC-ACOSA-DRFVD-SRP-0494-2024 (which will be detailed further below).\n\nAnother important detail is that on June 17, 2024, Mr. Juan Carlos Hernández Meza addressed our organization by means of an unnumbered note, acting as a representative of the Colibrí community and as President of the Committee, requesting a meeting to clarify details related to the continuation of Stage II of the project. Almost simultaneously, Mr. Carlos Velásquez Zamora, by email dated June 21, 2024, informed us of matters he deemed relevant to bring to our attention, such as the existence of criminal proceedings for \"illegal occupations,\" stating: \"…(…)…in areas administered by SINAC and possibly also on land administered by the Municipalidad de Jiménez, these places being public domain property belonging to the State Natural Heritage, where the construction of dwellings and other structures without the corresponding permits is not permitted,…(…)…Given this situation, I ask that you contact the Public Prosecutor's Office, Attorney Lic. Ángel Gwam\" [italics not in the original]. For that reason, our client, through official communication ASADALAPALMA-IOG-036-2024, dated June 26, 2024, submitted a query by email to the Public Prosecutor, Lic. Ángel Gwam, who informed our client verbatim: (…) Making it clear that, additionally, at the site where the water service connections were requested (Playa Colibrí Community), there are ongoing criminal proceedings for Usurpation, land-use change (Cambio de Uso de Suelo), and Felling in a Protection Zone (Tala de Zona de Protección), and he identified 6 individuals as defendants.\n\nLikewise, in the interest of gaining greater clarity on the matter relating to Stage II of the Project, our organization addressed Paula Mena Corea, in her capacity as Head of SINAC at the Puerto Jiménez office, through official communication ASADALAPALMA-IOG-041-2024, dated July 16, 2024, requesting information about the process under way in the Colibrí Community. The letter explained that it was necessary for our organization to know about the proceedings taking place in the Colibrí community, since once the email from Carlos Velásquez Zamora was received on June 21, 2024, the \"Stage 2\" operation was suspended, and a response had to be provided to the interested residents, including the appellant in the present proceedings. In that letter, Paula was informed that the Prosecutor had not provided further details, which was the reason for the request addressed to her. In response to this official communication, Carlos Velásquez Zamora replied by email on the same date, July 16, 2024, stating that no information could be provided.\n\nIt was thus that, through official communication ASADALAPALMA-IOG-052-2024, dated September 4, 2024, our organization addressed Ms. Nombre11 (SINAC – State Natural Heritage Official), with the subject line reading: \"Request for State Natural Heritage Certification and request for field visit,\" the aim of which was to obtain information so as to be able to give a response to the residents of the Playa Colibrí community who were still awaiting the \"Stage 2\" project. The relevant portion of that communication reads literally: \"We are ASADA La Palma Integrada Osa-Golfito, an organization that, with the support of municipal, public and private institutions, and of our governing body the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA), has managed to provide continuous and uninterrupted drinking water service to more than 15 communities spread across the cantons of Osa and Puerto Jiménez, serving approximately 7,000 inhabitants. We currently have an ongoing project called 'Construction of a branch line in the Colibrí community.' This community is located in La Palma, in the district of Puerto Jiménez, canton of Puerto Jiménez, in the province of Puntarenas. We have divided the project into Stage 1 and Stage 2, as we are aware of the existence of criminal case 19-2.000124-1137-PE and case 22-002777-0062-PE, concerning the destruction and unlawful appropriation of State land in the community. Given this situation, we have only carried out Stage 1, which covers the portion of the community free of this situation; however, Stage 2 of the project has yet to be carried out, and the population in this sector continually requests solutions from us, given that access to drinking water is a human right. Accordingly, we respectfully request the following: 1.) State Natural Heritage Certification: With this document in hand, we can inform the population of the Colibrí community that we are indeed unable to carry out our project on those lands because doing so would mean working illegally on State property. 2.) Field visit: We request a field visit by a staff member who can indicate to us precisely where the boundaries of our project lie—that is, up to what point we may legally continue our project to supply drinking water to that community. By way of background, on March 19, 2024, SINAC personnel visited the project site after receiving a complaint while we were working on Stage 1, and then, upon contacting us, we requested that they conduct an inspection. The document is dated March 21, 2024, and bears the consecutive number SINAC-ACOSA-DRFVS-SRP-0142-2024, which we are attaching to this email. Nonetheless, while the result confirmed that we were not in violation of any requirement and we were able to continue with Stage 1, the document did not delimit how far we may proceed with Stage 2. For this reason, we turn to you with these requests, in the interest of finding a solution for the community's residents, who currently lack access to drinking water in their homes.\"\n\nThis request was answered through official communication SINAC-ACOSA-DT-PNE-154-2024, signed by Nombre11, which states: (…) This thereby confirms that the lands in that area of Playa Colibrí are indeed part of the State Natural Heritage, and that any occupation of that site was carried out illegally, and it states that at the site: \"efforts should rather be directed toward evicting all of these irregular occupants\" [italics not in the original].\n\nLikewise, Nombre11 herself issued Certificate No. SINAC-ACISA-DT-PNE-046-2024, dated March 2, 2024, addressed at the time to Lic. Gwam in his capacity as Public Prosecutor of Puerto Jiménez on behalf of the Office of the Prosecutor, indicating the geographic coordinates of the site, which bear a strong resemblance to those referenced in the above-mentioned email received from Lic. Gwam when he noted the existence of criminal proceedings.\n\nIn a similar vein, official communication signed by Andrés Carvajal Ruiz, dated October 8, 2024, numbered SINAC-ACOSA-DRFVD-SRP-0494-2024, provided our client with a report on a field visit conducted on September 26, 2024, to the community of Playa Colibrí, the purpose of which was to \"respond to the possibility of installing a water supply system to provide drinking water service to private individuals located in that area,\" and it concluded literally: (…) This once again constitutes a legal impediment that has prevented our client from being able to provide the service sought through this writ of amparo—namely, water service connections or drinking water service in Stage 2. (…)\n\nAnother action related to the subject matter of this writ of amparo that was presented by the appellant herself was the one pursued by means of a note addressed to our client, dated August 1, 2023, in which the resident named Nombre12, representing the same subject matter as the present appellant, signed as president of the \"Comité pro mejora y desarrollo de comunidad Playa Colibrí\" [Playa Colibrí Community Improvement and Development Committee]; this request was analyzed and answered through official communication ASADALAPALMA-OIG-184-2023, dated September 13, 2023, which was personally delivered to Nombre12 on September 14, 2023, since she had not designated a means of notification, and which rejected her request on the grounds that, beyond the lack of a survey plan for the properties (needed to locate the specific site where the service would be installed), she was requesting water service connections for other individuals without holding any power of attorney or authorization granted by them—that is, without demonstrating the standing required to act on behalf of others—and, furthermore, she did not request a water service connection for herself. (The evidence of this action is attached hereto.)