{ "id": "nexus-sen-1-0007-1413693", "citation": "Res. 26852-2026 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Amparo sobre carretera en zona inalienable", "title_en": "Amparo on a Road in an Inalienable Zone", "summary_es": "La Sala Constitucional declaró sin lugar el amparo contra la Municipalidad de Barva, SETENA, el MINAE y el SINAC por la rehabilitación de un camino público en la zona inalienable de la Ley N.º 65 y cerca del Parque Nacional Braulio Carrillo. La mayoría tuvo por acreditado que el camino ya existía, que SETENA otorgó viabilidad ambiental mediante la Resolución N.º 657-2021-SETENA y que, según la capa oficial consultada por esa entidad, el proyecto no atraviesa patrimonio natural del Estado. Consideró adecuada la gestión administrativa ambiental y descartó una violación del artículo 50 constitucional; indicó que las objeciones al permiso deben plantearse en la vía de legalidad correspondiente. El magistrado Salazar Alvarado coincidió con el resultado, pero estimó que la controversia debía resolverse en la jurisdicción contencioso-administrativa, sin pronunciamiento de fondo. En voto salvado parcial, el magistrado Cruz Castro habría declarado con lugar el amparo respecto de la falta de valoración técnica sobre pasos de fauna y ordenado un estudio especializado.", "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) denied the amparo application against the Municipality of Barva, SETENA, MINAE, and SINAC concerning improvements to a public road in the inalienable zone established by Law No. 65 and near Braulio Carrillo National Park. The majority found that the road predated the project, that SETENA had granted environmental viability through Resolution No. 657-2021-SETENA, and that, according to the official map consulted by that agency, the project did not cross State Natural Heritage. It considered the environmental administration adequate and found no violation of Article 50 of the Constitution; it stated that objections to the permit must be raised through the appropriate legality proceedings. Justice Salazar Alvarado agreed with the result but considered the dispute one for the administrative-litigation jurisdiction, without a ruling on the merits. In a partial dissent, Justice Cruz Castro would have granted the application as to the failure to assess the need for wildlife crossings and ordered a specialized study.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "17/07/2026", "year": "2026", "topic_ids": [], "primary_topic_id": null, "es_concept_hints": [ "recurso de amparo", "zona inalienable", "viabilidad ambiental", "pasos de fauna", "patrimonio natural del Estado", "principio precautorio", "jurisdicción contencioso-administrativa" ], "article_citations": [], "keywords_es": [ "amparo ambiental", "carretera Calle Sacramento", "zona inalienable", "Ley N.º 65", "viabilidad ambiental", "SETENA", "pasos de fauna", "principio precautorio", "Parque Nacional Braulio Carrillo", "patrimonio natural del Estado", "Municipalidad de Barva", "estudio de impacto ambiental" ], "keywords_en": [ "environmental amparo", "Sacramento road", "inalienable zone", "Law No. 65", "environmental viability", "SETENA", "wildlife crossings", "precautionary principle", "Braulio Carrillo National Park", "State Natural Heritage", "Municipality of Barva", "environmental impact study" ], "excerpt_es": "Bajo ese contexto, estima esta Sala que, efectivamente, las autoridades recurridas han llevado a cabo una adecuada gestión administrativa ambiental, en lo que respecta al desarrollo del Proyecto de referencia, así como en la prevención y mitigación de posibles impactos ambientales. Por lo anterior, se descarta la aducida violación al artículo 50, Constitucional. Ahora bien, si los recurrentes consideran que existe algún problema con el permiso otorgado, deben acudir a la vía de legalidad que corresponda, a efectos de presentar las objeciones que estiman convenientes.\n\nEn mérito de lo expuesto, se impone declarar sin lugar el recurso planteado.", "excerpt_en": "In this context, the Chamber finds that the respondent authorities did in fact carry out adequate environmental administration with respect to the development of the project in question and the prevention and mitigation of possible environmental impacts. Accordingly, the alleged violation of Article 50 of the Constitution is dismissed. If the applicants consider that there is a problem with the permit granted, they must pursue the appropriate legality proceedings to raise their objections.\n\nIn light of the foregoing, the application must be denied.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The majority denied the amparo application and found no violation of the right to a healthy environment, considering the project’s environmental administration adequate; Justice Cruz Castro would have granted it in part and ordered a specialized study on wildlife crossings.", "summary_es": "La mayoría declaró sin lugar el amparo y descartó una violación del derecho a un ambiente sano, al considerar adecuada la gestión ambiental del proyecto; el magistrado Cruz Castro habría concedido parcialmente el amparo y ordenado un estudio especializado sobre pasos de fauna." }, "pull_quotes": [ { "context": "Alegaciones de la parte recurrente", "quote_en": "Environmental viability, therefore, cannot be a mere formality; it must result from a rigorous analysis that ensures the protection of ecosystems and the integrity of natural heritage under the precautionary principle.", "quote_es": "La viabilidad ambiental, por tanto, no puede ser un mero trámite formal, sino el resultado de un análisis riguroso que garantice la protección de los ecosistemas y la integridad del patrimonio natural bajo el principio de precaución." }, { "context": "Voto salvado parcial del magistrado Cruz Castro", "quote_en": "The fact that the road already existed does not dispense with assessing whether paving it, changing its physical conditions, and the foreseeable increase in vehicle traffic may worsen the risks of wildlife being struck and ecological fragmentation.", "quote_es": "La circunstancia de que el camino ya existiera no exime de valorar si la pavimentación, la modificación de sus condiciones físicas y el incremento previsible del flujo vehicular pueden agravar los riesgos de atropello y fragmentación ecológica." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1413693", "tier": 2, "is_environmental": true, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Revisión del Documento\n\n\n\nExp: 26-013522-0007-CO \n\nRes. Nº 2026026852\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del diecisiete de julio de dos mil veintiseis .\n\n Recurso de amparo que se tramita en expediente N° 26-013522- 0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad N° [Valor 001] Y [Nombre 002], cédula de identidad N° [Valor 002], contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA Y LA MUNICIPALIDAD DE BARVA DE HEREDIA. \n\nRESULTANDO:\n\n1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala y, agregado al expediente el 18 de abril de 2026, los recurrentes interponen recurso de amparo contra el Ministerio de Ambiente y Energía y la Municipalidad de Barva de Heredia. Explican, que en el distrito de San José de la Montaña, ubicado en Sacramento de Barva, Heredia, dentro de la zona inalienable creada por la Ley N° 65, que además forma parte del área de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo, se han iniciado por parte de la Municipalidad de Barva de Heredia, trabajos de construcción de una carretera sobre un antiguo camino rústico de tierra. Dicho camino, históricamente se ha mantenido no pavimentado y con mínima intervención, conservando el suelo natural del terreno y ha servido como acceso directo a la entrada turística del Parque Nacional. Debido a sus condiciones, tradicionalmente solo ha sido transitable por vehículos de doble tracción y a velocidades muy reducidas. Las obras de construcción de la carretera tienen financiamiento del instituto de Desarrollo Agrario (INDER), de conformidad al Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto de Desarrollo Rural y la Municipalidad de Barva de Heredia, cuyo propósito declarado es el impulso turístico de la zona. Del análisis del convenio se desprende que ni el INDER ni la Municipalidad valoraron que el proyecto se ejecutaría dentro de una zona de protección absoluta establecida por la Ley N° 65, así como en un área de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo, lo que llevó a que se omitiera la asignación de recursos destinados a financiar estudios técnicos que definieran la cantidad y el tipo de pasos de fauna indispensables para mitigar el impacto sobre la vida silvestre. Tal omisión resulta especialmente grave, dado que la carretera proyectada atraviesa un hábitat crítico, donde la ausencia de dichas medidas puede generar daños irreversibles a la fauna. La ejecución de las obras viales ha implicado el ensanchamiento de un tramo del antiguo camino rústico, lo cual implicó la remoción y extracción de vegetación autóctona de distintos tamaños, incluyendo arbustos en las márgenes del trayecto, vegetación que fue trasladada a un vivero privado. Dicho proceder se realizó sin valoración ambiental, configurando una afectación directa y una vulneración de la zona inalienable amparada por la Ley N° 65. La zona inalienable fue creada por el Congreso de la República de Costa Rica mediante la Ley N° 65, del 30 de julio de 1888, con el propósito de preservar las montañas que constituyen el origen de las aguas que abastecen a gran parte de la población de Heredia, Alajuela y San José. Esta disposición legal reconoció desde entonces el valor estratégico y vital de dichas montañas para el bienestar de una mayoría de habitantes del Valle Central que se abastecen de los acuíferos que tienen su recarga en esa zona, declarando su carácter inalienable para asegurar la protección de los ecosistemas y la permanencia de los recursos hídricos esenciales. La declaratoria legal de bienes como demaniales, mediante la declaratoria de inalienabilidad que le dio la Ley N° 65 a un territorio en el norte de Heredia, le dio la condición de ser bienes imprescriptibles, inembargable, debido a los fines colectivos que persigue. Se debe comprender que la demanialidad no depende únicamente de la voluntad administrativa, sino que se determina por la naturaleza intrínseca del bien y su vinculación con el interés general. En este sentido, la jurisprudencia ha señalado que la declaratoria de demanialidad de un bien, o de un conjunto de bienes. El objetivo de la Ley N° 65, es garantizar la preservación del recurso hídrico que abastece a los habitantes del Valle Central; no puede alcanzarse de manera aislada; la protección del agua exige, de forma inseparable, la protección del entorno natural. Existe una interdependencia absoluta entre la conservación del ambiente —bosques, flora y fauna— y la salvaguarda del recurso hídrico; cuidar uno implica necesariamente cuidar al otro. Con el fin de garantizar la protección absoluta prevista en la zona inalienable por la Ley N° 65, las actividades autorizadas dentro de dicha área se encuentran estrictamente restringidas y sometidas a rigurosos criterios de conservación (véase voto 2008-12109 de la Sala Constitucional). En consecuencia, resulta imprescindible la realización de estudios técnicos exhaustivos que aseguren, con certeza, que cualquier actividad humana en esa zona, no provoque impactos negativos sobre la flora, la fauna, los recursos hídricos y el ambiente en su conjunto. Con la construcción de la carretera, se produce una afectación directa sobre ecosistemas frágiles, hábitats de especies protegidas y recursos hídricos esenciales, abriendo la zona a presiones de desarrollo que comprometen su equilibrio natural. Estas al ubicarse dentro de un área reconocida como patrimonio natural del Estado y, por tanto, sometida a un régimen especial de protección jurídica, debieron de ser evaluadas con el máximo rigor por SETENA antes de otorgar la viabilidad ambiental. Bajo el marco de la normativa vigente, correspondía aplicar el principio de precaución y cumplir con la obligación estatal de garantizar la integridad del patrimonio natural, y así tener la certeza, que no se produciría una degradación irreversible del ambiente. La construcción de una nueva carretera, aun cuando se proyecte sobre un camino rústico preexistente, al encontrarse dentro de áreas que forman parte del patrimonio natural del Estado y que presentan condiciones de alta fragilidad ambiental —incluyendo su carácter de zona de amortiguamiento de un parque nacional— exige la elaboración de un estudio de impacto ambiental. Solo mediante este procedimiento administrativo de carácter científico-técnico es posible identificar, evaluar y predecir los efectos que el proyecto generaría sobre el ambiente, y, en caso necesario, establecer medidas de mitigación. La viabilidad ambiental, por tanto, no puede ser un mero trámite formal, sino el resultado de un análisis riguroso que garantice la protección de los ecosistemas y la integridad del patrimonio natural bajo el principio de precaución. Un aspecto esencial de la zona inalienable en el trayecto donde se construirá la carretera es que, además de sus beneficios para el recurso hídrico, cumple la función de área de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo. Esta franja no solo protege directamente al parque, sino que también actúa como un conector ecológico vital, ofreciendo espacios de residencia, anidación, alimentación y tránsito para una gran diversidad de especies de fauna silvestre. En ella habitan quetzales, dantas, jilgueros, felinos como pumas, ocelotes, jaguarundis y manigordos, así como cabros de monte, coyotes, monos carablanca, numerosas especies de colibríes, reptiles y otros organismos. A su vez, la riqueza de su flora nativa constituye un valor ecológico adicional que refuerza la trascendencia de su conservación. La apertura de una carretera en un área de alta fragilidad ecológica no es una simple modificación del paisaje: representa una alteración profunda de los procesos naturales que sostienen la vida en la región. El equilibrio ambiental existente se basa en la interacción armónica entre suelos, aguas, flora y fauna, y cualquier intervención que facilite el tránsito masivo de vehículos, introduce ruido, contaminación, fragmentación de hábitats y presión sobre especies silvestres indispensables para la biodiversidad y el equilibrio ambiental de la región. El artículo 13 de la Ley Forestal dispone que la administración del patrimonio natural del Estado, comprendiendo dentro de este las áreas declaradas inalienables, corresponde al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) en su calidad de órgano rector en materia ambiental. Dicha competencia se ejerce a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), instancia desconcentrada de carácter técnico-administrativo, a la cual se le atribuye la función de protección, custodia y tutela jurídica de dicho patrimonio. El artículo 18 de la Ley Forestal indica que, en el patrimonio natural, el Estado podrá realizar o autorizar labores de investigación, capacitación y ecoturismo, una vez aprobadas por el Ministerio del Ambiente y Energía, quien definirá, cuando corresponda, la realización de evaluaciones del impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esta ley. El reglamento de la Ley Forestal señala en su artículo 11, que en los terrenos previamente declarados como Patrimonio Natural del Estado, fuera de áreas silvestres protegidas, en consonancia con el artículo 18 de la Ley Forestal y para actividades de ecoturismo, se pueden llevar a cabo senderos o caminos rústicos, siempre y cuando se cuente con la autorización del Ministerio de Ambiente, en razón de ser este ministerio al que le corresponde, velar por la protección de los recursos naturales del país. Agrega que: \n\n\"15. El proyecto de intervención del camino rústico en Sacramento, denominado como: “PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DEL TERRITORIO HEREDIA RURAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CUNETAS Y COLOCACIÓN DE PAQUETE ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO EN CALLE SACRAMENTO ”, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) lo tramitó bajo el expediente D1-0046-2021-SETENA para el otorgamiento de la viabilidad ambiental, la cual se otorgó mediante la Resolución 657-2021-SETENA del 28 de abril del 2021. \n\n16. Según se extrae del expediente D1-0046-2021-SETENA, que SETENA ni la Municipalidad de Barva de Heredia, consideraron factores determinantes para categorizar el impacto ambiental potencial, como: la ubicación del proyecto en una zona de alta fragilidad ambiental, dentro del área de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo, y además en territorio declarado inalienable y de protección absoluta por la Ley N.º 65. Tal omisión, llevó a que se categorizara la iniciativa constructiva, como de baja significancia ambiental (categoría B2, conforme al artículo 6 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Impacto Ambiental), lo que condujo a que SETENA aprobara la viabilidad mediante una simple evaluación de impacto ambiental y no exigiera un estudio de impacto ambiental completo. \n\n17. Dado que la intervención sobre el camino rústico se localiza en un área reconocida como patrimonio natural del Estado, que además funciona como zona de amortiguamiento de un parque nacional y presenta una elevada fragilidad ambiental, el proyecto de construcción de la carretera, debió ser categorizado como de alto impacto ambiental potencial; y en consecuencia, correspondía exigir al desarrollador la tramitación de la viabilidad ambiental ante SETENA mediante la presentación de un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL COMPLETO, y no permitirle únicamente una evaluación simplificada (Evaluación de Impacto Ambiental). La ausencia de un estudio integral provocó la carencia de investigaciones fundamentales para determinar la factibilidad y la sostenibilidad ambiental del proyecto, así como para establecer la necesidad de medidas preventivas frente a posibles impactos negativos sobre el ecosistema y los recursos hídricos. Entre los estudios omitidos se encuentran los de arqueología, geología básica (incluyendo geología, hidrogeología y amenazas naturales) y biología. En el Expediente D1-0046-2021-SETENA consta la certificación emitida por el consultor ambiental de la desarrolladora (Se adjunta copia con la presente solicitud de amparo), en la cual se afirma que el proyecto: “… no requiere la presentación de Estudio de Arqueología, Estudio de Geología básica (geología, hidrogeología y amenazas naturales) ni Estudio de Biología Rápida, debido a la naturaleza del proyecto, que corresponde únicamente a la colocación de una capa asfáltica sobre un camino ya existente”. SETENA se fundamentó en dicha declaración para clasificar el proyecto como de bajo impacto ambiental potencial y, por lo tanto, no exigir la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, pese a que este resultaba procedente dadas las características ambientales y jurídicas de la zona, donde la construcción de la carretera implica una transformación física sustancial del camino rústico, históricamente una vía de tierra no pavimentada, que conservaba el suelo natural del terreno con mínima alteración. \n\n19. La tramitación de la viabilidad ambiental mediante una simple Evaluación de Impacto Ambiental, en lugar de un Estudio de Impacto Ambiental completo, redujo de manera sustancial el rigor del trámite para obtener la viabilidad ambiental. Esta decisión benefició directamente al desarrollador, pues únicamente se le exigió presentar una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, instrumento que en la práctica se limita a constituir una promesa de cumplimiento de condiciones generales, que se limitaron al acatamiento de la normativa ambiental vigente y, específicamente, a la gestión del permiso correspondiente ante el MINAE en caso de eliminación de árboles, sin establecer medidas adicionales de prevención o mitigación derivadas tanto del propio proceso constructivo como de las actividades posteriores derivadas del uso de la carretera una vez finalizada. En síntesis, el procedimiento adoptado debilitó la función de control ambiental de SETENA, sustituyendo un análisis técnico profundo por un trámite meramente formal de compromisos genéricos, lo que evidencia una flexibilización institucional que privilegia intereses económicos, disfrazados bajo el estribillo de desarrollo, sobre la protección efectiva del ambiente. \n\n20. Es fundamental distinguir entre una EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL y un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. La primera se aplica únicamente a proyectos con bajo potencial de afectación y que se desarrollan en áreas de baja o muy baja fragilidad ambiental. En estos casos, el trámite busca obtener la viabilidad ambiental de SETENA, mediante un documento técnico elaborado por el propio promotor del proyecto, quien es el que identifica los posibles impactos y puede proponer medidas de mitigación. Por el contrario, el Estudio de Impacto Ambiental, que es requisito en zonas de alto impacto ambiental - como lo es la zona inalienable establecida por la Ley 65- constituye un informe técnico de carácter interdisciplinario que analiza, anticipa y evalúa los impactos, tanto positivos como negativos, que un proyecto o actividad puede generar sobre el medio ambiente. A través del estudio de impacto ambiental, se facilita la ejecución de la obra al establecer medidas de mitigación y compensación. Este proceso incluye además de la realización de estudios técnicos científicos, de una consulta pública, procedimientos conducidos directamente por la autoridad ambiental competente (SETENA), quien tiene la potestad de aprobar o rechazar la viabilidad ambiental del proyecto. \n\n21. En el Expediente D1-0046-2021-SETENA no consta ningún aval ni permiso emitido por el MINAE o el SINAC que autorizara el inicio de las obras de la carretera en la zona inalienable protegida por la Ley 65, patrimonio natural del Estado. Esta omisión constituye el incumplimiento de un requisito esencial, atribuible tanto a la Municipalidad de Barva de Heredia, que debió gestionarlo, como a SETENA, que debió exigirlo, y también al MINAE/SINAC, cuya obligación es fiscalizar, custodiar la integridad y conservación de dicho patrimonio, impidiendo la ejecución de obras sin la debida autorización. Tales acciones u omisiones conllevan a que se esté violentando el principio de legalidad y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\n22. El 7 de abril de 2026, mediante el Oficio JFAC/CNV/010426, y ante la violación de la zona inalienable, con el inicio de la construcción de la carretera, que amenaza directamente ecosistemas esenciales para la recarga hídrica y la biodiversidad, se solicitó a los jerarcas del MINAE y del SINAC que informaran, en su calidad de responsables de la administración y tutela de esa zona, lo siguiente: (...) 1) Si el Ministerio de Ambiente y Energía y/o el Sistema Nacional de Áreas de Conservación habían otorgado autorización, aval o visto bueno para que la Municipalidad de Barva u otra institución, llevaran a cabo la ampliación, reparación y pavimentación del camino de acceso al Parque Nacional Braulio Carrillo, Sector Barva, dentro de dicha zona inalienable. 2) En caso de que hubieran otorgado el aval, solicitamos se nos suministrare la copia de la resolución correspondiente del MINAE y/o SINAC, debidamente motivada, en la cual consten de manera expresa los criterios técnicos y jurídicos que fundamentaron la decisión de dar aval a la construcción de la carretera. \n\n3) Se informara cuáles serían los mecanismos específicos de mitigación ambiental que se implementarán, especialmente frente al impacto derivado de la habilitación de la carretera, considerando el incremento proyectado en el flujo vehicular y el impacto que producirá en la fauna debido a atropellos, contaminación sónica y lumínica, entre otros. 23. A la fecha, únicamente se recibió respuesta del MINAE, no así del SINAC. De lo contestado por el Ministerio de Ambiente y Energía se desprende que este se está desentendiendo de su responsabilidad jurídica de proteger el patrimonio natural del Estado, pues en el Oficio PDVA-059-2026 del 10 de abril de 2026, firmado por el viceministro de ambiente, este indicó lo siguiente: … que, en materia de infraestructura vial cantonal, la competencia corresponde a la Municipalidad de Barva, de conformidad con el régimen municipal vigente, la legislación en materia de caminos públicos y los instrumentos de planificación territorial aplicables. Su ejecución se ha desarrollado en el marco de un convenio interinstitucional entre el INDER y la Municipalidad de Barva, lo que evidencia un esquema formal de coordinación institucional con nombre: “Convenio específico entre el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y la Municipalidad de Barva. Para la ejecución del proyecto denominado: Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del territorio, Heredia rural, mediante la construcción de cunetas y colocación de paquete estructural del pavimento en calle Sacramento C4-02-018. Sobre parte del camino que está dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo en la Ley N.º 65 de 1888, debe indicarse que la intervención de este debe entenderse como una actuación en la que la Municipalidad ejerce su competencia en materia vial, bajo la observancia de las disposiciones ambientales aplicables en los sectores ubicados dentro del área protegida. \n\n24. De la respuesta emitida por el viceministro de ambiente se concluye que el MINAE se ha desprendido de su deber de custodia, tutela y protección del patrimonio natural del Estado, específicamente de la zona inalienable establecida por la Ley N.º 65. Asimismo, se confirma que no otorgó la autorización necesaria para la construcción de la carretera en dicha zona. Esta omisión no solo implica la transgresión de normas jurídicas, como los artículos 13 y 18 de la Ley Forestal y el artículo 11 de su Reglamento, sino que además vulnera derechos fundamentales, entre ellos el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. \n\n25. Como en el expediente D1-0046-2021-SETENA no consta que se vallan a llevar a cabo, la construcción de pasos de fauna para reducir el atropello de animales silvestres en la nueva carretera, el 19 de marzo de 2026 enviamos nota al alcalde de la Municipalidad de Barva de Heredia, Jorge Acuña Prado, solicitando información sobre la existencia y ubicación de dicha infraestructura; sin embargo, hoy en día no hemos recibido respuesta alguna. Del silencio del alcalde y de lo consignado en el expediente de SETENA se concluye que el proyecto carecerá de este sistema esencial de protección de la fauna\". Con base en las situaciones apuntadas, estima que se están vulnerando derechos fundamentales”. \n\nConsideran que esta Sala Constitucional debe ordenar anular la viabilidad ambiental de SETENA y por tanto se ordene que se disponga la suspensión definitiva de la ejecución del proyecto, o bien, en forma accesoria, que el MINAE y/o el SINAC otorguen la autorización correspondiente, debidamente fundamentada en criterios técnicos y jurídicos, que se ajuste el diseño de la carretera, incorporando reductores de velocidad y pasos de fauna, cuya ubicación y tipología se definan con base en estudios científicos y técnicos que identifiquen las especies silvestres presentes en la zona. Dicho diseño deberá ser revisado y aprobado por SETENA, que se realice un Estudio de Impacto Ambiental completo, que incluya los análisis de geología básica (geología, hidrogeología y amenazas naturales) y biología, garantizando una evaluación integral de la viabilidad ambiental del proyecto. Finalmente, solicita que se ordene al MINAE y al SINAC ejercer de inmediato sus competencias de administración, tutela, fiscalización y protección sobre la zona inalienable, y, en consecuencia, cumplir con su deber de garantizar la tutela del patrimonio natural del Estado, fiscalizando y avalando cualquier proyecto que pretenda ejecutarse dentro de la zona inalienable establecida por la Ley N.º 65.\n\n2.- Por resolución de las 8:30 horas de 6 de mayo de 2026, se le dio curso al proceso y se le concedió audiencia al Secretario de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, al Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y al Alcalde y al Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Barva de Heredia. \n\n3.- Informan Mónica Hernández Segura, en su condición de Presidenta del Concejo y Alejandra Vanessa Arce Zárate, en su condición de Alcaldesa, ambas de la Municipalidad de Barva, en cuanto a los hechos acusados, lo siguiente: \n\n“PRIMERO: Nuestra defensa la elaboraremos enfocados en demostrar que la rehabilitación de la carretera de acceso al Parque Nacional Braulio Carrillo es una obra pública indispensable que responde a mandatos constitucionales, legales y jurisprudenciales. Que se trata de la intervención en un camino existente desde tiempos inmemoriales y que su ejecución asegura la protección del ambiente, el desarrollo sostenible de las comunidades y la consolidación del parque como patrimonio natural y turístico de la nación. \n\n1. Fundamentación General \n\nLa carretera de acceso al Parque Nacional Braulio Carrillo constituye un eje estratégico para garantizar: \n\nLa seguridad de los usuarios y funcionarios del parque. \n\nLa buena administración y conservación del área protegida. \n\nEl desarrollo socioeconómico y cultural de las comunidades aledañas. \n\nLa implementación de proyectos ambientales y turísticos sostenibles. \n\nEl abandono histórico de esta vía ha propiciado la migración drástica de la población, poniendo en riesgo la desaparición de poblados con identidad propia y debilitando el soporte social del parque. \n\n2.-Marco Normativo \n\na) Constitución Política, art. 50: reconoce el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, imponiendo al Estado el deber de garantizarlo. \n\nb) Constitución Política, art. 169 y 170: otorgan a las municipalidades autonomía para la gestión de los intereses locales, incluyendo infraestructura y desarrollo comunitario. \n\nc) Código Municipal, arts. 4 y 13: establecen la competencia municipal en materia de obras públicas y promoción del bienestar de sus habitantes. \n\nd) Ley Orgánica del Ambiente (Ley N.º 7554), art. 2 y 17: obliga a que toda obra pública en áreas protegidas se ejecute bajo criterios de sostenibilidad y conservación. \n\ne) Ley de Parques Nacionales (Ley N.º 6084): dispone que las obras en parques deben ser compatibles con los objetivos de conservación y uso público. \n\n3.- Jurisprudencia relevante \n\na) Sala Constitucional, voto N.º 2000-02306: reafirma que el acceso a áreas protegidas es parte del derecho al ambiente y debe garantizarse mediante infraestructura adecuada. \n\nb) Sala Constitucional, voto N.º 2004-13489: establece que la inalienabilidad de bienes públicos no impide obras públicas necesarias para su uso social, siempre que se respete la finalidad del bien. \n\nc) Sala Primera, voto N.º 2012-001234: reconoce la responsabilidad de las municipalidades en la protección del interés público mediante obras de acceso y conectividad. \n\nd) Contraloría General de la República, oficio DFOE-AE-0567-2015: señala que la inversión en infraestructura pública vinculada a áreas protegidas debe justificarse en términos de seguridad, turismo y desarrollo comunitario. \n\n4.- Beneficios generales esperados con la obra pública. \n\na) Seguridad: reducción de riesgos viales y atención oportuna de emergencias. \n\nb) Administración del parque: mejor logística para funcionarios y proyectos de conservación. \n\nc) Turismo sostenible: incremento de visitantes y generación de ingresos para comunidades. \n\nd) Desarrollo comunitario: salida eficiente de productos agrícolas, creación de empleo y fortalecimiento de identidad cultural. \n\ne) Prevención del despoblamiento: fijación de población joven y revitalización de Sacramento, Paso Llano y San José de la Montaña. \n\nf) Proyectos ambientales: mayor capacidad comunitaria para implementar iniciativas de protección y educación ambiental. \n\nSEGUNDO: Aspectos generales fundamento de la defensa municipal. \n\n1. Improcedencia del amparo como vía procesal para discutir aspectos constructivos de la carretera. \n\nEl recurso de amparo no es idóneo para ventilar conflictos de legalidad administrativa ni para cuestionar actos técnicos de planificación y obra pública. \n\nLa Sala Constitucional ha reiterado que cuando lo discutido es la aplicación de normativa urbanística, permisos o viabilidad ambiental, corresponde al juez contencioso-administrativo en sede plenaria (ej. votos 2006-01345, 2012-00987, 2018-015432, 2023-022091). \n\nLos recurrentes plantean un problema complejo de legalidad y técnica ambiental, no una violación directa de derechos fundamentales. \n\n2. Competencia municipal y principio de legalidad \n\nLa Municipalidad actuó en el marco de sus competencias constitucionales y legales en materia de infraestructura vial cantonal (artículos 169 y 170 de la Constitución, artículos 4 y 13 del Código Municipal). \n\nEl proyecto se ejecuta bajo un convenio interinstitucional con el INDER, lo que evidencia coordinación institucional y sujeción al principio de legalidad. \n\nLa obra se limita a la mejora e intervención de un camino público preexistente, lo cual no constituye apertura de una nueva vía ni invasión arbitraria de patrimonio natural. \n\n3. Defensa sustantiva frente a las alegaciones ambientales \n\nLa Municipalidad gestionó la viabilidad ambiental ante SETENA, obteniendo la Resolución 657-2021-SETENA, lo que demuestra cumplimiento de los procedimientos administrativos exigidos. \n\nLa categorización del proyecto como de bajo impacto ambiental (B2) fue realizada por la autoridad competente (SETENA), y la Municipalidad no puede sustituir ni cuestionar esa valoración técnica. \n\nEl principio de legalidad obliga a la Municipalidad a acatar las resoluciones de la autoridad ambiental; por tanto, no puede atribuírsele omisión en la exigencia de estudios adicionales que no fueron requeridos por SETENA. \n\nLa jurisprudencia constitucional ha señalado que el cumplimiento de los procedimientos ambientales ordinarios excluye la procedencia del amparo, salvo que se demuestre una violación directa y actual de derechos fundamentales, lo cual no ocurre en este caso. \n\nEnfrentar el presente Recurso de Amparo tal y como lo pretende el recurrente sería a todas luces, convertir a la Sala Constitucional en un tribunal técnico ambiental, lo cual excede su competencia. \n\nLa existencia de la viabilidad ambiental, la coordinación y seguimientos de ayudas técnicas del Ministerio de Obras Públicas no permite declarar que Municipalidad actuó con buena fe administrativa, respetando la normativa y las resoluciones de las autoridades ambientales y técnicas competentes. \n\nComo vamos a destacar a lo largo de la defensa municipal, el mejoramiento del acceso público al Volcán Barva apunta a mejorar el acceso a comunidades rurales y al Parque Nacional, lo cual fortalece el turismo sostenible, el desarrollo agrícola de la zona y la conectividad de la comunidad, sin que exista prueba de un daño ambiental actual y directo. \n\nCompetencia municipal en caminos públicos. La Ley 65 protege la montaña y sus recursos hídricos, pero no prohíbe expresamente la conservación o mejora de caminos públicos preexistentes. \n\nEl artículo 170 de la Constitución y el Código Municipal otorgan a la Municipalidad competencia exclusiva en infraestructura vial cantonal. \n\nLa obra no constituye “venta” ni “enajenación” del terreno, sino mantenimiento de un acceso público existente, lo cual no contradice la inalienabilidad. El camino existe desde tiempos inmemoriales y ha servido de ruta de acceso y salida de productos agrícolas, no tenemos datos exactos sin embargo deducimos que el caminos de acceso existe desde la época del decreto en mención. \n\nInterpretación sistemática con la Ley Forestal y la Ley Orgánica del Ambiente \n\nEl artículo 18 de la Ley Forestal permite actividades de ecoturismo y caminos rústicos, siempre que cuenten con autorización ambiental. \n\n4- Contenido esencial de la Ley N.º 65 (1888) \n\nArtículo 18 de la Ley Forestal – Alcances \n\nEl artículo 18 establece que en el Patrimonio Natural del Estado se podrán realizar o autorizar actividades de investigación, capacitación y ecoturismo, siempre que cuenten con la aprobación del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). \n\nEl reglamento de la Ley Forestal (art. 11) precisa que en terrenos declarados como Patrimonio Natural del Estado, fuera de áreas silvestres protegidas, se pueden habilitar senderos o caminos rústicos para fines de ecoturismo, siempre con autorización del MINAE. \n\n \n\nLa jurisprudencia de la Sala Constitucional (voto 2008-12109) ha confirmado que estas actividades son compatibles con la finalidad de conservación, siempre que se ajusten a criterios técnicos y ambientales. Compatibilidad con la Ley 65 de 1888. \n\nLa inalienabilidad declarada por la Ley N.º 65 protege contra la enajenación o disposición del terreno, pero no excluye actividades de conservación, ecoturismo o caminos rústicos autorizados. \n\nEl mejoramiento de un camino público existente puede interpretarse como una actividad de ecoturismo y acceso controlado, compatible con el artículo 18 de la Ley Forestal. \n\nCompetencia compartida \n\nEl MINAE, a través de SINAC y SETENA, es el órgano rector en materia ambiental. \n\nLa Municipalidad, como autoridad competente en caminos públicos, debe coordinar con el MINAE para garantizar que las obras se ajusten a los criterios de conservación. \n\nEn este caso, la Municipalidad gestionó la viabilidad ambiental ante SETENA, cumpliendo con el requisito de autorización ambiental. \n\nPrincipio de proporcionalidad y desarrollo sostenible \n\nEl artículo 18 permite equilibrar la protección ambiental con actividades de ecoturismo y acceso público. \n\nLa obra de mejoramiento del camino tiene como objetivo como una medida para facilitar el acceso comunitario, turístico y científico, bajo condiciones de sostenibilidad. \n\nResumiendo, el artículo 18 de la Ley Forestal constituye un fundamento legal expreso que habilita la existencia de caminos rústicos y actividades de ecoturismo en el Patrimonio Natural del Estado, siempre que cuenten con autorización ambiental. La Municipalidad de Barva actuó conforme a este marco normativo al gestionar la viabilidad ambiental ante SETENA (Res. 657-2021-SETENA), cumpliendo con el procedimiento legal, por lo que no puede atribuírsele violación del principio de legalidad ni del derecho fundamental a un ambiente sano. Debemos recalcar que la responsabilidad técnica de categorizar el impacto ambiental corresponde a SETENA, no a la Municipalidad, el municipio cumplió con solicitarlo y actuar conforme se determinó por la SETENA. Con fundamento en lo hasta aquí vertido podemos adelantar conclusiones parciales para la defensa de la actuación municipal: \n\n1.- La obra busca mejorar la seguridad y accesibilidad de comunidades rurales y visitantes al Parque Nacional. \n\n2.- El interés público de conectividad y turismo sostenible debe ponderarse frente a la protección ambiental, siempre bajo el marco de la viabilidad otorgada por SETENA. \n\n3.- El recurso pretende discutir legalidad y técnica ambiental, lo cual corresponde al contencioso-administrativo. \n\n4.- La Municipalidad actuó dentro de sus competencias y con autorización ambiental vigente. \n\n5.- La Municipalidad bajo el principio de Buena fe administrativa se limitó a ejecutar un convenio interinstitucional con INDER, bajo supervisión de SETENA. \n\n6.