{ "id": "nexus-sen-1-0007-1415481", "citation": "Res. 28865-2026 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Retiro de basurero comunitario y respuesta municipal tardía", "title_en": "Removal of Community Waste Site and Delayed Municipal Response", "summary_es": "La Sala Constitucional resolvió un amparo de vecinos de Barrio Juan Pablo II contra la Municipalidad de Limón por el retiro de un basurero comunitario y la falta de respuesta a una denuncia. La mayoría descartó que la remoción de la estructura no autorizada, ubicada en vía pública, violara los derechos alegados: tuvo por acreditado que el servicio municipal de recolección pasaba por el sector y que el basurero generaba riesgos sanitarios. También descartó una lesión al derecho a un ambiente sano. Sin embargo, declaró parcialmente con lugar el recurso porque la Municipalidad respondió la gestión vecinal del 12 de septiembre de 2025 hasta el 10 de junio de 2026, después de la intervención de la Sala. La mayoría no impuso condenatoria especial en costas, daños y perjuicios. Dos magistrados discreparon parcialmente sobre esa consecuencia y propusieron condenas distintas. El texto contiene una inconsistencia: el por tanto identifica la denuncia como presentada el 12 de septiembre de 2026.", "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) decided an amparo proceeding brought by residents of Barrio Juan Pablo II against the Municipality of Limón over removal of a community waste site and failure to answer a complaint. The majority found no violation in removing the unauthorized structure located in the public right-of-way: it accepted that municipal collection service covered the area and that the waste site posed health risks. It also found no violation of the right to a healthy environment. However, it partially granted the application because the Municipality answered the residents’ submission of 12 September 2025 only on 10 June 2026, after the Chamber intervened. The majority imposed no special award of costs, damages, or losses. Two justices partially dissented on that consequence and proposed different awards. The text contains a date inconsistency: the operative order identifies the complaint as filed on 12 September 2026.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "30/07/2026", "year": "2026", "topic_ids": [], "primary_topic_id": null, "es_concept_hints": [ "recurso de amparo", "basurero clandestino", "gestión integral de residuos", "derecho de vía pública", "justicia administrativa pronta", "derecho de petición", "ambiente sano y ecológicamente equilibrado" ], "article_citations": [], "keywords_es": [ "recurso de amparo", "gestión municipal de residuos", "basurero comunitario", "derecho de vía pública", "salud pública", "ambiente sano", "justicia administrativa pronta", "derecho de petición", "Municipalidad de Limón", "Ley 8839" ], "keywords_en": [ "amparo proceeding", "municipal waste management", "community waste site", "public right-of-way", "public health", "healthy environment", "prompt administrative justice", "right of petition", "Municipality of Limón", "Law 8839" ], "excerpt_es": "En consecuencia, se descarta alguna situación arbitraria o irregular, lo que ocurrió fue que el Gobierno Local eliminó una estructura no autorizada para la recolección de residuos. Además, según se informa bajo juramento, la estructura no es necesaria ya que el municipio mantiene una buena gestión de recolección de basura lo cual puntualmente se recolecta los días martes y viernes y se comprobó que vecinos no cumplían con el horario y se almacenaba basura en el basurero objeto de este proceso con afectación de la salud pública, motivo por el cual se procedió a remover dicho basurero que se encuentra en vía pública.\n\nEn cuanto al posible riesgo a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se descarta alguna situación violatoria de los recurrentes y, procede desestimar el recurso.\n\nSin embargo, en cuanto al documento del 12 de setiembre de 2026, en la que los vecinos exponen la situación y presentan una denuncia formal, no es sino hasta el 10 de junio de 2026, sea con ocasión a la intervención de este Tribunal Constitucional que se le brinda una respuesta completa. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso, únicamente en cuanto al derecho a una justicia administrativa pronta, según las consideraciones que se dirán a continuación.", "excerpt_en": "Accordingly, no arbitrary or irregular situation is found; what occurred was that the local government removed a structure that was not authorized for waste collection. In addition, according to the sworn report, the structure was unnecessary because the municipality provides an effective waste collection service on Tuesdays and Fridays, and it was established that residents did not comply with the schedule and stored waste at the site at issue, affecting public health. For that reason, the waste site located in the public right-of-way was removed.\n\nAs to the possible risk to a healthy and ecologically balanced environment, no violation affecting the applicants is found, and the application is denied on that claim.\n\nHowever, as to the document of 12 September 2026 in which the residents describe the situation and file a formal complaint, a complete response was not provided until 10 June 2026, following the intervention of this Constitutional Court. Accordingly, the application must be granted solely with respect to the right to prompt administrative justice, for the reasons set out below.", "outcome": { "label_en": "Partially granted", "label_es": "Parcialmente con lugar", "summary_en": "The application was granted only as to the Municipality’s delay in answering the residents’ complaint, with no special award of costs, damages, or losses; it was denied as to the other claims, including the alleged risk to a healthy environment. Two justices’ separate opinions proposed different awards on those matters.", "summary_es": "Se declaró con lugar únicamente por la demora municipal en responder la denuncia vecinal y sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios; se declaró sin lugar respecto de los demás reclamos, incluido el riesgo al ambiente sano. El voto salvado de dos magistrados planteó condenas distintas en esos rubros." }, "pull_quotes": [ { "context": "Consideraciones de fondo de la Alcaldía", "quote_en": "The Municipality provides a regular, accessible, and efficient collection service, which means users must avoid accumulating waste outside the established days and hours.", "quote_es": "La Municipalidad presta un servicio de recolección periódico, accesible y eficiente, lo que implica que los usuarios deben evitar la acumulación de residuos fuera de los días y horarios establecidos." }, { "context": "Nota del magistrado Salazar Alvarado", "quote_en": "In environmental matters, it is my view that when the Public Administration has already intervened, the administrative-litigation jurisdiction is responsible for hearing and deciding the case.", "quote_es": "En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1415481", "tier": 2, "is_environmental": true, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Revisión del Documento\n\n\n\nExp: 26-017926-0007-CO \n\nRes. Nº 2026028865\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del treinta de julio de dos mil veintiseis .\n\n Recurso de amparo que se tramita en expediente N° 26-017926-0007-CO, interpuesto por \n\n[Nombre 001], [Valor 001], [Nombre 002], [Valor 002], [Nombre 003], [Valor 003], [Nombre 004], [Valor 004], [Nombre 005], [Valor 005], [Nombre 006], [Valor 006], [Nombre 007], [Nombre 008], [Valor 007], [Nombre 009], [Valor 008], [Nombre 010], [Valor 009], [Nombre 011], [Valor 010], [Nombre 012], [Valor 011], [Nombre 013], [Valor 012], [Nombre 014], [Valor 013], [Nombre 015], [Valor 014], [Nombre 016], [Valor 015], [Nombre 017], [Valor 016], [Nombre 018], [Valor 017], [Nombre 019], [Nombre 020], [Valor 018], [Nombre 021], [Valor 023], [Nombre 022], [Valor 019], [Nombre 023], [Nombre 024], [Nombre 025], [Valor 020], [Nombre 026], [Valor 021], [Nombre 027], y [Nombre 028], [Valor 022]\n, contra la MUNICIPALIDAD DE LIMÓN. \n\nRESULTANDO:\n\n1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala y, agregado al expediente el 20 de mayo de 2026, los recurrentes interponen recurso de amparo contra la Municipalidad de Limón. Explican, que son vecinos del Barrio Juan Pablo II, Limón. Indican que, desde hace varios años, en el Barrio Juan Pablo II existe un basurero comunitario que originalmente fue construido por la Municipalidad de Limón para el depósito de residuos sólidos por parte de los vecinos. Refieren que, con el paso del tiempo, dicha estructura se deterioró considerablemente y dejó de cumplir adecuadamente su función. Por tal motivo y ante la falta de acción municipal, los vecinos de la comunidad, con recursos propios, realizaron la construcción de un nuevo basurero comunitario en el mismo sitio, con el fin de evitar la acumulación de desechos en las calles y prevenir problemas de salud pública. Señalan que 12 de setiembre de 2025, presentaron un escrito ante la Municipalidad de Limón, solicitando información y solución formal respecto a la situación del basurero; no obstante, a la fecha de presentación de este recurso, la Municipalidad recurrida no ha emitido respuesta alguna, pese al tiempo transcurrido. Exponen que, recientemente, funcionarios municipales entregaron un volante informativo sin firma, sello institucional, nombre del funcionario responsable ni acto administrativo formal que lo respalde. En el cual se indica que los vecinos tienen plazo hasta el 20 de mayo de 2026 para eliminar el basurero, o ellos lo quitan, señalando que este será \"reubicado\", sin especificar el lugar donde se habilitará el nuevo sitio de depósito de residuos. Alegan que al día de interposición del recurso no han sido notificados formalmente mediante resolución administrativa debidamente fundamentada. Denuncian que la eliminación del basurero en cuestión, sin una solución alternativa concreta provocaría una situación de grave riesgo sanitario, ya que los vecinos no tendrían un lugar adecuado para depositar los residuos sólidos, sobre todo los que viven en servidumbre; además, el carro de la basura no entra, debido a que el camino no es apto. Estiman lesionados sus derechos fundamentales. Solicita la intervención de esta Sala. \n\n2.- Por resolución de las 10:40 horas de 3 de junio de 2026, se le dio curso al proceso y se le concedió audiencia al Acalde y el Jefe del Departamento de Gestión Ambiental, ambos de la Municipalidad de Limón.\n\n3.- Informan Ana Matarrita Mc Calla, en su condición de Alcaldesa y Juan Carlos Barrantes Barrantes, en su condición de Encargado Unidad de Gestión Ambiental a.i., ambos de la Municipalidad del Cantón Central de Limón, en cuanto a los hechos acusados, lo siguiente: \n\n“Que si bien es cierto mediante escrito de fecha 11 de setiembre del año 2025, los recurrentes presentaron escrito referente a un asunto de traslado de Basurero, del cual no ha sido caso omiso para este Municipalidad, ya que a través de las distintas unidades de la Municipalidad de Limon, se ha venido viendo la problemática de dicho BASURERO, el cual mediante oficio DOP 570-2026 de la Dirección de Operaciones y Proyectos se procedió a remover dicho Basurero por razones sanitarias, debido a que la Municipalidad de Limon mantienes una buena gestión de Recolección de Basura lo cual puntualmente se recolecta los días Martes y Viernes, por lo que se ha comprobado que vecinos no cumplen con el horario y se almacenaba basura en dicho Basurero lo cual afecta la salud Publica, motivo por el cual se procedió a remover dicho basurero que se encuentra en vía Pública , por lo que independientemente alegan los recurrentes que viven en una servidumbre, lo cual no es impedimento para los vecinos cumplir con el horario de recolección de Basura, si bien es cierto dicha servidumbre tiene escasos 60 metros de calle principal por donde pasa el camión recolector, ahora bien la gestión que presentada el 12 de setiembre fue resuelta en fecha 05 de junio del año en curso y notificada al correo que los vecinos aportaron sea (velkis@yahoo.com y dpereiraobando@hotmail.com) lo cual se procedió a cumplir.