{ "id": "nexus-sen-1-0007-1418188", "citation": "Res. 23500-2026 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Rechazo de acción sobre límites de Këköldi", "title_en": "Rejection of challenge to Këköldi boundaries", "summary_es": "La Sala Constitucional rechazó de plano una acción de inconstitucionalidad contra los decretos ejecutivos que modificaron los límites de la Reserva Indígena Bribrí de Këköldi. La mayoría determinó que el accionante no acreditó un asunto previo que sustentara su interés personal directo ni justificó suficientemente la legitimación por intereses difusos o colectivos. También consideró que los argumentos sobre discriminación y derechos territoriales eran confusos e insuficientes para relacionar el contenido de los decretos con las normas constitucionales y convencionales invocadas. Añadió que la acción de inconstitucionalidad no es la vía para revisar los límites territoriales concretos de una reserva indígena, asunto que corresponde a la jurisdicción ordinaria. Dos magistrados salvaron el voto y habrían prevenido al accionante para que subsanara las omisiones. El magistrado Cruz Castro coincidió con el rechazo, pero señaló que la reserva legal podría ser relevante para cambios futuros en los límites de reservas indígenas.", "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) summarily rejected a constitutional challenge to the executive decrees that modified the boundaries of the Bribrí Indigenous Reserve of Këköldi. The majority found that the applicant had not established a pending underlying case to support direct personal standing or adequately explained standing based on diffuse or collective interests. It also found the arguments concerning discrimination and territorial rights too unclear and insufficient to connect the decrees’ contents to the constitutional and treaty provisions invoked. The Chamber added that a constitutional challenge is not the procedure for reviewing the specific territorial boundaries of an Indigenous reserve, a matter for the ordinary courts. Two justices dissented and would have ordered the applicant to correct the omissions. Justice Cruz Castro agreed with the rejection but noted that the statutory-reservation principle could be relevant to future changes in Indigenous reserve boundaries.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "24/06/2026", "year": "2026", "topic_ids": [], "primary_topic_id": null, "es_concept_hints": [ "acción de inconstitucionalidad", "legitimación", "intereses difusos", "intereses colectivos", "reserva indígena", "reserva legal", "rechazo de plano" ], "article_citations": [], "keywords_es": [ "acción de inconstitucionalidad", "Reserva Indígena Bribrí de Këköldi", "límites de reservas indígenas", "legitimación", "intereses difusos", "intereses colectivos", "fundamentación", "territorios ancestrales afrodescendientes", "reserva legal" ], "keywords_en": [ "constitutional challenge", "Bribrí Indigenous Reserve of Këköldi", "Indigenous reserve boundaries", "standing", "diffuse interests", "collective interests", "adequate grounds", "Afro-descendant ancestral territories", "statutory reservation" ], "excerpt_es": "En cuyo caso, de la lectura del escrito de interposición correspondiente a esta nueva acción, concluye este Tribunal que este también carece de una adecuada fundamentación y sustanciación, tanto en lo relativo al eventual sustento de legitimación como respecto a los reproches de fondo.\n\nPor lo demás, aunque se podría prevenir al accionante que subsane el cumplimiento de tales requisitos, en la especie, dicho trámite se considera ocioso, no solo porque supone volver a elaborar la acción, sino, también, porque el artículo 9, párrafo 1º, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala para rechazar de plano cualquier gestión \"manifiestamente improcedente o infundada\", como ocurre en el presente caso.\n\nPor tanto:\n\nSe rechaza de plano la acción.", "excerpt_en": "In this case, from its reading of the pleading initiating this new challenge, the Court concludes that it too lacks adequate grounds and substantiation, both as to the asserted basis for standing and as to the substantive objections.\n\nFurthermore, although the applicant could be directed to correct these deficiencies, in this case that procedure is considered pointless, not only because it would require rewriting the challenge, but also because Article 9, first paragraph, of the Law on Constitutional Jurisdiction authorizes the Chamber to summarily reject any filing that is “manifestly inadmissible or unfounded,” as is the case here.\n\nTherefore:\n\nThe challenge is summarily rejected.", "outcome": { "label_en": "Summarily rejected", "label_es": "Rechazada de plano", "summary_en": "The majority summarily rejected the challenge for failure to establish standing and provide sufficient grounds, and said that specific territorial boundaries must be contested in the ordinary courts.", "summary_es": "La mayoría rechazó de plano la acción por falta de legitimación acreditada y de fundamentación suficiente, y señaló que la delimitación territorial concreta debe discutirse en la jurisdicción ordinaria." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando II", "quote_en": "the burden of argument: “a provision that on its face is contrary to the Constitution shifts the burden of argument to those who maintain that there is in fact no conflict between that provision and the Constitution; the opposite applies when a challenge is brought against a provision that does not initially appear unconstitutional, in which case the applicant must put forward arguments that persuade the Court of its unconstitutionality.”", "quote_es": "la carga de la argumentación, es decir, que “una norma que facialmente (sic) sea contraria a la Constitución, vuelca la carga de la argumentación a quienes sostengan que en realidad no hay conflicto entre esa norma y la Constitución Política; lo contrario sucede si se acciona contra una norma que en primer examen no parece contraria a la Constitución, en cuya hipótesis es el accionante el que debe avanzar con los argumentos que convenzan acerca de la inconstitucionalidad”" }, { "context": "Considerando IV, cita de jurisprudencia", "quote_en": "As to territorial boundaries alone, the association could, in general terms, have standing in this proceeding to allege a violation of its members’ property rights as residents of Cocles. However, even in that situation, and where Indigenous people are concerned, this Court has determined that this proceeding is not the proper avenue for resolving that claim.", "quote_es": "En relación con la mera delimitación territorial, la asociación sí podría estar legitimada en este proceso, en términos generales, para alegar la violación del derecho de propiedad de sus asociados como habitantes de Cocles. Sin embargo, aún en ese supuesto y tratándose de población indígena, este Tribunal ha determinado que este proceso tampoco es la vía idónea apropiada para resolver tal reclamo" } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1418188", "tier": 2, "is_environmental": true, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "1\n\n \n\n*CO*\n\nExp: 26-020584-0007-CO \n\nRes. Nº 2026-023500\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las trece horas diecisiete minutos del veinticuatro de junio de dos mil veintiséis.\n\nAcción de inconstitucionalidad promovida por [Nombre 001], mayor de edad, soltero, cédula de identidad nro. [Valor 001], vecino de Barrio Roosevelt, Limón, costarricense afrodescendiente, contra los Decretos Ejecutivos Nº 25296-G del 24 de junio de 1996 y Nº 29956-G del 22 de marzo de 2001.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en esta Sala el 9 de junio de 2026, el accionante formula acción de inconstitucionalidad, en la que manifiesta: \n\n“Esta acción se presenta en estricto cumplimiento y subsanación de la Resolución Nº 2026012150 (Expediente 26-009539-0007-CO, de las 9:20 horas del 8 de abril de 2026), que rechazó de plano la gestión anterior por falta de legitimación en intereses colectivos y falta de fundamentación (artículos 75 y 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). La presente acción corrige íntegramente ambos defectos: (i) se fundamenta en interés personal directo del accionante y en intereses difusos/colectivos del pueblo tribal afrodescendiente reconocido por el Estado; y (ii) desarrolla una fundamentación exhaustiva, precisa y confrontativa del contenido específico de cada Decreto impugnado frente al bloque de constitucionalidad. \n\nFundamento legal: Artículos 10, 33, 48, 50 y 75 de la Constitución Política; artículos 73 a 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (Ley Nº 7135); Convenio 169 de la OIT (Ley Nº 7316); Convenio 107 de la OIT; Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (Ley Nº 3849); Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (Ley Nº 9588); Decreto Ejecutivo Nº 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP de 5 de mayo de 2022 (constatación del autoreconocimiento de la población afrocostarricense como pueblo tribal); jurisprudencia reiterada de esta Sala Constitucional. \n\nI. LEGITIMACIÓN ACTIVA \n\n Interés personal directo: El suscrito, como costarricense afrodescendiente con arraigo histórico familiar y comunitario en la región de Limón, Talamanca y Cocles, tiene interés legítimo y directo en la tutela de sus derechos ancestrales territoriales, de igualdad y no discriminación. La exclusión de áreas costeras ancestrales por los Decretos impugnados me afecta directamente en mi condición de miembro de la comunidad afrodescendiente cuyo acceso a tierras tradicionales ha sido estructuralmente marginado. \n\n Intereses difusos y colectivos (art. 75, párrafo segundo, Ley 7135): La naturaleza del asunto no configura una lesión individual y directa de carácter clásico, sino una afectación estructural, histórica y colectiva al pueblo tribal afrodescendiente costarricense en su conjunto, reconocido formalmente por el Estado mediante el Decreto Ejecutivo Nº 43532-MPMINAE-MCJ-MEP de 2022. Este reconocimiento estatal de la condición de pueblo tribal (art. 1 del Convenio 169 OIT) genera un interés difuso y colectivo tutelable directamente ante esta jurisdicción, sin necesidad de asunto previo, conforme al párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. La delimitación de reservas indígenas que ignora y excluye territorios ancestrales de otro pueblo tribal reconocido por el propio Estado constituye una cuestión que atañe a la colectividad en su conjunto y a la integridad del orden constitucional de igualdad y no discriminación étnica. \n\n Reconocimiento estatal del colectivo: El Decreto 43532-2022 constata el autoreconocimiento de la población afrocostarricense como pueblo tribal, con características propias de organización social, cultura, cosmovisión y relación particular con la tierra y territorios ocupados por sus antepasados desde los siglos XVI y XVII. Este acto estatal vincula al ordenamiento jurídico y habilita la tutela colectiva de los derechos territoriales ancestrales de dicho pueblo, incluyendo la zona costera de Cocles y Talamanca históricamente ocupada y utilizada por comunidades afrodescendientes. \n\nII. HECHOS RELEVANTES \n\nPRIMERO. Delimitación original y modificaciones impugnadas. La Reserva Indígena Bribrí de Cocles (posteriormente denominada Këköldi) fue inicialmente delimitada por Decreto Ejecutivo Nº 7267-G de 1977 y confirmada por la Ley Indígena Nº 6172. Los Decretos impugnados modificaron sustancialmente esos límites: \n\na) Decreto Ejecutivo Nº 25296-G del 24 de junio de 1996 (publicado en La Gaceta): \n\n En sus Considerandos 2° y 3° expresamente justifica la exclusión de la zona costera cercana a la desembocadura del Río Cocles porque \"no ha sido habitada por indígenas en los últimos doscientos años\" y porque la parte sureste corresponde a asentamientos del IDA ocupados por población campesina no indígena. \n\n El Artículo 2° establece una nueva delimitación mediante coordenadas específicas que excluye aproximadamente 1.200 hectáreas de áreas costeras ancestrales. \n\n Se compensa con inclusión de otras tierras boscosas al oeste y sur, pero sin considerar ni consultar a la población afrodescendiente presente históricamente en las zonas excluidas. \n\nb) Decreto Ejecutivo Nº 29956-G del 22 de marzo de 2001: \n\n Modifica nuevamente el artículo 2 del Decreto 25296-G para incluir un área en el sector noroeste (entre nacientes de los Ríos Carbón \"Uno\" y \"Dos\") por razones de protección hídrica y conectividad indígena. \n\n No subsana la exclusión previa de las áreas costeras ancestrales afrodescendientes ni consulta a dicho colectivo. \n\nSEGUNDO. Presencia histórica afrodescendiente en las áreas excluidas – Evidencia concreta de 1710. Las comunidades afrodescendientes de Cocles, Talamanca y la franja costera del Caribe Sur (incluyendo Cahuita) tienen presencia histórica documentada y ahora arqueológicamente confirmada desde inicios del siglo XVIII. Concretamente, el 2 de marzo de 1710 naufragaron frente a las costas de Cahuita (actual Parque Nacional Cahuita) dos galeones esclavistas daneses —el Fredericus IV y el Christianus V— que transportaban más de 650 personas africanas esclavizadas con destino a la isla de Saint Thomas. Tras el naufragio, un número significativo de estas personas escaparon y se internaron en los bosques hacia la alta Talamanca, mientras otros fueron recapturados posteriormente en la región de Matina. Este hecho histórico, recientemente confirmado por hallazgos arqueológicos submarinos en 2025, constituye evidencia irrefutable de la presencia temprana y continua de población afrodescendiente en el territorio costero y de Talamanca que posteriormente fue objeto de exclusión por los Decretos impugnados. Las formas de ocupación, uso y relación ancestral con el territorio (pesca, agricultura de subsistencia, asentamientos familiares) configuran derechos territoriales tradicionales protegidos por el Convenio 169 OIT y el bloque de constitucionalidad. El Estado costarricense, mediante el Decreto 43532-2022, ha reconocido expresamente esta condición de pueblo tribal con \"cosmovisión que determina su relación particular con la tierra y con territorios que ocupan y que han sido habitadas por sus antepasados\". \n\nTERCERO. Discriminación estructural. Los Decretos impugnados, al fundamentar la exclusión territorial en la ausencia de \"habitación indígena\" durante dos siglos, privilegian exclusivamente la narrativa histórica de un grupo étnico sobre otra, ignorando y borrando la presencia y derechos ancestrales del pueblo tribal afrodescendiente. Esta distinción basada en origen étnico, sin justificación objetiva ni consulta al colectivo afectado, perpetúa un patrón histórico de marginación territorial y discriminación estructural contra las comunidades afrodescendientes del Caribe costarricense. \n\nIII. FUNDAMENTOS JURÍDICOS – CONFRONTACIÓN EXHAUSTIVA \n\nLa acción de inconstitucionalidad exige la demostración precisa de cómo el contenido específico de la norma impugnada infringe el Derecho de la Constitución. A continuación se desarrolla la confrontación detallada: \n\nPRIMERO. Violación al artículo 33 de la Constitución Política (igualdad ante la ley y prohibición de discriminación). \n\nLos Considerandos 2° y 3° del Decreto 25296-G establecen una distinción expresa basada en origen étnico: se excluyen tierras porque \"no ha sido habitada por