{
  "id": "nexus-sen-1-0007-1413887",
  "citation": "Res. 27069-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Denegatoria de agua potable por acceso irregular",
  "title_en": "Potable Water Denied Due to Irregular Access",
  "summary_es": "La Sala Constitucional desestimó el amparo presentado contra la Municipalidad de Alajuela por rechazar una solicitud de disponibilidad de agua potable. La mayoría concluyó que la negativa se apoyó en razones técnicas y legales: el acceso al inmueble no cumplía la normativa urbanística aplicable y la Administración explicó que los servicios registrados en propiedades cercanas ya eran abastecidos por la Municipalidad de Santa Bárbara. La Sala reiteró que el acceso al agua es un derecho fundamental y que el servicio debe prestarse en condiciones de igualdad, pero que no existe un derecho irrestricto a obtenerlo si faltan requisitos legales o técnicos. Consideró que determinar si la disponibilidad debía concederse y valorar la pertinencia de las razones técnicas corresponde a la legalidad ordinaria, fuera del ámbito del amparo. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvaron el voto: estimaron que debió ordenarse adoptar medidas progresivas para asegurar el acceso al agua en un plazo razonable.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) dismissed the amparo proceeding against the Municipality of Alajuela for denying a request for potable-water availability. The majority concluded that the denial rested on technical and legal grounds: access to the property did not comply with applicable urban-planning rules, and the Municipality explained that the registered services at nearby properties had previously been supplied by the Municipality of Santa Bárbara. The Chamber reiterated that access to water is a fundamental right and that the service must be provided on equal terms, but there is no unrestricted right to obtain it when legal or technical requirements are unmet. It considered that deciding whether availability should be granted and assessing the soundness of the technical reasons are matters of ordinary legality, outside the scope of amparo. Justices Cruz Castro and Rueda Leal dissented: they considered that the authorities should have been ordered to take progressive measures to secure water access within a reasonable period.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "17/07/2026",
  "year": "2026",
  "topic_ids": [],
  "primary_topic_id": null,
  "es_concept_hints": [
    "recurso de amparo",
    "disponibilidad de agua potable",
    "servidumbre de paso",
    "legalidad ordinaria",
    "derecho de petición",
    "voto salvado"
  ],
  "article_citations": [],
  "keywords_es": [
    "derecho humano al agua",
    "servicio público de agua potable",
    "disponibilidad de agua",
    "amparo ambiental",
    "servidumbre de acceso",
    "planificación urbana",
    "igualdad en servicios públicos",
    "razones técnicas"
  ],
  "keywords_en": [
    "human right to water",
    "public potable-water service",
    "water availability",
    "environmental amparo",
    "access easement",
    "urban planning",
    "equality in public services",
    "technical grounds"
  ],
  "excerpt_es": "Contrario a lo que se alega, la negativa reclamada se encuentra sustentada en razones técnicas, por lo que el acto no constituye una actuación arbitraria.\n\nPor otra parte, se debe señalar que la procedencia o no de la disponibilidad de agua, así como la pertinencia de las razones técnicas que sustentaron la decisión de la parte recurrida, no son cuestiones que deban discutirse en esta Jurisdicción, por tratarse de un conflicto de legalidad ordinaria ajeno al ámbito de competencia de esta Sala.",
  "excerpt_en": "Contrary to what is alleged, the challenged denial is supported by technical reasons, and therefore the act does not constitute arbitrary conduct.\n\nIt should also be noted that whether water availability should be granted, as well as the soundness of the technical reasons supporting the respondent’s decision, are not matters to be litigated in this jurisdiction, since they concern an ordinary-legality dispute outside this Chamber’s competence.",
  "outcome": {
    "label_en": "Denied",
    "label_es": "Sin lugar",
    "summary_en": "The majority denied the amparo because it found that the water-service denial rested on technical and legal grounds and was not arbitrary; two justices dissented and would have granted it, ordering concrete measures and a firm date for supplying water to the applicants.",
    "summary_es": "La mayoría declaró sin lugar el amparo porque estimó que la denegatoria del servicio de agua se sustentó en razones técnicas y legales y no fue arbitraria; dos magistrados salvaron el voto y propusieron concederlo con medidas concretas y una fecha cierta para abastecer de agua a la parte recurrente."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Voto salvado",
      "quote_en": "Water is not an ordinary service; it is an essential human right. Therefore, the respondent authority cannot disregard its duty to ensure it by relying on technical limitations without offering effective solutions.",
      "quote_es": "El agua no es un servicio cualquiera, es un derecho humano esencial, por ello, la autoridad accionada no puede desentenderse de su deber de garantizarlo, escudándose en limitaciones técnicas sin ofrecer soluciones efectivas."
    },
    {
      "context": "Voto salvado",
      "quote_en": "For these reasons, we consider that the application should have been granted, at least to order the Administration to adopt concrete and progressive measures to ensure the applicant’s effective access to potable water within a reasonable period.",
      "quote_es": "Por estas razones, estimamos que el recurso debió declararse con lugar, al menos para ordenar a la Administración la adopción de medidas concretas y progresivas que garantice, en un plazo razonable, el acceso efectivo al agua potable del recurrente."