\n\nPor lo tanto, de conformidad con lo antes expuesto solicitamos declarar sin lugar el presente recurso de Amparo en contra de la Municipalidad de Limón y se proceda con el archivo definitivo”. \n\n4.- Amplía su informe Ana Matarrita Mc Calla, en su condición de Alcaldesa y manifiesta, lo siguiente: \n\n“I. Hechos alegados por la parte recurrente (síntesis). Los recurrentes señalan, en lo esencial, que:\n\n1. En Barrio Juan Pablo II existe desde hace años un sitio estructura utilizada como punto de depósito de residuos (basurero comunal), originalmente vinculado a la Municipalidad.\n\n2. La comunidad habría realizado mejoras o reconstrucción la estructura en el sitio con recursos propios por falta de intervención municipal.\n\n3. El 12/09/2025 presentaron gestión ante la Municipalidad solicitando información y solución formal, sin respuesta oportuna.\n\n4. Posteriormente se entregó un volante informativo (sin firma/sello/responsable), indicando eliminación o reubicación del basurero para mayo 2026.\n\n5. Alegan riesgo sanitario si se elimina el punto sin alternativa concreta, especialmente para personas que viven en servidumbre y donde el camión recolector no ingresa.\n\nII. Posición institucional y actuaciones verificadas (cronología con respaldo documental). \n\nIII.\n\n1) Inspección municipal y constatación de “basurero clandestino” (2025).\n\n• Consta el Oficio INS-144-2025, de fecha 01/10/2025, suscrito por el Sr. Víctor Díaz Soto, Unidad de Inspecciones del Área Operativa, mediante el cual se informa a la denunciante Arelys Reyes Delgado que, tras inspección en Barrio Juan Pablo II (referencia: entrada de Telisa, pulpería Eithel, quinta casa mano derecha), se confirma la permanencia de un basurero clandestino ubicado a la orilla de la calle frente a la propiedad.\n\n• En dicho oficio se indica además que esa unidad no realiza instalación ni desinstalación de basureros y que su intervención se limita a colocación de contenedores industriales para erradicación de focos de residuos, señalando no tener competencia para eliminación de basureros clandestinos. (Se aporta como Anexo 1: INS-144-2025 y fotografías indicadas en el oficio, si constan en expediente municipal).\n\n2) Denuncias vecinales por insalubridad y solicitud de intervención (2026).\n\n• Consta denuncia formal presentada por el señor Joseph Chavarría, recibida el 26/01/2026, donde expone situación de insalubridad, malos olores, proliferación de vectores (roedores e insectos), acumulación de residuos y uso indebido de una alcantarilla dañada, solicitando: limpieza inmediata, reparación de alcantarilla, reubicación/control del punto de recolección y supervisión para impedir que el sitio continúe como botadero ilegal.\n\n3) Criterio técnico vial-catastral y ubicación en derecho de vía pública (2026).\n\n• Mediante Oficio UTGVM-235-2026 del 24/03/2026, la Unidad Técnica de\n\nGestión Vial Municipal (UTGVM), suscrito por la Ing. Yerlin Aguilar Brenes, señala que, tras consultas con Censo y Catastro, inspección de campo y análisis del plano catastrado L-1044382-2026, se concluye de forma clara y objetiva que el basurero se encuentra emplazado dentro del derecho de vía pública.\n\n• Ese criterio también hace constar denuncia recibida el 11/03/2026 (vía correo) por vecinos del inmueble frente al sitio (Arelys Reyes Delgado y Joseph Chavarría Casasola), alegando afectaciones a salud/salubridad; y recomienda que se valore de forma inmediata la permanencia del basurero en su ubicación actual por interés público, salud y uso del espacio público.\n\nAsimismo, pide que si se dispone reubicación se comunique formalmente a UTGVM para coordinar recursos, dada la necesidad de equipo especializado, y que el nuevo sitio quede dentro de área de vía pública debidamente definida para evitar conflictos. (Se aporta como Anexo 3: UTGVM-235-2026).\n\n4) Actuación de la Dirección de Operaciones y Proyectos (2026) y motivos de eventual remoción\n\n• Con base en el criterio UTGVM-235-2026, la Dirección de Operaciones y Proyectos emitió comunicación en la que se reiteran los siguientes puntos:\n\na) Se determinó que el basurero está dentro del derecho de vía pública.\n\nb) La Municipalidad no instaló ni autorizó la ubicación actual del contenedor/basurero.\n\nc) Se indicó que se emitiría notificación formal para coordinar reubicación en un plazo (14/05/2026 al 20/05/2026).\n\nd) Se advirtió que, de no acatarse, la Municipalidad podría remover la estructura por: obstrucción vial, riesgo sanitario y duplicidad del servicio, señalando que el sector cuenta con ruta de recolección (martes y jueves) y citando la Ley 8839. (Se aporta como Anexo 4: oficio/documento de Operaciones y Proyectos que contiene dichos extremos, si consta en expediente).\n\ne) Informa un hecho operativo determinante: mediante REC-192- 2026 se eliminó/retiró el basurero el 26/05/2026 y que quedó en custodia para devolución a quien lo solicite en representación de los vecinos.\n\n5) Señalamientos legales por Ley 8839 y custodia municipal (Rosenda Obando) \n\n• Consta documento suscrito por la Arq. Rosenda Obando López, Directora de Operaciones y Proyectos, donde se hace referencia a la Ley 8839, citando:\n\n• Artículo 39 (obligación de habitantes de usar medios de recolección municipal; infracción por acumular en punto no autorizado).\n\n• Artículo 49 inciso a) (infracción grave: abandono de residuos en vía pública, aceras, sistemas de alcantarillado, cuerpos de agua o terrenos desocupados).\n\n• Régimen sancionatorio por depositar residuos fuera de frecuencia/horarios o en lugares no aprobados\n\nAsimismo, se indica que el basurero queda en custodia municipal y que un vecino identificado puede solicitar entrega dentro de un plazo señalado en el documento, coordinando con funcionario encargado. (Se aporta como Anexo 5: documento de Rosenda Obando).\n\n6) Intervención del Ministerio de Salud: traslado de denuncia y solicitud de informe municipal (2026).\n\n• Mediante CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-02776-2026 de fecha 26/05/2026, el Área Rectora de Salud de Limón traslada a la Alcaldía la denuncia 139-2026 sobre mala gestión de residuos sólidos, vinculada a la reubicación del basurero comunal en Barrio Juan Pablo II.\n\n• En dicha carta se cita el artículo 8 de la Ley 8839 (funciones municipales) y se solicita a la Municipalidad remitir informe de acciones desarrolladas para informar al usuario, indicando ese ente rector el cierre de la denuncia en lo que le compete. (Se aporta como Anexo 6: Carta MS-DRRSHC-ARSL-02776-2026).\n\nIV. Sobre el “volante” sin firma/sello mencionado por los recurrentes\n\nDe la información aportada en el expediente del amparo, se desprende que los vecinos refieren haber recibido un volante sin firma/sello/responsable, relacionado con retiro/reubicación y eventual cobro.\n\nEsta Municipalidad reconoce la necesidad de que toda instrucción que implique deberes, plazos, reubicación, remoción o costos se sustente en acto administrativo formal, debidamente motivado y notificado, con identificación del funcionario responsable, para garantizar seguridad jurídica y debido proceso.\n\nEn lo sucesivo, cualquier medida sobre el punto de disposición se deberá comunicar mediante resolución u oficio formal, con su debida motivación técnica y legal y constancia de notificación.\n\nV. Consideraciones de fondo (interés público, salubridad y uso del espacio público).\n\n1. Salubridad: De las denuncias vecinales y de los criterios técnicos citados, se advierte que el sitio ha operado como foco de residuos con potencial afectación sanitaria (vectores, malos olores, acumulación), lo cual exige intervención municipal o interinstitucional para mitigación.\n\n2. Derecho de vía pública: UTGVM determinó que el basurero está dentro de derecho de vía, lo que implica un elemento relevante de uso indebido del espacio público y riesgo vial, además de condicionamientos para su permanencia.\n\n3. Continuidad del servicio: La Municipalidad presta un servicio de recolección periódico, accesible y eficiente, lo que implica que los usuarios deben evitar la acumulación de residuos fuera de los días y horarios establecidos.\n\n4. Legalidad y formalidad: La respuesta municipal se debe materializar en actos formales, con coordinación comunitaria e interinstitucional (incluido Ministerio de Salud cuando corresponda).\n\nVI. Acciones y compromisos institucionales (en atención a los hechos denunciados). Sin perjuicio de las competencias internas, y considerando las denuncias y criterios técnicos:\n\n1. Coordinar una inspección integral (Gestión Ambiental/Residuos, UTGVM y Área Operativa) para:\n\n• Verificar condición actual del punto, presencia de residuos, riesgos sanitarios/viales y afectación a vecinos.\n\n2. Definir formalmente (acto administrativo) la medida aplicable: control y acondicionamiento, o reubicación del punto, conforme criterios técnicos (derecho de vía, seguridad vial, salud pública) y garantizando alternativa funcional para la comunidad.\n\n3. Comunicar por escrito y formalmente a la comunidad cualquier decisión (sitio alterno, condiciones, horarios, responsabilidades y canales de coordinación), evitando comunicaciones informales sin respaldo.\n\n4. Coordinar con UTGVM cualquier traslado por requerir equipo especializado y para asegurar que el sitio definido cumpla condiciones de vía pública debidamente delimitada, minimizando conflictos y afectación a terceros.\n\nVII. Documentación que se remite (en estricto orden cronológico).\n\n1. Anexo 1: Oficio INS-144-2025 (01/10/2025) y fotografías (si constan).\n\n2. Anexo 2: Denuncia de Joseph Chavarría (recibido 26/01/2026).\n\n3. Anexo 3: Oficio UTGVM-235-2026 (24/03/2026).\n\n4. Anexo 4: Documento de Dirección de Operaciones y Proyectos que\n\ndispone notificación y motivos (obstrucción vial, riesgo sanitario,\n\nduplicidad) (si consta).\n\n5. Anexo 5: Documento suscrito por Arq. Rosenda Obando López.\n\n6. Anexo 6: CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-02776-2026 (26/05/2026).\n\n7. Anexo 7: Informe/Oficio REC-192-2026 (26/05/2026), sobre\n\nretiro/eliminación del basurero y custodia.\n\n8. Anexo 8: Oficio DOP/552-2026 (02/06/2026), “Relación de hechos del caso Basurero Juan Pablo II”.\n\nSe acredita que la Municipalidad del Cantón Central de Limón ha actuado dentro del marco de sus competencias técnicas y legales, con sustento en inspecciones, criterios técnicos y actuaciones operativas, y en observancia de la Ley N.° 8839 (Ley para la Gestión Integral de Residuos), particularmente en cuanto a su deber de gestión integral, prevención y eliminación de acopios no autorizados, y garantía de un servicio de recolección accesible, periódico y eficiente para toda la población del cantón.\n\nAsimismo, la Municipalidad ratifica su compromiso de cumplimiento normativo, asegurando que cualquier medida relacionada con el punto de disposición de residuos se formalizará mediante actos administrativos debidamente motivados y notificados, y que se mantendrá la coordinación interinstitucional que corresponda.\n\nFinalmente, se hace constar la anuencia y disposición de esta Municipalidad para dialogar, concertar y coordinar con los vecinos de Barrio Juan Pablo II, mediante espacios de trabajo y seguimiento, a fin de implementar soluciones técnicamente viables y socialmente acordadas que protejan la salud pública, el ambiente y el uso seguro del espacio público, sin afectar la continuidad del servicio de recolección ni generar condiciones de insalubridad.