indígenas en los últimos doscientos años\". Esta justificación normativa crea una categoría privilegiada (presencia indígena histórica) y una excluida (presencia afrodescendiente histórica en las mismas zonas costeras), sin justificación objetiva ni proporcional. El principio de igualdad (art. 33 CP) prohíbe tratos diferenciados basados en origen étnico que carezcan de fundamento razonable y que resulten en desventaja para un grupo históricamente marginado. La omisión de consulta y consideración del pueblo tribal afrodescendiente en la delimitación refuerza la discriminación estructural. \n\nSEGUNDO. Violación al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Ley Nº 7316) – Artículos 1, 2, 6, 13, 14 y 15. \n\na) Artículo 1: Define los pueblos tribales como aquellos que se distinguen de otros segmentos de la población nacional por sus condiciones sociales, culturales y económicas, y que regulan total o parcialmente sus instituciones por sus propias costumbres o tradiciones. El Decreto 435322022 reconoce expresamente que la población afrocostarricense cumple estas características y tiene una \"relación particular con la tierra y territorios que ocupan y que han sido habitadas por sus antepasados\". Los Decretos impugnados ignoran esta condición y excluyen territorios ancestrales sin aplicar el régimen de protección. \n\nb) Artículo 2: Obliga a los gobiernos a desarrollar una acción coordinada y sistemática para proteger los derechos de estos pueblos y garantizar el respeto de su integridad. La exclusión territorial sin consulta ni consideración del colectivo afrodescendiente viola este deber de protección. \n\nc) Artículo 6: Exige consulta previa, libre e informada a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Los Decretos 25296-G y 29956-G fueron emitidos sin consulta alguna al pueblo tribal afrodescendiente de Cocles y Talamanca, pese a afectar directamente sus territorios ancestrales. \n\nArtículos 13 y 14: Reconocen el derecho de los pueblos indígenas y tribales a la propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan, y establecen que los gobiernos deben tomar medidas para identificar las tierras tradicionales y garantizar su protección. La delimitación que excluye áreas costeras ancestrales afrodescendientes sin identificar ni proteger esos territorios viola directamente estos mandatos. \n\nTERCERO. Violación a la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (Ley Nº 3849) y Convención Interamericana contra el Racismo (Ley Nº 9588). \n\nEstas convenciones prohíben toda distinción, exclusión o restricción basada en el origen étnico o racial que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos. Los Decretos impugnados, al fundamentar la exclusión territorial en criterios étnicos diferenciados (\"habitación indígena vs. no indígena\") y al omitir toda consideración de los derechos ancestrales del pueblo tribal afrodescendiente, generan un menoscabo estructural en el derecho a la tierra, al territorio y a la igualdad de dicho colectivo, configurando discriminación racial prohibida. \n\nCUARTO. Violación al principio de supremacía constitucional (art. 10 CP) y al bloque de convencionalidad. \n\nLos Decretos impugnados, al ser normas de rango inferior, deben conformarse al bloque de constitucionalidad integrado por la Constitución, los tratados de derechos humanos ratificados (OIT 169, convenciones contra discriminación) y los principios generales del Derecho. La exclusión territorial discriminatoria socava la supremacía de estos instrumentos y el principio de igualdad sustantiva que el Estado costarricense se ha comprometido a garantizar. \n\nQUINTO. Jurisprudencia aplicable de la Sala Constitucional. Esta Sala ha anulado actos discriminatorios territoriales y ordenado reparaciones en casos análogos (Resolución Nº 06229-1999 y otras). El principio pro persona y el deber de tutela judicial efectiva exigen que se examine con profundidad las afectaciones estructurales a pueblos históricamente marginados.” \n\nPor lo que solicita lo siguiente: \n\n“V. PETICIONES \n\nPor los fundamentos expuestos, respetuosamente solicito a esta Honorable Sala: \n\n Admitir la presente acción de inconstitucionalidad por cumplir con los requisitos de legitimación (interés personal y difuso/colectivo) y fundamentación exhaustiva exigidos por los artículos 75 y 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. \n\n Declarar con lugar la acción y, en consecuencia: \n\na) Declarar inconstitucionales los Decretos Ejecutivos Nº 25296-G y Nº 29956-G en las partes que excluyen territorios ancestrales afrodescendientes sin justificación objetiva ni consulta, por violación a los artículos 33 y 50 de la Constitución Política, al Convenio 169 OIT y a los tratados contra la discriminación racial. \n\nb) Anular parcialmente las delimitaciones en lo que resulte discriminatorio y ordenar al Estado la identificación, delimitación y titulación de las tierras ancestrales afrodescendientes en las zonas costeras de Cocles y Talamanca excluidas, en condiciones de igualdad con los derechos reconocidos a otros pueblos. \n\nc) Ordenar la realización de consulta previa, libre e informada al pueblo tribal afrodescendiente conforme al Convenio 169 OIT respecto de cualquier medida que afecte sus territorios ancestrales. \n\n Dictar medidas cautelares para suspender los efectos discriminatorios de las delimitaciones impugnadas mientras se resuelve el fondo. \n\n Condenar al Estado al pago de costas. \n\n Notificar al Procurador General de la República.” \n\n2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.\n\nRedacta el magistrado Castillo Víquez; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- DE LOS REQUISITOS Y FORMALIDADES DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. Esta Sala ha señalado, de forma reiterada, que la acción de inconstitucionalidad es un proceso con determinadas formalidades, que necesariamente deben cumplirse para que este Tribunal pueda pronunciarse válidamente sobre el fondo del asunto. El artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula la legitimación para interponer acciones de inconstitucionalidad y prevé situaciones distintas. En el párrafo primero se exige la existencia de un asunto pendiente de resolver, sea en sede judicial –incluyendo los recursos de hábeas corpus o de amparo– o en la administrativa –en el procedimiento de agotamiento de esta vía–, en el que se invoque la inconstitucionalidad de la norma cuestionada, como medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado en el asunto principal. En los párrafos segundo y tercero se regula la acción directa –no se requiere del asunto base–, en los siguientes supuestos: a) cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa; b) se trate de la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto; y c) cuando la acción sea promovida por el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes. \n\nAsimismo, en sentencia nro. 04190-95 de las 11:33 horas del 28 de julio de 1995, este Tribunal precisó que la acción de inconstitucionalidad es: \n\n“(…) un proceso de naturaleza incidental, y no de una acción directa o popular, con lo que se quiere decir que se requiere de la existencia de un asunto pendiente de resolver -sea ante los tribunales de justicia o en el procedimiento para agotar la vía administrativa- para poder acceder a la vía constitucional, pero de tal manera que, la acción constituya un medio razonable para amparar el derecho considerado lesionado en el asunto principal, de manera que lo resuelto por el Tribunal Constitucional repercuta positiva o negativamente en dicho proceso pendiente de resolver, por cuanto se manifiesta sobre la constitucionalidad de las normas que deberán ser aplicadas en dicho asunto; y únicamente por excepción es que la legislación permite el acceso directo a esta vía -presupuestos de los párrafos segundo y tercero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional …”.\n\nFinalmente, existen otras formalidades que deben ser cumplidas, a saber, el escrito de interposición debe estar autenticado y contener una determinación explícita de la normativa impugnada, debidamente fundamentada, con cita concreta de los componentes del bloque de constitucionalidad que se consideren infringidos (artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Debe, además, acreditarse las condiciones de legitimación (poderes y certificaciones), procederse al pago del timbre del Colegio de Abogados y aportarse certificación literal del escrito en el que se invocó la inconstitucionalidad de las normas impugnadas en el asunto base (artículo 79 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional).\n\nII.- SOBRE LA NECESARIA FUNDAMENTACIÓN DEL ESCRITO EN EL QUE SE FORMULE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en su artículo 3, dispone que “Se tendrá por infringida la Constitución Política cuando ello resulte de la confrontación del texto de la norma o acto cuestionado, de sus efectos, o de su interpretación o aplicación por las autoridades públicas, con las normas y principios constitucionales”. Por su parte, el artículo 78 eiusdem exige que, en el “escrito en que se interponga la acción”, se expongan “sus fundamentos en forma clara y precisa”. De esta forma, para que este Tribunal tenga por configurada la infracción y pueda declarar la inconstitucionalidad de la norma o acto impugnado, con la consecuente anulación y expulsión del ordenamiento jurídico, quien promueva una acción de inconstitucionalidad tiene la carga de demostrar cómo esa disposición infringe el Derecho de la Constitución y, además, debe indicar por qué debe estimarse la demanda. Esto es denominado por esta Sala como la carga de la argumentación, es decir, que “una norma que facialmente (sic) sea contraria a la Constitución, vuelca la carga de la argumentación a quienes sostengan que en realidad no hay conflicto entre esa norma y la Constitución Política; lo contrario sucede si se acciona contra una norma que en primer examen no parece contraria a la Constitución, en cuya hipótesis es el accionante el que debe avanzar con los argumentos que convenzan acerca de la inconstitucionalidad” (véase la sentencia nro. 0184-95 de las 16:30 horas del 10 de enero de 1995). En una sentencia posterior, esta Sala expuso, en cuanto a la falta de exposición de los argumentos de inconstitucionalidad en materia de acciones de inconstitucionalidad, lo siguiente:\n\n“La acción de inconstitucionalidad se interpone con el argumento de que el Decreto Ejecutivo impugnado es nocivo, lesiona e infringe los derechos fundamentales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho a la salud y a los compromisos internacionales suscritos con el Protocolo de Kyoto. Pese a la oportunidad otorgada a los accionantes, se confirma lo que indica la Procuraduría General de la República, de que no existe un análisis concreto de las disposiciones del Decreto Ejecutivo impugnado que se consideran inconstitucionales, sino que el mismo se limita a establecer discrepancias de forma genérica y en abstracto contra la totalidad del Reglamento, más aún contra toda actividad que desempeñan los ingenios Azucareros y Haciendas, pues sostienen que causan inconvenientes en la calidad de vida y en la salud de los habitantes circunvecinos, sin concretar qué argumentos de constitucionalidad se deben tomar en cuenta en contra de cada una de las disposiciones o grupos del normas del Reglamento impugnado. […] El párrafo primero del artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece la obligación de autenticar los escritos de interposición de acciones de inconstitucionalidad, toda vez que se estima necesario que existan argumentos esgrimidos por un profesional en Derecho, que no descarta este Tribunal responda a un serio estudio del fondo técnico y científico de una determinada materia, dada la diversidad y universalidad de las normas del ordenamiento jurídico. A diferencia de los procesos de garantías, es decir, los recursos de hábeas corpus y de amparo, que los puede interponer directamente cualquier interesado ante la jurisdicción constitucional en defensa de sus derechos fundamentales, generalmente contra actos u omisiones que le lesionan en su esfera particular (aunque no siempre como en los casos ambientales), en los procesos de defensa de la Constitución Política (como la acción de inconstitucionalidad), el legislador confió al abogado autenticante una labor cuya exigencia es aún mayor, si se quiere más elaborada y exhaustiva que debe plasmar en el libelo de interposición en razón de su oficio profesional, para demostrar al Tribunal la lesión a la norma constitucional por parte de una norma de menor rango, socavando el principio de supremacía constitucional contenida en el artículo 10 de la Constitución Política. Precisamente la elaboración material y formal de la Ley, así como de las demás disposiciones secundarias, suponen un proceso sumamente costoso para el Estado, en la que de muchas maneras para su elaboración ha participado la sociedad civil organizada a favor o en contra, y cuyos procedimientos de formación, aprobación y promulgación no debe analizarse a la ligera. En este sentido, debe reconocer esta Sala que existe un reducido espacio para este Tribunal para socorrer las ausencias manifiestas de los profesionales en derecho que autentican los escritos en esta jurisdicción constitucional, sin exponer la imparcialidad y análisis que se debe a cada una de las acciones de inconstitucionalidad.” (sentencia nro. 2012-05285 de 15:03 horas de 25 de abril de 2012).\n\nEn sentencia nro. 2013-016944 de las 14:30 horas del 18 de diciembre de 2013, esta Sala hizo expresa referencia a la exigencia de debida fundamentación del escrito de interposición –como requisito esencial de admisibilidad de la acción, a tenor de lo dispuesto el mencionado ordinal 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional– en los siguientes términos: \n\n“II.- INADMISIBILIDAD POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN. De conformidad con el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el escrito en que se interponga la acción de inconstitucionalidad, se deberán exponer los fundamentos en forma clara y precisa, con cita concreta de las normas o principios que se consideren infringidos. Dicho requisito no se traduce en una mera formalidad, sino en un requisito esencial de admisibilidad, pues en virtud del principio pro sentencia –desarrollado en otras ocasiones por esta Sala- según el cual, los requisitos de admisibilidad deben interpretarse en sentido favorable a la acción, además, el Derecho Constitucional es de orden público preferente y en garantía de su supremacía y vigencia hay un interés público en virtud del cual los obstáculos para la admisión y resolución de fondo de una acción, deben interpretarse y aplicarse restrictivamente. Así las cosas, todas las normas procesales deben ser interpretadas y aplicadas de manera tal que se obtenga el dictado de la sentencia, lo anterior, no solo facilita la administración de la justicia, sino que además, evita que se impongan obstáculos para no alcanzarla (ver en igual sentido, las sentencias números 93-5175, 3041-97, 01-06, 2874-06, 1622-08 y 2887-08). En consecuencia, la falta de fundamentación de la acción, impide el dictado de una sentencia debidamente motivada y congruente con lo pretendido. Asimismo, resulta improcedente que esta Sala se pronuncie por el fondo de normas cuestionadas en una acción, cuando el que acciona no fundamenta las razones por las cuales impugna, toda vez, que ello implicaría efectuar un control constitucional en abstracto a manera de ejercicio académico, lo que no es compatible con la finalidad de un proceso de esta naturaleza.”