    }
  ],
  "cites": [],
  "cited_by": [],
  "references": {
    "internal": [],
    "external": []
  },
  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1413887",
  "tier": 2,
  "is_environmental": true,
  "_editorial_citation_count": 0,
  "regulations_by_article": null,
  "amendments_by_article": null,
  "dictamen_by_article": null,
  "concordancias_by_article": null,
  "afectaciones_by_article": null,
  "resoluciones_by_article": null,
  "cited_by_votos": [],
  "cited_norms": [],
  "cited_norms_inverted": [],
  "sentencias_relacionadas": [],
  "temas_y_subtemas": [],
  "cascade_only": false,
  "amendment_count": 0,
  "body_es_text": "Revisión del Documento\n\n\n\nExp: 26-022016-0007-CO \n\nRes. Nº 2026027069\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del diecisiete de julio de dos mil veintiseis .\n\n \n\nRecurso de amparo promovido por [Nombre 001], cédula de residencia [Valor 001] Y [Nombre 002], cédula de residencia [Valor 002], contra la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA.\n\nRESULTANDO:\n\n 1.- Mediante memorial presentado a las 12:14 horas de 18 de junio de 2026, los recurrentes promovieron recurso de amparo, contra la Municipalidad de Alajuela, pues, según afirma, residen en Desamparados de Alajuela y que les fue notificada de la denegatoria del servicio de agua potable por parte de la autoridad competente, bajo el argumento de que la distancia para efectuar la conexión supera los parámetros establecidos. Señalan que dicha decisión resulta injustificada, por cuanto existen viviendas colindantes que cuentan con el servicio de agua potable, pese a encontrarse a una distancia incluso mayor desde el punto de abastecimiento. \n\n 2.- Por resolución de las 10:53 horas de 25 de junio de 2026 se dio curso al recurso y se requirió un informe al alcalde y al coordinador de la Administración de Acueductos y Alcantarillados, ambos de la Municipalidad de Alajuela, sobre los hechos acusados. \n\n 3.- Informan bajo juramento Roberto H. Thompson Chacón y Bernardo Arroyo Hernández, en su condición de alcalde de Alajuela y de coordinador del Subproceso de la Administración del Acueducto y Alcantarillados de la Municipalidad de Alajuela, que del oficio No. MA-SAAM-328-2026 de 6 de julio de 2026, suscrito por el coordinador Subproceso de Acueductos y Alcantarillados, que:\n\n“En atención a la información requerida del Recurso de Amparo, interpuesto por la señora [Nombre 001], y el señor [Nombre 002], que se tramitó bajo el expediente No. 26-022016-0007-CO contra la Municipalidad de Alajuela, donde se indica: “Manifiestan que residen en Desamparados de Alajuela y que les fue notificada de la denegatoria del servicio de agua potable por parte de la autoridad competente, bajo el argumento de que la distancia para efectuar la conexión supera los parámetros establecidos. Señalan que dicha decisión resulta injustificada, por cuanto existen viviendas colindantes que cuentan con el servicio de agua potable, pese a encontrarse a una distancia incluso mayor desde el punto de abastecimiento”. \n\n Se le informa al respecto que: \n\n1. El medio oficial de la Municipalidad de Alajuela para gestionar todo tipo de trámite es mediante la plataforma de Sistema Integrado del Servicio al Cliente ubicado en el edificio principal de la institución o bien mediante la página electrónica en el Portal de Contribuyentes, trámites en línea. \n\n2. Que, el día 20 de febrero de 2025 ingresa ante el Sistema Integrado del Servicio al Cliente el trámite N°20437- 2026, referente a la solitud de agua potable a nombre del señor [Nombre 002], cédula N°.\n\n3. Que el día 24 de febrero del 2026, se realiza inspección de campo a la finca N° [Valor 004]-001 por el funcionario Alexander Méndez, en el cual se determinó que: • La red de distribución del servicio de agua potable se encuentra a la entrada de la servidumbre. • En la propiedad existe una casa arcaica y se abastecen de una tanqueta. • Existe una caja metálica con conexión de la calle. \n\n4. En consulta realizada al Sistema de Facturación Municipal, se logró determinar que: • Sobre la finca N° [Valor 004] en el derecho 001, no existe registrado ningún servicio de agua potable. • El contribuyente se encuentra al día con los pagos municipales ante esta institución. \n\n5. Que según la servidumbre descrita en el plano [Valor 003] no cumple con la normativa vigente: Ley de Planificación Urbana, Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones (capítulo II, Inciso II.2.1.1) y reglamento del Plan Regulador Urbano del Cantón Central de Alajuela (Artículo 185 del Capítulo I del Título XXIV). \n\n6. Además, en el Artículo 17 del Reglamento para Operación y Administración del Acueducto de la Municipalidad de Alajuela indica: Que la disponibilidad de agua para inmuebles con acceso por servidumbre, la disponibilidad de agua potable se otorga solo cuando exista red de distribución de agua potable. Este servicio se otorga a lo largo de la red y hasta donde ella llegare; o cuando la servidumbre cumpla con las disposiciones la ley de Panificación Urbana y el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones para ese tipo de accesos. En este último caso los servicios de agua potable serán instalados a la entrada de la servidumbre, en el área correspondiente al derecho de vía y será destinada a favor del fundo dominante. \n\n7. Mediante la Resolución N° MA-SAAA-175-2026-S, dictada a las 07 horas con 45 minutos del 05 de marzo de 2026, el Subproceso de Administración de Acueducto y Alcantarillados conoció la Solicitud de Servicio de Agua Potable correspondiente al trámite N° 20437-2026, presentada por el señor [Nombre 002], cédula de identidad N° [Valor 002]. En dicha resolución se rechazó la solicitud debido a que la servidumbre no cumple con la normativa de ley de Planificación Urbana, conforme lo establece la Ley N°8220: Artículo N°6- Plazo y Calificación único. \n\n8. La Resolución N° MA-SAAA-175-2026-S fue debidamente notificada el 09 de marzo de 2026, mediante el Sistema de Resoluciones Municipales al correo indicado en el trámite [...] \n\n9. De acuerdo con el Plan Regulador vigente de la Municipalidad de Alajuela según zonificación, la propiedad se ubica en SUBZONA RESIDENCIAL BAJA DENSIDAD (Fuera del Anillo de Circunvalación) - POR SERVIDUMBRE DE PASO y según Uso de Suelo aportado en dicho expediente donde se indica textualmente requisitos para Segregación: superficie mínima de lote 600 metros cuadrados, razón por la cual se permite la construcción de dos viviendas, y según plano catastrado N° [Valor 003] la propiedad cuenta con un área total 1,250.81 m², por lo cual se da el cumplimiento total de servicios que se puedan otorgar sobre la finca en marras. \n\n10. Cabe indicar que conforme el Sistema de Facturación Municipal la finca folio real N°[Valor 004] actualmente registra 03 servicios de agua potable, medidores N° 20221010, 20223067 y 20220724. \n\n11. Que los medidores N° 20220724, N° 20221010 y N° 20223067 fueron otorgados mediante las resoluciones N° MA-AAAS-112-2022-S, N° MA-AAAS-610-2022-S y N° MA-AAAS-162-2024-S. Dichos servicios ya eran abastecidos previamente por la Municipalidad de Santa Bárbara. Por lo que en atención y en cumplimiento a lo dispuesto en el oficio MA-SASM-092-2022, emitido por la Ing. Maria Auxiliadora Castro Abarca, MGP Coordinadora del Subproceso de Acueducto y Saneamiento Municipal, se les suministro el servicio a los a los vecinos que ya lo recibían previamente por parte de la Municipalidad de Santa Barbara.”