\n\nPor lo tanto, de conformidad con lo antes expuesto solicitamos declarar sin lugar el presente recurso de Amparo en contra de la Municipalidad de Limón y se proceda con el archivo definitivo”. \n\n5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. \n\n Redacta el Magistrado Araya García; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- DE PREVIO. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso-administrativa -con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos razonablemente pautados para resolver las solicitudes planteadas por los administrados a la luz de los dispuesto por el artículo 41, de la Constitución Política. Precisamente, en el caso concreto, se plantea un supuesto de excepción, la supuesta demora de la Administración en atender una denuncia presentada el 12 de setiembre de 2025 respecto a la eliminación de un basurero municipal, con las consecuencias sanitarias que la situación implica. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.\n\nII.- OBJETO DEL RECURSO. Los recurrentes aseguran que son vecinos del Barrio Juan Pablo II, Limón. Indican que, desde hace varios años, en el Barrio Juan Pablo II existe un basurero comunitario que originalmente fue construido por la Municipalidad de Limón para el depósito de residuos sólidos por parte de los vecinos. Los vecinos presentaron un escrito el 12 de setiembre de 2025, acusando que unos vecinos quitaron el basurero y solicitaron corregir la situación manteniendo el basurero en el mismo sitio. Explican, que los vecinos colocaron otro, pero el Gobierno Local les indicó que tenían hasta el 20 de mayo de 2026, para eliminarlo o lo quitarían, señalando que será reubicado, pero no indicaron dónde se habilitará el nuevo sitio. Además, tampoco se les notificó formalmente alguna resolución administrativa fundamentada. \n\nII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la resolución del presente recurso, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia: \n\nEl 12 de setiembre de 2025, los vecinos de la comunidad de acusaron que unos vecinos quitaron un supuesto basurero municipal y solicitaron corregir la situación manteniendo el basurero en el mismo sitio. En concreto, los vecinos denunciaron lo siguiente: “Reciban un cordial Saludo. Mediante la presente los vecinos Juan Pablo Segundo abajo firmantes, nos presentamos ame su autoridad a informar que el 08 de setiembre del 2025 al ser las 8 am, posterior a que paso el camión de la basura, en JUAN PABLO SEGUNDO frente a pulpería Naty los nuevos vecinos que construyeron en su lote y también agarraron toda la parte de atrás del basurero (calle publica de dominio municipal), ahorita quitaron el basurero, alegando que esa propiedad es de ellos, nos han dejado sin basurero y en este momento están rellenando para no dejar evidencia de que ahí estaba el basurero, adjunto foto. Agregamos que una persona procedió en la noche 08 de setiembre 2025 a poner basura en el sitio y el señor de la casa que quito el basurero no supo quien fue pero en la mañana de hoy 09 de setiembre 2025 empezó a patear las bolsas y las tiro a media calle todas rotas de las patadas que le pego y a gritar \"estos hijueputas vecinos aquí no me van a poner basura, uno de los vecinos saco fotos y nuevamente salió a gritar y amedrentar saquen todas la fotos que quieran hijueputas, el señor es muy violento, necesitamos de manera urgente de su intervención, estas personas construyeron más allá de sus medidas del lote, tomaron espacio municipal y ahora se agarran de eso para decir que el basurero que tiene más de 35 años de estar ahí, está en la propiedad de ellos, lo cual NO es cierto. Por favor medir el lote de ellos lote 21. Nótese que, al ellos quitar el basurero, las bolsas las tira a la calle las rompe a punta de patadas. lo cual genera contaminación y criadero de roedores, lo cual afecta la salud publica también, aparte del desorden y la apariencia tan desagradable el basurero contiene las bolsas y los perros no las pueden desbaratar. El mismo 09 de setiembre 2025 todos los vecinos nos reunimos en el puto, donde estaba el basurero para instalarlo nuevamente, llamamos al señor que quito la basura para decirle que así no se hacen las cosas que ese basurero ellos no lo podían quitar porque eso está en calle pública de dominio municipal, mucho menos tirar las bolsas a la calle a puma de patadas y gritar improperios a los vecinos por poner la basura donde va, a lo cual responden que no que eso está en su propiedad de ellos, luego de mucho alegar y posterior a que supieran que conocemos perfectamente las medidas de su lote ya que tenemos copia del plano, aceptaron que sí que no está en su propiedad pero que huele feo, a lo cual les respondimos eso es porque ustedes están muy cerca del basurero por que construyeron en la calle, adjuntamos evidencia de lo dicho, si hubiesen construido dentro de su lote no tendrían el basurero cerca, al final entre los vecinos pusimos el basurero y les recomendamos ir a la municipalidad para que ustedes sean los que dicten una resolución posterior a que les midan el lote. Manifestamos categóricamente que nos oponemos al retiro del basurero de siempre pues NO está en la propiedad de ellos, aunado a que ese ha sido el basurero desde siempre más de 35 años, somos vecinos pacíficos, pero no permitiremos injusticias solo por razones antojadizas de los nuevos vecinos, solicitamos respetuosamente su intervención, que les midan el lote y dicten una resolución ajustada a derecho. Deseamos manifestar que hemos observado que nuevamente están diciendo que el basurero está en su propiedad y que lo van a quitar, deseamos se solucione de la mejor manera y acorde a lo que establece la norma El frente del lote 21 el lote de ellos mide 9.89 ver prueba adjunta y tomaron más de dos metros demás, por ello ahora les estorba el basurero comunal. PETITORIA: 1.- Que se proceda si medir el lote y con dicha medida se logre determinar que el basurero no está en propiedad de ellos. 2.- Que les giren una orden para que ellos sepan todos los vecinos pondremos siempre la basura ya que dónde vamos a poner la basura, si vivimos en entradas internas no estamos a la orilla de la calle. 3.- Además, ese es el basurero municipal. 4.- Por favor medirles el lote para que logren ver toma de la calle pública, el lote de ellos es el lote número 214.- Que el basurero se mantenga donde ha estado siempre. 5.- Y si tienen que correr su construcción a su lote que lo hagan, ya que han tomado calle publica y no contentos con ello. proceden a quitar también el basurero lo cual es inadmisible” (véase al respecto el informe rendido por la autoridad recurrida).\n\nEl Gobierno Local emitió un volante, por medio del cual, comunicó a los vecinos de Juan Pablo II sector frente a la Pulpería Naty en Pueblo Nuevo, que por motivos de resguardar el interés público y la salud integral de las personas: “Se les comunica que al encontrarse el basurero en vía pública, de acuerdo a la resolución UTGVM-235-2026, por cuanto al no ser la Municipalidad la que coloco dicho basurero se otorga plazo de 5 días para que los vecinos eliminen el objeto caso contrario la Municipalidad procederá como corresponde. Nota: Fecha límite de eliminación del basurero a partir del día jueves 14/05/2026 el día miércoles 20/05/2026. De lo contrario el basurero será retirado en su totalidad. Agradeciendo su colaboración. Para más información: tallermunilimon@gmail.com” (véase al respecto la prueba aportada en autos). \n\nEl 26 de mayo de 2026, el basurero quedó en custodia para devolución a quien lo solicite en representación de los vecinos (véase al respecto el informe rendido por la Alcaldesa y el Encargado Unidad de Gestión Ambiental a.i., ambos de la Municipalidad del Cantón Central de Limón).\n\nResolución notificada al Alcalde de la Municipalidad de Limón, el 9 de junio de 2026 (véase al respecto el acta de notificación agregada en autos).\n\nEl 5 de junio de 2026, se contestó la denuncia presentada por los vecinos el 12 de setiembre de 2025. El oficio fue enviado a los interesados el 10 de junio de 2026, vía correo electrónico. En concreto, se les indicó: “Reciban un cordial saludo de parte, la presente es para referirme al informe para la atención de este caso bajo oficio Rec191-2026, del Área de recolección de residuos sólidos en el cual expone lo siguiente: Que en atención al oficio DOP 664-2025, referente a la denuncia interpuesta por los vecinos de la comunidad Juan Pablo II sobre una presunta construcción tomando la vía pública por parte de nuevos residentes, se les informa sobre las acciones y conclusiones técnicas de este caso: La unidad de recolección de residuos sólidos trasladé la consulta a la Unidad Técnica Vial mediante el oficio Rec 244-2025 para determinar si el basurero denunciado invadía la vía pública. A su vez, dicha unidad solicité un análisis de alineamiento y registros catastrales a la Unidad de Censo y Catastro Municipal oficio UTGVYMQ77-202. La Unidad de Censo y Catastro remitió los informes correspondientes bajo las referencias UCC-0055-04-02-2025 y UCC-0059-05-02-2025. Con base en el criterio final UTGVM, el cual contrastó la informacion catastral con la verificación en el sitio, se determinó de manera clara y objetiva que el basurero se encuentra ubicado dentro del derecho de vía pública. Por lo tanto, esta unidad concluye y dictamina lo siguiente: Responsabilidad de instalación: La Municipalidad no instaló ni autorizó la ubicación actual de dicho contenedor. Notificación de desalojo: Se enviará una notificación formal a los vecinos para que coordinen la reubicación del basurero en un plazo establecido 14-5-2026 al 20-05-2026. La cual se realiza al amparo técnico legal de la unidad. Indica el escrito que, de no acatarse la orden, la Municipalidad procederá a remover la estructura por las siguientes razones: 1. Obstrucción vial: Representa un obstáculo en el derecho de vía que limita el libre tránsito y genera riesgos de accidentes viales o peatonales. 2. Riesgo sanitario: Al ser una instalación ilegal, funciona como un foco de contaminación, malos olores y proliferación de roedores, con el riesgo de convertirse en un botadero a cielo abierto y un vector de enfermedades. 3. Duplicidad del servicio: El sector ya cuenta con una ruta establecida de recolección de residuos los días martes y jueves. La permanencia de desechos expuestos fuera de estos horarios contradice lo estipulado en la Ley N° 8839 (Ley para la Gestión Integral de Residuos). En el marco de la Ley para la Gestión Integral de Residuos N° 8837, acciones descritas (colocar un basurero clandestino, obstruir la vía pública y dejar residuos fuera de los horarios oficiales) están prohibidas específicamente por los siguientes articulos: “Artículo 39 (Obligaciones de los habitantes): Establece que todo habitante de la Republica está obligado a utilizar exclusivamente los medios de recolección que la municipalidad disponga para deshacerse de sus residuos ordinarios. Acumular basura en un punto no autorizado infringe esta obligación directa. Artículo 49, inciso a) (Infracciones graves y sus sanciones): Prohíbe de forma expresa el abandono de residuos ordinarios en la vía pública, aceras, sistemas de alcantarillado, cuerpos de agua o terrenos desocupados. Régimen de Sanciones (Faltas Leves): De acuerdo con el régimen sancionatorio de la ley, se tipifica como infracción colocar residuos domiciliares en momentos diferentes a la frecuencia y horarios establecidos por el servicio municipal, así como almacenar o depositar residuos en lugares no aprobados por las autoridades. Se adjuntan copias de todos los oficios citados para su conocimiento. El basurero se encuentra en custodia Municipal para lo cual cualquier vecino identificado puede solicitar la entrega de este en un lapso no mayor a 15 días, después de notificado este escrito, para lo cual puede comunicarse con el encargado el señor José Lee Rojas Román” (véase al respecto el informe rendido por la Alcaldesa y el Encargado Unidad de Gestión Ambiental a.i., ambos de la Municipalidad del Cantón Central de Limón).