- No hay violación directa de derechos fundamentales: Los recurrentes no acreditan un daño actual y directo, sino riesgos hipotéticos. \n\nTERCERO: CONSTRUCCIONES EN ZONAS INALIENABLES. \n\nEn materia de construcciones en zonas inalienables, las implicaciones son muy estrictas porque se trata de bienes del dominio público que, por su naturaleza, no pueden ser objeto de enajenación, gravamen ni apropiación privada, características dirigidas, reiteramos, a sujetos privados. Esto genera consecuencias jurídicas y técnicas relevantes: \n\nProhibición absoluta de construir: cualquier obra privada en una zona inalienable carece de título legítimo y constituye una invasión al dominio público. \n\nLimitación de uso: las zonas inalienables están destinadas a fines públicos (ej. aceras, calles, parques, áreas de protección ambiental). Cualquier construcción privada interfiere con esa función social. \n\nDefensa del interés público: la municipalidad tiene el deber de garantizar la libre circulación, seguridad vial y accesibilidad universal en estas zonas. \n\nCONSTRUCCIONES DE OBRA PÚBLICA EN ZONA INALIENABLE Y DENTRO DEL PARQUE NACIONAL BRAULIO CARRILLO (CALLE DE ACCESO, INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL USO DEL PARQUE) \n\nCuando se trata de obras públicas dentro de zonas inalienables, como el acceso vial o infraestructura necesaria para el uso del Parque Nacional Braulio Carrillo, las implicaciones se diferencian claramente de las construcciones privadas: \n\n1. Naturaleza de la obra pública \n\na) Las zonas inalienables (ej. parques nacionales, áreas de protección) no pueden ser objeto de apropiación privada, pero sí admiten obras públicas compatibles con su finalidad. \n\nb) La construcción de accesos, senderos, puentes o infraestructura básica se justifica en tanto facilita el uso social del bien público y garantiza derechos como el acceso a la naturaleza, la recreación, al trabajo y la educación ambiental. \n\nc) Estas obras deben estar alineadas con el plan de manejo del parque y contar con estudios de impacto ambiental, tal como la viabilidad emitida en este caso por la SETENA. \n\n2. Marco jurídico aplicable \n\nLey de Parques Nacionales y Ley Orgánica del Ambiente: establecen que cualquier obra debe respetar la integridad ecológica y el objeto de conservación. \n\nConstitución Política, art. 50 y 89: legitiman la intervención estatal para asegurar el acceso a bienes ambientales y culturales. \n\nCódigo Municipal y Ley de Planificación Urbana: habilitan a la municipalidad para ejecutar obras de acceso y conectividad, siempre que no impliquen enajenación del bien público. \n\n3. Condiciones técnicas y limitaciones \n\n- Obras necesarias y proporcionales: solo se permiten aquellas indispensables para el uso público (ej. caminos de acceso, servicios sanitarios, señalización). \n\n- No pueden alterar la esencia del bien protegido: la infraestructura debe ser la mínima necesaria, integrada al entorno y con materiales adecuados. \n\n- Control institucional: requiere coordinación entre SINAC, Municipalidad y MOPT para asegurar que la obra cumpla con normativa ambiental, vial y urbanística. Coordinación que la Municipalidad cumplió de previo al inicio de las obras y bajo los parámetros técnicos y legales. \n\n- El mejoramiento de la calle de acceso al parque es una obra legítima ya que se construyó para garantizar el ingreso de visitantes y la seguridad y beneficio comunitario. \n\n- No constituye una privatización ni afecta la inalienabilidad, porque la obra se mantiene bajo dominio público y sirve al interés general. \n\nResumiendo lo anterior: en zonas inalienables sí se permiten construcciones de obra pública, pero únicamente aquellas que sean indispensables, proporcionales y compatibles con la finalidad del bien protegido. La inalienabilidad no impide la obra pública, sino que la condiciona a preservar el interés colectivo y la función social del espacio. \n\nPara la municipalidad, las comunidades y el sistema de parques nacionales es de suma importancia que la carretera este buenas condiciones para garantizar la seguridad de los habitantes de la zona, de los usuarios del parque y funcionarios del mismo, así como para la buena administración del parque, remarcando sus objetivos turísticos y desarrollo sostenible. \n\nCUARTO: Para profundizar en la importancia de una carretera de acceso en buenas condiciones hacia el Parque Nacional Braulio Carrillo, conviene destacar tres dimensiones clave: seguridad, administración y objetivos turísticos. \n\n1. Seguridad de usuarios y funcionarios \n\na) Prevención de accidentes: una vía en buen estado reduce riesgos de deslizamientos, baches y colisiones, garantizando un tránsito seguro para visitantes y personal del parque. \n\nb) Acceso rápido en emergencias: facilita la llegada de ambulancias, bomberos o cuerpos de rescate en caso de accidentes, incendios forestales o emergencias médicas. \n\nc) Protección de grupos vulnerables: familias, adultos mayores y personas con discapacidad dependen de una infraestructura vial segura para acceder sin obstáculos. \n\n2. Buena administración del parque \n\na) Logística institucional: permite el traslado eficiente de funcionarios, materiales y equipos necesarios para la conservación y mantenimiento del parque. \n\nb) Supervisión y control: una carretera adecuada facilita patrullajes, monitoreo ambiental y control de actividades ilegales como tala o cacería. \n\nc) Reducción de costos operativos: menos deterioro vehicular y mayor eficiencia en transporte institucional. \n\n3. Objetivos turísticos y desarrollo local \n\na) Accesibilidad universal: una carretera en condiciones óptimas garantiza que el parque sea visitable por un mayor número de personas, cumpliendo su función social y educativa. \n\nb) Fomento del turismo sostenible: el acceso seguro y confiable incentiva la llegada de turistas nacionales e internacionales, generando ingresos y empleo en comunidades aledañas. \n\nc) Imagen institucional: la infraestructura vial es parte de la experiencia del visitante; un acceso deteriorado desincentiva el turismo y afecta la percepción de calidad del servicio público. \n\nd) Condiciones de vida de los habitantes. Una carretera en buen estado generará un mejoramiento sustancial en las condiciones de visa de los habitantes de las poblaciones ubicadas en la zona, mejorará el acceso a mejores condiciones de salud, acceso a educación, mejoramiento de las condiciones económicas y otros beneficios sociales. \n\nLa carretera de acceso no es un lujo, sino un instrumento esencial para la seguridad, la gestión eficiente y el aprovechamiento turístico del Parque Nacional Braulio Carrillo y desarrollo de las comunidades vecinas. Su mantenimiento y mejora deben considerarse una inversión en protección ambiental, desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional.\n\nQUINTO: BENEFICIOS PARA LAS POBLACIONES BENEFICIADAS COMO SACRAMENTO, PASO LLANO, PORROSATÍ Y SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, ENFOCADOS EN EL OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO, LA IDENTIDAD COMO COMUNIDAD Y EVITAR EL DESPOBLAMIENTO. \n\nConociendo la existencia de comunidades beneficiadas (Sacramento, Paso Llano y San José de la Montaña) nos permite mostrar cómo la carretera de acceso en buenas condiciones no solo es vital para el Parque Nacional Braulio Carrillo, sino también para el desarrollo socioeconómico y la cohesión comunitaria de la región. \n\nEL ABANDONO EN QUE HA ESTADO LA CALLE A PROPICIADO LA MIGRACIÓN DRÁSTICADE LA POBLACIÓN, LOS POBLADOS CORREN EL RIESGO DE DESAPARICIÓN \n\nEl abandono de la carretera de acceso ha tenido consecuencias profundas en las comunidades de Sacramento, Paso Llano y San José de la Montaña, al punto de propiciar una migración drástica y poner en riesgo la continuidad misma de estos poblados. Este fenómeno se puede analizar en tres dimensiones: \n\n1. Impacto en la seguridad y calidad de vida \n\na) Aislamiento: el mal estado de la vía dificulta el acceso a servicios básicos (salud, educación, transporte público), generando inseguridad y precariedad. \n\nb) Riesgo para usuarios y funcionarios del parque: la falta de mantenimiento expone a accidentes y limita la capacidad de respuesta ante emergencias. \n\nc) Desgaste comunitario: la inseguridad vial desincentiva la permanencia de familias jóvenes, debilitando el tejido social. \n\n2. Consecuencias socioeconómicas \n\na) Migración forzada: ante la falta de oportunidades y conectividad, la población se ve obligada a trasladarse hacia zonas urbanas.\n\nb) Desaparición de actividades productivas locales: agricultura, comercio y servicios turísticos se vuelven inviables sin una vía de acceso adecuada. \n\nc) Pérdida de competitividad regional: los costos de transporte y la dificultad de conexión con mercados externos limitan el desarrollo económico. \n\n3. Riesgo de despoblamiento y pérdida de identidad \n\na) Despoblamiento progresivo: la migración reduce la población residente, poniendo en riesgo la continuidad de los pueblos. \n\nb) Erosión cultural: al desaparecer comunidades, se pierden tradiciones, prácticas culturales y el sentido de pertenencia territorial. \n\nc) Debilitamiento del rol comunitario: sin población estable, se dificulta la organización social y la participación en proyectos de conservación y turismo sostenible. \n\n4. Oportunidades de desarrollo socioeconómico \n\n- Turismo sostenible: un acceso seguro y confiable incrementa la llegada de visitantes, lo que genera demanda de servicios locales (alimentación, hospedaje, guías turísticos, transporte). \n\n- Empleo y emprendimiento: las comunidades pueden diversificar su economía con microempresas ligadas al turismo, artesanía, gastronomía y actividades culturales. \n\n- Conectividad regional: la carretera facilita la movilidad hacia centros urbanos y mercados, reduciendo costos de transporte y mejorando la competitividad de productores locales. \n\na) Fuente de empleo inmediato \n\nConstrucción y mantenimiento: la rehabilitación de la vía genera empleos directos en obras públicas, contrataciones locales y servicios de apoyo. \n\nServicios complementarios: transporte, alimentación y hospedaje para trabajadores y visitantes dinamizan la economía local. \n\nCapacitación comunitaria: la obra puede incluir programas de formación en gestión ambiental y turismo sostenible, fortaleciendo capacidades locales. \n\nSalida de productos agrícolas: la carretera permite que agricultores locales transporten sus cosechas de manera eficiente, reduciendo costos y aumentando competitividad. \n\nb) Identidad comunitaria y arraigo. \n\nRevalorización cultural: el contacto con visitantes impulsa la preservación de tradiciones, gastronomía y patrimonio cultural como parte de la oferta turística. \n\nOrgullo territorial: contar con un acceso digno al Parque fortalece la identidad de estas comunidades como guardianas de un patrimonio natural de relevancia nacional. \n\nParticipación social: la infraestructura vial fomenta la integración de vecinos en proyectos de conservación y turismo comunitario. \n\n5. Prevención del despoblamiento \n\na) Retención de población joven: al abrir oportunidades laborales y de emprendimiento, se reduce la migración hacia zonas urbanas. \n\nb) Mejora en calidad de vida: acceso a servicios públicos, educación y salud se ve facilitado por una carretera en buen estado. \n\nc) Estabilidad demográfica: el desarrollo turístico y económico ligado al Parque genera incentivos para permanecer en la comunidad y proyectar un futuro sostenible. \n\nd) Arraigo y permanencia: al generar empleo y proyectos ambientales, se reduce la migración y se fortalece la identidad de Sacramento, Paso Llano y San José de la Montaña como guardianes del parque. \n\ne) Orgullo territorial: la participación en la protección ambiental refuerza el sentido de pertenencia y la legitimidad de las comunidades frente al Estado. \n\nf) Modelo replicable: estas comunidades pueden convertirse en ejemplo nacional de cómo la infraestructura pública potencia la conservación y el desarrollo local. \n\ng) Bienestar social: al mejorar la conectividad, se facilita el acceso a salud, educación y servicios públicos, elevando la calidad de vida. \n\nLa carretera de acceso no es solo un medio físico: es un instrumento de cohesión territorial y desarrollo integral. \n\nLa falta de mantenimiento de la carretera ha generado un círculo vicioso de abandono, migración y riesgo de desaparición de comunidades. Invertir en su rehabilitación no es solo una obra pública: es una política de defensa territorial y social, que asegura la seguridad de usuarios, la buena administración del parque y la supervivencia cultural y económica de Sacramento, Paso Llano, Porrosatí y San José de la Montaña. Para el país, consolida un modelo de turismo sostenible que vincula conservación ambiental con bienestar social. \n\nLa carretera en buen estado será fuente de trabajo y potencia la posibilidad de la población de implementar proyectos de protección ambiental concordantes con la función y objetivos parque nacional. \n\nEl papel de la Municipalidad en este contexto es decisivo porque actúa como puente institucional entre la conservación del Parque Nacional Braulio Carrillo y el bienestar de las comunidades aledañas. La carretera de acceso y la infraestructura asociada no son solo obras físicas: son instrumentos de desarrollo sostenible que la municipalidad debe promover y garantizar. \n\n6. Plataforma para proyectos de protección ambiental: \n\nLa carretera en buen estado se constituye como fuente de trabajo y catalizador de proyectos ambientales, es estratégica porque vincula directamente la infraestructura con la sostenibilidad y el desarrollo comunitario. Veamos cómo se articula:\n\na) Acceso para conservación: una carretera adecuada facilita el ingreso de brigadas de protección, investigadores y funcionarios del SINAC. \n\nb) Turismo responsable: comunidades pueden implementar proyectos de ecoturismo, senderos interpretativos y educación ambiental, alineados con los objetivos del Parque Nacional Braulio Carrillo. \n\nc) Gestión comunitaria: la infraestructura vial permite organizar iniciativas de reforestación, control de incendios y monitoreo de biodiversidad con participación vecinal. Sinergia con los objetivos del Parque Nacional \n\n7.- Sinergía con los objetivos del Parque Nacional \n\na) Función educativa: el parque se convierte en aula viva, accesible para escuelas, universidades y visitantes, reforzando la conciencia ambiental. \n\nb) Protección activa: al involucrar a las comunidades en proyectos ambientales, se fortalece la defensa del patrimonio natural. \n\nc) Turismo sostenible: la carretera es el puente que conecta conservación con desarrollo económico, evitando la explotación desordenada y garantizando beneficios sociales. \n\nLa carretera en buen estado no solo es un medio de acceso, sino un instrumento de desarrollo integral: crea empleo, habilita proyectos ambientales comunitarios y asegura que el Parque Nacional Braulio Carrillo cumpla su función de conservación, educación y turismo sostenible. \n\n8- Análisis de la Resolución Nº 657-2021-SETENA enfocadas en las acciones y responsabilidades de la Municipalidad. \n\nLa Resolución Nº 657-2021-SETENA establece obligaciones claras para las municipalidades en Costa Rica, especialmente en materia de control, seguimiento y cumplimiento de las condiciones ambientales de proyectos dentro su jurisdicción. En esencia, la Municipalidad debe garantizar que las obras se ajusten a la normativa ambiental y coordinar con SETENA el monitoreo de impactos. Aspectos y responsabilidades que han sido cumplidas por nuestra institución. \n\nLa responsabilidad de la Municipalidad frente a la construcción de la carretera de acceso al Parque Nacional Braulio Carrillo se enmarca en el respeto a la normativa ambiental costarricense y en la coordinación con SETENA y SINAC. En este caso, la Municipalidad no solo actúa autorizada por la viabilidad ambiental y como ente emisor de permisos locales, sino como garante de que el proyecto respete las condiciones ambientales y de conservación del parque. \n\nAcciones de la Municipalidad según la Resolución Nº 657-2021-SETENA \n\na) Supervisión y control local: La Municipalidad tiene la responsabilidad de vigilar que los proyectos cuenten con viabilidad ambiental otorgada por SETENA antes de otorgar permisos de construcción o funcionamiento. \n\nb) Coordinación interinstitucional: Debe informar a SETENA sobre incumplimientos detectados en proyectos dentro de su territorio y colaborar en procesos de inspección. \n\nc) SETENA dicta las condiciones, la Municipalidad es corresponsable de que se cumplan en la práctica. \n\nd) Gestión de permisos municipales No puede otorgar permisos de construcción, patentes o licencias si el proyecto no demuestra cumplimiento con la resolución ambiental. \n\ne) Seguimiento de compromisos ambientales La Municipalidad debe verificar que los desarrolladores cumplan con medidas de mitigación, compensación y monitoreo ambiental establecidas en la resolución. \n\nf) Acatar lo establecido por la regencia del proyecto. \n\nEn resumen, la Resolución Nº 657-2021-SETENA convierte a la Municipalidades en aliado estratégico de SETENA para garantizar que el proyectos cumpla con la normativa ambiental. Su rol no es solo administrativo, sino también de fiscalización activa y preventiva. \n\nConforme lo anterior podemos señalar que la municipalidad debe respetar el principio de buena fe administrativa frente a la Resolución Nº 657-2021-SETENA y fundamentar su actuación en dicha viabilidad ambiental, esta resolución de la SETENA autoriza y da fundamento jurídico al actuar municipal, en otras palabras, la viabilidad ambiental aprueba la construcción y acredita que las obras cumplen con las disposiciones ambientales requeridas por la naturaleza del proyecto. \n\nEl principio de buena fe administrativa obliga a las instituciones públicas, incluidas las municipalidades, a actuar con transparencia, coherencia y confianza legítima hacia los administrados. Frente a la Resolución Nº 657-2021-SETENA, la Municipalidad respeta este principio en varias dimensiones: \n\n9. Aplicación del principio de buena fe administrativa \n\na) Respeto a la viabilidad ambiental otorgada por SETENA La Municipalidad asume que las resoluciones emitidas por SETENA son válidas y vinculantes, evitando cuestionarlas arbitrariamente o retrasar trámites sin fundamento. \n\nb) Aplicación de normativa ambiental: La Municipalidad respeta las resoluciones de SETENA y coordina con SINAC para verificar que los proyectos cumplan con medidas de protección ambiental, especialmente en zonas de amortiguamiento de parques. \n\nc) Coherencia en la tramitación de permisos Si un proyecto cuenta con viabilidad ambiental aprobada, la Municipalidad debe otorgar permisos municipales (construcción, patentes, etc.) siempre que se cumplan los demás requisitos legales, sin imponer condiciones contradictorias o adicionales que vulneren la confianza del administrado. \n\nd) Colaboración institucional La buena fe implica que la Municipalidad coopere con SETENA en la fiscalización, informando incumplimientos de manera objetiva y sin sesgos, en lugar de obstaculizar o duplicar procedimientos. \n\ne) Transparencia y comunicación clara Los desarrolladores deben recibir información precisa sobre los requisitos ambientales y municipales, evitando cambios repentinos o interpretaciones discrecionales que generen inseguridad jurídica. \n\nLa referencia SINAC-ACC-D-1256-2024 (prueba aportada) está vinculada con la coordinación interinstitucional entre la Municipalidad de Barva, el SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) y la administración de Parques Nacionales. En este contexto, la relación de colaboración se entiende como un mecanismo de gestión compartida para asegurar que las decisiones municipales respeten la normativa ambiental y las competencias del SINAC, esto demuestra que el actuar municipal se enmarca dentro de la normativa nacional y bajo la orden y vigilancia de los entes rectores en materia de protección ambiental. \n\nEn síntesis, la Municipalidad actúa como facilitadora y garante del cumplimiento ambiental y en su actuar respeta el principio de buena fe, confía y actúa bajo las resoluciones y vigilancia de la SETENA. \n\nCONSIDERANDOS.\n\nPRIMERO: Que el recurso de amparo no constituye la vía procesal idónea para ventilar controversias de legalidad administrativa ni valoraciones técnicas ambientales. La Sala Constitucional ha reiterado que cuando lo discutido es la aplicación de normativa urbanística, permisos o viabilidad ambiental, corresponde al juez contencioso-administrativo en sede plenaria. Así lo ha señalado en el voto 2006-01345: “El recurso de amparo no es el mecanismo para cuestionar la legalidad de actos administrativos, pues ello corresponde al proceso contencioso-administrativo ordinario”. \n\nSEGUNDO: Que la Municipalidad de Barva de Heredia actuó dentro de sus competencias constitucionales y legales en materia de infraestructura vial cantonal, conforme a los artículos 169 y 170 de la Constitución Política y los artículos 4 y 13 del Código Municipal. La intervención se limita al mejoramiento de un camino público preexistente, históricamente utilizado como acceso al Parque Nacional Braulio Carrillo, Sector Barva, sin que ello implique apertura de una nueva vía ni disposición de bienes inalienables. La Ley N.º 65 de 1888 protege la zona contra enajenación o disposición, pero no prohíbe expresamente la conservación o mejora de caminos públicos existentes. \n\nTERCERO: Que la Municipalidad gestionó y obtuvo la viabilidad ambiental ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), mediante la Resolución N.º 657-2021-SETENA, que categorizó el proyecto como de bajo impacto ambiental (B2). La categorización corresponde a la autoridad ambiental competente, y la Municipalidad no puede sustituir ni cuestionar esa valoración técnica. La Sala ha señalado en el voto 2023-017109 (Exp. 22-027662-0007-CO) que “las instituciones públicas son las primeras llamadas a cumplir con la legislación tutelar ambiental, debiendo ajustarse a los dictados de la autoridad competente en materia de impacto ambiental”. \n\nCUARTO: Que el proyecto responde a un interés público legítimo: mejorar la seguridad y accesibilidad de comunidades rurales y visitantes al Parque Nacional, fortaleciendo el turismo sostenible y la conectividad. No existe prueba de un daño ambiental actual y directo; los alegatos de los recurrentes se basan en riesgos hipotéticos. La Sala Constitucional ha reiterado en el voto 2018-015432 que “el recurso de amparo no procede frente a eventuales riesgos o hipótesis de afectación, sino únicamente ante violaciones directas y actuales de derechos fundamentales”. \n\nQUINTO: Que el artículo 18 de la Ley Forestal dispone expresamente que en el Patrimonio Natural del Estado podrán realizarse o autorizarse labores de investigación, capacitación y actividades de ecoturismo, una vez aprobadas por el Ministerio de Ambiente y Energía, quien definirá, cuando corresponda, la realización de evaluaciones de impacto ambiental. El reglamento de dicha ley, en su artículo 11, precisa que en terrenos declarados como Patrimonio Natural del Estado, fuera de áreas silvestres protegidas, se pueden habilitar senderos o caminos rústicos para fines de ecoturismo, siempre que se cuente con la autorización del Ministerio de Ambiente. La Sala Constitucional, en el voto 2008-12109, ha reconocido que estas actividades son compatibles con la finalidad de conservación, siempre que se ajusten a criterios técnicos y ambientales. En consecuencia, el mejoramiento de un camino público preexistente en la zona de Sacramento, al constituir un acceso turístico y científico al Parque Nacional Braulio Carrillo, se enmarca dentro de las actividades permitidas por la Ley Forestal, siempre que cuente con la viabilidad ambiental otorgada por la autoridad competente, como en efecto ocurrió mediante la Resolución N.º 657-2021-SETENA. \n\nSEXTO: Que el principio de proporcionalidad, reconocido por la jurisprudencia constitucional, exige ponderar los intereses en juego entre la protección ambiental y el desarrollo sostenible. La Sala Constitucional ha señalado en el voto 2018-015432 que “el recurso de amparo no procede frente a riesgos hipotéticos, sino únicamente ante violaciones directas y actuales de derechos fundamentales”. En el caso concreto, la intervención sobre el camino público de Sacramento responde a un interés público legítimo: garantizar la seguridad vial, mejorar la accesibilidad de comunidades rurales y facilitar el ingreso ordenado al Parque Nacional Braulio Carrillo, promoviendo el turismo sostenible y la conectividad territorial. Dichos fines se enmarcan en el mandato constitucional de los artículos 169 y 170, que atribuyen a las municipalidades la competencia en materia de caminos públicos, y en el artículo 50, que tutela el derecho a un ambiente sano y equilibrado, el cual debe armonizarse con el derecho de las comunidades al desarrollo. \n\nSÉPTIMO: Que el principio precautorio, reconocido en el artículo 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo y reiterado por la Sala Constitucional en el voto 2023-017109 (Exp. 22-027662-0007-CO), impone al Estado y sus instituciones la obligación de actuar anticipadamente para prevenir posibles daños al ambiente, incluso en ausencia de certeza científica absoluta. Este principio no puede interpretarse como una prohibición absoluta de toda intervención en zonas de fragilidad ambiental, sino como un mandato de coordinación institucional y adopción de medidas técnicas que aseguren la protección de los ecosistemas. En el caso concreto, la Municipalidad de Barva ha cumplido con su deber de coordinación al gestionar la viabilidad ambiental ante SETENA, autoridad competente en la materia, y al ejecutar las obras en el marco de un convenio interinstitucional con el INDER. La obligación de tutela y fiscalización recae principalmente en el MINAE y el SINAC, como órganos rectores del Patrimonio Natural del Estado, quienes deben garantizar la integridad de la zona inalienable mediante mecanismos de control y supervisión. \n\nOCTAVO: Que el recurso de amparo no puede transformarse en un mecanismo para sustituir las competencias técnicas de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) ni las funciones jurisdiccionales propias del contencioso-administrativo. La Sala Constitucional ha señalado reiteradamente que el amparo no procede frente a discrepancias sobre la legalidad de actos administrativos ni frente a valoraciones técnicas especializadas, las cuales deben ventilarse en sede contenciosa (véanse votos 2012-00987 y 2023-022091). Pretender que esta vía constitucional sustituya el procedimiento técnico de evaluación ambiental o el control de legalidad propio del juez administrativo, implicaría desnaturalizar el amparo y convertirlo en un recurso ordinario de revisión de actos administrativos. En el caso concreto, la Municipalidad de Barva actuó conforme al principio de legalidad, gestionando la viabilidad ambiental ante SETENA y ejecutando las obras bajo un convenio interinstitucional con el INDER. La valoración de si correspondía exigir un estudio de impacto ambiental integral o una evaluación simplificada es una decisión técnica atribuible exclusivamente a SETENA, y cualquier cuestionamiento sobre su legalidad debe ser planteado en la jurisdicción contencioso-administrativa. \n\nNOVENO: Que la Resolución Nº 657-2021-SETENA establece obligaciones claras y específicas para las municipalidades en Costa Rica, en materia de control, seguimiento y cumplimiento de las condiciones ambientales de los proyectos dentro de su jurisdicción, convirtiendo a las municipalidades en aliados estratégicos de SETENA para garantizar que las obras se ajusten a la normativa ambiental vigente.\n\nDECIMO: Que la Municipalidad de Barva, en el marco de la construcción de la carretera de acceso al Parque Nacional Braulio Carrillo, ha actuado conforme a la normativa nacional, respetando la viabilidad ambiental otorgada por SETENA y coordinando con el SINAC y la administración de Parques Nacionales, asegurando que el proyecto cumpla con las disposiciones ambientales requeridas y con las medidas de conservación correspondientes. \n\nDECIMO PRIMERO: Que las acciones municipales comprenden la supervisión y control local, la coordinación interinstitucional con SETENA y SINAC, la gestión responsable de permisos, el seguimiento de compromisos ambientales y el acatamiento de lo establecido por la regencia del proyecto, demostrando que su rol no es únicamente administrativo, sino también de fiscalización activa y preventiva. \n\nDECIMO SEGUNDO: Que en su actuar, la Municipalidad ha respetado el principio de buena fe administrativa, fundamentando sus decisiones en la viabilidad ambiental emitida por SETENA, actuando con transparencia, coherencia y confianza legítima hacia los administrados, y garantizando que las resoluciones ambientales sean aplicadas de manera objetiva y vinculante. \n\nDECIMO TERCERO: Que la referencia SINAC-ACC-D-1256-2024 evidencia la coordinación interinstitucional entre la Municipalidad de Barva, el SINAC y la administración de Parques Nacionales, lo cual confirma que el actuar municipal se enmarca dentro de la normativa nacional y bajo la vigilancia de los entes rectores en materia de protección ambiental. \n\nDECIMO CUARTO: Que el Concejo Municipal, como órgano colegiado de representación política y máxima autoridad normativa del gobierno local, participa en la aprobación de proyectos de infraestructura mediante la adopción de acuerdos y disposiciones que legitiman la actuación de la Municipalidad, garantizando que las decisiones se adopten con respaldo institucional y en beneficio de la comunidad. \n\nDECIMO QUINTO: Que su competencia se centra en la aprobación política, presupuestaria y normativa, correspondiendo la ejecución material y administrativa del proyecto de construcción de la calle de acceso al Parque Nacional Braulio Carrillo a la Alcaldía y a la administración municipal, en cumplimiento de la normativa ambiental y bajo la supervisión de SETENA y SINAC. \n\nDECIMO SEXTO: Que el Concejo Municipal, en respeto al principio de buena fe administrativa, fundamenta sus decisiones en la viabilidad ambiental otorgada por SETENA y en la coordinación interinstitucional con SINAC, asegurando que el proyecto se ejecute conforme a la normativa nacional y sin afectar la integridad del Parque Nacional. \n\nDECIMO SETIMO: Que, en consecuencia, la participación del Concejo Municipal se limita a su rol de aprobación política y fiscalización democrática, desligándose de la ejecución técnica y operativa, la cual corresponde exclusivamente a la administración municipal bajo el marco legal y ambiental vigente. \n\nAnálisis informe Oficio MB-UTGVM-0080-2026. (Se adjunta como prueba) \n\nEl informe Oficio MB-UTGVM-0080-2026 se adjunta como parte integral del escrito de defensa de la municipalidad. \n\n1.- Sobre la naturaleza de la vía intervenida: \n\nRecurrentes (Amparo): Afirman que se trata de un “camino rústico de tierra” históricamente no pavimentado, dentro de zona inalienable protegida por la Ley N.º 65. \n\nMUNICIPALIDAD: No se trata de la apertura de una carretera nueva en zona virgen, sino de la rehabilitación de la Calle Sacramento C4-02-018, vía pública cantonal debidamente inventariada ante el MOPT, que históricamente ha recibido mantenimiento municipal mediante colocación de material granular y tratamiento superficial asfáltico en sectores específicos.\n\n2.- Sobre la finalidad del proyecto: \n\nRecurrentes: Alegan que el proyecto responde a fines turísticos y carece de estudios técnicos de pasos de fauna. \n\nMunicipalidad: La intervención responde a necesidades públicas esenciales de accesibilidad, seguridad vial, atención de emergencias, protección de la infraestructura y mejora de las condiciones de vida de comunidades rurales, así como al acceso institucional al Parque Nacional Braulio Carrillo, sector Volcán Barva. No se trata de un proyecto meramente turístico, sino de una obra de interés público superior. \n\n3.- Sobre la viabilidad ambiental: \n\nRecurrentes: Critican que SETENA clasificó el proyecto como de bajo impacto (B2) sin exigir Estudio de Impacto Ambiental completo, pese a fragilidad ambiental y zona inalienable. \n\nMunicipalidad: Desde la fase inicial reconocimos expresamente que la zona corresponde a un Área Ambientalmente Frágil. Por ello solicitamos apoyo técnico al MAG para la elaboración de la Evaluación de Impacto Ambiental y aportamos la localización geográfica mediante coordenadas CRTM05, lo que permitió a SETENA realizar la valoración correspondiente. La viabilidad ambiental fue otorgada por la autoridad competente, actuando esta Municipalidad bajo el principio de confianza legítima. \n\n4.- Sobre el manejo de vegetación y fauna: \n\nRecurrentes: Señalan remoción de vegetación autóctona y ausencia de pasos de fauna, lo que afecta hábitats críticos. \n\nMunicipalidad: Hemos ejecutado campañas de rescate y reubicación de árboles nativos y arbustos mediante técnicas de arboricultura, trasladando material vegetal a viveros especializados para su conservación y posterior reincorporación al ecosistema. Asimismo, contamos con regencia ambiental que realiza visitas periódicas al sitio de obra y tenemos contemplada la instalación de pasos de fauna aéreos y señalización preventiva, fortaleciendo la protección de la fauna silvestre. \n\n5.- Sobre la competencia institucional: \n\nRecurrentes: Alegan violación del principio de legalidad y falta de autorización expresa del MINAE/SINAC para intervenir en zona inalienable. \n\nMunicipalidad: La intervención se enmarca dentro de nuestras competencias legales en materia vial, conforme al régimen municipal vigente. Hemos actuado coordinadamente con INDER y SETENA, sin sustituir las competencias ambientales de MINAE o SINAC, y siempre dentro del marco de la legalidad. \n\n6.- Sobre la solicitud de suspensión: \n\nRecurrentes: Piden suspensión definitiva del proyecto por riesgo ambiental. \n\nMunicipalidad: Una suspensión definitiva resultaría desproporcionada y contraria al interés público, pues afectaría la seguridad vial, el acceso de comunidades rurales y la atención de emergencias, además de comprometer la inversión pública ya ejecutada. Lo procedente, en caso de estimarse necesario, es fortalecer la supervisión ambiental y la coordinación interinstitucional, no paralizar una obra que responde a necesidades colectivas urgentes. \n\nPor todo lo expuesto, solicitamos respetuosamente que se declare sin lugar el recurso de amparo interpuesto, al quedar demostrado que: \n\n- La obra corresponde al mejoramiento de una vía cantonal preexistente. \n\n- Se reconoció y atendió la fragilidad ambiental desde el inicio. \n\n- Se tramitó y obtuvo la viabilidad ambiental ante SETENA. \n\n- Se han implementado medidas de manejo ambiental y de protección de la fauna. \n\n- La intervención responde a un interés público superior y se ejecuta dentro de nuestras competencias legales. \n\nCONCLUSIONES: \n\n1) La Municipalidad de Barva ha demostrado que su actuación se enmarca en la normativa nacional, bajo la vigilancia de los entes rectores en materia ambiental, y que la obra pública de acceso al Parque Nacional Braulio Carrillo constituye una medida legítima, proporcional y orientada al interés general, garantizando la protección del ambiente, el desarrollo comunitario y el respeto al principio de buena fe administrativa. \n\n2) La Municipalidad de Barva ha actuado dentro de sus competencias legales, respetando la viabilidad ambiental otorgada por SETENA y en coordinación con SINAC, garantizando que la obra pública de acceso al Parque Nacional Braulio Carrillo sea legítima, proporcional y orientada al interés general, bajo el principio de buena fe administrativa. \n\n3) La Municipalidad de Barva ha actuado dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales en materia de infraestructura vial cantonal, conforme a los artículos 169 y 170 de la Constitución Política y los artículos 4 y 13 del Código Municipal. \n\n4) La obra de rehabilitación de la carretera de acceso al Parque Nacional Braulio Carrillo no constituye apertura de una nueva vía ni invasión arbitraria de patrimonio natural, sino el mejoramiento de un camino público preexistente, indispensable para la seguridad, la administración del parque y el desarrollo sostenible de las comunidades aledañas. \n\n5) La Municipalidad gestionó y obtuvo la viabilidad ambiental otorgada por SETENA mediante la Resolución Nº 657-2021-SETENA, cumpliendo con\n\nlos procedimientos administrativos exigidos y respetando el principio de legalidad y de buena fe administrativa.\n\n6) La participación del Concejo Municipal se circunscribe a la aprobación política, presupuestaria y normativa, desligándose de la ejecución material de la obra, la cual corresponde a la Alcaldía y a la administración municipal, bajo la coordinación interinstitucional con SETENA y SINAC.\n\n7) La obra pública es compatible con la normativa ambiental y con la condición de zona inalienable, en tanto se trata de infraestructura mínima y necesaria para garantizar el acceso, la seguridad y la función social del Parque Nacional, sin que exista prueba de un daño ambiental actual y directo.\n\nLos beneficios derivados de la rehabilitación de la carretera incluyen:\n\nMayor seguridad para usuarios y funcionarios del parque.\n\nMejor logística para la administración y conservación del área protegida.\n\nFomento del turismo sostenible y generación de empleo local.\n\nPrevención del despoblamiento y fortalecimiento de la identidad cultural de comunidades como Sacramento, Paso Llano, Porrosatí y San José de la Montaña.\n\nPETITORIA: \n\nCon fundamento en los considerandos anteriores, en la normativa constitucional y legal aplicable, y en la jurisprudencia reiterada de esta Sala, respetuosamente solicito: \n\nQue se declare sin lugar el recurso de amparo interpuesto contra la Municipalidad de Barva de Heredia \n\nQue se reconozca que la Municipalidad actuó dentro de sus competencias constitucionales y legales en materia de infraestructura vial cantonal, ajustando su proceder al principio de legalidad y a la coordinación institucional prevista en el ordenamiento jurídico. \n\nQue se confirme que la Municipalidad gestionó y obtuvo la viabilidad ambiental correspondiente ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), autoridad competente en la materia, cumpliendo con los requisitos exigidos por la Ley Forestal y su reglamento. \n\nQue se reafirme la improcedencia del recurso de amparo como mecanismo para sustituir la función técnica de SETENA y el control de legalidad propio de la jurisdicción contencioso-administrativa. \n\nQue se disponga el archivo del expediente, por no haberse acreditado violación directa y actual de derechos fundamentales”. \n\n4.- Informa Marlene Ulate Cambronero, en su condición de Directora Ejecutiva a.i. del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en cuanto a los hechos acusados, lo siguiente: \n\n“…II. Consideraciones Jurídicas \n\nPRIMERO: El Recurso de Amparo es un proceso judicial que se tramita en la Sala Constitucional y que constituye la denominada jurisdicción constitucional de la libertad, su existencia garantiza la vigencia de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales de derechos humanos vigentes en el país. La Ley de la Jurisdicción Constitucional establece en su numeral 29 que el Recurso de Amparo garantiza los derechos y libertades fundamentales a que se refiere esta ley, salvo los protegidos por el de Hábeas Corpus, establece además que procede contra toda disposición, acuerdo o resolución y, en general, contra toda acción, omisión o simple actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz, de los servidores y órganos públicos, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de aquellos derechos. No sólo procede contra los actos arbitrarios, sino también contra las actuaciones u omisiones fundadas en normas erróneamente interpretadas o indebidamente aplicadas. \n\nSEGUNDO: En el ordenamiento jurídico costarricense, el Recurso de Amparo se desprende de las normas constitucionales 10 y 48 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho al Recurso de Amparo para mantener o restablecer el goce de los derechos consagrados en la Constitución, así como de los de carácter fundamental, establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables en la República. Existe todo un título dentro de este cuerpo normativo, donde se establecen una serie de derechos y garantías individuales tales como el derecho a la vida en el artículo 21, el derecho a la intimidad, libertad y secreto de las comunicaciones del artículo 24, el derecho de igualdad que se consagra en el artículo 33, derecho que tienen los consumidores y usuarios (de servicios públicos) a la protección del ambiente en el artículo 46 y muchos otros, establecidos dentro de los derechos y garantías sociales, tales como derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el correlativo deber estatal de tutelarlo artículo 50 y deber estatal de proteger las bellezas naturales, lo que supone una tutela por lo menos indirecta del ambiente o parcial de éste en tanto apunta a un aspecto que lo integra: los paisajes naturales, en el artículo 89. \n\nTERCERO: La Sala Constitucional sólo está sometida a la Constitución, a la Ley y su jurisprudencia y precedentes son vinculantes “erga omnes” salvo para sí misma. Esta disposición es importante dado que lo resuelto por la Sala es vinculante para los demás órganos públicos, tanto administrativos como judiciales, así como para todos los particulares. \n\nIII. De la argumentación del Recurso de Amparo: \n\nEn relación con los alegatos del recurrente, Área de Conservación Central Oficina Subregional de Heredia procede a rendir informe en los siguientes términos: \n\nSegún el artículo 22 de la ley N°7788 de Biodiversidad N°7788, que establece que el SINAC cuenta con personería jurídica propia, y fue creado como un sistema de gestión y coordinación institucional, desconcentrado y participativo, que integrará las competencias en materia forestal, vida silvestre y áreas silvestres protegidas, con el fin de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales del país. \n\nBajo ese entendido, podemos explicar sobre la figura de la desconcentración que ostenta el SINAC, que esta obedece a una competencia exclusiva que se otorga a un Órgano inferior de la Administración, para que éste lo ejerza de forma propia y bajo su entera responsabilidad dentro de la estructura a la cual pertenece, tal como lo explica la Procuraduría General de la República en el Dictamen C-305-2009 del 28 de octubre de 2009: \n\n“…La desconcentración es una técnica de distribución de competencias en favor de órganos de una misma persona jurídica, por la cual un órgano inferior se ve atribuida una competencia en forma exclusiva, para que la ejerza como propia, en nombre propio y bajo su propia responsabilidad. Ahora bien, no se trata de cualquier tipo de competencia, sino de una competencia para resolver, para decidir en forma definitiva sobre una materia determinada por el ordenamiento. Esta atribución se funda en la necesidad de especializar ciertos órganos en materias específicas, de manera que se satisfagan en mejor forma los cometidos públicos. Desde esa perspectiva, desconcentrar es especializar funcionalmente determinados órganos, sin que se desliguen orgánicamente tales competencias de la estructura originaria.