\n\n \n\n En atención a lo manifestado por el Lic. Bernardo Arroyo Hernández, se hace constar que, tras una revisión exhaustiva de los registros oficiales y del expediente administrativo correspondiente, se verifica que a la gestión presentada se le brindó el trámite y seguimiento respectivo desde su ingreso, observándose en todo momento los principios de legalidad, eficiencia y debido proceso administrativo. En relación con la finca inscrita bajo el folio real No. [Valor 004]-001, según el plano castrado [Valor 003], se informa que la servidumbre de acceso tiene una longitud de 66,45 metros y un ancho de 3,50 metros, pero la misma no se encuentra inscrita ante el Registro Nacional, se adjunta informe registral. Dicha servidumbre indicada en el plano catastrado adjunto al trámite No. 20437-2026, no cumple actualmente con las disposiciones establecidas en la Ley de Planificación Urbana, Ley 4240, el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, ni con los parámetros urbanísticos previstos en el Plan Regulador del cantón de Alajuela. Por lo que dada esta situación se realizó la consulta al Topógrafo César Sánchez Calvo, del Subproceso de Gestión vial, quien señala que, incluso la misma no constituye una servidumbre de paso ya que tampoco cumple con la normativa del código civil, sino que estamos ante la presencia de un callejón de acceso con tolerancia de paso. Adicionalmente, de la información que consta en el Registro Nacional se desprende que la finca presenta una serie de derechos no localizados, lo que supone un desarrollo habitacional irregular mediante derechos no localizados, así mismo mediante plataforma del Mapa Catastral Municipal se observa la existencia aproximada de diez edificaciones. Asimismo, se hace constar que la finca cuenta actualmente con tres servicios de agua potable debidamente registrados, los cuales abastecen las edificaciones o construcciones existentes dentro de dicha finca. En consecuencia, las construcciones que actualmente se observan en la propiedad disponen de abastecimiento de agua potable por medio de los servicios Nos. 20221010, 20223067 y 20220724, sin que ello implique reconocimiento alguno de la conformidad urbanística o constructiva de las edificaciones existentes, ni genere derechos adquiridos respecto de futuras solicitudes de disponibilidad de servicios o desarrollos urbanísticos. Es importante manifestar que la finca folio real No. [Valor 004] ya contaba previamente con los tres servicios de agua potable suministrados por la Municipalidad de Santa Bárbara, por lo tanto, en apego al a lo establecido en el oficio en el oficio No. MA-SASM-092-2022, emitido por la Ing. María Auxiliadora Castro Abarca, coordinadora del Subproceso de Acueducto y Saneamiento Municipal, el cual instruye a la Administración del Acueducto y Saneamiento Municipal a otorgar el servicio de agua potable a las viviendas que ya eran abastecidas cumpliendo con lo establecido en las sentencias dictadas en los recursos Nos. 10-005580-0007-CO y 17-00147-CO ambas de la Sala Constitucional. Por lo que es importante dejar sumamente claro que los servicios que actualmente se encuentran en la finca folio real No. [Valor 004] ya eran servicios suministrados previamente por la Municipalidad de Santa Barbara. Por otra parte, de conformidad con el Plan Regulador vigente de la Municipalidad de Alajuela y lo indicado en la resolución No. MA-ACC-US-1750-2026, emitido por la Actividad de Control Constructivo, la zona en que se ubica el inmueble corresponde a una zona de baja densidad habitacional. En consecuencia, y según el criterio técnico mediante oficio No. MA-SAAA-328-2026 suscrito por el Lic. Bernardo Arroyo, únicamente resulta procedente otorgar disponibilidad de servicios para 2 viviendas acorde a la densidad de la zona, de conformidad con las limitaciones urbanísticas y de planificación territorial aplicables al caso concreto en apego al Plan Regulador de Alajuela. Ahora bien, se advierte que la inconformidad manifestada por la persona recurrente parece derivar de la respuesta brindada mediante resolución No. MA-SAAA-175-2026; no obstante, resulta necesario precisar que esta Municipalidad ha garantizado en todo momento el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política, el cual reconoce a toda persona la facultad de dirigirse ante los órganos y entes públicos para plantear solicitudes, consultas, reclamos o gestiones de su interés, así como el derecho correlativo de obtener una respuesta oportuna. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha sido consistente en señalar que el derecho fundamental tutelado por el artículo 27 de la Constitución Política garantiza el derecho a formular peticiones y a recibir una respuesta dentro de un plazo razonable pero, no implica el derecho a obtener una respuesta favorable a las pretensiones del gestionante. En consecuencia, la circunstancia de que una persona no comparta el contenido, alcance o resultado de la respuesta administrativa emitida no constituye, por sí misma, una violación al derecho de petición ni configura una omisión atribuible a la Administración Pública. Así las cosas, no se verifica la existencia de acto administrativo u omisión ilegítima por parte de la Municipalidad de Alajuela que pueda configurar una vulneración a los derechos fundamentales invocados por la parte recurrente. La actuación administrativa se ajustó estrictamente al principio de legalidad, observó el debido proceso y respondió a la necesidad de verificar el cumplimiento de requisitos legalmente exigibles para la prestación efectiva del servicio solicitado.\n\n4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\n I.