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  "id": "nexus-sen-1-0007-1418844",
  "citation": "Res. 29108-2026 Sala Constitucional",
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  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Respuesta municipal sobre construcción en zona pública",
  "title_en": "Municipal Response on Construction in the Public Zone",
  "summary_es": "La Sala Constitucional rechazó de plano un recurso de amparo relacionado con una construcción denunciada en la zona pública de Playa Tambor. La persona recurrente alegó que el Concejo de Distrito de Cóbano no había contestado íntegramente sus consultas sobre permisos de construcción, concesión y autorización para instalar un medidor eléctrico, ni informado el resultado de una inspección. La mayoría concluyó que la autoridad sí respondió la consulta sobre permisos al indicar que no había extendido ninguno en los alrededores del muelle; el derecho de petición garantiza recibir una respuesta relacionada con lo pedido, no una respuesta favorable ni la obtención de lo solicitado. La Sala consideró que la denuncia y la solicitud de inspección planteaban además una posible mora administrativa, asunto que, salvo excepciones, corresponde conocer a la jurisdicción contencioso-administrativa. El magistrado Castillo Víquez agregó una nota sobre esa competencia. El magistrado Cruz Castro disintió respecto de la mora y sostuvo que la Sala debía poder tutelar el derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) summarily rejected an amparo proceeding concerning construction reported in the public zone of Playa Tambor. The applicant alleged that the Cóbano District Council had not fully answered questions about construction permits, a concession, and authorization to install an electricity meter, or reported the result of an inspection. The majority concluded that the authority had answered the question about permits by stating that it had issued none around the pier; the right to petition guarantees a response related to what was asked, not a favorable response or the requested outcome. The Chamber also considered that the report and inspection request raised a possible administrative delay, a matter that, subject to exceptions, belongs in the administrative-litigation jurisdiction. Justice Castillo Víquez added a note on that allocation of jurisdiction. Justice Cruz Castro dissented on the administrative-delay issue, arguing that the Chamber should be able to protect the right to prompt and complete administrative justice.",
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  "date": "30/07/2026",
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    "concesión municipal",
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  "keywords_en": [
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  "excerpt_es": "De lo anterior se desprende que, contrario a lo que afirma el recurrente, la autoridad recurrida sí respondió su petición de información y de manera consecuente con la información requerida, pero se encuentra inconforme con la respuesta brindada, por considerar que la respuesta es evasiva. En ese sentido, se le hace saber al recurrente que el derecho de petición, establecido en el artículo 27 Constitucional, hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés. Esta garantía se complementa con el derecho a obtener pronta respuesta, aunque esto último no significa que el administrado deba recibir una contestación favorable a sus intereses. En otras palabras, es el derecho a pedir y no el derecho a obtener lo que se pide.\n\nEn este caso, quedó acreditado que el amparado solicitó que le informara si se había otorgado permiso de construcción o visto bueno para instalación de un medidor de electricidad y se le brindó respuesta a su petición en los mismos términos que la planteó, es decir, la respuesta brindada por la autoridad resulta conteste con lo pedido, pues se le indicó que, no se ha extendido ningún tipo de permiso de construcción en los alrededores del muelle; sin que pueda reclamar en esta vía su inconformidad con la respuesta brindada. Así las cosas, este Tribunal estima que no se han vulnerado el derecho de petición del amparado.",
  "excerpt_en": "It follows from the foregoing that, contrary to what the applicant asserts, the respondent authority did answer the request for information consistently with the information sought, although the applicant is dissatisfied with the response, considering it evasive. In that regard, the applicant is advised that the right to petition, established in Article 27 of the Constitution, refers to every citizen’s ability to write to any public official or official entity to raise a matter of interest. This guarantee is complemented by the right to receive a prompt response, although this does not mean that the person must receive an answer favorable to their interests. In other words, it is the right to ask, not the right to obtain what is requested.\n\nIn this case, it was established that the applicant asked whether a construction permit or approval to install an electricity meter had been granted, and received a response in the same terms as the question was posed: the authority stated that it had issued no construction permit of any kind around the pier. The applicant may not use this proceeding to challenge dissatisfaction with the response. Accordingly, this Court finds that the applicant’s right to petition was not violated.",
  "outcome": {
    "label_en": "Summarily rejected",
    "label_es": "Rechazado de plano",
    "summary_en": "The majority summarily rejected the amparo because the authority had answered the inquiry about permits and directed the claim of possible administrative delay to the administrative-litigation jurisdiction; Justice Cruz Castro dissented on the latter point.",
    "summary_es": "La mayoría rechazó de plano el amparo porque la autoridad había respondido la consulta sobre permisos y remitió el reclamo por posible mora administrativa a la jurisdicción contencioso-administrativa; el magistrado Cruz Castro salvó el voto sobre este último punto."
