{ "id": "nexus-sen-1-0007-1412665", "citation": "Res. 25749-2026 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Retardo al resolver apelación sobre disponibilidad de agua", "title_en": "Delay in Deciding Appeal over Water Availability", "summary_es": "La Sala Constitucional conoció un amparo contra el AyA por la denegatoria de disponibilidad de agua potable y alcantarillado para una vivienda y por el supuesto retraso en resolver la apelación administrativa. La mayoría consideró que la negativa de los servicios se apoyó en razones técnicas —falta de infraestructura de distribución y recolección frente al inmueble— y que la discusión sobre esa decisión corresponde a la vía de legalidad; por ello, rechazó el amparo en ese extremo. Sin embargo, la apelación fue resuelta y notificada el 5 de junio de 2026, después de que la Sala diera curso al amparo y vencido el plazo de un mes aplicable. Por ese retardo, declaró parcialmente con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Hubo votos salvados sobre el deber estatal de garantizar progresivamente el acceso al agua y sobre la condena patrimonial.", "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) considered an amparo proceeding against AyA concerning the denial of water and sewer availability for a dwelling and the alleged delay in deciding an administrative appeal. The majority found that the service denial rested on technical grounds—the lack of distribution and collection infrastructure in front of the property—and that a challenge to that decision belongs in the ordinary legality channel; it therefore denied the amparo on that issue. However, the appeal was decided and notified on 5 June 2026, after the Chamber had admitted the amparo and after the applicable one-month period had expired. It accordingly granted the amparo in part for that delay, without a special award of costs, damages, or losses. Separate opinions addressed the State’s duty to progressively ensure access to water and whether monetary liability should be awarded.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "10/07/2026", "year": "2026", "topic_ids": [], "primary_topic_id": null, "es_concept_hints": [ "recurso de amparo", "disponibilidad de agua", "recurso de revocatoria", "apelación en subsidio", "vía de legalidad", "alcantarillado sanitario", "condenatoria en costas", "derecho humano al agua" ], "article_citations": [], "keywords_es": [ "recurso de amparo", "disponibilidad de agua potable", "AyA", "recurso de apelación administrativa", "retardo administrativo", "infraestructura de distribución de agua", "alcantarillado sanitario", "derecho humano al agua" ], "keywords_en": [ "amparo proceeding", "drinking water availability", "AyA", "administrative appeal", "administrative delay", "water distribution infrastructure", "sanitary sewer service", "human right to water" ], "excerpt_es": "La Sala no observa motivos para cambiar el criterio transcrito. En efecto, no se estima que la denegatoria sea irrazonable ni antojadiza cuando se basa en una justificación técnica como es, en este caso, la inexistencia de infraestructura de distribución y recolección frente al inmueble solicitante. La discusión del tema de fondo puede ser planteada en la vía de legalidad. En consecuencia, sobre este punto se desestima el recurso.\n\nDe otra parte, en relación con el reclamo planteado por el gestionante respecto de la falta de resolución del recurso de apelación interpuesto contra la resolución N.° SIGDD-2021-0006260-1-1-1, se verifica que la institución recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la interposición de este recurso de amparo el 3 de junio de 2026, procedió a emitir la resolución N.° GG-R-2026-0329, de 5 de junio de 2026, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación, acto que fue notificado al tutelado ese mismo día al correo electrónico señalado para recibir notificaciones; no obstante, se constata que fue con ocasión de la intervención de esta Sala que la autoridad recurrida emitió y notificó el pronunciamiento reclamado, actuación que, además, se produjo una vez transcurrido el plazo de un mes previsto en el ordenamiento jurídico para resolver ese tipo de gestiones. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo, según se dispondrá en la parte dispositiva de esta sentencia.", "excerpt_en": "The Chamber sees no reason to change the criterion quoted above. The denial is not considered unreasonable or arbitrary when it is based on a technical justification, in this case the absence of distribution and collection infrastructure in front of the applicant’s property. The substantive dispute may be brought through the legality channel. Accordingly, the amparo is denied on this issue.\n\nAs for the applicant’s complaint that the appeal against resolution No. SIGDD-2021-0006260-1-1-1 had not been decided, the institution issued resolution No. GG-R-2026-0329 on 5 June 2026, after learning on 3 June 2026 that this amparo proceeding had been filed. It denied the appeal and notified the protected party that same day by the email address designated for notices. The Chamber nevertheless finds that the authority issued and notified the challenged decision as a result of the Chamber’s intervention, and after the one-month period established by law for deciding such matters had elapsed. Accordingly, the amparo must be granted on this issue, as set out in the operative part of this judgment.", "outcome": { "label_en": "Partially granted", "label_es": "Parcialmente con lugar", "summary_en": "The Chamber granted the amparo in part solely because of the delay in deciding the appeal against the water-availability denial, without a special award of costs, damages, or losses; it denied the remaining claims.", "summary_es": "La Sala declaró parcialmente con lugar el amparo únicamente por el retardo en resolver la apelación contra la denegatoria de disponibilidad de agua, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios; rechazó los demás extremos." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando IV", "quote_en": "The substantive dispute may be brought through the legality channel.", "quote_es": "La discusión del tema de fondo puede ser planteada en la vía de legalidad." }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "The denial is not considered unreasonable or arbitrary when it rests on a technical justification, in this case the lack of distribution and collection infrastructure in front of the applicant’s property.", "quote_es": "No se estima que la denegatoria sea irrazonable ni antojadiza cuando se basa en una justificación técnica como es, en este caso, la inexistencia de infraestructura de distribución y recolección frente al inmueble solicitante." }, { "context": "Voto salvado parcial de los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal", "quote_en": "Water is not just any service; it is an essential human right.", "quote_es": "El agua no es un servicio cualquiera, es un derecho humano esencial" } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1412665", "tier": 2, "is_environmental": true, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Revisión del Documento\n\n\n\nExp: 26-017162-0007-CO \n\nRes. Nº 2026025749\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del diez de julio de dos mil veintiseis .\n\n \n\nRecurso de amparo que se tramita en el expediente número 26-017162- 0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.\n\nRESULTANDO:\n\n1.- Por escrito recibido en esta Sala el 14 de mayo de 2026, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y expone literalmente: \"(…) El 16 de marzo de 2026 solicité disponibilidad de agua potable relativa al proyecto de Vivienda con 1 Unidad Habitacional, el cual se ubicará en la propiedad, matrícula de Folio Real número [Valor 002] localizada en [Nombre 002], según Plano Catastro N°[Valor 003] SEGUNDO: El día 01 de abril de 2026 se me notifica por conreo electrónico lo siguiente Para agua potable: Fuera del área de abastecimiento del Acueducto. No se tiene infraestructura de producción ni distribución en este sector. Para alcantarillado sanitario: El sistema de Alcantarillado Sanitario no se encuentra en disponible en la zona para nuevas conexiones: No hay red de alcantarillado sanitario. Se certifica que, a la fecha de emisión de este documento, no posee servicios con AyA. TERCERO: Disponibilidad Negativa N°2026-00006260-1, el cuál en resumen señala lo siguiente: Para el sistema de Agua Potable: Por ubicación geográfica del inmueble, que lo localiza fuera del área de cobertura de los sistemas de AyA. Para el sistema de Alcantarillado Sanitario, no se encuentra disponible en la zona para nuevas conexiones: No hay red de alcantarillado sanitario. Lo anterior, de conformidad con los artículos 2, 7 (inciso 12, 130, 132), 8, 14 del Reglamento de Prestación de Servicios de AyA, artículo 18 (inciso f, g) del Reglamento Técnico para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes de ARESEP y los artículos 11, 16, 239,240, 245, 269.1, 291.1, 342, 343, 344.1, 346.1, 347 y 349 de la Ley General de la Administración Pública. Contra la presente tiene a su haber los Recursos de Revocatoria y/o Apelación en Subsidio ante esta misma oficina, dentro del plazo legal e improrrogable de tres (3) días hábiles, ante esta misma oficina o al correo Iinea800@ava.ao.cr. CUARTO: Se adjunta estudio que indica 1.1 Número de solicitud 2026-00006260-1 1.2 Folio real 1-0580857---003 1.3 Plano de catastro o agrimensura [Valor 003] 3.1 ¿Es correcto el sistema sugerido en el análisis preliminar (N/A)? Si 3.2 ¿Es correcta la zona de operación sugerida en el análisis preliminar (N/A)? Si 3.3 ¿Es correcto el caudal requerido estimado para abastecer el proyecto? (0.45)? No 3.3.1 Indique el caudal requerido (m3/d) correcto para abastecer el proyecto. 