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  "id": "nexus-sen-1-0007-1417041",
  "citation": "Res. 31061-2026 Sala Constitucional",
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  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Amparo por desabastecimiento de agua en Jericó",
  "title_en": "Amparo Over Water Shortages in Jericó",
  "summary_es": "La Sala Constitucional declaró con lugar el amparo por el suministro irregular e insuficiente de agua potable en calle Alto Tablazo, en Jericó de Desamparados. Tuvo por acreditado que la reducción de las fuentes, las deficiencias de infraestructura y los desbalances de presión impedían satisfacer la demanda, y que el AyA no demostró una respuesta alternativa suficiente durante las interrupciones prolongadas. Ordenó garantizar de inmediato agua diaria y suficiente, mediante la red o medios alternativos accesibles, cuando la interrupción exceda seis horas, con atención prioritaria a personas adultas mayores y otras personas en condición de vulnerabilidad. También dispuso inspeccionar y medir el servicio en el punto de conexión de la recurrente dentro de un mes, e implementar en un máximo de dieciocho meses las medidas necesarias para prestar el servicio de manera eficiente, eficaz, regular y continua. La Sala dejó la elección técnica de las soluciones al AyA y condenó a la institución al pago de costas, daños y perjuicios, por liquidarse en ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) granted the amparo over irregular and insufficient drinking-water service on Alto Tablazo Street in Jericó de Desamparados. It found that declining water sources, infrastructure deficiencies, and pressure imbalances prevented the system from meeting demand, and that AyA had not shown a sufficient alternative response during prolonged interruptions. The Chamber ordered AyA to ensure an immediate, daily, and sufficient supply through the network or accessible alternatives whenever an interruption exceeds six hours, giving priority to older adults and other vulnerable residents. It also ordered an inspection and measurements at the applicant’s service connection within one month, and implementation within no more than eighteen months of the measures needed to provide efficient, effective, regular, and continuous service. The Chamber left the choice of technical solutions to AyA and ordered the institution to pay costs, damages, and losses, to be assessed in administrative-litigation enforcement proceedings.",
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  "date": "13/08/2026",
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    "Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados",
    "AyA",
    "Jericó de Desamparados",
    "artículo 50 constitucional",
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  "keywords_en": [
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    "water shortages",
    "continuity of public service",
    "Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers",
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    "Article 50 of the Constitution",
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  "excerpt_es": "La disponibilidad constitucionalmente exigible no se satisface con la mera presencia temporal de presión en algún punto de la red: el agua debe ser materialmente accesible, suficiente y continua para atender los usos personales y domésticos básicos.\n\nPor las razones expuestas, se concluye que el AyA vulneró el artículo 50, de la Constitución Política. La disminución estacional de las fuentes y la avería puntual explican parte de la contingencia, pero no justifican que el servicio llegue por lapsos materialmente insuficientes ni que falte un abastecimiento alternativo comprobado durante interrupciones prolongadas.",
  "excerpt_en": "Constitutionally required availability is not satisfied merely by the temporary presence of pressure somewhere in the network: water must be materially accessible, sufficient, and continuous to meet basic personal and domestic uses.\n\nFor the reasons set out above, the Chamber concludes that AyA violated Article 50 of the Constitution. The seasonal decline in water sources and the isolated breakdown explain part of the contingency, but they do not justify service arriving for materially insufficient periods or the absence of a proven alternative supply during prolonged interruptions.",
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    "summary_en": "The amparo was granted, and AyA was ordered to ensure a daily and sufficient water supply during interruptions exceeding six hours, measure service at the applicant’s connection within one month, and implement the necessary measures within no more than eighteen months.",
    "summary_es": "Se declaró con lugar el amparo y se ordenó al AyA garantizar agua diaria y suficiente durante interrupciones mayores de seis horas, medir el servicio en la conexión de la recurrente en un mes e implementar las medidas necesarias en un máximo de dieciocho meses."
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      "quote_en": "The Chamber cannot impose a specific engineering project or grant literally the request to set eight hours per day, since the technical entity must choose suitable solutions and give reasons for them.",
      "quote_es": "La Sala no puede imponer una obra de ingeniería determinada ni acoger literalmente la pretensión de fijar ocho horas diarias, pues corresponde al ente técnico escoger, motivadamente, las soluciones idóneas."