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      "quote_es": "es el derecho a pedir y no el derecho a obtener lo que se pide."
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      "quote_en": "The new administrative-litigation jurisdiction is a suitable avenue, given its features of simplicity, speed, and promptness, for the effective protection of individuals’ substantive legal situations.",
      "quote_es": "la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados"
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      "context": "Voto salvado del magistrado Cruz Castro",
      "quote_en": "Administrative delay constitutes an infringement of a fundamental procedural guarantee.",
      "quote_es": "la mora administrativa constituye una lesión a una garantía procesal fundamental"
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1418844",
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  "body_es_text": "\n\nExp: 26-024532-0007-CO \n\nRes. Nº 2026029108\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del treinta de julio de dos mil veintiseis .\n\n Recurso de amparo interpuesto por Nombre01,­­ cédula de identidad número CED01; contra el CONCEJO DE DISTRITO DE CÓBANO, PUNTARENAS.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito presentado por Gestión en Línea ­­­­a las 15:33 horas del 08 de julio de 2026, la parte recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que: “Mediante correo enviado por mi persona a varias oficinas de dicha intendencia, con fecha 18 de mayo de 2026, solicité información respecto a una actividad constructiva que se estaba desarrollando en la ZONA PUBLICA de Playa Tambor. 2- El contenido de mi correo, era y es que se me informe si una construcción que se estaba llevado a cabo en esa playa, propiamente frente a al restaurante Bahía Ballena, contaba con permisos de construcción, si existía solicitud o concesión otorgada por ese municipio. Se solicitó además si la edificación y en la propiedad pública, se contaba con la autorización de la Municipalidad para la instalación de servicio eléctrico con el ICE; y si se contaba con concesión vigente otorgada por la Municipalidad. 3- Como respuesta a dicho correo, se me respondió, primeramente que el asunto se le pasaría al Departamento de Desarrollo Urbano para que indicara si había permiso de construcción, según correo de 9 de mayo de este mismo año. 4- Mediante correo de ese mismo día, la respuesta al Departamento de Zona Marítimo Terrestre, por parte del Departamento de Desarrollo Urbano, fue que NO EXISTIA PERMISO DE CONSTRUCION ALGUNO y que se enviaría un inspector. 5- Con fecha 24 de junio, es decir más de un mes después consulté sobre el resultado de la denuncia y la consulta planteada. 6- Ese mismo día se me respondió que ya se había realizado la inspección pero a la fecha no hay resultado, no solo de la supuesta inspección sino de los otros extremos de petición que se formularon, como lo son indicar si se cuenta con concesión y permiso para instalar servicios de electricidad en el terreno y edificación, por lo que considero se ha violentado mi derecho de petición y respuesta, regulado y tutelado por la Constitución Política articulo 27, y la ley 9097. PETICION. Se admita y acoja este recurso y se ordene a la Intendencia de Cobano a responder en un plazo no mayor a diez días, de manera integra lo solicitado. Igualmente s ele condene al pago de las costas, daños y perjuicios.” (SIC). \n\n2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.\n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente alega que el 18 de mayo de 2026, solicitó ante varias oficinas de la intendencia recurrida, información respecto de una actividad constructiva que se estaba desarrollando en la zona pública de Playa Tambor. Específicamente, solicitó que se le indicara si una construcción que se estaba llevado a cabo en esa playa, frente al restaurante Bahía Ballena, contaba con permisos de construcción, si existía solicitud o concesión otorgada por ese municipio. Se solicitó además si la edificación y en la propiedad pública, se contaba con la autorización de la Municipalidad para la instalación de servicio eléctrico con el ICE y si se contaba con concesión vigente otorgada por la Municipalidad. En respuesta se le indicó que no existía permiso de construcción alguno y que se enviaría un inspector. Asimismo, el 24 de junio consultó sobre el resultado de la denuncia y la consulta. Ese mismo día se le respondió que ya se había realizado la inspección pero a la fecha no hay resultado, no solo de la supuesta inspección sino de los otros extremos de petición que se formularon, como lo son indicar si se cuenta con concesión y permiso para instalar servicios de electricidad en el terreno y edificación, por lo que considero se ha violentado su derecho de petición y respuesta. \n\nII.