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  "id": "nexus-sen-1-0007-1412642",
  "citation": "Res. 25722-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Respuesta municipal sobre futuro de parque comunal",
  "title_en": "Municipal response on the future of a community park",
  "summary_es": "La Sala Constitucional declaró con lugar el amparo porque la Municipalidad de Alajuela no respondió, dentro de un plazo razonable, una gestión vecinal presentada el 20 de marzo de 2026 contra la eventual eliminación del parque General Tomás Guardia Gutiérrez. La Sala reconoció legitimación amplia debido a la posible afectación de la calidad de vida de la comunidad y señaló que el recurrente también había firmado la gestión. Ordenó al presidente del Concejo Municipal, o a quien ocupe el cargo, responder a los amparados dentro de cinco días desde la notificación, y condenó a la Municipalidad al pago de costas, daños y perjuicios, por liquidar en ejecución de sentencia en la jurisdicción contencioso-administrativa. La Sala no decidió si procede construir un edificio municipal en el terreno, pues consideró esa cuestión de legalidad ajena a su competencia en este amparo. El magistrado Castillo Víquez consignó una nota sobre la competencia para conocer reclamos de justicia administrativa pronta y cumplida.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) granted the amparo because the Municipality of Alajuela had not answered, within a reasonable time, a residents’ submission filed on 20 March 2026 opposing the possible removal of General Tomás Guardia Gutiérrez Park. The Chamber recognized broad standing because of the potential effect on the community’s quality of life and noted that the applicant had also signed the submission. It ordered the president of the Municipal Council, or whoever holds that office, to answer the amparo applicants within five days of notification, and ordered the Municipality to pay costs, damages, and losses, to be assessed in enforcement proceedings in the administrative-litigation jurisdiction. The Chamber did not decide whether a municipal building may be constructed on the site, considering that legality question outside its remit in this amparo. Justice Castillo Víquez filed a note on jurisdiction over claims concerning prompt and effective administrative justice.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "10/07/2026",
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    "recurso de amparo",
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    "derecho de petición y pronta respuesta",
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    "jurisdicción contencioso-administrativa"
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    "amparo ambiental",
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    "Municipalidad de Alajuela",
    "parque General Tomás Guardia Gutiérrez",
    "zonas verdes urbanas",
    "Concejo Municipal"
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    "General Tomás Guardia Gutiérrez Park",
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    "Municipal Council"
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  "excerpt_es": "De ahí que se considere que en este caso específico sí se produjo la alegada afectación, pues del informe rendido y la prueba que consta en autos no se aprecia que el ente local accionado les haya dado respuesta a los amparados a la gestión presentada el 20 de marzo de 2026; pese a que a la fecha en que se acude en amparo había transcurrido un plazo superior a un mes.\n\nAhora, bien, es importante indicarle al recurrente, que determinar si procede o no el acuerdo orientado a la eventual construcción de un edificio municipal en el sitio del parque, esto es un tema de legalidad que no le compete analizar a esta Sala. Así, las cosas, lo procedente es declarar con lugar el recurso, con la orden para que a los amparados se les brinde una respuesta sobre la gestión que se alega.",
  "excerpt_en": "Accordingly, the alleged violation is found to have occurred in this specific case, since the report and evidence in the record do not show that the respondent local authority answered the applicants’ submission filed on 20 March 2026, even though more than one month had elapsed by the time the amparo was brought.\n\nIt is important to inform the applicant that deciding whether to approve the agreement for the possible construction of a municipal building on the park site is a legality issue that this Chamber is not competent to examine. Therefore, the amparo must be granted, with an order that the applicants be given a response to the submission at issue.",
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    "summary_en": "The president of the Alajuela Municipal Council was ordered to answer the residents’ submission about the park within five days; the Chamber did not decide whether a municipal building may be constructed there.",
    "summary_es": "Se ordenó al presidente del Concejo Municipal de Alajuela responder en cinco días a la gestión vecinal sobre el parque; la Sala no resolvió si procede construir allí un edificio municipal."
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      "context": "Considerando IV, cita del voto 2011-012164",
      "quote_en": "A green area or park established to give residents the right to enjoy a green recreational space forms part of the quality of life guaranteed by Article 50 of the Constitution.",
      "quote_es": "El área verde o de parque, que se ha establecido para hacer efectivo el derecho de los vecinos a disfrutar de una zona verde de esparcimiento, hace parte de la calidad de vida que la Constitución Política garantiza en su artículo 50."
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    {
      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "Because the matter may affect the quality of life of local residents, the applicant has broad standing to come before this Chamber over the alleged failure to respond.",
      "quote_es": "Al ser un tema que implica una eventual afectación a la calidad de vida de los habitantes de la zona, el recurrente cuenta con legitimación amplia para acudir en esta Sala por la acusada falta de respuesta."
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    {
      "context": "Por tanto",
      "quote_en": "Jorge Arturo Campos Araya, president of the Alajuela Municipal Council, or whoever holds that office, is ordered to answer the amparo applicants’ submission filed on 20 March 2026 within FIVE DAYS from notification of this judgment.",
      "quote_es": "Se ordena a Jorge Arturo Campos Araya, presidente del Concejo Municipal de Alajuela, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que dentro del plazo de CINCO DÍAS, contados a partir de la notificación de esta sentencia, se le de respuesta a los amparados de la gestión presentada el 20 de marzo de 2026."
