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  "id": "nexus-sen-1-0007-1418224",
  "citation": "Res. 92618-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Admisión de acción contra actividades en patrimonio natural",
  "title_en": "Admission of Challenge to Activities on State Natural Heritage Land",
  "summary_es": "La Sala Constitucional da curso a la acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación Cívica de Hermosa contra partes del Decreto Ejecutivo N.° 35868-MINAET y del Reglamento a la Ley Forestal. La asociación cuestiona la definición de actividades turísticas de “bajo impacto” y varias actividades permitidas en terrenos del Patrimonio Natural del Estado fuera de Áreas Silvestres Protegidas, alegando falta de respaldo legal y técnico, así como infracciones a principios ambientales y límites de la potestad reglamentaria. La Sala considera que la acción cumple los requisitos legales y reconoce legitimación por la defensa de intereses difusos ambientales. Esta resolución admite el trámite, pero no decide la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas. La Sala explica que, en principio, la interposición de una acción directa en defensa de intereses difusos no suspende la aplicación general de las normas; la suspensión puede operar en los casos y condiciones previstos por la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República y al Ministerio de Ambiente y Energía.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) admits for processing the constitutional challenge brought by Asociación Cívica de Hermosa against parts of Executive Decree No. 35868-MINAET and the Forestry Law Regulation. The association challenges the definition of “low-impact” tourism activities and several activities allowed on State Natural Heritage land outside Protected Wild Areas, alleging a lack of statutory and technical support and violations of environmental principles and limits on regulatory authority. The Chamber finds that the application meets the legal requirements and recognizes standing based on the defense of diffuse environmental interests. This resolution admits the case but does not decide whether the challenged provisions are constitutional. The Chamber explains that, in principle, filing a direct constitutional challenge to defend diffuse interests does not suspend the general application of the rules; suspension may apply in the cases and under the conditions provided by the Constitutional Jurisdiction Law. It gives the Procuraduría General de la República and the Ministry of Environment and Energy fifteen days to respond.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "21/08/2026",
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    "acción de inconstitucionalidad",
    "Patrimonio Natural del Estado",
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    "bajo impacto",
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    "acción de inconstitucionalidad",
    "Patrimonio Natural del Estado",
    "actividades turísticas de bajo impacto",
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    "amparo ambiental",
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    "legitimación ambiental"
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    "constitutional challenge",
    "State Natural Heritage",
    "low-impact tourism activities",
    "Forestry Law Regulation",
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    "environmental standing",
    "suspensive effect",
    "application of challenged rules"
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  "excerpt_es": "Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79. La legitimación proviene del artículo 75, párrafo 2° en tanto la accionante acude en defensa de intereses difusos como son los relativos a la protección al medio ambiente.\n\nLa primera, y quizás la más importante, es que la interposición de una acción de inconstitucionalidad no suspende la eficacia y aplicabilidad en general de las normas. La segunda, es que solo se suspenden los actos de aplicación de las normas impugnadas por las autoridades judiciales en los procesos incoados ante ellas, o por las administrativas, en los procedimientos tendientes a agotar la vía administrativa, pero no su vigencia y aplicación en general.",
  "excerpt_en": "This action is admitted because it meets the requirements set out in Articles 73 to 79 of the Constitutional Jurisdiction Law. Standing arises under Article 75, second paragraph, because the applicant acts in defense of diffuse interests, including those relating to environmental protection.\n\nThe first, and perhaps most important, rule is that filing a constitutional challenge does not generally suspend the effectiveness and applicability of the rules. The second is that only acts applying the challenged rules are suspended by judicial authorities in proceedings before them, or by administrative authorities in proceedings aimed at exhausting the administrative remedies, but not the rules’ force and general application.",
  "outcome": {
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    "summary_en": "The Chamber admitted the challenge for processing and gave the Procuraduría General de la República and the Ministry of Environment and Energy fifteen days to respond; it did not decide the merits or generally suspend application of the challenged rules.",
    "summary_es": "La Sala admitió para trámite la acción y dio audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República y al Ministerio de Ambiente y Energía; no resolvió el fondo ni suspendió en general la aplicación de las normas impugnadas."
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      "context": "Efectos jurídicos de la interposición de la acción",
      "quote_en": "Filing a constitutional challenge does not generally suspend the effectiveness and applicability of the rules.",
      "quote_es": "la interposición de una acción de inconstitucionalidad no suspende la eficacia y aplicabilidad en general de las normas."