\n\nEl 18 de junio de 2026, se le notificó la resolución de curso de este proceso al Jefe del Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Limón (véase al respecto el acta de notificación agregada en autos). \n\nLa Municipalidad de Limon mantiene una buena gestión de recolección de basura lo cual puntualmente se recolecta los días martes y viernes y se comprobó que vecinos no cumplían con el horario y se almacenaba basura en el basurero objeto de este proceso con afectación de la salud pública, motivo por el cual se procedió a remover dicho basurero que se encuentra en vía pública (véase al respecto el informe rendido por la Alcaldesa y el Encargado Unidad de Gestión Ambiental a.i., ambos de la Municipalidad del Cantón Central de Limón). \n\nLos recurrentes viven en una servidumbre, a escasos sesenta metros de la calle principal, por donde pasa el camión recolector de basura (véase al respecto el informe rendido por la Alcaldesa y el Encargado Unidad de Gestión Ambiental a.i., ambos de la Municipalidad del Cantón Central de Limón).\n\nIV.- SOBRE EL FONDO. En este caso, de la prueba aportada en autos y los informes rendidos por las autoridades recurridas se acreditó que efectivamente el 12 de setiembre de 2025, los vecinos de la comunidad de acusaron que unos vecinos quitaron un supuesto basurero municipal y solicitaron corregir la situación manteniendo el basurero en el mismo sitio. Además, que luego de las investigaciones correspondientes, el Gobierno Local emitió un volante, por medio del cual, comunicó a los vecinos de Juan Pablo II sector frente a la Pulpería Naty en Pueblo Nuevo, que por motivos de resguardar el interés público y la salud integral de las personas: “Se les comunica que al encontrarse el basurero en vía pública, de acuerdo a la resolución UTGVM-235-2026, por cuanto al no ser la Municipalidad la que coloco dicho basurero se otorga plazo de 5 días para que los vecinos eliminen el objeto caso contrario la Municipalidad procederá como corresponde. Nota: Fecha límite de eliminación del basurero a partir del día jueves 14/05/2026 el día miércoles 20/05/2026. De lo contrario el basurero será retirado en su totalidad. Agradeciendo su colaboración. Para más información: tallermunilimon@gmail.com”. El basurero fue eliminado el 26 de mayo de 2026 y quedó en custodia para devolución a quien lo solicite en representación de los vecinos. En consecuencia, se descarta alguna situación arbitraria o irregular, lo que ocurrió fue que el Gobierno Local eliminó una estructura no autorizada para la recolección de residuos. Además, según se informa bajo juramento, la estructura no es necesaria ya que el municipio mantiene una buena gestión de recolección de basura lo cual puntualmente se recolecta los días martes y viernes y se comprobó que vecinos no cumplían con el horario y se almacenaba basura en el basurero objeto de este proceso con afectación de la salud pública, motivo por el cual se procedió a remover dicho basurero que se encuentra en vía pública. Además, los recurrentes viven en una servidumbre, a escasos sesenta metros de la calle principal, por donde pasa el camión recolector de basura. En cuanto al posible riesgo a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se descarta alguna situación violatoria de los recurrentes y, procede desestimar el recurso. \n\nSin embargo, en cuanto al documento del 12 de setiembre de 2026, en la que los vecinos exponen la situación y presentan una denuncia formal, no es sino hasta el 10 de junio de 2026, sea con ocasión a la intervención de este Tribunal Constitucional que se le brinda una respuesta completa. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso, únicamente en cuanto al derecho a una justicia administrativa pronta, según las consideraciones que se dirán a continuación. \n\nV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nVI.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nVII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente indica que la eliminación por parte del Gobierno Local recurrido, sin contestar la denuncia que plantearon los vecinos desde setiembre del 2025 y, sin que se le haya brindado una solución definitiva, vulneran sus derechos fundamentales. \n\nVIII.-VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. \n\nSi bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada. \n\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que: \n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. \n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que: \n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”. \n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”. \n\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional. \n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional. \n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”. \n\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales. \n\nEn mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro. \n\nComo razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estima el suscrito que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente: \n\n“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”. \n\nEs claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios. \n\nIX.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. \n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.\n\nEn razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.\n\nX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, en cuanto a la omisión en resolver la denuncia planteada por los recurrentes el 12 de setiembre de 2026 y sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se declara sin lugar el recurso, en cuanto a los demás extremos reclamados. Los magistrados Castillo Víquez y Salazar Alvarado consignan notas por separado. El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.-\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n OWZJKWJFRDU61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-017926-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).", "body_en_text": "Review of the Document\n\n\n\nExp: 26-017926-0007-CO\n\nRes. Nº 2026028865\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER (SALA CONSTITUCIONAL) OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at 9:25 a.m. on 30 July 2026.\n\nAmparo proceeding in expediente No. 26-017926-0007-CO, filed by\n\n[Nombre 001], [Valor 001], [Nombre 002], [Valor 002], [Nombre 003], [Valor 003], [Nombre 004], [Valor 004], [Nombre 005], [Valor 005], [Nombre 006], [Valor 006], [Nombre 007], [Nombre 008], [Valor 007], [Nombre 009], [Valor 008], [Nombre 010], [Valor 009], [Nombre 011], [Valor 010], [Nombre 012], [Valor 011], [Nombre 013], [Valor 012], [Nombre 014], [Valor 013], [Nombre 015], [Valor 014], [Nombre 016], [Valor 015], [Nombre 017], [Valor 016], [Nombre 018], [Valor 017], [Nombre 019], [Nombre 020], [Valor 018], [Nombre 021], [Valor 023], [Nombre 022], [Valor 019], [Nombre 023], [Nombre 024], [Nombre 025], [Valor 020], [Nombre 026], [Valor 021], [Nombre 027], and [Nombre 028], [Valor 022],\nagainst the MUNICIPALITY OF LIMÓN.\n\nBACKGROUND:\n\n1.- By a written submission filed with the Chamber’s Secretariat and added to the expediente on 20 May 2026, the applicants filed an amparo proceeding against the Municipality of Limón. They explain that they are residents of Barrio Juan Pablo II, Limón. They indicate that, for several years, there has been a community garbage receptacle in Barrio Juan Pablo II, originally built by the Municipality of Limón for residents to deposit solid waste. They report that, over time, the structure deteriorated considerably and ceased to serve its purpose adequately. For that reason, and because the Municipality took no action, residents of the community used their own resources to build a new community garbage receptacle at the same site, to prevent waste from accumulating in the streets and to avert public-health problems. They state that on 12 September 2025 they filed a written submission with the Municipality of Limón requesting information and a formal solution regarding the garbage receptacle; however, by the time they filed this application, the respondent Municipality had not issued any response, despite the time that had elapsed. They explain that municipal officials recently delivered an informational flyer without a signature, institutional seal, name of the responsible official, or formal administrative act to support it. The flyer states that residents have until 20 May 2026 to remove the garbage receptacle, or the Municipality will remove it, and says it will be “relocated” without specifying where the new waste-deposit site will be established. They allege that, as of the filing of the application, they had not been formally notified of a duly reasoned administrative decision. They complain that eliminating the garbage receptacle without a concrete alternative would create a serious health risk because residents would have no suitable place to deposit solid waste, particularly those living along an easement (servidumbre); moreover, the garbage truck does not enter because the road is unsuitable. They consider their fundamental rights to have been violated. They request the intervention of this Chamber.\n\n2.- By resolution issued at 10:40 a.m. on 3 June 2026, the proceeding was admitted and a hearing was granted to the Mayor and the Head of the Environmental Management Department, both of the Municipality of Limón.\n\n3.- Ana Matarrita Mc Calla, in her capacity as Mayor, and Juan Carlos Barrantes Barrantes, in his capacity as Acting Head of the Environmental Management Unit, both of the Municipality of the Central Canton of Limón, report the following regarding the alleged facts:\n\n“Although it is true that, by written submission dated 11 September 2025, the applicants filed a submission concerning the relocation of a garbage receptacle, this Municipality has not ignored the matter. The Municipality’s different units have been addressing the problem involving that GARBAGE RECEPTACLE. By official letter DOP 570-2026, the Operations and Projects Directorate proceeded to remove it for sanitary reasons. The Municipality of Limón manages waste collection well, collecting it punctually on Tuesdays and Fridays. It has been confirmed that residents do not comply with the schedule and that garbage was being stored in that receptacle, affecting public health. For that reason, the receptacle located on a public road was removed. Although the applicants allege that they live along an easement, this does not prevent residents from complying with the garbage collection schedule. The easement is only 60 meters from the main road along which the collection truck travels. The request submitted on 12 September was resolved on 5 June of the current year and notice was sent to the email addresses the residents provided, namely (velkis@yahoo.com and dpereiraobando@hotmail.com), thereby fulfilling our obligation.\n\nTherefore, in light of the foregoing, we request that this amparo proceeding against the Municipality of Limón be denied and that the expediente be permanently closed.”\n\n4.- Ana Matarrita Mc Calla, in her capacity as Mayor, supplements her report and states:\n\n“I. Facts alleged by the applicants (summary). The applicants state, in essence, that:\n\n1. For years, Barrio Juan Pablo II has had a site or structure used as a waste-deposit point (community garbage receptacle), originally associated with the Municipality.\n\n2. Because the Municipality did not intervene, the community allegedly made improvements to or rebuilt the structure at the site using its own resources.\n\n3. On 12/09/2025, they submitted a request to the Municipality for information and a formal solution, but received no timely response.