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  "body_es_text": "Revisión del Documento\n\n\n\nExp: 26-016242-0007-CO \n\nRes. Nº 2026025722\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del diez de julio de dos mil veintiseis .\n\n Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 26-016242-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA.\n\nRESULTANDO:\n\n1.- Por escrito recibido en esta Sala el 07 de mayo de 2026, la parte recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta: que en fecha 20 de marzo de 2026, algunos de los vecinos del cantón dirigieron al Concejo Municipal de Alajuela gestión de oposición relacionada con la eliminación del parque General Tomás Guardia Gutiérrez. Indica que dicha gestión fue recibida ese mismo día ante la Secretaría del Concejo, la cual le asignó el trámite nro. 0028033-2026. Reclama que al día que acude en amparo, la recurrida no ha brindado respuesta alguna del trámite en discusión. Señala que el parque General Tomás Guardia Gutiérrez fue objeto de una inversión municipal de 115 millones de colones para su remodelación, según memorando de entendimiento o convenio suscrito con la Cámara de Comercio de Alajuela, aprobado en la sesión ordinaria nro. 17-2023 del 15 de setiembre de 2023 y firmado el 02 de octubre de 2023, para su mantenimiento. Expone que el Concejo Municipal impulsa un acuerdo orientado a la eventual construcción de un edificio municipal en el sitio del parque, lo cual implicaría la eliminación de ese espacio público. Asegura que el alcalde en ejercicio ha vetado en tres ocasiones dicho acuerdo relacionado con la transformación del parque para ese fin. Considera que el cantón se encuentra densamente poblado y el parque constituye un espacio de uso público relevante dentro del entorno urbano. Por lo expuesto, solicita que se declare con lugar el recurso de amparo, se ordene a la Municipalidad de Alajuela abstenerse de eliminar el parque General Tomás Guardia Gutiérrez, así como de talar o intervenir los árboles existentes para construir el nuevo edificio en ese lugar.\n\n 2.- Mediante resolución de las 13:20 horas del 25 de mayo de 2026, se dio curso al presente amparo.\n\n3.- Informa bajo juramento Roberto Hernán Thompson Chacón, alcalde de Alajuela, indica que los hechos alegados no es competencia de esa alcaldía, ya que el recurrente presentó la gestión ante el concejo. Solicita que se declare con lugar el recurso.\n\n4.- Informa bajo juramento Jorge Arturo Campos Araya, presidente del Concejo de Alajuela, indica: “es importante aclarar que, según la información suministrada por la Secretaría del Concejo Municipal, el trámite al que hace referencia el recurrente no fue presentado directamente por el señor [Nombre 001], sino por el señor [Nombre 002], circunstancia que resulta relevante para efectos de determinar la eventual existencia de legitimación directa respecto a una alegada lesión individual al derecho de petición y pronta respuesta, como se mencionará infra. Asimismo, debe señalarse que la gestión presentada corresponde materialmente a una manifestación ciudadana de oposición, desacuerdo o disconformidad respecto al sitio seleccionado para el eventual desarrollo del proyecto municipal, constituyendo esencialmente una gestión de naturaleza exhortativa y de participación ciudadana, la cual fue conocida dentro de la dinámica institucional y política propia del gobierno local. En el caso concreto no se configura lesión alguna a derechos fundamentales tutelables por la vía del recurso de amparo. El recurrente fundamenta su gestión principalmente en argumentos relacionados con consideraciones urbanísticas, ambientales, de conveniencia pública, oportunidad administrativa y desacuerdo con las decisiones adoptadas por el Concejo Municipal sobre la ubicación del futuro Palacio Municipal. Sin embargo, tales aspectos corresponden a materias propias de la legalidad ordinaria y de la discrecionalidad administrativa y política del gobierno local, las cuales exceden el ámbito tutelar excepcional del recurso de amparo En este caso, no existe acto material de demolición, corta de árboles o afectación ambiental concreta acreditada que permita concluir la existencia de una amenaza real, inmediata y cierta al derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado previsto en el artículo 50 de la Constitución Política. Por el contrario, lo que se evidencia es una discrepancia subjetiva del recurrente respecto a la conveniencia institucional y urbanística del proyecto aprobado por el Concejo Municipal. Debe indicarse que el proyecto relacionado con la construcción del Palacio Municipal deriva de acuerdos adoptados válidamente por el Concejo Municipal en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, acuerdos que actualmente se encuentran firmes y ejecutoriados. Incluso, la Administración Municipal, por medio de la Alcaldía y las dependencias técnicas correspondientes, ya se encuentra realizando actuaciones preparatorias, estudios técnicos, análisis administrativos y demás gestiones institucionales vinculadas con el eventual desarrollo del proyecto. En consecuencia, el recurso planteado pretende cuestionar decisiones administrativas y políticas ya adoptadas dentro del ámbito competencial propio del gobierno local, lo cual constituye una discusión propia de la jurisdicción ordinaria y no una materia susceptible de tutela mediante la vía sumarísima del recurso de amparo. Aunado a lo anterior, no se acredita una violación autónoma al derecho de petición y pronta respuesta previsto en el artículo 27 de la Constitución Política. Lo anterior debido a que la gestión referida por el recurrente no fue presentada directamente por éste, sino por un tercero, específicamente el señor [Nombre 002], según consta en los registros de la Secretaría del Concejo Municipal. Además, la naturaleza de la gestión presentada corresponde esencialmente a una manifestación de oposición ciudadana y solicitud exhortativa respecto a una decisión municipal ya adoptada, sin que exista obligación constitucional de la Administración de acceder favorablemente a las pretensiones planteadas por los gestionantes. La Sala Constitucional ha sostenido reiteradamente que el derecho de petición garantiza obtener una respuesta dentro de un plazo razonable, pero no implica necesariamente una contestación favorable a los intereses del administrado, como en la especie, que se trata de una gestión exhortativa del justiciable, como se identifica en la Sentencia 18149-2026 de las nueve horas treinta minutos del veintidós de mayo de dos mil veintiséis de este Alto Tribunal. Por último, tampoco resulta procedente la medida cautelar solicitada por el recurrente, en virtud de que no se acredita una amenaza cierta, actual e inminente a un derecho fundamental. La solicitud cautelar formulada se sustenta en escenarios hipotéticos y valoraciones subjetivas relacionadas con eventuales afectaciones urbanísticas o ambientales futuras, sin que exista prueba técnica objetiva que permita acreditar un daño constitucional irreparable”. Solicita se declare sin lugar el recurso. \n\n5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- CUESTIÓN PREVIA. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia nro. 2008002545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una gestión que se relaciona con el derecho a disfrutar de un ambiente sano. Aclarado el punto, se entra a resolver, la situación concreta planteada en este amparo. (Sentencia nro. 2020-018896 de las 09:15 horas del 2 de octubre de 2020).\n\nII.