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  "body_es_text": "\n\nExp: 26-024789-0007-CO \n\nRes. Nº 2026031061\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del trece de agosto de dos mil veintiseis .\n\n Recurso de amparo que se tramita en expediente número 26-024789-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.- \n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en esta Sala el diez de julio de dos mil veintiséis, [Nombre 001] interpuso recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Manifestó que reside en calle Alto Tablazo, conocida como calle Los Marín, camino hacia La Avioneta, en Jericó de Desamparados, y que desde hace años la comunidad padece interrupciones prolongadas y presión insuficiente en el servicio de agua potable. Indicó que, a la fecha de interposición, acumulaban más de diez días consecutivos sin agua; que en la entrada de la calle el líquido llegaba apenas durante lapsos aproximados de veinte minutos al día, insuficientes para abastecer las viviendas situadas a mayor altura; que los tanques domiciliarios y comunales permanecían vacíos; y que al menos veinticinco familias, entre ellas personas adultas mayores, se encontraban afectadas. Alegó lesión del artículo 50, de la Constitución Política, y solicitó que se ordenara al AyA realizar las inversiones necesarias, asegurar presión suficiente por al menos ocho horas diarias y adoptar medidas inmediatas y permanentes.\n\n2.- Mediante resolución de las nueve horas treinta y tres minutos del diecisiete de julio de dos mil veintiséis, se dio curso al recurso y se solicitó informe, bajo juramento, a la Presidencia Ejecutiva, a la Subgerencia de Gestión de Sistemas del GAM y a la Dirección de Operación y Control del GAM, todas del AyA. La resolución fue notificada a las partes ese mismo día.\n\n3.- Por escritos incorporados los días veintitrés y veinticuatro de julio de dos mil veintiséis, Lourdes María Sáurez Barboza, presidenta ejecutiva; Randall Campos Rojas, subgerente de Gestión de Sistemas GAM; y Carlos Rogelio Camacho Soto, director de Operación y Control GAM, rindieron los informes requeridos. En síntesis, sostuvieron que la afectación severa ocurrida entre el tres y el cinco de julio obedeció al desprendimiento de una boya del tanque de almacenamiento, que obstruyó la tubería principal y fue extraída; que existe una diferencia de elevación de ocho a diez metros entre el medidor y la vivienda de la recurrente, circunstancia que reduce la presión dentro de la propiedad; que durante la estación seca el caudal de las fuentes superficiales disminuyó y la producción de la planta pasó de aproximadamente diez litros por segundo en enero a cerca de tres litros por segundo; que esa reducción genera discontinuidades y un desbalance entre oferta y demanda, aunque diariamente existiría presión en la red; y que el Instituto ha ejecutado reparaciones, monitoreo, abastecimiento mediante camiones cisterna y un plan de mejoras de corto y largo plazo. Solicitaron declarar sin lugar el recurso.\n\n4.- El veintinueve de julio de dos mil veintiséis se incorporó un memorial denominado “manifestación de apoyo vecinal” suscrito por quienes dicen ser veinte habitantes de calle Alto Tablazo, quienes respaldaron el recurso y afirmaron haber padecido más de diez días continuos sin servicio, así como faltas constantes y lapsos prolongados de desabastecimiento.\n\n5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n \n\n Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,\n\n Considerando:\n\n I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente reclama que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ha lesionado el derecho humano de acceso al agua potable de quienes habitan en calle Alto Tablazo, también conocida como calle Los Marín, camino hacia La Avioneta, en Jericó de Desamparados, pues desde hace años el suministro es irregular, se producen cortes prolongados y la presión disponible resulta insuficiente para abastecer las viviendas ubicadas en la parte alta; añade que, al interponer el amparo, la comunidad llevaba más de diez días consecutivos sin agua, que el servicio apenas llegaba a la entrada de la calle por lapsos aproximados de veinte minutos diarios, que los tanques domésticos y comunales estaban vacíos y que al menos veinticinco familias, con particular incidencia sobre personas adultas mayores, carecían del líquido necesario para cocinar, asearse, limpiar y mantener condiciones mínimas de higiene, pese a los múltiples reportes formulados ante el AyA, por lo que solicita que se ordene a la institución adoptar medidas inmediatas y estructurales capaces de garantizar un abastecimiento suficiente, continuo y con presión adecuada, en tutela del artículo 50 de la Constitución Política.\n\nII.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\n\n1) La recurrente reside en calle Alto Tablazo, conocida como calle Los Marín, camino hacia La Avioneta, en Jericó de Desamparados, sector abastecido por el Sistema Jericó del AyA.\n\n2) El Sistema Jericó capta agua de fuentes superficiales que se trata en la planta potabilizadora del mismo nombre, cuya capacidad instalada es de hasta diez litros por segundo y que beneficia aproximadamente a mil doscientos cincuenta habitantes.