- SOBRE EL DERECHO DE PETICIÓN. De la prueba aportada a los autos se desprende que el 18 de mayo de 2026, el recurrente presentó -mediante correo electrónico- un escrito de denuncia y consulta dirigido a la intendencia al Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, específicamente, al Departamento de Ingeniería, a la Inspección Municipal y al Departamento de Zona Marítimo Terrestre, en la que gestionó lo siguiente:\n\n“ Por este medio solicito de manera formal información relacionada con la propiedad ubicada frente a la pescadería del Muelle de Tambor, a la par del restaurante Bahía Ballena.\n\nDeseo consultar si dicha propiedad cuenta actualmente con una concesión vigente y con los permisos de construcción correspondientes, ya que durante la primera semana de mayo de 2026 se inició la construcción de un techo nuevo de aproximadamente 25 metros.\n\nAsimismo, solicito confirmar si la propiedad cuenta con el visto bueno de la Municipalidad para la instalación de un nuevo medidor eléctrico con el ICE.\n\nEn caso de que la construcción no cuente con los permisos correspondientes, agradecería me indiquen cuál es el plazo legal establecido para realizar la inspección municipal y proceder con una eventual orden de demolición, suspensión de obras y liberación de la zona pública, en caso de que no cuenten con una concesión vigente sobre dicha área.” (SIC). \n\n \n\n Tal como lo indica el propio recurrente, dicha solicitud fue contestada el 19 de mayo de 2026, en donde se le informó que: \n\n“Buenas tardes, este departamento no ha extendido ningún tipo de permiso de construcción en los alrededores del muelle, por lo que se solicita al departamento de ZMT enviar lo antes posible al inspector para que proceda como corresponde.”\n\n \n\nDe lo anterior se desprende que, contrario a lo que afirma el recurrente, la autoridad recurrida sí respondió su petición de información y de manera consecuente con la información requerida, pero se encuentra inconforme con la respuesta brindada, por considerar que la respuesta es evasiva. En ese sentido, se le hace saber al recurrente que el derecho de petición, establecido en el artículo 27 Constitucional, hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés. Esta garantía se complementa con el derecho a obtener pronta respuesta, aunque esto último no significa que el administrado deba recibir una contestación favorable a sus intereses. En otras palabras, es el derecho a pedir y no el derecho a obtener lo que se pide. Además, implica el derecho a que la respuesta que se brinde esté relacionada con lo que se pide. En este caso, quedó acreditado que el amparado solicitó que le informara si se había otorgado permiso de construcción o visto bueno para instalación de un medidor de electricidad y se le brindó respuesta a su petición en los mismos términos que la planteó, es decir, la respuesta brindada por la autoridad resulta conteste con lo pedido, pues se le indicó que, no se ha extendido ningún tipo de permiso de construcción en los alrededores del muelle; sin que pueda reclamar en esta vía su inconformidad con la respuesta brindada. Así las cosas, este Tribunal estima que no se han vulnerado el derecho de petición del amparado. En virtud de lo expuesto, si el recurrente se encuentra inconforme con la respuesta brindada, deberá gestionar lo correspondiente ante la propia autoridad recurrida o en la vía legal correspondiente, para que se resuelva como en derecho corresponda. En consecuencia, el amparo resulta inadmisible como en efecto se declara. \n\nIII.- SOBRE LA ALEGADA MORA ADMINISTRATIVA. Por otra parte, se observa que la gestión planteada por el recurrente el 18 de mayo de 2026, contenía además de la solicitud de información referida en el considerando anterior, una denuncia por la presunta construcción sin permisos en zona pública, la cual no constituye una solicitud de información pura y simple protegida por el artículo 27 de la Constitución Política; sino que se trata de una denuncia o reclamo administrativo y solicitud de inspección, a lo cual le es aplicable lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política. Ahora bien, a partir del voto número 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008 y salvo algunas excepciones, esta Sala ha remitido este tipo de reclamos a la jurisdicción contencioso administrativa y, precisamente, el tema aquí planteado no es una de las excepciones que esta Sala ha admitido para conocer la alegada violación al derecho a obtener justicia administrativa pronta y cumplida. En consecuencia, lo procedente es remitir a la parte recurrente a la vía contenciosa a acusar el retardo en cuestión, con fundamento en los siguientes considerandos. \n\nIV.- NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad –y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o “amparo de legalidad”, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.\n\n V.- VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS PAUTADOS POR LEY PARA RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: CUESTIÓN EVIDENTE DE LEGALIDAD ORDINARIA. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para la parte recurrente. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle a la persona gestionante que si a bien lo tiene puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. \n\nVI.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nVII.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO CRUZ CASTRO, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. Si bien en el pasado he sostenido el criterio de mayoría del Tribunal, bajo una mejor ponderación de los derechos fundamentales que se reclaman, estimo que la mora administrativa constituye una lesión a una garantía procesal fundamental, razón por la que cambio el criterio que había expuesto, admitiendo la posible infracción al derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida, separándome de la visión de la mayoría del Tribunal, en el sentido que –salvo contadas excepciones- este tipo de reproches deben resolverse en la jurisdicción contenciosa administrativa. Por el contrario, estimo que uno de los derechos que esta jurisdicción se encuentra llamada a tutelar es el de la justicia pronta y cumplida, expresamente consagrado en el artículo 41 constitucional. Ello conforme al ámbito de competencia asignado a este Tribunal en materia de protección a derechos fundamentales, en atención a lo dispuesto en los artículos 10 y 48 de la Constitución Política. Si bien, entiendo la importancia de las reformas de la jurisdicción contencioso administrativa a partir de la vigencia de la Ley 8508 del veinticuatro de abril de dos mil seis, lo cierto es que dicha situación no justifica la remisión a dicha instancia de los asuntos que versan sobre materia que es competencia de esta Sala, la cual ha demostrado a lo largo de los años que es un medio célere y efectivo para la tutela de los derechos fundamentales de los habitantes del país.\n\nVIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe rechaza de plano el recurso. El Magistrado Castillo Víquez pone nota, en relación con el artículo 41 constitucional. El Magistrado Cruz Castro salva el voto, en relación con el artículo 41 constitucional.\n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n VGQLQWWZ09061 \n\nEXPEDIENTE N° 26-024532-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01).",
  "body_en_text": "\n\nExp: 26-024532-0007-CO\n\nRes. Nº 2026029108\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at 9:25 a.m. on 30 July 2026.\n\nAmparo proceeding filed by Nombre01, identity card number CED01, against the CÓBANO DISTRICT COUNCIL, PUNTARENAS.\n\nBackground:\n\n1.- In a written submission filed through Gestión en Línea at 15:33 on 08 July 2026, the petitioner files an amparo proceeding and states: “By email sent by me to several offices of that Intendencia on 18 May 2026, I requested information concerning construction activity taking place in the PUBLIC ZONE of Playa Tambor. 2- The content of my email was and is that I be informed whether construction being carried out on that beach, specifically in front of Bahía Ballena restaurant, had construction permits, and whether there was an application or concession granted by that municipality. It was also requested whether the building and the public property had the Municipality’s authorization for installation of electrical service with ICE, and whether there was a current concession granted by the Municipality. 3- In response to that email, I was first told that the matter would be referred to the Urban Development Department so it could indicate whether there was a construction permit, according to an email dated 9 May of this same year. 4- By email on that same day, the response from the Urban Development Department to the Maritime Terrestrial Zone Department was that NO CONSTRUCTION PERMIT WHATSOEVER EXISTED and that an inspector would be sent. 5- On 24 June, that is, more than a month later, I asked about the outcome of the complaint and the inquiry raised. 6- That same day I was told that the inspection had already been carried out, but to date there is no outcome, not only of the supposed inspection but also of the other matters raised in the request, such as indicating whether there is a concession and permission to install electricity services on the land and building. I therefore consider that my right to petition and response, regulated and protected by Article 27 of the Political Constitution and Law 9097, has been violated. REQUEST. This amparo proceeding should be admitted and granted, and the Cóbano Intendencia should be ordered to respond fully to the request within no more than ten days. It should likewise be ordered to pay costs, damages, and losses.” (SIC).