\n\nFinalmente, en el voto nro. 2020-000319 de las 12:15 horas del 8 de enero de 2020, este Tribunal reiteró que:\n\n“(…) dado el formalismo dispuesto legalmente para los procesos de control de constitucionalidad... la carga argumentativa en el trámite de una acción de inconstitucionalidad recae en el accionante, quien debe explicar, sin ambages, la contradicción existente entre una normativa infraconstitucional y el bloque de constitucionalidad, así como la legitimación que le asiste”. \n\nIII.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA PRESENTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. En la especie, el propio accionante aduce que esta “acción se presenta en estricto cumplimiento y subsanación de la Resolución Nº 2026012150 (Expediente 26-009539-0007-CO, de las 9:20 horas del 8 de abril de 2026), que rechazó de plano la gestión anterior por falta de legitimación en intereses colectivos y falta de fundamentación (artículos 75 y 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional)”. En la citada resolución nro. 2026-012150, este Tribunal, por voto de mayoría, estimó que:\n\n“I.- Sobre la falta de legitimación por intereses colectivos. El accionante se apersona de forma directa ante este Tribunal, basando su legitimación para actuar en su condición de persona afrodescendiente, residente en Limón, y afectado directamente por la discriminación territorial histórica en Talamanca y Cocles. Refiere que la acción defiende derechos colectivos de su comunidad étnica, marginada en el acceso a tierras ancestrales, pese al reconocimiento estatal como pueblo tribal.\n\nAl respecto procede indicar, que este Tribunal se ha referido a la legitimación por interés colectivo, en el siguiente sentido:\n\n“(…) III.- Sobre los intereses corporativos. Como segundo motivo de legitimación, el accionante aduce la defensa de intereses colectivos, situación contemplada en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. La norma dispone: “…[N]o será necesario el caso previo pendiente de resolución cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos, o que atañen a la colectividad en su conjunto…”. Al respecto, es oportuno señalar que la Sala ha precisado que a través de la expresión \"intereses que atañen a la colectividad en su conjunto\", el legislador quiso referirse a la legitimación que ostenta una entidad corporativa, cuando actúa por intermedio de sus representantes en defensa de los derechos e intereses de las personas que conforman su base asociativa y siempre y cuando se trate del cuestionamiento de normas o disposiciones que incidan en aquel núcleo de derechos o intereses que constituye la razón de ser y el factor aglutinante de la agrupación. A partir de la sentencia 2006-9170 de las dieciséis horas treinta y seis minutos del veintiocho de junio del dos mil seis, este Tribunal retomó un criterio anterior, según el cual los entes corporativos están autorizados para solicitar en forma directa la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma, cuando ésta afecte directamente la esfera de acción del ente y de sus integrantes, sin que tenga relevancia que la norma sea susceptible de afectar en forma directa los derechos de los agremiados. En este caso, sin embargo, esta tesis no es de aplicación, porque el accionante no acude en representación de una organización que por su naturaleza o fines, o cuyos asociados, puedan verse afectados por el Acuerdo cuestionado. Por otra parte, el accionante no puede arrogarse sin más la representación de hecho de ninguna persona u organización profesional”. (Voto n° 2014-020446 de las 09:30 horas del 17 de diciembre de 2014).\n\nCon base en el criterio precitado, el accionante no se encuentra legitimado para interponer esta acción en defensa de intereses colectivos de determinadas organizaciones o de un grupo determinado de personas que forman parte de una agrupación, dado que que el actor no acude en representación de alguna colectividad formalmente organizada e identificada, de la cual ostente la representación legal, por lo que se encuentra imposibilitado para actuar en defensa de intereses corporativos.\n\nIncluso, aun tratándose de una organización colectiva, no basta como legitimación su mera constitución para esos efectos:\n\n“III.- Sobre la legitimación del accionante en este proceso. El aquí gestionante plantea esta acción en representación de la Asociación Vecinos Unidos por la Paz y la Justicia de Cocles, pues indica que entre sus fines está la protección de los derechos y los intereses de los habitantes de Cocles cuando hayan sido afectados por sentencias judiciales y por actos administrativos, lo cual demuestra con la personería jurídica aportada. Para tales efectos, invoca la existencia de intereses corporativos, para acudir en defensa de los grupos étnicos afrodescendientes costarricenses, por una situación relativa al establecimiento de límites de su territorio que, según indica, afecta su derecho de propiedad, por los límites demarcados por el Estado para la reserva indígena Kekoldi (Cocles); e invoca para tales efectos, el derecho de consulta que como “Pueblo Tribal” reconoce el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, n.° 169. Sin embargo, la asociación accionante abarca, por su propia denominación, a cualquier habitante de Cocles, población que no configura necesariamente al pueblo autóctono afrodescendiente con el arraigo requerido, ni demostró que sus fines sean propiamente la defensa del pueblo afrodescendiente autóctono. Debe advertirse que el concepto de “Pueblo” tutelado en el ámbito internacional, alude a aquel que comparte identidad étnica, cultural, idiomática o religiosa, mientras que población es un grupo de personas que con independencia de esas condiciones de identidad simplemente cohabitan en un territorio determinado. Bajo esa tesis, si la asociación pretende legitimarse bajo los derechos de un “Pueblo Tribal”, debe, primeramente, demostrar que su fin es precisamente ese y no la defensa genérica de toda la población, así como acreditar previamente las condiciones étnicas y culturales de sus agremiados en una zona determinada y su arraigo a ese lugar para exigir tal consulta, lo que no es propio de ser dilucidado y verificado vía acción de inconstitucionalidad, sino en la vía contenciosa, donde pueda dirimirse en un proceso contradictorio, con mayor claridad y prueba, tal condición de identidad y la delimitación que pretende el accionante sea revisada por esta jurisdicción, con base en la literatura histórica aportada y de un perito que ofrece. Sin duda alguna, otros pueblos tribales tienen iguales derechos que los pueblos indígenas a rescatar sus territorios y a defender sus derechos autóctonos. Tales reivindicaciones son apremiantes y legítimas, por ello deben estar claramente determinados y delimitados tales “Pueblos” por parte de las autoridades competentes del Estado, a fin de que puedan exigir sus derechos en esa condición, tal como se ha hecho en el caso de los indígenas y su representatividad. Es por ello que, en el sub examine tal condición debe ser acreditada certeramente y la acción de inconstitucionalidad no es el medio idóneo para ello. En relación con la mera delimitación territorial, la asociación sí podría estar legitimada en este proceso, en términos generales, para alegar la violación del derecho de propiedad de sus asociados como habitantes de Cocles. Sin embargo, aún en ese supuesto y tratándose de población indígena, este Tribunal ha determinado que este proceso tampoco es la vía idónea apropiada para resolver tal reclamo”. (Sentencia nro. 2020-24182, de las 9:30 horas del 16 de diciembre de 2020)\n\nDe otro lado, en sentencia nro. 2023-14238, de las 13:15 horas del 14 de junio de 2023, esta Sala indicó:\n\n“II.- En el caso concreto, la Asociación accionante cuestiona la constitucionalidad de la normativa impugnada, mencionando que se legitimidad proviene de la defensa de intereses colectivos. Ahora bien, esta Sala ha rechazado la posibilidad de que representantes de determinadas organizaciones indígenas se arroguen la representación de la totalidad de las personas indígenas del país. Así lo dispuso en las sentencia n°s 2022-14850 de las 8:40 del 29 de junio de 2022 y 2023-01018 de las 11:20 horas del 18 de enero de 2023, en las cuales señaló que las organizaciones territoriales carecen de legitimación para interponer una acción de inconstitucionalidad como la que está en estudio. No es posible que personas que forman parte de grupos indígenas que habitan en un determinado territorio, se arroguen la representación de la totalidad de las personas indígenas del país. De esta forma, la Sala considera que la acción debe rechazarse, como en efecto se hace”.\n\nPor consiguiente, se rechaza la legitimación del accionante en ese sentido.\n\nII.- Sobre la inadmisibilidad de la acción por falta de fundamentación. … \n\n(…) \n\nEn el sub examine el accionante indica que interpone esta acción contra los Decretos Ejecutivos nros. 25296-G del 24 de junio de 1996 y 29956-G del 22 de marzo de 2001, que delimitaron la Reserva Indígena Bribrí de Këköldi excluyendo áreas costeras ancestrales (aprox. 1.200 hectáreas), sin considerar la presencia histórica y derechos tribales de afrodescendientes en Cocles y Talamanca, generando un trato desigual al priorizar los derechos de personas indígenas Bribri sobre reclamos afrodescendientes equivalentes, perpetuando una discriminación estructural. Sin embargo, únicamente realiza una serie de apreciaciones genéricas sobre la inconstitucionalidad alegada: “1. Violación al artículo 33 Constitución Política (igualdad y no discriminación): Los Decretos crean distinción basada en origen étnico sin justificación objetiva. 2. Violación al Convenio 107 OIT (vigente al momento): Protege derechos territoriales de pueblos tribales sin discriminación (artículos 11-14). 3. Violación al Convenio 169 OIT: Aplica a pueblos tribales afrodescendientes (artículo 1); exige consulta y tierras tradicionales (artículos 6, 13-17). 4. Violación a tratados contra discriminación racial (Convenciones Internacional e Interamericana): Prohíben exclusiones étnicas que menoscaban derechos territoriales. 5. Precedente Sala Constitucional (Res. Nº 06229-1999): Anula actos discriminatorios territoriales y ordena reparaciones”. Adviértase que el accionante en ningún momento realiza un desarrollo claro, preciso y suficiente del contenido de cada una de la normativa impugnada, de forma debidamente individualizada, ni tampoco desarrolla el contenido y alcances de las componentes del bloque de constitucionalidad que considera infringidos por tales disposiciones normativas, a fin de relacionarlos y contraponerlos entre sí. En definitiva, no existe una argumentación clara, precisa y suficiente sobre los agravios y fundamentos de la alegada infracción al Derecho de la Constitución, por lo que no puede estimarse que la acción esté debidamente fundamentada.\n\nPor lo demás, aunque se podría prevenir a la accionante que subsane el cumplimiento de tal requisito, en el sub judice, dicho trámite se considera ocioso, no solo porque supone volver a elaborar la acción, sino, también, porque el artículo 9, párrafo 1º, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala para rechazar de plano cualquier gestión “manifiestamente improcedente o infundada”, como ocurre en el presente caso.\n\nEn virtud de lo expuesto, procede rechazar de plano la acción.”\n\nEn cuyo caso, de la lectura del escrito de interposición correspondiente a esta nueva acción, concluye este Tribunal que este también carece de una adecuada fundamentación y sustanciación, tanto en lo relativo al eventual sustento de legitimación como respecto a los reproches de fondo. \n\nEn lo atinente el tema de la legitimación, el accionante hace referencia –en primer lugar– a un interés personal y directo, pero lo cierto es que no menciona o acredita la existencia de un asunto previo pendiente de resolver, en la que se haya invocado debidamente la inconstitucionalidad de los decretos impugnados, como medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado en ese asunto principal, conforme lo exigido en el párrafo primero del artículo 75 y en el numeral 79, ambos de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Sobre este tema, es importante reiterar que esta Sala ha precisado que la parte accionante, “además de fundamentar adecuadamente la legitimación que le asiste, … debe acreditar las condiciones en que dicha legitimación se sustenta”, así como que la acción de inconstitucionalidad “en nuestro sistema jurídico tiene naturaleza eminentemente incidental y no constituye una vía abierta para impugnar, en abstracto, disposiciones normativas por la sola circunstancia de que puedan afectar eventualmente la esfera jurídica de una persona. En este sentido, la sola invocación de un interés personal o de una afectación derivada de la aplicación general del ordenamiento no sustituye la obligación de acreditar que existe un proceso previo en trámite donde la norma cuestionada debe aplicarse, ni encuadra por sí misma en los supuestos restringidos de legitimación directa…” (voto nro. 2026-007051 de las 10:30 horas del 25 de febrero de 2026). En segundo lugar, el accionante hace referencia –de forma conjunta y confusa– a la defensa de “intereses difusos y colectivos”, sin que se distinga adecuadamente entre ambos supuestos de legitimación. No se realiza mayor desarrollo argumentativo, debidamente individualizado, sobre una eventual configuración de intereses difusos. Mientras que, respecto a la defensa de intereses colectivos, en el voto nro. 2026-012150, previamente transcrito, ya se explicó que no se cumple tal supuesto de legitimación en la especie. \n\nEn cuanto a los reproches de fondo, además que el accionante se limita nuevamente a realizar una lacónica enunciación sobre la presunta infracción de distintas normas constitucionales e internacionales, lo cierto es que la argumentación contenida en el escrito de interposición resulta confusa, ambigua y contradictoria. El accionante aduce –en lo que interesa– que la “exclusión de áreas costeras ancestrales por los Decretos impugnados me afecta directamente en mi condición de miembro de la comunidad afrodescendiente cuyo acceso a tierras tradicionales ha sido estructuralmente marginado”. Menciona una afectación al “pueblo tribal afrodescendiente costarricense”, por la “delimitación de reservas indígenas que ignora y excluye territorios ancestrales de otro pueblo tribal reconocido por el propio Estado”. Luego hace alusión a “la población afrocostarricense como pueblo tribal, con características propias de organización social, cultura, cosmovisión y relación particular con la tierra y territorios ocupados por sus antepasados desde los siglos XVI y XVII”, así como a los “derechos territoriales ancestrales de dicho pueblo, incluyendo la zona costera de Cocles y Talamanca históricamente ocupada y utilizada por comunidades afrodescendientes”. Después señala que la “Reserva Indígena Bribrí de Cocles (posteriormente denominada Këköldi) fue inicialmente delimitada por Decreto Ejecutivo Nº 7267-G de 1977 y confirmada por la Ley Indígena Nº 6172” y los “Decretos impugnados modificaron sustancialmente