\n\n3) Entre el tres y el cinco de julio de dos mil veintiséis se produjo una afectación severa por el desprendimiento de la boya del tanque de almacenamiento, la cual ingresó en la tubería de salida, obstruyó el flujo y fue posteriormente localizada y extraída por personal del AyA.\n\n4) Durante la estación seca de dos mil veintiséis disminuyó el caudal de las fuentes del Sistema Jericó; la producción de la planta, que en enero rondaba diez litros por segundo, descendió a cinco litros por segundo en febrero y a cerca de tres litros por segundo al momento del informe técnico, esto es, una reducción aproximada del setenta por ciento.\n\n5) El propio informe técnico del AyA reconoce que esa merma impide satisfacer la demanda de las personas usuarias, ocasiona discontinuidad y falta de regularidad en determinados sectores, y genera desbalances en la red de distribución por variaciones de presión y ausencia de mecanismos adecuados de regulación.\n\n6) Existe una diferencia aproximada de ocho a diez metros de elevación entre el punto donde se encuentra instalado el medidor del servicio de la recurrente y la ubicación física de su vivienda, lo que disminuye la presión disponible dentro del inmueble.\n\n7) En una inspección efectuada durante el primer trimestre de dos mil veintiséis, el AyA identificó limitaciones en la captación, vulnerabilidad de tramos de conducción, pérdidas asociadas a fugas no visibles y obstrucciones, reducción de las fuentes, desbalances de presión y necesidad de rehabilitar infraestructura, incluidos tanques que no se encuentran operativos.\n\n8) La primera etapa del proyecto BPIP número 2655, que incluyó la planta potabilizadora de diez litros por segundo y obras complementarias, se encuentra en operación; la segunda etapa, que contempla el diagnóstico y mejoramiento de dos mil ochocientos cincuenta y nueve metros de tuberías y la construcción de un tanque de almacenamiento de doscientos cincuenta metros cúbicos, está pendiente.\n\n9) El plan operativo institucional registra como pendientes la instalación de válvulas reguladoras de presión y la sustitución de ochenta metros de tubería de aducción, mientras que el aprovechamiento de un pozo en una propiedad colindante permanece en estudio.\n\n10) El AyA afirma haber distribuido agua por camiones cisterna cuando las condiciones lo han requerido y menciona una boleta de reparto de fecha veintidós de junio de dos mil veintiséis.\n\n11) Veinte habitantes de calle Alto Tablazo suscribieron una manifestación de apoyo en la que respaldaron el recurso y afirmaron haber padecido más de diez días continuos sin agua, además de interrupciones constantes y prolongadas.\n\nIII.- Sobre la admisibilidad del amparo. De conformidad con los artículos 48, de la Constitución Política, y 29, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el recurso de amparo tutela los derechos y libertades fundamentales frente a acciones, omisiones o actuaciones materiales de los órganos y servidores públicos que los violen o amenacen. La controversia planteada no exige definir derechos patrimoniales ni sustituir a la Administración en decisiones técnicas de detalle; corresponde determinar si la forma en que se presta un servicio público esencial satisface el contenido mínimo del derecho fundamental reconocido expresamente en el artículo 50, Constitucional. Por ello, el asunto es susceptible de conocimiento en esta vía sumaria.\n\nIV.- Sobre el derecho humano de acceso al agua potable. El artículo 50, de la Constitución Política, reconoce a toda persona el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable como bien esencial para la vida y dispone que el abastecimiento para consumo humano y de las poblaciones tiene prioridad. Este Tribunal ha sostenido reiteradamente que ese derecho se vincula de manera inmediata con la vida, la salud, la dignidad, la vivienda y el ambiente sano, y que, por tratarse de un servicio público esencial, su prestación está sujeta con especial intensidad a los principios de continuidad, eficiencia, eficacia, regularidad y adaptación. Entre otras, así se desprende de las Sentencias N° 2010-015448, N° 2014-004918, N° 2017-006082, N° 2019-007183 y N° 2020-007754. La disponibilidad constitucionalmente exigible no se satisface con la mera presencia temporal de presión en algún punto de la red: el agua debe ser materialmente accesible, suficiente y continua para atender los usos personales y domésticos básicos.\n\nV.- Sobre las limitaciones técnicas, el caso fortuito y la obligación de mitigación. La jurisprudencia constitucional también ha reconocido que el derecho al agua no elimina las restricciones técnicas objetivas y que no toda fluctuación de caudal u horario constituye, por sí sola, una lesión constitucional cuando el prestador (ICAA, ASADA, etc.) demuestra haber actuado diligentemente dentro de sus posibilidades materiales. Ese criterio fue recogido, entre otras, en la Sentencia N° 2019-008193, invocada por la autoridad recurrida. Sin embargo, esa doctrina no exonera al prestador de prevenir riesgos previsibles, planificar la infraestructura, comunicar y ordenar los racionamientos, ni suministrar alternativas suficientes durante la contingencia. El artículo 9 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA exige parámetros óptimos de calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad, igualdad, acceso universal, eficiencia, oportunidad y sostenibilidad, aun cuando admite excepciones por fuerza mayor, caso fortuito o mantenimiento. Tales excepciones son de interpretación restrictiva y únicamente justifican la interrupción inevitable, no la falta de medidas razonables de mitigación ni la persistencia de deficiencias estructurales conocidas.