\n\nAs the final action deemed relevant in this report with regard to administrative proceedings undertaken by Ms. Nombre12 to represent the same interests now being pursued through the writ of amparo by the present appellant—even though these are not facts covered by the requested report—it is deemed important to note them since they concern requests made by residents of the same community of Playa Colibrí. On March 1, 2025, Nombre12 sent an email requesting a meeting with the Assembly to request three water service connections. On March 3, 2025, she was told by the same means that the request would be referred to the Board of Directors of our client. Along the same lines as the request being made by the present appellant, she was informed by email dated March 13, 2025 that there was still no date available to receive her, but that in order to advance her request, she was asked to please submit any documents she might have concerning the properties for which she was seeking drinking water service connections (properties located near those of the appellant, according to her own statements). In response, Nombre12, by email dated March 14, 2025, attached an image named \"IMG_2550314_090556.JPG,\" which is a draft cadastral survey plan (plano catastrado) submitted to the Registro Nacional de la Propiedad, Sección Catastro, with the following filing references: Tomo: 2025, Asiento: 15887-C. Then, on March 20, 2025, Nombre12 sent an email inquiring about the status of her application and the Assembly meeting she had requested, and was scheduled for a meeting at the ASADA offices located in La Palma de Puerto Jiménez, at 3:30 p.m. on April 8, 2025.\n\nWhile this was taking place, SINAC in Puerto Jiménez was consulted as to whether Ms. Nombre12 had requested the approval or endorsement of any cadastral survey plan, which resulted in Certificate No. SINAC-ACOSA-DRFVS-SRP-171-2025, signed by engineer Andrés Carvajal Ruiz, indicating that no such endorsement or certification existed.\n\nSubsequently, in an email received on April 7, 2025, from address ...03, our client received a document that, in addition to containing the national identity card of Ms. Nombre12, attached a registry qualification note (minuta de calificación registral) from the Catastro section of the Registro Nacional de Propiedad, corresponding to the filing references previously cited as belonging to the draft cadastral survey plan (Tomo: 2025, Asiento: 15887-C). As a result of this, our client decided to once again consult SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, PENINSULAR SUB-REGIONAL OFFICE (PUERTO JIMÉNEZ), and one of our client's field inspectors made a site visit and determined, based on the draft cadastral survey plan submitted by Ms. Nombre12, that \"There is no distribution pipe in front of the property. 4/4/2025. SIRI used.\" It was further determined that the draft plan fell within the zone that had by then been indicated on so many occasions to be State Natural Heritage. It was at that point that, through official communication ASADALAPALMA-IOG-024-2025, our client submitted a query to SINAC at its Puerto Jiménez office regarding the new request from Nombre12, specifically asking that entity, as the technical authority in the field of natural resources and biodiversity, to address the following questions, which were determinative for processing Ms. Carolina's request, verbatim as follows: \"Nombre09.- Whether the Geographic Unit visible within the Survey identified by Tomo: 2025 and Asiento: 15887-C, referenced above, contains wetlands (humedales) and/or falls within the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre). B.- Whether, within the Geographic Unit visible within the Survey identified by Tomo: 2025 and Asiento: 15887-C, referenced above, it is technically feasible to carry out residential development, or agricultural or livestock use. C.- Whether, within the Geographic Unit visible within the Survey identified by Tomo: 2025 and Asiento: 15887-C, referenced above, it is legally permissible to carry out residential development, or agricultural or livestock use.\" [Italics not in the original.]\n\nSimultaneously, Ms. Carolina was informed through official communication ASADALAPALMA-IOG-026-2025, dated April 21, 2025, that her request would be resolved with everything expected to be ready by May 2, 2025. She was subsequently notified that the deadline was being extended pursuant to a note dated May 2, 2025, and it was not until May 15, 2025 that a final response was provided.\n\nIn response to the query in official communication ASADALAPALMA-IOG-024-2025, Engineer Andrés Carvajal provided an answer through official communication SINAC-ACOSA-DRFVS-SRP-0264-2025, in which he states verbatim: \"Nombre09. Based on a field visit to the aforementioned Geographic Unit and subsequent technical desktop analysis, evidence shows an overlap with a State Natural Heritage area in a section classified as forest (bosque) code B9 based on official communication ACOSA-008-2010 on State Natural Heritage Río Rincón – Playa Blanca. Furthermore, based on sampling conducted during that inspection, ecological characteristics of wetlands were identified, including: hydromorphic soils, hydrological conditions, and hydrophilic vegetation, which extend even beyond the requested geographic unit. Additionally, the property shows anthropogenic interventions such as the removal of forest cover (cobertura boscosa), filling, and drainage, with the apparent intent of degrading and/or eliminating the wetland conditions. It is therefore established that the area is a wetland. B.- As already indicated under the preceding point, since it is a wetland ecosystem, it is not technically feasible to carry out residential, agricultural, or livestock activities without altering the wetland ecosystem, as these are ecosystems that regulate hydrological regimes. Such activities require the implementation of actions (filling, drainage, removal of forest cover, among others) to mitigate the influence of water in the area, which would cause the degradation or even elimination of the wetland, not to mention the displacement of the flora and fauna characteristic of these ecosystems. Therefore, based on the general mandate set forth in Art. 2, Decreto Ejecutivo 42760, regardless of where these ecosystems are located, the State shall exercise special legal protective oversight over them by virtue of their status as assets of public interest, encompassing both the environmental dimension of the social function of property and the right of individuals to a healthy and ecologically balanced environment. C.