\n\n2.- Article 9 of the Constitutional Jurisdiction Act authorizes the Chamber to summarily reject, either on its face or on the merits, at any time, including upon filing, any submission brought before it that proves manifestly inadmissible, or when it considers that there is sufficient evidence to reject it, or that it is a mere reiteration or reproduction of an identical or similar earlier submission that was rejected.\n\nJustice Castillo Víquez writes; and\n\nReasons:\n\nI.- SUBJECT OF THE AMPARO PROCEEDING. The petitioner alleges that on 18 May 2026, they requested information from several offices of the respondent Intendencia concerning construction activity taking place in the public zone of Playa Tambor. Specifically, they asked to be informed whether construction being carried out on that beach, in front of Bahía Ballena restaurant, had construction permits, and whether there was an application or concession granted by that municipality. They also asked whether the building and the public property had the Municipality’s authorization for installation of electrical service with ICE and whether there was a current concession granted by the Municipality. In response, they were told that no construction permit whatsoever existed and that an inspector would be sent. On 24 June, they also asked about the outcome of the complaint and inquiry. That same day, they were told that the inspection had already been carried out, but to date there is no outcome, not only of the supposed inspection but also of the other matters raised in the request, such as whether there is a concession and permission to install electricity services on the land and building, and they therefore consider that their right to petition and response has been violated.\n\nII.- ON THE RIGHT TO PETITION. The evidence in the case file shows that on 18 May 2026, the petitioner submitted, by email, a written complaint and inquiry addressed to the Intendencia and the Municipal District Council of Cóbano, specifically to the Engineering Department, the Municipal Inspection Office, and the Maritime Terrestrial Zone Department, in which they requested the following:\n\n“By this means, I formally request information related to the property located in front of the fish market at the Tambor Pier, next to Bahía Ballena restaurant.\n\nI wish to ask whether that property currently has a valid concession and the corresponding construction permits, since during the first week of May 2026 construction began on a new roof of approximately 25 meters.\n\nI also request confirmation as to whether the property has the Municipality’s approval for installation of a new electricity meter with ICE.\n\nIf the construction does not have the corresponding permits, I would appreciate it if you would tell me the legal period established for carrying out a municipal inspection and proceeding with a possible demolition order, suspension of works, and release of the public zone, if there is no valid concession for that area.” (SIC).\n\nAs the petitioner himself states, that request was answered on 19 May 2026, when he was informed that:\n\n“Good afternoon. This department has not issued any type of construction permit in the area around the pier. Accordingly, the ZMT Department is asked to send the inspector as soon as possible so the inspector can proceed as appropriate.”\n\nIt follows from the foregoing that, contrary to the petitioner’s assertion, the respondent authority did answer his request for information in a manner consistent with the information requested, but he is dissatisfied with the answer provided because he considers it evasive. In this regard, the petitioner is informed that the right to petition, established in Article 27 of the Constitution, refers to the ability of every citizen to address any public official or official entity in writing in order to raise a matter of interest to them. This guarantee is complemented by the right to receive a prompt response, although the latter does not mean that the person concerned must receive an answer favorable to their interests. In other words, it is the right to ask, not the right to obtain what is requested. It also entails the right for the answer provided to relate to what is requested. In this case, it was established that the amparo applicant asked to be informed whether a construction permit had been granted or approval given for installation of an electricity meter, and an answer was provided in the same terms as the request was framed; that is, the answer provided by the authority is responsive to the request, since the applicant was told that no type of construction permit had been issued in the area around the pier. The applicant may not challenge his dissatisfaction with the answer provided through this proceeding. Accordingly, this Court finds that the amparo applicant’s right to petition has not been violated. In light of the foregoing, if the petitioner is dissatisfied with the answer provided, he must pursue the appropriate steps before the respondent authority itself or through the corresponding legal avenue, so that the matter may be resolved in accordance with law. Consequently, the amparo proceeding is inadmissible, as is hereby declared.