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente alega que el 20 de marzo de 2026, algunos de los vecinos del cantón dirigieron al Concejo de Alajuela gestión de oposición relacionada con la eliminación del parque General Tomás Guardia Gutiérrez. Indica que dicha gestión fue recibida ese mismo día ante la Secretaría del Concejo, la cual le asignó el trámite nro. 0028033-2026. Expone que el Concejo impulsa un acuerdo orientado a la eventual construcción de un edificio municipal en el sitio del parque, lo cual implicaría la eliminación de ese espacio público. Considera que el cantón se encuentra densamente poblado y el parque constituye un espacio de uso público relevante dentro del entorno urbano. Reclama que al día que acude en amparo, la recurrida no ha brindado respuesta alguna del trámite en discusión. \n\nIII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: \n\nEl 20 de marzo de 2026, [Nombre 002] y algunos de los vecinos del Roble de Alajuela, dirigieron al Concejo de Alajuela gestión de oposición relacionada con la eliminación del parque General Tomás Guardia Gutiérrez. (Ver informe rendido y prueba aportada por el recurrente); \n\nQue la discrepancia del recurrente es sobre la conveniencia institucional y urbanística del proyecto aprobado por el Concejo Municipal, relacionado con la construcción del Palacio Municipal, el cual deriva de acuerdos adoptados válidamente por el Concejo en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, acuerdos que actualmente se encuentran firmes y ejecutoriados. (Ver informe rendido);\n\nA la fecha en que se acude en amparo, no se le había dado respuesta a los accionantes sobre la gestión que se alega. (Ver informe rendido);\n\nIV.- SOBRE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES COMUNALES. Este Tribunal se ha pronunciado en otras ocasiones sobre el papel fundamental que cumplen las áreas verdes en el desarrollo integral de las personas y el mejoramiento de su calidad de vida. Ejemplo de ello es el voto N° 2024037007 de las 09:30 horas del 13 de diciembre de 2024, esta Sala dispuso lo siguiente: \n\n“(…) IV.- Conviene señalar, que los derechos antes mencionados, -al igual que cualquier otro derecho-, se encuentran sometidos a las limitaciones que establezca el ordenamiento jurídico, ello en aras de salvaguardar el interés general. Así, el derecho a la recreación se encuentra sometido a una serie de límites que garantizan la seguridad de las personas que participan en las distintas actividades (…)” (lo destacado no corresponde al original). Establecido lo anterior, esta Sala ha declarado, repetidamente, que la posibilidad de practicar deportes no solamente forma parte integrante del derecho a gozar de un ambiente sano y del derecho a la salud, sino que también se encuentra tutelada por el artículo 24, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagra el derecho a la recreación. Por consiguiente, las instalaciones deportivas, que sean bienes de dominio público dispuestos para la utilización de la comunidad para la recreación y el deporte, no pueden ver variado arbitrariamente el fin al que fueron destinadas (véase en este sentido, las Sentencias Nº 2005-013123 de las nueve horas seis minutos del veintitrés de setiembre de dos mil cinco, N° 2007-003131 de las nueve horas y cincuenta y tres minutos del nueve de marzo del dos mil siete, N° 2009-07017 de las dieciséis horas y cincuenta y cuatro minutos del treinta de abril del dos mil nueve y N° 2014-003543 de las nueve horas cinco minutos del catorce de marzo de dos mil catorce). Esta Sala ha señalado que el citado artículo 24, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, consagra el derecho a la recreación, el cual es de especial relevancia en la vida diaria, pues el ser humano debe poseer un espacio de tiempo en el que pueda descansar o efectuar actividades de esparcimiento, distintas a las acciones que realiza diariamente en sus ocupaciones laborales, pues de no ser así, la persona sufriría un desgaste físico y emocional que podría traer consecuencias severas para su salud (Sentencia N° 2006-016628 de las 11:02 horas del 17 de noviembre de 2006). También ha resuelto que la recreación y la seguridad son derechos complementarios que el Estado se encuentra obligado a fomentar y garantizar mediante las medidas que resulten pertinentes. Han sido varios los pronunciamientos emitidos por este Tribunal Constitucional en los que se ha enfocado el papel fundamental que cumplen las áreas verdes en el desarrollo de las personas y el mejoramiento de su calidad de vida. Véase, en primer término, lo dispuesto en el Voto N° 2011-012164 de las 09:25 horas del 09 de setiembre de 2011:\n\n\"Esta Sala ha resuelto, de forma reiterada, que el área verde o de parque, que se ha establecido para hacer efectivo el derecho de los vecinos a disfrutar de una zona verde de esparcimiento, hace parte de la calidad de vida que la Constitución Política garantiza en su artículo 50. De allí que se haya otorgado amparo en aquellos casos en que se ha podido acreditar que, de forma indebida, se ha pretendido eliminar tal área\" (lo resaltado no es del original).\n\nPor otra parte, en Sentencia N° 2011-007312 de las 11:02 horas del 03 de junio de 2011, la Sala explicó lo siguiente:\n\n\"(...) Sobre el particular, este Tribunal Constitucional ha señalado, reiteradamente, que el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Planificación Urbana en relación con la obligación de establecer zonas que deben estar destinadas a parques y zonas verdes comunales conllevan una finalidad específica que es garantizar el disfrute de los habitantes de ese proyecto habitacional a gozar de áreas verdes para el esparcimiento y responder por el derecho de todos y todas a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado\" (lo destacado no corresponde al original).\n\nEn Sentencia N° 2008-015754 de las 09:14 horas del 21 de octubre de 2008, esta Sala se pronunció en el siguiente sentido:\n\n\"La municipalidad local no puede libremente eliminar el destino de los terrenos dedicados a parque, tampoco podría hacerlo el legislador -sin definir a cambio un espacio que compense la pérdida del área de parque-, pues ello convertiría en inconstitucional el acuerdo o la ley que así lo disponga, por irrespeto del contenido esencial del derecho de los vecinos a disfrutar de esas zonas de esparcimiento, que como se indicó, hacen parte de la calidad de vida que la Constitución les garantiza\" (lo resaltado no corresponde al original).\n\nPor último, en Sentencia N° 2001-06925 de las 18:06 horas del 17 de julio de 2001, este Tribunal explicó lo siguiente:\n\n\"(...) Estima la Sala que la Dirección recurrida y en general el Estado debe respetar y velar por el acatamiento de esa normativa, pues no debe obviarse que hoy más que antes el acelerado desarrollo urbano ha generado la necesidad de que se creen y protejan amplias zonas verdes que sirvan no solo como \"pulmones de las ciudades\" y con ello se proteja el medio ambiente, sino que además sirvan para el esparcimiento y la práctica de los deportes por parte de niños y adultos, quienes usualmente en unión familiar disfrutan de ellos, motivo por el cual deben tener particular tutela del Estado costarricense, en tanto contribuyen al cumplimiento de sus fines y a la tutela de los derechos fundamentales de la población en general\" (lo subrayado no corresponde al original).\n\nLo importante a efectos de esta sentencia es constatar que, a lo largo de los años, este Tribunal Constitucional ha mantenido una postura constante en la trascendencia de proteger e incentivar el establecimiento de zonas verdes y parques en las comunidades. En Sentencia N° 2006-017126 de las 15:05 horas del 28 de noviembre de 2006, este Tribunal señaló que la noción de \"ambiente\" establecida en el artículo 50, de la Constitución Política, debe comprenderse en un sentido \"macro-ambiental\". De lo anterior se concluye que las zonas verdes y parques constituyen objeto del derecho de los vecinos a disfrutar de áreas de esparcimiento. Esto guarda relación con la calidad de vida de los ciudadanos, en especial de aquellos que habitan en zonas urbanas o socialmente marginadas, lugar en el que las áreas verdes escasean merced a la presión generada por la inmigración rural a las ciudades y la correlativa deficiente planificación urbana. Precisamente, las zonas de esparcimiento y la presencia de vegetación en la vida humana constituyen elementos fundamentales del desarrollo integral del individuo, puesto que el recreo y la práctica de los deportes por parte de niños y adultos fomenta la unión familiar y previene manifestaciones de violencia social y delincuencia. Asimismo, desde el punto de vista del derecho a la salud, las áreas verdes y parques sirven como pulmones de las ciudades. Esto acarrea beneficios obvios como disminución de las enfermedades respiratorias e incluso, desde el punto de vista de la salud mental, contribuye a reducir el estrés y propiciar un ambiente estéticamente placentero y relajante.