- Starting from Art. 50 of the Political Constitution, which establishes the right of individuals to a healthy and ecologically balanced environment, and together with the principle set out in Art. 19 of Ley 7575, which prohibits land-use change (cambio de uso del suelo) and thereby established the principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of the forest—meaning that removal or elimination of forest to establish another type of activity is not permitted—the Ley Orgánica del Ambiente, in its Art. N° 32, declares wetlands to be a protected wildlife area. Likewise, the RAMSAR Convention, approved through Ley N° 7224, requires that such areas be managed in accordance with Management Plans in order to adopt measures that respect their ecological characteristics. Furthermore, paragraph b of Art. 2 of Decreto N° 42760-MINAE prohibits all anthropogenic actions that degrade or eliminate the wetland, and as previously noted, given the conditions of shallow water tables and hydric soil types, such actions would generate an impact that degrades this type of ecosystem.\" [Nombre07 not in the original.]\n\nIn response to the foregoing official communication, our client, through official communication ASADALAPALMAIOG-DNP-030-2025, dated May 15, 2025, sent by email to the addressee (Nombre12) on the same date, addressed Nombre12 in order to explain that: \"The foregoing queries addressed to the Área de Conservación Osa, Dirección de Recursos Forestales y Vida Silvestre, Subregión Peninsular, were made because it is that entity that is charged with issuing the required criterion as the Technical and Legal authority pursuant to the Ley de Biodiversidad, in its SECTION II concerning SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, in Art. 22, all in the interest of ensuring 'proper management of natural resources.' With regard to that criterion, it should be noted that it establishes as a definite premise that the Geographic Unit visible within the Survey identified by Tomo: 2025 and Asiento: 15887-C overlaps with a State Natural Heritage area in a section classified as forest code B9 based on official communication ACOSA-008-2010 on State Natural Heritage Río Rincón – Playa Blanca, and that it is therefore an area where neither technically nor legally is it possible to engage in residential development, or in agricultural or livestock use. Accordingly, pursuant to the Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados comunales Nº 42582-S-MINAE, under Art. 28, paragraph 'j,' which provides for the possibility of issuing service availability certificates and water capacity letters whenever technically and legally warranted, your request must be denied, because as has been seen and explained herein, from the information gathered through your actions and the documents submitted, and from SINAC's criterion, it is neither technically nor legally possible for you to carry out any type of use whatsoever in that area.\" [Italics not in the original.]\n\nAnd so it was that finally, through official communication Nombre13-IOG-DNP-061-2025, dated May 27, 2025, sent by email on the same date, our client addressed Nombre12, identity card CED04, with a denial of her request based on official communication SINAC-ACOSA-DRFVS-SRP-0264-2025 and other details, informing her in full as follows: (…)\n\nRegarding the reference to the Municipalidad de Golfito having sent the request to an Environment Commission to issue a \"certification of permission for ASADA de la Palma to proceed with the installation of the meters,\" it must be reported that the actions taken by the ASADA in connection with this matter are those set out herein through this Report, and that the Municipalidad de Golfito never sent our client any certification or permit in the sense of approving or authorizing the installation of a drinking water service connection to serve the community interests of Dirección03 with respect to the provision of drinking water—this notwithstanding the fact that the Municipal entity does not hold any authority of that kind over our client.\n\nAs matters stand, the actions taken by the ASADA in connection with this matter are those set out previously in this Report.\n\nFinally, with respect to the health impacts suffered by the appellant and the residents who are said to be affected, as referred to in her written request, our client wishes to state in this report, clearly and unequivocally, that at no point has it acted arbitrarily in analyzing the matter now before the Court in this writ of amparo proceeding. On the contrary, we are an organization that strives to provide the highest quality and broadest possible service, but in this matter, it so happens that we must adhere to our own governing legal framework—the Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados comunales Nº 42582-S-MINAE—in a case such as the one under review, which requires the installation of new water service connections and necessarily entails heavy machinery work on site for the opening of trenches, and knowing that it is a State Natural Heritage zone. It is on that basis, and in accordance with the principle of legality (Bloque de Legalidad), that in order to carry out the technical and legal analysis required to approve a service, we have had to seek guidance from the responsible authority, which in this case is SINAC. That authority, despite the health impacts reported by the appellants, has indicated—as previously referenced and in those same terms—that it is not possible to grant water service connections in that area. (…)\n\nINTEGRATION OF THE DISPUTE. I submit that, for the proper resolution of this matter, and in light of the administrative interventions that have given rise to the challenged actions considered unconstitutional herein, a report should also be requested from SINAC (SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN), specifically from the PENINSULAR SUB-REGIONAL OFFICE (PUERTO JIMÉNEZ), as well as from the Office of the Prosecutor (the Environmental Prosecutor's Office and/or the Puerto Jiménez Prosecutor's Office).\n\n11. By a written filing incorporated into the digital case file on June 3, 2026, Óscar Andrés Vargas Cordero appears as attorney of record. He states: \"The undersigned clarifies that, when responding to the report in this matter (via Delivery Number 1305464-2026 of the Online Management System, dated June 1, 2026, at 08:27 hours, on behalf of CYNTHIA LINETH PICADO MENA, of legal age, identity card number CED05, married twice, homemaker, resident of Puntarenas, Puerto Jiménez, Caserío La Palma, acting as representative of the 'ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PALMA INTEGRADA OSA GOLFITO,' with legal entity number three-zero zero two-two hundred ninety-eight thousand seven hundred seventy-three), the heading incorrectly indicated the case number as CED06, when the correct number is CED07, as hereby clarified.\"\n\n12. By a written filing incorporated into the digital case file on June 16, 2026, the petitioner appears. She states: \"I. PRELIMINARY: ABSENCE OF CONSTITUTIONAL RES JUDICATA (cosa juzgada material constitucional). The respondent authorities allege that this matter constitutes Constitutional Res Judicata by virtue of the ruling in Judgment No. 2025041106 (Case File No. 25-032602-0007-CO) of December 11, 2025. I technically refute that consideration, as the causa petendi and the subject matter of the present remedy differ substantially from those of the prior, truncated proceeding. That proceeding concerned the feasibility of extending the permanent distribution network (Stage 2) for regular household services in the coastal zone. In contrast, the present amparo petition (recurso de amparo) sets aside any discussion of possession, the legality of structures, or the registral stability of the land, and is strictly limited to demanding, on an individualized basis, the provisional and humanitarian protection of the Fundamental Right to Health and to Life of two girls, aged 5 and 10, who face a current sanitary risk from consuming untreated well water. It is likewise clarified that criminal or civil disputes brought against third parties