0.80 3.3.2 Justifique su criterio sobre el caudal requerido indicado. Para 1 vivienda se requiere 0.8 m3/día Caudal reservado (m3/d)? Caudal reservado (I/s) 3.4 Indique la presión mínima de servicio (metros columna de agua - m.c.a.) en la zona donde se ubica la propiedad solicitante. 3.5 Indique la presión máxima de servicio (metros columna de agua m.c.a.) en la zona donde se ubica la propiedad solicitante. 0.00 3.6 ¿Existe tubería de distribución frente a alguno de los linderos de la propiedad solicitante? No 3.7 ¿Existe disponibilidad de agua potable para la propiedad solicitante? No 3.7.1 Seleccione los motivos de negación de le disponibilidad. Por ubicación geográfica del inmueble que lo localiza fuera del área de cobertura de los sistemas de AyA. 3.8 ¿Existe posibilidad de emitir constancia de capacidad hídrica? No 3.9 Observaciones sobre el criterio técnico AP La tubería cercana al inmueble es de CONDUCCIÓN. 4.1 ¿Propiedad cuenta con CAS? No 4.2 ¿Es correcto el sistema de saneamiento sugerido en el análisis preliminar (Fuera del área de cobertura)? SI 4.3 ¿Es correcta la zona de cobertura de saneamiento sugerida en el análisis preliminar (Fuera del área de cobertura)? Si 4.4 ¿Existe tubería frente a alguno de los linderos del Inmueble? NO 4.5 ¿Pozo aguas arriba localizado? NO 4.6 ¿Pozo aguas abajo localizado? No 4.1 ¿Existen cajas de registro cercanas (vecinos)? No. 4.8 ¿Existe posibilidad de conexión a gravedad? No 4.9 ¿Existe red de alcantarillado? NO 4.10 ¿Se cobra el servicio de alcantarillado en la manzana? No 4.11 ¿Existe red de alcantarillado prevista? No 4.12 ¿Cuenta con acometida? No 4.13 Seleccione de la lista si existen otros servicios públicos o infraestructura que afectan la conexión. No aplica 4.14 ¿El sistema cuenta con capacidad hidráulica? No 4.15 ¿Existe disponibilidad de alcantarillado sanitario para la propiedad solicitante? No 4.15.1 En caso de marcar \"No\", indique los motivos de la negación de la disponibilidad. No hay red de alcantarillado sanitario 4.16 ¿Existe posibilidad de emitir constancia de capacidad de recolección? No. 4.17 Observaciones sobre el criterio técnico AP La tubería cercana al inmueble es de CONDUCCIÓN. Cuarto: Según la RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL INS`IT|'UTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCFOS Y ALCANTARILLADOS No. UEN-SCMED-GAM 2026-00673, para lo que nos interesa esgrime: \" Si bien es cierto existen servicios de agua potable materializados en la calle \"principal\" hace aproximadamente 20 años atrás, además de edificaciones construidas, los servicios, fueron otorgados, sin considerar la limitante técnica existente en el sitio. Lo anterior, no implica que, la existencia de servicios derive el otorgamiento de nuevos servicios o disponibilidades, pues lo que realmente determina la posibilidad de otorgar la Disponibilidad de Agua Potable, es la existencia real y optima de la infraestructura de agua potable existente frente a los linderos de cada propiedad, así como las condiciones mínimas para catalogar el servicio como idóneo. Además, en ampliación a lo anterior, el servicio NIS [Valor 004], plasmado en el documento, se presume, se instalaron debido a un error material (hace más de 15 años mediante \"pajas jaladas\"), sin embargo, un error no genera derecho, es decir, no puede perpetuarse al seguir incurriendo con la adjudicación de Disponibilidades de Agua Potable al margen de las normativa técnica y legal antes señalada. Cabe señalar él se presume ósea por una presunción se me viola el PRINCIPIO DE IGUALDAD. Quinto: Que al día de hoy -pasados ya más de 10 días hábiles desde que se presentó la gestión- no he recibido respuesta alguna por parte del INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, lo cual sin duda no solo viola mi derecho constitucional de petición, sino que además causa grave incertidumbre y daños y perjuicios. (…)\".\n\n2.- Mediante resolución de Presidencia de las 23:56 horas del 2 de junio de 2026, se realizó prevención a la recurrente. \n\n3.- Informa bajo juramento, Lourdes María Suárez Barboza, en condición de presidente ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que: \n\n“(…) En fecha 16 de marzo de 2026 el señor [Nombre 001] presentó solicitud de disponibilidad de servicios para el inmueble inscrito bajo el folio real [Valor 005], plano catastro [Valor 006], ubicado en el distrito de [...], gestión que fue registrada bajo el consecutivo [Valor 007]. (ver memorando N°UEN-SCMED-GAM-2026-01086) Como resultado del estudio técnico efectuado por las áreas competentes, se determinó que el inmueble objeto de la gestión no cuenta con las condiciones requeridas para el otorgamiento de disponibilidad positiva de servicios, por cuanto no existe infraestructura de producción ni de distribución que permita brindar el servicio solicitado en dicho sector, la infraestructura existente en las cercanías corresponde a una tubería de conducción, la cual no constituye una red de distribución habilitada para la incorporación de nuevos servicios. Consecuentemente, la gestión fue resuelta de forma negativa para los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, decisión que fue oportunamente notificada el día 01 de abril de 2026 a los medios señalados por el propio gestionante para recibir notificaciones. (ver memorando N°UEN-SCMED-GAM-2026-01086 Respecto a los argumentos planteados por el recurrente relacionados con la existencia de servicios en propiedades cercanas, se determinó que la valoración de una solicitud de disponibilidad debe efectuarse con base en las condiciones reales y actuales de infraestructura, cobertura y capacidad del sistema existente al momento de resolver cada gestión. En consecuencia, la existencia de servicios otorgados con anterioridad no constituye, por sí misma, un elemento que obligue a la Administración a reconocer nuevas disponibilidades cuando las condiciones técnicas vigentes no lo permiten. (ver memorando N°UEN-SCMED-GAM-2026- 01086) Finalmente, consta en el expediente administrativo que la totalidad de las gestiones promovidas por el recurrente fueron debidamente atendidas por la Institución, emitiéndose los actos administrativos correspondientes y resolviéndose los recursos planteados conforme a los procedimientos legalmente establecidos, culminando con la resolución emitida por la Gerencia General dentro del trámite recursivo respectivo. (ver memorando N°UEN-SCMED-GAM-2026- 01086). (…)”.\n\nSolicita se declare sin lugar el recurso.\n\n 4.- En la substanciación de este proceso se han observado las prescripciones de ley.\n\n Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\n I.- De previo. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia n.º 2008-2545, de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este recurso, se plantea un supuesto de excepción, pues trata de una supuesta falta de respuesta a un recurso de apelación planteado contra la denegatoria de una solicitud de disponibilidad de agua potable para uso residencial.\n\nII.- Objeto del recurso. La persona recurrente considera lesionados sus derechos fundamentales. Refiere que el 16 de marzo de 2026 solicitó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) la disponibilidad de agua potable para un proyecto de una unidad habitacional que pretende desarrollar en Patarrá de Desamparados, provincia de San José. Señala que, mediante notificación de 1.° de abril de 2026, se le comunicó que la gestión fue denegada por encontrarse el inmueble fuera del área de cobertura de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario administrados por esa institución, criterio que fue reiterado en la Disponibilidad Negativa N.° 2026-00006260-1 y en el estudio técnico correspondiente, en los cuales se consignó que la propiedad carece de infraestructura de distribución frente a sus linderos y que no existe disponibilidad para nuevas conexiones. Alega que, pese a la existencia de servicios de agua potable y de edificaciones en las inmediaciones del inmueble, la autoridad recurrida justificó la negativa indicando que dichos servicios habrían sido otorgados por un supuesto error material ocurrido años atrás, circunstancia que, a su juicio, vulnera el principio de igualdad al impedirle acceder al servicio en condiciones similares. Asimismo, reclama que han transcurrido más de diez días hábiles desde la interposición del recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución indicada, sin que la institución recurrida haya emitido el pronunciamiento correspondiente.\n\nIII.