esos límites”. En cuanto al Decreto Ejecutivo N° 25296-G, apunta que en los “Considerandos 2° y 3° expresamente justifica la exclusión de la zona costera cercana a la desembocadura del Río Cocles porque \"no ha sido habitada por indígenas en los últimos doscientos años\" y porque la parte sureste corresponde a asentamientos del IDA ocupados por población campesina no indígena”, que el “Artículo 2° establece una nueva delimitación mediante coordenadas específicas que excluye aproximadamente 1.200 hectáreas de áreas costeras ancestrales”, y se “compensa con inclusión de otras tierras boscosas al oeste y sur, pero sin considerar ni consultar a la población afrodescendiente presente históricamente en las zonas excluidas”. Respecto del Decreto Ejecutivo Nº 29956-G, lo que indica es que modifica “nuevamente el artículo 2 del Decreto 25296-G para incluir un área en el sector noroeste (entre nacientes de los Ríos Carbón \"Uno\" y \"Dos\") por razones de protección hídrica y conectividad indígena”, pero “No subsana la exclusión previa de las áreas costeras ancestrales afrodescendientes…”. Continúa que existe “evidencia irrefutable de la presencia temprana y continua de población afrodescendiente en el territorio costero y de Talamanca que posteriormente fue objeto de exclusión por los Decretos impugnados”. Cuestiona que los “Decretos impugnados, al fundamentar la exclusión territorial en la ausencia de \"habitación indígena\" durante dos siglos, privilegian exclusivamente la narrativa histórica de un grupo étnico sobre otra, ignorando y borrando la presencia y derechos ancestrales del pueblo tribal afrodescendiente”. Añade que los “Considerandos 2° y 3° del Decreto 25296-G establecen una distinción expresa basada en origen étnico: se excluyen tierras porque \"no ha sido habitada por indígenas en los últimos doscientos años\". Esta justificación normativa crea una categoría privilegiada (presencia indígena histórica) y una excluida (presencia afrodescendiente histórica en las mismas zonas costeras), sin justificación objetiva ni proporcional.” Insiste que los decretos impugnados “excluyen territorios ancestrales sin aplicar el régimen de protección”. Nuevamente alega que la “delimitación… excluye áreas costeras ancestrales afrodescendientes”. Luego expone que los “Decretos impugnados” realizan “la exclusión territorial en criterios étnicos diferenciados (\"habitación indígena vs. no indígena\")”. En el apartado correspondiente a prueba, alega que existe “Documentación histórica, cartográfica y antropológica que acredita la presencia ancestral afrodescendiente en las áreas costeras de Cocles y Talamanca excluidas por los Decretos…”. Finalmente, en su petitoria, el accionante pide expresamente que se declaren “inconstitucionales los Decretos Ejecutivos Nº 25296-G y Nº 29956-G en las partes que excluyen territorios ancestrales afrodescendientes” y que se ordene al “Estado la identificación, delimitación y titulación de las tierras ancestrales afrodescendientes en las zonas costeras de Cocles y Talamanca excluidas”. \n\nDe esta forma, de la lectura de tales afirmaciones, se deduce que el accionante afirma que los decretos ejecutivos nro. 25296-G y nro. 29956-G, que modificaron los límites de la actual Reserva Indígena Bribrí de Këköldi, omitieron incluir –dentro de los límites de la mencionada reserva indígena– zonas costeras de Cocles y Talamanca que –según afirma el accionante– corresponden a “áreas costeras ancestrales afrodescendientes”. En cuyo caso, el accionante no aclara ni justifica debidamente qué perjuicio directo y efectivo se genera al mencionado pueblo tribal afrodescendiente por el presunto hecho de no incluir áreas históricamente ocupados por dicho grupo dentro de los límites de una reserva indígena, que justamente correspondería –según indica el propio accionante– a territorios habitados por un grupo étnico distinto, ni tampoco se aclara y justifica debidamente qué beneficio se generaría para el pueblo tribal afrodescendiente que las áreas históricamente ocupados por dicho grupo –conforme alega el accionante– sí sean incluidas dentro de los límites de la Reserva Indígena Bribrí de Këköldi. Por lo que no se verifica una línea argumentativa precisa, clara y debidamente circunstanciada. \n\nPor lo demás, aunque se podría prevenir al accionante que subsane el cumplimiento de tales requisitos, en la especie, dicho trámite se considera ocioso, no solo porque supone volver a elaborar la acción, sino, también, porque el artículo 9, párrafo 1º, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala para rechazar de plano cualquier gestión \"manifiestamente improcedente o infundada\", como ocurre en el presente caso.\n\nIV.- Agréguese a lo anterior, que esta Sala ya ha resuelto que, en principio, no le corresponde revisar, mediante una acción de inconstitucionalidad, sobre la debida delimitación territorial de las reservas indígenas. Este Tribunal ha resuelto: \n\n“IV.- A lo que se añade que esta Sala ha señalado que, mediante una acción de inconstitucionalidad, no procede revisar la debida delimitación territorial de las reservas indígenas. Recientemente, en sentencia nro. 2020-024182 de las 9:30 horas del 16 de diciembre de 2020, esta Sala señaló que:\n\n“En relación con la mera delimitación territorial, la asociación sí podría estar legitimada en este proceso, en términos generales, para alegar la violación del derecho de propiedad de sus asociados como habitantes de Cocles. Sin embargo, aún en ese supuesto y tratándose de población indígena, este Tribunal ha determinado que este proceso tampoco es la vía idónea apropiada para resolver tal reclamo:\n\n“III.- Pretenden los promoventes que la Sala reconozca y fije los límites del territorio Salitre, aduciendo que el Decreto impugnado (#13571-G) determinó una reducción de cabida contraria a lo establecido en el artículo 1° de la Ley Indígena y a las dimensiones fijadas en el Decreto #34 de 1957. Sin embargo, lo que indica el primer artículo de la Ley Indígena es lo siguiente: \n\n“Artículo 1.- Son indígenas las personas que constituyen grupos étnicos descendientes directos de las civilizaciones precolombinas y que conservan su propia identidad.\n\nSe declaran reservas indígenas las establecidas en los decretos ejecutivos números 5904-G del 10 de abril de 1976, 6036-G del 12 de junio de 1976, 6037-G del 15 de junio de 1976, 7267-G y 7268-G del 20 de agosto de 1977, así como la Reserva Indígena Guaymí de Burica (Guaymí).\n\nLos límites fijados a las reservas, en los citados decretos, no podrán ser variados disminuyendo la cabida de aquéllas, sino mediante ley expresa.”\n\nAhora bien, en los Decretos citados en el artículo transcrito lo que se establece son las Reservas Indígenas Chirripó, Guaymi de Coto Brus, La Estrella y Talamanca (#5904-G); se reforma los límites de las Reservas Indígenas Chirripó, Guaymi de Coto Brus, La Estrella y Talamanca y establece la Reserva de Telire (#6036-G); se extiende a las Reservas Indígenas Boruca y Ujarrás Salitre Cabagra las disposiciones del Decreto #5904 (#6037-G); se cambia el nombre de la Reserva Indígena de Río Peje de Pacuare a Reserva Indígena de Nimari-Bukeri y se establece la Reserva Indígena de Cocles (Actualmente Reserva Indígena Bribrí de Keköldi (Cocles)) (#7267-G); y se establece las Reservas Indígenas de Sibuju Norte, de Chase y de Alto Pacuare (#7268-G). De los anteriores decretos, el relacionado con el territorio que interesa a los promoventes es el #6037-G. En él se reconoce la existencia de problemas de tenencia de la tierra y la responsabilidad del Estado en su solución, pero no se definen límites espaciales específicos.\n\nIV.- Por otra parte, el Decreto Ejecutivo #13571, que se señala como inconstitucional, ciertamente modifica el Decreto #34 del 15 de noviembre de 1956, donde se estableció la reserva indígena conocida como reserva Ujarrás-Salitre-Cabagra. Por problemas prácticos y de índole legal –según los considerandos del Decreto #13571–, así como a petición de las tres comunidades involucradas, procede a dividir la reserva del Decreto #34 de 1956 en tres reservas con las denominaciones oficiales: reserva indígena cabécar de Ujarrás, reserva indígena Bribri de Salitre y reserva indígena Bribri de Cabagra. Sus límites oficiales se definieron en los artículos 2, 3 y 4 del Decreto. El Decreto #34, del 15 de noviembre de 1956, que los accionantes señalan como violentado por el Decreto #13571 y protegido por el artículo 1° de la Ley Indígena, lo que hacía, por su parte, era declarar y demarcar una serie de zonas concretas como Reservas Indígenas. Sin embargo, dicho Decreto #34 (así como el #45 de diciembre de 1945 citado por los promoventes) fue derogado expresamente por el artículo 29 de la Ley #5251 del 11 de julio de 1973 (Ley de Creación de Comisión Nacional de Asuntos Indígenas), varios años antes de dictarse el artículo 1° de la Ley Indígena, #6172 del 29 de noviembre de 1977, en los siguientes términos:\n\n“Artículo 29.- Deróganse los decretos Ejecutivos Nos. 45 de 3 de diciembre de 1945, 34 de 15 de noviembre de 1956 y 34 de 17 de octubre de 1968, así como el Decreto-Ley Nº 346 de 14 de enero de 1949 y la ley Nº4732 de 10 de marzo de 1971.”\n\nPor ello, además de resultar, a priori, un ejercicio de contrastación de una norma infralegal con una ley, no la confrontación con los parámetros propios de las cuestiones de constitucionalidad; formalmente no resulta aplicable al caso la prohibición de disminución de cabida que estipula el artículo 1° de la Ley #6172. La acción, consecuentemente, es inadmisible en relación con este extremo.\n\nV.- Sobre el argumento de los actores según el cual en la sentencia de amparo de la Sala #2012-2539 se validó el reclamo que se externa aquí, se transcribe de seguido la parte considerativa de esa sentencia:\n\n“I.- Los recurrentes reclaman la violación de sus derechos fundamentales, por la omisión injustificada de las autoridades del Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, de la Procuraduría General de la República, del Ministerio de Cultura y Juventud y del Ministerio de Bienestar Social y Familia, de tomar las medidas necesarias y ejecutar las acciones pertinentes para emitir, con la mayor celeridad posible, un Decreto Ejecutivo en que se rectifiquen los linderos de la Reserva Indígena Matambú, debido a la existencia de un error en la determinación, que fijó dos puntos no coincidentes cartográficamente. En este sentido, acusan que las autoridades accionadas se niegan a emitir ese Decreto, pese a las múltiples gestiones que han formulado con ese fin. Esta situación, según los actores es ilegítima y lesiona el Derecho de la Constitución.\n\nII.- El Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, con recargo de Ministro de Bienestar Social y Familia, Fernando Marín Rojas, en su informe (que es dado bajo la solemnidad del juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional) ha señalado que una vez que se le notificó la interposición de este recurso de amparo, ha tomado las medidas necesarias para emitir, con la mayor celeridad posible, el Decreto Ejecutivo que reclaman los tutelados para rectificar los linderos de la Reserva Matambú. En este orden de ideas, la propuesta del Decreto ha sido enviada a la Oficina de Leyes y Decreto de Casa Presidencial, para el respectivo trámite (ver informe aportado por la autoridad recurrida, que obra en el Sistema Costarricense de Gestión de los Despachos Judiciales, SCGDJ).\n\nIII.- De esta forma, dado que el Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, con recargo de Ministro de Bienestar Social y Familia, en su informe ha prometido tomar las medidas necesarias para emitir, en el menor tiempo posible, la reglamentación que echan de menos los actores con respecto a los linderos de la Reserva Matambú, lo procedente es declarar con lugar el recurso, confiriéndose al recurrido un plazo de seis meses para que dicte la reglamentación correspondiente, de lo cual se deberá informar a la Sala Constitucional.”\n\nNo es aplicable la resolución a lo expuesto por los accionantes, ni puede ser la base de una anulación por inconstitucionalidad del Decreto #13571-G, primero, por el contenido mismo de la resolución, donde fueron determinantes la existencia de un error a rectificar, la necesidad de emisión de un decreto para solventarlo y la constatación de una omisión del Poder Ejecutivo sobre el particular. Además, debe tomarse en cuenta que el caso versa sobre un territorio indígena diferente. Por otra parte, se reitera que resulta extraño a la competencia de la Sala en materia de cuestiones de constitucionalidad, la pretensión de trazar unos límites espaciales concretos.” (Sentencia n.° 2014-3869 de las 14:05 horas del 19 de marzo de 2014).”\n\nPor ende, tampoco procede revisar en esta sede el eventual sustento técnico y fáctico de la debida delimitación de los límites de la reserva, conforme lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo nro. 7267-G del 9 de agosto de 1977. Tema que no es de constitucionalidad, sino que de legalidad, el que debe ser ventilado en la jurisdicción ordinaria correspondiente.” (voto nro. 2022-005033 de las 9:20 horas del 2 de marzo de 2022)\n\nConsideraciones plenamente aplicables a la especie. \n\nV.- EN CONCLUSIÓN. Como corolario de lo anterior, procede rechazar de plano la acción, como así se dispone. \n\nVI.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO RUEDA. Me separo del criterio de la mayoría de este Tribunal y salvo el voto en este asunto, porque considero prematuro el rechazo de plano del sub lite. Ciertamente, la acción de inconstitucionalidad es un proceso “instaurado con el propósito de garantizar la supremacía de la Constitución Política frente a normas u otras disposiciones de carácter general y que por esa misma razón deben cumplirse un conjunto de formalidades, a efecto de que la Sala pueda válidamente conocer el fondo de la impugnación” como reiteradamente ha señalado amplia jurisprudencia de esta Sala. Sin embargo, precisamente, la propia ley que rige esta jurisdicción establece el tratamiento que debe darse a las distintas formalidades y su eventual incumplimiento. En tal sentido, de forma expresa estatuye el numeral 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional: \n\n“Artículo 80.- Si no se llenaren las formalidades a que se refieren los dos artículos anteriores, el Presidente de la Sala señalará por resolución, cuáles son los requisitos omitidos y ordenará cumplirlos dentro de tercero día (…)”\n\nEn el sub examine, entre otros requisitos, justamente se echa de menos una fundamentación adecuada y suficiente, tal como exige el ordinal 78 eiusdem, por lo que resulta inexorable la prevención al accionante con miras a que remedie la omisión detectada. En adición, subrayo que, con base en el principio pro homine, la literalidad de los cánones 78, 79 y 80 de la ley de cita vuelve plausible una hermenéutica de tal índole en beneficio de quienes acuden a esta Sala, de modo que el acceso a la justicia constitucional no resulte limitado de modo innecesario.