\n\nV.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, la parte recurrente acude ante esta Sala, debido a que la municipalidad recurrida cerró con llave los portones de acceso a la Plaza de Fútbol Montserrat, en Puntarenas, un espacio público utilizado por muchos años por niños y jóvenes de la comunidad como un espacio para la recreación y el deporte. Además, el municipio efectuó un cambio de destino pues otorgó el uso exclusivo de la plaza a la Liga de Fútbol Playa (LIFUPLA), una entidad afiliada a la Federación Costarricense de Fútbol, sin que los vecinos de la localidad puedan disfrutar del bien comunal. Al respecto, la Sala tiene por demostrado que mediante oficio CR-INCOP-PE-0631-2020, de fecha 30 de julio del 2020, el Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, remite al Alcalde Municipal, el Acta de Entrega Formal de la Cancha Monserrat. Bajo oficio MP-M-OL-509-07 2020, el entonces Alcalde Municipal, traslada al Comité Comunal de Barrio El Carmen, las llaves de la Cancha Monserrat, para el resguardo y mantenimiento de este inmueble. A partir del mes de julio del 2020, el Comité Comunal de Barrio El Carmen, se hizo cargo del cuido y mantenimiento de la Cancha Monserrat. El 11 de febrero del 2022, el Comité Comunal de Barrio el Carmen entrega a la Alcaldía Municipal las llaves de la Cancha Monserrat. Durante el tiempo que el Comité Comunal se hizo cargo del cuido y mantenimiento de la Cancha Monserrat, la misma permanecía cerrada con llave. Desde la remodelación de la cancha, la misma no ha estado abierta al público de forma permanente. En el mes de noviembre del 2022, la Liga de Fútbol Playa de Costa Rica, presenta ante el Concejo Municipal, solicitud de uso de suelo de la Cancha Monserrat, por un periodo de seis meses, para poder llevar a cabo en este inmueble el Evento Internacional llamado “Beach Soccer International Cup Edición 2023”, el cual es avalado por la Federación Costarricense de Fútbol. El 14 de noviembre del 2022, en su Artículo 6 Inciso E, el Concejo Municipal acuerda aprobar el uso de suelo por un periodo de seis meses, desde el 15 de noviembre hasta el 15 de mayo del 2023, a favor de la Liga de Fútbol Playa de Costa Rica. Luego de culminado el uso de suelo otorgado por el Concejo Municipal a la Liga de Fútbol Playa, el 15 de mayo del 2023, dicho inmueble se dejó de utilizar, sin embargo, esta Liga, siguió colaborando en el mantenimiento y limpieza de la cancha. El 21 de setiembre del 2023, se recibió solicitud ante el Despacho de la Alcaldía, por parte de la Liga de Fútbol Playa, para la autorización del uso de la cancha Monserrat para entrenamientos y partidos de primera división de esta Liga. Mediante oficio MP-AM-OL'-8675-09-2023, el Alcalde recurrido autorizó su uso desde el 24 de setiembre al 15 de diciembre del 2023. Actualmente, y tras solicitud efectuada por el equipo de primera división de Fútbol Playa, Puntarenas FC, dicho equipo está utilizando la cancha Monserrat para entrenamientos y partidos oficiales. Finalmente, de conformidad con la prueba fotográfica aportada por los promoventes, la Sala aprecia que la cancha Monserrat está cerrada perimetralmente con una malla, y tiene un portón con candado cerrado que impide el libre ingreso de los vecinos de la localidad. Ante este panorama, la Sala estima que existen suficientes elementos de juicio y convicción para acoger el amparo, con fundamento en el ordinal 50 de la Constitución, el Interés Superior de los Menores, así como el derecho a la recreación, contemplado mediante reforma constitucional reciente (año 2023) en el artículo 89 de la Carta Política, que concretamente señala: “Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico. Todas las personas tienen derecho al deporte, a la educación física y a la recreación. El Estado garantizará este derecho, promoverá su universalización como medio eficaz para mejorar la salud y la calidad de vida de la población y apoyará el desarrollo de las distintas disciplinas deportivas en todos los niveles” (Así reformado por el artículo único de la Ley para la incorporación del Derecho Fundamental al Deporte y la Recreación, N° 10376 del 29 de noviembre de 2023). Como se puede apreciar del elenco probatorio, desde hace varios años la cancha de fútbol en cuestión ha permanecido cerrada con candado, impidiendo el libre ingreso y uso por parte de los niños y niñas de la localidad, así como sus padres y demás adultos que quieran practicar algún deporte o pasar tiempo de esparcimiento y recreación en dicho lugar. En consideración de la Sala, el hecho que la cancha en cuestión permanezca cerrada con candado, y que solo algunas personas tengan las llaves de ingreso a la misma, afecta gravemente el derecho a la recreación de los vecinos de la localidad, especialmente de la niñez de la comunidad de Barrio El Carmen en Puntarenas. Es un hecho público y notorio que algunas zonas del cantón de Puntarenas son socialmente marginadas y los índices económicos de dichas localidades no son los más desarrollados. Por este motivo, es de suma importancia que los menores de edad de dicha localidad cuenten con libre acceso a zonas de esparcimientos y práctica de deportes que los alejen de los vicios y mala conductas que podrían transmitirse en una sociedad que cada vez más se olvida de su niñez. Este Tribunal no cuestiona la importancia del cierre perimetral con malla alrededor de la cancha, ya que como se puede observar de los mapas satelitales de dicha comunidad (véase Google Maps), la cancha está rodeada de calles principales de la comunidad de El Carmen de Puntarenas, transitadas por todo tipo de vehículos que podrían constituir un peligro y riesgo justamente para los niños y niñas que juegan en las instalaciones. Esas mallas deben ser conservadas para procurar tutelar la integridad física y vida de los menores que acudan a hacer uso de la plaza de deportes. Sin embargo, lo que es absolutamente injustificable es que la entrada a dicha cancha permanezca cerrada con candado, y que las llaves las maneje una sola persona (o varias), quienes serían las que finalmente deciden sobre el uso, horarios y personas que ingresan a un bien comunal. Es claro que estas conductas se alejan completamente de los fines para los cuales fueron pensadas las zonas verdes de esparcimiento en los vecindarios costarricenses, así como las canchas de deportes, parques infantiles y demás propiedades demaniales que han sido destinadas para el uso comunal y de todas y todos los vecinos de una comunidad, sin restricción alguna por parte de terceras personas quienes terminan convirtiéndose en una especie de “dueños” de las instalaciones comunales. Esta Sala debe ser enfática en la importancia de las comunidades costarricenses de contar con espacios públicos de libre acceso para todas las personas, especialmente niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad y, en general, cualquier adulto que desee practicar sanamente algún deporte, o simplemente disfrutar un tiempo al aire libre y esparcimiento sano. Como se puede constatar de los autos, el uso del inmueble actualmente es limitado y ha sido autorizado al equipo de primera división de Fútbol Playa, Puntarenas FC, dicho equipo está utilizando la cancha Monserrat para entrenamientos y partidos oficiales, dejando a los vecinos de la localidad sin la posibilidad de disfrutar el bien comunal de manera libre, sin pedir autorizaciones y en el horario que deseen. Ergo, por las razones expuestas supra, este Tribunal se decanta por acoger el recurso de amparo, con las consecuencias que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia (…)”.