unrelated to this family unit cannot be invoked against the protected persons, and therefore boundary disputes over State-owned lands cannot operate as a punitive extension that deprives minor children of access to water. II. ON THE ABSENCE OF TECHNICAL CERTAINTY ACKNOWLEDGED BY THE OPERATOR. It is of vital relevance that this Tribunal note that the Head of the Regional Office of Community Aqueducts (ORAC) Brunca Region, through Memorandum No. GSD-UEN-GAR-2026-02370, admitted under oath that: 'it is not possible to establish the exact location of the petitioners' property in order to determine whether or not it falls within a zone of State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado).' That express admission demonstrates that the denial of service to the protected persons does not arise from a technical delimitation applied to their specific case, but from a sweeping generalization. The respondent authorities are restricting a fundamental right to water based on mere geographic suspicion, violating the principle of reasoned decision-making by failing to verify on-site whether the specific dwelling does or does not harm the ecological environment. III. NEW FACT: GEOGRAPHIC ARBITRARINESS, SOCIOECONOMIC DISCRIMINATION, AND SELECTIVE SECTORIZATION OF WATER INFRASTRUCTURE (ARTICLE 33 OF THE CONSTITUTION). It appears as a fact of legal and institutional significance that the respondent ASADA and the AyA apply markedly discriminatory water-distribution criteria along the public road leading to Playa Colibrí, thereby engaging in an evident selective sectorization (sectorización selectiva) of the water service based on economic profiles: 1. Preferential commercial and tourism treatment (Right Side of Road): The respondent authorities provide regular potable-water service to the neighboring AGROPECUARIA TOSCANA S.A. (a multi-hectare property located immediately before the protected persons' home). Moreover, entering the neighborhood sector on the right-hand side of the public road, there is commercial-tourism infrastructure (a complex of tourist cabins and coastal vacation developments), on which side the respondents actively extended the water distribution networks, installing metered connections with ready-made provisions, even on uninhabited, vacant lots with no established buildings. 2. Selective exclusion of residential vulnerability (Left Side of Road): By contrast, on the left-hand side of the same stretch of public road — the residential sector where the protected person lives together with her low-income family and the two minor children in a condition of extreme socioeconomic vulnerability — the respondent authorities maintain an absolute denial of service. This asymmetric distribution demonstrates irrefutably that THERE IS NO TECHNICAL OR MATERIAL IMPOSSIBILITY of providing water service to this coastal sector. Using the State Natural Heritage regime and wetland protection as a legal shield to deny a water hose or humanitarian measure to a settlement of impoverished families on the left side, while supplying water networks, water taps, and meters to the commercial developments and tourist estates on the right side, constitutes a flagrant violation of the Principle of Equality and Non-Discrimination (Article 33 of the Constitution). Environmental restrictions must be applied in a general and objective manner, and not as a selective barrier of exclusion to the detriment of the health of low-income minor children. IV. MATERIAL REALITY CONFIRMED BY THE AGRARIAN COURT: ABSENCE OF ACTIVE FOREST COVER (cobertura boscosa). This Tribunal is informed that the area of Playa Colibrí where the dwelling is located constitutes a human settlement that has been consolidated and anthropogenically altered for decades, whose dominant flora in the yards consists of century-old mango fruit trees and pipa palm plantations. There is no virgin forest or woodland at the site whose active forest cover could be harmed by laying a provisional water supply mechanism. Evidence of the historical consolidation, the nature of the land, and the use of the coastal access routes is provided by Ruling No. 194-F-2022 issued by the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of San José (Case File No. 21-000007-0419-AG), an injunction proceeding brought by the neighboring AGROPECUARIA TOSCANA S.A., in which the judges judicially established the material condition of the land as a clear access road, with the presence of pipa palm crops and posts, used continuously by community residents, and dismissed WITHOUT MERIT the claims for closure of the community access routes. The disconnect is therefore evident between the satellite-based desk approximations of SINAC and the material and historical reality upheld by the Republic's own courts. V. REGULATORY FRAMEWORK AND JURISPRUDENTIAL BASIS (NATIONAL AND INTERNATIONAL LAW). In order to strengthen the grounds for this reply, the following binding legal framework, applicable to this Tribunal, is expressly invoked: 1. Explicit Constitutional Recognition: Article 50 of the Constitution prescribes that 'Access to potable water is a basic, inalienable, non-waivable, imprescriptible human right guaranteed by the State.' This right is inseparable from life and health (Articles 21 and 33). 2. The international conventionality block: General Comment No. 15 of the UN Committee on Economic, Social, and Cultural Rights (PIDESC) provides that water is a cultural and social good, not a purely economic commodity. Likewise, Article 24 of the Convention on the Rights of the Child (ratified by Costa Rica through Law No. 7184) obliges the State to combat disease through the provision of safe potable water. 3. Binding jurisprudential line of the Constitutional Chamber (analogous cases): o Water as a humanitarian priority over boundary or environmental obstacles: This Chamber has firmly established that disputes over the legal nature of the land or the absence of formal requirements do not authorize the Administration to leave a family unprotected. In Ruling No. 2014-019565, this Constitutional Tribunal categorically held: 'Even when a property is located in an environmental protection zone or lacks survey plans, the operator has the obligation to supply water on a provisional basis for strictly humanitarian reasons, if a health risk to minors is established.' o The Best Interest of the Child versus public service: Constitutional jurisprudence (see Rulings No. 2019-015891 and 2021-008240) reiterates that, under the protection of the Code on Children and Adolescents (Ley 7739), the Best Interest of the Child obligates the AyA and the ASADAs to provide immediate provisional water solutions through communal water taps or water tanker trucks while definitive infrastructure controversies are resolved. This responds to the principle of adaptability and continuity of public service. VI. REQUEST FOR EVIDENCE FOR A BETTER RESOLUTION (ARTICLE 41 LJC). I respectfully ask this Tribunal to request and evaluate the sworn report submitted by the respondent ASADA, from which it expressly appears that: i) there was sufficient water resource availability and administrative and financial capacity to supply the community of Playa Colibrí; ii) a specific project was designed for that community, divided into what was called 'Stage 1' and 'Stage 2'; iii) only Stage 1 was executed; iv) water service connections (previstas de agua) and fire hydrants were installed for certain residents of the same community; and v) the excluded population continues to require a solution, with the respondent itself acknowledging that 'access to potable water is a human right.' These facts constitute a relevant administrative admission establishing that the alleged obstacle does not correspond