\n\nVII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. Me separo del criterio de la mayoría de este Tribunal y salvo el voto en este asunto, por considerar que la decisión de rechazar de plano esta acción de inconstitucionalidad es prematura. Es incuestionable que la acción de inconstitucionalidad es un proceso “instaurado con el propósito de garantizar la supremacía de la Constitución Política frente a normas u otras disposiciones de carácter general y que por esa misma razón deben cumplirse un conjunto de formalidades, a los efectos de que la Sala pueda válidamente conocer el fondo de la impugnación”, como se ha señalado en la amplia jurisprudencia de esta Sala. Sin embargo, es precisamente la propia ley la que ordena el tratamiento que debe darse a las distintas formalidades y a su eventual incumplimiento. Así se extrae del texto del artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que señala:\n\nArtículo 80.- Si no se llenaren las formalidades a que se refieren los dos artículos anteriores, el Presidente de la Sala señalará por resolución, cuáles son los requisitos omitidos y ordenará cumplirlos dentro de tercero día (…). \n\nEn este asunto, se propone rechazar de plano la acción porque se incumple con el deber de brindar una adecuada y suficiente fundamentación que justifique la admisibilidad de la acción y respecto de los motivos de inconstitucionalidad que se atribuyen a la normativa impugnada. Desde mi perspectiva resulta de incuestionable aplicación la prevención a la parte accionante para que remedie las omisiones detectadas. De igual forma, cabe señalar que tanto la interpretación de los artículos 78 y 79 como la del propio artículo 80 de la ley que rige esta jurisdicción debe ser amplia en beneficio de quienes acuden a esta Sala, de modo que el acceso a la justicia constitucional no resulte innecesariamente limitado.\n\nVIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe rechaza de plano la acción. El magistrado Cruz Castro consigna nota. El magistrado Rueda Leal salva el voto y ordena hacer la prevención del artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. La magistrada Garro Vargas salva el voto y ordena hacer la prevención del artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\n \n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\n \n\n \n\nPaul Rueda L.\n\n \n\n \n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\n \n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\nExp: 26-020584-0007-CO\n\n \n\nNOTA DEL MAGISTRADO CRUZ CASTRO.- La reserva legal en el cambio de límites de reservas indígenas. La tutela de los derechos e identidad de los pueblos originarios.\n\n \n\nSi bien coincido con este voto que rechaza de plano esta acción, por problemas en la legitimación y la fundamentación. Si bien esta Sala ha indicado que no le corresponde revisar, mediante una acción de inconstitucionalidad, la debida delimitación territorial de las reservas indígenas. He considerado importante consignar la siguiente nota sobre un tema tan relevante.\n\nEn el mismo sentido en que esta Sala ha resuelto sobre la reserva legal en materia de reducción de zonas protegidas, considero que también en materia de reducción de reservas indígenas debe exigirse también la reserva legal.\n\nEn esta acción se indica que dos decretos ejecutivos modificaron los límites de la actual Reserva Indígena Bribrí de Këköldi. Según el accionante, dichos decretos omitieron incluir –dentro de los límites de la mencionada reserva indígena– zonas costeras de Cocles y Talamanca que –según afirma el accionante– corresponden a “áreas costeras ancestrales afrodescendientes”. Aunque el accionante no lo alega, me parece que el tema de la reserva legal es un principio constitucional que resulta necesario tomar en consideración en cambio de límites de reservas indígenas. Es una garantía en la protección de intereses de ciudadanos cuya cultura e historia requieren un ajuste cuidadoso frente a la Constitución y el ordenamiento.\n\nEl principio constitucional de reserva legal ha sido definido como un corolario del principio de legalidad cuyo respeto obliga a que determinadas materias son de regulación exclusiva por ley formal, emanado del Poder Legislativo y por el procedimiento previsto en la Constitución para la emisión de las leyes. Ello por cuanto constitucionalmente se han establecido ciertas materias, que por su trascendencia, para ser reguladas, deben serlo obligatoriamente por medio de una ley. Es una protección frente al Poder Ejecutivo, tan sometido a la volatibilidad de su mandato y el influjo de una diversidad de intereses de los poderes formales y los poderes fácticos. \n\nEn esta nota quisiera plantear la cuestión de la posible aplicación del principio de reserva legal al cambio de límites de las reservas indígenas, de modo tal que este tema tan relevante podría plantearse en una acción de inconstitucionalidad.\n\n \n\n \n\n \n\nFernando Cruz C.\n\nMagistrado\n\n \n\nEXPEDIENTE N° 26-020584-0007-CO \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 /2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 metros sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).", "body_en_text": "1\n\n*CO*\n\nExp: 26-020584-0007-CO\n\nRes. No. 2026-023500\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at 1:17 p.m. on 24 June 2026.\n\nAction of unconstitutionality brought by [Nombre 001], of legal age, single, holder of identity card no. [Valor 001], resident of Barrio Roosevelt, Limón, Costa Rican of African descent, against Executive Decrees No. 25296-G of 24 June 1996 and No. 29956-G of 22 March 2001.\n\nBackground:\n\n1.- In a brief received by this Chamber on 9 June 2026, the applicant brings an action of unconstitutionality, stating:\n\n“This action is filed in strict compliance with and to cure the defects identified in Resolution No. 2026012150 (Case File 26-009539-0007-CO, issued at 9:20 a.m. on 8 April 2026), which summarily rejected the previous filing for lack of standing to assert collective interests and lack of reasoning (Articles 75 and 78 of the Constitutional Jurisdiction Act). This action fully corrects both defects: (i) it is based on the applicant’s direct personal interest and on the diffuse/collective interests of the Afro-descendant tribal people recognized by the State; and (ii) it provides exhaustive, precise reasoning confronting the specific content of each challenged Decree with the body of constitutional law.\n\nLegal basis: Articles 10, 33, 48, 50, and 75 of the Political Constitution; Articles 73 to 81 of the Constitutional Jurisdiction Act (Law No. 7135); ILO Convention 169 (Law No. 7316); ILO Convention 107; the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Law No. 3849); the Inter-American Convention against Racism, Racial Discrimination, and Related Forms of Intolerance (Law No. 9588); Executive Decree No. 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP of 5 May 2022 (confirmation that the Afro-Costa Rican population self-identifies as a tribal people); repeated precedents of this Constitutional Chamber.\n\nI. STANDING TO BRING THE ACTION\n\nDirect personal interest: I, the undersigned, as a Costa Rican of African descent with longstanding family and community roots in the region of Limón, Talamanca, and Cocles, have a legitimate and direct interest in protecting my ancestral territorial rights and my rights to equality and non-discrimination. The exclusion of ancestral coastal areas by the challenged Decrees directly affects me as a member of the Afro-descendant community, whose access to traditional lands has been structurally marginalized.\n\nDiffuse and collective interests (Art. 75, second paragraph, Law 7135): The nature of this matter does not involve a classic individual and direct injury, but rather structural, historical, and collective harm to the Costa Rican Afro-descendant tribal people as a whole, formally recognized by the State through Executive Decree No. 43532-MPMINAE-MCJ-MEP of 2022. The State’s recognition of its status as a tribal people (Art. 1 of ILO Convention 169) gives rise to a diffuse and collective interest that may be protected directly before this jurisdiction, without a prior case, pursuant to the second paragraph of Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Act. The demarcation of Indigenous reserves that disregards and excludes ancestral territories of another tribal people recognized by the State itself is a matter that concerns the community as a whole and the integrity of the constitutional order of equality and non-discrimination on ethnic grounds.\n\nState recognition of the collective: Decree 43532-2022 confirms the Afro-Costa Rican population’s self-identification as a tribal people, with its own characteristics of social organization, culture, worldview, and particular relationship with the land and territories occupied by its ancestors since the 16th and 17th centuries. This State act binds the legal system and enables collective protection of that people’s ancestral territorial rights, including the coastal area of Cocles and Talamanca historically occupied and used by Afro-descendant communities.\n\nII. RELEVANT FACTS\n\nFIRST. Original demarcation and challenged amendments. The Bribrí Indigenous Reserve of Cocles (later called Këköldi) was initially demarcated by Executive Decree No. 7267-G of 1977 and confirmed by the Indigenous Act No. 6172. The challenged Decrees substantially modified those boundaries:\n\na) Executive Decree No. 25296-G of 24 June 1996 (published in La Gaceta):\n\n Recitals 2 and 3 expressly justify excluding the coastal area near the mouth of the Río Cocles because it “has not been inhabited by Indigenous people in the last two hundred years” and because the southeastern part corresponds to IDA settlements occupied by non-Indigenous farming communities.\n\n Article 2 establishes a new demarcation using specific coordinates that excludes approximately 1,200 hectares of ancestral coastal areas.\n\n Other forested lands to the west and south are included as compensation, but without considering or consulting the Afro-descendant population historically present in the excluded areas.\n\nb) Executive Decree No. 29956-G of 22 March 2001:\n\n It again amends Article 2 of Decree 25296-G to include an area in the northwest sector (between the headwaters of the Carbón “Uno” and “Dos” Rivers) for reasons of water protection and Indigenous connectivity.\n\n It does not remedy the prior exclusion of ancestral Afro-descendant coastal areas or consult that collective.\n\nSECOND. Historical Afro-descendant presence in the excluded areas—Concrete evidence from 1710. The Afro-descendant communities of Cocles, Talamanca, and the southern Caribbean coastal strip (including Cahuita) have documented historical presence, now archaeologically confirmed, dating from the early 18th century. Specifically, on 2 March 1710, two Danish slave ships—the Fredericus IV and the Christianus V—carrying more than 650 enslaved African people bound for the island of Saint Thomas, were wrecked off the coast of Cahuita (now Cahuita National Park). After the shipwreck, a significant number of these people escaped and went into the forests toward upper Talamanca, while others were later recaptured in the Matina region. This historical event, recently confirmed by underwater archaeological discoveries in 2025, constitutes irrefutable evidence of the early and continuous presence of Afro-descendant people in the coastal and Talamanca territory later excluded by the challenged Decrees. Their ancestral forms of occupation, use, and relationship with the territory (fishing, subsistence farming, and family settlements) constitute traditional territorial rights protected by ILO Convention 169 and the body of constitutional law. Through Decree 43532-2022, the Costa Rican State has expressly recognized this status as a tribal people with a “worldview that determines its particular relationship with the land and with territories it occupies and that have been inhabited by its ancestors.”\n\nTHIRD. Structural discrimination. By basing the territorial exclusion on the absence of “Indigenous habitation” for two centuries, the challenged Decrees privilege the historical narrative of one ethnic group over another, ignoring and erasing the presence and ancestral rights of the Afro-descendant tribal people. This distinction based on ethnic origin, without objective justification or consultation with the affected collective, perpetuates a historical pattern of territorial marginalization and structural discrimination against Afro-descendant communities in the Costa Rican Caribbean.\n\nIII. LEGAL GROUNDS—DETAILED ANALYSIS\n\nAn action of unconstitutionality requires a precise showing of how the specific content of the challenged provision violates the Law of the Constitution. The detailed analysis follows:\n\nFIRST. Violation of Article 33 of the Political Constitution (equality before the law and prohibition of discrimination).\n\nRecitals 2 and 3 of Decree 25296-G establish an express distinction based on ethnic origin: lands are excluded because they “have not been inhabited by Indigenous people in the last two hundred years.” This regulatory justification creates a privileged category (historical Indigenous presence) and an excluded one (historical Afro-descendant presence in the same coastal areas), without objective or proportionate justification. The principle of equality (Art. 33 of the Political Constitution) prohibits differential treatment based on ethnic origin that lacks reasonable grounds and disadvantages a historically marginalized group. The failure to consult and consider the Afro-descendant tribal people in the demarcation reinforces structural discrimination.\n\nSECOND. Violation of ILO Convention 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples (Law No. 7316)—Articles 1, 2, 6, 13, 14, and 15.\n\na) Article 1: It defines tribal peoples as those distinguished from other segments of the national population by their social, cultural, and economic conditions, and whose institutions are governed, wholly or in part, by their own customs or traditions. Decree 435322022 expressly recognizes that the Afro-Costa Rican population meets these characteristics and has a “particular relationship with the land and territories they occupy and that have been inhabited by their ancestors.” The challenged Decrees disregard this status and exclude ancestral territories without applying the protection regime.\n\nb) Article 2: It requires governments to develop coordinated and systematic action to protect these peoples’ rights and ensure respect for their integrity. Excluding territory without consulting or considering the Afro-descendant collective violates this duty of protection.\n\nc) Article 6: It requires prior, free, and informed consultation with the peoples concerned through appropriate procedures whenever legislative or administrative measures that may directly affect them are contemplated. Decrees 25296-G and 29956-G were issued without any consultation with the Afro-descendant tribal people of Cocles and Talamanca, despite directly affecting their ancestral territories.\n\nArticles 13 and 14: They recognize Indigenous and tribal peoples’ right to ownership and possession of the lands they traditionally occupy and require governments to take measures to identify traditional lands and ensure their protection. Demarcation that excludes ancestral Afro-descendant coastal areas without identifying or protecting those territories directly violates these requirements.\n\nTHIRD. Violation of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Law No. 3849) and the Inter-American Convention against Racism (Law No. 9588).