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      "context": "Admisión",
      "quote_en": "Standing arises under Article 75, second paragraph, because the applicant acts in defense of diffuse interests, including those relating to environmental protection.",
      "quote_es": "La legitimación proviene del artículo 75, párrafo 2° en tanto la accionante acude en defensa de intereses difusos como son los relativos a la protección al medio ambiente."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1418224",
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  "body_es_text": "*260292810007CO*\n\n \n\n \n \nEXPEDIENTE:\n\n \n \n \n26-029281-0007-CO\n\n \n \n\n \n\n \n \nPROCESO:\n\n \n \n \nACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD\n\n \n \n\n \n\n \n \nACCIONANTE:\n\n \n \n \nASOCIACIÓN CÍVICA DE HERMOSA\n\n \n \n\n \n\nSALA\nCONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a\nlas nueve horas treinta minutos del veintiuno de agosto de dos mil\nveintiséis. \n\n Se da curso a la acción de\ninconstitucionalidad interpuesta por la ASOCIACIÓN CÍVICA DE HERMOSA, cédula de persona jurídica [Valor 001], representada por [Nombre 001], portadora de\nla cédula de identidad número [Valor 002] para que se declare\ninconstitucional el Decreto Ejecutivo N.° 35868-MINAET,\ndenominado “Reglamentación del artículo 18 de la Ley Forestal N.° 7575 y\nmodificación de los artículos 2 y 11 del Reglamento de la Ley Forestal N.° 7575\n(Decreto Ejecutivo N.° 25721-MINAE)”,\nconcretamente la frase \"bajo impacto\" contenida en\nel artículo 1 inciso n) del Reglamento a la Ley Forestal N.° 7575 (Decreto\nEjecutivo N.° 25721-MINAE), así como los subincisos b), d), e), f), g), m) y n)\ndel artículo 2 inciso B) de ese mismo reglamento, por estimarlos\ncontrarios a los artículos 7, 48, 50, 89 y los principios de tutela científica,\nrazonabilidad técnica, irreductibilidad de los bosques, no regresión y\nprogresividad ambiental, proporcionalidad, prevención, precaución, pro natura\n(in dubio pro natura), in dubio pro aqua y protección del ambiente y del clima,\nasí como los límites constitucionales de la potestad reglamentaria. Se confiere\naudiencia por quince días a la Procuraduría General de la República y al Ministerio de Ambiente y\nEnergía. El Decreto se impugna pues, en\ncriterio de la parte actora, la fórmula \"actividades turísticas\nde bajo impacto\" habilita el desarrollo de infraestructuras de\necoturismo, áreas para acampar, canopy, plataformas o miradores en árboles,\npuentes colgantes, rapel, albergues y una cláusula abierta de actividades\n\"compatibles con el ambiente\", dentro de terrenos de Patrimonio\nNatural del Estado ubicados fuera de Áreas Silvestres Protegidas, sin que\nexista respaldo legal expreso ni sustento técnico que garantice el minimo\nimpacto ambiental exigido por la propia definición reglamentaria. Esta acción\nse admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción\nConstitucional en sus artículos 73 a 79. La legitimación proviene del artículo 75, párrafo 2° en\ntanto la accionante acude en defensa de intereses difusos como son los\nrelativos a la protección al medio ambiente. Publíquese\npor tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la\ninterposición de la acción. Efectos\njurídicos de la interposición de la acción: La publicación prevista en el numeral 81 de la\nLey de la Jurisdicción Constitucional tiene por objeto poner en conocimiento de\nlos tribunales y los órganos que agotan la vía administrativa, que la demanda\nde inconstitucionalidad ha sido establecida, a los efectos de que en los\nprocesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto,\ndisposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras\nla Sala no haya hecho pronunciamiento del caso. De este precepto legal se\nextraen varias reglas. La primera, y quizás la más importante,\nes que la interposición de una acción de inconstitucionalidad no suspende la\neficacia y aplicabilidad en general de las normas. La segunda, es que solo se suspenden los actos de aplicación de\nlas normas impugnadas por las autoridades judiciales en los procesos incoados\nante ellas, o por las administrativas, en los procedimientos tendientes a\nagotar la vía administrativa, pero no su vigencia y aplicación en general. La tercera regla, es que la Sala puede graduar los alcances del\nefecto suspensivo de la acción. La cuarta es que –en principio-, en los\ncasos de acción directa, como ocurre en esta acción, que se acude en defensa de\nintereses difusos, no opera el efecto\nsuspensivo de la interposición (véase voto n.