\n\n V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. El recurrente alega que el 20 de marzo de 2026, [Nombre 002] y algunos de los vecinos del Roble de Alajuela dirigieron al Concejo de Alajuela gestión de oposición relacionada con la eliminación del parque General Tomás Guardia Gutiérrez. Indica que dicha gestión fue recibida ese mismo día ante la Secretaría del Concejo, la cual le asignó el trámite n.º 0028033-2026. Expone que el Concejo Municipal impulsa un acuerdo orientado a la eventual construcción de un edificio municipal en el sitio del parque, lo cual implicaría la eliminación de ese espacio público. Considera que el cantón se encuentra densamente poblado y el parque constituye un espacio de uso público relevante dentro del entorno urbano. Reclama que al día que acude en amparo, la recurrida no ha brindado respuesta alguna del trámite en discusión. \n\nAl respecto, es importe indicar lo siguiente. Primero, si bien el tema que se discute es por la falta de respuesta por una moción presentada por los vecinos del Roble de Alajuela; sin embargo, se desprende que el fondo del asunto es debido a la preocupación de dicha comunidad por la eliminación del parque de la zona que es un espacio público, de esparcimiento. Segundo, al ser un tema que implica una eventual afectación a la calidad de vida de los habitantes de la zona, el recurrente cuenta con legitimación amplia para acudir en esta Sala por la acusada falta de respuesta. Además, se observa que la parte recurrente sí firmó el documento presentado. \n\nDe ahí que se considere que en este caso específico sí se produjo la alegada afectación, pues del informe rendido y la prueba que consta en autos no se aprecia que el ente local accionado les haya dado respuesta a los amparados a la gestión presentada el 20 de marzo de 2026; pese a que a la fecha en que se acude en amparo había transcurrido un plazo superior a un mes.\n\nAhora, bien, es importante indicarle al recurrente, que determinar si procede o no el acuerdo orientado a la eventual construcción de un edificio municipal en el sitio del parque, esto es un tema de legalidad que no le compete analizar a esta Sala. Así, las cosas, lo procedente es declarar con lugar el recurso, con la orden para que a los amparados se les brinde una respuesta sobre la gestión que se alega. \n\nVI.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nVII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara con lugar el recurso. Se ordena a Jorge Arturo Campos Araya, presidente del Concejo Municipal de Alajuela, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que dentro del plazo de CINCO DÍAS, contados a partir de la notificación de esta sentencia, se le de respuesta a los amparados de la gestión presentada el 20 de marzo de 2026. Todo lo anterior, bajo el apercibimiento de que, con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y que no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Alajuela al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n K0CSRP9D6ME61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-016242-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).",
  "body_en_text": "Document Review\n\n\n\nExp: 26-016242-0007-CO\n\nRes. Nº 2026025722\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at 9:25 a.m. on 10 July 2026.\n\nAmparo proceeding filed in case No. 26-016242-0007-CO by [Nombre 001], identity card [Valor 001], against the MUNICIPALITY OF ALAJUELA.\n\nBACKGROUND:\n\n1.- In a written submission received by this Chamber on 07 May 2026, the applicant files an amparo proceeding and states: that on 20 March 2026, some residents of the canton submitted to the Municipal Council of Alajuela an opposition petition concerning the elimination of General Tomás Guardia Gutiérrez Park. The applicant indicates that the petition was received that same day by the Council Secretariat, which assigned it processing number 0028033-2026. The applicant complains that, as of the date the applicant seeks amparo, the respondent has provided no response whatsoever to the matter under discussion. The applicant notes that the municipality invested 115 million colones in renovating General Tomás Guardia Gutiérrez Park, pursuant to a memorandum of understanding or agreement signed with the Cámara de Comercio de Alajuela, approved at regular session No. 17-2023 on 15 September 2023 and signed on 02 October 2023, for its maintenance. The applicant explains that the Municipal Council is promoting a resolution aimed at the possible construction of a municipal building on the park site, which would entail eliminating that public space. The applicant asserts that the acting mayor has vetoed that resolution concerning the park’s conversion for that purpose on three occasions. The applicant considers the canton densely populated and the park a significant public-use space within the urban setting. For these reasons, the applicant requests that the amparo proceeding be upheld and that the Municipality of Alajuela be ordered to refrain from eliminating General Tomás Guardia Gutiérrez Park, as well as from felling or otherwise intervening with the existing trees to build the new building at that location.\n\n2.- By resolution issued at 13:20 on 25 May 2026, this amparo proceeding was admitted for processing.\n\n3.- In a sworn report, Roberto Hernán Thompson Chacón, mayor of Alajuela, states that the alleged facts do not fall within the competence of that mayor’s office, since the applicant submitted the petition to the Council. He requests that the amparo proceeding be upheld.\n\n4.- In a sworn report, Jorge Arturo Campos Araya, president of the Council of Alajuela, states: “It is important to clarify that, according to the information provided by the Municipal Council Secretariat, the matter to which the applicant refers was not submitted directly by Mr. [Nombre 001], but by Mr. [Nombre 002]. This circumstance is relevant in determining whether there is direct standing with respect to an alleged individual violation of the right to petition and to receive a prompt response, as will be mentioned below. It should also be noted that the petition submitted is, in substance, a citizen’s expression of opposition, disagreement, or dissatisfaction with the site selected for the possible development of the municipal project. It is essentially an exhortative petition and an exercise of citizen participation, which was considered within the institutional and political processes of local government. In this case, there is no violation of fundamental rights that may be protected through an amparo proceeding. The applicant bases the petition primarily on arguments concerning urban-planning and environmental considerations, public convenience, administrative expediency, and disagreement with the decisions adopted by the Municipal Council regarding the location of the future Municipal Palace. However, those matters fall within ordinary legality and the administrative and political discretion of local government, and exceed the exceptional protective scope of an amparo proceeding. In this case, there is no physical demolition, tree felling, or proven concrete environmental impact from which to conclude that there is a real, immediate, and certain threat to the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment provided for in Article 50 of the Political Constitution. On the contrary, what is evident is the applicant’s subjective disagreement with the institutional and urban-planning suitability of the project approved by the Municipal Council. It