\n\nThese conventions prohibit any distinction, exclusion, or restriction based on ethnic or racial origin that has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment, or exercise of human rights. By basing territorial exclusion on differentiated ethnic criteria (“Indigenous vs. non-Indigenous habitation”) and omitting any consideration of the ancestral rights of the Afro-descendant tribal people, the challenged Decrees cause structural impairment of that collective’s rights to land, territory, and equality, constituting prohibited racial discrimination.\n\nFOURTH. Violation of the principle of constitutional supremacy (Art. 10 of the Political Constitution) and the body of conventional law.\n\nAs lower-ranking rules, the challenged Decrees must conform to the body of constitutional law formed by the Constitution, ratified human rights treaties (ILO 169, anti-discrimination conventions), and general principles of law. Discriminatory territorial exclusion undermines the supremacy of these instruments and the principle of substantive equality that the Costa Rican State has undertaken to guarantee.\n\nFIFTH. Applicable Constitutional Chamber precedent. This Chamber has annulled discriminatory territorial acts and ordered remedies in analogous cases (Resolution No. 06229-1999 and others). The pro persona principle and the duty to provide effective judicial protection require a thorough examination of structural harm to historically marginalized peoples.”\n\nAccordingly, the applicant requests:\n\n“V. REQUESTS\n\nFor the foregoing reasons, I respectfully request that this Honorable Chamber:\n\nAdmit this action of unconstitutionality because it meets the standing requirements (personal and diffuse/collective interest) and the exhaustive reasoning requirements of Articles 75 and 78 of the Constitutional Jurisdiction Act.\n\nUphold the action and, consequently:\n\na) Declare Executive Decrees No. 25296-G and No. 29956-G unconstitutional insofar as they exclude ancestral Afro-descendant territories without objective justification or consultation, in violation of Articles 33 and 50 of the Political Constitution, ILO Convention 169, and the treaties against racial discrimination.\n\nb) Partially annul the demarcations to the extent they are discriminatory and order the State to identify, demarcate, and title ancestral Afro-descendant lands in the excluded coastal areas of Cocles and Talamanca, on equal terms with the rights recognized to other peoples.\n\nc) Order prior, free, and informed consultation with the Afro-descendant tribal people, in accordance with ILO Convention 169, regarding any measure affecting their ancestral territories.\n\nOrder interim measures suspending the discriminatory effects of the challenged demarcations pending a decision on the merits.\n\nOrder the State to pay costs.\n\nNotify the Procurador General de la República.”\n\n2.- Article 9 of the Constitutional Jurisdiction Act authorizes the Chamber to summarily reject or reject on the merits, at any time, including upon filing, any matter submitted to it that proves manifestly inadmissible, or when it considers there to be sufficient grounds for rejection, or that the matter is merely a reiteration or reproduction of an earlier identical or similar filing that was rejected.\n\nJustice Castillo Víquez prepared the draft; and,\n\nReasons:\n\nI.—REQUIREMENTS AND FORMALITIES OF AN ACTION OF UNCONSTITUTIONALITY. This Chamber has repeatedly held that an action of unconstitutionality is a proceeding subject to certain formalities, which must necessarily be met for this Court to rule validly on the merits. Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Act governs standing to bring actions of unconstitutionality and provides for different circumstances. The first paragraph requires a pending matter to be resolved, whether in court—including habeas corpus or amparo proceedings—or before the administrative authorities—in proceedings to exhaust that avenue—in which the unconstitutionality of the challenged provision is invoked as a reasonable means of protecting the right or interest considered impaired in the main matter. The second and third paragraphs govern direct actions—no underlying case is required—in the following circumstances: (a) where, by the nature of the matter, there is no individual and direct injury; (b) where the action concerns the defense of diffuse interests or interests affecting the community as a whole; and (c) where the action is brought by the Procurador General de la República, the Contralor General de la República, the Fiscal General de la República, or the Defensor de los Habitantes.\n\nLikewise, in judgment No. 04190-95, issued at 11:33 a.m. on 28 July 1995, this Court specified that an action of unconstitutionality is:\n\n“(…) an incidental proceeding, and not a direct or popular action. This means that there must be a pending matter to be resolved—whether before the courts or in proceedings to exhaust the administrative avenue—in order to access constitutional jurisdiction, and that the action must constitute a reasonable means of protecting the right considered impaired in the main matter, such that the Constitutional Court’s ruling has a positive or negative effect on that pending proceeding, because it addresses the constitutionality of provisions that must be applied in that matter; only by way of exception does the legislation allow direct access to this avenue—under the conditions in the second and third paragraphs of Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Act …”.\n\nFinally, other formalities must also be met: the filing brief must be authenticated and must expressly identify the challenged provisions, with adequate reasoning and specific citation of the components of the body of constitutional law considered infringed (Article 78 of the Constitutional Jurisdiction Act). Standing conditions (powers of attorney and certifications) must also be established, the Bar Association stamp duty must be paid, and a certified copy of the brief in which the unconstitutionality of the challenged provisions was raised in the underlying matter must be submitted (Article 79 of the Constitutional Jurisdiction Act).\n\nII.—ON THE REQUIRED REASONING IN A BRIEF BRINGING AN ACTION OF UNCONSTITUTIONALITY. Article 3 of the Constitutional Jurisdiction Act provides that “the Political Constitution shall be deemed infringed when this results from comparing the text of the challenged provision or act, its effects, or its interpretation or application by public authorities, with constitutional provisions and principles.” Article 78 of the same Act requires that “the brief in which the action is brought” set out “its grounds clearly and precisely.” Thus, for this Court to find an infringement and declare the challenged provision or act unconstitutional, with the resulting annulment and removal from the legal system, a person bringing an action of unconstitutionality bears the burden of showing how the provision violates the Law of the Constitution and must also state why the claim should be upheld. This Chamber calls this the burden of argument: “a provision that facially (sic) appears contrary to the Constitution shifts the burden of argument to those who maintain that there is in fact no conflict between that provision and the Political Constitution; the opposite applies when an action challenges a provision that, on initial review, does not appear contrary to the Constitution, in which case the applicant must put forward arguments that persuade the Court of its unconstitutionality” (see judgment No. 0184-95, issued at 4:30 p.m. on 10 January 1995). In a later judgment, this Chamber stated the following regarding the failure to set out arguments of unconstitutionality in actions of unconstitutionality:\n\n“The action of unconstitutionality is brought on the ground that the challenged Executive Decree is harmful, infringes, and violates the fundamental rights to a healthy and ecologically balanced environment and to health, as well as commitments under the Kyoto Protocol. Despite the opportunity granted to the applicants, what the Procuraduría General de la República indicates is confirmed: there is no specific analysis of the provisions of the challenged Executive Decree considered unconstitutional. Rather, the filing merely states generic and abstract disagreements with the Regulation as a whole, and even with all activities carried out by sugar mills and estates, which it claims cause problems for the quality of life and health of nearby residents, without specifying what constitutional arguments should be considered against each provision or group of provisions in the challenged Regulation. […] The first paragraph of Article 78 of the Constitutional Jurisdiction Act requires that briefs bringing actions of unconstitutionality be authenticated, since it is considered necessary for the arguments to be advanced by a legal professional; this does not preclude the Court’s response from involving serious technical and scientific study of a particular subject, given the diversity and breadth of the legal system’s provisions. Unlike guarantee proceedings—that is, habeas corpus and amparo proceedings—which any interested person may bring directly before constitutional jurisdiction to defend fundamental rights, generally against acts or omissions that injure that person’s own sphere (although not always, as in environmental cases), in proceedings to defend the Political Constitution (such as an action of unconstitutionality), the legislature entrusted the authenticating lawyer with a task of even greater rigor—one that must be more developed and exhaustive—and that must be reflected in the filing brief as part of the lawyer’s professional duty, in order to show the Court how a lower-ranking provision injures the constitutional rule and undermines the principle of constitutional supremacy enshrined in Article 10 of the Political Constitution. The preparation, both substantive and formal, of statutes and other secondary provisions entails a very costly process for the State, in which organized civil society has participated in many ways, both for and against, and whose procedures for drafting, approval, and promulgation should not be examined lightly. In this regard, this Chamber must acknowledge that there is little room for this Court to remedy evident omissions by legal professionals who authenticate briefs in this constitutional jurisdiction without compromising the impartiality and analysis owed to each action of unconstitutionality.” (Judgment No. 2012-05285, issued at 3:03 p.m. on 25 April 2012.)\n\nIn judgment No. 2013-016944, issued at 2:30 p.m. on 18 December 2013, this Chamber expressly referred to the requirement that the filing brief be duly reasoned—as an essential admissibility requirement under the aforementioned Article 78 of the Constitutional Jurisdiction Act—as follows:\n\n“II.—INADMISSIBILITY FOR LACK OF REASONING. Under Article 78 of the Constitutional Jurisdiction Act, the brief bringing an action of unconstitutionality must set out its grounds clearly and precisely, citing specifically the provisions or principles considered infringed. This requirement is not a mere formality, but an essential admissibility requirement. Under the pro sentencia principle—developed by this Chamber on other occasions—admissibility requirements must be interpreted in favor of the action. Moreover, Constitutional Law is a matter of preferential public order, and there is a public interest in safeguarding its supremacy and force; accordingly, obstacles to admitting and resolving an action on the merits must be interpreted and applied restrictively. Thus, all procedural rules must be interpreted and applied so as to secure a judgment. This not only facilitates the administration of justice but also avoids imposing obstacles to achieving it (see, to the same effect, judgments Nos. 93-5175, 3041-97, 01-06, 2874-06, 1622-08, and 2887-08). Consequently, failure to provide reasons for the action prevents the issuance of a properly reasoned judgment consistent with the relief sought. It is also improper for this Chamber to rule on the merits of provisions challenged in an action when the applicant has not explained the reasons for the challenge, since that would entail abstract constitutional review as an academic exercise, which is incompatible with the purpose of proceedings of this nature.”\n\nFinally, in vote No. 2020-000319, issued at 12:15 p.m. on 8 January 2020, this Court reiterated that:\n\n“(…) given the formal requirements established by law for constitutional review proceedings... the burden of argument in an action of unconstitutionality falls on the applicant, who must explain unequivocally the contradiction between a subconstitutional rule and the body of constitutional law, as well as the basis for their standing.”\n\nIII.—INADMISSIBILITY OF THE PRESENT ACTION OF UNCONSTITUTIONALITY. In this case, the applicant himself states that this “action is filed in strict compliance with and to cure the defects identified in Resolution No. 2026012150 (Case File 26-009539-0007-CO, issued at 9:20 a.m. on 8 April 2026), which summarily rejected the previous filing for lack of standing to assert collective interests and lack of reasoning (Articles 75 and 78 of the Constitutional Jurisdiction Act).” In the cited Resolution No. 2026-012150, this Court, by majority vote, held:\n\n“I.—On lack of standing based on collective interests. The applicant appears directly before this Court, basing his standing on his status as a person of African descent residing in Limón and directly affected by historical territorial discrimination in Talamanca and Cocles. He states that the action defends the collective rights of his ethnic community, marginalized in access to ancestral lands, despite State recognition as a tribal people.\n\nIn this regard, it should be noted that this Court has addressed standing based on collective interest as follows:\n\n“(…) III.—On corporate interests. As a second basis for standing, the applicant asserts that he is defending collective interests, a circumstance addressed in the second paragraph of Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Act. The provision states: ‘…[N]o prior pending case is required where, by the nature of the matter, there is no individual and direct injury, or where the action concerns the defense of diffuse interests or interests affecting the community as a whole…’. In this regard, it is appropriate to note that the Chamber has clarified that, through the phrase ‘interests affecting the community as a whole,’ the legislature intended to refer to standing held by a corporate entity acting through its representatives to defend the rights and interests of those within its membership, provided that the challenged rules or provisions affect the core of rights or interests that is the group’s raison d’être and binding factor. Beginning with judgment 2006-9170, issued at 4:36 p.m. on 28 June 2006, this Court revived an earlier criterion under which corporate entities are authorized to directly seek a declaration that a provision is unconstitutional when it directly affects the entity’s sphere of action and that of its members, regardless of whether the provision may directly affect the members’ rights. That doctrine does not apply here, however, because the applicant is not appearing on behalf of an organization whose nature or purposes, or whose members, could be affected by the challenged Agreement. Furthermore, the applicant cannot simply arrogate to himself de facto representation of any person or professional organization.” (Vote No. 2014-020446, issued at 9:30 a.m. on 17 December 2014.)