\n\nNormalmente se considera que la desconcentración es uno de los límites más importantes a la jerarquía. Esta es una técnica de descongestión de la jerarquía, que, ya que la transferencia de competencias decisorias implica un cambio en la titularidad de las competencias y no solo en su ejercicio, como sí sucede en la delegación. Por medio de este mecanismo, el órgano inferior se ve atribuida una competencia en forma exclusiva, para que la ejerza como propia, en nombre propio y bajo su propia responsabilidad, no obstante, lo cual mantiene su condición de órgano y, por ende, parte de la organización que desconcentra…”. \n\nDe conformidad de lo anterior, dentro de las competencias y responsabilidades, como ente técnico en la materia, SINAC- Área de Conservación Central Oficina Subregional de Heredia rinde informe solicitado, mediante el oficio CARTA-SINAC-ACC-DR-DRFVS-OSH-0097-2026 de fecha 11 de mayo del 2026, el cual en lo conducente indicó: \n\n(…) Sobre la intervención vial indicada en el recurso, corresponde señalar que la administración, mantenimiento y mejoramiento de caminos públicos cantonales es una competencia atribuida a las municipalidades, conforme al régimen municipal vigente y la normativa aplicable en materia de caminos públicos. \n\nEl proyecto denominado “Mejoramiento de la calidad de vida del territorio Heredia rural, mediante la construcción de cunetas y colocación de paquete estructural del pavimento en calle Sacramento C4-02-018”, se desarrolla mediante coordinación interinstitucional entre la Municipalidad de Barva y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), el proyecto cuenta con viabilidad ambiental tramitada ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), bajo expediente administrativo D1-0046-2021-SETENA, correspondiendo a dicha Secretaría la valoración técnica de impacto ambiental, categorización del proyecto y definición de los requisitos ambientales aplicables conforme a sus competencias legales. \n\nEn relación con las competencias del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), corresponde indicar que esta Administración ejerce funciones de administración y tutela sobre las áreas silvestres protegidas y el Patrimonio Natural del Estado, conforme al marco jurídico vigente. \n\nRespecto al sector indicado dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo y la zona comprendida por la Ley N.° 65 de 1888, se hace constar que el régimen de protección aplicable se encuentra sujeto a la normativa ambiental vigente, instrumentos de planificación y administración del Área Silvestre Protegida, así como a las competencias legales de las distintas instituciones involucradas. El resaltado no pertenece al original. \n\nSobre los cuestionamientos relacionados con la categorización ambiental del proyecto, suficiencia de estudios técnicos, definición de medidas de mitigación, pasos de fauna y demás aspectos asociados a la viabilidad ambiental, corresponde indicar que dichos elementos forman parte del ámbito técnico y procedimental de evaluación ambiental asignado legalmente a la SETENA.\n\nEn cuanto a autorizaciones forestales o remoción de árboles, esta Oficina no tiene registro de permisos tramitados ante esta dependencia relacionados específicamente con corta de árboles bajo competencia directa del SINAC para el proyecto citado. No obstante, se aclara que la gestión de vegetación ubicada dentro de derechos de vía y caminos públicos se rige además por la normativa específica aplicable en materia de infraestructura vial y competencias municipales (…)\n\nPor tanto, con fundamento al informe técnico rendido por SINAC- Área de Conservación Central Oficina Subregional de Heredia se concluye lo siguiente:\n\nLa ley N° 7554, Ley Orgánica del Ambiente artículo 84 enumeras las funciones de la SETENA:\n\nLas funciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental son las siguientes:\n\na) Analizar las evaluaciones de impacto ambiental y resolverlas dentro de los plazos previstos por la Ley General de la Administración Pública.\n\nb) Recomendar las acciones necesarias para minimizar el impacto sobre el medio, así como las técnicamente convenientes para recuperarlo.\n\nc) Atender e investigar las denuncias que se le presenten en lo relativo a la degeneración o al daño ambiental.\n\nd) Realizar las inspecciones de campo correspondientes antes de emitir sus acuerdos.\n\ne) Aprobar y presentar informes de labores al Ministro del Ambiente y Energía, en su calidad de Secretario Ejecutivo del Consejo.\n\nf) Elaborar guías para las actividades, obras y proyectos de evaluación de impacto ambiental, así como gestionar su disposición y divulgación.\n\ng) Recomendar, al Consejo, mediante el Ministro del Ambiente y Energía, las políticas y los proyectos de ley sobre el ambiente, surgidos de los sectores de la actividad gubernamental.\n\nh) Fijar los montos de las garantías para cumplir con las obligaciones ambientales, los cuales deberán depositar los interesados, con la debida periodicidad y el monto de los tratos.\n\nPara rendir esas garantías, se estará a lo dispuesto en el reglamento de la Contratación Administrativa\n\ni) Realizar labores de monitoria y velar por la ejecución de las resoluciones.\n\nj) Establecer fideicomisos, según lo estipulado en el inciso d) del artículo 93 de esta ley.\n\nk) Cualesquiera otras funciones necesarias para cumplir con sus fines.\n\nPor su parte la ley 7788, ley de Biodiversidad, establece en su numeral 22, las funciones del SINAC:\n\nARTÍCULO 22.- Sistema Nacional de Áreas de Conservación Créase el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en adelante denominado Sistema, que tendrá personería jurídica propia; será un sistema de gestión y coordinación institucional, desconcentrado y participativo, que integrará las competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas y el Ministerio del Ambiente y Energía, con el fin de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa Rica. Conforme a lo anterior, la Dirección General de Vida Silvestre, la Administración Forestal del Estado y el Servicio de Parques Nacionales ejercerán sus funciones y competencias como una sola instancia, mediante la estructura administrativa del Sistema, sin perjuicio de los objetivos para los que fueron establecidos. Queda incluida como competencia del Sistema la protección y conservación del uso de cuencas hidrográficas y sistemas hídricos (…) \n\nUna vez analizadas las competencias de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, resulta evidente que estas no pueden confundirse ni superponerse. La entidad competente para la evaluación de los estudios de viabilidad ambiental, el seguimiento de dichos procesos y la realización de inspecciones de campo es exclusivamente la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. En el presente caso, además, se cuenta con la viabilidad ambiental correspondiente, tramitada bajo el expediente administrativo D1-0046-2021-SETENA. \n\nAsimismo, tal como se desprende claramente del informe técnico emitido por el Área de Conservación Central Oficina Subregional de Heredia, suscrito por Edwin Arguedas Campos, el sector ubicado dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo y la zona comprendida por la Ley N.° 65 de 1888 se encuentran sujetos a la normativa ambiental vigente, así como a los instrumentos de planificación aplicables al área silvestre protegida. \n\nResulta de especial relevancia señalar que el Área de Conservación Central Oficina Subregional de Heredia, al momento de emitir el presente informe, no registra la tramitación de permisos ante esa dependencia relacionados específicamente con la corta de árboles cuya autorización corresponda a la competencia directa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en relación con el proyecto citado. \n\nEl Recurso de Amparo de cita expone: \n\n(…) La ejecución de las obras viales ha implicado el ensanchamiento de un tramo del antiguo camino rústico, lo cual implicó la remoción y extracción de vegetación autóctona de distintos tamaños, incluyendo arbustos en las márgenes del trayecto, vegetación que fue trasladada a un vivero privado. Dicho proceder se realizó sin valoración ambiental, configurando una afectación directa y una vulneración de la zona inalienable amparada por la Ley 65(…) \n\nLa Ley General de Caminos Públicos, artículo número 4, respecto al ancho del camino exime de responsabilidad al SINAC: \n\nArtículo 4- El ancho de las carreteras y de los caminos públicos será el que indiquen los departamentos técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), sin que pueda ser menor de veinte metros (20m) para las primeras y de catorce metros (14 m) para los segundos, salvo para aquellas rutas y calles públicas, reconocidas, debidamente inventariadas, codificadas y georreferenciadas en rutas nacionales y cantonales, que consten en los registros oficiales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y de los gobiernos locales, así tengan menos de veinte metros (20 m) o catorce metros (14 m) de ancho, según corresponda, para su debida intervención, conservación, mejoramiento y rehabilitación, aplicando esta excepción únicamente para los caminos públicos actuales y debidamente registrados. \n\nPor su parte, la remoción y extracción de vegetación autóctona, en el caso de marras no corresponde al SINAC, la Ley General del Medio Ambiente dispone lo siguiente: \n\nArtículo 17.- Evaluación de impacto ambiental. Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. \n\nLas leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental. \n\nUna vez otorgada la Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA) y habiéndose verificado el inicio efectivo de la Actividad, Obra o Proyecto (AOP), la SETENA ejerce sus facultades de fiscalización y control permanente. Esta fase de Gestión Ambiental tiene como objetivo primordial garantizar el cumplimiento riguroso de los compromisos ambientales y condiciones fijadas al desarrollador. \n\nEn consecuencia, en el presente caso no se advierte incumplimiento alguno por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación en el ejercicio de las competencias que le han sido legalmente atribuidas. \n\nPor lo expuesto, se solicita respetuosamente que esta honorable Sala tome en consideración los elementos técnicos y jurídicos que sustentan la actuación institucional. \n\nIV. PETITORIA \n\nEs por las razones de hecho y de derecho expuestas supra, solicito a esta honorable Sala, se tenga por rendido el informe de cita, se DECLARE SIN LUGAR lo planteado por la señora [Nombre 001] y el señor [Nombre 002], y sea declarado sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios”. \n\n5.- Informa Mónica Navarro del Valle, en su condición de Ministra de Ambiente y Energía, en cuanto a los hechos acusados, lo siguiente: \n\n“PRIMERO: Consideraciones Jurídicas sobre la Naturaleza de la Licencia Ambiental y las competencias de la SETENA. \n\nEn relación con el marco normativo que rige el presente caso, se deben precisar los siguientes puntos de relevancia jurídica: \n\nI. Naturaleza Jurídica de la Viabilidad Ambiental. \n\nLa Licencia o Viabilidad Ambiental debe entenderse, desde la técnica administrativa, como un acto administrativo de carácter previo y preparatorio. Su finalidad no es la autorización definitiva de ejecución, sino que constituye un presupuesto necesario y vinculante para la obtención de los permisos finales ante las autoridades sectoriales correspondientes. En consecuencia, su otorgamiento no agota la fase autorizatoria, sino que condiciona la búsqueda de concreción del proyecto al cumplimiento de estándares de tutela ambiental compatibles con el desarrollo. \n\nII. Delimitación de Competencias y Principio de Legalidad. \n\nEn virtud del Principio de Legalidad (artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) está facultada para actuar únicamente dentro de la órbita de sus atribuciones expresas. Sus competencias se hallan estrictamente delimitadas por la Ley Orgánica del Ambiente (No. 7554) y los reglamentos vigentes al momento de la evaluación. \n\nIII. Función Técnico-Científica de la Secretaría. \n\nBajo este régimen de legalidad, las prerrogativas de la SETENA se restringen a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Su función esencial radica en la aplicación de instrumentos técnicos fundamentados en criterios científicos para determinar la viabilidad de una propuesta. Todo el procedimiento evaluación requiere haberse completado y cumplido antes de iniciar cualquier proyecto, obra o actividad, y como un requisito para los permisos finales, esto refleja su naturaleza intermedia o como un acto preparatorio. Por tanto, la institución carece de potestad legal para emitir permisos finales de construcción o funcionamiento, cuya competencia recae exclusivamente en otras instancias del Estado, limitándose SETENA a dictaminar sobre la viabilidad ambiental como presupuesto de aquellos. \n\nAsí las cosas, se realiza un estudio técnico jurídico detallado del proyecto, según el instrumento de Evaluación que corresponda a la obra o actividad antes de su ejecución u operación; de ahí el carácter predictivo de la Licencia Ambiental y su fin es que se puedan imponer todas aquellas medidas de prevención, mitigación o compensación que sean necesarias para no causar un daño de imposible reparación al ambiente, se reitera entonces el carácter ex ante de la Evaluación de Impacto Ambiental de conformidad con el artículo 17 de la LOA que establece: \n\nArtículo 17.- Evaluación de impacto ambiental. Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. \n\nLas leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental. \n\nUna vez otorgada la Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA) y habiéndose verificado el inicio efectivo de la Actividad, Obra o Proyecto (AOP), la SETENA ejerce sus facultades de fiscalización y control permanente. Esta fase de Gestión Ambiental tiene como objetivo primordial garantizar el cumplimiento riguroso de los compromisos ambientales y condiciones fijadas al desarrollador. \n\nPara tales efectos, el ordenamiento jurídico prevé un catálogo de Instrumentos de Control y Seguimiento Ambiental, cuya exigibilidad se determina en función de la naturaleza y el riesgo del proyecto. Estos mecanismos de cumplimiento obligatorio incluyen: \n\n• Garantía de Cumplimiento Ambiental: Como caución económica destinada a asegurar la ejecución de las medidas de prevención, mitigación o compensación. \n\n• Nombramiento del Responsable Ambiental: Profesional debidamente acreditado que actúa como enlace técnico y responsable de la implementación de los planes de gestión. \n\n• Habilitación de la Bitácora Ambiental: Instrumento jurídico-técnico donde se consignan de forma cronológica las incidencias y el avance de las medidas ambientales.\n\n• Informes de Responsabilidad Ambiental (IRA): Reportes periódicos que deben ser presentados por el desarrollador y su responsable ambiental ante esta Secretaría, con la frecuencia y los requerimientos técnicos establecidos en la resolución administrativa que otorgó la licencia. \n\nEs imperativo resaltar que el incumplimiento de cualquiera de estos instrumentos facultaría a la SETENA para iniciar los procedimientos administrativos sancionatorios correspondientes, pudiendo derivar incluso en la suspensión o revocatoria de la viabilidad otorgada, en salvaguarda del interés público ambiental. \n\nAl respecto la Sala Constitucional ha indicado sobre las competencias de esta Secretaría, indicó en el Exp: 05-015450-0007-CO Res. No. 2009002019: \n\n(…) La viabilidad ambiental por su parte, representa la condición de armonización o de equilibrio aceptable, desde el punto de vista de carga ambiental, entre el desarrollo y ejecución de una actividad, obra o proyecto y sus impactos ambientales potenciales y el ambiente del espacio geográfico donde se desea implementar. Desde el punto de vista administrativo y jurídico, la viabilidad ambiental corresponde al acto en que se aprueba el proceso de evaluación de impacto ambiental, ya sea en su fase de Evaluación Ambiental Inicial o en la fase de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental o del Plan de Gestión Ambiental, según la actividad que se trate y amerite. De conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 del 4 de octubre de 1995, las actividades que requieren un estudio de impacto ambiental aprobado por SETENA son aquellas humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos materiales tóxicos o peligrosos. Su aprobación previa, de parte de este órgano, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Es así como la protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, obliga al Estado a tomar las medidas de carácter preventivo con el fin de evitar su afectación. De este modo, dentro de las principales medidas dispuestas por el legislador en este sentido, se encuentran varios instrumentos técnicos entre los que destaca el Estudio de Impacto Ambiental, según lo dispuesto en el artículo citado, siendo la condición del proyecto o de la obra, la que determinará en cada caso, su necesidad. Asimismo, de acuerdo con el precepto 18 de la Ley No. 7554, el legislador le encomendó a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental las evaluaciones a cargo de \"(…) un equipo interdisciplinario de profesionales, inscritos y autorizados por la Secretaría (…) de conformidad con las guías elaboradas por ella. El costo de las evaluaciones de impacto ambiental correrá por cuenta del interesado (…)\". Por su parte, el artículo 19 de la ley supra referida, estableció que \"las resoluciones de la Secretaría Técnica Ambiental deberán ser fundamentadas y razonadas\", con lo que se recoge en esta materia el principio general de fundamentación de los actos administrativos que es, a su vez, una garantía que integra el debido proceso. La aprobación de un estudio de impacto ambiental requiere, de acuerdo con los compromisos internacionales adquiridos por Costa Rica y encomendados a SETENA, un análisis pormenorizado que incluya, como lo exige el artículo 24 de la Ley del Ambiente, los criterios técnicos y los porcentajes de ponderación que hacen posible la aprobación del estudio. Además, debe responder a las normas, los objetivos de ordenación y prioridades ambientales del Estado nacional y del gobierno local, tal como lo recoge el principio 11 de la Declaración de Río. Debe hacerse además, la advertencia que la realización y aprobación del estudio de impacto ambiental no implica, en sí misma, la puesta en funcionamiento del proyecto en cuestión, por cuanto, es tan sólo uno de los requisitos exigidos para culminar el proceso de autorización que, en algunos casos, será la obtención del permiso de salud, la aprobación de los planos de la urbanización por la municipalidad respectiva, el visto bueno de la concesión por la entidad competente, el otorgamiento de las licencias comerciales, etc. Esto es así debido a que, tratándose del ambiente, no se puede hablar de variables inmodificables; todo lo contrario, por su propia naturaleza, el ambiente es, por sí mismo, y, con mayor grado por intervención del ser humano, cambiante. La aprobación de un estudio de impacto ambiental en los términos que lo señala la Ley Orgánica del Ambiente, tampoco supone una autorización inmodificable para realizar un determinado proyecto humano, toda vez que, a través de la labor de fiscalización a cargo de la Administración, al detectarse un daño al ambiente según lo establece la Convención de Río, el permiso puede revocarse, a fin de garantizar el derecho establecido en el numeral 50 de la Constitución Política y, a la vez, ejecutar la garantía ambiental que se dispone para resguardar la aplicación de medidas ambientales de corrección, mitigación o compensación por daños ambientales o impactos ambientales negativos no controlados por la actividad, obras o proyectos. (…) \n\nSEGUNDO: Generalidades del Proyecto: El caso que nos ocupa corresponde al expediente administrativo número D1-0046-2021-SETENA. \n\nNombre del proyecto: Mejoramiento de la Calidad de Vida del Territorio Heredia Rural, Mediante la Construcción de Cunetas y Colocación de Paquete Estructural del Pavimento en Calle Sacramento C4-02-2018 \n\nUbicación: Provincia: Heredia \n\nCantón: Barva \n\nDistrito: San José de la Montaña \n\nCoordenadas: \n\nLatitud 1120114.0363215 \n\nLongitud 486230.00741091 \n\nNo. De Plano Catastrado: Dominio Público \n\nNúmero de Finca: Dominio Público \n\nMedida finca según plano (m2): 16,700.00 \n\nÁrea del proyecto según diseño (m2): 16,700.00 \n\nClasificación CIIU y Categoría Proyecto (IAP): 4510(CIIU4 4312) = B2 \n\nPuntaje de SIA: 296 \n\nDesarrollador: Municipalidad de Barva \n\nCédula Jurídica: 3-014-042089 \n\nRepresentada por: Jorge Antonio Acu Prado \n\nCédula física: 01-1214-0186\n\nResolución de Viabilidad Ambiental \n\nLa misma fue otorgada mediante Resolución No. 657-2021-SETENA de las 11 horas 41 minutos del 28 de abril del 2021, con la siguiente descripción: \n\nDescripción del Proyecto: Se colocará una sub base granular de 20 centímetros de espesor a lo largo de 2.7 kilómetros con un ancho de 6 metros, seguidamente se colocará una base granular de otros 20 centímetros sobre la capa anterior, para finalizar con una carpeta asfáltica de 5 centímetros. Además, se construirán cunetas con sección transversal en V, en ambos márgenes de la superficie de ruedo, con un desarrollo de 1,5 metros y se realizara en concreto hidráulico con una resistencia de 225 kg/cm2. \n\nEl último acto que consta en el expediente administrativo es la apertura de la Bitácora Ambiental Digital para el proyecto de marras el día 3 de julio del 2025 mediante el oficio de apertura No. SETENA-BD-DT-DEA-0238-2025. Anterior a esto, consta que la Municipalidad desarrolladora había presentado una solicitud de modificación del proyecto al que se le otorgó la Licencia de Viabilidad Ambiental, y por medio del oficio No. SETENA-DT-ASA-1821-2022 del15 de setiembre de 2022 esta Secretaría le indica a la desarrolladora: \n\nEl nuevo ajuste al diseño del proyecto implica lo siguiente: \n\nSe desea incluir dentro de la descripción del proyecto las siguientes obras: \n\nSe debe construir los pasos de agua transversales con alcantarillas de concreto reforzado y sus respectivos desfogues según los planos. \n\nPara el paso de agua sobre el Rio Guararí se deberá construir una alcantarilla de cuadro de una celda interna con las siguientes dimensiones internas de 3,05 x 3,66 m, con disipadores de energía en su salida. \n\nSobre el Rio Yurro Seco se deberá construir un paso de alcantarilla de concreto reforzada con un diámetro de 2 400 mm con cabezales de entrada y un cabezal de salida con disipador. Se deberá conformar la entradas y salidas en ambos ríos (Rio Guararí y Rio Yerro Seco). \n\n• El diseño de sitio no se modifica. \n\n• El proyecto se desarrollará sobre calle pública. \n\n• No existe cambio en la categoría de Impacto Ambiental Potencial, ni en el instrumento de EIA. \n\n• Respecto la garantía ambiental, el costo global de inversión del proyecto no sufre variación significativa con el ajuste al diseño original, por lo tanto, se mantiene el monto de garantía fijada inicialmente. El proyecto cuenta con los Compromisos Ambientales establecidos en la Resolución de Viabilidad debidamente presentados y al día. \n\nSe advierte que el ajuste al diseño forma parte de la Cláusula de Compromiso Ambiental Fundamental adquirida por el desarrollador inicialmente.\n\nEl cumplimiento del procedimiento de EIA no exime al desarrollador de una actividad, obra o proyecto, del trámite a cumplir ante otras autoridades de la Administración, de conformidad con las competencias y normativa vigentes, ni de cumplir con sus obligaciones o responsabilidades que de su gestión deriven. \n\nSe le advirtió al desarrollador que, a excepción de la descripción del proyecto, se mantiene en todos sus efectos lo ordenado en la Resolución N°0657-2021-SETENA, referente a los compromisos ambientales e Instrumentos de Control y Seguimiento Ambiental. \n\nTERCERO: Sobre lo requerido por la Sala, en relación a los temas que directamente atañen a la SETENA: \n\nSolicita el Tribunal Constitucional, referirse de manera específica a lo siguiente: \n\n(…) que en el distrito de San José de la Montaña, ubicado en Sacramento de Barva, Heredia, dentro de la zona inalienable creada por Ley 65, que además forma parte del área de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo, se han iniciado por parte de la Municipalidad de Barva de Heredia, trabajos de construcción de una carretera sobre un antiguo camino rústico de tierra. Dicho camino, históricamente se ha mantenido no pavimentado y con mínima intervención, conservando el suelo natural del terreno y ha servido como acceso directo a la entrada turística del Parque Nacional. Debido a sus condiciones, tradicionalmente solo ha sido transitable por vehículos de doble tracción y a velocidades muy reducidas. Las obras de construcción de la carretera tienen financiamiento del instituto de Desarrollo Agrario (INDER) , de conformidad al Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto de Desarrollo Rural y la Municipalidad de Barva, cuyo propósito declarado es el impulso turístico en la zona. Del análisis del convenio se desprende que el INDER ni la Municipalidad valoraron que el proyecto se ejecutaría dentro de una zona de protección absoluta establecida por la Ley 65, así como en un área de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo, lo que llevó a que se omitiera la asignación de recursos destinados a financiar estudios técnicos que definieran la cantidad y el tipo de pasos de fauna indispensables para mitigar el impacto sobre la vida silvestre. Tal omisión resulta especialmente grave, dado que la carretera proyectada atraviesa un hábitat crítico, donde la ausencia de dichas medidas puede generar daños irreversibles a la fauna. La ejecución de las obras viables ha implicado el ensanchamiento de un tramo del antiguo camino rústico, lo cual implicó la remoción y la extracción de vegetación autóctona de distintos tamaños, incluyendo arbustos en las márgenes del trayecto, vegetación que fue trasladada a un vivero privado. Dicho proceder se realizó sin valoración ambiental, configurando una afectación directa y una vulneración de la zona inalienable amparada por la Ley. 65. La zona inalienable fue creada por el Congreso de la República de Costa Rica mediante la Ley 65, del 30 de julio 1888, con el propósito de preservar las montañas que constituyen el origen de las aguas que abastecen a gran parte de la población de Heredia, Alajuela y San José. Esta disposición legal reconoció desde entonces el valor estratégico y vital de dichas montañas para el bienestar de una mayoría de habitantes del Valle Central que se abastecen de los acuíferos que tienen su recarga en esa zona, declarando su carácter inalienable para asegurar la protección de los ecosistemas y la permanencia de los recursos hídricos esenciales. La declaratoria legal de bienes como demaniales, mediante la declaratoria de inalienabilidad que le dio la Ley 65 a un territorio en el norte de Heredia, le dio la condición de ser imprescriptibles, inembargable, debido a los fines colectivos que persigue. Se debe comprender que la demanialidad no depende únicamente de la voluntad administrativa, sino que se determina por la naturaleza intrínseca del bien y su vinculación con el interés general. En este sentido, la jurisprudencia ha señalado que la declaratoria de demanialidad de un bien, o de un conjunto de bienes. El objetivo de la Ley 65, es garantizar la preservación del recurso hídrico que abastece a los habitantes del Valle Central; no puede alcanzarse de manera aislada; la protección de agua exige, de forma inseparable, la protección del entorno natural. Existe una interdependencia absoluta entre la conservación del ambiente -bosques, flora y fauna- y la salvaguarda del recurso hídrico; cuidar uno implica necesariamente cuidar al otro. Con el fin de garantizar la protección absoluta prevista en la zona inalienable por la Ley 65, las actividades autorizadas dentro de dicha área se encuentran estrictamente restringidas y sometidas a rigurosos criterios de conservación (véase voto 2008-12109 de la Sala Constitucional). En consecuencia, resulta imprescindible la realización de estudios técnicos exhaustivos que aseguren, con certeza, que cualquier actividad humana en esa zona, no provoque impactos negativos sobre la flora, la fauna, los recursos naturales y el ambiente en su conjunto. Con la construcción de la carretera, se produce una afectación directa sobre ecosistemas frágiles, hábitats de especies protegidas y recursos hídricos esenciales, abriendo la zona a presiones de desarrollo que comprometen su equilibrio natural. Estas al ubicarse dentro de un área reconocida como patrimonio natural del Estado y, por tanto, sometida a un régimen especial de protección jurídica, debieron ser evaluadas con el máximo rigor por SETENA antes de otorgar la viabilidad ambiental. Bajo el marco de la normativa vigente, correspondía aplicar el principio de precaución y cumplir con la obligación estatal de garantizar la integridad del patrimonio natural, y así tener la certeza, que no se produciría una degradación irreversible del ambiente. La construcción de una nueva carretera, aun cuando se proyecte sobre un camino rústico preexistente, al encontrarse dentro de áreas que forman parte del patrimonio natural del Estado y que presentan condiciones de alta fragilidad ambiental- incluyendo su carácter de zona de amortiguamiento de un parque nacional- exige la elaboración de un estudio de impacto ambiental. Solo mediante este procedimiento administrativo de carácter científico-técnico es posible identificar, evaluar y predecir los efectos que el proyecto generaría sobre el ambiente, y, en caso necesario, establecer medidas de mitigación. La viabilidad ambiental, por tanto, no puede ser un mero trámite formal, sino el resultado de un análisis riguroso que garantice la protección de los ecosistemas y la integridad del patrimonio natural bajo el principio de precaución. Un aspecto esencial de la zona inalienable en el trayecto donde se construirá la carretera es que, además de sus beneficios para el recurso hídrico, cumple la función de área de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo. Esta franja no solo protege directamente al parque, sino que también actúa como un conector ecológico vital, ofreciendo espacios de residencia, anidación, alimentación y tránsito para una gran diversidad de especies de fauna silvestre. En ella habitan quetzales, dantas, jilgueros, felinos como pumas, ocelotes, jaguarundis y manigordos, así como cabros de monte, coyotes, monos carablanca, numerosas especies de colibríes, reptiles y otros organismos. A su vez, la riqueza de su flora nativa constituye un valor ecológico adicional que refuerza la trascendencia de su conservación. La apertura de una carretera en un área de alta fragilidad ecológica no es una simple modificación del paisaje: representa una alteración profunda de los procesos naturales que sostienen la vida en la región. El equilibrio ambiental existente se basa en la interacción que facilite el tránsito masivo de vehículos, introduce ruido, contaminación, fragmentación de hábitats y presión sobre especies silvestres indispensables para la biodiversidad y el equilibrio ambiental de la región. El artículo 13 de la Ley Forestal dispone que la administración del patrimonio natural del Estado, comprendiendo dentro de este las áreas declaradas inalienables, corresponde al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) en su calidad de órgano rector en materia ambiental. Dicha competencia se ejerce a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), instancia desconcentrada de carácter técnico-administrativo, a la cual se le atribuye la función de protección, custodia y tutela jurídica de dicho patrimonio. El artículo 18 de la Ley Forestal indica que, en el patrimonio natural, el Estado podrá realizar o autorizar labores de investigación, capacitación y ecoturismo, una vez aprobadas por el Ministerio del Ambiente y Energía, quien definirá, cuando corresponda, la realización de evaluaciones del impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esta ley. El reglamento de la Ley Forestal señala en su artículo 11, que en los terrenos previamente declarados como Patrimonio Natural del Estado, fuera de áreas silvestres protegidas, en consonancia con el artículo 18 de la Ley Forestal y para actividades de ecoturismo, se pueden llevar a cabo senderos o caminos rústicos, siempre y cuando se cuente con la autorización del Ministerio de Ambiente, en razón de ser este ministerio al que le corresponde, velar por la protección de los recursos naturales del país. Agrega que “15. El proyecto de intervención del camino turístico en Sacramento, denominado como: PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DEL TERRITORIO HEREDIA RURAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y COLOCACIÓN DE PAQUETES ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO EN CALLE SACRAMENTO”, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) lo tramitó bajo el expediente D1-0046-2021-SETENA para el otorgamiento de la viabilidad ambiental, la cual se otorgó mediante la Resolución 657-2021-SETENA del 28 de abril del 2021. 16. Según se extrae del expediente D1-0046-2021-SETENA, que SETENA ni la Municipalidad de Barva de Heredia, consideraron factores determinantes para categorizar el impacto ambiental potencial, como: la ubicación del proyecto en una zona de alta fragilidad ambiental, dentro del área de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo, y además en territorio declarado inalienable y de protección absoluta por la Ley No. 65. Tal omisión, llevó a que se categorizara la iniciativa constructiva, como de baja significancia ambiental (categoría B2, conforme al artículo al artículo 6 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Impacto Ambiental), lo que condujo a que SETENA aprobara la viabilidad mediante una simple evaluación de impacto ambiental y no exigiera un estudio de impacto ambiental completo. 17. Dado que la intervención sobre el camino rústico se localiza en un área reconocida como patrimonio natural del Estado, que además funciona como zona de amortiguamiento de un parque nacional y presenta una elevada fragilidad ambiental, el proyecto de construcción de la carretera, debió ser categorizado como de alto impacto ambiental potencial; y en consecuencia, correspondía exigir al desarrollador la tramitación de la viabilidad ambiental ante SETENA mediante la presentación de un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL COMPLETO, y no permitirle únicamente una evaluación simplificada (Evaluación de Impacto Ambiental). La ausencia de un estudio integral provocó la carencia de investigaciones fundamentales para determinar la factibilidad y la sostenibilidad ambiental del proyecto, así como para establecer la necesidad de medidas preventivas frente a posibles, impactos negativos sobre el ecosistema y los recursos hídricos. Entre los estudios omitidos se encuentran los de arqueología, geología básica (incluyendo geología, hidrología y amenazas naturales) y biología. En el expediente D1-0046-2021-SETENA consta la certificación emitida por el conultor (sic) ambiental de la desarrolladora (Se adjunta copia con la presente solicitud de amparo), en la cual se afirma que el proyecto: “…no requiere la presentación de Estudio de Arqueología, Estudio de Geología básica (geología, hidrogeología y amenazas naturales) ni Estudio de Biología Rápida, debido a la naturaleza del proyecto, que corresponde únicamente a la colocación de una capa asfáltica sobre un camino ya existente”. SETENA se fundamentó en dicha declaración para clasificar el proyecto como de bajo impacto ambiental potencial y, por lo tanto, no exigir la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, pese a que este resultaba procedente dadas las características ambientales y jurídicas de la zona, donde la construcción de la carretera implica una transformación física sustancial del camino rústico, históricamente una vía de tierra no pavimentada, que conservaba el suelo natural del terreno con una mínima alteración. 19. La tramitación de la viabilidad ambiental mediante una simple Evaluación de Impacto Ambiental, en lugar de un Estudio de Impacto Ambiental completo, redujo de manera sustancial el rigor del trámite para obtener la viabilidad ambiental. Esa decisión beneficio directamente al desarrollador, pues únicamente se le exigió presentar una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, instrumento que en la práctica se limita a construir una promesa una promesa de cumplimiento de condiciones generales, que se limitaron al acatamiento de la normativa ambiental vigente, y específicamente, a la gestión del permiso correspondiente ante MINAE en caso de eliminación de árboles, sin establecer medidas adicionales de prevención o mitigación derivadas tanto del propio proceso constructivo como de las actividades posteriores derivadas tanto del propio proceso constructivo como de las actividades posteriores derivadas del uso de la carretera una vez finalizada. En síntesis, el procedimiento adoptado debilitó la función del control ambiental de SETENA, sustituyendo un análisis técnico profundo por un trámite meramente formal de compromisos genéricos, lo que evidencia una flexibilización institucional que privilegia intereses económicos, disfrazados bajo el estribillo de desarrollo, sobre la protección efectiva del ambiente. 20. Es fundamental distinguir entre una EVALUACIÓN AMBIENTAL y un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. La primera se aplica únicamente a proyectos con bajo potencial de afectación que se desarrolla en áreas de baja o muy baja fragilidad ambiental. En estos casos, el trámite busca obtener la viabilidad ambiental de SETENA, mediante un documento técnico elaborado por el propio promotor del proyecto, quien es el que identifica los posibles impactos y puede proponer medidas de mitigación. Por el contrario, el Estudio de Impacto Ambiental, que es requisito en zonas de alto impacto ambiental -como lo es la zona inalienable establecida por la Ley 65 -constituye un informe técnico de carácter interdisciplinario que analiza, anticipa y evalúa los impactos, tanto positivos como negativos, que un proyecto o actividad puede generar sobre el medio ambiente. A través del estudio de impacto ambiental, se facilita la ejecución de la obra al establecer medidas de mitigación y compensación. Este proceso incluye además la realización de estudios técnicos científicos, de una consulta pública, procedimientos conducidos directamente por la autoridad ambiental competente (SETENA), quien tiene la potestad de aprobar o rechazar la viabilidad ambiental del proyecto. 21. En el Expediente D1-0046-2021-SETENA no consta ningún aval ni permiso emitido por el MINAE o el SINAC que autorizara el inicio de las obras de la carretera de la zona inalienable protegida por Ley 65, patrimonio Natural del Estado. Esta omisión constituye el incumplimiento de un requisito esencial, atribuible tanto a la Municipalidad de Barva de Heredia, que debió gestionarlo, como a SETENA, que debió exigirlo, y también MINAE/SINAC, cuya obligación es fiscalizar, custodiar la integridad y conservación de dicho patrimonio, impidiendo la ejecución de las obras sin la debida autorización. Tales acciones u omisiones conllevan a que se esté violentando el principio de legalidad y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 22. El 7 de abril, mediante el Oficio JFCA/CNV/010426 y ante la violación de la zona inalienable, con el inicio de la construcción de la carretera, que amenaza directamente ecosistemas esenciales para la recarga hídrica y la biodiversidad, se solicitó a los jerarcas del MINAE y/o SINAC que informaran, en su calidad de responsables de la administración y tutela de esa zona, lo siguiente: (…) 1) Si el Ministerio de Ambiente y Energía y/o el Sistema Nacional de Áreas de Conservación habían otorgado autorización, aval o visto bueno para que la Municipalidad de Barva u otra institución, llevaran a cabo la ampliación, reparación y pavimentación del camino de acceso al Parque Nacional Braulio Carrillo, Sector Barva, dentro de dicha zona inalienable. 