\n\nVI.- Sobre la jurisprudencia reciente relativa a racionamientos prolongados. En las Sentencias N° 2024-019544, N° 2024-019561, N° 2024-019565, N° 2024-019597, N° 2024-019602, N° 2024-019612 y N° 2024-019651, esta Sala examinó racionamientos prolongados y problemas estructurales de abastecimiento. En lo que interesa, ordenó garantizar de manera inmediata agua potable diaria y suficiente cuando la interrupción superara seis horas, y concedió un plazo máximo de dieciocho meses para implementar las medidas necesarias a fin de prestar el servicio de manera eficiente, eficaz y continua. Ese estándar resulta pertinente para valorar el presente asunto, sin desconocer sus particularidades probatorias.\n\nVI.- Sobre el caso concreto. Está acreditado que la obstrucción causada por la boya entre el tres y el cinco de julio fue identificada y reparada. Considerada aisladamente, esa avería sobrevenida podría constituir un evento fortuito atendido en un lapso razonable. No obstante, el objeto del amparo no se agota en dicho episodio. Los informes rendidos bajo juramento reconocen un problema actual y de mayor alcance: la producción del sistema disminuyó aproximadamente un setenta por ciento, hasta cerca de tres litros por segundo; esa capacidad no permite satisfacer la demanda; existen discontinuidades, pérdidas, infraestructura vulnerable, tanques inoperativos y desbalances de presión; y permanecen pendientes obras de regulación, sustitución de tubería, almacenamiento y aprovechamiento de fuentes adicionales. Por ende, la propia prueba de la autoridad recurrida corrobora que el suministro no reúne las condiciones constitucionales de suficiencia, continuidad y regularidad.\n\nVII.- Sobre la presión en la vivienda de la recurrente. La diferencia de elevación entre el medidor y la casa de la amparada puede explicar técnicamente una pérdida de presión dentro de la propiedad y delimitar qué obras internas corresponden a su titular. Sin embargo, ese dato no desvirtúa la lesión denunciada. El reclamo es comunitario y se encuentra respaldado por veinte habitantes; el AyA admite que la red no satisface la demanda y que faltan válvulas reguladoras de presión; y no aportó una medición individual contemporánea que demuestre que, durante los períodos cuestionados, en el punto de conexión de la recurrente existieran presión, duración y caudal suficientes. La mera referencia a presión diaria en un registrador representativo del sector tampoco acredita acceso material durante un tiempo razonable en la calle afectada. Por ello, la topografía interna no puede operar como explicación total de un desabastecimiento sistémico.\n\nVIII.- Sobre las medidas alternativas y la suficiencia de la respuesta institucional. El suministro por camiones cisterna es una medida idónea de emergencia, pero la mención de una boleta del veintidós de junio no demuestra una cobertura diaria, suficiente y accesible durante los más de diez días denunciados en julio, ni acredita el llenado oportuno de los tanques comunales. Asimismo, la ejecución de la primera etapa del proyecto y las reparaciones efectuadas son actuaciones relevantes, pero no neutralizan una vulneración que subsiste mientras las personas usuarias carezcan del líquido en cantidad y periodicidad aptas para sus necesidades básicas. Resulta particularmente relevante la presencia de personas adultas mayores, respecto de quienes la respuesta alternativa debe ser accesible y no depender del traslado de recipientes pesados.\n\nVIII.- Conclusión. Por las razones expuestas, se concluye que el AyA vulneró el artículo 50, de la Constitución Política. La disminución estacional de las fuentes y la avería puntual explican parte de la contingencia, pero no justifican que el servicio llegue por lapsos materialmente insuficientes ni que falte un abastecimiento alternativo comprobado durante interrupciones prolongadas. La Sala no puede imponer una obra de ingeniería determinada ni acoger literalmente la pretensión de fijar ocho horas diarias, pues corresponde al ente técnico escoger, motivadamente, las soluciones idóneas. Sí procede ordenar un resultado constitucional verificable: provisión inmediata de agua potable diaria y suficiente cuando la interrupción exceda seis horas; inspección y medición específica en el punto de conexión de la recurrente; información técnica sobre las medidas internas que, en su caso, le correspondan; y ejecución, dentro de un plazo máximo de dieciocho meses, de las actuaciones necesarias para que el Sistema Jericó preste un servicio eficiente, eficaz, continuo y con presión reglamentaria en los puntos de conexión. El plan deberá considerar las necesidades de la población en condición de vulnerabilidad y las obras que el propio diagnóstico institucional identifica como pendientes.