° 537-91 del Tribunal\nConstitucional). La quinta\nregla es que cuando lo alegado es una omisión inconstitucional, no procede ordenar suspensión alguna, es\ndecir, impedir que se realice la conducta omisa, ni la realización de esta\núltima, toda vez que esto, en el último supuesto, implicaría resolver\ninterlocutoriamente la acción de inconstitucionalidad. La\nsexta regla es que cuando se trata\nde la impugnación de normas procesales, se suspende su aplicación en el acto\nprocesal que deban aplicarse. Ergo, si no son normas procesales las que se\nimpugnan, lo único que se suspende es el dictado de la resolución final. Es\ndecir, la suspensión de la aplicación de las normas impugnadas, en sede\nadministrativa, solo opera en aquellos casos donde existe un proceso de\nagotamiento de vía administrativa, lo cual supone la interposición de un\nrecurso de alzada o de reposición contra el acto final por parte de un\nadministrado. Donde no existe contención en relación con la aplicación de la\nnorma, no procede la suspensión de su eficacia y aplicabilidad. En otras\npalabras, en todos aquellos asuntos donde no existe un procedimiento de\nagotamiento de vía administrativa, en los términos arriba indicados, la norma\ndebe continuarse aplicando, independientemente de si beneficia -acto\nadministrativo favorable- o perjudica al justiciable -acto desfavorable no\nimpugnado-. Dentro\nde los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso,\npodrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha\nde interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo\nimpugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su\nprocedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de\ninconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber\nademás, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción\nConstitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala\n(resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende\nla vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos\ny condiciones señaladas. La\ncontestación a la audiencia conferida en esta resolución deberá ser presentada una\núnica vez, utilizando\nsolo uno de los siguientes medios: documentación física presentada directamente\nen la Secretaría de la Sala; el sistema de fax; documentación electrónica por\nmedio del Sistema de GESTIÓN EN LÍNEA; o bien, a la dirección de correo electrónico Informes-SC@poder-judicial.go.cr, la cual es correo exclusivo dedicado a la\nrecepción de informes. En cualquiera de los casos, la contestación y demás\ndocumentos deberán indicar de manera expresa el número de expediente al cual\nvan dirigidos. La contestación que se rindan por medios electrónicos, deberá\nconsignar la firma de la persona responsable que lo suscribe, ya sea\ndigitalizando el documento físico que contenga su firma, o por medio de la\nfirma digital, según las disposiciones establecidas en la Ley de Certificados,\nFirmas Digitales y Documentos Electrónicos, Nº 8454, a efectos de acreditar la\nautenticidad de la gestión. Se advierte que los documentos generados\nelectrónicamente o digitalizados que se presenten por el Sistema de Gestión en\nLínea o por el correo electrónico señalado, no deberán superar los 3 Megabytes. Notifíquese.",
  "body_en_text": "*260292810007CO*\n\nEXPEDIENT:\n\n26-029281-0007-CO\n\nPROCEEDING:\n\nACTION OF UNCONSTITUTIONALITY\n\nAPPLICANT:\n\nASOCIACIÓN CÍVICA DE HERMOSA\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at 9:30 a.m. on 21 August 2026.\n\nThe action of unconstitutionality filed by ASOCIACIÓN CÍVICA DE HERMOSA, legal-entity identification number [Valor 001], represented by [Nombre 001], holder of identity card number [Valor 002], is admitted for processing. The applicant seeks a declaration that Executive Decree No. 35868-MINAET, entitled “Regulation of Article 18 of the Ley Forestal No. 7575 and amendment of Articles 2 and 11 of the Regulations to the Ley Forestal No. 7575 (Executive Decree No. 25721-MINAE),” is unconstitutional, specifically the phrase “low impact” in Article 1(n) of the Regulations to the Ley Forestal No. 7575 (Executive Decree No. 25721-MINAE), as well as subparagraphs b), d), e), f), g), m), and n) of Article 2(B) of that same regulation. The applicant considers them contrary to Articles 7, 48, 50, and 89, and to the principles of scientific protection, technical reasonableness, forest irreducibility, non-regression and environmental progressivity, proportionality, prevention, precaution, pro natura (in dubio pro natura), in dubio pro aqua, and protection of the environment and climate, as well as the constitutional limits on regulatory authority.\n\nThe Procuraduría General de la República and the Ministerio de Ambiente y Energía are granted a hearing for fifteen days. The decree is challenged because, in the applicant’s view, the phrase “low-impact tourist activities” authorizes the development of ecotourism infrastructure, camping areas, canopy activities, platforms or lookout points in trees, hanging bridges, rappelling, lodges, and an open-ended clause covering activities “compatible with the environment” on State Natural Heritage land located outside Protected Wild Areas, without express statutory authorization or technical support guaranteeing the minimum environmental impact required by the regulation’s own definition.