to an absolute impossibility of supply, but rather to the absence of effective alternative measures to guarantee minimum potable-water access for the protected family unit. Moreover, the ASADA's own statements demonstrate that the supply problem in Playa Colibrí was institutionally known at least since 2021, without an effective, individualized solution compatible with the best interests of the affected minor children having been provided to date. What is truly relevant is that the respondents failed to demonstrate that they had exhausted effective substitute measures for this specific family unit. They did not demonstrate having implemented a nearby fixed supply point, a communal water tap, a provisional collective system, periodic supply by water tanker trucks, or any other modality that would reconcile environmental protection with the effective protection of the human right to water. Therefore, the challenged omission lies not only in the failure to execute the so-called 'Stage 2,' but in the absence of an adequate institutional response to a basic, current, and urgent need that directly affects the health, dignity, and best interests of two minor children. VII. NEW FACT: EXPRESS ACKNOWLEDGMENT OF THE EXISTENCE OF THE PROJECT AND ABSENCE OF SUBSTITUTE MEASURES FOR THE EXCLUDED POPULATION. It is of particular constitutional significance that the respondent ASADA itself acknowledges under oath that: i) there was sufficient water resource availability to supply the community of Playa Colibrí; ii) a specific project was designed for that community; iii) that project was partially executed through what was called 'Stage 1'; iv) water service connections and fire hydrants were installed for certain residents of the same community; and v) the so-called 'Stage 2' was not executed, even though the affected population continues to require a solution. Consequently, the constitutional debate no longer concerns the non-existence of water resources or an absolute material impossibility of providing service. On the contrary, the respondent authority's own statements show that supply was technically and economically feasible for part of the population, leaving a specific group excluded from the implemented solution. Even conceding, solely for the sake of argument, the existence of environmental restrictions with respect to certain sectors, this does not exempt the AyA or the ASADA from their constitutional obligation to adopt alternative, reasonable, and proportionate measures to guarantee minimum potable-water access for the minor children and families in a condition of vulnerability. The respondents failed to demonstrate that they had exhausted or evaluated humanitarian water-contingency options prior to issuing an absolute denial. VIII. FINAL PETITION. Based on all of the foregoing, I respectfully ask the Honorable Justices: 1. TO DECLARE MERITORIOUS in all respects the present amparo petition for flagrant violation of Articles 21, 33, 50, and 51 of the Constitution, General Comment No. 15 of the PIDESC, and Article 24 of the Convention on the Rights of the Child. 2. TO ORDER the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) and the ASADA de La Palma de Puerto Jiménez that, immediately and subject to the legal penalty of contempt, they install a provisional potable-water supply mechanism (whether through a provisional humanitarian water tap, extension of a community hose from the right side of the public road, or periodic home delivery via water tanker trucks) for the benefit of the petitioner and her two minor daughters, so as to guarantee their right to health while the underlying infrastructure disputes are resolved. 3. TO CONDEMN the respondent institutions to pay costs, damages, and losses arising from the facts giving rise to this amparo petition. [1].\"\n\n13. The legal formalities have been observed throughout the proceedings.\n\nDrafted by Justice Castillo Víquez; and,\n\nConsidering:\n\nI. On the admissibility of the amparo petition against a private-law entity. Article 57 of the Law on Constitutional Jurisdiction stipulates the circumstances in which an amparo petition against the actions or omissions of private-law entities is admissible, providing that such a claim is admissible when those entities act or must act in the exercise of public functions or powers, or when they are, in fact or by law, in a position of power against which ordinary judicial remedies are clearly insufficient or untimely to guarantee the rights or fundamental freedoms referred to in Article 2(a) thereof. In the specific case, the petition is deemed admissible inasmuch as the respondent ASADA provides a public service.\n\nII. Subject matter of the petition. The petitioner, Nombre01, files an amparo petition on her own behalf and on behalf of Nombre05 and Nombre03, against the ASADA de La Palma Integrada Nombre04 and ICAA, for the failure to guarantee access to potable water. She states that they reside in the community of Playa Colibrí in a condition of vulnerability. She affirms that it is a settlement of families living in poverty. She maintains that they are not provided the service, even though another sector does receive it. She argues that the neighborhood committee of Colibrí made the request; however, it was denied to the community. She states that they had to dig wells for their daily activities; but, since the water is untreated, it constitutes a health risk. She adds that, despite the existence of nearby infrastructure, neither ICAA nor the ASADA have taken measures to resolve the situation. She seeks to have the water supply guaranteed at least on a provisional basis as a humanitarian measure while the sanitary risk persists, since the minor children are without water. She requests that the service be provided to her family and to others who have been denied it. She further adds that only the first stage of a supply project for the Playa Colibrí sector was implemented.\n\nIII. Proven Facts. The following facts are deemed established as material to the resolution of this matter:\n\na) The UEN Gestión de Acueductos Rurales, in memorandum GSD-UEN-GAR-2026-02370 of May 28, 2026, stated: \"The community sector of Playa Colibrí is served directly by the ASADA La Palma de Puerto Jiménez, legal entity number CED03 (ASADA La Palma), which holds a Delegation Agreement (Convenio de Delegación) granted by the AyA for the administration, operation, maintenance, and development of the La Palma de Puerto Jiménez, Golfito system, approved by Board of Directors Resolution No. 2013-129, at Ordinary Session No. 2013-014 of March 19, 2013, published in the Official Gazette La Gaceta No. 80 of April 26, 2013, and countersigned by the Institution on May 27, 2013, in accordance with Resolution No. R-CO-33, Art. 3 inciso 1.i, of the Contraloría General de la República. We must further note that ORAC Brunca Region has no pending matter to address for the petitioners Nombre01 and Nombre03, nor does ASADA La Palma de Puerto Jiménez have any pending matter related to the Playa Colibrí sector in general or to the petitioners in particular. (…) ASADA La Palma provides potable-water service to a population in various communities in the canton and surrounding areas to the extent feasible. In the case of Playa Colibrí, the water distribution branch line (ramal) of the aqueduct (acueducto) extends to the point defined by the environmental authorities, given the presence of State Natural Heritage (see the following images: cf. Attached document SINAC-ACOSA-DRFVS-SRP-0142-2024) (…) In this case in Playa Colibrí, action was taken in accordance with the provisions established by SINAC given the location of State Natural Heritage, and as stated in point six, the pipeline of ASADA La Palma reaches the limit permitted by the competent authorities. (…) The attached document SINAC-ACOSA-DRFVS-SRP-0142-2024 established the limit and scope of the branch line '…which is located adjacent to the main road (route 245) at the southern entrance to Playa Colibrí, specifically at the coordinates longitude 560552 latitude 956043 (CRTM05) (Figure 1). From this point the installation runs northward approximately 1020 m, then diverges along the road toward Playa Colibrí for approximately 1600 m, then diverges again approximately 180 m to the south, reaching the final point of said installation at the coordinates longitude 561921 latitude 957090 (CRTM05) (Figure 3).' The branch line is currently completed. (…) In the sector where the Playa Colibrí population subject to this amparo petition is located, there is a structural impediment established by SINAC due to the presence of State Natural Heritage. (…).