2) En caso de que hubieran otorgado el aval, solicitamos se nos suministre la copia de la resolución correspondiente del MINAE y/o SINAC, debidamente motivada, en la cual consten de manera expresa los criterios técnicos y jurídicos que fundamentaron la decisión de dar aval a la construcción de la carretera. 3) Se informará cuáles serían los mecanismos específicos de mitigación ambiental que se implementarán, especialmente frente al impacto derivado de la habilitación de la carretera, considerando el incremento proyectado en el flujo vehicular y el impacto que producirá en la fauna debido a atropellos, contaminación sónica y lumínica, entre otros. 23. A la fecha, únicamente se recibió respuesta del MINAE, no así del SINAC. De lo contestado por el Ministerio de Ambiente y Energía se desprende que este se está desentendiendo de su responsabilidad jurídica de proteger el patrimonio natural del Estado, pues en el Oficio PDVA-059-2026 del 10 de abril del 2026, firmado por el Viceministerio de ambiente, este indicó lo siguiente: …que, en materia de infraestructura vía cantonal, la competencia corresponde a la Municipalidad de Barva, de conformidad con el régimen municipal vigente, la legislación en materia de caminos públicos y los instrumentos de planificación territorial aplicables. Su ejecución se ha desarrollado en el marco de un convenio interinstitucional entre el INDER y la Municipalidad de Barva, lo que evidencia un esquema formal de coordinación institucional con nombre: “Convenio específico entre el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y la Municipalidad de Barva. Para la ejecución del proyecto denominado: Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del territorio, Heredia rural, mediante la construcción de cunetas y colocación de paquete estructural del pavimento en calle Sacramento C4-02-2018. Sobre parte del camino que está dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo en la Ley 65 de 1888, debe indicarse que la intervención de este debe entenderse como una actuación en la que la Municipalidad ejerce su competencia en materia vial, bajo la observancia de las disposiciones ambientales aplicables en los sectores ubicados dentro del área protegida. 24. De la respuesta emitida por el viceministro de ambiente se concluye que el MINAE se ha desprendido de su deber de custodia, tutela y patrimonio natural del Estado, específicamente de la zona inalienable establecida por Ley 65. Asimismo, se confirma que no otorgó la autorización necesaria para la construcción de la carretera en dicha zona. Esta omisión no solo implica la transgresión de normas jurídicas, como los artículos 13 y 18 de la Ley Forestal y el artículo 11 de su Reglamento, sino que además vulnera los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 25. Como en el expediente D1-0046-2021-SETENA no consta que se vallan a llevar a cabo, la construcción de pasos de fauna para reducir el atropello de animales silvestres en la nueva carretera, el 19 de marzo de 2026 enviamos nota al alcalde de la Municipalidad de Barva de Heredia, Jorge Acuña Prado, solicitando información sobre la existencia y ubicación de dicha infraestructura; sin embargo, hoy en día no hemos recibido respuesta alguna. Del silencio del alcalde y de lo consignado en el expediente de SETENA se concluye que el proyecto carecerá de este sistema esencial de protección de la fauna.” (...)\n\nEn atención al mandato de la Sala Constitucional, dictado mediante la resolución de las ocho horas treinta minutos del seis de mayo de dos mil veintiséis, se procede a informar lo solicitado a esta Secretaría. Lo anterior, con el propósito de brindar los elementos de juicio técnicos y jurídicos requeridos en relación con las competencias propias de SETENA, y con base en el informe técnico No. CARTA-SETENA-DT-DEA-1043-2026 del 13 de mayo del 2026, emitido para mejor resolver, que se adjunta como prueba al presente informe, explica: \n\nRespuesta a los alegatos \n\nAlegato 1: Obras realizadas en zona inalienable ley 65 de 1888 y zona de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo. \n\nRespuesta: Se tiene que las obras planteadas son el mejoramiento de un camino existente, por tanto, se considera que el sitio del proyecto ya tiene un impacto, por cuanto es desde hace años atrás utilizado por vehículos y personas para acceder al Volcán Barva, no constituye la apertura de un camino nuevo en una zona no impactada. En el expediente se tiene que “El AP consiste en una zona con ocupación del suelo en pasturas, el área a intervenir es un área intervenida, con material de lastre en muy mal estado lo que impide la visitación al Parque Volcán Barva. La topografía es irregular”. \n\nSobre la normativa mencionada por el recurrente. \n\nLa ley 65 indica: \n\n“Art. 1°-Se declara inalienable una zona de terreno de dos kilómetros de ancho, a uno y otro lado de la cima de la montaña conocida con el nombre de Montaña del Volcán de Barba, desde el cerro llamado el Zurquí hasta el que se conoce con el nombre de Concordia, ya sea dicha zona de propiedad nacional o municipal”. \n\nEl Plan Regulador del cantón de San Isidro de Heredia: Reglamento de Zonificación \n\nMUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA, indica: \n\n“La Zona de Amortiguamiento de Zonas Protegidas (ZAZP) \n\nArtículo 95.-La ZAPN comprende una franja de 200 metros paralela al límite del Parque Nacional Braulio Carrillo dentro de los límites del cantón San Isidro, específicamente en los sectores norte de los distritos de Concepción y San José. El propósito de la ZAPN es el de prevenir, contener y/o mitigar el impacto directo e indirecto del desarrollo de actividades humanas sobre los límites del Parque Nacional, por medio de un espacio de borde” \n\nEl trazo del proyecto solamente se ubica en la zona de amortiguamiento antes mencionada en su tramo final, la coordenada extrema Norte del trazo del camino colinda con los linderos del Parque Nacional Braulio Carrillo, por otro lado, lleva razón el recurrente en que toda el área del proyecto (AP) se encuentra en la zona inalienable establecida en la ley 65 de 1988, no obstante, como se ha indicado el camino ya estaba trazado y utilizado tanto por personas como por vehículos.\n\nSe interpretó que la zona inalienable se refiere a imposibilidad de realizar obras nuevas en esta zona que cambien la naturaleza inalienable y demanial de esta, en el caso en análisis se refiere al mejoramiento de un camino, que si bien es cierto está inmerso en la zona inalienable de la ley 65 de 1888, el derecho de vía de un camino existente está tutelado por la municipalidad local y el proyecto no está cambiando la naturaleza demanial ni el uso público de dicho espacio ni invadiendo o interviniendo zonas fuera del derecho de vía. \n\nAlegato 2: Omisión de estudios de pasos de fauna e implementación de estos. \n\nRespuesta: En el momento en que se realizó el análisis técnico del expediente no existía normativa ambiental que exigiera el estudio para la determinación de pasos de fauna, por lo anterior y en virtud del principio de legalidad, no se solicitaron dichos análisis y no se plantearon medidas ambientales para este fin. Se considera importante indicar que al ser un camino existente, el mismo ya se constituye como una potencial barrera natural para las especies existentes, el hecho de cambiar su construcción de lastre a pavimento, no es un cambio significativo, por cuanto no conlleva otro tipo de barreras, más que el cambio en el material de la superficie de rodamiento, es también necesario señalar que la gestión ambiental es dinámica y que como parte del seguimiento ambiental se pueden solicitar dichos estudios y medidas (en caso de ser necesarias) para el aseguramiento de la protección de las especies que puedan ser afectadas por el mejoramiento del camino. Esto amparado en el Decreto ejecutivo N° 40139 -MOPT, Oficialización de la Norma Técnica para el Desarrollo y la Conservación de la Red Vial Cantonal, artículo 13 inciso c: \n\nc) Los caminos ubicados en áreas de protección de los recursos naturales o que intersequen rutas de paso de fauna silvestre, deberán contar con estructuras adecuadas que faciliten el libre paso de esta de un lado al otro del camino, en los sitios en los que los estudios elaborados por profesionales especialistas en el tema designados para tal propósito, así lo determinen. \n\nY artículo 17 inciso c: \n\nc) Implementar medidas que faciliten la conectividad y desplazamiento de la fauna silvestre en las rutas cantonales con la finalidad de minimizar la afectación resultante de la fragmentación provocada por las carreteras y su flujo vehicular. \n\nAlegato 3: Extracción de vegetación autóctona sin valoración ambiental. \n\nEl proyecto indicó entre sus elementos que no se cortarían arboles como parte de las obras de mejoramiento del camino, nuevamente sobre la cobertura en el expediente se indicó: “El AP consiste en una zona con ocupación del suelo en pasturas, el área a intervenir es un área intervenida, con material de lastre en muy mal estado lo que impide la visitación al Parque Volcán Barva. La topografía es irregular”. \n\nPor lo tanto, a esta secretaría no se le informó la eventual extracción de vegetación autóctona, y en caso que así fuera el desarrollador del proyecto deberá contar con los permisos correspondientes del SINAC, conforme a sus competencias. \n\nAlegato 4: Proyecto se realiza en zona patrimonio natural del estado (PNE).\n\nRespuesta: Según la capa oficial de patrimonio natural del estado tomada del nodo del MINAE-SINAC, del SNIT, el trazo del proyecto no se ubica en patrimonio natural del estado, no atraviesa patrimonio natural del estado, se reitera que el proyecto solamente fue aprobado sobre del derecho de vía existente de la calle pública cantonal Sacramento C4-02-2018, tutelada por la municipalidad local, misma que es la desarrolladora del proyecto en cuestión. \n\nVer siguiente imagen: Trazo del proyecto en punteado blanco y PNE en naranja.\n\nAlegato 5: SETENA aprobó viabilidad mediante una simple evaluación de impacto ambiental y no un Estudio de impacto ambiental, sin tomar en cuenta áreas ambientalmente frágiles. \n\nEl ordenamiento jurídico nacional tiene bien establecidos los instrumentos de evaluación ambiental existentes, si bien unos tienen mayor rigurosidad que otros, ninguno es una “simple evaluación de impacto ambiental”, esto es una valoración subjetiva del recurrente. También se tiene bien definido en el Decreto No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC (decreto vigente en el momento de la evaluación ambiental del proyecto en cuestión), el cómo se determina el instrumento de evaluación que corresponde para cada actividad obra o proyecto (AOP), en este caso según la calificación final de la SIA que fue 295, por lo que, de acuerdo a su clasificación en función de la calificación final, debe presentar el siguiente instrumento: D1+Declaración Jurada de Compromisos Ambientales. \n\nEsta valoración si toma en cuenta la fragilidad del área del proyecto, esto se constata en el formulario D1, en la categorización del proyecto, donde ante la pregunta ¿Cuál es la clasificación del área su AOP según la zona de ubicación del proyecto? se indicó: “Localización en área ambientalmente frágil, excepto que cuente con Plan Regulador u otra planificación ambiental de uso de suelo, aprobados por la SETENA, incluyendo la variable ambiental según la metodología establecida por la SETENA. (Se multiplica el SIAR por un valor de 2)” \n\nAlegato 6: Estudios técnicos omitidos. \n\nSobre esto, se tiene que el consultor a cargo del expediente como declaración jurada justificó la presentación de los estudios técnicos bajo el siguiente argumento: \n\n“…no requiere de presentación de Estudio de Arqueología, Estudio de Geología básica (geología, hidrogeología y amenazas naturales) y estudio de Biología Rápida, debido a la naturaleza del proyecto, el cual corresponde a una colocación de capa asfáltica a camino ya existente y readecuación de las cunetas en camino que ingresa al Parque Volcán Barba, 2.8 km de longitud. Además, la obra no implica la corta de árboles”. \n\nLa normativa vigente en el momento de presentación del expediente (Decreto N°32712-MINAE y 31849-MINAE) establecía la posibilidad de que el consultor ambiental justificara los estudios técnicos y también le permitía valorar a la SETENA la pertinencia de los estudios técnicos de acuerdo con las características del proyecto, en este caso el mismo solamente implicaba el mejoramiento de un camino existente, que no genera aguas residuales, ni excavaciones, movimiento de tierras significativos, cambios en las características de cuerpos de agua cercanos, impacto paisajístico importante o cambio de uso del camino existente, por estas razones se aceptó dicha justificación. \n\nConclusión \n\nEn relación a la información solicitada por el Tribunal Constitucional se tiene: \n\n• Al momento de realizar la Evaluación Ambiental se consideró y se interpretó que la zona inalienable se refiere a imposibilidad de realizar obras nuevas en esta zona que cambien la naturaleza inalienable y demanial de esta, en el caso en análisis se refiere al mejoramiento de un camino, que si bien es cierto está inmerso en la zona inalienable de la ley 65 de 1888, el derecho de vía de un camino existente está tutelado por la municipalidad local y el proyecto no está cambiando la naturaleza demanial ni el uso público de dicho espacio ni invadiendo o interviniendo zonas fuera del derecho de vía. \n\n• En el momento en que se realizó el análisis técnico del expediente no se consideró el establecimiento de pasos de fauna porque al ser un camino ya existente, el mismo ya se constituye como una potencial barrera natural para las especies existentes, el hecho de cambiar su construcción de lastre a pavimento, no es un cambio significativo. \n\n• En la Evaluación Ambiental no se planteó la eventual extracción de vegetación autóctona. \n\n• Según la capa oficial de patrimonio natural del estado tomada del nodo del MINAE-SINAC, del SNIT, el proyecto no se ubica en Patrimonio Natural del Estado, ni lo atraviesa. \n\n• La valoración del instrumento de evaluación utilizado se realizó como la normativa establece según la calificación final de la SIA, por lo que, de acuerdo a su clasificación en función de la calificación final, presentó el instrumento denominado D1+Declaración Jurada de Compromisos Ambientales. \n\n• La normativa vigente al momento de presentación del expediente (Decreto N°32712-MINAE y 31849-MINAE) establecía la posibilidad de que el consultor ambiental justificara los estudios técnicos y también permitía valorar a la SETENA la pertinencia de los estudios técnicos de acuerdo con las características del proyecto. \n\nPrueba \n\n- CARTA-SETENA-DT-DEA-1043-2026, suscrita por María Julliet Betancur Velez, Jefa \n\ndel Departamento de Evaluación Ambiental. \n\n- Resolución No. 657-2021-SETENA, que otorgó la Licencia de Viabilidad Ambiental al proyecto de marras. \n\nFundamentos de Derecho \n\nSe realiza el presente informe de conformidad con los artículos 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, 11, 33 y 50 de la Constitución Política, en los artículos 29, 30, 43, 44 y 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, 59, 60 y concordantes de la Ley General de la General de la Administración Pública. \n\nPetitoria \n\nConforme a las razones señaladas supra, solicita declarar sin lugar el presente recurso de amparo en contra de la SETENA”. \n\n6.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala y, agregado al expediente el 25 de mayo de 2026, el recurrente indicó lo siguiente: \n\n“Quien suscribe, [Nombre 002], debidamente apersonado en autos y recurrente en el Recurso de Amparo conocido bajo el expediente 26-013522-0007-CO, con el debido respeto y atento, me presento por este medio a efecto de referirme a lo informado por los representantes de la Municipalidad de Barva de Heredia y la Secretearía Técnica Nacional Ambiental (SETENA). \n\nSe debe tener claro que, en nuestra solicitud de amparo, no se refiere a cuestionar la conveniencia o no de la construcción de la carretera, algo que no entramos a discutir en el escrito original del amparo, como quieren dar entender, tanto la alcaldesa como la presidenta del Concejo de la Municipalidad de Barva. Nuestra controversia, es sobre la forma en que se está ejecutando la obra, la cual estimamos vulnera derechos fundamentales, particularmente el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Ello obedece a que no se exigieron los estudios técnicos indispensables e ineludibles para actividades en zonas de altísima vulnerabilidad ambiental e hidrogeológica, de recarga acuífera y esenciales para la conservación de una gran diversidad de fauna y flora, que inevitablemente se verá afectada con la nueva carretera y otras actividades humanas derivadas de la misma, entre ellas el tránsito de vehículos automotores. Asimismo, se ha transgredido el principio de legalidad, constitucionalmente tutelado, al ignorarse normas que requieren el aval del SINAC (artículo 13 de la Ley Forestal) y la declaratoria de conveniencia nacional para la extracción de flora en patrimonio natural del Estado, conforme lo dispone el artículo 7, inciso m, del Decreto Ejecutivo N.º 38863-MINAE. \n\nLa ejecución de las obras constructivas del camino, en un área comprendida íntegramente dentro de la zona inalienable establecida por la Ley N.º 65 y bajo la administración del SINAC, requería necesariamente el aval de dicha institución para proceder tanto con las labores de construcción como con la extracción de arbustos. Sin embargo, las funcionarias municipales que rinden informe ante la Sala Constitucional intentan justificar la ausencia de ese visto bueno, alegando —de manera errónea— que la viabilidad ambiental otorgaba vía libre para realizar dichas actividades de construcción y extracción de flora, sin necesidad de ningún otro permiso; ignorando, que la viabilidad ambiental no sustituye ni elimina los demás permisos; constituye un requisito previo y complementario, indispensable para tramitar las demás licencias, pero no exime la viabilidad, del cumplimiento de los demás trámites legales; violentar esto, como pasó en el caso que nos ocupa, se está violentado el principio de legalidad tutelado constitucionalmente. \n\nEn cuanto a que no acreditamos un daño actual y directo, sino riesgos hipotéticos, parece que ignoran las funcionarias municipales que firmaron el informe, que está ampliamente reconocido que una de las principales causas de mortalidad de la fauna silvestre es el atropello por vehículos, superando incluso, la muerte por cacería furtiva. Este peligro no constituye un riesgo hipotético, como pretende hacer creer la municipalidad a los honorables magistrados, sino una consecuencia real e inevitable de la circulación vehicular en carreteras donde transitan a la vez fauna silvestre, como será la carretera en construcción hacia el Volcán Barva. A efecto de mitigar y soslayar el daño a la vida silvestre, se deben tomar en cuenta lo que indica el principio in dubio pro natural o principio precautorio, que instituye que, cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección. \n\nNo es posible hablar de turismo sostenible, cuando se desarrollan actividades humanas que omiten considerar integralmente los elementos del ecosistema susceptibles de afectación, como ocurre con las obras constructivas de la carretera. En este caso, se ha prescindido de los estudios técnicos indispensables para definir medidas precautorias que mitiguen el impacto ambiental, particularmente sobre la fauna silvestre y eventualmente sobre el recurso hídrico. La Municipalidad de Barva, al proceder de esta manera, debilita la protección de la naturaleza y la subordina a intereses meramente económicos. Tal actuación desconoce un principio esencial: el desarrollo y el bienestar social solo pueden existir en equilibrio con el entorno ecológico, lo cual exige respeto y resguardo efectivo de los ecosistemas. \n\nLa presidenta del concejo y la alcaldesa municipal sostienen en su informe, qué: “La Municipalidad respeta las resoluciones de SETENA y coordina con SINAC para verificar que los proyectos cumplan con medidas de protección ambiental, especialmente en zonas de amortiguamiento de parques”. No obstante, de los propios informes rendidos a la Sala Constitucional por la Municipalidad y por el SINAC, no se desprende prueba alguna de que tal coordinación se haya concretado. Por el contrario, lo informado por el SINAC evidencia que esta institución se aparta de su deber de tutela ambiental del patrimonio natural del Estado, al señalar que la construcción de la carretera constituye un asunto exclusivo de la Municipalidad de Barva. En consecuencia, el SINAC no acredita haber intervenido de manera alguna, ya sea otorgando el aval correspondiente y/o fiscalizando las actuaciones llevadas a cabo, en cuenta la extracción de arbustos. \n\nPor otra parte, de lo informado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) se desprende que dicha institución reconoce que el camino intervenido se ubica dentro de la zona inalienable declarada por la Ley N.º 65 de 1888. Sin embargo, no se evidencia que SETENA tenga presente, como hecho cierto que, al ser una zona inalienable, constituye patrimonio natural del Estado, y por tanto, conforme al artículo 13 de la Ley Forestal, la administración y tutela de estas áreas corresponde al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), y no a las municipalidades. Esta obligación ha sido reafirmada por la Sala Constitucional en sus resoluciones N.º 2008-12109 y N.º 2023-017109, en las que se ordenó categóricamente al MINAE la recuperación de los terrenos que no han estado bajo su posesión, reiterando así su deber de custodia sobre el patrimonio natural del Estado. \n\nLa propia Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) la que, por medio del informe presentado ante la Sala Constitucional, corrobora lo señalado por nosotros los recurrentes, respecto de lo insuficiente y deficiente que resultó la evaluación ambiental del proyecto constructivo, a llevarse a cabo en una zona que es de alta fragilidad ecológica y ambiental, de amortiguamiento de un parque nacional y que constituye patrimonio natural del Estado; esto llevó a que SETENA, no advirtiera, por lo menos, la necesidad de instalar pasos de fauna, indispensables ante el elevado tránsito de animales silvestres en el área. Ello se despega expresamente del informe de SETENA, en el cual se reconoce literalmente: ‘En el momento en que se realizó el análisis técnico del expediente no se consideró el establecimiento de pasos de fauna”. \n\nPor lo anterior, y lo esbozado en el escrito de solicitud de amparo, y ante la evidente vulneración a un derecho sano y ecológicamente equilibrado y el principio de legalidad, ambos tutelados constitucionalmente, reiteramos nuestra solicitud para que se declare con lugar el recurso de amparo”.\n\n7.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala y, agregado al expediente el 9 de junio de 2026, el recurrente indicó lo siguiente: \n\n“En mi condición de recurrente dentro del recurso de amparo tramitado bajo el expediente N.0 26-013522-0007-CO, y con el debido respeto, solicito se tenga por incorporados al expediente los oficios que se adjuntan con la presente. Dichos documentos consisten en la nota suscrita por el señor Claudio Segura Sánchez, dirigida al ministro del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), así como la respuesta emitida por este último.\n\nEn la nota del señor Claudio Segura dirigida al ministro de Ambiente y Energía, le solicita información sobre el convenio: “MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL TERRITORIO RURAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y COLOCACIÓN DE PAQUETE ESTRUCTURAL DEL PAVIMIENTO EN CALLE SACRAMENTO C4-02-018”; (se encuentra en el expediente de este amparo), en tanto derivado de este, se llevarían a cabo intervención o construcción de un camino en la zona inalienable de la Ley 65 del 30 de julio de 1888. Específicamente el señor Segura preguntó lo siguiente:\n\n“… si este Convenio, previo a su firma por las autoridades del INDER y la Municipalidad fue avalado o consultado al Ministerio a su cargo. Si la respuesta es positiva, favor enviarme la justificación escrita que el MINAE proporcionó tanto a la Municipalidad de Barva, como al INDER para avalar los trabajos que se ejecutan en ese sector. De ser negativa su respuesta, le solicito con el debido respeto, interponer sus buenos oficios como Autoridad y Rector de ambiente del Estado costarricense y garante de que se cumpla el artículo 50 de Nuestra Constitución Política, para que se detengan de inmediato todas las acciones que como se indican en el Convenio implican atentados contra lo que señala claramente la Ley 65 y todas las resoluciones que han emitido los Altos Tribunales de la República”.\n\nLa respuesta del Ministro de Ambiente y Energía se otorgó mediante el Oficio DM-642-2025 /DAJ MINAE-1459-2025, donde se indica entre otros aspectos, lo siguiente:\n\n“Luego de una revisión exhaustiva de los registros oficiales del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), así como de los antecedentes disponibles en la Dirección del Área de Conservación Central, no consta que este Ministerio ni el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), hayan recibido solicitud de criterio o hayan emitido aval previo, relacionado con el citado convenio. En consecuencia, no existe constancia documental de consulta, ni justificación emitida por esta Institución ante las entidades firmantes.\n\nEs importante señalar que, si bien la autonomía constitucional de los gobiernos locales les permite gestionar intereses públicos mediante instrumentos como convenios interinstitucionales, dicha autonomía no los exime de su deber de respetar el ordenamiento jurídico ambiental, el cual boza de supremacía normativa conforme al principio de legalidad y al artículo 5 de la Constitución Política.\n\nToda actuación que se ejecute, dentro de territorios sometidos a régimen especial de protección, debe observarse no solo la legislación vigente, si no también los instrumentos técnicos que rigen dichas áreas.\n\n(…)\n\nCorresponde al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, como órgano técnico rector en la materia, verificar que toda intervención material derivado de ese convenio, se ajuste a lo dispuesto en el marco legal y en los instrumentos técnicos aplicables a todos los casos. Esto incluye una valoración detallada de la zonificación, el uso autorizado del suelo y la situación legal de los terrenos. Considerando en particular, si se trata de terrenos comprendidos dentro del régimen de inalienabilidad establecido por la Ley No. 65 de 1888, ya sea con categoría de manejo asignada o en proceso de asignación.\n\n(…)\n\nEn conclusión, si bien es cierto que ni el MINAE ni SINAC, son parte de este convenio, mantienen competencia para evaluar y pronunciarse sobre la compatibilidad de las acciones derivadas del mismo dentro del marco legal y jurisprudencial vigente, en el momento que se pretenda su ejecución en territorio protegido. (ninguno de la negrilla o resaltado, son del original)\n\nLo manifestado por el Ministro de Ambiente y Energía confirma lo señalado por quienes suscribimos la solicitud de amparo; en cuanto a que los recurridos omitieron solicitar el aval del SINAC y dicha institución no lo otorgó, además de incumplir con la fiscalización que le corresponde respecto de las obras ejecutadas dentro de la zona inalienable regulada por la Ley N.º 65. Al no exigir ni garantizar el cumplimiento de las condiciones necesarias para la intervención, se vulneran principios fundamentales en materia ambiental, como el principio precautorio, además del principio de legalidad y se transgrede el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ambos tutelados por la Constitución Política de Costa Rica”. \n\n8.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. \n\n Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente asegura que, en el distrito de San José de la Montaña, ubicado en Sacramento de Barva, Heredia, dentro de la zona inalienable creada por la Ley N° 65 del 30 de julio de 1888, que además forma parte del área de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo, se han iniciado por parte de la Municipalidad de Barva de Heredia, trabajos de construcción de una carretera sobre un antiguo camino rústico de tierra denominado como: “PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DEL TERRITORIO HEREDIA RURAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CUNETAS Y COLOCACIÓN DE PAQUETE ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO EN CALLE SACRAMENTO”, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) lo tramitó bajo el expediente D1-0046-2021-SETENA para el otorgamiento de la viabilidad ambiental, la cual se otorgó mediante la Resolución 657-2021-SETENA del 28 de abril del 2021. En el Expediente D1-0046-2021-SETENA no consta ningún aval ni permiso emitido por el MINAE o el SINAC que autorizara el inicio de las obras de la carretera. Explican, que la ejecución de las obras viales ha implicado el ensanchamiento de un tramo del antiguo camino rústico, lo cual implicó la remoción y extracción de vegetación autóctona de distintos tamaños, incluyendo arbustos en las márgenes del trayecto, vegetación que fue trasladada a un vivero privado. Dicho proceder se realizó sin valoración ambiental, sea sin la elaboración de un estudio de impacto ambiental, configurando una afectación directa y una vulneración de la zona inalienable. Entre los estudios omitidos se encuentran los de arqueología, geología básica (incluyendo geología, hidrogeología y amenazas naturales) y biología. Consideran que esta Sala Constitucional debe ordenar anular la viabilidad ambiental de SETENA y por tanto se ordene que se disponga la suspensión definitiva de la ejecución del proyecto, o bien, en forma accesoria, que el MINAE y/o el SINAC otorguen la autorización correspondiente, debidamente fundamentada en criterios técnicos y jurídicos, que se ajuste el diseño de la carretera, incorporando reductores de velocidad y pasos de fauna, cuya ubicación y tipología se definan con base en estudios científicos y técnicos que identifiquen las especies silvestres presentes en la zona. Dicho diseño deberá ser revisado y aprobado por SETENA, que se realice un Estudio de Impacto Ambiental completo, que incluya los análisis de geología básica (geología, hidrogeología y amenazas naturales) y biología, garantizando una evaluación integral de la viabilidad ambiental del proyecto. Finalmente, solicita que se ordene al MINAE y al SINAC ejercer de inmediato sus competencias de administración, tutela, fiscalización y protección sobre la zona inalienable, y, en consecuencia, cumplir con su deber de garantizar la tutela del patrimonio natural del Estado, fiscalizando y avalando cualquier proyecto que pretenda ejecutarse dentro de la zona inalienable establecida por la Ley N.º 65.\n\nII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la resolución del presente recurso, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia: \n\nLa rehabilitación de la carretera de acceso al Parque Nacional Braulio Carrillo -camino público preexistente, Calle Sacramento C4-02-018- es planteada por el Gobierno Local recurrido como una obra pública indispensable para la carretera de acceso al Parque Nacional Braulio Carrillo y a otras comunidades rurales constituye un eje estratégico para garantizar la seguridad de los usuarios y funcionarios del parque, la buena administración y conservación del área protegida, el desarrollo socioeconómico y cultural de las comunidades aledañas, la implementación de proyectos ambientales y turísticos sostenibles, palear la migración drástica de la población, poniendo en riesgo la desaparición de poblados con identidad propia y debilitando el soporte social del parque - comunidades de Sacramento, Paso Llano, Porrosatí y San José de la Montaña-. La mejora en el acceso pretende brindar seguridad a quienes transitan la zona -prevención de accidentes, acceso rápido en emergencias, protección de grupos vulnerables- (véase al respecto el informe rendido por la Presidenta del Concejo y la Alcaldesa, ambas de la Municipalidad de Barva, así como, el rendido por la Ministra de Ambiente y Energía). \n\nEl proyecto denominado “Mejoramiento de la calidad de vida del territorio Heredia rural, mediante la construcción de cunetas y colocación de paquete estructural del pavimento en calle Sacramento C4-02-018”, se desarrolla mediante coordinación interinstitucional entre la Municipalidad de Barva y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), el proyecto cuenta con viabilidad ambiental tramitada ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), bajo expediente administrativo D1-0046-2021-SETENA y, por resolución N° 657-2021-SETENA de las 11:41 horas de 28 de abril de 2021, que categorizó el proyecto como de bajo impacto ambiental (B2) (véase al respecto el informe rendido por la Presidenta del Concejo y la Alcaldesa, ambas de la Municipalidad de Barva y el rendido por la Directora Ejecutiva a.i. del Sistema Nacional de Áreas de Conservación). \n\nEn el momento en que se realizó el análisis técnico del expediente no se consideró el establecimiento de pasos de fauna porque al ser un camino ya existente, el mismo ya se constituye como una potencial barrera natural para las especies existentes, el hecho de cambiar su construcción de lastre a pavimento no es un cambio significativo. En la Evaluación Ambiental no se planteó la eventual extracción de vegetación autóctona. Según la capa oficial de patrimonio natural del estado tomada del nodo del MINAE-SINAC, del SNIT, el proyecto no se ubica en Patrimonio Natural del Estado, ni lo atraviesa. La valoración del instrumento de evaluación utilizado se realizó como la normativa establece según la calificación final de la SIA, por lo que, de acuerdo a su clasificación en función de la calificación final, presentó el instrumento denominado D1+Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (véase al respecto el informe rendido por la Ministra de Ambiente y Energía).\n\nIII.- SOBRE EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Sala ha reconocido que la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos tanto a nivel constitucional como a través de la normativa internacional. Se ha indicado que el ejercicio legítimo de ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional, y que corresponde al Estado la protección del ambiente, según el principio precautorio que rige en materia ambiental. Este principio obliga al Estado a disponer todo lo que sea necesario, dentro del ámbito permitido por la ley, a efectos de impedir que se produzcan daños irreversibles al ambiente, para cuyo efecto es responsable de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido este derecho como una situación de bienestar físico, psíquico (o mental) y social. La obligación objetiva del Estado en materia de protección ambiental no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades, o bien, de personas físicas y jurídicas. De este modo, el Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio, así como también aquellas que vulneren el ambiente, lo cual puede hacer a través de leyes, reglamentos, acuerdos u otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos. En consecuencia, la posibilidad de exigir judicialmente, a través del recurso de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida, salud o derecho al ambiente en beneficio de sus habitantes, está restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas. De lo que se desprende que la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país\n\nIV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Si bien, los recurrentes indican que han planteado diversas gestiones ante las autoridades recurridas, que no han sido contestadas, lo cierto del caso, es que su pretensión expresa es: “En virtud de que el proyecto constructivo de la carretera en Sacramento de San José de la Montaña, Barva de Heredia, se ha iniciado sin un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL COMPLETO, como corresponde a obras a llevarse a cabo dentro de un área que constituye patrimonio natural del Estado, caracterizada por su alta fragilidad ambiental y por encontrarse en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo, además de no contarse con la autorización del MINAE/SINAC, se anule la viabilidad ambiental de SETENA y por tanto se ordene que se disponga la suspensión definitiva de la ejecución del proyecto”, este Tribunal Constitucional únicamente resolverá esa tema sujeto a su conocimiento.\n\nAsí, de la lectura de los elementos de prueba aportados en autos, así como, los informes rendidos por las autoridades recurridas, se acreditó que la rehabilitación de la carretera de acceso al Parque Nacional Braulio Carrillo -camino público preexistente, Calle Sacramento C4-02-018- es planteada por el Gobierno Local recurrido como una obra pública indispensable para la carretera de acceso al Parque Nacional Braulio Carrillo y a otras comunidades rurales constituye un eje estratégico para garantizar la seguridad de los usuarios y funcionarios del parque, la buena administración y conservación del área protegida, el desarrollo socioeconómico y cultural de las comunidades aledañas, la implementación de proyectos ambientales y turísticos sostenibles, palear la migración drástica de la población, poniendo en riesgo la desaparición de poblados con identidad propia y debilitando el soporte social del parque - comunidades de Sacramento, Paso Llano, Porrosatí y San José de la Montaña-. La mejora en el acceso pretende brindar seguridad a quienes transitan la zona -prevención de accidentes, acceso rápido en emergencias, protección de grupos vulnerables-.\n\nAdemás, se comprobó que el proyecto se desarrolla mediante coordinación interinstitucional entre la Municipalidad de Barva y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y cuenta con viabilidad ambiental tramitada ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), bajo expediente administrativo D1-0046-2021-SETENA y, por resolución N° 657-2021-SETENA de las 11:41 horas de 28 de abril de 2021, que categorizó el proyecto como de bajo impacto ambiental (B2). Finalmente, que en el momento en que se realizó el análisis técnico del expediente no se consideró el establecimiento de pasos de fauna porque al ser un camino ya existente, el mismo ya se constituye como una potencial barrera natural para las especies existentes, el hecho de cambiar su construcción de lastre a pavimento no es un cambio significativo. En la Evaluación Ambiental no se planteó la eventual extracción de vegetación autóctona. Según la capa oficial de patrimonio natural del estado tomada del nodo del MINAE-SINAC, del SNIT, el proyecto no se ubica en Patrimonio Natural del Estado, ni lo atraviesa. La valoración del instrumento de evaluación utilizado se realizó como la normativa establece según la calificación final de la SIA, por lo que, de acuerdo a su clasificación en función de la calificación final, presentó el instrumento denominado D1+Declaración Jurada de Compromisos Ambientales. \n\nBajo ese contexto, estima esta Sala que, efectivamente, las autoridades recurridas han llevado a cabo una adecuada gestión administrativa ambiental, en lo que respecta al desarrollo del Proyecto de referencia, así como en la prevención y mitigación de posibles impactos ambientales. Por lo anterior, se descarta la aducida violación al artículo 50, Constitucional. Ahora bien, si los recurrentes consideran que existe algún problema con el permiso otorgado, deben acudir a la vía de legalidad que corresponda, a efectos de presentar las objeciones que estiman convenientes. \n\nEn mérito de lo expuesto, se impone declarar sin lugar el recurso planteado.\n\nV.- RAZONES DIFERENTES DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En este caso, coincido con el voto de mayoría que declara sin lugar el recurso, sin embargo, de conformidad con las siguientes razones:\n\nLa protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\nVI.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO CRUZ CASTRO. Con el respeto de la mayoría, considero que el recurso debió declararse parcialmente con lugar, únicamente en lo relativo a la omisión de valorar técnicamente la necesidad de establecer pasos de fauna en el proyecto cuestionado.\n\n Comparto el criterio de la mayoría en cuanto a que la Municipalidad de Barva obtuvo la viabilidad ambiental correspondiente ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y que la rehabilitación de la Calle Sacramento C4-02-018 persigue una finalidad pública legítima vinculada con la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo de las comunidades de Sacramento, Paso Llano, Porrosatí y San José de la Montaña. Sin embargo, estimo que ello no agota el examen constitucional cuando concurren deberes reforzados de tutela ambiental en un espacio de alta sensibilidad ecológica. Precisamente en ese ámbito encuentro una omisión que, a mi juicio, sí posee relevancia constitucional.