\n\nThis action is admitted because it meets the requirements set out in Articles 73 to 79 of the Law on Constitutional Jurisdiction. The applicant has standing under Article 75, second paragraph, because it acts in defense of diffuse interests, including those relating to environmental protection.\n\nA notice of the filing of the action shall be published three consecutive times in the Boletín Judicial.\n\nLegal effects of filing the action: The publication provided for in Article 81 of the Law on Constitutional Jurisdiction is intended to inform courts and bodies that exhaust the administrative process that the action of unconstitutionality has been filed, so that, in proceedings in which the application of the law, decree, provision, agreement, or resolution is at issue, no final decision is issued while the Chamber has yet to rule on the case.\n\nSeveral rules follow from this statutory provision. The first, and perhaps the most important, is that filing an action of unconstitutionality does not generally suspend the effectiveness and applicability of the rules. The second is that only acts applying the challenged rules are suspended when carried out by judicial authorities in proceedings brought before them, or by administrative authorities in procedures aimed at exhausting the administrative process; the rules’ force and general application are not suspended. The third rule is that the Chamber may determine the scope of the action’s suspensive effect. The fourth is that, in principle, in direct actions such as this one, brought in defense of diffuse interests, filing does not have a suspensive effect (see Constitutional Court ruling No. 537-91).\n\nThe fifth rule is that where an unconstitutional omission is alleged, no suspension may be ordered—that is, neither may the omitted conduct be prevented nor may it be carried out, since the latter would amount to deciding the action of unconstitutionality at an interlocutory stage. The sixth rule is that when procedural rules are challenged, their application is suspended at the procedural act in which they would apply. Therefore, if the challenged rules are not procedural, the only thing suspended is the issuance of the final decision.\n\nThat is, in the administrative forum, application of the challenged rules is suspended only in cases where there is a procedure to exhaust the administrative process, which requires an administrative appeal or motion for reconsideration against the final act by an individual. Where there is no dispute concerning application of the rule, its effectiveness and applicability are not suspended. In other words, in all matters where there is no procedure to exhaust the administrative process as described above, the rule must continue to be applied, whether it benefits the person subject to adjudication—as a favorable administrative act—or harms that person—as an unfavorable act that has not been challenged.\n\nWithin fifteen days after the first publication of the aforementioned notice, persons who are parties to matters pending on the date this action was filed, in which application of the challenged provisions is at issue, or persons with a legitimate interest, may appear in order to support or oppose the action or, where appropriate, to expand the grounds of unconstitutionality in relation to the matter of interest to them.\n\nIt is further made known that, under Articles 81 and 82 of the Law on Constitutional Jurisdiction and as the Chamber has repeatedly held (rulings 0536-91, 0537-91, 0554-91, and 0881-91), this publication does not suspend the general force of the rule, but only its application in the cases and under the conditions indicated.\n\nThe response to the hearing granted in this ruling must be submitted only once, using just one of the following means: physical documents delivered directly to the Chamber’s Secretariat; the fax system; electronic documents through the GESTIÓN EN LÍNEA system; or the email address Informes-SC@poder-judicial.go.cr, which is an email account dedicated exclusively to receiving reports. In every case, the response and other documents must expressly state the expediente number to which they are addressed.\n\nResponses submitted electronically must bear the signature of the responsible person signing them, either by digitizing the physical document bearing that person’s signature or by using a digital signature, in accordance with the provisions of the Law on Certificates, Digital Signatures, and Electronic Documents, No. 8454, in order to establish the authenticity of the filing.\n\nIt is noted that electronically generated or digitized documents submitted through the Gestión en Línea system or the email address indicated must not exceed 3 megabytes.\n\nNotify the parties."
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