\" (Evidence submitted by ICAA).\n\nb) The president of the ASADA de La Palma Integrada Osa Golfito, in the response brief signed on June 1, 2026, stated: \"some residents of the same community of Playa Colibrí do have the service and others do not, (…) this is due to a boundary issue with Conservation Areas that prevents further extension toward a specific sector, which is the specific sector where the petitioner resides. (…) It is further noted that a potable-water meter was installed for some residents of the Playa Colibrí community, which is of particular relevance in this case, because indeed in the community of Playa Colibrí, as part of our organization's effort to meet the potable-water needs of users who requested it, the required studies and analyses were conducted, with the result that, for the community of Playa Colibrí as a whole, there was a water balance (balance hídrico) that was more than sufficient to provide the service, but upon analyzing the applicable technical and legal aspects, one sector of the settlement could receive the service and another could not — this was because the sector that could receive the service was located outside the State Natural Heritage zone, while the other was within the State Natural Heritage zone, and it is precisely this latter sector where the petitioners reside and where they seek to have the on-site potable-water service provided (…). (…) it is important to highlight that, in the interest of supplying the community of Playa Colibrí with potable water and installing the respective water service connections (previstas de agua), there are currently 07 such connections in that community, which receive service thanks to the new branch-line extension built exclusively for that community, constructed even with the very valuable assistance of the community residents themselves — however, as stated before, it was not possible to extend the branch line in certain requested areas for the installation of service connections, due to those areas being within the State Natural Heritage sector, which is precisely the geographic sector the petitioners are requesting; this detail regarding the existence of State Natural Heritage (…). (…) at the site where the potable-water service connections were requested (Playa Colibrí community), there are ongoing criminal proceedings for Unlawful Encroachment, Land-use Change (Cambio de Uso de Suelo), and Logging in a Protection Zone, with 6 persons named as defendants.\" (Evidence submitted by the president of the ASADA de La Palma Integrada Osa Golfito).\n\nIV. On the specific case. In the present matter, the petitioner, Nombre01, files an amparo petition on her own behalf and on behalf of Nombre05 and Nombre03, against the ASADA de La Palma Integrada Nombre04 and ICAA, for the failure to guarantee access to potable water. She states that they reside in the community of Playa Colibrí in a condition of vulnerability. She affirms that it is a settlement of families living in poverty. She maintains that they are not provided the service, even though another sector does receive it. She argues that the neighborhood committee of Colibrí made the request; however, it was denied to the community. She states that they had to dig wells for their daily activities; but, since the water is untreated, it constitutes a health risk. She adds that, despite the existence of nearby infrastructure, neither ICAA nor the ASADA have taken measures to resolve the situation. She seeks to have the water supply guaranteed at least on a provisional basis as a humanitarian measure while the sanitary risk persists, since the minor children are without water. She requests that the service be provided to her family and to others who have been denied it. She further adds that only the first stage of a supply project for the Playa Colibrí sector was implemented.\n\nFrom the review of the record it is established that the UEN Gestión de Acueductos Rurales, in memorandum GSD-UEN-GAR-2026-02370 of May 28, 2026, stated: \"The community sector of Playa Colibrí is served directly by the ASADA La Palma de Puerto Jiménez, legal entity number CED03 (ASADA La Palma), which holds a Delegation Agreement granted by the AyA for the administration, operation, maintenance, and development of the La Palma de Puerto Jiménez, Golfito system, approved by Board of Directors Resolution No. 2013-129, at Ordinary Session No. 2013-014 of March 19, 2013, published in the Official Gazette La Gaceta No. 80 of April 26, 2013, and countersigned by the Institution on May 27, 2013, in accordance with Resolution No. R-CO-33, Art. 3 inciso 1.i, of the Contraloría General de la República. We must further note that ORAC Brunca Region has no pending matter to address for the petitioners Nombre01 and Nombre03, nor does ASADA La Palma de Puerto Jiménez have any pending matter related to the Playa Colibrí sector in general or to the petitioners in particular. (…) ASADA La Palma provides potable-water service to a population in various communities in the canton and surrounding areas to the extent feasible. In the case of Playa Colibrí, the branch line of the aqueduct extends to the point defined by the environmental authorities, given the presence of State Natural Heritage (see the following images: cf. Attached document SINAC-ACOSA-DRFVS-SRP-0142-2024) (…) In this case in Playa Colibrí, action was taken in accordance with the provisions established by SINAC given the location of State Natural Heritage, and as stated in point six, the pipeline of ASADA La Palma reaches the limit permitted by the competent authorities. (…) The attached document SINAC-ACOSA-DRFVS-SRP-0142-2024 established the limit and scope of the branch line '…which is located adjacent to the main road (route 245) at the southern entrance to Playa Colibrí, specifically at the coordinates longitude 560552 latitude 956043 (CRTM05) (Figure 1). From this point the installation runs northward approximately 1020 m, then diverges along the road toward Playa Colibrí for approximately 1600 m, then diverges again approximately 180 m to the south, reaching the final point of said installation at the coordinates longitude 561921 latitude 957090 (CRTM05) (Figure 3).' The branch line is currently completed. (…) In the sector where the Playa Colibrí population subject to this amparo petition is located, there is a structural impediment established by SINAC due to the presence of State Natural Heritage. (…).