- OBJETO DEL RECURSO. Los recurrentes acotan que formularon una solicitud de disponibilidad de agua potable ante el ente local recurrido, la que se denegó con el argumento de que la distancia para efectuar la conexión supera los parámetros establecidos. Señalan que dicha decisión resulta injustificada, por cuanto existen viviendas colindantes que cuentan con el servicio de agua potable, pese a encontrarse a una distancia incluso mayor que la de su inmueble desde el punto de abastecimiento. Afirman que ese proceder es ilegítimo y contrario al principio de igualdad.\n\nII.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para la decisión del presente amparo se tienen por demostrados los siguientes: 1) El 20 de febrero de 2025 ingresó la solicitud de agua potable a nombre de [Nombre 002], el Sistema Integrado del Servicio al Cliente de la Municipalidad de Alajuela, a la que se otorgó el trámite N°20437- 2026 (informe rendido bajo juramento). 2) El 24 de febrero de 2026 se realizó una inspección de campo a la finca No.[Valor 004]-001 en la que se determinó que: La red de distribución del servicio de agua potable se encuentra a la entrada de la servidumbre. En la propiedad existe una casa arcaica y se abastecen de una tanqueta y que existe una caja metálica con conexión de la calle (informe rendido bajo juramento). 3) Sobre la finca No. [Valor 004] en el derecho 001, no existe registrado ningún servicio de agua potable y que el contribuyente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones municipales (informe rendido bajo juramento). 4) La servidumbre descrita en el plano [Valor 003] no cumple con la normativa vigente (informe rendido bajo juramento). 5) Mediante la resolución del Subproceso de Administración de Acueducto y Alcantarillados No. MA-SAAA-175-2026-S de las 7:45 horas de 5 de marzo de 2026 se rechazó la solicitud del amparado, en vista de que la servidumbre no cumple con la normativa de ley de Planificación Urbana (informe rendido bajo juramento). 6) El 9 de marzo de 2026 se notificó esa resolución al amparado, mediante el Sistema de Resoluciones Municipales al correo indicado en el trámite [...]informe rendido bajo juramento). 7) El Sistema de Facturación Municipal la finca folio real No. [Valor 004] actualmente registra tres servicios de agua potable, medidores No. 20221010, 20223067 y 20220724, a los que se les suministra en vista de que lo recibían previamente por parte de la Municipalidad de Santa Barbara (informe rendido bajo juramento).\n\nIII.- SOBRE LA DENEGATORIA RECLAMADA. Se demostró que mediante la resolución del Subproceso de Administración de Acueducto y Alcantarillados de la Municipalidad de Alajuela No. MA-SAAA-175-2026-S de las 7:45 horas de 5 de marzo de 2026 se rechazó la solicitud de disponibilidad que formuló el amparado, en vista de que la servidumbre que da ingresó al fundo de los amparados, no cumple con la normativa legal y reglamentaria vigente. En reiteradas ocasiones, esta Sala ha sostenido que si bien se reconoce el derecho fundamental al agua y su acceso en igualdad de condiciones, por cuanto se trata de un servicio esencial para la vida y la salud; también, ha indicado que este derecho no implica un acceso irrestricto al agua, toda vez que, los prestadores del servicio pueden válidamente, establecer condiciones y requisitos generales para acceder a este servicio. Asimismo, resulta válido que las entidades -públicas o privadas- que administren el servicio, puedan rechazar las solicitudes de agua, o bien, de la carta de disponibilidad de agua, cuando el interesado no cumple los requisitos o cuando existen razones técnicas o legales que los justifiquen. Así por ejemplo, en sentencia número 2016-006027 de las 09:05 horas de 6 de mayo de 2016, esta Sala consideró lo siguiente:\n\n“Este Tribunal Constitucional en la sentencia 2014-9134 de las 14:05 horas del 19 de junio de 2014, que abordó una cuestión muy similar a la expuesta en el presente recurso, dispuso: '(...) Esta Sala ha indicado en reiteradas sentencias sobre el tema que el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, y que como tal, todo prestador de servicios públicos -sea sujeto público o sujeto privado está obligado a prestar el servicio de forma continua, eficiente, en condiciones de igualdad y debiendo adaptarse a los cambios tecnológicos (véase al respecto la sentencia 2001-09676 de las once horas veinticinco minutos del veintiséis de setiembre del dos mil uno y la sentencia 2004-08161 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintitrés de julio del dos mil cuatro). Resulta claro entonces concluir que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al ser uno de los entes estatales encargados de la prestación del servicio público de agua potable, está obligado también a prestar este servicio de forma continua, adaptable, eficiente y por igual a todos los habitantes. Ahora bien, también la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha indicado que, frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad formal (que es la falta de una Red de Distribución de Aguas), es razonable no atender las solicitudes de servicio o solicitar que el interesado asuma los costos de instalación cuando no exista red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura. Así, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la falta de infraestructura. En otras palabras, siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales. En el caso concreto, de la prueba aportada y del informe rendido bajo juramento, se corrobora que el AyA no ha rechazado arbitrariamente la solicitud planteada por la recurrente, sino por la falta del cumplimiento de la totalidad de los requisitos técnico-legales que existe el Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para aprobar nuevos servicios”.\n\n \n\n Contrario a lo que se alega, la negativa reclamada se encuentra sustentada en razones técnicas, por lo que el acto no constituye una actuación arbitraria. \n\n Por otra parte, se debe señalar que la procedencia o no de la disponibilidad de agua, así como la pertinencia de las razones técnicas que sustentaron la decisión de la parte recurrida, no son cuestiones que deban discutirse en esta Jurisdicción, por tratarse de un conflicto de legalidad ordinaria ajeno al ámbito de competencia de esta Sala. Así las cosas, en este punto, descarta la Sala que exista el agravio reclamado.\n\n IV.