\n\nAdvierto que del propio expediente y de los informes rendidos ante esta Sala surge un hecho incontrovertido: en el análisis técnico efectuado dentro del expediente D1-0046-2021-SETENA no se valoró la necesidad de establecer pasos de fauna. La autoridad ambiental lo reconoció expresamente al indicar que no se consideró su implementación por tratarse de un camino preexistente que ya funcionaba como una barrera para las especies existentes. No me encuentro, entonces, ante una mera discrepancia interpretativa que deba ser dilucidada en la jurisdicción ordinaria, sino ante una omisión admitida por la propia Administración.\n\nNo comparto, además, la justificación según la cual no existía normativa que exigiera la realización de tales estudios. El Decreto Ejecutivo N.° 40139-MOPT, denominado Norma Técnica para el Desarrollo y la Conservación de la Red Vial Cantonal, se encontraba plenamente vigente cuando fue emitida la resolución ambiental respectiva y establecía obligaciones precisas sobre la materia.\n\nEl artículo 13, inciso c), dispone textualmente:\n\n“Los caminos ubicados en áreas de protección de los recursos naturales o que intersequen rutas de paso de fauna silvestre, deberán contar con estructuras adecuadas que faciliten el libre paso de esta de un lado al otro del camino, en los sitios en los que los estudios elaborados por profesionales especialistas en el tema designados para tal propósito, así lo determinen.”\n\nPor su parte, el artículo 17, inciso c), establece que las municipalidades deberán:\n\n“Implementar medidas que faciliten la conectividad y desplazamiento de la fauna silvestre en las rutas cantonales con la finalidad de minimizar la afectación resultante de la fragmentación provocada por las carreteras y su flujo vehicular.”\n\n Estas disposiciones poseen un contenido normativo inequívoco. No solo imponen la eventual construcción de estructuras destinadas a la conectividad biológica, sino que, previamente, exigen la realización de estudios especializados que permitan determinar su necesidad y ubicación. Lo que observo en este caso es que ese presupuesto técnico indispensable nunca fue satisfecho. La Administración prescindió del estudio mismo y, con ello, dejó sin aplicación efectiva las normas reglamentarias vigentes.\n\nEsta conclusión encuentra respaldo adicional en la jurisprudencia constitucional. He sostenido, y la Sala lo ha reconocido en precedentes anteriores (ver sentencia No. 2021-001189 de las 9:15 horas del 22 de enero de 2021 un recurso de amparo contra el CONAVI por la Ruta Nacional 32, por la omisión de construir y habilitar pasos de fauna), que la adecuada protección del ambiente exige integrar a los proyectos de infraestructura vial mecanismos idóneos que reduzcan la fragmentación de los ecosistemas y los riesgos para la fauna silvestre. La ausencia de tales medidas no constituye una simple cuestión de legalidad administrativa, sino que puede comprometer directamente el derecho fundamental reconocido en el artículo 50 de la Constitución Política. Con mayor razón ello ocurre cuando la obra se localiza en una zona inalienable y colindante con un parque nacional, circunstancia que impone un deber reforzado de prevención y conservación.\n\nNo desconozco que el principio precautorio no puede ser interpretado como una prohibición absoluta de toda intervención humana en áreas ambientalmente sensibles. Sin embargo, dicho principio exige precisamente que las decisiones públicas se adopten sobre la base de información científica y técnica suficiente. Cuando existe incertidumbre acerca de los efectos que una obra puede producir sobre la fauna silvestre, la respuesta constitucionalmente adecuada no consiste en omitir el análisis, sino en realizarlo antes de que el daño eventualmente se materialice. La circunstancia de que el camino ya existiera no exime de valorar si la pavimentación, la modificación de sus condiciones físicas y el incremento previsible del flujo vehicular pueden agravar los riesgos de atropello y fragmentación ecológica.\n\nA mi juicio, el principio in dubio pro natura, incorporado en nuestro ordenamiento jurídico y estrechamente vinculado con la protección constitucional del ambiente, impone que las dudas razonables se resuelvan en favor de la conservación de la biodiversidad. Ello obliga a exigir los estudios especializados previstos en la normativa antes citada y no a prescindir de ellos bajo la premisa de que la afectación ambiental ya existía con anterioridad.\n\nPor estas razones, considero que la omisión de valorar técnicamente la necesidad de establecer pasos de fauna constituye una vulneración actual y autónoma del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sin perjuicio de compartir la solución adoptada por la mayoría respecto de los demás extremos debatidos en este proceso.\n\nVII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara sin lugar el recurso. El magistrado Salazar Alvarado declara sin lugar el recurso, por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El magistrado Cruz Castro salva parcialmente el voto y declara con lugar el recurso, únicamente en cuanto al extremo relativo a la omisión de valoración técnica sobre pasos de fauna, ordenando al Ministerio de Ambiente y Energía y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación que, en coordinación con la Municipalidad de Barva de Heredia, dispongan la realización de un estudio técnico especializado, a cargo de profesionales idóneos en la materia, que determine la necesidad, ubicación y tipología de los pasos de fauna requeridos en el tramo de la Calle Sacramento C4-02-018.-\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n FSBELE9IBPE61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-013522-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).", "body_en_text": "Review of the Document\n\n\n\nExp: 26-013522-0007-CO\n\nRes. Nº 2026026852\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at 9:25 a.m. on 17 July 2026.\n\nAmparo proceeding entered in case file No. 26-013522-0007-CO, filed by [Nombre 001], identity card No. [Valor 001], and [Nombre 002], identity card No. [Valor 002], against the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY AND THE MUNICIPALITY OF BARVA DE HEREDIA.\n\nBACKGROUND:\n\n1.- In a brief submitted to the Chamber’s Secretariat and added to the case file on 18 April 2026, the applicants filed an amparo application against the Ministry of Environment and Energy and the Municipality of Barva de Heredia. They explain that, in the district of San José de la Montaña, located in Sacramento de Barva, Heredia, within the inalienable zone created by Law No. 65, which is also part of the buffer zone of Braulio Carrillo National Park, the Municipality of Barva de Heredia has begun work to construct a road over an old rural dirt track. Historically, this track has remained unpaved and subject to minimal intervention, preserving the natural soil of the land; it has served as direct access to the tourist entrance of the National Park. Because of its condition, traditionally only four-wheel-drive vehicles could travel on it, and then only at very low speeds. The road construction works are financed by the Instituto de Desarrollo Agrario (INDER), pursuant to the Specific Interinstitutional Cooperation Agreement between the Instituto de Desarrollo Rural and the Municipality of Barva de Heredia, whose stated purpose is to promote tourism in the area. An analysis of the agreement shows that neither INDER nor the Municipality considered that the project would be carried out within an area of absolute protection established by Law No. 65, as well as in a buffer zone of Braulio Carrillo National Park. This led to the omission of funding for technical studies to determine the number and type of wildlife crossings essential to mitigating the impact on wildlife. That omission is especially serious because the planned road crosses a critical habitat, where the absence of such measures could cause irreversible harm to wildlife. The roadworks have involved widening a section of the old rural track, which entailed removing and extracting native vegetation of various sizes, including shrubs along the route. The vegetation was transferred to a private nursery. This was done without environmental assessment, directly affecting and violating the inalienable zone protected by Law No. 65. The inalienable zone was created by the Congress of the Republic of Costa Rica through Law No. 65 of 30 July 1888, to preserve the mountains that are the source of waters supplying a large part of the population of Heredia, Alajuela, and San José. From that time, this legal provision recognized the strategic and vital value of those mountains for the well-being of most residents of the Central Valley, who obtain their water from aquifers recharged in that zone. It declared the zone inalienable to ensure the protection of ecosystems and the continued availability of essential water resources. The legal declaration of property as public-domain property, through the declaration of inalienability that Law No. 65 applied to territory in northern Heredia, gave it the status of property that is not subject to prescription or attachment, owing to the collective purposes it serves. It must be understood that public-domain status depends not solely on administrative will, but is determined by the intrinsic nature of the property and its connection to the public interest. In this regard, case law has stated that the declaration of a property, or group of properties, as public-domain property. The objective of Law No. 65—to ensure preservation of the water resource that supplies the inhabitants of the Central Valley—cannot be achieved in isolation; protecting water requires, inseparably, protecting the natural environment. There is an absolute interdependence between conserving the environment—forests, flora, and fauna—and safeguarding the water resource; caring for one necessarily means caring for the other. To ensure the absolute protection provided for in the inalienable zone by Law No. 65, activities authorized within that area are strictly restricted and subject to rigorous conservation criteria (see Constitutional Chamber decision 2008-12109). Consequently, it is essential to conduct exhaustive technical studies to ensure with certainty that any human activity in the zone will not negatively affect flora, fauna, water resources, or the environment as a whole. Construction of the road directly affects fragile ecosystems, habitats of protected species, and essential water resources, opening the zone to development pressures that compromise its natural balance. Because these activities are located within an area recognized as State natural heritage and therefore subject to a special legal protection regime, SETENA should have evaluated them with the utmost rigor before granting environmental viability. Under the framework of the applicable regulations, the precautionary principle should have been applied, and the State’s obligation to guarantee the integrity of the natural heritage should have been fulfilled, thereby ensuring that no irreversible environmental degradation would occur. Construction of a new road, even when planned over a pre-existing rural track, requires an environmental impact study when it is located within areas forming part of the State’s natural heritage and displaying high environmental fragility—including their status as a buffer zone for a national park. Only through this scientific and technical administrative procedure is it possible to identify, assess, and predict the effects the project would have on the environment and, where necessary, establish mitigation measures. Environmental viability therefore cannot be a mere formality; it must result from a rigorous analysis that ensures the protection of ecosystems and the integrity of the natural heritage under the precautionary principle. An essential feature of the inalienable zone along the route where the road will be built is that, in addition to benefiting water resources, it serves as a buffer zone for Braulio Carrillo National Park. This strip not only directly protects the park but also acts as a vital ecological corridor, providing areas for living, nesting, feeding, and movement for a great diversity of wildlife species. Quetzals, tapirs, goldfinches, felines such as pumas, ocelots, jaguarundis, and jaguars, as well as mountain goats, coyotes, white-faced capuchin monkeys, numerous species of hummingbirds, reptiles, and other organisms live there. In turn, the richness of its native flora adds ecological value and reinforces the importance of its conservation. Opening a road in an area of high ecological fragility is not a simple change to the landscape: it profoundly alters the natural processes that sustain life in the region. The existing environmental balance is based on the harmonious interaction of soils, waters, flora, and fauna. Any intervention that facilitates heavy vehicle traffic introduces noise, pollution, habitat fragmentation, and pressure on wild species essential to the region’s biodiversity and environmental balance. Article 13 of the Ley Forestal provides that administration of the State’s natural heritage, including areas declared inalienable, falls to the Ministry of Environment and Energy (MINAE) in its capacity as the governing body for environmental matters. This authority is exercised through the National System of Conservation Areas (SINAC), a technically and administratively deconcentrated entity tasked with protecting, safeguarding, and providing legal protection for that heritage. Article 18 of the Ley Forestal states that, in the natural heritage, the State may conduct or authorize research, training, and ecotourism activities once approved by the Ministry of Environment and Energy, which shall determine, where appropriate, whether environmental impact assessments are required, as provided in the regulations to that law. Article 11 of the regulations to the Ley Forestal states that on land previously declared to be State Natural Heritage, outside protected wild areas, and in keeping with Article 18 of the Ley Forestal, rural trails or roads may be built for ecotourism activities, provided that the Ministry of Environment authorizes them, since it is the ministry responsible for protecting the country’s natural resources. It adds:\n\n“15. SETENA processed the project to intervene on the rural track in Sacramento, called ‘PROJECT TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE IN THE HEREDIA RURAL TERRITORY BY CONSTRUCTING DITCHES AND LAYING THE STRUCTURAL PAVEMENT LAYER ON SACRAMENTO STREET,’ under file D1-0046-2021-SETENA for the granting of environmental viability, which was granted by Resolution 657-2021-SETENA of 28 April 2021.\n\n16. As can be seen from file D1-0046-2021-SETENA, neither SETENA nor the Municipality of Barva de Heredia considered decisive factors for categorizing the potential environmental impact, such as the project’s location in an area of high environmental fragility, within the buffer zone of Braulio Carrillo National Park, and also in territory declared inalienable and subject to absolute protection by Law No. 65. This omission led to the construction initiative being categorized as having low environmental significance (category B2, under Article 6 of the General Regulations on Environmental Impact Procedures), which resulted in SETENA approving environmental viability through a simple environmental impact assessment and not requiring a complete environmental impact study.\n\n17. Because the intervention on the rural track is located in an area recognized as State natural heritage, which also serves as a buffer zone for a national park and has high environmental fragility, the road construction project should have been categorized as having high potential environmental impact. Consequently, the developer should have been required to apply to SETENA for environmental viability by submitting a COMPLETE ENVIRONMENTAL IMPACT STUDY, rather than being allowed to submit only a simplified assessment (Environmental Impact Assessment). The absence of a comprehensive study resulted in the lack of essential investigations needed to determine the feasibility and environmental sustainability of the project, as well as the need for preventive measures against possible negative impacts on the ecosystem and water resources. The omitted studies include archaeology, basic geology (including geology, hydrogeology, and natural hazards), and biology. File D1-0046-2021-SETENA contains a certification issued by the developer’s environmental consultant (a copy is attached to this amparo application), stating that the project ‘… does not require an Archaeological Study, a Basic Geology Study (geology, hydrogeology, and natural hazards), or a Rapid Biology Study, because of the nature of the project, which consists solely of placing an asphalt layer over an existing road.’ SETENA relied on that statement to classify the project as having low potential environmental impact and, therefore, not to require an Environmental Impact Study, even though such a study was warranted given the environmental and legal characteristics of the zone, where construction of the road entails a substantial physical transformation of the rural track, historically an unpaved dirt road that preserved the natural soil of the land with minimal alteration.\n\n19. Processing environmental viability through a simple Environmental Impact Assessment, rather than a complete Environmental Impact Study, substantially reduced the rigor of the process for obtaining environmental viability. This decision directly benefited the developer, since the only requirement imposed was submission of a Sworn Declaration of Environmental Commitments, an instrument that in practice is limited to a promise to comply with general conditions. Those conditions were limited to compliance with the environmental regulations in force and, specifically, obtaining the corresponding permit from MINAE if trees were to be removed, without establishing additional preventive or mitigation measures arising either from the construction process itself or from activities resulting from use of the road once completed. In short, the procedure adopted weakened SETENA’s environmental oversight function, replacing an in-depth technical analysis with a merely formal process involving generic commitments. This shows an institutional relaxation of standards that favors economic interests, disguised under the refrain of development, over effective environmental protection.\n\n20. It is essential to distinguish between an ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT and an ENVIRONMENTAL IMPACT STUDY. The former applies only to projects with low potential for harm that are carried out in areas of low or very low environmental fragility. In such cases, the process seeks to obtain environmental viability from SETENA through a technical document prepared by the project proponent, who identifies possible impacts and may propose mitigation measures. By contrast, an Environmental Impact Study, which is required in areas of high environmental impact—such as the inalienable zone established by Law 65—is an interdisciplinary technical report that analyzes, anticipates, and assesses the positive and negative impacts a project or activity may have on the environment. An environmental impact study facilitates implementation of the work by establishing mitigation and compensation measures. In addition to technical and scientific studies, this process includes public consultation and procedures conducted directly by the competent environmental authority (SETENA), which has the power to approve or deny the project’s environmental viability.\n\n21. File D1-0046-2021-SETENA contains no approval or permit issued by MINAE or SINAC authorizing the start of roadworks in the inalienable zone protected by Law 65, which forms part of the State’s natural heritage. This omission constitutes failure to meet an essential requirement, attributable both to the Municipality of Barva de Heredia, which should have sought the permit, and to SETENA, which should have required it, as well as to MINAE/SINAC, which is obligated to oversee, safeguard, and preserve the integrity of that heritage and prevent works from proceeding without the required authorization. Such actions or omissions result in violation of the principle of legality and the right to a healthy and ecologically balanced environment.\n\n22. On 7 April 2026, by means of letter JFAC/CNV/010426, and in response to the violation of the inalienable zone arising from the start of road construction—which directly threatens ecosystems essential to water recharge and biodiversity—we asked the senior officials of MINAE and SINAC, as those responsible for administering and protecting the zone, to provide the following information: (…) 1) Whether the Ministry of Environment and Energy and/or the National System of Conservation Areas had authorized, approved, or given the green light for the Municipality of Barva or another institution to widen, repair, and pave the access road to Braulio Carrillo National Park, Barva Sector, within that inalienable zone. 2) If they had given approval, we requested a copy of the corresponding duly reasoned MINAE and/or SINAC resolution, expressly setting out the technical and legal criteria underlying the decision to approve construction of the road.\n\n3) They were asked to identify the specific environmental mitigation measures that would be implemented, especially in response to the impact resulting from opening the road, taking into account the projected increase in vehicle traffic and the impact on wildlife from roadkill, noise and light pollution, among other things. 23. To date, a response has been received only from MINAE, not from SINAC. The response from the Ministry of Environment and Energy shows that it is disclaiming its legal responsibility to protect the State’s natural heritage, because in Official Letter PDVA-059-2026 of 10 April 2026, signed by the Vice Minister of Environment, he stated the following: … that, with respect to cantonal road infrastructure, responsibility lies with the Municipality of Barva, in accordance with the municipal regime in force, legislation on public roads, and applicable territorial planning instruments. The project has been carried out under an interinstitutional agreement between INDER and the Municipality of Barva, evidencing a formal institutional coordination arrangement called: ‘Specific agreement between the Instituto de Desarrollo Rural (INDER) and the Municipality of Barva. For carrying out the project called: Improving the quality of life of the inhabitants of the territory, Heredia rural, by constructing ditches and laying the structural pavement layer on Sacramento Street C4-02-018.’ With regard to the part of the road located within Braulio Carrillo National Park under Law No. 65 of 1888, it should be stated that the intervention must be understood as an action in which the Municipality exercises its authority over roads, subject to the environmental provisions applicable in sectors located within the protected area.\n\n24. It follows from the response issued by the Vice Minister of Environment that MINAE has disclaimed its duty to safeguard, protect, and provide legal protection for the State’s natural heritage, specifically the inalienable zone established by Law No. 65. It is also confirmed that MINAE did not grant the authorization required to build the road in that zone. This omission not only entails the violation of legal provisions, such as Articles 13 and 18 of the Ley Forestal and Article 11 of its regulations, but also violates fundamental rights, including the right to a healthy and ecologically balanced environment.\n\n25. Since file D1-0046-2021-SETENA contains no indication that wildlife crossings will be built to reduce roadkill on the new road, on 19 March 2026 we sent a letter to Jorge Acuña Prado, mayor of the Municipality of Barva de Heredia, requesting information on whether such infrastructure existed and where it was located. However, to this day, we have received no response. From the mayor’s silence and the contents of SETENA’s file, it follows that the project will lack this essential wildlife-protection system.” Based on the circumstances described, they consider fundamental rights to be violated.\n\nThey consider that this Constitutional Chamber should order the annulment of SETENA’s environmental viability and, consequently, order the definitive suspension of the project, or, in the alternative, order MINAE and/or SINAC to grant the corresponding authorization, duly supported by technical and legal criteria; require adjustment of the road design to include speed bumps and wildlife crossings, whose locations and types are to be determined on the basis of scientific and technical studies identifying the wild species present in the area; require SETENA to review and approve that design; and require a complete Environmental Impact Study, including basic geology (geology, hydrogeology, and natural hazards) and biology analyses, to ensure a comprehensive assessment of the project’s environmental viability. Finally, they request an order requiring MINAE and SINAC to exercise immediately their powers to administer, protect, oversee, and safeguard the inalienable zone and, consequently, fulfill their duty to protect the State’s natural heritage by overseeing and approving any project proposed for implementation within the inalienable zone established by Law No. 65.\n\n2.- By resolution issued at 8:30 a.m. on 6 May 2026, the proceeding was admitted, and a hearing was granted to the Secretary of the National Environmental Technical Secretariat, the Executive Director of the National System of Conservation Areas, and the Mayor and President of the Council, both of the Municipality of Barva de Heredia.\n\n3.- Mónica Hernández Segura, in her capacity as President of the Council, and Alejandra Vanessa Arce Zárate, in her capacity as Mayor, both of the Municipality of Barva, report the following regarding the alleged facts:\n\n“FIRST: We will prepare our defense with a focus on showing that rehabilitating the access road to Braulio Carrillo National Park is an indispensable public works project that responds to constitutional and legal mandates and case law. It involves work on a road that has existed since time immemorial, and its execution ensures environmental protection, sustainable development for the communities, and the establishment of the park as the nation’s natural and tourist heritage.\n\n1. General Grounds\n\nThe access road to Braulio Carrillo National Park is a strategic route for ensuring:\n\nThe safety of park users and staff.\n\nProper administration and conservation of the protected area.\n\nThe socioeconomic and cultural development of neighboring communities.\n\nImplementation of sustainable environmental and tourism projects.\n\nThe road’s historical neglect has led to a sharp decline in the population, putting at risk the disappearance of villages with their own identity and weakening the park’s social support.\n\n2.-Legal Framework\n\na) Political Constitution, Art. 50: recognizes everyone’s right to a healthy and ecologically balanced environment and imposes on the State the duty to guarantee it.\n\nb) Political Constitution, Arts. 169 and 170: grant municipalities autonomy to manage local interests, including infrastructure and community development.\n\nc) Municipal Code, Arts. 4 and 13: establish municipal authority over public works and the promotion of residents’ well-being.\n\nd) Organic Law of the Environment (Law No. 7554), Arts. 2 and 17: requires all public works in protected areas to be carried out according to sustainability and conservation criteria.\n\ne) National Parks Law (Law No. 6084): provides that works in parks must be compatible with conservation objectives and public use.\n\n3.- Relevant Case Law\n\na) Constitutional Chamber, decision No. 2000-02306: reaffirms that access to protected areas is part of the right to the environment and must be ensured through adequate infrastructure.\n\nb) Constitutional Chamber, decision No. 2004-13489: establishes that the inalienability of public property does not preclude public works necessary for its social use, provided that the property’s purpose is respected.\n\nc) First Chamber, decision No. 2012-001234: recognizes municipalities’ responsibility to protect the public interest through access and connectivity works.\n\nd) Office of the Comptroller General of the Republic, Official Letter DFOE-AE-0567-2015: states that investment in public infrastructure connected to protected areas must be justified in terms of safety, tourism, and community development.\n\n4.- General anticipated benefits of the public works project.\n\na) Safety: reducing road risks and providing a timely response to emergencies.\n\nb) Park administration: better logistics for staff and conservation projects.\n\nc) Sustainable tourism: more visitors and income for communities.\n\nd) Community development: efficient distribution of agricultural products, job creation, and strengthening of cultural identity.\n\ne) Preventing depopulation: retaining young people and revitalizing Sacramento, Paso Llano, and San José de la Montaña.\n\nf) Environmental projects: greater community capacity to implement environmental protection and education initiatives.\n\nSECOND: General aspects underlying the municipal defense.\n\n1. The amparo proceeding is an improper procedural avenue for disputing construction aspects of the road.\n\nAn amparo application is not suited to airing administrative-legality disputes or challenging technical planning and public-works acts.\n\nThe Constitutional Chamber has repeatedly held that when the dispute concerns the application of urban-planning regulations, permits, or environmental viability, the matter belongs before the administrative-litigation judge in plenary proceedings (e.g., decisions 2006-01345, 2012-00987, 2018-015432, 2023-022091).\n\nThe applicants raise a complex issue of legality and environmental engineering, not a direct violation of fundamental rights.\n\n2. Municipal authority and the principle of legality\n\nThe Municipality acted within its constitutional and legal authority over cantonal road infrastructure (Articles 169 and 170 of the Constitution, Articles 4 and 13 of the Municipal Code).\n\nThe project is being carried out under an interinstitutional agreement with INDER, demonstrating institutional coordination and compliance with the principle of legality.\n\nThe work is limited to improving and intervening on a pre-existing public road, which does not constitute opening a new road or arbitrarily encroaching on natural heritage.\n\n3. Substantive defense against the environmental allegations\n\nThe Municipality applied to SETENA for environmental viability and obtained Resolution 657-2021-SETENA, demonstrating compliance with the required administrative procedures.\n\nThe project’s classification as having low environmental impact (B2) was made by the competent authority (SETENA), and the Municipality cannot replace or challenge that technical assessment.\n\nThe principle of legality requires the Municipality to comply with resolutions of the environmental authority; therefore, it cannot be held responsible for failing to require additional studies that SETENA did not require.\n\nConstitutional case law has held that compliance with ordinary environmental procedures precludes an amparo application, unless a direct and current violation of fundamental rights is shown, which has not occurred in this case.\n\nTo hear this Amparo proceeding as the applicant seeks would plainly turn the Constitutional Chamber into an environmental technical tribunal, which exceeds its jurisdiction.\n\nThe existence of environmental viability, coordination, and follow-up on technical assistance from the Ministry of Public Works does not allow it to be declared that the Municipality acted in good administrative faith, respecting the regulations and resolutions of the competent environmental and technical authorities.\n\nAs we will emphasize throughout the municipal defense, improving public access to Volcán Barva is intended to improve access for rural communities and to the National Park. This strengthens sustainable tourism, agricultural development in the area, and community connectivity, without any evidence of current and direct environmental harm.\n\nMunicipal authority over public roads. Law 65 protects the mountain and its water resources, but does not expressly prohibit the maintenance or improvement of pre-existing public roads.\n\nArticle 170 of the Constitution and the Municipal Code grant the Municipality exclusive authority over cantonal road infrastructure.\n\nThe work does not constitute a ‘sale’ or ‘alienation’ of the land, but rather maintenance of an existing public access route, which does not conflict with inalienability. The road has existed since time immemorial and has served as a route for access and the distribution of agricultural products. We do not have exact information, but we infer that the access road has existed since the time of the aforementioned decree.\n\nSystematic interpretation with the Ley Forestal and the Organic Law of the Environment\n\nArticle 18 of the Ley Forestal permits ecotourism activities and rural roads, provided they have environmental authorization.\n\n4- Essential content of Law No. 65 (1888)\n\nArticle 18 of the Ley Forestal – Scope\n\nArticle 18 provides that research, training, and ecotourism activities may be conducted or authorized in State Natural Heritage, provided they are approved by the Ministry of Environment and Energy (MINAE).\n\nArticle 11 of the regulations to the Ley Forestal specifies that trails or rural roads may be built on land declared State Natural Heritage, outside protected wild areas, for ecotourism purposes, provided they have MINAE authorization.\n\nThe Constitutional Chamber’s case law (decision 2008-12109) has confirmed that these activities are compatible with the conservation purpose, provided they comply with technical and environmental criteria. Compatibility with Law 65 of 1888.\n\nThe inalienability declared by Law No. 65 protects against alienation or disposition of the land, but does not exclude authorized conservation activities, ecotourism, or rural roads.\n\nImprovement of an existing public road may be interpreted as an ecotourism and controlled-access activity compatible with Article 18 of the Ley Forestal.\n\nShared authority\n\nMINAE, through SINAC and SETENA, is the governing body for environmental matters.\n\nThe Municipality, as the authority responsible for public roads, must coordinate with MINAE to ensure that the works comply with conservation criteria.\n\nIn this case, the Municipality applied to SETENA for environmental viability, complying with the environmental authorization requirement.\n\nPrinciple of proportionality and sustainable development\n\nArticle 18 allows environmental protection to be balanced with ecotourism and public access activities.\n\nThe objective of improving the road is to facilitate community, tourist, and scientific access under sustainable conditions.\n\nIn summary, Article 18 of the Ley Forestal provides an express legal basis for rural roads and ecotourism activities in State Natural Heritage, provided they have environmental authorization. The Municipality of Barva acted within this legal framework by applying to SETENA for environmental viability (Res. 657-2021-SETENA), complying with the legal procedure. It therefore cannot be accused of violating the principle of legality or the fundamental right to a healthy environment. We must emphasize that SETENA, not the Municipality, is responsible for technically categorizing the environmental impact; the Municipality complied by requesting the assessment and acting as SETENA determined. On the basis of the foregoing, we can set out preliminary conclusions for the defense of the municipal action:\n\n1.- The work seeks to improve safety and access for rural communities and visitors to the National Park.\n\n2.- The public interest in connectivity and sustainable tourism must be weighed against environmental protection, always within the framework of the environmental viability granted by SETENA.\n\n3.- The application seeks to dispute legality and environmental engineering, matters that belong in the administrative-litigation jurisdiction.\n\n4.- The Municipality acted within its authority and with current environmental authorization.\n\n5.- Acting under the principle of good administrative faith, the Municipality limited itself to carrying out an interinstitutional agreement with INDER under SETENA’s supervision.\n\n6.- There is no direct violation of fundamental rights: the applicants have not established current and direct harm, only hypothetical risks.\n\nTHIRD: CONSTRUCTION IN INALIENABLE ZONES.\n\nThe implications of construction in inalienable zones are very strict because these are public-domain properties that, by their nature, cannot be alienated, encumbered, or privately appropriated. These characteristics, we reiterate, are directed at private parties. This gives rise to relevant legal and technical consequences:\n\nAbsolute prohibition on construction: any private works in an inalienable zone lack legitimate title and constitute an encroachment on the public domain.\n\nLimitations on use: inalienable zones are set aside for public purposes (e.g., sidewalks, streets, parks, environmental protection areas). Any private construction interferes with that social function.\n\nProtection of the public interest: the Municipality has a duty to guarantee freedom of movement, road safety, and universal accessibility in these zones.\n\nPUBLIC WORKS CONSTRUCTION IN AN INALIENABLE ZONE AND WITHIN BRAULIO CARRILLO NATIONAL PARK (ACCESS ROAD, INFRASTRUCTURE NECESSARY FOR USE OF THE PARK)\n\nWhen public works are carried out in inalienable zones, such as a road providing access or infrastructure necessary for use of Braulio Carrillo National Park, the implications are clearly different from those of private construction:\n\n1. Nature of public works\n\na) Inalienable zones (e.g., national parks, protection areas) cannot be privately appropriated, but they do allow public works compatible with their purpose.\n\nb) Building access routes, trails, bridges, or basic infrastructure is justified insofar as it facilitates social use of public property and guarantees rights such as access to nature, recreation, work, and environmental education.\n\nc) Such works must align with the park’s management plan and have environmental impact studies, as with the environmental viability granted in this case by SETENA.\n\n2. Applicable legal framework\n\nNational Parks Law and Organic Law of the Environment: provide that all works must respect ecological integrity and the conservation purpose.\n\nPolitical Constitution, Arts. 50 and 89: legitimize State intervention to ensure access to environmental and cultural property.\n\nMunicipal Code and Urban Planning Law: authorize the Municipality to carry out access and connectivity works, provided they do not involve alienating public property.\n\n3. Technical conditions and limitations\n\n- Necessary and proportionate works: only those essential for public use are permitted (e.g., access roads, sanitary facilities, signage).\n\n- They cannot alter the essence of the protected property: infrastructure must be the minimum necessary, integrated with the surroundings, and made of appropriate materials.\n\n- Institutional oversight: coordination among SINAC, the Municipality, and MOPT is required to ensure that the work complies with environmental, road, and urban-planning regulations. The Municipality carried out that coordination before work began and in accordance with technical and legal requirements.\n\n- Improving the access road to the park is legitimate work because it was built to ensure visitor access, safety, and community benefit.\n\n- It does not constitute privatization or affect inalienability, because the work remains in the public domain and serves the general interest.\n\nIn summary, construction of public works is permitted in inalienable zones, but only where the works are essential, proportionate, and compatible with the purpose of the protected property. Inalienability does not prevent public works; it conditions them on preserving the collective interest and the social function of the area.\n\nFor the Municipality, the communities, and the national parks system, it is very important that the road be in good condition to ensure the safety of local residents, park users, and park staff, as well as proper administration of the park, emphasizing its tourism objectives and sustainable development.