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\n\nEl 16 de marzo del 2026, el recurrente interpuso gestión de solicitud de disponibilidad de agua ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, registrado bajo el consecutivo [Valor 007], sobre al inmueble con Folio Real [Valor 005], localizado en el [Nombre 002] (véase informe y documentación aportada).\n\nMediante resolución N.°SIGDD-2021-0006260-1-1-1 del 1° de abril de 2026, la solicitud de disponibilidad de servicio fue resuelta de manera negativa para el servicio de agua potable y negativa para alcantarillado sanitario, pues conforme al estudio técnico realizado para el caso se indicó lo siguiente: “No se tiene infraestructura de producción ni distribución en este sector”. Dicha resolución fue notificada al recurrente en esa misma fecha, al medio de notificación indicado -despachoaraya@gmail.com- (ver informes rendidos bajo juramento y documentación aportada).\n\nEl 7 de abril de 2026, el recurrente interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución N.°SIGDD-2021-0006260-1-1-1 (véase informe y documentación aportada).\n\nMediante resolución N.°UEN-SCMED-GAM-2026-00673 del 20 de abril de 2026, la institución recurrida rechazó el recurso de revocatoria interpuesto y ratificó la resolución N.°SIGDD-2021-0006260-1-1-1, que denegó la solicitud de agua potable. En consecuencia, trasladó el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente al superior jerárquico, para su análisis y resolución. Dicha resolución fue notificada al amparado ese mismo día, al correo electrónico indicado -despachoaraya@gmail.com- (véase informe y documentación aportada).\n\nEl 3 de junio de 2026, la autoridad recurrida fue notificada de la resolución que diera curso a este proceso (véase acta de notificación).\n\nMediante resolución N.°GG-R-2026-0329, del 5 de junio de 2026, el gerente general del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente, en contra de la resolución de N.°SIGDD-2021-0006260-1-1-1. Dicha resolución fue notificada al tutelado en esa misma fecha al correo electrónico indicado - despachoaraya@gmail.com- (véase informe y documentación aportada).\n\nIV.- SOBRE LA INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE CON LA DENEGATORIA DE DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE. En el sub lite, se tiene por acreditado que el 16 de marzo del 2026, el recurrente interpuso gestión de solicitud de disponibilidad de agua ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, registrado bajo el consecutivo [Valor 007], sobre el inmueble con Folio Real [Valor 005], localizado en el [Nombre 002]. Además, se colige que mediante resolución N.°SIGDD-2021-0006260-1-1-1 del 1° de abril de 2026, la solicitud de disponibilidad de servicio fue resuelta de manera negativa para el servicio de agua potable y negativa para alcantarillado sanitario, pues conforme al estudio técnico realizado para el caso se indicó lo siguiente: “No se tiene infraestructura de producción ni distribución en este sector”. Dicha resolución fue notificada al recurrente en esa misma fecha, al medio de notificación indicado -despachoaraya@gmail.com-. De igual forma, se verifica que el 7 de abril de 2026, el recurrente interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución N.°SIGDD-2021-0006260-1-1-1. A su vez, se tiene que mediante resolución N.°UEN-SCMED-GAM-2026-00673 del 20 de abril de 2026, la institución recurrida rechazó el recurso de revocatoria interpuesto y ratificó la resolución N.°SIGDD-2021-0006260-1-1-1, que denegó la solicitud de agua potable. En consecuencia, trasladó el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente al superior jerárquico, para su análisis y resolución. Dicha resolución fue notificada al amparado ese mismo día, al correo electrónico indicado -despachoaraya@gmail.com-. Para la resolución de este asunto es importante mencionar que el 3 de junio de 2026, la autoridad recurrida fue notificada de la resolución que diera curso a este proceso, siendo que, mediante resolución N.°GG-R-2026-0329, del 5 de junio de 2026, el gerente general del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente, en contra de la resolución de N.°SIGDD-2021-0006260-1-1-1. Dicha resolución fue notificada al tutelado en esa misma fecha al correo electrónico indicado - despachoaraya@gmail.com-. \n\nAhora bien, el recurrente de primera mano plantea disconformidad con lo resuelto por la institución accionada a través resolución de N.°SIGDD-2021-0006260-1-1-, en la que denegó el servicio de agua potable. Al respecto, según se desprende del escrito inicial, solicita a esta Sala ordenar a la autoridad recurrida otorgar la disponibilidad de agua requerida el 16 de marzo de 2026, por considerar que lo resuelto es discriminatorio. \n\nAhora bien, la Sala ha determinado que no constituye una lesión a los derechos de una persona que se niegue el servicio de agua potable cuando existen impedimentos técnicos que lo justifiquen:\n\n“II.-Sobre el caso concreto. Entre la prueba aportada, se aprecia una certificación de no disponibilidad de agua del 15 de julio de 2021, mediante la que el AyA le notificó al accionante el rechazo de su solicitud de disponibilidad de agua potable para la individualización de servicios para un apartamento ubicado en el inmueble de su propiedad. La denegatoria se sustentó en la falta de factibilidad técnica debido a la insuficiencia de capacidad hídrica e hidráulica en el sistema de abastecimiento de la zona, por lo que no se tiene disponibilidad del servicio de agua potable para nuevos proyectos de desarrollo.\n\nAsí las cosas, se acredita que el sub lite no versa sobre una denegatoria arbitraria del servicio de agua potable, pues esta se fundamentó en la falta de factibilidad técnica. En esta línea, adviértase que este Tribunal Constitucional no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la autoridad recurrida y tampoco puede reemplazar a la Administración activa en la gestión de sus competencias, de modo que no le corresponde usurpar las atribuciones que le han sido legalmente conferidas a otras dependencias, órganos o entes, como el AyA. Tampoco este Tribunal funge como mediador ante una determinada persona física o jurídica -ya sea de derecho público o privado-, para interceder a fin de que se le conceda lo que la parte recurrente pretende, en este caso, que se le instale un nuevo medidor para el apartamento que construyó para su hija. Ahora bien, si lo que ocurre es que el recurrente está inconforme con las razones que justificaron la denegatoria del nuevo medidor por parte del AyA, deberá plantear sus agravios y pretensiones ante la vía ordinaria de legalidad, para que allí se determine lo que en derecho corresponde”. (Sentencia nro. 2021018977 de las 11:50 horas de 24 de agosto de 2021).”\n\nLa Sala no observa motivos para cambiar el criterio transcrito. En efecto, no se estima que la denegatoria sea irrazonable ni antojadiza cuando se basa en una justificación técnica como es, en este caso, la inexistencia de infraestructura de distribución y recolección frente al inmueble solicitante. La discusión del tema de fondo puede ser planteada en la vía de legalidad. En consecuencia, sobre este punto se desestima el recurso. \n\nV.- SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN PENDIENTE DE RESOLUCIÓN. De otra parte, en relación con el reclamo planteado por el gestionante respecto de la falta de resolución del recurso de apelación interpuesto contra la resolución N.° SIGDD-2021-0006260-1-1-1, se verifica que la institución recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la interposición de este recurso de amparo el 3 de junio de 2026, procedió a emitir la resolución N.° GG-R-2026-0329, de 5 de junio de 2026, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación, acto que fue notificado al tutelado ese mismo día al correo electrónico señalado para recibir notificaciones; no obstante, se constata que fue con ocasión de la intervención de esta Sala que la autoridad recurrida emitió y notificó el pronunciamiento reclamado, actuación que, además, se produjo una vez transcurrido el plazo de un mes previsto en el ordenamiento jurídico para resolver ese tipo de gestiones. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo, según se dispondrá en la parte dispositiva de esta sentencia. \n\nVI.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nVII.- Nota del magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nVIII.-VOTO SALVADO PARCIAL DE LOS MAGISTRADOS CRUZ CASTRO Y RUEDA LEAL, CON REDACCIÓN DEL PRIMERO. Disentimos del criterio de mayoría. En el presente caso, se valida la negativa de la Administración de brindar un servicio esencial, con base en consideraciones técnicas relativas a la insuficiencia de la infraestructura hídrica; sin embargo, se omite ponderar adecuadamente que el acceso al agua potable constituye un derecho fundamental, indispensable para la vida, la salud y la dignidad humana.\n\nEl artículo 21 de la Constitución Política protege la vida humana, y este Tribunal ha reconocido que el acceso al agua para consumo humano es un presupuesto material de ese derecho. Asimismo, el artículo 50 constitucional impone al Estado el deber de garantizar el bienestar de todos los habitantes, lo cual incluye necesariamente el acceso efectivo, suficiente y continuo al agua potable. En el ámbito internacional, instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –interpretado por el Comité DESC en su Observación General No. 15– reconocen el derecho humano al agua, obligando a los Estados a adoptar medidas positivas para su plena realización. Hay una obligación reforzada impuesta al Estado en un estado social y democrático de derecho, por esta razón el suministro de agua, es una obligación prioritaria de los poderes públicos.