\n\n4. A flyer was later delivered (without a signature, seal, or responsible official’s name), stating that the garbage receptacle would be removed or relocated by May 2026.\n\n5. They allege that removing the site without a concrete alternative poses a health risk, especially for people living along an easement, where the collection truck does not enter.\n\nII. Institutional position and verified actions (chronology with supporting documents).\n\nIII.\n\n1) Municipal inspection and confirmation of an “unauthorized garbage dump” (2025).\n\n• Official letter INS-144-2025, dated 01/10/2025 and signed by Mr. Víctor Díaz Soto of the Inspections Unit of the Operations Area, states that, following an inspection in Barrio Juan Pablo II (reference: entrance to Telisa, Eithel grocery store, fifth house on the right), an unauthorized garbage dump was confirmed at the roadside, in front of the property. The letter informs complainant Arelys Reyes Delgado of this finding.\n\n• The letter also states that the unit does not install or remove garbage receptacles and that its work is limited to placing industrial containers to eliminate waste hotspots; it indicates that the unit lacks authority to remove unauthorized garbage dumps. (Submitted as Anexo 1: INS-144-2025 and the photographs referred to in the letter, if they are in the municipal expediente.)\n\n2) Residents’ complaints of unsanitary conditions and request for intervention (2026).\n\n• A formal complaint submitted by Mr. Joseph Chavarría and received on 26/01/2026 is on file. It describes unsanitary conditions, bad odors, the proliferation of vectors (rodents and insects), accumulated waste, and improper use of a damaged storm drain, and requests immediate cleaning, repair of the storm drain, relocation or control of the collection point, and supervision to prevent the site from continuing to be used as an illegal dump.\n\n3) Road and cadastral technical opinion and location within the public right-of-way (2026).\n\n• By official letter UTGVM-235-2026 dated 24/03/2026, the Municipal Technical Road Management Unit (UTGVM), signed by Engineer Yerlin Aguilar Brenes, states that, after consultations with Census and Cadastre, a field inspection, and analysis of cadastral plan L-1044382-2026, it clearly and objectively concluded that the garbage receptacle is located within the public right-of-way.\n\n• The opinion also records a complaint received by email on 11/03/2026 from residents of the property opposite the site (Arelys Reyes Delgado and Joseph Chavarría Casasola), alleging adverse effects on health and sanitary conditions. It recommends an immediate assessment of whether the garbage receptacle should remain in its current location, in the public interest and in view of public health and use of public space.\n\nIt also requests that, if relocation is ordered, UTGVM be formally notified to coordinate resources, given the need for specialized equipment, and that the new site be within a properly defined public-road area to avoid conflicts. (Submitted as Anexo 3: UTGVM-235-2026.)\n\n4) Action by the Operations and Projects Directorate (2026) and reasons for possible removal\n\n• Based on the UTGVM-235-2026 opinion, the Operations and Projects Directorate issued a communication reiterating the following points:\n\na) It was determined that the garbage receptacle is within the public right-of-way.\n\nb) The Municipality neither installed nor authorized the container/garbage receptacle’s current location.\n\nc) It was stated that formal notice would be issued to coordinate relocation within a period running from 14/05/2026 to 20/05/2026.\n\nd) It was warned that, if the instruction was not followed, the Municipality could remove the structure because of a road obstruction, a health risk, and duplication of service. The communication stated that the area has a collection route on Tuesdays and Thursdays and cited Ley 8839. (Submitted as Anexo 4: the Operations and Projects document containing these points, if it is in the expediente.)\n\ne) It reports a determinative operational fact: under REC-192-2026, the garbage receptacle was removed on 26/05/2026 and placed in custody, to be returned to anyone requesting it on behalf of the residents.\n\n5) Legal references to Ley 8839 and municipal custody (Rosenda Obando)\n\n• A document signed by Architect Rosenda Obando López, Director of Operations and Projects, is on file. It refers to Ley 8839 and cites:\n\n• Article 39 (residents’ obligation to use municipal collection methods; violation for accumulating waste at an unauthorized point).\n\n• Article 49(a) (serious violation: abandoning waste on public roads, sidewalks, sewer systems, bodies of water, or vacant land).\n\n• Penalty provisions for depositing waste outside the established frequency or hours, or in unapproved locations.\n\nIt also states that the garbage receptacle is in municipal custody and that an identified resident may request its return within the period stated in the document, coordinating with the official in charge. (Submitted as Anexo 5: Rosenda Obando’s document.)\n\n6) Intervention by the Ministry of Health: referral of complaint and request for municipal report (2026).\n\n• By letter CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-02776-2026 dated 26/05/2026, the Limón Health Area transferred complaint 139-2026 to the Mayor’s Office. The complaint concerns poor solid-waste management associated with relocation of the community garbage receptacle in Barrio Juan Pablo II.\n\n• The letter cites Article 8 of Ley 8839 (municipal functions) and asks the Municipality to submit a report on the actions taken to inform the user. The governing health authority states that it is closing the complaint insofar as it falls within its remit. (Submitted as Anexo 6: Carta MS-DRRSHC-ARSL-02776-2026.)\n\nIV. Regarding the unsigned and unsealed “flyer” mentioned by the applicants\n\nThe information submitted in the amparo expediente shows that the residents say they received a flyer without a signature, seal, or responsible official’s name, concerning removal or relocation and a possible charge.\n\nThis Municipality acknowledges that any instruction imposing duties, deadlines, relocation, removal, or costs must be supported by a formal, duly reasoned and notified administrative act identifying the responsible official, to guarantee legal certainty and due process.\n\nGoing forward, any measure concerning the waste-disposal point must be communicated by formal resolution or official letter, duly supported by technical and legal reasons, with proof of notification.\n\nV. Substantive considerations (public interest, sanitary conditions, and use of public space).\n\n1. Sanitary conditions: The residents’ complaints and the cited technical opinions indicate that the site has operated as a waste hotspot with the potential to affect health (vectors, bad odors, and accumulation). This requires intervention by the Municipality or another institution to mitigate the problem.\n\n2. Public right-of-way: UTGVM determined that the garbage receptacle is within the public right-of-way. This is relevant to the improper use of public space and road safety risks, as well as to the conditions governing whether it may remain there.\n\n3. Continuity of service: The Municipality provides a regular, accessible, and efficient collection service, which means users should avoid accumulating waste outside the established days and hours.\n\n4. Legality and formality: The Municipality must issue its response through formal acts, coordinating with the community and other institutions, including the Ministry of Health where appropriate.\n\nVI. Institutional actions and commitments (in response to the alleged facts). Without prejudice to internal responsibilities, and taking into account the complaints and technical opinions:\n\n1. Coordinate a comprehensive inspection (Environmental Management/Waste, UTGVM, and the Operations Area) to:\n\n• Verify the current condition of the site, the presence of waste, health and road risks, and effects on residents.\n\n2. Formally determine, by administrative act, the applicable measure: control and upgrading, or relocation of the site, in accordance with the technical criteria (right-of-way, road safety, and public health) and while ensuring a functional alternative for the community.\n\n3. Formally notify the community in writing of any decision (alternative site, conditions, hours, responsibilities, and coordination channels), avoiding unsupported informal communications.\n\n4. Coordinate any relocation with UTGVM because specialized equipment is required and to ensure the designated site meets the requirements for a properly delineated public-road area, minimizing conflicts and effects on third parties.\n\nVII. Documents submitted (in strict chronological order).\n\n1. Anexo 1: Official letter INS-144-2025 (01/10/2025) and photographs (if on file).\n\n2. Anexo 2: Joseph Chavarría’s complaint (received 26/01/2026).\n\n3. Anexo 3: Official letter UTGVM-235-2026 (24/03/2026).\n\n4. Anexo 4: Operations and Projects Directorate document ordering notice and stating the reasons (road obstruction, health risk, duplication), if on file.\n\n5. Anexo 5: Document signed by Architect Rosenda Obando López.\n\n6. Anexo 6: CARTA-MS-DRRSHC-ARSL-02776-2026 (26/05/2026).\n\n7. Anexo 7: Report/official letter REC-192-2026 (26/05/2026), concerning removal of the garbage receptacle and its placement in custody.\n\n8. Anexo 8: Official letter DOP/552-2026 (02/06/2026), “Account of the facts of the Juan Pablo II Garbage Receptacle case.”\n\nIt is established that the Municipality of the Central Canton of Limón acted within its technical and legal authority, supported by inspections, technical opinions, and operational actions, and in compliance with Ley N.° 8839 (Ley para la Gestión Integral de Residuos), particularly its duties concerning integrated management, prevention and elimination of unauthorized waste stockpiles, and provision of an accessible, regular, and efficient collection service for everyone in the canton.\n\nThe Municipality also reaffirms its commitment to regulatory compliance, ensuring that any measure concerning the waste-disposal point will be formalized through duly reasoned and notified administrative acts and that the appropriate interinstitutional coordination will be maintained.\n\nFinally, the Municipality records its willingness to engage in dialogue, reach agreements, and coordinate with residents of Barrio Juan Pablo II through working and follow-up sessions, in order to implement technically feasible and socially agreed solutions that protect public health, the environment, and the safe use of public space, without disrupting the continuity of the collection service or creating unsanitary conditions.\n\nTherefore, in light of the foregoing, we request that this amparo proceeding against the Municipality of Limón be denied and that the expediente be permanently closed.”\n\n5.- The legal requirements have been observed in these proceedings.\n\nDrafted by Justice Araya García; and,\n\nREASONS:\n\nI.- PRELIMINARY. Before addressing the merits, it must be clarified that, since Judgment No. 2008-02545, issued at 8:55 a.m. on 22 February 2008, this Chamber has referred to the administrative-litigation jurisdiction—with some exceptions—cases in which the issue is whether the public administration met the time limits reasonably set for deciding requests submitted by individuals, in light of the provisions of Article 41 of the Constitution. In this specific case, an exception is alleged: the Administration’s purported delay in addressing a complaint submitted on 12 September 2025 concerning removal of a municipal garbage receptacle and the resulting health consequences. That point having been clarified, the specific situation raised in this amparo will now be decided.\n\nII.