\" The president of the ASADA de La Palma Integrada Osa Golfito, in the response brief signed on June 1, 2026, stated: \"some residents of the same community of Playa Colibrí do have the service and others do not, (…) this is due to a boundary issue with Conservation Areas that prevents further extension toward a specific sector, which is the specific sector where the petitioner resides. (…) It is further noted that a potable-water meter was installed for some residents of the Playa Colibrí community, which is of particular relevance in this case, because indeed in the community of Playa Colibrí, as part of our organization's effort to meet the potable-water needs of users who requested it, the required studies and analyses were conducted, with the result that, for the community of Playa Colibrí as a whole, there was a water balance that was more than sufficient to provide the service, but upon analyzing the applicable technical and legal aspects, one sector of the settlement could receive the service and another could not — this was because the sector that could receive the service was located outside the State Natural Heritage zone, while the other was within the State Natural Heritage zone, and it is precisely this latter sector where the petitioners reside and where they seek to have the on-site potable-water service provided (…). (…) it is important to highlight that, in the interest of supplying the community of Playa Colibrí with potable water and installing the respective water service connections, there are currently 07 such connections in that community, which receive service thanks to the new branch-line extension built exclusively for that community, constructed even with the very valuable assistance of the community residents themselves — however, as stated before, it was not possible to extend the branch line in certain requested areas for the installation of service connections, due to those areas being within the State Natural Heritage sector, which is precisely the geographic sector the petitioners are requesting; this detail regarding the existence of State Natural Heritage (…). (…) at the site where the potable-water service connections were requested (Playa Colibrí community), there are ongoing criminal proceedings for Unlawful Encroachment, Land-use Change, and Logging in a Protection Zone, with 6 persons named as defendants.\"\n\nIn view of this panorama, in the terms set forth in the petition as filed, no situation is found that, at this time, warrants intervention by the Chamber.\n\nIn the first place, the petitioner did not state that the ASADA had denied any specific request made by her. It further bears noting that it is through the ordinary channels (vías ordinarias) that the petitioner may submit her position to adversarial proceedings, in order to litigate whether she lawfully occupies the property in question, whether it falls within a State Natural Heritage zone, or whether she has a right to a water service connection.\n\nIt should be noted that both ICAA and the ASADA stated that the infrastructure extends to the limit established by SINAC. The ASADA likewise established that the property referred to by the petitioner falls within the zone defined as State Natural Heritage. Therefore, any disagreement regarding such matters is properly suited for discussion through ordinary procedural channels. The same applies if the petitioner intends to continue residing in that settlement with the minor children.\n\nRegarding the present matter, the Chamber, in Judgment No. 2025041106 of 10:10 a.m. on December 11, 2025, held:\n\n\"CONSIDERING:\n\nI.- SUBJECT MATTER OF THE WRIT. The petitioning party requests that ASADA La Palma de Puerto Jiménez be ordered to supply potable water service to the community of Playa Colibrí, alleging that for years they have pursued various requests before the Municipalidad de Golfito, the Municipalidad de Puerto Jiménez, MINAE, and other authorities; however, these have been ignored or denied, despite the fact that other communities also situated within a State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) zone do have such service. The petitioner asserts that the community currently relies on a well that does not meet health standards and that the repeated refusal violates their access to an essential basic service.\n\n(…)\n\nVI.- ON THE SPECIFIC CASE. On the matter under discussion here, this Court has held that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the associations administering aqueduct and sewerage systems (asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados), municipalities, and other institutions that provide potable water service may deny requests for potable water service submitted to them, or may impose conditions on such requests, where technical or legal grounds so warrant. Accordingly, in Judgment No. 2014-9134, issued at 14:05 hours on June 19, 2014, the Court held as follows:\n\n(…) This Court has stated in repeated judgments on this subject that the supply of potable water is recognized within the Costa Rican legal framework as a public service, and that as such, every public service provider—whether a public entity or a private entity—is obligated to provide the service on a continuous, efficient, and equal basis, while adapting to technological changes (see, in this regard, Judgment 2001-09676, issued at eleven hours twenty-five minutes on September 26, 2001, and Judgment 2004-08161, issued at ten hours fifty-three minutes on July 23, 2004). It is therefore clear that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as one of the state bodies charged with providing the public potable water service, is likewise obligated to render that service continuously, adaptably, efficiently, and on equal terms to all residents. That said, the jurisprudence of this Constitutional Tribunal has also indicated that, faced with a legal impossibility (meaning the failure to satisfy requirements established in the applicable regulations) or a formal impossibility (meaning the absence of a water distribution network (Red de Distribución de Aguas)), it is reasonable to decline service requests or to require the interested party to assume installation costs when no potable water distribution network exists and the construction of infrastructure is necessary. Thus, in these cases it has been established that there is no refusal of access to potable water service, but rather an inability to provide it or the necessary involvement of the interested party in overcoming a technical obstacle—namely, the lack of infrastructure. In other words, as long as the failure to supply potable water service is not capricious, arbitrary, or unfounded, but is instead justified by legal or material impossibility, we are not confronted with a violation of fundamental rights.\" (Emphasis not in the original text.)\n\nIn this regard, the Court dismisses any infringement of the fundamental rights of the protected party (parte amparada). While the petitioner alleges that, despite years of requests addressed to the respondent authorities seeking potable water service for the community of Playa Colibrí, such service has not been forthcoming—even though other communities also located within State Natural Heritage zones do have that service—the reports submitted and the evidence in the record establish that the root of the problem lies in the fact that the area in question is State Natural Heritage, where only scientific research, training, and ecotourism activities may be authorized, subject to prior permission from SINAC, since it is state-owned property. That is to say, these are assets of public ownership that cannot be the subject of private property; they are inalienable, imprescriptible, and immune from attachment, and they lie outside the bounds of private commerce, because they are subject to a special regime of use and protection. In light of the foregoing, the respondent authorities are legally and materially unable to include the residents in their billing system or to install the potable water service that the petitioner requests, given the special conditions applicable to the zone.