should be noted that the project to construct the Municipal Palace arises from resolutions validly adopted by the Municipal Council in the exercise of its constitutional and legal powers; those resolutions are currently final and enforceable. Indeed, the Municipal Administration, through the Mayor’s Office and the corresponding technical departments, is already carrying out preparatory actions, technical studies, administrative analyses, and other institutional steps related to the possible development of the project. Accordingly, the amparo proceeding seeks to challenge administrative and political decisions already adopted within the local government’s own sphere of authority. This is a matter for the ordinary jurisdiction, not one susceptible to protection through the expedited amparo proceeding. Furthermore, no independent violation of the right to petition and to receive a prompt response provided for in Article 27 of the Political Constitution has been established. This is because the petition referred to by the applicant was not submitted directly by the applicant, but by a third party, specifically Mr. [Nombre 002], as shown in the Municipal Council Secretariat’s records. Moreover, the petition submitted is essentially an expression of citizen opposition and an exhortative request concerning a municipal decision already adopted, and the Administration has no constitutional obligation to grant the petitioners’ requests. The Constitutional Chamber has repeatedly held that the right to petition guarantees a response within a reasonable time, but does not necessarily entail a response favorable to the interests of the person making the request, as in this case, which concerns an exhortative petition by the person seeking judicial relief, as stated in Judgment 18149-2026, issued at 9:30 a.m. on 22 May 2026 by this High Court. Finally, the interim measure requested by the applicant is also unwarranted, since no certain, current, and imminent threat to a fundamental right has been established. The request for interim relief is based on hypothetical scenarios and subjective assessments concerning possible future urban-planning or environmental impacts, without objective technical evidence establishing irreparable constitutional harm.” He requests that the amparo proceeding be dismissed.\n\n5.- The legal requirements have been observed in these proceedings.\n\nDrafted by Justice Hess Herrera; and,\n\nREASONS:\n\nI.- PRELIMINARY ISSUE. Before examining the merits, it must be clarified that, beginning with Judgment No. 2008002545, issued at 8:55 a.m. on 22 February 2008, this Chamber has referred matters to the administrative-litigation jurisdiction—with some exceptions—when the issue is whether the public administration has complied with the time limits set by the General Law on Public Administration (Articles 261 and 325) or by sector-specific laws governing special administrative proceedings, to issue a final decision in an administrative proceeding—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the applicable administrative remedies. This case presents an exception, since the petition concerns the right to enjoy a healthy environment. That point having been clarified, the Chamber will proceed to resolve the specific matter raised in this amparo proceeding. (Judgment No. 2020-018896, issued at 09:15 on 2 October 2020).\n\nII.- SUBJECT OF THE AMPARO PROCEEDING. The applicant alleges that on 20 March 2026, some residents of the canton submitted to the Council of Alajuela an opposition petition concerning the elimination of General Tomás Guardia Gutiérrez Park. The applicant indicates that the petition was received that same day by the Council Secretariat, which assigned it processing number 0028033-2026. The applicant explains that the Council is promoting a resolution aimed at the possible construction of a municipal building on the park site, which would entail eliminating that public space. The applicant considers the canton densely populated and the park a significant public-use space within the urban setting. The applicant complains that, as of the date the applicant seeks amparo, the respondent has provided no response whatsoever to the matter under discussion.\n\nIII.- FACTS FOUND. The following facts, relevant to deciding this matter, are deemed duly established:\n\nOn 20 March 2026, [Nombre 002] and some residents of El Roble de Alajuela submitted to the Council of Alajuela an opposition petition concerning the elimination of General Tomás Guardia Gutiérrez Park. (See the report submitted and the evidence provided by the applicant);\n\nThe applicant’s disagreement concerns the institutional and urban-planning suitability of the project approved by the Municipal Council, relating to construction of the Municipal Palace, which arises from resolutions validly adopted by the Council in the exercise of its constitutional and legal powers, and which are currently final and enforceable. (See the report submitted);\n\nAs of the date the applicant sought amparo, no response had been provided to the applicants concerning the petition at issue. (See the report submitted);\n\nIV.- ON COMMUNITY PARKS AND GREEN AREAS. This Court has on other occasions addressed the fundamental role that green areas play in people’s overall development and in improving their quality of life. One example is vote No. 2024037007, issued at 09:30 on 13 December 2024, in which this Chamber held as follows:\n\n“(…) IV.- It should be noted that the rights mentioned above—like any other rights—are subject to the limitations established by the legal system in order to safeguard the general interest. Thus, the right to recreation is subject to a series of limits that ensure the safety of people participating in different activities (…)” (emphasis not in the original). Having established the foregoing, this Chamber has repeatedly declared that the possibility of playing sports is not only an integral part of the right to enjoy a healthy environment and the right to health, but is also protected by Article 24 of the Universal Declaration of Human Rights, which enshrines the right to recreation. Consequently, sports facilities that are public-domain property made available for community recreation and sports may not have their intended purpose arbitrarily changed (see, in this regard, Judgments Nos. 2005-013123, issued at 9:06 a.m. on 23 September 2005; 2007-003131, issued at 9:53 a.m. on 9 March 2007; 2009-07017, issued at 16:54 on 30 April 2009; and 2014-003543, issued at 9:05 a.m. on 14 March 2014). This Chamber has stated that the cited Article 24 of the Universal Declaration of Human Rights enshrines the right to recreation, which is of particular importance in daily life, since people must have time to rest or engage in leisure activities distinct from their daily work; otherwise, they would suffer physical and emotional exhaustion that could have serious consequences for their health (Judgment No. 2006-016628, issued at 11:02 on 17 November 2006). It has also held that recreation and safety are complementary rights that the State is obliged to promote and guarantee through appropriate measures. This Constitutional Court has issued several rulings emphasizing the fundamental role green areas play in people’s development and in improving their quality of life. See, first, Judgment No. 2011-012164, issued at 09:25 on 09 September 2011:\n\n“This Chamber has repeatedly held that a green area or park established to give residents the effective enjoyment of a green recreational area forms part of the quality of life guaranteed by Article 50 of the Political Constitution. Accordingly, amparo has been granted in cases where it was established that efforts had been made improperly to eliminate such an area” (emphasis not in the original).