- SOBRE EL TRATO DIFERENCIADO QUE SE RECLAMA. La parte accionante acusa un trato discriminatorio, por cuanto aduce que otras propiedades en la zona sí cuentan con la disponibilidad del servicio. Al respecto, los recurridos sostienen que no es cierto lo alegado en este sentido, pues, los servicios Nos. 20220724, 20221010 y 20223067 se otorgaron a los vecinos a los que previamente la Municipalidad de Santa Barbara les suministraba agua potable, lo que no es el caso de los amparados, quienes no solo no están en esas mismas circunstancias, sino no satisfacen la normativa legal y reglamentaria que rige la materia. De ahí que, tampoco se aprecia la infracción acusada. \n\n V.- VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS CRUZ CASTRO Y RUEDA LEAL, CON REDACCIÓN DEL PRIMERO. Disentimos del criterio de mayoría. En el presente caso, se valida la negativa de la Administración de brindar un servicio esencial, con base en consideraciones técnicas relativas a la insuficiencia de la infraestructura hídrica; sin embargo, se omite ponderar adecuadamente que el acceso al agua potable constituye un derecho fundamental, indispensable para la vida, la salud y la dignidad humana.\n\n El artículo 21 de la Constitución Política protege la vida humana, y este Tribunal ha reconocido que el acceso al agua para consumo humano es un presupuesto material de ese derecho. Asimismo, el artículo 50 constitucional impone al Estado el deber de garantizar el bienestar de todos los habitantes, lo cual incluye necesariamente el acceso efectivo, suficiente y continuo al agua potable. En el ámbito internacional, instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –interpretado por el Comité DESC en su Observación General No. 15– reconocen el derecho humano al agua, obligando a los Estados a adoptar medidas positivas para su plena realización. Hay una obligación reforzada impuesta al Estado en un estado social y democrático de derecho, por esta razón el suministro de agua, es una obligación prioritaria de los poderes públicos.\n\n Desde esta perspectiva, la invocación de limitaciones técnicas no puede erigirse en una justificación absoluta para desatender una necesidad básica de subsistencia. La Administración no puede limitarse a constatar la insuficiencia del sistema; tiene el deber jurídico de planificar, prever y ejecutar las acciones necesarias para garantizar progresivamente el acceso al servicio al agua, especialmente cuando se trata de consumo humano.\n\n El enfoque mayoritario normaliza una omisión estructural: acepta que la falta de infraestructura exonera al Estado de su obligación, cuando precisamente esa carencia evidencia un incumplimiento de su deber de previsión. No se trata de obligar a lo imposible, sino de exigir que la Administración adopte medidas razonables, alternativas o progresivas para no dejar en desprotección a las personas.\n\n El agua no es un servicio cualquiera, es un derecho humano esencial, por ello, la autoridad accionada no puede desentenderse de su deber de garantizarlo, escudándose en limitaciones técnicas sin ofrecer soluciones efectivas.\n\nPor estas razones, estimamos que el recurso debió declararse con lugar, al menos para ordenar a la Administración la adopción de medidas concretas y progresivas que garantice, en un plazo razonable, el acceso efectivo al agua potable del recurrente. El agua es un bien y un derecho fundamental cuya vigencia debe asegurarse efectivamente, es un deber ineludible.\n\nVI.- CONCLUSIÓN. Como corolario de lo expuesto, se impone desestimar el recurso, como en efecto se dispone.\n\nVII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\n Se declara sin lugar el recurso. Los Magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan el voto y declaran con lugar el proceso de amparo, ordenando que se adopten medidas concretas y se le indique a la parte amparada una fecha cierta para satisfacer el abastecimiento de agua. Notifíquese.\n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n DS1HXA70BNM61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-022016-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).",
  "body_en_text": "Document Review\n\n\n\nExp: 26-022016-0007-CO\n\nRes. Nº 2026027069\n\n \n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at 9:25 a.m. on 17 July 2026.\n\n \n\nAmparo proceeding filed by [Nombre 001], residence card [Valor 001], and [Nombre 002], residence card [Valor 002], against the MUNICIPALITY OF ALAJUELA.\n\nBACKGROUND:\n\n1.- By a written submission filed at 12:14 p.m. on 18 June 2026, the applicants filed an amparo proceeding against the Municipality of Alajuela because, they claim, they reside in Desamparados de Alajuela and were notified that the competent authority had denied them drinking water service on the ground that the distance required to make the connection exceeds the established parameters. They state that this decision is unjustified because neighboring homes have drinking water service despite being even farther from the supply point.\n\n2.- By order issued at 10:53 a.m. on 25 June 2026, the proceeding was admitted and a report was requested from the mayor and the coordinator of the Aqueducts and Sewerage Administration, both of the Municipality of Alajuela, concerning the alleged facts.\n\n3.- Roberto H. Thompson Chacón and Bernardo Arroyo Hernández, in their capacities as mayor of Alajuela and coordinator of the Aqueduct and Sewerage Administration Subprocess of the Municipality of Alajuela, respectively, report under oath, based on official letter No. MA-SAAM-328-2026 of 6 July 2026, signed by the coordinator of the Aqueducts and Sewerage Subprocess, as follows:\n\n“In response to the information requested regarding the amparo application filed by Ms. [Nombre 001] and Mr. [Nombre 002], processed under case file No. 26-022016-0007-CO against the Municipality of Alajuela, which states: ‘They report that they reside in Desamparados de Alajuela and were notified that the competent authority had denied them drinking water service on the ground that the distance required to make the connection exceeds the established parameters. They state that this decision is unjustified because neighboring homes have drinking water service despite being even farther from the supply point.’\n\nThey are informed as follows:\n\n1. The Municipality of Alajuela’s official means for handling all types of procedures is through the Integrated Customer Service System platform, located in the institution’s main building, or through the electronic page on the Taxpayer Portal, online procedures.\n\n2. On 20 February 2025, procedure No. 20437-2026 was submitted to the Integrated Customer Service System concerning a request for drinking water in the name of Mr. [Nombre 002], identity card No.