- SUBJECT OF THE APPLICATION. The applicants say they are residents of Barrio Juan Pablo II, Limón. They indicate that, for several years, Barrio Juan Pablo II has had a community garbage receptacle originally built by the Municipality of Limón for residents to deposit solid waste. On 12 September 2025, the residents filed a written submission alleging that some residents had removed the garbage receptacle and asking that the situation be corrected by keeping it at the same site. They explain that the residents installed another one, but the Local Government told them they had until 20 May 2026 to remove it or the Municipality would remove it, stating that it would be relocated but not indicating where the new site would be established. Nor were they formally notified of any reasoned administrative decision.\n\nII.- FACTS PROVEN. The following relevant facts are considered duly established and important to resolution of this application:\n\nOn 12 September 2025, residents of the community complained that some residents had removed a purported municipal garbage receptacle and asked that the situation be corrected by keeping the receptacle at the same site. Specifically, the residents complained as follows:\n\n“Greetings. By this letter, the undersigned residents of Juan Pablo Segundo appear before your authority to report that on 8 September 2025, at around 8 a.m., after the garbage truck had passed, the new residents who built on their lot in JUAN PABLO SEGUNDO, across from Naty grocery store, and also took over the entire area behind the garbage receptacle (a public road owned by the Municipality), have now removed the garbage receptacle. They claim that the property is theirs. They have left us without a garbage receptacle and are now filling in the area so there will be no evidence that the garbage receptacle was there. I am attaching a photo. We add that someone left garbage at the site during the night of 8 September 2025. The man from the house that removed the garbage receptacle did not know who it was, but on the morning of 9 September 2025 he began kicking the bags and throwing them into the middle of the road, all torn from his kicking them, and yelling, ‘These fucking neighbors are not going to put garbage here. One of the neighbors took photos, and he again came out yelling and threatening, “Take all the photos you want, assholes.” The man is very violent. We urgently need your intervention. These people built beyond the limits of their lot, took municipal space, and now use that to claim the garbage receptacle, which has been there for more than 35 years, is on their property, which is NOT true. Please measure their lot, lot 21. Note that when they removed the garbage receptacle, they threw the bags into the street and tore them apart by kicking them. This causes pollution and creates a breeding ground for rodents, which also affects public health. Apart from the mess and very unpleasant appearance, the garbage receptacle contains the bags so dogs cannot tear them apart. On 9 September 2025, all the residents met at the spot where the garbage receptacle had been to reinstall it. We called the man who removed the garbage receptacle to tell him that this is not how things are done; they could not remove that garbage receptacle because it is on a public road owned by the Municipality, much less throw the bags into the street by kicking them and hurl insults at residents for putting garbage where it belongs. They replied that it was on their property. After much arguing, and after they learned that we know the dimensions of their lot perfectly well because we have a copy of the plan, they accepted that it is not on their property, but said it smells bad. We replied that this is because they are very close to the garbage receptacle because they built on the road. We are attaching evidence of what we have said. If they had built within their lot, the garbage receptacle would not be near them. In the end, the residents put the garbage receptacle back, and we advised them to go to the Municipality so that you could issue a decision after measuring their lot. We categorically state that we oppose removal of the longstanding garbage receptacle because it is NOT on their property, and because it has always been the garbage receptacle for more than 35 years. We are peaceful residents, but we will not permit injustices based solely on the arbitrary whims of the new residents. We respectfully request your intervention, that you measure their lot, and that you issue a decision in accordance with the law. We wish to state that we have observed they are again saying the garbage receptacle is on their property and that they are going to remove it. We want this resolved in the best way and in accordance with the applicable rule. The frontage of their lot, lot 21, measures 9.89; see the attached evidence. They took more than two additional meters, and that is why the community garbage receptacle now bothers them. REQUESTS: 1.- That the lot be measured so that this measurement can establish that the garbage receptacle is not on their property. 2.- That an order be issued so they know all the residents will always put their garbage there, because where are we supposed to put it if we live on internal lanes and are not beside the road? 3.- Also, that is the municipal garbage receptacle. 4.- Please measure their lot so that they can see they took over the public road; their lot is lot number 21. 4.- That the garbage receptacle remain where it has always been. 5.- And if they have to move their construction back onto their lot, let them do so, since they have taken over the public road and, not content with that, they also proceed to remove the garbage receptacle, which is inadmissible” (see the report submitted by the respondent authority).\n\nThe Local Government issued a flyer informing residents of Juan Pablo II, in the area across from Naty grocery store in Pueblo Nuevo, that, to safeguard the public interest and people’s overall health:\n\n“You are hereby informed that, because the garbage receptacle is on a public road, according to resolution UTGVM-235-2026, and because the Municipality did not place it there, residents are given 5 days to remove the object; otherwise, the Municipality will take the appropriate action. Note: The deadline to remove the garbage receptacle runs from Thursday 14/05/2026 to Wednesday 20/05/2026. Otherwise, the garbage receptacle will be removed in its entirety. Thank you for your cooperation. For more information: tallermunilimon@gmail.com” (see the evidence submitted in the case).\n\nOn 26 May 2026, the garbage receptacle was placed in custody, to be returned to anyone requesting it on behalf of the residents (see the report submitted by the Mayor and the Acting Head of the Environmental Management Unit, both of the Municipality of the Central Canton of Limón).\n\nThe resolution was served on the Mayor of the Municipality of Limón on 9 June 2026 (see the service record added to the case file).\n\nOn 5 June 2026, the complaint the residents had submitted on 12 September 2025 was answered. The official letter was sent to the interested parties by email on 10 June 2026. Specifically, they were told:\n\n“Greetings. I am writing regarding the report on handling this case under official letter REC191-2026 from the Solid Waste Collection Area, which states as follows: In response to official letter DOP 664-2025 concerning the complaint filed by residents of the Juan Pablo II community about alleged construction encroaching on the public road by new residents, we provide information on the technical actions and conclusions in this case: The Solid Waste Collection Unit referred the question to the Technical Road Unit by official letter REC 244-2025 to determine whether the reported garbage receptacle encroached on the public road. That unit, in turn, requested an alignment analysis and cadastral records from the Municipal Census and Cadastre Unit by official letter UTGVYMQ77-202. The Census and Cadastre Unit sent the corresponding reports under references UCC-0055-04-02-2025 and UCC-0059-05-02-2025. Based on the final UTGVM opinion, which compared the cadastral information with on-site verification, it was clearly and objectively determined that the garbage receptacle is located within the public right-of-way. Therefore, this unit concludes and determines the following: Responsibility for installation: The Municipality neither installed nor authorized the current location of the container. Notice to vacate: Formal notice will be sent to residents to coordinate relocation of the garbage receptacle within the established period, 14-5-2026 to 20-05-2026. This action is taken under the unit’s technical and legal authority. The letter states that, if the order is not followed, the Municipality will remove the structure for the following reasons: 1. Road obstruction: It is an obstacle within the right-of-way that restricts free passage and creates risks of road or pedestrian accidents. 2. Health risk: As an illegal installation, it is a source of pollution, bad odors, and rodent proliferation, with the risk of becoming an open-air dump and a vector for disease. 3. Duplication of service: The area already has an established waste collection route on Tuesdays and Thursdays. The presence of exposed waste outside those hours contradicts the provisions of Ley N° 8839 (Ley para la Gestión Integral de Residuos). Under Ley para la Gestión Integral de Residuos N° 8837, the described actions (placing an unauthorized garbage receptacle, obstructing the public road, and leaving waste outside official hours) are specifically prohibited by the following articles: ‘Article 39 (Residents’ obligations): Every resident of the Republic is required to use exclusively the collection methods provided by the Municipality to dispose of ordinary waste. Accumulating garbage at an unauthorized point directly violates this obligation. Article 49(a) (Serious violations and penalties): Expressly prohibits abandoning ordinary waste on public roads, sidewalks, sewer systems, bodies of water, or vacant land. Penalty provisions (Minor violations): Under the law’s penalty provisions, placing household waste at times other than the frequency and hours established by the municipal service, and storing or depositing waste in locations not approved by the authorities, are classified as violations. Copies of all the cited official letters are attached for your information. The garbage receptacle is in municipal custody. Any identified resident may request its return within no more than 15 days after receiving notice of this letter by contacting the official in charge, Mr. José Lee Rojas Román” (see the report submitted by the Mayor and the Acting Head of the Environmental Management Unit, both of the Municipality of the Central Canton of Limón).\n\nOn 18 June 2026, the resolution admitting the proceeding was served on the Head of the Environmental Management Department of the Municipality of Limón (see the service record added to the case file).\n\nThe Municipality of Limón manages garbage collection well, collecting punctually on Tuesdays and Fridays. It was confirmed that residents did not comply with the schedule and that garbage was being stored in the receptacle at issue in this proceeding, affecting public health. For that reason, the receptacle located on a public road was removed (see the report submitted by the Mayor and the Acting Head of the Environmental Management Unit, both of the Municipality of the Central Canton of Limón).\n\nThe applicants live along an easement, only sixty meters from the main road along which the garbage collection truck travels (see the report submitted by the Mayor and the Acting Head of the Environmental Management Unit, both of the Municipality of the Central Canton of Limón).\n\nIV.