\n\nUnder that precedent, the applicant lacks standing to bring this action in defense of the collective interests of particular organizations or a defined group of people belonging to an association, because he is not appearing on behalf of a formally organized and identified collective for which he holds legal representation, and is therefore unable to act in defense of corporate interests.\n\nEven where there is a collective organization, its mere formation for that purpose is not enough to establish standing:\n\n“III.—On the applicant’s standing in this proceeding. The applicant here brings this action on behalf of the Asociación Vecinos Unidos por la Paz y la Justicia de Cocles, stating that its purposes include protecting the rights and interests of Cocles residents when affected by judicial judgments and administrative acts, as shown by the legal-personhood certificate submitted. To that end, the applicant invokes corporate interests as a basis for appearing in defense of Costa Rican Afro-descendant ethnic groups, in a matter concerning the establishment of boundaries for their territory which, according to the applicant, affects their property rights because of the boundaries demarcated by the State for the Kekoldi (Cocles) Indigenous reserve; the applicant also invokes the right to consultation that the Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples, No. 169, recognizes for a ‘Tribal People.’ However, by its own name, the applicant association includes any resident of Cocles, a population that does not necessarily constitute the Afro-descendant Indigenous people with the required longstanding roots, and the association did not show that its purposes specifically include defending the Indigenous Afro-descendant people. It should be noted that the concept of ‘People’ protected under international law refers to a group sharing an ethnic, cultural, linguistic, or religious identity, whereas a population is a group of people who, regardless of those identity conditions, simply live in a given territory. Under that approach, if the association seeks standing based on the rights of a ‘Tribal People,’ it must first show that this is indeed its purpose, rather than the general defense of the entire population, and must also establish in advance the ethnic and cultural conditions of its members in a particular area and their roots in that place in order to demand such consultation. This is not something to be determined and verified through an action of unconstitutionality, but through the administrative-litigation jurisdiction, where that identity and the demarcation the applicant asks this jurisdiction to review can be resolved in adversarial proceedings with clearer evidence, including the historical literature submitted and the expert witness it offers. There is no doubt that other tribal peoples have the same rights as Indigenous peoples to reclaim their territories and defend their Indigenous rights. Such claims are urgent and legitimate; for that reason, those ‘Peoples’ must be clearly identified and delimited by the competent State authorities so that they can claim their rights in that capacity, as has been done in the case of Indigenous peoples and their representation. Therefore, in this case, that status must be reliably established, and an action of unconstitutionality is not the appropriate means to do so. As for territorial demarcation itself, the association could, in general terms, have standing in this proceeding to allege a violation of its members’ property rights as residents of Cocles. Even in that case, however, and where Indigenous people are concerned, this Court has determined that this proceeding is not the appropriate avenue for resolving such a claim.” (Judgment No. 2020-24182, issued at 9:30 a.m. on 16 December 2020.)\n\nIn addition, in judgment No. 2023-14238, issued at 1:15 p.m. on 14 June 2023, this Chamber stated:\n\n“II.—In this specific case, the applicant association challenges the constitutionality of the challenged rules, stating that its standing arises from its defense of collective interests. This Chamber, however, has rejected the possibility that representatives of particular Indigenous organizations may arrogate to themselves representation of all Indigenous people in the country. It so held in judgments Nos. 2022-14850, issued at 8:40 a.m. on 29 June 2022, and 2023-01018, issued at 11:20 a.m. on 18 January 2023, in which it stated that territorial organizations lack standing to bring an action of unconstitutionality such as the one under review. People belonging to Indigenous groups living in a particular territory may not arrogate to themselves representation of all Indigenous people in the country. Accordingly, the Chamber finds that the action must be rejected, as it hereby is.”\n\nConsequently, the applicant’s standing on that basis is rejected.\n\nII.—On inadmissibility of the action for lack of reasoning. …\n\n(…)\n\nIn this case, the applicant states that he brings this action against Executive Decrees Nos. 25296-G of 24 June 1996 and 29956-G of 22 March 2001, which demarcated the Bribrí Indigenous Reserve of Këköldi by excluding ancestral coastal areas (approximately 1,200 hectares), without considering the historical presence and tribal rights of Afro-descendant people in Cocles and Talamanca, thereby creating unequal treatment by prioritizing the rights of Bribri Indigenous people over equivalent Afro-descendant claims and perpetuating structural discrimination. However, he makes only a series of generic statements about the alleged unconstitutionality: ‘1. Violation of Article 33 of the Political Constitution (equality and non-discrimination): The Decrees create a distinction based on ethnic origin without objective justification. 2. Violation of ILO Convention 107 (in force at the time): It protects the territorial rights of tribal peoples without discrimination (Articles 11–14). 3. Violation of ILO Convention 169: It applies to Afro-descendant tribal peoples (Article 1); requires consultation and traditional lands (Articles 6, 13–17). 4. Violation of treaties against racial discrimination (International and Inter-American Conventions): They prohibit ethnic exclusions that impair territorial rights. 5. Constitutional Chamber precedent (Resolution No. 06229-1999): It annuls discriminatory territorial acts and orders remedies.’ Note that the applicant at no point provides a clear, precise, and sufficient analysis of the content of each challenged provision individually, nor does he explain the content and scope of the components of the body of constitutional law he considers infringed, so as to relate and compare them. In short, there is no clear, precise, and sufficient argument concerning the grievances and grounds for the alleged violation of the Law of the Constitution, and therefore the action cannot be considered adequately reasoned.\n\nMoreover, although the applicant could be instructed to cure this deficiency, in this case that step is considered futile, not only because it would require the action to be prepared again, but also because Article 9, first paragraph, of the Constitutional Jurisdiction Act authorizes the Chamber to summarily reject any filing that is “manifestly inadmissible or unfounded,” as is the case here.\n\nIn light of the foregoing, the action should be summarily rejected.\n\nIn this case, upon reading the brief bringing this new action, this Court concludes that it too lacks adequate reasoning and substantiation, both as to the possible basis for standing and as to the objections on the merits.\n\nAs to standing, the applicant first refers to a direct personal interest, but the fact is that he neither identifies nor establishes the existence of a prior pending matter in which the unconstitutionality of the challenged decrees was duly invoked as a reasonable means of protecting the right or interest considered impaired in that main matter, as required by the first paragraph of Article 75 and Article 79 of the Constitutional Jurisdiction Act. On this issue, it is important to reiterate that this Chamber has specified that the applicant “must, in addition to adequately substantiating the standing available to them, … establish the conditions on which that standing is based,” and that an action of unconstitutionality “in our legal system is eminently incidental in nature and does not constitute an open avenue for challenging provisions in the abstract merely because they may eventually affect a person’s legal sphere. In this regard, merely invoking a personal interest or harm arising from the general application of the legal system does not replace the obligation to establish that there is a pending proceeding in which the challenged provision must be applied, nor does it by itself fall within the restricted circumstances for direct standing…” (Vote No. 2026-007051, issued at 10:30 a.m. on 25 February 2026). Second, the applicant refers—in a combined and confusing manner—to the defense of “diffuse and collective interests,” without adequately distinguishing between the two bases for standing. No substantial, individualized reasoning is provided as to whether diffuse interests are present. As for the defense of collective interests, Vote No. 2026-012150, quoted above, already explained that the requirements for that basis of standing are not met here.\n\nAs for the objections on the merits, in addition to the fact that the applicant again confines himself to a laconic statement alleging the violation of various constitutional and international provisions, the fact is that the arguments in the application are confused, ambiguous, and contradictory. The applicant argues—insofar as relevant—that the “exclusion of ancestral coastal areas by the challenged Decrees directly affects me as a member of the Afro-descendant community, whose access to traditional lands has been structurally marginalized.” He refers to harm to the “Costa Rican Afro-descendant tribal people” caused by the “demarcation of Indigenous reserves that ignores and excludes the ancestral territories of another tribal people recognized by the State itself.” He then refers to “the Afro-Costa Rican population as a tribal people, with its own characteristics of social organization, culture, worldview, and relationship with the land and territories occupied by its ancestors since the sixteenth and seventeenth centuries,” as well as to the “ancestral territorial rights of that people, including the coastal area of Cocles and Talamanca historically occupied and used by Afro-descendant communities.” He then states that the “Bribrí Indigenous Reserve of Cocles (later named Këköldi) was initially demarcated by Executive Decree Nº 7267-G of 1977 and confirmed by the Indigenous Law Nº 6172” and that the “challenged Decrees substantially modified those boundaries.” As to Executive Decree N° 25296-G, he points out that its “Second and Third Recitals expressly justify excluding the coastal area near the mouth of the Cocles River because it ‘has not been inhabited by Indigenous people in the last two hundred years’ and because the southeastern part corresponds to IDA settlements occupied by non-Indigenous farming communities”; that “Article 2 establishes a new demarcation by means of specific coordinates, excluding approximately 1,200 hectares of ancestral coastal areas”; and that it “compensates by including other forested lands to the west and south, but without considering or consulting the Afro-descendant population historically present in the excluded areas.” Regarding Executive Decree Nº 29956-G, he states that it again “amends Article 2 of Decree 25296-G to include an area in the northwest sector (between the headwaters of the Carbón ‘One’ and ‘Two’ Rivers) for reasons of water protection and Indigenous connectivity,” but “[i]t does not remedy the prior exclusion of Afro-descendant ancestral coastal areas…”. He goes on to claim that there is “irrefutable evidence of the early and continuous presence of Afro-descendant people in the coastal territory and in Talamanca, which was later subject to exclusion by the challenged Decrees.” He challenges the fact that the “challenged Decrees, by basing the territorial exclusion on the absence of ‘Indigenous habitation’ for two centuries, privilege exclusively the historical narrative of one ethnic group over another, ignoring and erasing the ancestral presence and rights of the Afro-descendant tribal people.” He adds that the “Second and Third Recitals of Decree 25296-G establish an express distinction based on ethnic origin: lands are excluded because they ‘have not been inhabited by Indigenous people in the last two hundred years.’ This regulatory justification creates a privileged category (historical Indigenous presence) and an excluded one (historical Afro-descendant presence in the same coastal areas), without objective or proportional justification.” He insists that the challenged decrees “exclude ancestral territories without applying the protection regime.” He again alleges that the “demarcation… excludes ancestral Afro-descendant coastal areas.” He then states that the “challenged Decrees” effect “territorial exclusion on the basis of differentiated ethnic criteria (‘Indigenous habitation vs. non-Indigenous habitation’).” In the section concerning evidence, he alleges that there is “Historical, cartographic, and anthropological documentation establishing the ancestral Afro-descendant presence in the coastal areas of Cocles and Talamanca excluded by the Decrees…”. Finally, in his petition, the applicant expressly requests that the “Executive Decrees Nº 25296-G and Nº 29956-G be declared unconstitutional insofar as they exclude Afro-descendant ancestral territories” and that the “State be ordered to identify, demarcate, and title the Afro-descendant ancestral lands in the excluded coastal areas of Cocles and Talamanca.”\n\nThus, from a reading of these assertions, it may be inferred that the applicant claims that Executive Decrees nro. 25296-G and nro. 29956-G, which amended the boundaries of the current Bribrí Indigenous Reserve of Këköldi, omitted to include within the boundaries of that Indigenous reserve coastal areas of Cocles and Talamanca which, according to the applicant, are “ancestral Afro-descendant coastal areas.” In that case, the applicant does not clarify or duly explain what direct and effective harm is caused to the aforementioned Afro-descendant tribal people by the alleged failure to include areas historically occupied by that group within the boundaries of an Indigenous reserve, which, according to the applicant himself, would correspond precisely to territories inhabited by a different ethnic group. Nor does he duly clarify or explain what benefit would accrue to the Afro-descendant tribal people if areas historically occupied by that group—as the applicant alleges—were included within the boundaries of the Bribrí Indigenous Reserve of Këköldi. Accordingly, no precise, clear, and duly particularized line of argument is established.\n\nMoreover, although the applicant could be directed to remedy the failure to meet these requirements, in this case that procedure is considered pointless, not only because it would entail reworking the application, but also because Article 9, paragraph 1, of the Law on Constitutional Jurisdiction authorizes the Chamber to summarily reject any filing that is “manifestly inadmissible or unfounded,” as is the case here.