\n\n3. On 24 February 2026, Alexander Méndez conducted a field inspection of property No. [Valor 004]-001, during which it was determined that: • The drinking water distribution network is located at the entrance to the easement (servidumbre). • There is an old house on the property, supplied by a water tank. • There is a metal box with a connection from the street.\n\n4. A query of the Municipal Billing System established that: • No drinking water service is registered for property No. [Valor 004], right 001. • The taxpayer is current on municipal payments to this institution.\n\n5. According to the easement described in survey plan [Valor 003], it does not comply with the current regulations: the Urban Planning Law, the Regulation for National Control of Subdivisions and Urban Developments (Chapter II, subsection II.2.1.1), and the Urban Regulatory Plan for the Central Canton of Alajuela (Article 185 of Chapter I of Title XXIV).\n\n6. In addition, Article 17 of the Regulation for the Operation and Administration of the Municipality of Alajuela Aqueduct states: Water availability for properties accessed by easement is granted only when a drinking water distribution network exists. This service is provided along the network and up to its endpoint, or when the easement complies with the provisions of the Urban Planning Law and the Regulation for National Control of Subdivisions and Urban Developments governing that type of access. In the latter case, drinking water services will be installed at the entrance to the easement, in the area corresponding to the right of way, for the benefit of the dominant property.\n\n7. By Resolution No. MA-SAAA-175-2026-S, issued at 7:45 a.m. on 05 March 2026, the Aqueduct and Sewerage Administration Subprocess considered the Drinking Water Service Request corresponding to procedure No. 20437-2026, submitted by Mr. [Nombre 002], identity card No. [Valor 002]. That resolution rejected the request because the easement does not comply with the Urban Planning Law, as provided in Law No. 8220: Article No. 6—Single Time Limit and Assessment.\n\n8. Resolution No. MA-SAAA-175-2026-S was duly notified on 09 March 2026 through the Municipal Resolutions System to the email address given in the procedure [...]\n\n9. According to the current Regulatory Plan of the Municipality of Alajuela and its zoning, the property is located in the LOW-DENSITY RESIDENTIAL SUBZONE (Outside the Ring Road)—BY RIGHT-OF-WAY EASEMENT. According to the land-use document submitted in that file, which expressly states the requirements for subdivision: minimum lot area of 600 square meters, permitting the construction of two homes; and according to registered cadastral plan No. [Valor 003], the property has a total area of 1,250.81 m². Therefore, all services that may be granted for the property in question have been fully provided for.\n\n10. It should be noted that, according to the Municipal Billing System, property with real folio No. [Valor 004] currently has 03 drinking water services registered, with meters Nos. 20221010, 20223067, and 20220724.\n\n11. Meters Nos. 20220724, 20221010, and 20223067 were granted by resolutions Nos. MA-AAAS-112-2022-S, MA-AAAS-610-2022-S, and MA-AAAS-162-2024-S. Those services had previously been supplied by the Municipality of Santa Bárbara. Accordingly, in response to and in compliance with the provisions of official letter MA-SASM-092-2022, issued by Eng. Maria Auxiliadora Castro Abarca, MGP, Coordinator of the Municipal Aqueduct and Sanitation Subprocess, service was supplied to the neighbors who had already been receiving it from the Municipality of Santa Barbara.”\n\n \n\nIn response to the statements of Lic. Bernardo Arroyo Hernández, it is recorded that, following an exhaustive review of the official records and the corresponding administrative file, it was verified that the application received the appropriate processing and follow-up from the time it was submitted, with the principles of legality, efficiency, and administrative due process observed at all times. With regard to the property registered under real folio No. [Valor 004]-001, according to cadastral plan [Valor 003], the access easement is 66,45 meters long and 3,50 meters wide, but it is not registered with the National Registry; a registry report is attached. The easement shown in the cadastral plan attached to procedure No. 20437-2026 does not currently comply with the provisions of the Urban Planning Law, Law 4240, the Regulation for National Control of Subdivisions and Urban Developments, or the urban planning parameters set out in the Regulatory Plan for the canton of Alajuela. Given this situation, Topographer César Sánchez Calvo of the Road Management Subprocess was consulted. He stated that it does not even constitute an easement of passage because it also fails to comply with the Civil Code; rather, it is an access alley with permission to pass. In addition, information from the National Registry shows that the property has a series of unlocated rights, which indicates irregular residential development through unlocated rights. The Municipal Cadastral Map platform also shows approximately ten buildings. It is further recorded that the property currently has three duly registered drinking water services, which supply the buildings or structures located on the property. Consequently, the structures currently visible on the property have drinking water supplied through services Nos. 20221010, 20223067, and 20220724, without this implying any recognition that the existing buildings comply with urban planning or construction requirements, or creating acquired rights with respect to future requests for service availability or urban developments. It is important to state that property with real folio No. [Valor 004] already had the three drinking water services previously supplied by the Municipality of Santa Bárbara. Therefore, in accordance with official letter No. MA-SASM-092-2022, issued by Eng. María Auxiliadora Castro Abarca, Coordinator of the Municipal Aqueduct and Sanitation Subprocess, which instructs the Municipal Aqueduct and Sanitation Administration to provide drinking water service to homes that were already being supplied, in compliance with the judgments issued in amparo proceedings Nos. 10-005580-0007-CO and 17-00147-CO, both from the Constitutional Chamber. It must therefore be made entirely clear that the services currently registered for property with real folio No. [Valor 004] were already being