\n\nIX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en el plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo aquel material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la sesión nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012.\n\nPOR TANTO\n\nSe declara CON LUGAR el recurso. Se ordena a Lourdes María Sáurez Barboza, en su condición de presidenta ejecutiva; a Randall Campos Rojas, en su condición de subgerente de Gestión de Sistemas GAM; y a Carlos Rogelio Camacho Soto, en su condición de director de Operación y Control GAM, todos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes ocupen esos cargos, que coordinen lo necesario y, dentro del ámbito de sus competencias: 1) Que DE MANERA INMEDIATA garanticen a la recurrente y a la población de calle Alto Tablazo, conocida como calle Los Marín, camino hacia La Avioneta, en Jericó de Desamparados, el suministro diario y suficiente de agua potable para atender las necesidades personales y domésticas básicas, mediante la red o por medios alternativos accesibles, siempre que la interrupción del servicio exceda seis horas, con atención prioritaria a las personas adultas mayores y demás habitantes en condición de vulnerabilidad; 2) Dentro del plazo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, efectúen y documenten una inspección técnica en el punto de conexión de la recurrente, con mediciones representativas de presión, caudal y duración efectiva del suministro, le comuniquen por escrito los resultados y, si correspondiere, indiquen de manera clara las adecuaciones internas razonablemente necesarias, sin perjuicio del deber institucional de asegurar los parámetros reglamentarios en el punto de conexión; y 3), Dentro del plazo de DIECIOCHO MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, implementen las medidas técnicas, operativas y de infraestructura necesarias para que el suministro de agua potable en el sector objeto del amparo se preste de manera eficiente, eficaz, regular y continua, con particular consideración de las acciones pendientes identificadas en el informe técnico UEN-PyDOCA-GAM-2026-00352. Las autoridades recurridas deberán informar a esta Sala acerca del cumplimiento de lo ordenado. Se les advierte que, de conformidad con el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo.-\n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n 7GTAMT8SF1M61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-024789-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).",
  "body_en_text": "\n\nExp: 26-024789-0007-CO\n\nRes. Nº 2026031061\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty in the morning on 13 August 2026.\n\nAmparo proceeding in expediente number 26-024789-0007-CO, filed by [Nombre 001], identity card [Valor 001], against the EXECUTIVE PRESIDENT OF THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS.\n\nBackground:\n\n1.- In a written filing received by this Chamber on 10 July 2026, [Nombre 001] filed an amparo proceeding against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. She stated that she lives on Alto Tablazo Street, known as Los Marín Street, on the road toward La Avioneta, in Jericó de Desamparados, and that for years the community has suffered prolonged interruptions and insufficient pressure in its drinking water service. She indicated that, as of the filing date, they had accumulated more than ten consecutive days without water; that at the entrance to the street, water arrived for only about twenty minutes a day, insufficient to supply the homes at higher elevations; that household and community tanks remained empty; and that at least twenty-five families, including older adults, were affected. She alleged a violation of Article 50 of the Political Constitution and requested that AyA be ordered to make the necessary investments, ensure sufficient pressure for at least eight hours a day, and adopt immediate and permanent measures.\n\n2.- By resolution issued at nine thirty-three in the morning on 17 July 2026, the proceeding was admitted and a report under oath was requested from the Executive Presidency, the GAM Systems Management Deputy General Management, and the GAM Operations and Control Directorate, all of AyA. The resolution was notified to the parties that same day.\n\n3.- In filings entered on 23 and 24 July 2026, Lourdes María Sáurez Barboza, executive president; Randall Campos Rojas, deputy general manager of GAM Systems Management; and Carlos Rogelio Camacho Soto, director of GAM Operations and Control, submitted the required reports. In summary, they maintained that the severe disruption between 3 and 5 July resulted from a float detaching from the storage tank, obstructing the main pipe, and then being removed; that there is an elevation difference of eight to ten meters between the meter and the applicant’s home, which reduces pressure within the property; that during the dry season, flow from surface water sources declined and plant production fell from approximately ten liters per second in January to nearly three liters per second; that this reduction causes discontinuities and an imbalance between supply and demand, although pressure would be present in the network daily; and that the Institute has carried out repairs and monitoring, supplied water by tanker trucks, and implemented a short- and long-term improvement plan. They requested that the amparo proceeding be dismissed.