\n\nFOURTH: To further explain the importance of a road in good condition providing access to Braulio Carrillo National Park, it is useful to highlight three key aspects: safety, administration, and tourism objectives.\n\n1. Safety of users and staff\n\na) Accident prevention: a road in good condition reduces the risk of landslides, potholes, and collisions, ensuring safe travel for visitors and park staff.\n\nb) Rapid access in emergencies: it facilitates the arrival of ambulances, firefighters, or rescue teams in the event of accidents, forest fires, or medical emergencies.\n\nc) Protection of vulnerable groups: families, older adults, and people with disabilities depend on safe road infrastructure for unobstructed access.\n\n2. Proper park administration\n\na) Institutional logistics: it enables the efficient transport of staff, materials, and equipment needed for the park’s conservation and maintenance.\n\nb) Supervision and oversight: a suitable road facilitates patrols, environmental monitoring, and control of illegal activities such as logging or hunting.\n\nc) Reduced operating costs: less vehicle wear and greater efficiency in institutional transport.\n\n3. Tourism objectives and local development\n\na) Universal accessibility: a road in optimal condition ensures that more people can visit the park, fulfilling its social and educational function.\n\nb) Promotion of sustainable tourism: safe and reliable access encourages national and international tourists to visit, generating income and jobs in neighboring communities.\n\nc) Institutional image: road infrastructure is part of the visitor experience; deteriorated access discourages tourism and harms perceptions of public-service quality.\n\nd) Residents’ living conditions. A road in good condition will substantially improve the living conditions of residents in the communities located in the area, improve access to better healthcare and education, improve economic conditions, and bring other social benefits.\n\nThe access road is not a luxury, but an essential tool for the safety, efficient management, and tourist use of Braulio Carrillo National Park, as well as for the development of neighboring communities. Its maintenance and improvement should be regarded as an investment in environmental protection, community development, and institutional strengthening.\n\nFIFTH: BENEFITS FOR THE BENEFITED POPULATIONS, SUCH AS SACRAMENTO, PASO LLANO, PORROSATÍ, AND SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, FOCUSED ON OPPORTUNITIES FOR SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT, COMMUNITY IDENTITY, AND PREVENTING DEPOPULATION.\n\nKnowing that there are benefited communities (Sacramento, Paso Llano, and San José de la Montaña) allows us to show how an access road in good condition is vital not only to Braulio Carrillo National Park, but also to the region’s socioeconomic development and community cohesion.\n\nTHE NEGLECT OF THE ROAD HAS CAUSED A DRASTIC DECLINE IN THE POPULATION, AND THE SETTLEMENTS ARE AT RISK OF DISAPPEARING\n\nNeglect of the access road has had profound consequences for the communities of Sacramento, Paso Llano, and San José de la Montaña, to the point of prompting drastic migration and jeopardizing the very continuity of these settlements. This phenomenon can be analyzed in three dimensions:\n\n1. Impact on safety and quality of life\n\na) Isolation: The road’s poor condition makes it difficult to reach basic services (healthcare, education, public transportation), creating insecurity and precarious conditions.\n\nb) Risk to road users and park officials: Lack of maintenance exposes them to accidents and limits the ability to respond to emergencies.\n\nc) Community strain: Road insecurity discourages young families from staying, weakening the social fabric.\n\n2. Socioeconomic consequences\n\na) Forced migration: In the absence of opportunities and connectivity, the population is forced to move to urban areas.\n\nb) Disappearance of local productive activities: Agriculture, commerce, and tourism services become unviable without an adequate access road.\n\nc) Loss of regional competitiveness: Transportation costs and difficulty connecting with external markets limit economic development.\n\n3. Risk of depopulation and loss of identity\n\na) Progressive depopulation: Migration reduces the resident population, jeopardizing the continuity of the towns.\n\nb) Cultural erosion: As communities disappear, traditions, cultural practices, and a sense of territorial belonging are lost.\n\nc) Weakening of the community’s role: Without a stable population, social organization and participation in conservation and sustainable tourism projects become more difficult.\n\n4. Socioeconomic development opportunities\n\n- Sustainable tourism: Safe and reliable access increases visitor arrivals, creating demand for local services (food, lodging, tour guides, transportation).\n\n- Employment and entrepreneurship: Communities can diversify their economies through microenterprises linked to tourism, crafts, gastronomy, and cultural activities.\n\n- Regional connectivity: The road facilitates travel to urban centers and markets, reducing transportation costs and improving the competitiveness of local producers.\n\na) Immediate source of employment\n\nConstruction and maintenance: Rehabilitation of the road creates direct jobs in public works, local contracts, and support services.\n\nComplementary services: Transportation, food, and lodging for workers and visitors stimulate the local economy.\n\nCommunity training: The project may include training programs in environmental management and sustainable tourism, strengthening local capabilities.\n\nMarketing agricultural products: The road allows local farmers to transport their harvests efficiently, reducing costs and increasing competitiveness.\n\nb) Community identity and attachment to place.\n\nCultural revitalization: Contact with visitors encourages the preservation of traditions, gastronomy, and cultural heritage as part of the tourism offering.\n\nTerritorial pride: Having dignified access to the Park strengthens these communities’ identity as guardians of a natural heritage of national importance.\n\nSocial participation: Road infrastructure encourages neighbors to take part in conservation and community tourism projects.\n\n5. Preventing depopulation\n\na) Retaining young people: By opening up employment and business opportunities, migration to urban areas is reduced.\n\nb) Improved quality of life: Access to public services, education, and healthcare is facilitated by a road in good condition.\n\nc) Demographic stability: Tourism and economic development linked to the Park create incentives to remain in the community and plan for a sustainable future.\n\nd) Attachment to place and permanence: By creating jobs and environmental projects, migration is reduced and the identity of Sacramento, Paso Llano, and San José de la Montaña as guardians of the park is strengthened.\n\ne) Territorial pride: Participation in environmental protection reinforces the sense of belonging and the communities’ legitimacy before the State.\n\nf) Replicable model: These communities can become a national example of how public infrastructure advances conservation and local development.\n\ng) Social well-being: Improved connectivity facilitates access to healthcare, education, and public services, raising quality of life.\n\nThe access road is not merely a physical means of passage: it is a tool for territorial cohesion and comprehensive development.\n\nLack of road maintenance has created a vicious cycle of neglect, migration, and risk of community disappearance. Investing in its rehabilitation is not merely a public works project: it is a policy of territorial and social protection that ensures the safety of road users, proper park management, and the cultural and economic survival of Sacramento, Paso Llano, Porrosatí, and San José de la Montaña. For the country, it consolidates a sustainable tourism model linking environmental conservation with social well-being.\n\nA road in good condition will be a source of employment and will enhance the population’s ability to implement environmental protection projects consistent with the function and objectives of the national park.\n\nThe Municipality’s role in this context is decisive because it acts as an institutional bridge between the conservation of Braulio Carrillo National Park and the well-being of the surrounding communities. The access road and associated infrastructure are not merely physical works: they are sustainable development tools that the municipality must promote and ensure.\n\n6. Platform for environmental protection projects:\n\nA road in good condition serves as a source of employment and a catalyst for environmental projects; it is strategic because it directly links infrastructure with sustainability and community development. This is how that relationship works:\n\na) Access for conservation: An adequate road facilitates access for protection brigades, researchers, and SINAC officials.\n\nb) Responsible tourism: Communities can implement ecotourism projects, interpretive trails, and environmental education aligned with the objectives of Braulio Carrillo National Park.\n\nc) Community management: Road infrastructure makes it possible to organize reforestation, fire control, and biodiversity monitoring initiatives with neighborhood participation. Synergy with the objectives of the National Park\n\n7.- Synergy with the objectives of the National Park\n\na) Educational function: The park becomes a living classroom, accessible to schools, universities, and visitors, reinforcing environmental awareness.\n\nb) Active protection: Involving communities in environmental projects strengthens the defense of the natural heritage.\n\nc) Sustainable tourism: The road is the bridge connecting conservation with economic development, preventing disorderly exploitation and ensuring social benefits.\n\nA road in good condition is not only a means of access, but also a tool for comprehensive development: it creates jobs, enables community environmental projects, and ensures that Braulio Carrillo National Park fulfills its functions of conservation, education, and sustainable tourism.\n\n8- Analysis of Resolution Nº 657-2021-SETENA focused on the actions and responsibilities of the Municipality.\n\nResolution Nº 657-2021-SETENA establishes clear obligations for municipalities in Costa Rica, particularly regarding the control, monitoring, and compliance with environmental conditions for projects within their jurisdiction. In essence, the Municipality must ensure that works comply with environmental regulations and coordinate with SETENA to monitor impacts. Our institution has fulfilled these aspects and responsibilities.\n\nThe Municipality’s responsibility for construction of the access road to Braulio Carrillo National Park is framed by compliance with Costa Rican environmental regulations and coordination with SETENA and SINAC. In this case, the Municipality acts not only with authorization based on environmental viability and as the body issuing local permits, but also as guarantor that the project complies with the park’s environmental and conservation conditions.\n\nMunicipal actions under Resolution Nº 657-2021-SETENA\n\na) Local supervision and control: The Municipality is responsible for ensuring that projects have environmental viability granted by SETENA before issuing construction or operating permits.\n\nb) Interinstitutional coordination: It must inform SETENA of noncompliance detected in projects within its territory and cooperate in inspection processes.\n\nc) SETENA establishes the conditions; the Municipality shares responsibility for ensuring that they are fulfilled in practice.\n\nd) Municipal permit management: It may not issue construction permits, business licenses, or licenses if the project does not demonstrate compliance with the environmental resolution.\n\ne) Monitoring environmental commitments: The Municipality must verify that developers comply with the mitigation, compensation, and environmental monitoring measures established in the resolution.\n\nf) Comply with the provisions established by the project’s environmental supervisor.\n\nIn summary, Resolution Nº 657-2021-SETENA makes municipalities strategic partners of SETENA in ensuring that projects comply with environmental regulations. Their role is not merely administrative, but also involves active and preventive oversight.\n\nIn light of the foregoing, we can state that the municipality must respect the principle of administrative good faith in relation to Resolution Nº 657-2021-SETENA and base its actions on that environmental viability. This SETENA resolution authorizes and provides a legal basis for the Municipality’s actions; in other words, the environmental viability approves construction and certifies that the works comply with the environmental requirements dictated by the nature of the project.\n\nThe principle of administrative good faith requires public institutions, including municipalities, to act transparently and consistently, and to maintain legitimate trust in their dealings with those they administer. In relation to Resolution Nº 657-2021-SETENA, the Municipality respects this principle in several ways:\n\n9. Application of the principle of administrative good faith\n\na) Respect for the environmental viability granted by SETENA: The Municipality assumes that resolutions issued by SETENA are valid and binding, avoiding arbitrary challenges to them or delays in procedures without grounds.\n\nb) Application of environmental regulations: The Municipality respects SETENA’s resolutions and coordinates with SINAC to verify that projects comply with environmental protection measures, especially in park buffer zones.\n\nc) Consistency in processing permits: If a project has approved environmental viability, the Municipality must issue municipal permits (construction, business licenses, etc.) as long as the other legal requirements are met, without imposing contradictory or additional conditions that undermine the legitimate trust of the party concerned.\n\nd) Institutional cooperation: Good faith means that the Municipality cooperates with SETENA in oversight, reporting noncompliance objectively and without bias, instead of obstructing or duplicating procedures.\n\ne) Transparency and clear communication: Developers must receive precise information about environmental and municipal requirements, avoiding sudden changes or discretionary interpretations that create legal uncertainty.\n\nThe reference SINAC-ACC-D-1256-2024 (evidence submitted) is linked to interinstitutional coordination among the Municipality of Barva, SINAC (National System of Conservation Areas), and the National Parks administration. In this context, the cooperative relationship is understood as a shared management mechanism to ensure that municipal decisions respect environmental regulations and SINAC’s powers. This demonstrates that the Municipality’s actions fall within the national regulatory framework and under the direction and oversight of the governing bodies responsible for environmental protection.\n\nIn summary, the Municipality acts as a facilitator and guarantor of environmental compliance, and in doing so respects the principle of good faith, trusting and acting in accordance with SETENA’s resolutions and oversight.\n\nREASONS.\n\nFIRST: The amparo proceeding is not the appropriate procedural avenue for litigating disputes over administrative legality or technical environmental assessments. The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has repeatedly held that when the dispute concerns the application of urban planning regulations, permits, or environmental viability, it falls within the jurisdiction of the administrative-litigation judge in full proceedings. It so stated in vote 2006-01345: “The amparo proceeding is not the mechanism for challenging the legality of administrative acts, since that falls within the ordinary administrative-litigation proceedings.”\n\nSECOND: The Municipality of Barva de Heredia acted within its constitutional and legal powers regarding cantonal road infrastructure, in accordance with Articles 169 and 170 of the Political Constitution and Articles 4 and 13 of the Municipal Code. The intervention is limited to improving a preexisting public road historically used as access to Braulio Carrillo National Park, Barva Sector, without opening a new road or disposing of inalienable property. Law Nº 65 of 1888 protects the area against alienation or disposal, but does not expressly prohibit the maintenance or improvement of existing public roads.\n\nTHIRD: The Municipality applied for and obtained environmental viability from the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), through Resolution Nº 657-2021-SETENA, which classified the project as having low environmental impact (B2). The classification is within the competence of the environmental authority, and the Municipality may not replace or question that technical assessment. In vote 2023-017109 (Exp. 22-027662-0007-CO), the Chamber stated that “public institutions are the first called upon to comply with environmental protection legislation and must follow the directions of the competent authority on environmental impact.”\n\nFOURTH: The project serves a legitimate public interest: improving safety and access for rural communities and visitors to the National Park, while strengthening sustainable tourism and connectivity. There is no evidence of current and direct environmental harm; the applicants’ allegations are based on hypothetical risks. The Constitutional Chamber reiterated in vote 2018-015432 that “the amparo proceeding is not available for potential risks or hypothetical harm, but only for direct and current violations of fundamental rights.”\n\nFIFTH: Article 18 of the Ley Forestal expressly provides that research, training, and ecotourism activities may be carried out or authorized in the State’s Natural Heritage once approved by the Ministry of Environment and Energy, which will determine, where applicable, whether environmental impact assessments must be conducted. The regulations to that law, in Article 11, specify that on land declared to be State Natural Heritage, outside protected wild areas, trails or rustic roads may be built for ecotourism purposes, provided authorization is obtained from the Ministry of Environment. In vote 2008-12109, the Constitutional Chamber recognized that these activities are compatible with the purpose of conservation as long as they comply with technical and environmental standards. Accordingly, improving a preexisting public road in the Sacramento area, as tourist and scientific access to Braulio Carrillo National Park, falls within the activities permitted by the Ley Forestal, provided it has environmental viability granted by the competent authority, as occurred through Resolution Nº 657-2021-SETENA.\n\nSIXTH: The principle of proportionality, recognized in constitutional case law, requires balancing the interests at stake in environmental protection and sustainable development. In vote 2018-015432, the Constitutional Chamber stated that “the amparo proceeding is not available for hypothetical risks, but only for direct and current violations of fundamental rights.” In this case, the work on the Sacramento public road serves a legitimate public interest: ensuring road safety, improving access for rural communities, and facilitating orderly entry to Braulio Carrillo National Park, thereby promoting sustainable tourism and territorial connectivity. These purposes fall within the constitutional mandate of Articles 169 and 170, which assign municipalities powers over public roads, and Article 50, which protects the right to a healthy and ecologically balanced environment, a right that must be harmonized with communities’ right to development.\n\nSEVENTH: The precautionary principle, recognized in Article 15 of the Rio Declaration on Environment and Development and reiterated by the Constitutional Chamber in vote 2023-017109 (Exp. 22-027662-0007-CO), requires the State and its institutions to act in advance to prevent possible environmental harm, even in the absence of absolute scientific certainty. This principle may not be interpreted as an absolute prohibition on all intervention in environmentally fragile areas, but as a mandate for institutional coordination and adoption of technical measures that ensure ecosystem protection. In this case, the Municipality of Barva fulfilled its coordination duty by applying for environmental viability from SETENA, the competent authority in the matter, and carrying out the works under an interinstitutional agreement with INDER. The duty to protect and oversee falls primarily on MINAE and SINAC, as the governing bodies for the State’s Natural Heritage; they must ensure the integrity of the inalienable area through control and supervision mechanisms.\n\nEIGHTH: The amparo proceeding may not be transformed into a mechanism for replacing the technical powers of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) or the judicial functions proper to the administrative-litigation jurisdiction. The Constitutional Chamber has repeatedly held that amparo is not available for disagreements over the legality of administrative acts or specialized technical assessments, which must be brought before the administrative-litigation courts (see votes 2012-00987 and 2023-022091). To have this constitutional avenue replace the technical environmental assessment procedure or the legality review proper to the administrative judge would distort amparo and turn it into an ordinary remedy for review of administrative acts. In this case, the Municipality of Barva acted in accordance with the principle of legality, applying for environmental viability from SETENA and carrying out the works under an interinstitutional agreement with INDER. Whether a comprehensive environmental impact study or a simplified assessment should have been required is a technical decision attributable exclusively to SETENA, and any challenge to its legality must be brought in the administrative-litigation jurisdiction.\n\nNINTH: Resolution Nº 657-2021-SETENA establishes clear and specific obligations for municipalities in Costa Rica concerning control, monitoring, and compliance with environmental conditions for projects within their jurisdiction, making municipalities strategic partners of SETENA in ensuring that works comply with the environmental regulations in force.\n\nTENTH: In connection with construction of the access road to Braulio Carrillo National Park, the Municipality of Barva has acted in accordance with national regulations, respecting the environmental viability granted by SETENA and coordinating with SINAC and the National Parks administration, thereby ensuring that the project complies with the required environmental provisions and applicable conservation measures.\n\nELEVENTH: Municipal actions include local supervision and control, interinstitutional coordination with SETENA and SINAC, responsible permit management, monitoring of environmental commitments, and compliance with the provisions established by the project’s environmental supervisor, demonstrating that the Municipality’s role is not solely administrative but also involves active and preventive oversight.\n\nTWELFTH: In its actions, the Municipality has respected the principle of administrative good faith, basing its decisions on the environmental viability issued by SETENA and acting transparently and consistently, while maintaining legitimate trust in its dealings with those it administers and ensuring that environmental resolutions are applied objectively and are binding.\n\nTHIRTEENTH: The reference SINAC-ACC-D-1256-2024 demonstrates interinstitutional coordination among the Municipality of Barva, SINAC, and the National Parks administration, confirming that the Municipality’s actions fall within the national regulatory framework and under the oversight of the governing bodies responsible for environmental protection.\n\nFOURTEENTH: The Municipal Council, as a collegiate body representing the political community and the highest normative authority of local government, participates in approving infrastructure projects by adopting agreements and provisions that legitimize the Municipality’s actions, ensuring that decisions have institutional backing and benefit the community.\n\nFIFTEENTH: Its powers center on political, budgetary, and regulatory approval; the material and administrative implementation of the project to build the access road to Braulio Carrillo National Park falls to the Mayor’s Office and municipal administration, in compliance with environmental regulations and under the supervision of SETENA and SINAC.\n\nSIXTEENTH: In keeping with the principle of administrative good faith, the Municipal Council bases its decisions on the environmental viability granted by SETENA and on interinstitutional coordination with SINAC, ensuring that the project is carried out in accordance with national regulations and without affecting the integrity of the National Park.\n\nSEVENTEENTH: Consequently, the Municipal Council’s participation is limited to its role in political approval and democratic oversight; it is not responsible for technical and operational implementation, which falls exclusively to the municipal administration under the applicable legal and environmental framework.\n\nAnalysis of report Official Letter MB-UTGVM-0080-2026. (Submitted as evidence)\n\nReport Official Letter MB-UTGVM-0080-2026 is attached as an integral part of the Municipality’s defense submission.\n\n1.- Regarding the nature of the road on which work was performed:\n\nApplicants (Amparo): They claim it is a “dirt road” that has historically been unpaved and lies within an inalienable zone protected by Law Nº 65.\n\nMUNICIPALITY: This is not the opening of a new road in pristine territory, but the rehabilitation of Calle Sacramento C4-02-018, a cantonal public road duly recorded in the MOPT inventory, which has historically received municipal maintenance through placement of granular material and asphalt surface treatment in specific sections.\n\n2.- Regarding the project’s purpose:\n\nApplicants: They allege that the project serves tourist purposes and lacks technical studies on wildlife crossings.\n\nMunicipality: The intervention addresses essential public needs: accessibility, road safety, emergency response, infrastructure protection, and improved living conditions for rural communities, as well as institutional access to Braulio Carrillo National Park, Volcán Barva sector. This is not a merely tourist project, but a work of overriding public interest.\n\n3.- Regarding environmental viability:\n\nApplicants: They criticize SETENA for classifying the project as low impact (B2) without requiring a full Environmental Impact Study, despite the area’s environmental fragility and inalienable status.\n\nMunicipality: From the initial phase, we expressly acknowledged that the area is an Environmentally Fragile Area. We therefore requested technical assistance from MAG to prepare the Environmental Impact Assessment and provided the geographic location using CRTM05 coordinates, which allowed SETENA to carry out the corresponding assessment. Environmental viability was granted by the competent authority, and this Municipality acted under the principle of legitimate trust.\n\n4.- Regarding vegetation and wildlife management:\n\nApplicants: They point to the removal of native vegetation and the absence of wildlife crossings, which affects critical habitats.\n\nMunicipality: We have carried out campaigns to rescue and relocate native trees and shrubs using arboricultural techniques, transferring plant material to specialized nurseries for its conservation and subsequent reintroduction into the ecosystem. We also have an environmental supervisor who makes periodic visits to the work site, and we have planned the installation of aerial wildlife crossings and preventive signage, strengthening protection of wildlife.\n\n5.- Regarding institutional powers:\n\nApplicants: They allege violation of the principle of legality and absence of express authorization from MINAE/SINAC to intervene in an inalienable zone.\n\nMunicipality: The intervention falls within our legal powers over roads under the current municipal regime. We have acted in coordination with INDER and SETENA, without replacing MINAE’s or SINAC’s environmental powers, and always within the legal framework.\n\n6.- Regarding the request for suspension:\n\nApplicants: They request a definitive suspension of the project because of environmental risk.\n\nMunicipality: A definitive suspension would be disproportionate and contrary to the public interest, as it would affect road safety, access for rural communities, and emergency response, in addition to jeopardizing public investment already made. If deemed necessary, the appropriate course is to strengthen environmental supervision and interinstitutional coordination, not halt a project that responds to urgent collective needs.\n\nFor all the foregoing reasons, we respectfully request that the amparo application be denied, as it has been demonstrated that:\n\n- The work consists of improving a preexisting cantonal road.\n\n- Environmental fragility was recognized and addressed from the outset.\n\n- Environmental viability was processed and obtained from SETENA.\n\n- Environmental management and wildlife protection measures have been implemented.\n\n- The intervention serves an overriding public interest and is carried out within our legal powers.\n\nCONCLUSIONS:\n\n1) The Municipality of Barva has demonstrated that its actions fall within the national regulatory framework, under the oversight of the governing bodies responsible for environmental matters, and that the public access works to Braulio Carrillo National Park constitute a legitimate, proportionate measure aimed at the public interest, ensuring environmental protection, community development, and respect for the principle of administrative good faith.\n\n2) The Municipality of Barva has acted within its legal powers, respecting the environmental viability granted by SETENA and coordinating with SINAC, ensuring that the public access works to Braulio Carrillo National Park are legitimate, proportionate, and directed toward the public interest, under the principle of administrative good faith.\n\n3) The Municipality of Barva has acted within its constitutional and legal powers regarding cantonal road infrastructure, in accordance with Articles 169 and 170 of the Political Constitution and Articles 4 and 13 of the Municipal Code.\n\n4) Rehabilitation of the access road to Braulio Carrillo National Park does not constitute the opening of a new road or arbitrary encroachment on natural heritage, but improvement of a preexisting public road, essential for safety, park management, and the sustainable development of surrounding communities.\n\n5) The Municipality applied for and obtained environmental viability granted by SETENA through Resolution Nº 657-2021-SETENA, complying with\n\nthe required administrative procedures and respecting the principles of legality and administrative good faith.\n\n6) The Municipal Council’s participation is confined to political, budgetary, and regulatory approval; it is not responsible for the material execution of the works, which falls to the Mayor’s Office and municipal administration, in coordination with SETENA and SINAC.\n\n7) The public works are compatible with environmental regulations and the area’s inalienable status, since they consist of minimum infrastructure necessary to ensure access, safety, and the National Park’s social function, with no evidence of current and direct environmental harm.\n\nBenefits arising from rehabilitation of the road include:\n\nGreater safety for park users and officials.\n\nImproved logistics for management and conservation of the protected area.\n\nPromotion of sustainable tourism and generation of local employment.\n\nPrevention of depopulation and strengthening the cultural identity of communities such as Sacramento, Paso Llano, Porrosatí, and San José de la Montaña.\n\nREQUEST FOR RELIEF:\n\nBased on the foregoing reasons, the applicable constitutional and legal provisions, and this Chamber’s repeated case law, I respectfully request:\n\nThat the amparo application filed against the Municipality of Barva de Heredia be denied.\n\nThat it be recognized that the Municipality acted within its constitutional and legal powers regarding cantonal road infrastructure, aligning its conduct with the principle of legality and the institutional coordination provided for in the legal system.\n\nThat it be confirmed that the Municipality applied for and obtained the corresponding environmental viability from the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), the competent authority in the matter, complying with the requirements imposed by the Ley Forestal and its regulations.\n\nThat the inadmissibility of the amparo proceeding as a mechanism for replacing SETENA’s technical function and the legality review proper to the administrative-litigation jurisdiction be reaffirmed.\n\nThat the case file be closed, as no direct and current violation of fundamental rights has been established.”\n\n4.- Marlene Ulate Cambronero, in her capacity as Acting Executive Director of the National System of Conservation Areas, reports the following concerning the alleged facts:\n\n“…II. Legal Considerations\n\nFIRST: The amparo application is a judicial proceeding conducted in the Constitutional Chamber and constitutes what is known as the constitutional jurisdiction of freedom. Its existence guarantees the effectiveness of the fundamental rights established in the Political Constitution and in the international human rights treaties in force in the country. Article 29 of the Constitutional Jurisdiction Act provides that the amparo application guarantees the fundamental rights and freedoms to which that Act refers, except those protected by habeas corpus. It also provides that amparo lies against any provision, agreement, or resolution and, in general, against any action, omission, or mere material conduct not based on an effective administrative act, by public servants and bodies, that has violated, violates, or threatens to violate any of those rights. It is available not only against arbitrary acts, but also against actions or omissions based on rules that have been wrongly interpreted or improperly applied.\n\nSECOND: In the Costa Rican legal system, the amparo application derives from Articles 10 and 48 of the Political Constitution, which establish that everyone has the right to an amparo application to maintain or restore enjoyment of the rights enshrined in the Constitution, as well as fundamental rights established in international human rights instruments applicable in the Republic. An entire title in this body of law sets out a series of individual rights and guarantees, such as the right to life in Article 21; the right to privacy, freedom, and secrecy of communications in Article 24; the right to equality enshrined in Article 33; consumers’ and users’ (of public services) right to protection of the environment in Article 46; and many others set out among social rights and guarantees, such as the right to a healthy and ecologically balanced environment and the corresponding State duty to protect it under Article 50, and the State duty to protect natural beauty, which entails at least indirect or partial protection of the environment insofar as it concerns one of its components—natural landscapes—under Article 89.\n\nTHIRD: The Constitutional Chamber is subject only to the Constitution and the law, and its case law and precedents are binding “erga omnes,” except on itself. This provision is important because the Chamber’s rulings bind all other public bodies, both administrative and judicial, as well as all private parties.\n\nIII. On the arguments in the Amparo Application:\n\nRegarding the applicant’s allegations, the Central Conservation Area, Heredia Subregional Office, submits its report as follows:\n\nUnder Article 22 of Biodiversity Law N°7788, which provides that SINAC has its own legal personality, SINAC was created as a deconcentrated and participatory institutional management and coordination system integrating powers over forestry, wildlife, and protected wild areas, with the aim of setting policies and planning and carrying out processes to achieve sustainability in the management of the country’s natural resources.\n\nWith that understanding, we can explain that SINAC’s deconcentration consists of exclusive powers granted to a lower Administration body, which exercises them independently and under its full responsibility within the structure to which it belongs, as explained by the Procuraduría General de la República in Opinion C-305-2009 of 28 October 2009:\n\n“…Deconcentration is a technique for distributing powers among bodies belonging to the same legal person, whereby a lower body is assigned a power exclusively, to exercise it as its own, in its own name and under its own responsibility. This is not just any kind of power, but one to resolve and make a final decision on a matter specified by the legal system. This assignment is based on the need to specialize certain bodies in specific matters so that public functions may be better fulfilled. From this perspective, deconcentration means functionally specializing certain bodies without organizationally detaching those powers from the original structure.\n\nDeconcentration is normally considered one of the most significant limits on hierarchy. It is a technique for easing the burden on the hierarchy, since transferring decision-making powers changes who holds those powers, rather than merely how they are exercised, as occurs with delegation. Through this mechanism, the lower body is assigned a power exclusively, to exercise it as its own, in its own name and under its own responsibility, while nevertheless retaining its status as a body and therefore remaining part of the organization that has deconcentrated those powers…”\n\nIn accordance with the foregoing, in the exercise of its powers and responsibilities as the technical body in this area, SINAC—Central Conservation Area, Heredia Subregional Office—submits the requested report through official letter CARTA-SINAC-ACC-DR-DRFVS-OSH-0097-2026 dated 11 May 2026, which stated, in relevant part:\n\n(…) Regarding the road intervention identified in the application, it should be noted that the administration, maintenance, and improvement of cantonal public roads are powers assigned to municipalities under the current municipal regime and applicable public roads regulations.\n\nThe project entitled “Improving the quality of life in the rural Heredia territory through construction of ditches and placement of a pavement structural package on Calle Sacramento C4-02-018” is being carried out through interinstitutional coordination between the Municipality of Barva and the Instituto de Desarrollo Rural (INDER). The project has environmental viability processed through the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), under administrative file D1-0046-2021-SETENA; that Secretariat is responsible for the technical assessment of environmental impact, project classification, and determination of applicable environmental requirements within its legal powers.\n\nRegarding the powers of the National System of Conservation Areas (SINAC), this Administration exercises functions of administration and protection over protected wild areas and the State’s Natural Heritage, under the applicable legal framework.\n\nWith respect to the sector identified within Braulio Carrillo National Park and the zone covered by Law N.° 65 of 1888, it is hereby stated that the applicable protection regime is governed by current environmental regulations, planning and management instruments for the Protected Wild Area, and the legal powers of the various institutions involved. The highlighting is not part of the original.\n\nRegarding the questions raised about the project’s environmental categorization, the sufficiency of technical studies, the definition of mitigation measures, wildlife crossings, and other matters associated with environmental viability, it should be noted that these matters fall within the technical and procedural scope of environmental assessment legally assigned to SETENA.\n\nAs for forest authorizations or tree removal, this Office has no record of permits processed by this department specifically for tree cutting under SINAC’s direct authority in relation to the cited project. It is clarified, however, that management of vegetation located within rights-of-way and public roads is also governed by the specific regulations applicable to road infrastructure and municipal powers (…)\n\nTherefore, based on the technical report submitted by SINAC–Área de Conservación Central Oficina Subregional de Heredia, the following is concluded:\n\nArticle 84 of Law No. 7554, Ley Orgánica del Ambiente, lists SETENA’s functions:\n\nThe functions of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental are as follows:\n\na) Analyze environmental impact assessments and decide on them within the time limits established by the Ley General de la Administración Pública.