supplied previously by the Municipality of Santa Barbara. Furthermore, under the current Regulatory Plan of the Municipality of Alajuela and as stated in Resolution No. MA-ACC-US-1750-2026, issued by the Construction Control Activity, the area where the property is located is a low-density residential zone. Consequently, under the technical opinion in official letter No. MA-SAAA-328-2026, signed by Lic. Bernardo Arroyo, service availability may be granted for only 2 homes, in accordance with the area’s density and the urban planning and land-use planning restrictions applicable to this specific case under the Regulatory Plan of Alajuela. The applicants’ dissatisfaction appears to stem from the response given in Resolution No. MA-SAAA-175-2026. However, it is necessary to clarify that this Municipality has at all times guaranteed the exercise of the right to petition established in Article 27 of the Political Constitution, which recognizes each person’s right to address public bodies and entities with requests, inquiries, complaints, or other matters of interest, as well as the corresponding right to receive a timely response. Nevertheless, constitutional case law has consistently held that the fundamental right protected by Article 27 of the Political Constitution guarantees the right to submit petitions and receive a response within a reasonable time, but does not confer a right to obtain a response favorable to the applicant’s claims. Consequently, a person’s disagreement with the content, scope, or outcome of an administrative response does not, by itself, constitute a violation of the right to petition or an omission attributable to the Public Administration. Accordingly, there is no administrative act or unlawful omission by the Municipality of Alajuela that could constitute a violation of the fundamental rights invoked by the applicants. The administrative action strictly complied with the principle of legality, observed due process, and responded to the need to verify compliance with the legal requirements for the effective provision of the requested service.\n\n4.- The legal requirements were observed in the proceedings conducted.\n\nJustice Hess Herrera drafted the opinion; and,\n\nREASONS:\n\nI.- SUBJECT OF THE AMPARO. The applicants state that they submitted a request for drinking water availability to the respondent local government entity, which denied it on the ground that the distance required to make the connection exceeds the established parameters. They state that this decision is unjustified because neighboring homes have drinking water service despite being even farther from the supply point than their property. They maintain that this conduct is unlawful and contrary to the principle of equality.\n\nII.- FACTS FOUND. The following facts relevant to deciding this amparo are deemed proven: 1) On 20 February 2025, a request for drinking water in the name of [Nombre 002] was submitted to the Integrated Customer Service System of the Municipality of Alajuela and assigned procedure No. 20437-2026 (report submitted under oath). 2) On 24 February 2026, a field inspection of property No. [Valor 004]-001 was conducted, during which it was determined that: The drinking water distribution network is located at the entrance to the easement. There is an old house on the property, supplied by a water tank, and there is a metal box with a connection from the street (report submitted under oath). 3) No drinking water service is registered for property No. [Valor 004], right 001, and the taxpayer is current on municipal obligations (report submitted under oath). 4) The easement described in plan [Valor 003] does not comply with the current regulations (report submitted under oath). 5) By resolution of the Aqueduct and Sewerage Administration Subprocess No. MA-SAAA-175-2026-S, issued at 7:45 a.m. on 5 March 2026, the applicant’s request was rejected because the easement does not comply with the Urban Planning Law (report submitted under oath). 6) On 9 March 2026, that resolution was notified to the applicant through the Municipal Resolutions System at the email address given in the procedure [...] (report submitted under oath). 7) The Municipal Billing System shows that property with real folio No. [Valor 004] currently has three drinking water services registered, with meters Nos. 20221010, 20223067, and 20220724, which continue to be supplied because they had previously been supplied by the Municipality of Santa Barbara (report submitted under oath).\n\nIII.- REGARDING THE DENIAL AT ISSUE. It was established that, by resolution of the Aqueduct and Sewerage Administration Subprocess of the Municipality of Alajuela No. MA-SAAA-175-2026-S, issued at 7:45 a.m. on 5 March 2026, the applicant’s request for availability was rejected because the easement providing access to the applicants’ property does not comply with the laws and regulations in force. This Chamber has repeatedly held that, although the fundamental right to water and equal access to it are recognized because it is an essential service for life and health, this right does not entail unrestricted access to water, since service providers may validly establish general conditions and requirements for access to the service. Likewise, public or private entities administering the service may validly reject requests for water service or a water availability letter when the interested party fails to meet the requirements or when technical or legal reasons justify doing so. For example, in judgment No. 2016-006027, issued at 9:05 a.m. on 6 May 2016, this Chamber held:\n\n“This Constitutional Court, in judgment 2014-9134, issued at 2:05 p.m. on 19 June 2014, which addressed an issue very similar to the one raised in this amparo, held: ‘(...) This Chamber has stated in repeated judgments on this subject that drinking water supply is considered under Costa Rican law to be a public service and, as such, every public service provider—whether a public or private entity—is required to provide the service continuously and efficiently, on equal terms, and adapting to technological changes (see judgment 2001-09676, issued at 11:25 a.m. on 26 September 2001, and judgment 2004-08161, issued at 10:53 a.m. on 23 July 2004). It is therefore clear that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewerage, as one of the state entities responsible for providing the public drinking water service, is also required to provide that service continuously, adaptably, efficiently, and equally to all inhabitants. The case law of this