- ON THE MERITS. In this case, the evidence in the expediente and the reports submitted by the respondent authorities establish that, on 12 September 2025, residents of the community complained that some residents had removed a purported municipal garbage receptacle and asked that the situation be corrected by keeping it at the same site. The evidence also shows that, after conducting the corresponding inquiries, the Local Government issued a flyer informing residents of Juan Pablo II, in the area across from Naty grocery store in Pueblo Nuevo, that, to safeguard the public interest and people’s overall health:\n\n“You are hereby informed that, because the garbage receptacle is on a public road, according to resolution UTGVM-235-2026, and because the Municipality did not place it there, residents are given 5 days to remove the object; otherwise, the Municipality will take the appropriate action. Note: The deadline to remove the garbage receptacle runs from Thursday 14/05/2026 to Wednesday 20/05/2026. Otherwise, the garbage receptacle will be removed in its entirety. Thank you for your cooperation. For more information: tallermunilimon@gmail.com”\n\nThe garbage receptacle was removed on 26 May 2026 and placed in custody, to be returned to anyone requesting it on behalf of the residents. Consequently, no arbitrary or irregular conduct is established; what occurred was that the Local Government removed an unauthorized structure used for waste collection. Moreover, according to the report made under oath, the structure is unnecessary because the Municipality provides a good garbage collection service, collecting punctually on Tuesdays and Fridays. It was confirmed that residents did not comply with the schedule and that garbage was being stored in the receptacle at issue in this proceeding, affecting public health. For that reason, the receptacle located on a public road was removed. In addition, the applicants live along an easement, only sixty meters from the main road along which the garbage collection truck travels. As to the possible risk to a healthy and ecologically balanced environment, no violation affecting the applicants is established, and the application should be denied.\n\nHowever, as to the document dated 12 September 2026 in which the residents set out the situation and filed a formal complaint, it was not until 10 June 2026—that is, in response to the intervention of this Constitutional Court—that they received a complete response. Consequently, the application should be granted solely with respect to the right to prompt administrative justice, for the reasons set out below.\n\nV.- COSTS, DAMAGES, AND LOSSES UNDER ARTICLE 52 OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION ACT. Upon further consideration, the majority of the Chamber considers that, in the present case, under paragraph 1 of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Act (“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial decision is issued revoking, halting, or suspending the challenged action, the application shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if appropriate”), the application should be granted without a special award of costs, damages, and losses, for the following reasons. Although the law expressly requires the operative part of the judgment to state that the application is granted when the grievance is resolved while the amparo is pending, it is also true that the final clause of that same paragraph says that the application is granted “solely for purposes of compensation and costs, if appropriate.” The law says “if appropriate,” which means that whether compensation and costs are appropriate depends on the Court’s assessment, evaluation, or balancing. In cases such as this, the content of the protected person’s claim and the respondent authority’s conduct in acknowledging it suggest that the alleged harm, injury, or changes do not directly concern an impact on a constitutional right of an evidently pecuniary nature (as would occur, for example, with an effect on the right to a salary). To dispel any doubt on this point, it is important to highlight Article 51 of the same Constitutional Jurisdiction Act, which provides that “every decision granting the application shall award in principle compensation for the damages and losses caused and payment of the costs of the application, with their assessment reserved for enforcement of the judgment.” That provision does not allow for an assessment of whether compensation and costs are appropriate. The principles of Constitutional Law, Public Law, and General Procedural Law or, as applicable, International or Community Law and, in addition, in that order, the General Public Administration Act, the Administrative Litigation Procedure Code, and the other procedural codes are supplementary sources for applying and interpreting the provisions of the Constitutional Jurisdiction Act—see Article 14. For the administrative-litigation jurisdiction, the legislature established a provision fully applicable to this case by analogy, in Article 197 of the Administrative Litigation Procedure Code, which reflects procedural logic in any field. In any event, the affected party in this case retains the option of bringing proceedings on the merits (proceso de conocimiento), if it wishes, to show that it has suffered some kind of harm. On that basis, the majority considers that this application should be resolved without an award of costs, damages, or losses.\n\nVI.- NOTE BY JUSTICE CASTILLO VÍQUEZ ON PROMPT AND PROPER ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court’s position that, when a litigant alleges a violation of the right to prompt and proper justice in administrative proceedings, the legal dispute should be heard by the Administrative Litigation Courts, not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, the Petition Rights Regulation Act, it has been established that this right may be protected judicially through the amparo application established by Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Act, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in cases where the petitioner considers that the Administration’s acts in fact, its administrative acts, or its response are affecting the petitioner’s fundamental rights. In my view, the recently enacted law does not require this Court to change its line of precedent, since, under Article 7 of its Act, this Court alone defines its own jurisdiction. Therefore, except for those constitutional legal disputes that this Chamber itself has recognized as exceptions that may be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo proceeding, the competent judges in all other cases, for the reasons given by this Court (Judgment No. 2008-02545, issued at 8:55 a.m. on 22 February 2008), are the judges of the administrative-litigation jurisdiction. All of this is consistent with Article 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and rules), and the relevant legal provisions, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\nVII.- NOTE BY JUSTICE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is my view that, when the Public Administration has already intervened, the matter falls within the jurisdiction of the administrative-litigation courts for consideration and resolution. Nevertheless, I do consider the merits when other rights of people affected by the source of pollution are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free of pollution (Article 50 of the Constitution), as in this case, where the applicants state that the Local Government’s removal of the garbage receptacle, without answering the complaint the residents filed in September 2025 and without providing a definitive solution, violates their fundamental rights.\n\nVIII.- PARTIAL DISSENTING VOTE BY JUSTICE SALAZAR ALVARADO, SOLELY REGARDING THE DECISION NOT TO ORDER THE RESPONDENT TO PAY COSTS, DAMAGES, AND LOSSES.\n\nAlthough I agree with the rest of the Chamber that the application should be granted, I disagree with the majority insofar as it exempts the respondent from paying the costs, damages, and losses resulting from the injury to the fundamental rights of the person whose rights were protected.\n\nArticle 52 of the Constitutional Jurisdiction Act provides:\n\n“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial decision is issued revoking, halting, or suspending the challenged action, the application shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if appropriate.”\n\nArticle 51 of that same Act, in turn, provides:\n\n“...every decision granting the application shall award in principle compensation for the damages and losses caused and payment of the costs of the application, with their assessment reserved for enforcement of the judgment.”\n\nThis latter provision establishes the general system governing compensation and payment of costs, which the majority calls the “natural or normal way for proceedings to end, where there is a ruling on the merits and acknowledgment of the facts that violated fundamental rights…”\n\nIn the majority’s view, the cited article 51 governs the circumstances in which the Chamber has found the harm to be established and, as a consequence, the need arises to order payment of costs, damages, and losses. In the undersigned’s view, however, a systematic interpretation of both provisions leads to the conclusion that, both when this Constitutional Court finds a violation of a fundamental right and therefore grants the amparo application, and when the Administration, on its own initiative, restores the injured person to the enjoyment of their fundamental rights after learning of the amparo application—a circumstance addressed in the cited article 52—the necessary and unavoidable consequence, by operation of articles 50 and 51 of the cited law, is an order requiring the infringer to compensate the damages and losses caused and pay the costs of the application. This rule merely recognizes the right of a party whose fundamental rights have been violated to effective judicial protection regarding reparation for the harmful consequences arising from the acts or omissions of the infringing authorities; it also serves as a deterrent, so that the State does not again engage in the actions that gave rise to the application being granted—a matter governed by article 50 of the law regulating this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has found the harm established and proceeded to consider the merits of the matter, or the violation has ceased by decision of the respondent authority itself after it learned that the amparo proceeding was underway, with restoration of the injured person’s enjoyment of their fundamental rights (article 52), in each of these circumstances there is always an imperative need to order the infringer to pay costs, damages, and losses. The basis for this order lies in the principles of protection of people’s rights and of the Administration’s responsibility for damages and losses caused by its unconstitutional conduct.\n\nAccordingly, the fact that, by the time the amparo application is considered and granted, the effects of the challenged act have already ceased, on the terms set out in articles 50 and 52 of the cited law, does not preclude an order to pay costs, damages, and losses. That circumstance forms an integral part of the general system under the Ley de la Jurisdicción Constitucional requiring such an order.\n\nMoreover, it is clear that the aforementioned article 52 applies only when the Chamber, although it has not considered or ruled on the merits of the claim, has found that the protected party’s fundamental rights were violated, in view of the Administration’s having ordered restoration of that party’s enjoyment of those rights. As the Chamber majority states, this situation entails an “abnormal termination of the proceeding.”