\n\n4.- On 29 July 2026, a memorandum titled “manifestation of neighborhood support,” signed by people who say they are twenty residents of Alto Tablazo Street, was entered into the record. They supported the amparo proceeding and stated that they had endured more than ten consecutive days without service, as well as frequent interruptions and prolonged periods without supply.\n\n5.- The legal requirements have been observed in these proceedings.\n\nJustice Salazar Alvarado drafts; and,\n\nReasons:\n\nI.- SUBJECT OF THE AMPARO PROCEEDING. The applicant claims that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers has violated the human right of residents of Alto Tablazo Street, also known as Los Marín Street, on the road toward La Avioneta, in Jericó de Desamparados, to access drinking water, because supply has been irregular for years, prolonged outages occur, and the available pressure is insufficient to supply homes in the upper area. She adds that, when she filed the amparo application, the community had gone more than ten consecutive days without water; service reached only the entrance to the street, for approximately twenty minutes a day; household and community tanks were empty; and at least twenty-five families, particularly older adults, lacked the water needed to cook, bathe, clean, and maintain minimum hygiene conditions, despite multiple reports to AyA. She therefore requests that the institution be ordered to adopt immediate and structural measures capable of guaranteeing an adequate, continuous supply at appropriate pressure, in protection of Article 50 of the Political Constitution.\n\nII.- FACTS FOUND. The following facts, relevant to deciding this matter, are deemed duly established, either because they have been proven or because the respondent authority failed to address them, as required by the initial order:\n\n1) The applicant lives on Alto Tablazo Street, known as Los Marín Street, on the road toward La Avioneta, in Jericó de Desamparados, an area supplied by AyA’s Jericó System.\n\n2) The Jericó System collects water from surface sources, which is treated at the same-named water treatment plant. The plant has an installed capacity of up to ten liters per second and serves approximately one thousand two hundred fifty residents.\n\n3) Between 3 and 5 July 2026, a severe disruption occurred when the float detached from the storage tank, entered the outlet pipe, obstructed the flow, and was later located and removed by AyA staff.\n\n4) During the 2026 dry season, flow from the Jericó System’s sources declined. Plant production, which was around ten liters per second in January, fell to five liters per second in February and to nearly three liters per second by the time of the technical report, an approximate reduction of seventy percent.\n\n5) AyA’s own technical report acknowledges that this decrease prevents the needs of users from being met, causes interruptions and irregularity in certain areas, and creates imbalances in the distribution network through pressure variations and a lack of adequate regulation mechanisms.\n\n6) There is an approximate elevation difference of eight to ten meters between the location of the meter for the applicant’s service and the physical location of her home, which reduces the pressure available inside the property.\n\n7) During an inspection conducted in the first quarter of 2026, AyA identified limitations in water collection, vulnerable sections of the transmission system, losses associated with hidden leaks and obstructions, reduced water sources, pressure imbalances, and a need to rehabilitate infrastructure, including tanks that are not operational.\n\n8) The first phase of project BPIP number 2655, which included the ten-liter-per-second water treatment plant and complementary works, is operational. The second phase, which includes diagnosing and improving two thousand eight hundred fifty-nine meters of pipes and building a two-hundred-fifty-cubic-meter storage tank, remains pending.\n\n9) The institutional operational plan lists the installation of pressure-regulating valves and replacement of eighty meters of intake pipe as pending, while the use of a well on a neighboring property remains under study.\n\n10) AyA states that it has distributed water by tanker truck when conditions required and refers to a delivery slip dated 22 June 2026.\n\n11) Twenty residents of Alto Tablazo Street signed a statement of support for the amparo proceeding, saying that they had endured more than ten consecutive days without water, as well as frequent and prolonged interruptions.\n\nIII.- ADMISSIBILITY OF THE AMPARO PROCEEDING. Under Articles 48 of the Political Constitution and 29 of the Law on Constitutional Jurisdiction, an amparo proceeding protects fundamental rights and freedoms against actions, omissions, or material conduct by public bodies and officials that violate or threaten them. The dispute does not require the determination of property rights or the substitution of the Administration in detailed technical decisions; it requires determining whether the manner in which an essential public service is provided meets the minimum content of the fundamental right expressly recognized in Article 50 of the Constitution. Accordingly, this matter may be considered through this summary procedure.