\n\nIV.—In addition to the foregoing, this Chamber has already held that, in principle, it is not for it to review, by means of an action of unconstitutionality, the proper territorial demarcation of Indigenous reserves. This Court has held:\n\n“IV.—It should also be added that this Chamber has stated that the proper territorial demarcation of Indigenous reserves may not be reviewed by means of an action of unconstitutionality. Recently, in judgment nro. 2020-024182 of 9:30 a.m. on 16 December 2020, this Chamber stated:\n\n“Regarding mere territorial demarcation, the association could indeed have standing in this proceeding, generally speaking, to allege a violation of its members’ property rights as residents of Cocles. However, even in that situation, and where the population is Indigenous, this Court has determined that this proceeding is also not the proper avenue for resolving such a claim:\n\n“III.—The applicants ask the Chamber to recognize and establish the boundaries of the Salitre territory, arguing that the challenged Decree (#13571-G) reduced its area contrary to Article 1 of the Indigenous Law and the dimensions established in Decree #34 of 1957. However, the first article of the Indigenous Law provides as follows:\n\n“Article 1.—Indigenous people are persons who make up ethnic groups directly descended from pre-Columbian civilizations and who retain their own identity.\n\nThe Indigenous reserves established by Executive Decrees Nos. 5904-G of 10 April 1976, 6036-G of 12 June 1976, 6037-G of 15 June 1976, 7267-G and 7268-G of 20 August 1977, as well as the Guaymí de Burica Indigenous Reserve (Guaymí), are hereby declared.\n\nThe boundaries established for the reserves in the cited decrees may not be changed so as to reduce their area, except by express law.”\n\nNow, the decrees cited in the transcribed article establish the Chirripó, Guaymi de Coto Brus, La Estrella, and Talamanca Indigenous Reserves (#5904-G); amend the boundaries of the Chirripó, Guaymi de Coto Brus, La Estrella, and Talamanca Indigenous Reserves and establish the Telire Reserve (#6036-G); extend the provisions of Decree #5904 to the Boruca and Ujarrás Salitre Cabagra Indigenous Reserves (#6037-G); change the name of the Río Peje de Pacuare Indigenous Reserve to the Nimari-Bukeri Indigenous Reserve and establish the Cocles Indigenous Reserve (now the Bribrí Indigenous Reserve of Keköldi (Cocles)) (#7267-G); and establish the Sibuju Norte, Chase, and Alto Pacuare Indigenous Reserves (#7268-G). Of the foregoing decrees, the one related to the territory at issue for the applicants is #6037-G. It recognizes the existence of land-tenure problems and the State’s responsibility to resolve them, but does not define specific spatial boundaries.\n\nIV.—Moreover, Executive Decree #13571, which is alleged to be unconstitutional, certainly amends Decree #34 of 15 November 1956, which established the Indigenous reserve known as the Ujarrás-Salitre-Cabagra Reserve. For practical and legal reasons—as stated in the recitals of Decree #13571—and at the request of the three communities involved, it proceeds to divide the reserve established by Decree #34 of 1956 into three reserves with the official names: the Cabécar Indigenous Reserve of Ujarrás, the Bribri Indigenous Reserve of Salitre, and the Bribri Indigenous Reserve of Cabagra. Their official boundaries were defined in Articles 2, 3, and 4 of the Decree. Decree #34 of 15 November 1956, which the applicants claim was violated by Decree #13571 and protected by Article 1 of the Indigenous Law, declared and demarcated a series of specific areas as Indigenous Reserves. However, that Decree #34 (as well as #45 of December 1945, cited by the applicants) was expressly repealed by Article 29 of Law #5251 of 11 July 1973 (Law Establishing the National Commission on Indigenous Affairs), several years before Article 1 of the Indigenous Law, #6172 of 29 November 1977, was enacted, in the following terms:\n\n“Article 29.—Executive Decrees Nos. 45 of 3 December 1945, 34 of 15 November 1956, and 34 of 17 October 1968 are repealed, as are Decree-Law Nº 346 of 14 January 1949 and Law Nº 4732 of 10 March 1971.”\n\nTherefore, in addition to this being, a priori, an exercise in comparing a provision below the level of a law with a law, rather than comparing it against the standards applicable to constitutional issues, the prohibition on reducing area set out in Article 1 of Law #6172 is not formally applicable to the case. Consequently, the action is inadmissible as to this issue.\n\nV.—As for the applicants’ argument that the Chamber’s amparo judgment #2012-2539 upheld the claim asserted here, the relevant reasons from that judgment are transcribed below:\n\n“I.—The applicants claim that their fundamental rights were violated by the unjustified failure of the authorities of the Ministry of Government, Police, and Public Security, the Procuraduría General de la República, the Ministry of Culture and Youth, and the Ministry of Social Welfare and Family to take the necessary measures and carry out the relevant actions to issue, as quickly as possible, an Executive Decree correcting the boundary lines of the Matambú Indigenous Reserve, due to an error in their determination that set two points that do not coincide cartographically. In this regard, they allege that the respondent authorities refuse to issue that Decree despite the multiple requests they have made for that purpose. According to the applicants, this situation is unlawful and violates the Constitution.\n\nII.—In his report, the Executive President of the Joint Social Assistance Institute, additionally acting as Minister of Social Welfare and Family, Fernando Marín Rojas, which report is made under oath and with due notice of the consequences, including criminal consequences, provided for in Article 44 of the Law on Constitutional Jurisdiction, stated that, once notified that this amparo application had been filed, he took the necessary measures to issue as quickly as possible the Executive Decree sought by the protected persons to correct the boundaries of the Matambú Reserve. In this regard, the proposed Decree was sent to the Office of Laws and Decrees of the Presidential Office for the relevant processing (see the report submitted by the respondent authority, on file in the Costa Rican Judicial Offices Management System, SCGDJ).\n\nIII.—Thus, since the Executive President of the Joint Social Assistance Institute, additionally acting as Minister of Social Welfare and Family, promised in his report to take the necessary measures to issue, in the shortest possible time, the regulations the applicants consider lacking concerning the boundaries of the Matambú Reserve, the proper course is to grant the application and allow the respondent six months to issue the corresponding regulations, and to report this to the Constitutional Chamber.”\n\nThat ruling does not apply to what the applicants have set out, nor can it form the basis for annulling Decree #13571-G on grounds of unconstitutionality. First, the ruling’s own content was decisive: there was an error to be corrected, a decree needed to be issued to remedy it, and an omission by the Executive Branch on that matter was established. In addition, the case concerns a different Indigenous territory. Moreover, as reiterated above, the request to draw specific spatial boundaries falls outside the Chamber’s jurisdiction over constitutional matters.” (Judgment n.° 2014-3869 of 2:05 p.m. on 19 March 2014).”\n\nAccordingly, this Court may not review in this forum the possible technical and factual basis for the proper demarcation of the reserve’s boundaries under Executive Decree nro. 7267-G of 9 August 1977. That is not a constitutional matter, but a matter of legality, which must be brought before the corresponding ordinary jurisdiction.” (vote nro. 2022-005033 of 9:20 a.m. on 2 March 2022)\n\nThese considerations apply fully to this case.\n\nV.—IN CONCLUSION. As a consequence of the foregoing, the action should be summarily rejected, as is hereby ordered.\n\nVI.—DISSENTING VOTE OF JUSTICE RUEDA. I dissent from the majority’s position in this Court and cast my dissenting vote in this matter because I consider summary rejection of the case at bar premature. It is true that an action of unconstitutionality is a proceeding “instituted to ensure the supremacy of the Political Constitution over rules and other provisions of a general nature, and which for that same reason must comply with a set of formalities so that the Chamber may validly consider the merits of the challenge,” as the extensive case law of this Chamber has repeatedly held. However, the very law governing this jurisdiction establishes how the various formalities and any failure to comply with them must be addressed. In that regard, Article 80 of the Law on Constitutional Jurisdiction expressly provides:\n\n“Article 80.—If the formalities referred to in the two preceding articles are not satisfied, the President of the Chamber shall identify by resolution the requirements that have been omitted and order that they be fulfilled within three days (…)”\n\nIn the case at bar, among other requirements, adequate and sufficient grounds are precisely lacking, as required by Article 78 of that same law, so the applicant must inevitably be directed to remedy the omission found. In addition, I emphasize that, based on the pro homine principle, the wording of Articles 78, 79, and 80 of the cited law makes such an interpretation plausible in favor of those who come before this Chamber, so that access to constitutional justice is not unnecessarily restricted.\n\nVII.—DISSENTING VOTE OF JUSTICE GARRO VARGAS. I dissent from the majority’s position in this Court and cast my dissenting vote in this matter because I consider the decision to summarily reject this action of unconstitutionality premature. It is unquestionable that an action of unconstitutionality is a proceeding “instituted to ensure the supremacy of the Political Constitution over rules and other provisions of a general nature, and which for that same reason must comply with a set of formalities so that the Chamber may validly consider the merits of the challenge,” as the extensive case law of this Chamber has held. However, it is precisely the law itself that prescribes how the various formalities and any failure to comply with them must be addressed. This follows from the text of Article 80 of the Law on Constitutional Jurisdiction, which provides:\n\nArticle 80.—If the formalities referred to in the two preceding articles are not satisfied, the President of the Chamber shall identify by resolution the requirements that have been omitted and order that they be fulfilled within three days (…).\n\nIn this matter, summary rejection of the action is proposed because the duty to provide adequate and sufficient grounds justifying the action’s admissibility and the grounds of unconstitutionality attributed to the challenged provisions has not been met. In my view, the applicant must unquestionably be directed to remedy the omissions found. Likewise, it should be noted that Articles 78 and 79, as well as Article 80 itself of the law governing this jurisdiction, must be interpreted broadly in favor of those who come before this Chamber, so that access to constitutional justice is not unnecessarily restricted.\n\nVIII.—DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. The parties are advised that if they submitted any paper documents, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computing, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, they must retrieve them from the court office within a maximum period of 30 business days from notification of this judgment. Otherwise, any such material not retrieved within that period will be destroyed, as provided in the “Regulation on Electronic Case Files before the Judiciary,” approved by the Full Court at its session No. 27-11 of 22 August 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin number 19 of 26 January 2012, as well as in the resolution approved by the Superior Council of the Judiciary at its session No. 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe action is summarily rejected. Justice Cruz Castro records a separate note. Justice Rueda Leal dissents and would order that the applicant be directed to comply with Article 80 of the Law on Constitutional Jurisdiction. Justice Garro Vargas dissents and would order that the applicant be directed to comply with Article 80 of the Law on Constitutional Jurisdiction.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nExp: 26-020584-0007-CO\n\nNOTE OF JUSTICE CRUZ CASTRO.—The statutory reservation requirement for changing the boundaries of Indigenous reserves. Protection of the rights and identity of Indigenous peoples.\n\nAlthough I agree with this vote summarily rejecting this action because of problems with standing and grounds. Although this Chamber has stated that it is not for it to review, by means of an action of unconstitutionality, the proper territorial demarcation of Indigenous reserves. I have considered it important to record the following note on such a significant issue.\n\nIn the same way that this Chamber has ruled on the statutory reservation requirement concerning the reduction of protected areas, I consider that the statutory reservation requirement should also be demanded in relation to the reduction of Indigenous reserves.\n\nThis action states that two Executive Decrees amended the boundaries of the current Bribrí Indigenous Reserve of Këköldi. According to the applicant, those decrees omitted to include within the boundaries of that Indigenous reserve coastal areas of Cocles and Talamanca which, according to the applicant, are “ancestral Afro-descendant coastal areas.” Although the applicant does not allege it, it seems to me that the statutory reservation requirement is a constitutional principle that must be taken into account when changing the boundaries of Indigenous reserves. It is a safeguard for protecting the interests of citizens whose culture and history require careful alignment with the Constitution and the legal system.\n\nThe constitutional principle of statutory reservation has been defined as a corollary of the principle of legality, compliance with which requires that certain matters be regulated exclusively by formal law, enacted by the Legislative Branch through the procedure prescribed by the Constitution for enacting laws. This is because the Constitution has established certain matters that, given their significance, must be regulated by law. It provides protection against the Executive Branch, subject as it is to the volatility of its mandate and the influence of a variety of interests, both formal and de facto.\n\nIn this note, I wish to raise the question of whether the principle of statutory reservation may apply to changes in the boundaries of Indigenous reserves, such that this significant issue could be raised in an action of unconstitutionality.\n\nFernando Cruz C.\n\nJustice\n\nEXPEDIENTE N° 26-020584-0007-CO\n\nTelephone: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 /2220-4844. Email: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 meters south of the Church of Perpetual Help)." }