\n\nThe legislature precisely established and delimited the conditions under which this Chamber may order that form of abnormal termination of an amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) the amparo must be underway—that is, the Administration must have been duly notified of the resolution admitting the amparo for processing; and 2) there must be an administrative or judicial resolution that unequivocally orders the revocation, cessation, or suspension of the challenged conduct that violates fundamental rights. It is true that the provision in question establishes an exception to the general system requiring an order to pay costs, damages, and losses, notwithstanding that the application is granted, by providing that, in the cases it governs, the application shall be granted “solely for purposes of compensation and costs, if appropriate.” As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it applies only in the circumstances strictly contemplated by the provision, both under the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively and because applying this exception would undoubtedly impair people’s fundamental right to effective judicial protection against damages and losses suffered as a result of violations of their constitutional rights.\n\nIn my view, this exception must be interpreted to mean that, under the general system requiring an automatic order to pay costs, damages, and losses when fundamental rights are violated, such an order is always appropriate, even if the respondent party issues an administrative or judicial resolution revoking, halting, or suspending the challenged conduct, unless it is unequivocally and clearly established that no harm capable of being compensated was caused in the specific case. Only in those circumstances could the respondent Administration be exempted from paying those amounts. Since, in this case, there is no evidence rebutting the presumption that the protected party suffered economic damages and losses arising from the challenged conduct—the specific determination of which is not within this jurisdiction’s remit—the application being granted must necessarily entail an order to pay costs, damages, and losses, and I so declare.\n\nAs an additional reason, it should be noted that the very nature and operation of amparo proceedings is not primarily directed at analyzing whether damages and losses exist, but at determining whether acts or omissions may have caused or may cause a breach of the system of people’s fundamental rights. From that perspective, this forum’s analysis focuses on verifying that matter; it does not, however, assess whether those issues have caused injury to the protected parties’ strictly patrimonial interests. Although the aforementioned article 52 of the LJC, read grammatically, provides that such an order (for damages, losses, and costs) applies when appropriate, the undersigned does not consider that the question of its appropriateness may be automatically excluded in advance in this type of proceeding. That is because a separate ordinary proceeding must determine whether, within the legal relationship examined in the amparo application, conduct or omissions attributable to the Administration (or to a private-law subject, where applicable) constituted an adequate cause of patrimonial injury that is legally compensable. By way of reference, articles 179 to 184 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, Law No. 8508, establish special proceedings whose purpose is to determine the economic effects arising from orders issued in these proceedings. Under article 179 thereof, those proceedings have the following purpose:\n\n“ARTICLE 179.—The Administrative Litigation Court shall be responsible for enforcing judgments issued by the Constitutional Jurisdiction in habeas corpus and amparo proceedings against public-law entities, solely as regards the proof, assessment, and payment of monetary compensation.”\n\nIt is clear that those proceedings are directed at examining the necessary prior determination issued by this Chamber in the form of an abstract order under those heads of relief. Such claims would not be available in those proceedings if the judgment issued in the amparo proceeding expressly held that damages, losses, and/or costs were not appropriate, or if it contained no express ruling on this point. In other words, the special proceeding in the administrative-litigation jurisdiction requires, as a sine qua non, an express order or ruling by this Constitutional Chamber. Accordingly, in my view, under the aforementioned article 52 of the LJC, dispensing with that patrimonial order requires proof, in each case, of circumstances that support a reasoned finding that no patrimonial injury, even potential injury, arose from or was associated with the facts examined. It is therefore an exception that requires qualified application, duly reasoned on a case-by-case basis. The mere fact that, during the course of the proceeding, the Administration issues a resolution or a court issues a judgment revoking, halting, or suspending the challenged conduct does not, by itself, rule out the possibility that, before that cessation, whether caused by the entity concerned or by an external cause, the alleged inaction or challenged interference had caused damages and losses. The substantive questions concerning whether injury occurred, its amount, whether the claim was timely, and so forth, however, fall outside the nature of these proceedings. Under the aforementioned mandate in article 52, those matters are appropriate for an abstract order, which then serves as the basis for examination in the Administrative Litigation Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require proof of damages and losses because, as emphasized, that is not their primary object or purpose. Accordingly, the protected person is not required to claim or prove damages; that person seeks the protection of their fundamental rights. Whether the administrative conduct caused injury is, as a general rule and save for exceptional cases, not part of the basis for examining this type of case. Note that, in the circumstance governed by that provision, the Constitutional Chamber does not examine the merits of the situation requiring protection because the amparo or habeas corpus proceeding has terminated due to the aforementioned supervening circumstance. Consequently, in these cases, the law precludes consideration of whether a violation occurred, much less determination of whether the facts alleged by the applicant may give rise to circumstances warranting civil compensation. Thus, the provision’s dispensation from an order is exceptional, not the rule. Therefore, in those circumstances, the provision requires an abstract order so that its appropriateness may be examined in a separate plenary proceeding. Otherwise, if release from liability for damages, losses, and costs were applied as the rule, this would jeopardize protection of the legal position of a person who, despite the respondent party’s supervening response, may have suffered injury to their patrimonial interests. That would be to the detriment of article 45 of the Constitución Política and would disregard the potential liability of the Administration, as required by article 9 thereof. Nor should it be overlooked that it was through an action of this kind that conduct was adopted that brought an end to acts which, in theory, threatened or violated the person’s fundamental rights. In other words, to obtain protection of those rights, the person sought judicial protection, and it was by virtue of that action that the challenged interference ceased. I reiterate: whether the continued threat or deterioration of the person’s situation, before it was brought to an end for the reasons set out in the provision under review, caused damages and losses is a matter that, absent proof to the contrary, must be examined in ordinary proceedings. As reiterated, however, that matter must not be denied at the outset solely because the factual circumstance governed by the aforementioned article 52 of the LJC occurred. Accordingly, with due respect for the majority’s position, I dissent and reiterate that granting this application must necessarily entail an abstract order to pay costs, damages, and losses.\n\nIX.—DISSENTING VOTE OF JUSTICE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PORTION OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: “If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued revoking, halting, or suspending the challenged conduct, the application shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if appropriate.”\n\nMy interpretation of that provision is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the person to the enjoyment of the violated right. The phrase “if appropriate” refers to costs. Indeed, article 197 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo, cited by the majority on the basis of article 14 of the LJC, refers only to costs.\n\nCertainly, under article 48 of the Constitución Política (CP), the essential content of the right to an amparo application is restorative, not compensatory. However, article 51 of the LJC states: “Every resolution granting the application shall order, in the abstract, compensation for the damages and losses caused and payment of the costs of the application, reserving their assessment for enforcement of the judgment.”\n\nIf the right has been violated and the Chamber so finds, damages and losses may have arisen even if the right has been restored. For that reason, an abstract order for these amounts is appropriate. If no such order were made, then, if damages and losses had in fact occurred, there would be no title—arising from this proceeding—on which to base a claim for them, which could violate article 41 of the CP. If, despite an abstract order, no damages and losses occurred, the judge in the ordinary courts will so declare, since only that judge may find their actual existence and extent to have been proven.\n\nI consider that the majority’s position, contrary to its intended result, would encourage the Administration to respect rights only when an amparo application has been filed. It remains to say that article 52 of the LJC provides that, if the Chamber considers it just, it may order payment of costs even when the right has been restored.\n\nFor these reasons, I partially dissent from the operative portion and order payment of damages and losses, but not costs.\n\nX.—DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. The parties are notified that, if they submitted any paper document, as well as objects or evidence contained on an additional electronic, computing, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, these must be collected from the court office within a maximum period of thirty working days from notification of this judgment. Otherwise, any material not collected within that period will be destroyed, as provided in the “Regulations on Electronic Case Files before the Poder Judicial,” approved by the Corte Plena at Session No. 27-11 on 22 August 2011, article XXVI, and published in the Boletín Judicial No. 19 on 26 January 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at Session No. 43-12 held on 3 May 2012, article LXXXI.\n\nTHEREFORE:\n\nThe application is partially granted solely with respect to the failure to decide the complaint filed by the applicants on 12 September 2026, with no special order as to costs, damages, and losses. The application is denied as to the other claims. Justices Castillo Víquez and Salazar Alvarado file separate notes. Justice Salazar Alvarado partially dissents and orders payment of damages, losses, and costs. Justice Garro Vargas partially dissents and orders payment of damages and losses, but not costs.—\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDocument Digitally Signed\n\n— Verification code —\n\n\n\n OWZJKWJFRDU61\n\nEXPEDIENTE N° 26-017926-0007-CO\n\nTelephone: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro)." }