\n\nIV.- THE HUMAN RIGHT OF ACCESS TO DRINKING WATER. Article 50 of the Political Constitution recognizes every person’s basic and inalienable human right of access to drinking water as an essential good for life, and provides that supply for human consumption and for populations has priority. This Court has repeatedly held that this right is immediately connected to life, health, dignity, housing, and a healthy environment, and that, because it concerns an essential public service, its provision is subject with particular force to the principles of continuity, efficiency, effectiveness, regularity, and adaptation. This follows, among others, from Judgments N° 2010-015448, N° 2014-004918, N° 2017-006082, N° 2019-007183, and N° 2020-007754. The availability required by the Constitution is not satisfied merely by pressure being present temporarily at some point in the network: water must be materially accessible, sufficient, and continuous to meet basic personal and domestic uses.\n\nV.- TECHNICAL LIMITATIONS, FORTUITOUS EVENTS, AND THE DUTY TO MITIGATE. Constitutional case law has also recognized that the right to water does not eliminate objective technical constraints, and that not every fluctuation in flow or schedule constitutes, by itself, a constitutional violation when the service provider (ICAA, ASADA, etc.) demonstrates that it acted diligently within its material means. This criterion was adopted, among others, in Judgment N° 2019-008193, cited by the respondent authority. However, that doctrine does not exempt a provider from preventing foreseeable risks, planning infrastructure, communicating and organizing rationing, or supplying adequate alternatives during an emergency. Article 9 of the AyA Regulations for the Provision of Services requires optimal standards of quality, quantity, continuity, reliability, equality, universal access, efficiency, timeliness, and sustainability, even while allowing exceptions for force majeure, fortuitous events, or maintenance. Those exceptions must be interpreted narrowly and justify only unavoidable interruptions, not the failure to take reasonable mitigating measures or the continuation of known structural deficiencies.\n\nVI.- RECENT CASE LAW ON PROLONGED RATIONING. In Judgments N° 2024-019544, N° 2024-019561, N° 2024-019565, N° 2024-019597, N° 2024-019602, N° 2024-019612, and N° 2024-019651, this Chamber examined prolonged rationing and structural supply problems. Relevant here, it ordered that daily, sufficient drinking water be guaranteed immediately when an interruption exceeded six hours, and granted a maximum period of eighteen months to implement the measures necessary to provide the service efficiently, effectively, and continuously. That standard is pertinent to assessing this matter, without disregarding its particular evidentiary circumstances.\n\nVI.- THE SPECIFIC CASE. It has been established that the obstruction caused by the float between 3 and 5 July was identified and repaired. Considered in isolation, that unforeseen breakdown could constitute a fortuitous event addressed within a reasonable period. However, the subject of the amparo proceeding is not limited to that incident. The reports submitted under oath acknowledge a current and broader problem: system production declined by approximately seventy percent, to nearly three liters per second; that capacity does not meet demand; there are interruptions, losses, vulnerable infrastructure, inoperative tanks, and pressure imbalances; and works to regulate pressure, replace pipes, provide storage, and use additional sources remain pending. Accordingly, the respondent authority’s own evidence confirms that the supply does not meet the constitutional requirements of sufficiency, continuity, and regularity.\n\nVII.- PRESSURE AT THE APPLICANT’S HOME. The elevation difference between the meter and the amparo applicant’s home may technically explain a loss of pressure within the property and help determine which internal works are the responsibility of its owner. However, that fact does not refute the alleged violation. The complaint concerns the community and is supported by twenty residents; AyA acknowledges that the network does not meet demand and that pressure-regulating valves are lacking; and it provided no contemporaneous individual measurement showing that, during the periods in question, pressure, duration, and flow at the applicant’s connection point were sufficient. Merely referring to daily pressure recorded by a device representative of the area also does not establish actual access for a reasonable period on the affected street. Therefore, the property’s internal topography cannot serve as a complete explanation for a systemic shortage.\n\nVIII.