\n\nDesde esta perspectiva, la invocación de limitaciones técnicas no puede erigirse en una justificación absoluta para desatender una necesidad básica de subsistencia. La Administración no puede limitarse a constatar la insuficiencia del sistema; tiene el deber jurídico de planificar, prever y ejecutar las acciones necesarias para garantizar progresivamente el acceso al servicio al agua, especialmente cuando se trata de consumo humano.\n\nEl enfoque mayoritario normaliza una omisión estructural: acepta que la falta de infraestructura exonera al Estado de su obligación, cuando precisamente esa carencia evidencia un incumplimiento de su deber de previsión. No se trata de obligar a lo imposible, sino de exigir que la Administración adopte medidas razonables, alternativas o progresivas para no dejar en desprotección a las personas.\n\nEl agua no es un servicio cualquiera, es un derecho humano esencial, por ello, la autoridad accionada no puede desentenderse de su deber de garantizarlo, escudándose en limitaciones técnicas sin ofrecer soluciones efectivas.\n\nPor estas razones, estimamos que el proceso debió ser declarado, al menos para ordenar a la Administración la adopción de medidas concretas y progresivas que garantice, en un plazo razonable, el acceso efectivo al agua potable de la parte amparada. El agua es un bien y un derecho fundamental cuya vigencia debe asegurarse efectivamente, es un deber ineludible. \n\nIX.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.\n\nSi bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.\n\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:\n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:\n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.\n\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.\n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.\n\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante, la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.\n\nEn mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.\n\nComo razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:\n\n\"ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de habeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias\".\n\nEs claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a nuestro juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externamos nuestro voto y reiteramos que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.\n\nX.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA.\n\nDice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. \n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.\n\nEn razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.\n\nXI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nDe conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara parcialmente con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, únicamente por el retardo de la administración en resolver el recurso de apelación interpuesto por el tutelado. En cuanto a lo demás, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez, consigna nota. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan parcialmente el voto y declaran con lugar el recurso en todos sus extremos. El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n JN7TTF7OLFM61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-017162-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).", "body_en_text": "Document Review\n\n\n\nExp: 26-017162-0007-CO\n\nRes. Nº 2026025749\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at 9:25 a.m. on 10 July 2026.\n\nAmparo proceeding processed under case number 26-017162-0007-CO, filed by [Nombre 001], identity card [Valor 001], against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS.\n\nBACKGROUND:\n\n1.- In a written submission received by this Chamber on 14 May 2026, the petitioner files an amparo application against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and states verbatim: “(…) On 16 March 2026, I requested water service availability for a housing project with 1 residential unit, which will be located on the property registered under Real Folio No. [Valor 002], located in [Nombre 002], according to Cadastral Plan No. [Valor 003]. SECOND: On 01 April 2026, I was notified by email as follows: For drinking water: Outside the aqueduct’s service area. There is no production or distribution infrastructure in this sector. For sanitary sewer service: The sanitary sewer system is not available in the area for new connections: There is no sanitary sewer network. This certifies that, as of the date this document was issued, you do not have services with AyA. THIRD: Negative Availability No. 2026-00006260-1, which in summary states the following: For the drinking water system: Due to the property’s geographic location, it is outside the coverage area of AyA’s systems. For the sanitary sewer system, it is not available in the area for new connections: There is no sanitary sewer network. The foregoing is in accordance with articles 2, 7 (subsections 12, 130, 132), 8, 14 of the AyA Service Provision Regulations, article 18 (subsections f, g) of ARESEP’s Technical Regulations for the Provision of Drinking Water, Sanitary Sewer, and Fire Hydrant Services, and articles 11, 16, 239,240, 245, 269.1, 291.1, 342, 343, 344.1, 346.1, 347 and 349 of the General Law of Public Administration. You may file a motion for reconsideration and/or an appeal in the alternative against this decision with this same office, within the legal and non-extendable period of three (3) business days, with this same office or by email at Iinea800@ava.ao.cr. FOURTH: An assessment is attached indicating 1.1 Application number 2026-00006260-1 1.2 Real folio 1-0580857---003 1.3 Cadastral or surveying plan [Valor 003] 3.1 Is the system suggested in the preliminary analysis (N/A) correct? Yes 3.2 Is the operating area suggested in the preliminary analysis (N/A) correct? Yes 3.3 Is the estimated flow rate required to supply the project (0.45) correct? No 3.3.1 State the correct flow rate (m3/d) required to supply the project. 0.80 3.3.2 Explain your position on the stated required flow rate. One residence requires 0.8 m3/day Reserved flow rate (m3/d)? Reserved flow rate (I/s) 3.4 State the minimum service pressure (meters of water column - m.c.a.) in the area where the applicant’s property is located. 3.5 State the maximum service pressure (meters of water column m.c.a.) in the area where the applicant’s property is located. 0.00 3.6 Is there a distribution pipe in front of any boundary of the applicant’s property? No 3.7 Is drinking water available for the applicant’s property? No 3.7.1 Select the reasons for denying availability. Due to the property’s geographic location, it is outside the coverage area of AyA’s systems. 3.8 Is it possible to issue a water-capacity certificate? No 3.9 Comments on the AP technical assessment: The pipe near the property is a CONVEYANCE pipe. 4.1 Does the property have CAS? No 4.2 Is the sanitation system suggested in the preliminary analysis (outside the coverage area) correct? YES 4.3 Is the sanitation coverage area suggested in the preliminary analysis (outside the coverage area) correct? Yes 4.4 Is there a pipe in front of any boundary of the property? NO 4.5 Is there an upstream manhole? NO 4.6 Is there a downstream manhole? No 4.1 Are there nearby inspection boxes (neighbors)? No. 4.8 Is gravity connection possible? No 4.9 Is there a sewer network? NO 4.10 Is sewer service billed on the block? No 4.11 Is a sewer network planned? No 4.12 Is there a service connection? No 4.13 Select from the list whether other public services or infrastructure affect the connection. Not applicable 4.14 Does the system have hydraulic capacity? No 4.15 Is sanitary sewer service available for the applicant’s property? No 4.15.1 If you selected ‘No,’ state the reasons for denying availability. There is no sanitary sewer network 4.16 Is it possible to issue a collection-capacity certificate? No. 4.17 Comments on the AP technical assessment: The pipe near the property is a CONVEYANCE pipe. Fourth: According to ADMINISTRATIVE RESOLUTION OF THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS No. UEN-SCMED-GAM 2026-00673, the points relevant to us are as follows: ‘While it is true that drinking water services were installed on the “main” road approximately 20 years ago, and that buildings were constructed, those services were granted without taking into account the technical limitation at the site. The foregoing does not mean that the existence of services entails the granting of new services or availabilities, since what actually determines whether Drinking Water Availability may be granted is the actual and optimal existence of drinking water infrastructure in front of each property’s boundaries, as well as the minimum conditions for classifying the service as suitable. Furthermore, in addition to the foregoing, service NIS [Valor 004], recorded in the document, is presumed to have been installed due to a clerical error (more than 15 years ago by means of “pulled water hookups”); however, an error does not create a right. That is, it cannot be perpetuated by continuing to grant Drinking Water Availabilities contrary to the technical and legal regulations cited above.’ It should be noted that they presume—that is, based on a presumption—my RIGHT TO EQUALITY has been violated. Fifth: As of today—more than 10 business days after the request was filed—I have received no response from the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS, which undoubtedly not only violates my constitutional right of petition, but also causes serious uncertainty and damages. (…)”\n\n2.- By resolution of the Presidency issued at 23:56 on 2 June 2026, the petitioner was directed to provide further information.\n\n3.- Lourdes María Suárez Barboza, in her capacity as executive president of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, reports under oath that:\n\n“(…) On 16 March 2026, Mr. [Nombre 001] filed a request for service availability for the property registered under real folio [Valor 005], cadastral plan [Valor 006], located in the district of [...]. The request was recorded under consecutive number [Valor 007]. (See memorandum No. UEN-SCMED-GAM-2026-01086.) Based on the technical assessment conducted by the competent areas, it was determined that the property in question does not meet the conditions required for a positive determination of service availability, because there is no production or distribution infrastructure that would allow the requested service to be provided in that sector. The existing infrastructure nearby is a conveyance pipe, which does not constitute a distribution network authorized to accommodate new services. Accordingly, the request was denied for drinking water and sanitary sewer services. The decision was duly notified on 01 April 2026 through the means designated by the requester to receive notifications. (See memorandum No. UEN-SCMED-GAM-2026-01086.) Regarding the petitioner’s arguments concerning the existence of services on nearby properties, it was determined that an availability request must be assessed based on the actual and current infrastructure, coverage, and capacity of the existing system at the time each request is decided. Consequently, the prior granting of services does not, in itself, require the Administration to recognize new availabilities when current technical conditions do not permit them. (See memorandum No. UEN-SCMED-GAM-2026-01086.) Finally, the administrative case file shows that the Institution duly addressed all requests made by the petitioner, issuing the corresponding administrative acts and deciding the appeals filed in accordance with the legally established procedures, culminating in the resolution issued by the General Management in the relevant appeal proceedings. (See memorandum No. UEN-SCMED-GAM-2026-01086.) (…)”\n\nShe requests that the amparo application be dismissed.\n\n4.- The legal requirements have been observed in the processing of this proceeding.\n\nPrepared by Justice Hess Herrera; and,\n\nREASONS:\n\nI.- Preliminary matter. Before addressing the merits of the matter—concerning the alleged violation of the right to a prompt and duly completed procedure—it should be clarified that, beginning with judgment No. 2008-2545, issued at 08:55 on 22 February 2008, this Chamber has referred to the administrative-litigation jurisdiction—with some exceptions—matters in which it is disputed whether the public administration has complied with the time limits established by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or by sector-specific laws governing special administrative procedures, either to issue a final administrative act in a procedure initiated ex officio or at a party’s request, or to decide the available administrative appeals. This appeal presents an exception, since it concerns an alleged failure to respond to an appeal filed against the denial of a request for drinking water availability for residential use.\n\nII.- Subject of the amparo application. The petitioner considers their fundamental rights to have been violated. They state that on 16 March 2026 they requested from the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA) drinking water availability for a project consisting of one residential unit that they intend to develop in Patarrá de Desamparados, province of San José. They indicate that, by notification dated 1 April 2026, they were informed that the request had been denied because the property was outside the coverage area of the drinking water and sanitary sewer systems administered by that institution. That position was reiterated in Negative Availability No. 2026-00006260-1 and the corresponding technical assessment, which recorded that the property lacked distribution infrastructure along its boundaries and that no availability existed for new connections. They allege that, despite the existence of drinking water services and buildings near the property, the respondent authority justified the denial by stating that those services had allegedly been granted due to a clerical error years earlier, a circumstance that, in their view, violates the principle of equality by preventing them from accessing the service under similar conditions. They also complain that more than ten business days have passed since they filed a motion for reconsideration with an appeal in the alternative against the stated resolution, without the respondent institution having issued a decision.\n\nIII.- Facts found. The following facts, relevant to deciding this matter, are deemed duly proven, either because they have been established or because the respondent authority failed to address them, as required by the initial order:\n\nOn 16 March 2026, the petitioner filed a request for water availability with the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, recorded under consecutive number [Valor 007], concerning the property with Real Folio [Valor 005], located in [Nombre 002] (see report and documentation submitted).\n\nBy resolution No. SIGDD-2021-0006260-1-1-1 of 1 April 2026, the request for service availability was denied for drinking water and sanitary sewer service, because the technical assessment conducted for the case stated: “There is no production or distribution infrastructure in this sector.” That resolution was notified to the petitioner on the same date through the designated means of notification—despachoaraya@gmail.com (see reports made under oath and documentation submitted).\n\nOn 7 April 2026, the petitioner filed a motion for reconsideration with an appeal in the alternative against resolution No. SIGDD-2021-0006260-1-1-1 (see report and documentation submitted).\n\nBy resolution No. UEN-SCMED-GAM-2026-00673 of 20 April 2026, the respondent institution denied the motion for reconsideration and upheld resolution No. SIGDD-2021-0006260-1-1-1, which had denied the request for drinking water. Consequently, it forwarded the appeal filed in the alternative to the hierarchical superior for review and decision. That resolution was notified to the amparo applicant on the same day at the indicated email address—despachoaraya@gmail.com (see report and documentation submitted).\n\nOn 3 June 2026, the respondent authority was notified of the resolution admitting this proceeding (see notification record).\n\nBy resolution No. GG-R-2026-0329 of 5 June 2026, the general manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers denied the appeal filed in the alternative against resolution No. SIGDD-2021-0006260-1-1-1. That resolution was notified to the person protected by the amparo on the same date at the indicated email address—despachoaraya@gmail.com (see report and documentation submitted).\n\nIV.- REGARDING THE PETITIONER’S DISAGREEMENT WITH THE DENIAL OF DRINKING WATER AVAILABILITY. In this case, it has been established that on 16 March 2026, the petitioner filed a request for water availability with the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, recorded under consecutive number [Valor 007], concerning the property with Real Folio [Valor 005], located in [Nombre 002]. It is also clear that, by resolution No. SIGDD-2021-0006260-1-1-1 of 1 April 2026, the request for service availability was denied for drinking water and sanitary sewer service, because the technical assessment conducted for the case stated: “There is no production or distribution infrastructure in this sector.” That resolution was notified to the petitioner on the same date through the designated means of notification—despachoaraya@gmail.com. Likewise, it is established that on 7 April 2026, the petitioner filed a motion for reconsideration with an appeal in the alternative against resolution No. SIGDD-2021-0006260-1-1-1. It is also established that, by resolution No. UEN-SCMED-GAM-2026-00673 of 20 April 2026, the respondent institution denied the motion for reconsideration and upheld resolution No. SIGDD-2021-0006260-1-1-1, which had denied the request for drinking water. Consequently, it forwarded the appeal filed in the alternative to the hierarchical superior for review and decision. That resolution was notified to the amparo applicant on the same day at the indicated email address—despachoaraya@gmail.com. For purposes of deciding this matter, it is important to note that on 3 June 2026, the respondent authority was notified of the resolution admitting this proceeding and that, by resolution No. GG-R-2026-0329 of 5 June 2026, the general manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers denied the appeal filed in the alternative against resolution No. SIGDD-2021-0006260-1-1-1. That resolution was notified to the person protected by the amparo on the same date at the indicated email address—despachoaraya@gmail.com.