\n\nIII.- ON THE ALLEGED ADMINISTRATIVE DELAY. Furthermore, it is observed that the submission filed by the petitioner on 18 May 2026 contained, in addition to the information request referred to in the preceding section, a complaint concerning the alleged construction without permits in a public zone, which is not a simple information request protected by Article 27 of the Political Constitution; rather, it is an administrative complaint or claim and a request for inspection, to which Article 41 of the Political Constitution applies. Now, beginning with decision 2008-02545, issued at 8:55 a.m. on 22 February 2008, and subject to certain exceptions, this Chamber has referred this type of claim to the administrative-litigation jurisdiction. The issue raised here is not one of the exceptions that this Chamber has accepted for hearing an alleged violation of the right to obtain prompt and proper administrative justice. Consequently, the appropriate course is to refer the petitioner to the administrative-litigation avenue to allege the delay in question, on the basis of the following reasons.\n\nIV.- THE NEW ADMINISTRATIVE JUSTICE SYSTEM: AN EXPEDITIOUS AND PROPER MECHANISM FOR PROTECTING THE SUBSTANTIVE LEGAL POSITIONS OF PERSONS SUBJECT TO THE ADMINISTRATION. Since its establishment, the Constitutional Chamber has used broad admissibility criteria in view of the absence of expeditious and prompt procedural avenues for protecting substantive legal positions grounded in the infra-constitutional legal system or legality framework, which are indirectly connected to fundamental rights and the Law of the Constitution. In this regard, one must keep in mind that, by virtue of its supremacy, super-legality, and direct and immediate effectiveness, the Constitution provides indirect support for any conceivable substantive legal position of individuals. Nevertheless, upon reconsidering the matter and following the enactment of the Administrative Litigation Procedural Code (Law No. 8508 of 24 April 2006) and its entry into force on 1 January 2008, it has become clear that litigants now have a plenary and universal administrative-litigation jurisdiction, which is highly expeditious and prompt owing to the various procedural mechanisms that legislation incorporates into the legal system, such as shorter time limits for carrying out the various procedural acts, broad standing, interim measures, the numerus apertus of claims that may be brought, orality—and its subprinciples of concentration, immediacy, and expedition—the single instance with a right of appeal in expressly specified situations, in-proceeding conciliation, the unified proceeding, the preferential-track proceeding or “amparo of legality,” proceedings involving pure questions of law, new enforcement measures (coercive fines, substitute or commissarial enforcement, attachment of fiscal-domain assets and some public-domain assets), the broad powers of the enforcement judges, the extension and adaptation of the effects of case law to third parties, and the flexibility of the cassation appeal. All these novel procedural institutions are expressly intended to achieve procedural economy, expedition, promptness, and effective or proper protection of the substantive legal positions of persons subject to the Administration, all while guaranteeing basic fundamental rights such as due process, the right of defense, and the adversarial process. In sum, the new administrative-litigation jurisdiction is a suitable avenue, given its new features of simplicity, expedition, and promptness, for the amparo and effective protection of the substantive legal positions of persons subject to the Administration where evidence must be gathered or certain questions of ordinary legality resolved.\n\nV.