- ALTERNATIVE MEASURES AND THE ADEQUACY OF THE INSTITUTIONAL RESPONSE. Supplying water by tanker truck is an appropriate emergency measure, but referring to a delivery slip dated 22 June does not establish daily, sufficient, and accessible coverage during the more than ten days without water alleged in July, nor does it establish that community tanks were filled in a timely manner. Similarly, completion of the first project phase and the repairs carried out are relevant actions, but they do not remedy a violation that persists while users lack water in quantities and at intervals adequate for their basic needs. The presence of older adults is particularly relevant, because alternative responses must be accessible and must not depend on carrying heavy containers.\n\nVIII.- CONCLUSION. For the reasons stated, it is concluded that AyA violated Article 50 of the Political Constitution. The seasonal decline in water sources and the isolated breakdown explain part of the emergency, but do not justify service being supplied for materially insufficient periods or the absence of verified alternative supply during prolonged interruptions. The Chamber cannot impose a particular engineering project or grant the request literally by setting eight hours a day, because the technical body must select appropriate solutions and give reasons for them. It may, however, order a verifiable constitutional outcome: immediate provision of daily, sufficient drinking water when an interruption exceeds six hours; inspection and specific measurement at the applicant’s connection point; technical information on any internal measures that may be her responsibility; and implementation, within a maximum period of eighteen months, of the actions necessary for the Jericó System to provide an efficient, effective, continuous service with regulatory pressure at the connection points. The plan must consider the needs of the vulnerable population and the works that the institution’s own assessment identifies as pending.\n\nIX.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. The parties are advised that, if they submitted any paper document or any objects or evidence contained on an electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, these must be retrieved from the office within a maximum period of 30 business days from notification of this judgment. Any such material not retrieved within that period will be destroyed, as provided in the “Regulations on Electronic Case Files before the Judiciary,” approved by the Full Court in Article XXVI of session nro. 27-11 of 22 August 2011, published in Judicial Bulletin nro. 19 of 26 January 2012, and in the resolution of the Superior Council of the Judiciary, approved in Article LXXXI of session nro. 43-12 held on 3 May 2012.\n\nTHEREFORE\n\nThe amparo proceeding is GRANTED. Lourdes María Sáurez Barboza, in her capacity as executive president; Randall Campos Rojas, in his capacity as deputy general manager of GAM Systems Management; and Carlos Rogelio Camacho Soto, in his capacity as director of GAM Operations and Control, all of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, or whoever holds those positions, are ordered to coordinate what is necessary and, within the scope of their authority: 1) IMMEDIATELY guarantee the applicant and the population of Alto Tablazo Street, known as Los Marín Street, on the road toward La Avioneta, in Jericó de Desamparados, a daily and sufficient supply of drinking water to meet basic personal and domestic needs, through the network or accessible alternative means, whenever the service interruption exceeds six hours, giving priority attention to older adults and other residents in vulnerable circumstances; 2) Within ONE MONTH from notification of this judgment, conduct and document a technical inspection at the applicant’s connection point, with representative measurements of pressure, flow, and the actual duration of supply, communicate the results to her in writing and, if applicable, clearly identify the reasonably necessary internal adaptations, without prejudice to the institution’s duty to ensure regulatory standards at the connection point; and 3), Within EIGHTEEN MONTHS from notification of this judgment, implement the technical, operational, and infrastructure measures necessary to ensure that the drinking water supply in the area covered by the amparo proceeding is provided efficiently, effectively, regularly, and continuously, with particular consideration for the pending actions identified in technical report UEN-PyDOCA-GAM-2026-00352. The respondent authorities must inform this Chamber of compliance with the order. They are advised that, under Article 71 of the Law on Constitutional Jurisdiction, anyone who receives an order to comply with or enforce, issued in an amparo proceeding, and fails to comply with or enforce it, will be subject to imprisonment for three months to two years or a fine of twenty to sixty days, provided the offense is not subject to a more severe penalty. The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts underlying this declaration, to be assessed in enforcement proceedings in the administrative-litigation jurisdiction.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\n7GTAMT8SF1M61\n\nEXPEDIENTE N° 26-024789-0007-CO\n\nTelephone: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Email: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Church of Perpetual Help)."
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