\n\nLikewise, as reflected in the established facts of this judgment, the respondent authorities undertook a series of actions and investigations in order to resolve the petitioner's request, providing both the petitioner and the community of Playa Colibrí with a response explaining the legal impediment to supplying potable water service—a situation that is not considered arbitrary, since it was grounded in objective reasons and technical criteria.\n\nFor the foregoing reasons, the Court dismisses any infringement of the fundamental rights of the protected party, since, as stated, the respondent authority resolved the matter and informed the interested party of the reasons for denying potable water service to the population of Playa Colibrí.\"\n\nFurthermore, the installation of public water sources or the offering of provisional supply alternatives—insofar as this constitutional jurisdiction is concerned—is not appropriate in settlements located in areas classified as State Natural Heritage, since determining whether properties are legitimately occupied exceeds the summary nature (sumariedad) of the amparo writ (recurso de amparo). It should also be noted that the petitioning party itself mentioned the construction of a well in this area by local residents and the use of untreated water, a matter that is properly subject to review by the competent administrative authorities.\n\nV.- Dissenting opinion (voto salvado) of Justices Cruz Castro and Rueda Leal, drafted by the latter. In this regard, we note that in Judgment No. 2025041106, issued at 10:10 hours on December 11, 2025, we entered a dissenting opinion in the following terms:\n\n\"VIII.- DISSENTING OPINION OF JUSTICES CRUZ CASTRO AND RUEDA LEAL, DRAFTED BY THE LATTER. In the sub examine, the petitioning party states that in 2018 the community committee of Nombre87788 applied to the Municipalidad de Golfito for authorization for the respondent ASADA to supply potable water to residents; however, the local government ignored the request. The petitioner details that on February 13, 2021, the request was again submitted to the Municipalidad de Golfito, seeking the issuance of a certification instructing the respondent association to install potable water service for residents of the area. The petitioner indicates that, through Official Communication No. SMG-T-111-02-2021 of February 25, 2021, the Concejo Municipal of Golfito took note of the request and, in Regular Session No. 7, Chapter 5, Article 10, resolved to refer the matter to the Administration so that a response could be provided to the community. However, the petitioner contends that ASADA failed to implement the municipal council's resolution. The petitioner maintains that they requested that the community of Nombre87788 be granted potable water service, since other nearby communities within the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre)—Rincón de Osa, Playa Blanca, Playa Juanito Mora, among others—do enjoy that basic service. The petitioner asserts that since 2016 they have fought to have water supplied to them. In addition, the petitioner states that approximately one year ago the respondent ASADA installed a meter 500 meters from the community of Playa Colibrí. The petitioner notes that the distance from the hydrant to the community is 100 meters. The petitioner notes that the respondent authorities have argued that the community cannot have access to potable water because it constitutes national heritage. The petitioner adds that within the same canton there are other communities (Playa Blanca and Playa Escondida) that are also situated within the State Natural Heritage area and do have potable water service. The petitioner maintains that all of these requests were made when the Municipalidad de Golfito was responsible for administering the Maritime-Terrestrial Zone. The petitioner details that residents of the community of Nombre87788 approached the Municipalidad de Puerto Jiménez to request a permit for the respondent ASADA to supply water; however, the request was denied. The petitioner also notes that they approached MINAE to request potable water service, but their request was likewise rejected. Furthermore, officials of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados from Nombre87789 met with the community and informed them that the community should have access to potable water service, but provided no document and set no date for a site visit. The petitioner alleges that the community consumes water from a well that fails to meet the standards established by the Ministry of Health for human consumption.\n\nOn this matter, the undersigned Justices note that what is alleged in the sub lite corresponds, prima facie, to a problem of great magnitude, for it is not merely a question of a community being without potable water; indeed, the very source of water to which residents must resort is reported to fall short of the standards set by the Ministry of Health for human consumption.\n\nIn this regard, we consider it essential to include the Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) as a party, since, in Judgment No. 2020007754, issued at 9:45 hours on April 24, 2020, the Court took into account that Aresep, in rendering its report, identified a series of problems with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados relating to infrastructure investment, losses from unaccounted-for water, and execution capacity. On that occasion, this Tribunal held: 'In this regard, the record not only shows that the water supply shortage had been manifesting since 2017, but ARESEP also noted that ICAA was lagging in infrastructure investment and, in addition, had significant losses on account of unaccounted-for water. The regulatory body further stated that the capacity of potable water service operators to execute projects had not been what would be desired.'\n\nConsequently, we enter a dissenting opinion and order that the processing of the writ continue for the purpose of requesting a report from the General Regulator of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.\"\n\nAccordingly, in the same terms set out above, we enter a dissenting opinion and order that the processing of the writ continue for the purpose of requesting a report from the General Regulator of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.\n\nVI.- Documentation Submitted to the Case File. The parties are hereby notified that, should they have submitted any paper documents, objects, or evidence contained on any additional electronic, computer-based, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, these must be retrieved within a maximum period of 30 business days, counted from the date of notification of this judgment. It is advised that all materials not retrieved within that period will be destroyed, pursuant to the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\" (approved by the Corte Plena in Article XXVI of Session No. 27-11 of August 22, 2011, and published in the Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012) and pursuant to Article LXXXI of the Session of the Consejo Superior del Poder Judicial No. 43-12 of May 3, 2012.\n\nPor tanto:\n\nThe writ is denied. Justices Cruz Castro and Rueda Leal enter a dissenting opinion and order that the processing of the writ continue for the purpose of requesting a report from the General Regulator of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.\n\nFernando Castillo V.\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification Code --\n\nCGCAL2IPPJE61\n\nEXPEDIENTE N° 26-012749-0007-CO\n\nTeléfonos: Telf03/ ALA-4TA (Telf04). Fax: Telf05 / Telf06. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección04, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro)." }