\n\nThe petitioner’s primary complaint concerns the decision made by the respondent institution in resolution No. SIGDD-2021-0006260-1-1-, which denied drinking water service. In that regard, as is clear from the initial submission, the petitioner asks this Chamber to order the respondent authority to grant the water availability requested on 16 March 2026, on the ground that the decision was discriminatory.\n\nThe Chamber has determined that denying drinking water service does not violate a person’s rights when technical impediments justify the denial:\n\n“II.- The specific case. Among the evidence submitted, there is a certification of water unavailability dated 15 July 2021, by which AyA notified the petitioner that their request for drinking water availability to establish separate services for an apartment located on their property had been denied. The denial was based on the lack of technical feasibility due to insufficient water and hydraulic capacity in the area’s supply system, and therefore drinking water service was not available for new development projects.\n\nAccordingly, it has been established that this case does not concern an arbitrary denial of drinking water service, since the denial was based on a lack of technical feasibility. In this regard, it should be noted that this Constitutional Court does not oversee the legality of the actions or decisions of the respondent authority, nor may it replace the active Administration in the exercise of its powers. It therefore may not usurp powers legally conferred on other departments, bodies, or entities, such as AyA. Nor does this Court act as a mediator with a particular natural or legal person—whether governed by public or private law—to intercede on behalf of a petitioner so that the petitioner may obtain what they seek, in this case, installation of a new meter for the apartment they built for their daughter. If the petitioner disagrees with the reasons AyA gave for denying the new meter, they must bring their grievances and claims before the ordinary legality forum, where the matter may be decided in accordance with the law.” (Judgment No. 2021018977, issued at 11:50 on 24 August 2021.)\n\nThe Chamber sees no reason to depart from the stated criterion. The denial is not considered unreasonable or arbitrary when it is based on a technical justification, in this case the absence of distribution and collection infrastructure along the boundaries of the applicant’s property. The merits of the matter may be litigated through the legality forum. Accordingly, the amparo application is denied on this point.\n\nV.- REGARDING THE APPEAL AWAITING DECISION. Separately, with respect to the petitioner’s complaint that no decision had been issued on the appeal filed against resolution No. SIGDD-2021-0006260-1-1-1, it is established that, after learning on 3 June 2026 that this amparo application had been filed, the respondent institution issued resolution No. GG-R-2026-0329 on 5 June 2026, denying the appeal. That act was notified to the person protected by the amparo on the same day at the email address designated for receiving notifications. However, it is established that the respondent authority issued and notified the challenged decision only as a result of this Chamber’s intervention. That action also took place after the one-month period established by the legal system for deciding this type of request had elapsed. Accordingly, the amparo application must be granted on this point, as will be set out in the operative part of this judgment.\n\nVI.- REGARDING THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES UNDER ARTICLE 52 OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION LAW. On further consideration, the majority of the Chamber considers that, in this case, in accordance with paragraph 1 of article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial decision is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the amparo application shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if appropriate”), the application should be granted without a specific award of costs, damages, and losses, for the following reasons. Although the law expressly requires the operative part of the judgment to state that the amparo application is granted when the grievance is resolved while the amparo is pending, the final clause of that same paragraph also provides that the application is granted “solely for purposes of compensation and costs, if appropriate.” The law says “if appropriate,” which means that whether compensation and costs are appropriate depends on the Court’s assessment, evaluation, or weighing of the circumstances. In cases such as this one, the content of the amparo applicant’s claim and the respondent authority’s conduct in acknowledging it suggest that the alleged impairments, violations, or alterations do not directly concern an impact on a constitutional right of an evidently pecuniary nature (as would be the case, for example, with an infringement of the right to a salary). To dispel any doubt in that regard, it is important to highlight article 51 of the same Constitutional Jurisdiction Law, which provides that “every resolution granting the application shall order, in the abstract, compensation for the damages and losses caused and payment of the costs of the application, with their quantification reserved for enforcement of the judgment.” That provision does not allow for an assessment of whether compensation and costs are appropriate. The principles of Constitutional Law, Public Law, and General Procedure or, where applicable, International or Community Law, and, in addition, in that order, the General Law of Public Administration, the Code of Administrative Litigation Procedure, and the other procedural codes, are supplementary sources for applying and interpreting the provisions of the Constitutional Jurisdiction Law—see article 14. For the administrative-litigation jurisdiction, the legislature established a provision in article 197 of the Code of Administrative Litigation Procedure that applies fully to this case by analogy and reflects procedural logic in any area of law. In any event, the affected party in this case retains the option of bringing proceedings on the merits, if they so choose, to demonstrate that they suffered some form of impairment. Based on the foregoing, the majority considers that this amparo application should be resolved without an award of costs, damages, or losses.\n\nVII.- Note by Justice Castillo Víquez concerning prompt and duly completed administrative justice. I have supported this Court’s position that when a litigant alleges a violation of the right to prompt and duly completed justice in administrative proceedings, the Administrative Litigation Courts, rather than this Chamber, should hear the legal dispute. However, with the recent enactment of Law No. 9097, the Law on the Regulation of the Right of Petition, that right has been established as subject to judicial protection through the amparo application provided for in article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law, in relation to article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in cases where the petitioner considers that the Administration’s actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted legislation does not require this Court to change its line of precedent. Under article 7 of its Law, this Court alone is responsible for defining its own jurisdiction. Therefore, except for those constitutional legal disputes that this Chamber itself has recognized as exceptions and that may be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo guarantee proceeding, the competent judges in all other cases, for the reasons this Court has given (judgment No. 2008-02545, issued at 8:55 on 22 February 2008), are the judges of the administrative-litigation jurisdiction. This is consistent with article 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and rules), and the relevant legal provisions, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\nVIII.- PARTIAL DISSENTING OPINION OF JUSTICES CRUZ CASTRO AND RUEDA LEAL, DRAFTED BY THE FORMER. We disagree with the majority’s position. In this case, the Administration’s refusal to provide an essential service is upheld on the basis of technical considerations concerning insufficient water infrastructure. However, the decision fails to give due weight to the fact that access to drinking water is a fundamental right, indispensable to life, health, and human dignity.