- VERIFICATION OF THE TIME LIMITS ESTABLISHED BY LAW FOR RESOLVING ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS: AN OBVIOUS QUESTION OF ORDINARY LEGALITY. It is clear that determining whether the public administration complies with the time limits established by the General Public Administration Act (Articles 261 and 325) or by sector-specific laws for special administrative proceedings, in order to resolve an administrative proceeding by final act—whether initiated on its own motion or at the request of a party—or to hear the applicable administrative appeals, is an obvious question of ordinary legality that may henceforth be discussed and resolved before the administrative-litigation jurisdiction, applying the principles that inform the constitutional jurisdiction, such as derivative standing, the possibility of self-representation—that is, appearing without legal counsel—and the absence of costs for the petitioner. Accordingly, the proceeding must be summarily rejected, and the petitioner advised that, if they so wish, they may turn to the administrative-litigation jurisdiction.\n\nVI.- NOTE BY JUSTICE CASTILLO VÍQUEZ CONCERNING PROMPT AND PROPER ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court’s position that, when a litigant alleges a violation of the right to prompt and proper justice in the administrative sphere, the Administrative Litigation Courts, and not this Chamber, must hear the legal dispute. However, with the recent enactment of Law n.° 9097, Law Regulating the Right to Petition, it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo proceeding provided for in Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Act, in conjunction with Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in cases where the petitioner considers that the Administration’s material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted legislation does not require this Court to change its line of case law, since under Article 7 of its Act, this Court is exclusively responsible for defining its own jurisdiction. Therefore, except for those constitutional legal disputes that this Chamber itself has recognized as exceptional cases that may be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo process, in all other cases the competent judges are those of the administrative-litigation jurisdiction, for the reasons this Court has given (decision No. 2008-02545, issued at 8:55 a.m. on 22 February 2008). All of this is consistent with Article 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and rules), and the corresponding legal provisions, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\nVII.- DISSENTING OPINION OF JUSTICE CRUZ CASTRO CONCERNING PROMPT AND PROPER ADMINISTRATIVE JUSTICE. Although in the past I have maintained the Court’s majority position, upon reconsidering the fundamental rights being asserted, I believe that administrative delay constitutes a violation of a fundamental procedural guarantee. For this reason, I am changing the position I previously expressed and accept the possible violation of the right to prompt and proper administrative justice, departing from the Court majority’s view that—with few exceptions—this type of complaint must be resolved in the administrative-litigation jurisdiction. On the contrary, I consider that one of the rights this jurisdiction is called upon to protect is the right to prompt and proper justice, expressly enshrined in Article 41 of the Constitution. This is consistent with the jurisdiction assigned to this Court in matters of protection of fundamental rights, in accordance with Articles 10 and 48 of the Political Constitution. Although I understand the importance of the reforms to the administrative-litigation jurisdiction following the entry into force of Law 8508 of 24 April 2006, that circumstance does not justify referring to that forum matters concerning an area within this Chamber’s jurisdiction, which has demonstrated over the years that it is an expeditious and effective means of protecting the fundamental rights of the country’s inhabitants.\n\nVIII.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. The petitioner is advised that any paper document, as well as any objects or evidence contained on an additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device that may have been submitted, must be collected from the court office within a maximum of 30 business days from notification of this judgment. Otherwise, all material not collected within this period will be destroyed, pursuant to the “Regulation on Electronic Case Files before the Judiciary,” approved by the Full Court at session No. 27-11 on 22 August 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin No. 19 on 26 January 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary at its session No. 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe amparo proceeding is summarily rejected. Justice Castillo Víquez files a note concerning Article 41 of the Constitution. Justice Cruz Castro dissents concerning Article 41 of the Constitution.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\nVGQLQWWZ09061\n\nCASE FILE No. 26-024532-0007-CO\n\nTelephone: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01)."
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