\n\nMoreover, in Judgment No. 2011-007312, issued at 11:02 on 03 June 2011, the Chamber explained:\n\n“(...) In this regard, this Constitutional Court has repeatedly stated that compliance with the provisions of the Urban Planning Law concerning the obligation to establish areas designated as community parks and green areas serves the specific purpose of ensuring that residents of the housing development can enjoy green areas for recreation and of upholding everyone’s right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment” (emphasis not in the original).\n\nIn Judgment No. 2008-015754, issued at 09:14 on 21 October 2008, this Chamber stated:\n\n“The local municipality may not freely eliminate the designation of land for a park; nor could the legislature do so without defining a replacement space to compensate for the loss of the park area, since that would render the resolution or law providing for it unconstitutional by disregarding the essential content of residents’ right to enjoy those recreational areas, which, as indicated, form part of the quality of life guaranteed to them by the Constitution” (emphasis not in the original).\n\nLastly, in Judgment No. 2001-06925, issued at 18:06 on 17 July 2001, this Court explained:\n\n“(...) The Chamber considers that the respondent Directorate and the State in general must respect and ensure compliance with those rules. It must not be overlooked that, now more than ever, accelerated urban development has created the need to establish and protect extensive green areas that serve not only as ‘the lungs of cities’ and thereby protect the environment, but also as places for recreation and sports for children and adults, who usually enjoy them with their families. For this reason, they merit particular protection by the Costa Rican State, since they contribute to fulfilling its purposes and protecting the fundamental rights of the population in general” (emphasis not in the original).\n\nFor purposes of this judgment, what matters is that over the years this Constitutional Court has consistently recognized the importance of protecting and encouraging the establishment of green areas and parks in communities. In Judgment No. 2006-017126, issued at 15:05 on 28 November 2006, this Court stated that the notion of “environment” established in Article 50 of the Political Constitution must be understood in a “macro-environmental” sense. It follows that green areas and parks are covered by residents’ right to enjoy recreational areas. This relates to citizens’ quality of life, particularly that of those living in urban or socially marginalized areas, where green areas are scarce because of the pressure caused by rural migration to cities and the corresponding deficient urban planning. Recreational areas and the presence of vegetation in human life are fundamental elements of a person’s overall development, since recreation and sports for children and adults promote family unity and prevent manifestations of social violence and crime. From the standpoint of the right to health, green areas and parks also serve as the lungs of cities. This brings obvious benefits, such as a decrease in respiratory illnesses and, from the standpoint of mental health, helps reduce stress and create an aesthetically pleasing and relaxing environment.\n\nV.- ON THE SPECIFIC CASE. In this case, the applicants came before this Chamber because the respondent municipality locked the access gates to Plaza de Fútbol Montserrat in Puntarenas, a public space used for many years by children and young people in the community for recreation and sports. In addition, the municipality changed the site’s designated use by granting exclusive use of the plaza to Liga de Fútbol Playa (LIFUPLA), an entity affiliated with the Costa Rican Football Federation, without allowing local residents to enjoy the community property. In this regard, the Chamber finds it established that, by official letter CR-INCOP-PE-0631-2020 dated 30 July 2020, the Executive President of the Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico sent the Formal Handover Record for Cancha Monserrat to the Municipal Mayor. By official letter MP-M-OL-509-07 2020, the then Mayor transferred the keys to Cancha Monserrat to the Community Committee of Barrio El Carmen for safekeeping and maintenance of the property. Beginning in July 2020, the Community Committee of Barrio El Carmen took charge of the care and maintenance of Cancha Monserrat. On 11 February 2022, the Community Committee of Barrio El Carmen handed the keys to Cancha Monserrat over to the Municipal Mayor’s Office. While the Community Committee was responsible for the care and maintenance of Cancha Monserrat, it remained locked. Since the field was renovated, it has not been permanently open to the public. In November 2022, Liga de Fútbol Playa de Costa Rica submitted a request to the Municipal Council for permission to use the land at Cancha Monserrat for a six-month period to hold the international event called “Beach Soccer International Cup Edición 2023” at the property, an event endorsed by the Costa Rican Football Federation. On 14 November 2022, in Article 6, Item E, the Municipal Council agreed to approve use of the land for a six-month period, from 15 November through 15 May 2023, for Liga de Fútbol Playa de Costa Rica. After the period of authorized use granted by the Municipal Council to Liga de Fútbol Playa ended on 15 May 2023, the property ceased to be used; however, the league continued to assist with maintenance and cleaning of the field. On 21 September 2023, Liga de Fútbol Playa submitted a request to the Mayor’s Office for authorization to use Cancha Monserrat for training and first-division matches. By official letter MP-AM-OL'-8675-09-2023, the respondent Mayor authorized its use from 24 September to 15 December 2023. Currently, following a request by the first-division beach soccer team Puntarenas FC, that team is using Cancha Monserrat for training and official matches. Finally, based on the photographic evidence submitted by the applicants, the Chamber observes that Cancha Monserrat is enclosed by a mesh fence and has a locked gate with a padlock that prevents local residents from freely entering. In these circumstances, the Chamber considers that there is sufficient evidence to uphold the amparo, on the basis of Article 50 of the Constitution, the best interests of minors, and the right to recreation, incorporated by a recent constitutional amendment (2023) into Article 89 of the Political Constitution, which specifically states: “Among the Republic’s cultural purposes are protecting natural beauty, conserving and developing the Nation’s historical and artistic heritage, and supporting private initiative for scientific and artistic progress. Everyone has the right to sports, physical education, and recreation. The State shall guarantee this right, promote its universalization as an effective means of improving the population’s health and quality of life, and support the development of the different sports disciplines at every level” (as amended by the sole article of the Law for the Incorporation of the Fundamental Right to Sports and Recreation, No. 10376 of 29 November 2023). As can be seen from the body of evidence, for several years the soccer field in question has remained locked with a padlock, preventing children in the area, their parents, and other adults who wish to play sports or spend time there for leisure and recreation from freely entering and using it. In the Chamber’s view, keeping the field locked with a padlock, with only certain people holding the keys, seriously affects local residents’ right to recreation, especially that of children in the Barrio El Carmen community in Puntarenas. It is a notorious public fact that some areas of the canton of Puntarenas are socially marginalized and that those communities’ economic indicators are not among the strongest. For this reason, it is extremely important that minors in the area have free access