\n\nArticle 21 of the Political Constitution protects human life, and this Court has recognized that access to water for human consumption is a material prerequisite for that right. Likewise, article 50 of the Constitution imposes on the State the duty to ensure the well-being of all inhabitants, which necessarily includes effective, sufficient, and continuous access to drinking water. At the international level, instruments such as the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights—interpreted by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights in its General Comment No. 15—recognize the human right to water and require States to take positive measures to achieve its full realization. A heightened obligation is imposed on the State in a social and democratic state governed by the rule of law. For this reason, the supply of water is a priority obligation of the public authorities.\n\nFrom this perspective, invoking technical limitations cannot serve as an absolute justification for disregarding a basic need for subsistence. The Administration cannot merely establish that the system is insufficient; it has a legal duty to plan, anticipate, and carry out the actions necessary to progressively guarantee access to water service, especially for human consumption.\n\nThe majority’s approach normalizes a structural omission: it accepts that a lack of infrastructure releases the State from its obligation, when that very lack shows that the State has failed in its duty to plan ahead. This is not a matter of requiring the impossible, but of requiring the Administration to adopt reasonable, alternative, or progressive measures so as not to leave people without protection.\n\nWater is not just any service; it is an essential human right. The respondent authority therefore cannot disregard its duty to guarantee that right by sheltering behind technical limitations without offering effective solutions.\n\nFor these reasons, we consider that the proceeding should have been granted, at least to order the Administration to adopt concrete and progressive measures to guarantee the amparo applicant effective access to drinking water within a reasonable period. Water is a good and a fundamental right whose exercise must be effectively secured; that is an inescapable duty.\n\nIX.- PARTIAL DISSENTING OPINION OF JUSTICE SALAZAR ALVARADO, SOLELY WITH RESPECT TO THE FAILURE TO ORDER THE RESPONDENT TO PAY COSTS, DAMAGES, AND LOSSES.\n\nAlthough I agree with the rest of the Chamber that the amparo application should be granted, I disagree with the majority’s position exempting the respondent from paying the costs, damages, and losses arising from the injury to the fundamental rights of the person protected by the amparo.\n\nArticle 52 of the Constitutional Jurisdiction Law provides:\n\n“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial decision is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the amparo application shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if appropriate.”\n\nArticle 51 of that Law, in turn, provides:\n\n“...every resolution granting the application shall order, in the abstract, compensation for the damages and losses caused and payment of the costs of the application, with their quantification reserved for enforcement of the judgment.”\n\nThe latter provision establishes the general system governing compensation and payment of costs, which the majority calls the “natural or normal manner of concluding the proceeding, where there is a decision on the merits and recognition of the facts that violated fundamental rights…”.\n\nIn the majority’s view, article 51 governs cases in which the Chamber has found the grievance proven, and thus an award of costs, damages, and losses becomes necessary. However, in my view, a systematic interpretation of both provisions leads to the conclusion that, both when this Constitutional Court finds a violation of a fundamental right and therefore grants the amparo application, and when the Administration, acting on its own initiative, restores the aggrieved person’s enjoyment of their fundamental rights after learning of the amparo application—the situation contemplated in article 52—the necessary and unavoidable consequence under articles 50 and 51 of the cited Law is an order requiring the infringer to pay compensation for the damages and losses caused and the costs of the application. This rule recognizes the right of a party whose fundamental rights have been violated to effective judicial protection in repairing the harmful consequences arising from the unconstitutional actions or omissions of the infringing authorities. It also serves as a deterrent to prevent the State from repeating the actions that gave rise to the granting of the amparo application, a matter governed by article 50 of the Law that regulates this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has found the grievance proven and addressed the merits, or the violation has ceased because the respondent authority itself acted after learning that the amparo proceeding was underway and restored the aggrieved party’s enjoyment of their fundamental rights (article 52), in either situation an order requiring the infringer to pay costs, damages, and losses is imperative. It is grounded in the principles of protecting people’s rights and requiring the Administration to answer for the damages and losses caused by its unconstitutional conduct.\n\nAccordingly, the fact that the effects of the challenged act had already ceased by the time the amparo application was heard and granted, under articles 50 and 52 of the cited Law, does not preclude an award of costs, damages, and losses. Such a case is an integral part of the general system under the Constitutional Jurisdiction Law requiring an award on those matters.\n\nMoreover, it is clear that the aforementioned article 52 applies only in cases where the Chamber, although it has not heard or ruled on the merits of the claim, has found that the amparo applicant’s fundamental rights were violated because the Administration restored the applicant’s enjoyment of those rights. As the majority of the Chamber states, this situation entails an “abnormal termination of the proceeding.”\n\nThe legislature established and precisely defined the conditions under which this Chamber may order that form of abnormal conclusion of an amparo proceeding, as well as its effects: 1) the amparo must be pending, meaning that the Administration must have been duly notified of the resolution admitting the amparo application; and 2) there must be an administrative or judicial resolution that unequivocally revokes, halts, or suspends the challenged action that violated fundamental rights. The provision in question does establish an exception to the general system requiring an award of costs, damages, and losses. It does so by providing that, in the cases it governs, the amparo application shall be granted “solely for purposes of compensation and costs, if appropriate.” As an exception, it must be interpreted restrictively—not only under the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because applying that exception would undoubtedly impair people’s fundamental right to effective judicial protection against the damages and losses they suffer when their constitutional rights are violated.\n\nIn my view, the exception must be interpreted to mean that, under the general system that automatically requires an award of costs, damages, and losses when fundamental rights are violated, such an award is always appropriate—even when the respondent party issues an administrative or judicial decision revoking, halting, or suspending the challenged action—unless it is unequivocally and clearly established that no harm capable of compensation occurred in the specific case. Only in such circumstances could the respondent Administration be exempted from paying those amounts. Since there is no evidence in this case to rebut the presumption that the amparo applicant suffered economic damages and losses arising from the challenged actions—and this jurisdiction is not responsible for determining their precise amount—the granting of this amparo application must necessarily include an award of costs, damages, and losses, and so we declare.\n\nAs an additional reason, it should be emphasized that the nature and purpose of amparo proceedings is not primarily to analyze whether damages and losses exist, but to determine whether there are actions or omissions that may cause or result in a breach of the system of fundamental rights. From that perspective, the review conducted by this court focuses on determining whether such a breach occurred, but does not consider whether those matters caused injury to the amparo applicant’s purely pecuniary interests. Although the aforementioned provision 52 of the LJC states, in its ordinary grammatical meaning, that such an award (for damages, losses, and costs) applies when appropriate, we do not consider that the relevance of such an assessment may be automatically excluded in advance in this type of proceeding. It is in another, ordinary proceeding that it must be determined whether, within the legal relationship examined in the amparo application, the actions or omissions attributable to the Administration (or a private-law person, where applicable) were an adequate cause of pecuniary injuries that are legally compensable. By way of reference, articles 179 to 184 of the Code of Administrative Litigation Procedure, Law No. 8508, establish a special proceeding whose purpose is to determine the economic effects arising from judgments issued in these proceedings. Under article 179 thereof, that proceeding has the following purpose:\n\n“ARTICLE 179.