\n\nb) Recommend the actions needed to minimize impacts on the environment, as well as technically appropriate actions to restore it.\n\nc) Address and investigate complaints submitted to it concerning environmental degradation or damage.\n\nd) Conduct the corresponding field inspections before issuing its decisions.\n\ne) Approve and submit work reports to the Minister of Environment and Energy, in the Minister’s capacity as Executive Secretary of the Council.\n\nf) Prepare guidelines for activities, works, and projects subject to environmental impact assessment, and arrange for their adoption and dissemination.\n\ng) Recommend to the Council, through the Minister of Environment and Energy, environmental policies and bills arising from sectors of government activity.\n\nh) Set the amounts of the guarantees required to fulfill environmental obligations, which interested parties must deposit at the prescribed intervals and in amounts commensurate with the transactions.\n\nThe rules set out in the regulation on administrative contracting shall apply to the provision of those guarantees.\n\ni) Carry out monitoring and ensure implementation of its resolutions.\n\nj) Establish trusts, as stipulated in subsection d) of Article 93 of this law.\n\nk) Perform any other functions necessary to fulfill its purposes.\n\nFor its part, Article 22 of Law 7788, Ley de Biodiversidad, sets out SINAC’s functions:\n\nARTICLE 22.—Sistema Nacional de Áreas de Conservación. The Sistema Nacional de Áreas de Conservación, hereinafter the System, is hereby created. It shall have its own legal personality and shall be a deconcentrated, participatory system for institutional management and coordination, integrating responsibilities in the fields of forestry, wildlife, protected areas, and the Ministerio del Ambiente y Energía, in order to establish policies and plan and carry out processes aimed at achieving sustainability in the management of Costa Rica’s natural resources. Accordingly, the Dirección General de Vida Silvestre, the Administración Forestal del Estado, and the Servicio de Parques Nacionales shall exercise their functions and powers as a single entity through the System’s administrative structure, without prejudice to the objectives for which they were established. The System’s responsibilities shall include the protection and conservation of the use of watersheds and water systems (…)\n\nOnce the responsibilities of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación have been analyzed, it is clear that they cannot be confused or overlap. The entity with authority to assess environmental viability studies, follow up on those processes, and conduct field inspections is exclusively the Secretaría Técnica Nacional Ambiental. In this case, the corresponding environmental viability is also in place, processed under administrative file D1-0046-2021-SETENA.\n\nLikewise, as clearly shown by the technical report issued by Área de Conservación Central Oficina Subregional de Heredia and signed by Edwin Arguedas Campos, the sector located within Parque Nacional Braulio Carrillo and the area covered by Ley N.° 65 de 1888 are subject to the environmental regulations in force and to the planning instruments applicable to the protected wild area.\n\nIt is particularly relevant to note that, when issuing this report, Área de Conservación Central Oficina Subregional de Heredia had no record of permits processed by that department specifically for tree cutting requiring authorization within the direct authority of Sistema Nacional de Áreas de Conservación in relation to the cited project.\n\nThe cited amparo proceeding states:\n\n“(…) The execution of the roadworks has involved widening a section of the old unpaved road, which entailed the removal and extraction of native vegetation of various sizes, including shrubs along the edges of the route; the vegetation was transferred to a private nursery. This was done without an environmental assessment, constituting a direct impact and a violation of the inalienable zone protected under Ley 65 (…)”\n\nArticle 4 of the Ley General de Caminos Públicos, concerning road width, exempts SINAC from responsibility:\n\nArticle 4.—The width of highways and public roads shall be as specified by the technical departments of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), and may not be less than twenty meters (20m) for the former and fourteen meters (14 m) for the latter, except for recognized public routes and streets that have been duly inventoried, coded, and georeferenced as national and cantonal routes and are recorded in the official registers of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes and local governments, even if they are less than twenty meters (20 m) or fourteen meters (14 m) wide, as applicable, for their proper intervention, conservation, improvement, and rehabilitation. This exception applies only to existing, duly registered public roads.\n\nFor its part, in this case the removal and extraction of native vegetation does not fall within SINAC’s responsibilities. The Ley General del Medio Ambiente provides as follows:\n\nArticle 17.—Environmental impact assessment. Human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic materials, or hazardous materials require an environmental impact assessment by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental established by this law. Its prior approval by that body is an indispensable requirement for commencing the activities, works, or projects.\n\nThe laws and regulations shall specify which activities, works, or projects require environmental impact assessment.\n\nOnce the Environmental Viability (License) (VLA) has been granted and the effective commencement of the Activity, Work, or Project (AOP) has been verified, SETENA exercises its powers of permanent oversight and control. The primary purpose of this Environmental Management phase is to ensure rigorous compliance with the environmental commitments and conditions imposed on the developer.\n\nAccordingly, in this case no failure by Sistema Nacional de Áreas de Conservación to exercise the powers legally assigned to it is apparent.\n\nFor the foregoing reasons, it is respectfully requested that this honorable Chamber take into account the technical and legal grounds supporting the institution’s actions.\n\nIV. REQUESTED RELIEF\n\nFor the factual and legal reasons set out above, I respectfully request that this honorable Chamber deem the cited report submitted, declare the claims brought by Ms. [Nombre 001] and Mr. [Nombre 002] unfounded, and order that there be no special award of costs, damages, or losses.”\n\n5.—Mónica Navarro del Valle, in her capacity as Minister of Environment and Energy, reports the following regarding the alleged facts:\n\n“FIRST: Legal Considerations Regarding the Nature of the Environmental License and SETENA’s Powers.\n\nIn relation to the regulatory framework governing this case, the following points of legal relevance should be specified:\n\nI. Legal Nature of Environmental Viability.\n\nFrom an administrative-law perspective, the Environmental License or Viability should be understood as a prior, preparatory administrative act. Its purpose is not to provide final authorization for execution; rather, it is a necessary and binding prerequisite for obtaining final permits from the corresponding sectoral authorities. Consequently, its issuance does not exhaust the authorization phase; instead, it conditions efforts to bring the project to fruition on compliance with environmental protection standards compatible with development.\n\nII. Delimitation of Powers and the Principle of Legality.\n\nBy virtue of the Principle of Legality (Article 11 of the Constitution and Article 11 of the Ley General de la Administración Pública), the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) is authorized to act only within the scope of its express powers. Those powers are strictly delimited by the Ley Orgánica del Ambiente (No. 7554) and the regulations in force at the time of the assessment.\n\nIII. The Secretariat’s Technical and Scientific Function.\n\nUnder this regime of legality, SETENA’s prerogatives are limited to environmental impact assessment (EIA). Its essential function is to apply technical instruments grounded in scientific criteria to determine the viability of a proposal. The entire assessment procedure must be completed and its requirements met before any project, work, or activity begins, and as a prerequisite for final permits; this reflects its intermediate or preparatory nature. Therefore, the institution has no legal authority to issue final construction or operating permits, which fall exclusively within the authority of other State entities; SETENA’s role is limited to determining environmental viability as a prerequisite for those permits.\n\nAccordingly, a detailed technical and legal assessment of the project is conducted using the assessment instrument applicable to the work or activity before its execution or operation. This is why the Environmental License is predictive in nature: its purpose is to allow the imposition of all necessary prevention, mitigation, or compensation measures to avoid irreparable harm to the environment. This reiterates the ex ante nature of environmental impact assessment under Article 17 of the LOA, which provides:\n\nArticle 17.—Environmental impact assessment. Human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic materials, or hazardous materials require an environmental impact assessment by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental established by this law. Its prior approval by that body is an indispensable requirement for commencing the activities, works, or projects.\n\nThe laws and regulations shall specify which activities, works, or projects require environmental impact assessment.\n\nOnce the Environmental Viability (License) (VLA) has been granted and the effective commencement of the Activity, Work, or Project (AOP) has been verified, SETENA exercises its powers of permanent oversight and control. The primary purpose of this Environmental Management phase is to ensure rigorous compliance with the environmental commitments and conditions imposed on the developer.\n\nFor these purposes, the legal system provides a catalog of Environmental Control and Monitoring Instruments, whose requirements depend on the project’s nature and risk. These mandatory compliance mechanisms include:\n\n• Environmental Compliance Guarantee: A financial security intended to ensure implementation of prevention, mitigation, or compensation measures.\n\n• Appointment of the Environmental Officer: A duly accredited professional who serves as the technical liaison and is responsible for implementing the plans.\n\n• Activation of the Environmental Logbook: A legal and technical instrument in which incidents and progress on environmental measures are recorded chronologically.\n\n• Environmental Responsibility Reports (IRA): Periodic reports that the developer and the developer’s environmental officer must submit to this Secretariat at the intervals and with the technical requirements established in the administrative resolution granting the license.\n\nIt is imperative to emphasize that failure to comply with any of these instruments would authorize SETENA to initiate the corresponding administrative sanctioning proceedings, which could even result in suspension or revocation of the viability granted, in order to safeguard the public environmental interest.\n\nIn this regard, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) stated the following about this Secretariat’s powers in file Exp: 05-015450-0007-CO, Resolution No. 2009002019:\n\n“(…) Environmental viability represents an acceptable condition of harmonization or balance, from the standpoint of environmental load, between the development and execution of an activity, work, or project, its potential environmental impacts, and the environment of the geographical area where it is to be implemented. From an administrative and legal standpoint, environmental viability is the act approving the environmental impact assessment process, whether at the Initial Environmental Assessment stage or at the stage of approval of the Environmental Impact Study or Environmental Management Plan, depending on the activity in question and what it requires. Under Article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 of 4 October 1995, activities requiring an environmental impact study approved by SETENA are human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic materials, or hazardous materials. Prior approval by this body is an indispensable requirement for commencing the activities, works, or projects. Thus, protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment obliges the State to take preventive measures to avoid harm. The principal measures established by the legislature for that purpose include various technical instruments, notably the Environmental Impact Study referred to in that article; whether it is required depends in each case on the nature of the project or work. In addition, under Article 18 of Law No. 7554, the legislature entrusted assessments to the Secretariat Technical National Environmental, to be carried out by ‘(…) an interdisciplinary team of professionals, registered and authorized by the Secretariat (…) in accordance with the guidelines it prepares. The cost of environmental impact assessments shall be borne by the interested party (…)’. Article 19 of the above-mentioned law, in turn, provides that ‘the resolutions of the Secretaría Técnica Ambiental shall be grounded and reasoned,’ thereby incorporating into this field the general principle that administrative acts must state their grounds, which is itself a guarantee forming part of due process. Approval of an environmental impact study requires, in accordance with Costa Rica’s international commitments and the responsibilities entrusted to SETENA, a detailed analysis including the technical criteria and weighting percentages required by Article 24 of the Ley del Ambiente for approval of the study. It must also comply with the State and local government’s environmental standards, planning objectives, and priorities, as reflected in Principle 11 of the Río Declaration. It should also be noted that carrying out and approving the environmental impact study does not, by itself, mean that the project in question may begin operating, since it is only one of the requirements for completing the authorization process. In some cases, those requirements include obtaining a health permit, municipal approval of the urbanization plans, approval of a concession by the competent entity, commercial licenses, and so on. This is because environmental conditions cannot be treated as unchanging variables. On the contrary, by its very nature, the environment is changing, particularly as a result of human intervention. Nor does approval of an environmental impact study under the Ley Orgánica del Ambiente constitute an unchangeable authorization to carry out a given human project. Through the Administration’s oversight, if environmental damage is detected, as provided by the Río Convention, the permit may be revoked to guarantee the right established in Article 50 of the Constitution and to execute the environmental guarantee, thereby ensuring the implementation of corrective, mitigation, or compensation measures for environmental damage or negative environmental impacts not controlled by the activity, work, or project. (…)”\n\nSECOND: General Information on the Project: The case before us concerns administrative file D1-0046-2021-SETENA.\n\nProject name: Improving the Quality of Life in the Heredia Rural Territory through the Construction of Ditches and Placement of a Pavement Structural Package on Calle Sacramento C4-02-2018\n\nLocation: Province: Heredia\n\nCanton: Barva\n\nDistrict: San José de la Montaña\n\nCoordinates:\n\nLatitude 1120114.0363215\n\nLongitude 486230.00741091\n\nCadastral Plan No.: Public Domain\n\nProperty Number: Public Domain\n\nProperty area according to plan (m2): 16,700.00\n\nProject area according to design (m2): 16,700.00\n\nCIIU Classification and Project Category (IAP): 4510(CIIU4 4312) = B2\n\nSIA score: 296\n\nDeveloper: Municipalidad de Barva\n\nLegal entity ID: 3-014-042089\n\nRepresented by: Jorge Antonio Acu Prado\n\nPersonal ID: 01-1214-0186\n\nEnvironmental Viability Resolution\n\nIt was granted by Resolution No. 657-2021-SETENA at 11:41 a.m. on 28 April 2021, with the following description:\n\nProject Description: A 20-centimeter-thick granular subbase will be laid along 2.7 kilometers, at a width of 6 meters, followed by a 20-centimeter granular base over the preceding layer and, finally, a 5-centimeter asphalt layer. In addition, V-section ditches will be built along both edges of the roadway, extending 1.5 meters, and constructed of hydraulic concrete with a strength of 225 kg/cm2.\n\nThe latest act on record in the administrative file is the opening of the Digital Environmental Logbook for the project in question on 3 July 2025, by opening notice No. SETENA-BD-DT-DEA-0238-2025. Before that, the file shows that the developer, Municipalidad de Barva, had submitted a request to modify the project for which the Environmental Viability License had been granted. By notice No. SETENA-DT-ASA-1821-2022 of 15 September 2022, this Secretariat informed the developer:\n\nThe new adjustment to the project design entails the following:\n\nThe following works are to be included in the project description:\n\nTransverse water crossings must be built with reinforced concrete culverts and their respective outlets, as shown in the plans.\n\nFor the water crossing over Río Guararí, a single-cell box culvert with internal dimensions of 3,05 x 3,66 m must be built, with energy dissipators at its outlet.\n\nOver Río Yurro Seco, a reinforced concrete culvert crossing with a diameter of 2 400 mm must be built, with inlet headwalls and an outlet headwall with a dissipator. The inlets and outlets on both rivers (Río Guararí and Río Yerro Seco) must be formed.\n\n• The site design is not being modified.\n\n• The project will be carried out on a public road.\n\n• There is no change to the Potential Environmental Impact category or the EIA instrument.\n\n• As for the environmental guarantee, the project’s total investment cost does not change significantly with the adjustment to the original design; therefore, the guarantee amount initially set remains unchanged. The project’s Environmental Commitments established in the Viability Resolution have been duly submitted and are current.\n\nIt is noted that the design adjustment forms part of the Fundamental Environmental Commitment initially undertaken by the developer.\n\nCompliance with the EIA procedure does not exempt the developer of an activity, work, or project from completing procedures required by other government authorities, in accordance with their powers and regulations in force, or from fulfilling the obligations or responsibilities arising from its management.\n\nThe developer was advised that, except for the project description, all provisions of Resolution N°0657-2021-SETENA concerning environmental commitments and Environmental Control and Monitoring Instruments remain in effect.\n\nTHIRD: On the matters raised by the Chamber that directly concern SETENA:\n\nThe Constitutional Court requests that specific reference be made to the following:\n\n(…) that construction work on a road has begun, carried out by the Municipality of Barva de Heredia, in the district of San José de la Montaña, located in Sacramento de Barva, Heredia, within the inalienable zone created by Ley 65, which is also part of the buffer zone of Braulio Carrillo National Park. The road is being built over an old rustic dirt road. Historically, this road has remained unpaved and minimally altered, preserving the natural soil, and has served as direct access to the tourist entrance to the National Park. Because of its condition, it has traditionally been passable only by four-wheel-drive vehicles at very low speeds. The road construction works are funded by the Instituto de Desarrollo Agrario (INDER), pursuant to the Specific Interinstitutional Cooperation Agreement between the Instituto de Desarrollo Rural and the Municipality of Barva, whose stated purpose is to promote tourism in the area. An analysis of the agreement shows that neither INDER nor the Municipality considered that the project would be carried out within an absolute-protection zone established by Ley 65 and within the buffer zone of Braulio Carrillo National Park. This led to the omission of funding for technical studies to determine the number and type of wildlife crossings needed to mitigate impacts on wildlife. This omission is especially serious because the planned road crosses critical habitat, where the absence of such measures may cause irreversible harm to wildlife. The feasible works have involved widening a section of the old rustic road, which required removing and extracting native vegetation of various sizes, including shrubs along the route. The vegetation was taken to a private nursery. This was done without an environmental assessment, directly affecting and violating the inalienable zone protected by Ley 65. The inalienable zone was created by the Congress of the Republic of Costa Rica through Ley 65 of 30 July 1888, to preserve the mountains that are the source of the waters supplying a large part of the population of Heredia, Alajuela, and San José. From that time, this legal provision recognized the strategic and vital value of those mountains for the well-being of most residents of the Central Valley who obtain water from aquifers recharged in that area. It declared the zone inalienable to ensure the protection of ecosystems and the preservation of essential water resources. The legal declaration of property as public domain, through the declaration of inalienability that Ley 65 gave to territory in northern Heredia, made it imprescriptible and exempt from attachment because of the collective purposes it serves. It must be understood that public-domain status depends not solely on administrative intent, but is determined by the intrinsic nature of the property and its connection to the public interest. In this regard, case law has indicated that the declaration of public-domain status for property or a group of properties…\n\nThe objective of Ley 65—to ensure preservation of the water resource supplying Central Valley residents—cannot be achieved in isolation. Water protection necessarily requires protection of the natural environment. There is absolute interdependence between conserving the environment—forests, flora, and fauna—and safeguarding the water resource; protecting one necessarily means protecting the other. To ensure the absolute protection prescribed for the inalienable zone by Ley 65, activities authorized within it are strictly restricted and subject to rigorous conservation criteria (see Voto 2008-12109 of the Constitutional Chamber). Accordingly, exhaustive technical studies are essential to ensure with certainty that any human activity in the zone will not negatively affect flora, fauna, natural resources, or the environment as a whole. Road construction directly affects fragile ecosystems, habitats of protected species, and essential water resources, opening the zone to development pressures that threaten its natural balance. Because these works are located within an area recognized as State Natural Heritage and therefore subject to a special legal protection regime, SETENA should have assessed them with the utmost rigor before granting environmental feasibility. Under the current legal framework, it was necessary to apply the precautionary principle and comply with the State’s duty to guarantee the integrity of the natural heritage, and thereby ensure that no irreversible environmental degradation would occur. Construction of a new road, even when planned over a pre-existing rustic road, requires an environmental impact study when it is located within areas that form part of State Natural Heritage and are highly environmentally fragile—including their status as a national park’s buffer zone. Only through this science- and technology-based administrative procedure is it possible to identify, assess, and predict the project’s effects on the environment and, where necessary, establish mitigation measures. Environmental feasibility therefore cannot be a mere formality; it must result from a rigorous analysis that guarantees the protection of ecosystems and the integrity of natural heritage under the precautionary principle.\n\nAn essential feature of the inalienable zone along the road’s route is that, in addition to benefiting the water resource, it serves as a buffer zone for Braulio Carrillo National Park. This strip not only directly protects the park but also serves as a vital ecological corridor, providing places for residence, nesting, feeding, and movement for a wide variety of wildlife species. Quetzals, tapirs, goldfinches, felines such as pumas, ocelots, jaguarundis, and margays, as well as mountain goats, coyotes, white-faced monkeys, numerous hummingbird species, reptiles, and other organisms live there. The richness of its native flora is an additional ecological value that underscores the importance of its conservation. Opening a road in an area of high ecological fragility is not a simple change to the landscape: it profoundly alters the natural processes that sustain life in the region. The existing environmental balance rests on interactions that facilitate the mass movement of vehicles, introducing noise, pollution, habitat fragmentation, and pressure on wildlife species essential to the region’s biodiversity and environmental balance.\n\nArticle 13 of the Ley Forestal provides that administration of State Natural Heritage, including areas declared inalienable, is the responsibility of the Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), as the governing body for environmental matters. This authority is exercised through the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), a technically and administratively deconcentrated body charged with protecting, safeguarding, and providing legal protection to that heritage. Article 18 of the Ley Forestal states that, in natural heritage areas, the State may carry out or authorize research, training, and ecotourism activities once approved by the Ministerio del Ambiente y Energía, which will determine, where applicable, whether environmental impact assessments must be conducted, as provided in the regulations to that law. Article 11 of the regulations to the Ley Forestal provides that, on land previously declared State Natural Heritage and outside protected wild areas, consistent with Article 18 of the Ley Forestal and for ecotourism activities, trails or rustic roads may be built, provided that authorization is obtained from the Ministerio de Ambiente, since that ministry is responsible for protecting the country’s natural resources.\n\nIt adds that “15. The project to intervene on the tourist road in Sacramento, called ‘PROJECT TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE IN THE HEREDIA RURAL TERRITORY THROUGH THE CONSTRUCTION OF DITCHES AND PLACEMENT OF STRUCTURAL PAVEMENT LAYERS ON SACRAMENTO STREET,’ was processed by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) under expediente D1-0046-2021-SETENA for the granting of environmental feasibility, which was granted by Resolución 657-2021-SETENA of 28 April 2021. 16. As appears from expediente D1-0046-2021-SETENA, neither SETENA nor the Municipality of Barva de Heredia considered decisive factors for categorizing the potential environmental impact, such as the project’s location in an area of high environmental fragility, within the buffer zone of Braulio Carrillo National Park, and also in territory declared inalienable and subject to absolute protection under Ley No. 65. This omission led to the construction initiative being categorized as having low environmental significance (category B2, under Article 6 of the General Regulations on Environmental Impact Procedures), which led SETENA to approve environmental feasibility through a simple environmental impact assessment and not require a full environmental impact study. 17. Given that the intervention on the rustic road is located in an area recognized as State Natural Heritage, which also serves as a buffer zone for a national park and is highly environmentally fragile, the road construction project should have been categorized as having high potential environmental impact. Consequently, the developer should have been required to obtain environmental feasibility from SETENA by submitting a FULL ENVIRONMENTAL IMPACT STUDY, rather than being allowed to submit only a simplified assessment (Environmental Impact Assessment). The absence of a comprehensive study resulted in a lack of essential investigations to determine the project’s feasibility and environmental sustainability and to establish the need for preventive measures against possible negative impacts on the ecosystem and water resources. The omitted studies included archaeology, basic geology (including geology, hydrology, and natural hazards), and biology. Expediente D1-0046-2021-SETENA contains a certification issued by the developer’s environmental consultant (a copy is attached to this amparo application), stating that the project ‘…does not require an Archaeological Study, a Basic Geology Study (geology, hydrogeology, and natural hazards), or a Rapid Biology Study because the project consists solely of placing an asphalt layer over an existing road.’ SETENA relied on that statement to classify the project as having low potential environmental impact and therefore not require an Environmental Impact Study, even though one was warranted given the area’s environmental and legal characteristics. Road construction there involves a substantial physical transformation of the rustic road, which historically was an unpaved dirt road that preserved the natural soil with minimal alteration. 19. Processing environmental feasibility through a simple Environmental Impact Assessment rather than a full Environmental Impact Study substantially reduced the rigor of the procedure for obtaining environmental feasibility. That decision directly benefited the developer, who was required only to submit a Sworn Declaration of Environmental Commitments, an instrument that in practice amounts to a promise to comply with general conditions, limited to observing current environmental regulations and, specifically, obtaining the corresponding permit from MINAE if trees were to be removed. It established no additional prevention or mitigation measures arising from the construction process itself or from the activities resulting from use of the road once completed. In summary, the procedure adopted weakened SETENA’s environmental oversight by replacing an in-depth technical analysis with a merely formal process based on generic commitments, demonstrating institutional flexibility that privileges economic interests, disguised under the refrain of development, over effective environmental protection. 20. It is essential to distinguish between an ENVIRONMENTAL ASSESSMENT and an ENVIRONMENTAL IMPACT STUDY. The former applies only to projects with low potential for impact that are developed in areas of low or very low environmental fragility. In such cases, the procedure seeks to obtain environmental feasibility from SETENA through a technical document prepared by the project proponent, who identifies possible impacts and may propose mitigation measures. By contrast, an Environmental Impact Study, required in areas of high environmental impact—such as the inalienable zone established by Ley 65—is an interdisciplinary technical report that analyzes, anticipates, and assesses the positive and negative impacts a project or activity may have on the environment. An environmental impact study facilitates the work by establishing mitigation and compensation measures. This process also includes technical and scientific studies and a public consultation, procedures conducted directly by the competent environmental authority (SETENA), which has the power to approve or reject the project’s environmental feasibility. 21. Expediente D1-0046-2021-SETENA contains no endorsement or permit issued by MINAE or SINAC authorizing the start of road construction in the inalienable zone protected by Ley 65 and forming part of State Natural Heritage. This omission constitutes failure to meet an essential requirement, attributable to the Municipality of Barva de Heredia, which should have obtained it; to SETENA, which should have required it; and to MINAE/SINAC, which must oversee, safeguard, and preserve the integrity of that heritage and prevent works from proceeding without proper authorization. These actions or omissions violate the principle of legality and the right to a healthy and ecologically balanced environment. 22. On 7 April, by Oficio JFCA/CNV/010426, and in response to the violation of the inalienable zone caused by the start of road construction, which directly threatens ecosystems essential to water recharge and biodiversity, the heads of MINAE and/or SINAC were asked, as those responsible for administering and protecting the zone, to provide the following information: (…) 1) Whether the Ministerio de Ambiente y Energía and/or the Sistema Nacional de Áreas de Conservación had authorized, endorsed, or approved the Municipality of Barva or another institution to widen, repair, and pave the access road to Braulio Carrillo National Park, Barva Sector, within that inalienable zone. 2) If they had granted such endorsement, please provide a copy of the corresponding duly reasoned MINAE and/or SINAC resolution, expressly setting out the technical and legal criteria supporting the decision to endorse road construction. 3) Please state the specific environmental mitigation mechanisms to be implemented, particularly in response to the impact of opening the road, considering the projected increase in traffic and its effects on fauna from vehicle strikes, noise and light pollution, among other things. 23. To date, only MINAE has responded; SINAC has not. MINAE’s response shows that it is disclaiming its legal responsibility to protect State Natural Heritage because, in Oficio PDVA-059-2026 of 10 April 2026, signed by the Vice Ministry of Environment, it stated the following: …that, for cantonal road infrastructure, authority lies with the Municipality of Barva under the current municipal regime, public-road legislation, and applicable territorial planning instruments. The work has been carried out under an interinstitutional agreement between INDER and the Municipality of Barva, evidencing a formal institutional coordination arrangement titled: ‘Specific agreement between the Instituto de Desarrollo Rural (INDER) and the Municipality of Barva for carrying out the project entitled: Improving the quality of life of the inhabitants of the territory, rural Heredia, through construction of ditches and placement of structural pavement layers on Sacramento Street C4-02-2018.’ Regarding part of the road located within Braulio Carrillo National Park under Ley 65 of 1888, the intervention must be understood as an exercise of the Municipality’s authority over roads, subject to compliance with applicable environmental provisions in areas within the protected area. 24. The response from the Vice Minister of Environment leads to the conclusion that MINAE has relinquished its duty to safeguard and protect State Natural Heritage, specifically the inalienable zone established by Ley 65. It also confirms that MINAE did not grant the authorization required for road construction in that zone. This omission not only breaches legal rules, including Articles 13 and 18 of the Ley Forestal and Article 11 of its regulations, but also violates fundamental rights, including the right to a healthy and ecologically balanced environment. 25. Because expediente D1-0046-2021-SETENA does not show that wildlife crossings will be built to reduce wildlife deaths on the new road, on 19 March 2026 we sent a letter to the mayor of the Municipality of Barva de Heredia, Jorge Acuña Prado, requesting information about whether such infrastructure exists and where it is located. However, we have received no response to date. From the mayor’s silence and the contents of SETENA’s file, it is concluded that the project will lack this essential wildlife-protection system.” (…)\n\nIn compliance with the order of the Constitutional Chamber, issued by resolution at 8:30 a.m. on 6 May 2026, this Secretariat hereby provides the requested information. The purpose is to provide the technical and legal information requested regarding SETENA’s own powers, based on technical report No. CARTA-SETENA-DT-DEA-1043-2026 of 13 May 2026, issued to assist in resolving the matter and attached as evidence to this report, which explains:\n\nResponse to the allegations\n\nAllegation 1: Works carried out in the inalienable zone under Ley 65 of 1888 and in the buffer zone of Braulio Carrillo National Park.\n\nResponse: The proposed works involve improvement of an existing road. Accordingly, the project site is considered already affected, since vehicles and people have used it for years to access Volcán Barva. This is not the opening of a new road in an unaffected area. The expediente states: “The AP consists of an area of land occupied by pasture; the area to be intervened is an altered area, with gravel surfacing in very poor condition that prevents visitors from reaching Volcán Barva Park. The topography is irregular.”\n\nRegarding the regulations cited by the amparo applicant:\n\nLey 65 states:\n\n“Art. 1°—A strip of land two kilometers wide is declared inalienable on either side of the summit of the mountain known as Montaña del Volcán de Barba, from the hill called Zurquí to the one known as Concordia, whether the land in that zone is nationally or municipally owned.”\n\nThe Land-Use Zoning Regulations of the Regulatory Plan for the canton of San Isidro de Heredia, MUNICIPALITY OF SAN ISIDRO DE HEREDIA, state:\n\n“The Buffer Zone of Protected Areas (ZAZP)\n\nArticle 95.—The ZAPN comprises a strip 200 meters parallel to the boundary of Braulio Carrillo National Park within the boundaries of the canton of San Isidro, specifically in the northern sectors of the districts of Concepción and San José. The purpose of the ZAPN is to prevent, contain, and/or mitigate the direct and indirect impact of human activities on the boundaries of the National Park, by means of a border area.”\n\nThe project route is located in the aforementioned buffer zone only at its final stretch. The northernmost coordinate of the road route abuts the boundaries of Braulio Carrillo National Park. On the other hand, the amparo applicant is correct that the entire project area (AP) lies in the inalienable zone established by Ley 65 of 1988. Nevertheless, as stated, the road had already been laid out and used by both people and vehicles.\n\nIt was interpreted that the inalienable zone prohibits new works in the area that would change its inalienable and public-domain nature. In the case under review, the project concerns improvement of a road which, although located within the inalienable zone under Ley 65 of 1888, has an existing right-of-way administered by the local municipality. The project does not change the public-domain nature or public use of that space, nor does it encroach on or intervene in areas beyond the right-of-way.\n\nAllegation 2: Omission of studies on wildlife crossings and their implementation.\n\nResponse: When the technical review of the expediente was conducted, there were no environmental regulations requiring a study to determine wildlife crossings. Accordingly, and under the principle of legality, those analyses were not requested and no environmental measures were proposed for that purpose. It is important to note that, as an existing road, it already constitutes a potential barrier to existing species. Changing its surface from gravel to pavement is not a significant change, since it introduces no other type of barrier beyond the change in road-surface material. It is also necessary to point out that environmental management is dynamic and that, as part of environmental monitoring, such studies and measures may be requested, if necessary, to ensure protection of species that may be affected by road improvements. This is supported by Decreto Ejecutivo N° 40139-MOPT, Officialization of the Technical Standard for the Development and Conservation of the Cantonal Road Network, Article 13(c):\n\nc) Roads located in areas protecting natural resources or crossing wildlife routes must have suitable structures to facilitate wildlife movement from one side of the road to the other, at locations determined by studies prepared by specialists appointed for that purpose.