to recreational areas and sports facilities that keep them away from vices and bad conduct that could spread in a society that increasingly forgets its children. This Court does not question the importance of the mesh fence around the field, since, as can be seen from satellite maps of the community (see Google Maps), the field is surrounded by the main roads of the El Carmen community in Puntarenas, which are used by all types of vehicles that could pose a danger and risk to the children playing at the facilities. The fences must be maintained to protect the physical integrity and lives of minors who come to use the sports field. However, it is entirely unjustifiable for the entrance to the field to remain locked with a padlock, with one person (or several) holding the keys and thereby ultimately deciding who may use a community property, at what times, and who may enter it. It is clear that this conduct departs entirely from the purposes for which recreational green areas in Costa Rican neighborhoods, sports fields, playgrounds, and other public-domain properties were intended: use by the community and all its residents, without restrictions imposed by third parties who end up becoming a kind of “owners” of community facilities. This Chamber must emphasize the importance of Costa Rican communities having public spaces freely accessible to everyone, especially children, older adults, people with disabilities, and, generally, any adult who wishes to play sports in a healthy way or simply enjoy time outdoors and healthy recreation. As can be seen from the record, use of the property is currently limited and has been authorized to the first-division beach soccer team Puntarenas FC, which is using Cancha Monserrat for training and official matches, leaving local residents unable to freely enjoy the community property, without requesting authorization and at whatever times they wish. Therefore, for the reasons stated above, this Court decides to uphold the amparo proceeding, with the consequences set out in the operative part of this judgment (…)”.\n\nV.- ON THE SPECIFIC CASE. The applicant alleges that on 20 March 2026, [Nombre 002] and some residents of El Roble de Alajuela submitted to the Council of Alajuela an opposition petition concerning the elimination of General Tomás Guardia Gutiérrez Park. The applicant indicates that the petition was received that same day by the Council Secretariat, which assigned it processing number 0028033-2026. The applicant explains that the Municipal Council is promoting a resolution aimed at the possible construction of a municipal building on the park site, which would entail eliminating that public space. The applicant considers the canton densely populated and the park a significant public-use space within the urban setting. The applicant complains that, as of the date the applicant sought amparo, the respondent had provided no response whatsoever to the matter under discussion.\n\nIn this regard, the following should be noted. First, although the issue raised concerns the lack of response to a motion submitted by residents of El Roble de Alajuela, it is clear that the substance of the matter is the community’s concern about eliminating the park in the area, which is a public recreational space. Second, because the issue involves a possible impact on the quality of life of area residents, the applicant has broad standing to come before this Chamber regarding the alleged lack of response. Moreover, it is apparent that the applicant did sign the document submitted.\n\nAccordingly, the alleged impact did occur in this specific case, since the report submitted and the evidence in the record do not show that the respondent local entity provided the amparo applicants with a response to the petition submitted on 20 March 2026, even though more than a month had elapsed by the time the amparo proceeding was filed.\n\nNow, the applicant should be informed that determining whether the resolution aimed at the possible construction of a municipal building on the park site is warranted is a matter of legality that this Chamber is not competent to examine. Accordingly, the amparo proceeding should be upheld, with an order that the amparo applicants be given a response to the petition at issue.\n\nVI.- NOTE BY JUSTICE CASTILLO VÍQUEZ CONCERNING PROMPT AND EFFECTIVE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court’s position that when a person seeking judicial relief alleges a violation of the right to prompt and effective justice in the administrative sphere, the legal dispute must be heard by the Administrative-Litigation Courts, not by this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right to Petition, it has been established that this right may be protected judicially through the amparo proceeding provided for in Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in conjunction with Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in cases where the petitioner considers that the Administration’s physical acts, its administrative decisions, or its response are affecting the petitioner’s fundamental rights. In my view, the newly enacted legislation does not require this Court to change its line of precedent; under Article 7 of its Law, this Chamber alone is responsible for defining its own jurisdiction. Therefore, apart from those constitutional legal disputes that this Chamber itself has recognized as exceptional cases that may be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo proceeding, the Administrative-Litigation Judges have jurisdiction in all other cases, for the reasons this Court has given (Judgment No. 2008-02545, issued at 8:55 a.m. on 22 February 2008). This is consistent with Article 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and rules), and the applicable legal provisions, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\nVII.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. The applicant is advised that any paper documents, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device that may have been submitted, must be collected from the Clerk’s Office within a maximum period of 30 business days from notification of this judgment. Otherwise, any material not collected within that period will be destroyed, pursuant to the “Regulation on Electronic Case Files before the Judiciary,” approved by the Full Court at session No. 27-11 on 22 August 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin No. 19 on 26 January 2012, as well as the resolution approved by the Judicial Council at session No. 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI.\n\nTHEREFORE:\n\nThe amparo proceeding is upheld. Jorge Arturo Campos Araya, president of the Municipal Council of Alajuela, or whoever holds that office in his place, is ordered to provide the amparo applicants with a response to the petition submitted on 20 March 2026 within FIVE DAYS from notification of this judgment. All of the foregoing is subject to the warning that, under Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, anyone who receives an order that they must carry out or ensure is carried out, issued in an amparo proceeding, and fails to carry it out or ensure that it is carried out, shall be sentenced to imprisonment for three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, provided the offense is not subject to a more severe penalty. The Municipality of Alajuela is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts underlying this ruling, which shall be assessed during enforcement of the administrative-litigation judgment. Justice Castillo Víquez records a note. Notify the parties.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification Code --\n\n\n\nK0CSRP9D6ME61\n\nCASE FILE No. 26-016242-0007-CO\n\nTelephone: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Church of Perpetual Help)."
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