- The Administrative Litigation Court is responsible for enforcing judgments issued by the Constitutional Jurisdiction in habeas corpus and amparo proceedings against public-law entities, solely with respect to establishing, quantifying, and satisfying monetary compensation.”\n\nIt is clear that those proceedings are directed toward analyzing the necessary precedent issued by this Chamber concerning an abstract award under those heads, since claims of that kind would not be admissible in that type of case when the judgment issued in the amparo proceeding expressly finds that damages, losses and/or costs are not recoverable, or when it contains no express ruling on this matter. That is, the special proceedings in the administrative-litigation jurisdiction require, as a sine qua non condition, an express award or ruling by this Constitutional Chamber (Sala Constitucional). In that regard, in our view, under the terms of the aforementioned ordinal 52 of the LJC, dispensing with that monetary award requires establishing, in each case, circumstances from which it may be reasoned that no financial injury, even potential injury, arose from or was associated with the facts examined. It is therefore an exception which, as such, must be applied selectively and duly substantiated on a case-by-case basis. The mere fact that, during the proceedings, the Administration issues a decision or a judicial judgment is handed down that revokes, halts or suspends the challenged action does not, in itself, rule out the possibility that, before that action ceased for reasons attributable or not attributable to the respondent entity, the alleged inaction or challenged disturbance may have caused damages and losses. However, that substantive issue—concerning the actual existence of the injuries, their amount, whether the claim was made in a timely manner, and so forth—falls outside the nature of these proceedings and, under the aforementioned mandate 52, is a matter for an abstract award, which then serves as the basis for analysis in the Administrative-Litigation Jurisdiction. The relief sought in these constitutional proceedings does not require proof of damages and losses because, as emphasized, that is not their primary object or rationale. Thus, the person granted amparo is not required to claim or prove damages; that person seeks to safeguard their fundamental rights. Whether those administrative actions caused that person injury is, in principle and except in exceptional cases, outside the scope of analysis in this type of case. Note that, under the scenario governed by that mandate, the Constitutional Chamber does not examine the merits of the situation requiring protection, given that the amparo or habeas corpus proceeding ends because of the previously mentioned supervening circumstance. Therefore, in these cases, by operation of law, the Court does not proceed to assess whether there has been a violation, much less whether the circumstances alleged by the applicant may give rise to situations warranting civil reparation. Accordingly, the dispensation from an award referred to in that provision is exceptional, not the rule. Therefore, in those circumstances, the provision requires an abstract award so that its propriety may be examined in another plenary proceeding. Otherwise, if that release from liability for damages, losses and costs were applied as a rule, the legal situation of a person who may have suffered injury to their financial interests despite the respondent party’s supervening response would be placed at risk, to the detriment of Article 45 of the Political Constitution and in disregard of the potential liability of the Administration, as required by Article 9 thereof. Nor should it be overlooked that it was by virtue of an action of that kind that conduct was adopted which caused the actions that, in theory, threatened or violated the person’s fundamental rights to cease. That is, to obtain protection of those rights, the person sought judicial relief, and it was by virtue of that recourse that the challenged disturbance ceased. We reiterate that whether the continuation of the threat or deterioration of the person’s situation, until it ceased for the causes mentioned in the provision under review, caused damages and losses is an issue that, absent proof to the contrary, must be analyzed in ordinary proceedings. However, as stated, it must not be denied as a prerequisite merely because the factual scenario governed by the aforementioned ordinal 52 of the LJC occurred. Accordingly, with our customary respect for the majority’s position, we state our dissenting vote and reiterate that granting this application must necessarily entail an abstract award of costs, damages and losses.\n\nX.- DISSENTING VOTE OF JUSTICE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT.\n\nArticle 52 of the Constitutional Jurisdiction Act (LJC) provides: “If, while the amparo proceeding is pending, an administrative or judicial decision is issued that revokes, halts or suspends the challenged action, the application shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if appropriate.”\n\nMy interpretation of that provision is as follows: That “decision” means any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the right that was violated. The phrase “if appropriate” refers to costs. Indeed, Article 197 of the Administrative Litigation Procedure Code, cited by the majority on the basis of Article 14 of the LJC, refers only to these: costs.\n\nCertainly, under Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to seek amparo is restorative, not compensatory; however, Article 51 of the LJC provides: “Any decision granting the application shall make an abstract award of compensation for the damages and losses caused and payment of the costs of the application, reserving their assessment for enforcement of the judgment.”\n\nIf the right has been violated and the Chamber so finds, damages and losses may have arisen even if the right has been restored. For that reason, an abstract award of those damages and losses is appropriate. Without such an award, if damages and losses had in fact occurred, there would be no title—arising from this proceeding—on which to base a claim for them, potentially violating Article 41 of the CP. If, despite an abstract award, no damages and losses occurred, the judge in the ordinary jurisdiction will so declare, since only that judge may find their actual existence and extent to have been proven.\n\nI consider that the majority’s position would, contrary to its purpose, encourage the Administration to respect rights only when an amparo application has been filed. It remains to say that Article 52 of the LJC provides for the possibility that the Chamber may award costs, if it considers that just, even when the right has been restored.\n\nFor the foregoing reasons, I partially dissent from the operative part and order an award of damages and losses, but not costs.\n\nXI.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. The parties are notified that if they have submitted any paper document, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic or new-technology device, these must be collected from the Court offices within a maximum period of 30 business days from notification of this judgment. Otherwise, any such material not collected within that period will be destroyed, pursuant to the “Regulations on Electronic Case Files before the Judiciary,” approved by the Full Court at session No. 27-11 on 22 August 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin No. 19 on 26 January 2012, as well as the resolution approved by the Superior Council of the Judiciary at session No. 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI.\n\nTHEREFORE:\n\nPursuant to Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Act, the application is partially granted, with no special award of costs, damages or losses, solely on account of the Administration’s delay in deciding the appeal filed by the person seeking protection. In all other respects, the application is denied. Justice Castillo Víquez appends a separate note. Justices Cruz Castro and Rueda Leal partially dissent and would grant the application in full. Justice Salazar Alvarado partially dissents and orders an award of damages, losses and costs. Justice Garro Vargas partially dissents and orders an award of damages and losses, but not costs. Notify the parties.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\n JN7TTF7OLFM61 \n\nCASE FILE No. 26-017162-0007-CO \n\nTelephone: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Email: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. south of the Iglesia del Perpetuo Socorro)." }