\n\nAnd Article 17(c):\n\nc) Implement measures to facilitate wildlife connectivity and movement along cantonal roads in order to minimize the impact resulting from fragmentation caused by roads and their traffic.\n\nAllegation 3: Removal of native vegetation without an environmental assessment.\n\nThe project stated among its elements that no trees would be cut as part of the road-improvement works. Regarding vegetation cover, the expediente again stated: “The AP consists of an area of land occupied by pasture; the area to be intervened is an altered area, with gravel surfacing in very poor condition that prevents visitors from reaching Volcán Barva Park. The topography is irregular.”\n\nTherefore, this Secretariat was not informed of any potential removal of native vegetation. If that did occur, the project developer must obtain the corresponding permits from SINAC, in accordance with its powers.\n\nAllegation 4: The project is being carried out in an area that is State Natural Heritage (PNE).\n\nResponse: According to the official State Natural Heritage layer obtained from the MINAE-SINAC node of SNIT, the project route is not located in or crossing State Natural Heritage. It is reiterated that the project was approved only within the existing right-of-way of the public cantonal road Sacramento C4-02-2018, administered by the local municipality, which is the developer of the project in question.\n\nSee following image: Project route shown as white dots and PNE in orange.\n\nAllegation 5: SETENA approved environmental feasibility through a simple environmental impact assessment rather than an Environmental Impact Study, without taking environmentally fragile areas into account.\n\nThe national legal framework clearly establishes the available environmental assessment instruments. Although some are more rigorous than others, none is a “simple environmental impact assessment”; that is the amparo applicant’s subjective characterization. Decreto No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC (the decree in force at the time of the project’s environmental assessment) also clearly establishes how to determine the assessment instrument applicable to each activity, work, or project (AOP). In this case, the final SIA score was 295, so, according to its classification based on the final score, the following instrument had to be submitted: D1+Sworn Declaration of Environmental Commitments.\n\nThis assessment did take account of the project area’s fragility, as confirmed by the D1 form in the project categorization. In response to the question “What is the classification of the area of your AOP based on the project’s location?” it stated: “Location in an environmentally fragile area, unless there is a Regulatory Plan or other environmental land-use plan approved by SETENA, including the environmental variable under the methodology established by SETENA. (The SIAR is multiplied by a value of 2).”\n\nAllegation 6: Omitted technical studies.\n\nThe consultant responsible for the expediente justified the submission of the technical studies by sworn declaration on the following grounds:\n\n“…an Archaeological Study, a Basic Geology Study (geology, hydrogeology, and natural hazards), and a Rapid Biology Study need not be submitted because of the nature of the project, which consists of laying an asphalt layer on an existing road and readjusting the ditches on the road leading to Volcán Barba, 2.8 km in length. In addition, the work does not involve cutting trees.”\n\nThe regulations in force when the expediente was submitted (Decreto N°32712-MINAE and 31849-MINAE) allowed the environmental consultant to justify the technical studies and also allowed SETENA to assess whether those studies were pertinent in light of the project’s characteristics. In this case, the project involved only improvement of an existing road and would not generate wastewater, significant excavation or earthworks, changes to nearby bodies of water, substantial visual impact, or a change in the use of the existing road. For these reasons, that justification was accepted.\n\nConclusion\n\nRegarding the information requested by the Constitutional Chamber:\n\n• At the time of the Environmental Assessment, it was considered and interpreted that the inalienable zone prohibits new works in the area that would change its inalienable and public-domain nature. In the case under review, the project concerns improvement of a road which, although located within the inalienable zone under Ley 65 of 1888, has an existing right-of-way administered by the local municipality. The project does not change the public-domain nature or public use of that space, nor does it encroach on or intervene in areas beyond the right-of-way.\n\n• When the technical review of the expediente was conducted, the establishment of wildlife crossings was not considered because, as an existing road, it already constituted a potential barrier to existing species. Changing its surface from gravel to pavement was not a significant change.\n\n• The Environmental Assessment did not mention the potential removal of native vegetation.\n\n• According to the official State Natural Heritage layer obtained from the MINAE-SINAC node of SNIT, the project is not located in or crossing State Natural Heritage.\n\n• The assessment instrument was selected as prescribed by the regulations, based on the final SIA score. According to the classification based on that final score, the instrument submitted was D1+Sworn Declaration of Environmental Commitments.\n\n• The regulations in force when the expediente was submitted (Decreto N°32712-MINAE and 31849-MINAE) allowed the environmental consultant to justify the technical studies and also allowed SETENA to assess whether those studies were pertinent in light of the project’s characteristics.\n\nEvidence\n\n- CARTA-SETENA-DT-DEA-1043-2026, signed by María Julliet Betancur Velez, Head of the Environmental Assessment Department.\n\n- Resolución No. 657-2021-SETENA, which granted the Environmental Feasibility License to the project in question.\n\nLegal Grounds\n\nThis report is submitted in accordance with Article 17 of the Organic Law of the Environment; Articles 11, 33, and 50 of the Political Constitution; Articles 29, 30, 43, 44, and 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional; and Articles 59, 60, and related provisions of the General Law of Public Administration.\n\nRequest for Relief\n\nFor the reasons stated above, it requests that the amparo proceeding against SETENA be denied.”\n\n6.—By filing submitted to the Chamber Secretariat and added to the expediente on 25 May 2026, the amparo applicant stated as follows:\n\n“I, the undersigned, [Nombre 002], duly appearing in the record as the amparo applicant in the amparo proceeding under expediente 26-013522-0007-CO, respectfully submit this filing to address the information provided by representatives of the Municipality of Barva de Heredia and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).\n\nIt must be clear that our amparo application does not challenge whether construction of the road is advisable. We did not address that issue in the original amparo application, despite what both the mayor and the president of the Municipal Council of Barva suggest. Our dispute concerns how the work is being carried out, which we consider to violate fundamental rights, particularly the right to a healthy and ecologically balanced environment. This is because the essential and indispensable technical studies required for activities in areas of extremely high environmental and hydrogeological vulnerability, aquifer recharge, and essential conservation of diverse flora and fauna were not required. Those resources will inevitably be affected by the new road and other human activities resulting from it, including motor-vehicle traffic. The constitutionally protected principle of legality has also been violated by disregarding rules requiring SINAC’s endorsement (Article 13 of the Ley Forestal) and a declaration of national interest for the removal of flora in State Natural Heritage, as provided in Article 7(m) of Decreto Ejecutivo N.º 38863-MINAE.\n\nConstruction work on the road in an area lying entirely within the inalienable zone established by Ley N.º 65 and administered by SINAC necessarily required that institution’s endorsement before construction and shrub removal could proceed. However, the municipal officials reporting to the Constitutional Chamber attempt to justify the absence of that approval by arguing—incorrectly—that environmental feasibility gave them free rein to carry out construction and remove flora without any other permit. They ignore that environmental feasibility does not replace or eliminate other permits. It is a prior and complementary requirement needed to process other licenses, but it does not exempt the project from complying with other legal procedures. Violating this requirement, as occurred here, violates the constitutionally protected principle of legality.\n\nAs to the claim that we have not established current and direct harm, but only hypothetical risks, the municipal officials who signed the report appear to ignore that it is widely recognized that one of the main causes of wildlife mortality is vehicle strikes, which even exceed deaths from poaching. This danger is not hypothetical, as the Municipality would have the honorable justices believe. It is a real and inevitable consequence of vehicle traffic on roads where wildlife also travels, as will occur on the road under construction to Volcán Barva. To mitigate and avert harm to wildlife, the in dubio pro natura or precautionary principle must be considered. It provides that, where there is a danger of or threat of serious or imminent harm to elements of biodiversity and associated knowledge, the absence of scientific certainty must not be used as a reason to postpone the adoption of effective protective measures.\n\nIt is not possible to speak of sustainable tourism when human activities are carried out without comprehensively considering the ecosystem elements that may be affected, as is happening with the road construction. In this case, the essential technical studies needed to define precautionary measures to mitigate environmental impacts, particularly on wildlife and potentially on the water resource, have been dispensed with. By proceeding in this way, the Municipality of Barva weakens the protection of nature and subordinates it to purely economic interests. That conduct disregards an essential principle: development and social well-being can exist only in balance with the ecological environment, which requires effective respect for and protection of ecosystems.\n\nThe president of the Municipal Council and the municipal mayor state in their report: ‘The Municipality respects SETENA resolutions and coordinates with SINAC to verify that projects comply with environmental protection measures, especially in park buffer zones.’ However, the reports submitted to the Constitutional Chamber by the Municipality and SINAC contain no evidence that such coordination took place. On the contrary, SINAC’s report shows that it is shirking its duty to protect State Natural Heritage by stating that construction of the road is an exclusive matter for the Municipality of Barva. Accordingly, SINAC has not shown that it intervened in any way, whether by granting the required endorsement and/or overseeing the actions carried out, including shrub removal.\n\nFurthermore, SETENA’s report shows that the institution recognizes that the road being worked on lies within the inalienable zone declared by Ley N.º 65 of 1888. However, there is no indication that SETENA acknowledges as an established fact that, because the zone is inalienable, it forms part of State Natural Heritage and, under Article 13 of the Ley Forestal, administration and protection of these areas fall to the Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), not the municipalities. The Constitutional Chamber reaffirmed this duty in resolutions N.º 2008-12109 and N.º 2023-017109, categorically ordering MINAE to recover land that had not been in its possession and reiterating its duty to safeguard State Natural Heritage.\n\nIt is SETENA itself that, through its report to the Constitutional Chamber, confirms what we, the amparo applicants, have stated about the insufficiency and inadequacy of the environmental assessment for the construction project in an area of high ecological and environmental fragility, within a national park buffer zone, and forming part of State Natural Heritage. This led SETENA to fail even to identify the need to install wildlife crossings, essential given the high volume of wildlife in the area. This is expressly apparent from SETENA’s report, which states verbatim: ‘When the technical review of the expediente was conducted, the establishment of wildlife crossings was not considered.’\n\nFor the foregoing reasons, the reasons set out in the amparo application, and the evident violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment and of the principle of legality, both constitutionally protected, we reiterate our request that the amparo proceeding be granted.”\n\n7.—By filing submitted to the Chamber Secretariat and added to the expediente on 9 June 2026, the amparo applicant stated as follows:\n\n“In my capacity as amparo applicant in the amparo proceeding under expediente N.0 26-013522-0007-CO, I respectfully ask that the attached official letters be added to the expediente. These documents consist of a letter signed by Claudio Segura Sánchez and addressed to the minister of the Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), as well as the response issued by the latter.\n\nIn the note from Mr. Claudio Segura addressed to the Minister of Environment and Energy, he requests information about the agreement entitled “IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF THE INHABITANTS OF THE RURAL TERRITORY THROUGH THE CONSTRUCTION OF DRAINAGE DITCHES AND PLACEMENT OF A STRUCTURAL PAVEMENT LAYER ON CALLE SACRAMENTO C4-02-018” (it is in the record of this amparo proceeding), insofar as, as a result of it, work or construction of a road would be carried out in the inalienable zone established by Ley 65 of 30 July 1888. Specifically, Mr. Segura asked the following:\n\n“… whether this Agreement, before being signed by the authorities of INDER and the Municipality, was approved by or submitted for consultation to the Ministry under your charge. If the answer is yes, please send me the written justification that MINAE provided both to the Municipality of Barva and to INDER to approve the work being carried out in that sector. If your answer is no, I respectfully request that you use your good offices as an Authority and the head of environmental matters for the Costa Rican State, and as guarantor of compliance with Article 50 of our Political Constitution, so that all actions which, as indicated in the Agreement, entail attacks on what Ley 65 and all the rulings issued by the Republic’s High Courts clearly provide are stopped immediately.”\n\nThe Minister of Environment and Energy’s response was issued through Official Letter DM-642-2025 /DAJ MINAE-1459-2025, which states, among other things, the following:\n\n“After an exhaustive review of the official records of the Ministry of Environment and Energy (MINAE), as well as the available background information at the Central Conservation Area Directorate, there is no record that this Ministry or the National System of Conservation Areas (SINAC) received a request for an opinion or issued prior approval related to the cited agreement. Accordingly, there is no documentary record of consultation, nor of any justification issued by this Institution to the signatory entities.\n\nIt is important to point out that, although the constitutional autonomy of local governments allows them to manage public interests through instruments such as interinstitutional agreements, such autonomy does not exempt them from their duty to respect environmental law, which enjoys normative supremacy under the principle of legality and Article 5 of the Political Constitution.\n\nAny action carried out within territories subject to a special protection regime must comply not only with the legislation in force, but also with the technical instruments governing those areas.\n\n(…)\n\nIt is for the National System of Conservation Areas, as the technical governing body in this field, to verify that any physical intervention arising from that agreement complies with the legal framework and the technical instruments applicable in all cases. This includes a detailed assessment of the zoning, the authorized land use, and the legal status of the properties. In particular, consideration must be given to whether the properties fall within the inalienability regime established by Ley No. 65 of 1888, whether they have an assigned management category or are in the process of being assigned one.\n\n(…)\n\nIn conclusion, although neither MINAE nor SINAC is a party to this agreement, they remain competent to assess and issue an opinion on the compatibility of the actions arising from it with the legal and jurisprudential framework in force when their execution in protected territory is proposed. (None of the bolding or highlighting is in the original.)\n\nWhat the Minister of Environment and Energy stated confirms what we, the undersigned amparo applicants, have indicated: the respondents failed to request SINAC’s approval, and that institution did not grant it. They also failed to carry out the oversight required of them with respect to the works performed within the inalienable zone governed by Ley N.º 65. By neither requiring nor ensuring compliance with the conditions necessary for the intervention, they violate fundamental environmental principles, such as the precautionary principle, as well as the principle of legality, and infringe the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, both protected by the Political Constitution of Costa Rica.”\n\n8.- The legal requirements have been observed in the proceedings conducted.\n\nDrafted by Justice Salazar Alvarado; and,\n\nCONSIDERING:\n\nI.- SUBJECT OF THE APPLICATION. The amparo applicants assert that, in the district of San José de la Montaña, located in Sacramento de Barva, Heredia, within the inalienable zone created by Ley N° 65 of 30 July 1888, which is also part of the buffer zone of Braulio Carrillo National Park, the Municipality of Barva de Heredia has begun road construction work over an old unpaved rural road, under the project named “PROJECT TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE OF THE RURAL HEREDIA TERRITORY THROUGH THE CONSTRUCTION OF DRAINAGE DITCHES AND PLACEMENT OF A STRUCTURAL PAVEMENT LAYER ON CALLE SACRAMENTO.” The National Environmental Technical Secretariat (SETENA) processed it under file D1-0046-2021-SETENA for the granting of environmental viability, which was granted by Resolution 657-2021-SETENA of 28 April 2021. File D1-0046-2021-SETENA contains no approval or permit issued by MINAE or SINAC authorizing the start of the road works. They explain that carrying out the road works involved widening a section of the old rural road, which required the removal and extraction of native vegetation of various sizes, including shrubs along the route, and that the vegetation was transferred to a private nursery. This was done without an environmental assessment, that is, without preparing an environmental impact study, resulting in direct harm and a violation of the inalienable zone. The omitted studies include studies of archaeology, basic geology (including geology, hydrogeology, and natural hazards), and biology. They consider that this Constitutional Chamber (Sala Constitucional) should order the annulment of SETENA’s environmental viability and, consequently, order the definitive suspension of the project’s execution; or, alternatively, require MINAE and/or SINAC to grant the corresponding authorization, duly supported by technical and legal criteria; require adjustment of the road design to incorporate speed reducers and wildlife crossings, whose locations and types are to be determined on the basis of scientific and technical studies identifying the wild species present in the area; require SETENA to review and approve that design; and require a complete Environmental Impact Study, including basic geology (geology, hydrogeology, and natural hazards) and biology analyses, to ensure a comprehensive assessment of the project’s environmental viability. Finally, they request that MINAE and SINAC be ordered to immediately exercise their powers of administration, protection, oversight, and conservation over the inalienable zone and, consequently, fulfill their duty to ensure the protection of the State’s natural heritage by overseeing and approving any project proposed for execution within the inalienable zone established by Ley N.º 65.\n\nII.- FACTS FOUND. The following relevant facts are considered duly established and important to the resolution of this application:\n\nThe rehabilitation of the access road to Braulio Carrillo National Park—a pre-existing public road, Calle Sacramento C4-02-018—is presented by the respondent Local Government as an indispensable public work. The road provides access to Braulio Carrillo National Park and other rural communities and constitutes a strategic route for ensuring the safety of park users and employees, the sound administration and conservation of the protected area, the socioeconomic and cultural development of neighboring communities, the implementation of sustainable environmental and tourism projects, and relief from the sharp population decline that threatens the disappearance of communities with their own identity and weakens the park’s social support—namely, the communities of Sacramento, Paso Llano, Porrosatí, and San José de la Montaña. The access improvement is intended to provide safety for those traveling through the area—by preventing accidents, enabling rapid access in emergencies, and protecting vulnerable groups (see, in this regard, the report submitted by the President of the Municipal Council and the Mayor, both of the Municipality of Barva, as well as the report submitted by the Minister of Environment and Energy).\n\nThe project entitled “Improving the quality of life of the rural Heredia territory through the construction of drainage ditches and placement of a structural pavement layer on Calle Sacramento C4-02-018” is being carried out through interinstitutional coordination between the Municipality of Barva and the Rural Development Institute (INDER). The project has environmental viability processed before the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), under administrative file D1-0046-2021-SETENA, and by Resolution N° 657-2021-SETENA, issued at 11:41 a.m. on 28 April 2021, it was categorized as having low environmental impact (B2) (see, in this regard, the report submitted by the President of the Municipal Council and the Mayor, both of the Municipality of Barva, and the report submitted by the Acting Executive Director of the National System of Conservation Areas).\n\nAt the time the technical analysis of the file was conducted, the establishment of wildlife crossings was not considered because, as an existing road, it already constitutes a potential natural barrier for the species present, and changing its surface from gravel to pavement is not a significant change. The Environmental Assessment did not propose possible removal of native vegetation. According to the official State natural heritage layer obtained from the MINAE-SINAC node of SNIT, the project is not located within, nor does it cross, the State’s Natural Heritage. The assessment of the evaluation instrument used was carried out as prescribed by the regulations, according to the final SIA score; therefore, based on its classification according to the final score, the instrument submitted was the one called D1+Sworn Statement of Environmental Commitments (see, in this regard, the report submitted by the Minister of Environment and Energy).\n\nIII.- ON THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. On repeated occasions, this Chamber’s case law has recognized that public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are recognized both constitutionally and under international rules. It has been stated that the legitimate exercise of this right requires resources to be used rationally, and that the State is responsible for protecting the environment, in accordance with the precautionary principle governing environmental matters. This principle requires the State to do everything necessary, within the limits permitted by law, to prevent irreversible environmental damage. To that end, the State is responsible for creating the social conditions that allow each person to enjoy health, understood as a state of physical, psychological (or mental), and social well-being. The State’s objective duty to protect the environment does not necessarily entail an individual right to demand, through the courts, that a particular measure be taken, but it does entail a right to have measures suited to protecting that right adopted in the face of openly negligent conduct by authorities or by natural or legal persons. Thus, the State is obliged to regulate areas of social life that may give rise to risks to the physical existence of the inhabitants of its territory, as well as areas that may harm the environment. It may do so through laws, regulations, agreements, or other measures relating to administrative organization and procedures. Consequently, the possibility of judicially requiring, through an amparo proceeding, a specific form of State action to fulfill its duty to protect the life, health, or environmental rights of its inhabitants is limited to cases where an imminent danger to those rights is clearly established. It follows that constitutional jurisdiction may intervene only where the State, through its competent bodies, is proven to have failed to address demands made by the country’s inhabitants in the exercise of their rights.\n\nIV.- THE SPECIFIC CASE. Although the applicants state that they submitted various requests to the respondent authorities and received no response, the fact is that their express request is: “Given that the road construction project in Sacramento de San José de la Montaña, Barva de Heredia, has begun without a COMPLETE ENVIRONMENTAL IMPACT STUDY, as is appropriate for works to be carried out within an area that constitutes the State’s natural heritage, is characterized by high environmental fragility, and is located in the buffer zone of Braulio Carrillo National Park, and given that MINAE/SINAC authorization has not been obtained, SETENA’s environmental viability should be annulled and, consequently, an order should be made for the definitive suspension of the project’s execution.” This Constitutional Chamber will resolve only that issue submitted to its consideration.\n\nThus, on reading the evidence submitted in the record, as well as the reports submitted by the respondent authorities, it was established that the rehabilitation of the access road to Braulio Carrillo National Park—a pre-existing public road, Calle Sacramento C4-02-018—is presented by the respondent Local Government as an indispensable public work. The road provides access to Braulio Carrillo National Park and other rural communities and constitutes a strategic route for ensuring the safety of park users and employees, the sound administration and conservation of the protected area, the socioeconomic and cultural development of neighboring communities, the implementation of sustainable environmental and tourism projects, and relief from the sharp population decline that threatens the disappearance of communities with their own identity and weakens the park’s social support—namely, the communities of Sacramento, Paso Llano, Porrosatí, and San José de la Montaña. The access improvement is intended to provide safety for those traveling through the area—by preventing accidents, enabling rapid access in emergencies, and protecting vulnerable groups.\n\nIt was also established that the project is being carried out through interinstitutional coordination between the Municipality of Barva and the Rural Development Institute (INDER), and that it has environmental viability processed before the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), under administrative file D1-0046-2021-SETENA; by Resolution N° 657-2021-SETENA, issued at 11:41 a.m. on 28 April 2021, it was categorized as having low environmental impact (B2). Finally, at the time the technical analysis of the file was conducted, the establishment of wildlife crossings was not considered because, as an existing road, it already constitutes a potential natural barrier for the species present, and changing its surface from gravel to pavement is not a significant change. The Environmental Assessment did not propose possible removal of native vegetation. According to the official State natural heritage layer obtained from the MINAE-SINAC node of SNIT, the project is not located within, nor does it cross, the State’s Natural Heritage. The assessment of the evaluation instrument used was carried out as prescribed by the regulations, according to the final SIA score; therefore, based on its classification according to the final score, the instrument submitted was the one called D1+Sworn Statement of Environmental Commitments.\n\nIn that context, this Chamber considers that the respondent authorities did, in fact, carry out proper environmental administrative management with respect to the development of the Project in question, as well as the prevention and mitigation of possible environmental impacts. Therefore, the alleged violation of Article 50 of the Constitution is dismissed. However, if the applicants believe there is a problem with the permit granted, they must turn to the appropriate legal avenue to present the objections they consider appropriate.\n\nIn light of the foregoing, the application is denied.\n\nV.- SEPARATE REASONS OF JUSTICE SALAZAR ALVARADO. In this case, I agree with the majority opinion denying the application; however, my reasons are as follows:\n\nProtection of a healthy and ecologically balanced environment under Costa Rican law is secured not only by Article 50 of the Political Constitution, but also by a series of laws and executive decrees (regulations) in force, such as the Organic Environmental Law, Law N° 7554 of 4 October 1995; the Biodiversity Law, Law N° 7788 of 30 April 1998; the Wildlife Conservation Law, Law N° 7317 of 21 October 1992; and Executive Decree N° 31849 of 24 May 2004, General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, to name only a few. This makes it necessary, in environmental matters, to distinguish constitutional review from review of legality. In this regard, it is my view that this Chamber should hear a matter by way of amparo alleging a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment only if the Administration has not yet intervened and the violation of that right is manifest and evident, readily verifiable, of some importance or gravity, and directly affects a specific person or community. Otherwise, the matter must be brought and argued through the legal avenues. Thus, the mere failure to comply with obligations and duties imposed by law on the various public administrations in environmental matters is properly addressed through administrative or judicial legal proceedings, where the alleged failures or omissions can be examined much more fully. It must be borne in mind that an amparo proceeding is summary, informal, simple, and swift. Accordingly, from the moment the Administration intervenes in an environmental matter in the exercise of its powers and conducts a procedure culminating in administrative acts, the matter falls outside the scope of this specialized jurisdiction. For that reason, review of administrative actions taken in relation to an environmental matter that requires a full examination for proper assessment is possible only in the ordinary jurisdiction, since the design of amparo proceedings is incompatible with comparing or reviewing technical or legal criteria developed under the applicable laws and regulations, or with taking new and additional evidence needed to compare or review the criteria already contained in the administrative file. The contrary would transform amparo into ordinary proceedings for full examination, thereby distorting it and frustrating the purposes for which it was designed, and depriving it of its function as an instrument for effective protection of fundamental rights. Consequently, when a public entity or body has intervened in various ways or issued administrative acts concerning an environmental matter, that matter falls within the jurisdiction of the administrative-litigation jurisdiction. It is precisely the confirmation that such administrative intervention exists that determines that the matter belongs in the legal process. Accordingly, this application should have been summarily dismissed, since its subject is a matter properly argued, analyzed, and resolved through the legal avenues. However, as that did not occur, the proper course is to deny it without ruling on the merits of the matter raised, since it is for the ordinary jurisdiction, specifically the administrative-litigation jurisdiction, to determine whether the challenged administrative actions and conduct substantively comply with the provisions of statutory law concerning the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.\n\nVI.- PARTIAL DISSENTING OPINION OF JUSTICE CRUZ CASTRO. With respect for the majority, I consider that the application should have been granted in part, solely with respect to the failure to technically assess the need to establish wildlife crossings in the project at issue.\n\nI agree with the majority that the Municipality of Barva obtained the corresponding environmental viability from the National Environmental Technical Secretariat and that rehabilitation of Calle Sacramento C4-02-018 serves a legitimate public purpose related to connectivity, road safety, and the development of the communities of Sacramento, Paso Llano, Porrosatí, and San José de la Montaña. However, I consider that this does not complete the constitutional review when heightened duties of environmental protection apply in an area of high ecological sensitivity. It is precisely in that context that I find an omission which, in my view, is constitutionally significant.\n\nI note that the record itself and the reports submitted to this Chamber establish an undisputed fact: the technical analysis conducted in file D1-0046-2021-SETENA did not assess the need to establish wildlife crossings. The environmental authority expressly acknowledged this, stating that their implementation was not considered because the road already existed and functioned as a barrier for the species present. I am therefore not faced with a mere interpretive disagreement to be resolved by the ordinary jurisdiction, but with an omission admitted by the Administration itself.\n\nI also disagree with the justification that no regulation required such studies to be conducted. Executive Decree N.° 40139-MOPT, entitled Technical Standard for the Development and Conservation of the Cantonal Road Network, was fully in force when the relevant environmental resolution was issued and established specific obligations on this subject.\n\nArticle 13, subsection c), provides verbatim:\n\n“Roads located in areas protecting natural resources or crossing wildlife routes must have appropriate structures to facilitate wildlife’s free passage from one side of the road to the other, at locations determined by studies prepared by professionals specializing in the subject and designated for that purpose.”\n\nFor its part, Article 17, subsection c), provides that municipalities must:\n\n“Implement measures to facilitate the connectivity and movement of wildlife on cantonal routes in order to minimize the harm resulting from habitat fragmentation caused by roads and their vehicle traffic.”\n\nThese provisions have unequivocal normative content. They not only require the possible construction of structures intended to provide biological connectivity; they also require specialized studies beforehand to determine their need and location. What I observe in this case is that this indispensable technical prerequisite was never fulfilled. The Administration dispensed with the study itself and thereby failed to give effective application to the regulations in force.\n\nThis conclusion finds further support in constitutional case law. I have maintained, and the Chamber has recognized in prior precedents (see judgment No. 2021-001189, issued at 9:15 a.m. on 22 January 2021, in an amparo proceeding against CONAVI concerning Route 32 and the failure to construct and enable wildlife crossings), that adequate environmental protection requires infrastructure projects to include suitable measures to reduce ecosystem fragmentation and risks to wildlife. The absence of such measures is not a mere matter of administrative legality; it may directly compromise the fundamental right recognized in Article 50 of the Political Constitution. This is all the more so when the work is located in an inalienable zone adjacent to a national park, a circumstance imposing a heightened duty of prevention and conservation.\n\nI do not overlook that the precautionary principle cannot be interpreted as an absolute prohibition on all human intervention in environmentally sensitive areas. However, that principle requires public decisions to be made on the basis of sufficient scientific and technical information. When there is uncertainty about the effects a project may have on wildlife, the constitutionally appropriate response is to conduct the analysis before any damage materializes, rather than to omit it. The fact that the road already existed does not exempt the authorities from assessing whether paving it, changing its physical conditions, and foreseeably increasing vehicle traffic may aggravate the risks of wildlife being struck and ecological fragmentation.\n\nIn my view, the in dubio pro natura principle, incorporated into our legal system and closely linked to constitutional environmental protection, requires reasonable doubts to be resolved in favor of biodiversity conservation. This requires specialized studies under the regulations cited above; it does not permit dispensing with them on the premise that the environmental harm already existed.\n\nFor these reasons, I consider that the failure to technically assess the need to establish wildlife crossings constitutes a current and independent violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment, without prejudice to my agreement with the solution adopted by the majority on the other issues debated in this proceeding.\n\nVII.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE RECORD. The parties are notified that if they submitted any paper document, as well as any objects or evidence contained on an additional electronic, computing, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, these must be collected from the office within a maximum period of thirty business days from notification of this judgment. Otherwise, any such material not collected within that period will be destroyed, as provided in the “Regulation on the Electronic Case File before the Judiciary,” approved by the Full Court at Session N° 27-11 of 22 August 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin N° 19 of 26 January 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary at Session N° 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI.\n\nTHEREFORE:\n\nThe application is denied. Justice Salazar Alvarado denies the application because it is for the ordinary jurisdiction, specifically the administrative-litigation jurisdiction, to determine whether the challenged administrative actions and conduct substantively comply with the provisions of statutory law concerning the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Justice Cruz Castro dissents in part and would grant the application solely with respect to the failure to conduct a technical assessment concerning wildlife crossings, ordering the Ministry of Environment and Energy and the National System of Conservation Areas, in coordination with the Municipality of Barva de Heredia, to arrange for a specialized technical study, carried out by qualified professionals in the field, to determine the need, location, and type of wildlife crossings required along the stretch of Calle Sacramento C4-02-018.-\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification Code --\n\n\n\n FSBELE9IBPE61\n\nCASE FILE N° 26-013522-0007-CO\n\nTelephone: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 meters south of the Iglesia del Perpetuo Socorro)." }