Constitutional Court has also held that, in the face of legal impossibility (that is, failure to meet requirements established in the applicable regulations) or formal impossibility (that is, the absence of a water distribution network), it is reasonable not to grant service requests, or to require the interested party to bear installation costs when no drinking water distribution network exists and infrastructure must be built. Thus, in these cases, it is clear that this is not a denial of access to drinking water service, but an inability to provide it, or the necessary participation of the interested party in overcoming a technical impossibility, namely, the lack of infrastructure. In other words, when the failure to provide drinking water service is not arbitrary, capricious, or without grounds, but is justified by legal or material impossibility, there is no violation of fundamental rights. In this case, the evidence submitted and the report given under oath confirm that AyA did not arbitrarily reject the applicant’s request, but did so because the applicant had not met all of the technical and legal requirements set out in the Regulation on the Provision of Services to Clients of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewerage for approving new services.’”\n\n \n\nContrary to what is alleged, the denial at issue is supported by technical reasons, and the act is therefore not arbitrary.\n\nIt should also be noted that whether water availability should be granted and whether the technical reasons supporting the respondent party’s decision were appropriate are matters that should not be addressed in this Jurisdiction, as they concern an ordinary-legality dispute outside this Chamber’s jurisdiction. Accordingly, the Chamber finds no merit in the complaint on this point.\n\nIV.- REGARDING THE ALLEGED DIFFERENTIAL TREATMENT. The applicants allege discriminatory treatment because, they claim, other properties in the area do have service availability. The respondents maintain that this allegation is untrue, since services Nos. 20220724, 20221010, and 20223067 were granted to neighbors who had previously received drinking water from the Municipality of Santa Barbara. That is not the situation of the applicants, who are not only in different circumstances but also fail to satisfy the laws and regulations governing the matter. Accordingly, the alleged violation is not established.\n\nV.- DISSENTING OPINION OF JUSTICES CRUZ CASTRO AND RUEDA LEAL, DRAFTED BY THE FORMER. We dissent from the majority’s position. In this case, the Administration’s refusal to provide an essential service is upheld on the basis of technical considerations concerning insufficient water infrastructure; however, the ruling fails to give due weight to the fact that access to drinking water is a fundamental right, indispensable to life, health, and human dignity.\n\nArticle 21 of the Political Constitution protects human life, and this Court has recognized that access to water for human consumption is a material prerequisite for that right. Article 50 of the Constitution also imposes on the State a duty to ensure the well-being of all inhabitants, necessarily including effective, sufficient, and continuous access to drinking water. At the international level, instruments such as the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights—interpreted by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights in its General Comment No. 15—recognize the human right to water and require States to take positive measures for its full realization. A heightened obligation is imposed on the State in a social and democratic state governed by the rule of law; for that reason, the supply of water is a priority obligation of public authorities.\n\nFrom this perspective, invoking technical limitations cannot serve as an absolute justification for disregarding a basic need for subsistence. The Administration cannot merely note that the system is insufficient; it has a legal duty to plan, anticipate, and carry out the measures necessary to progressively guarantee access to water service, especially for human consumption.\n\nThe majority approach normalizes a structural omission: it accepts that a lack of infrastructure relieves the State of its obligation, when that very lack demonstrates a failure to meet its duty to plan ahead. The issue is not to demand the impossible, but to require the Administration to take reasonable, alternative, or progressive measures so as not to leave people unprotected.\n\nWater is not an ordinary service; it is an essential human right. The respondent authority therefore cannot disregard its duty to guarantee it by sheltering behind technical limitations without offering effective solutions.\n\nFor these reasons, we consider that the amparo should have been granted, at least to order the Administration to adopt specific and progressive measures that guarantee the applicant effective access to drinking water within a reasonable time. Water is a good and a fundamental right whose exercise must be effectively secured; this is an inescapable duty.\n\nVI.- CONCLUSION. In light of the foregoing, the amparo must be dismissed, as is hereby ordered.\n\nVII.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. The parties are advised that any paper documents they submitted, as well as any objects or evidence contained on additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology devices, must be collected from the office within a maximum period of 30 business days from notification of this judgment. Otherwise, all such material not collected within that period will be destroyed, as provided in the “Regulation on Electronic Case Files before the Judiciary,” approved by the Full Court in session No. 27-11 of 22 August 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin No. 19 of 26 January 2012, as well as in the resolution approved by the Superior Council of the Judiciary in session No. 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI.\n\nTHEREFORE:\n\nThe amparo is dismissed. Justices Cruz Castro and Rueda Leal dissent and would grant the amparo, ordering the adoption of specific measures and requiring that the applicant be given a definite date for receiving a water supply. Notify the parties.\n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\nDocument Digitally Signed\n\n-- Verification Code --\n\n\n\nDS1HXA70BNM61\n\nCASE FILE No. 26-022016-0007-CO\n\n \n\nTelephone: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. south of the Iglesia del Perpetuo Socorro)."
}