{ "id": "nexus-sen-1-0007-1418935", "citation": "Res. 29354-2026 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Incumplimiento de sentencia sobre planta de tratamiento San Charbel", "title_en": "Noncompliance with San Charbel Treatment Plant Judgment", "summary_es": "La Sala Constitucional acogió la gestión de desobediencia relacionada con su sentencia de 24 de enero de 2025, que ordenó a la Municipalidad de Alajuela coordinar con el AyA y el Área Rectora de Salud Alajuela 2 para solucionar definitivamente la problemática sanitaria y ambiental de la planta de tratamiento de aguas residuales de San Charbel. Consideró insuficientes y tardías las gestiones municipales y del AyA: vencido el plazo de seis meses, no se había suscrito el convenio propuesto, definido quién asumiría la operación y el mantenimiento, ni acreditado que las autoridades hubieran asumido esas labores; los vecinos seguían sosteniendo la planta. Reiteró la orden de cumplimiento y advirtió sobre la posible remisión de piezas al Ministerio Público por desobediencia y la apertura de un procedimiento administrativo contra tres funcionarios municipales. No resolvió los reclamos sobre permisos de construcción, por ser ajenos a esta gestión de cumplimiento, sin perjuicio de que se impugnen por la vía correspondiente. En lo demás, declaró no ha lugar la gestión.", "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) granted the noncompliance application concerning its 24 January 2025 judgment, which ordered the Municipality of Alajuela to coordinate with AyA and the Alajuela 2 Health Area to definitively resolve the sanitary and environmental problems at the San Charbel wastewater treatment plant. It found the municipality’s and AyA’s steps late and insufficient: after the six-month deadline, no proposed agreement had been signed, responsibility for operating and maintaining the plant had not been definitively assigned, and the authorities had not shown that they had taken over those tasks; residents continued to support the plant. The Chamber reiterated the compliance order and warned that it could refer records to the Ministerio Público (Public Prosecutor’s Office) concerning possible disobedience and open administrative proceedings against three municipal officials. It did not decide the construction-permit claims because they fell outside this compliance proceeding, without prejudice to challenging those decisions through the appropriate procedure. The application was denied in all other respects.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "04/08/2026", "year": "2026", "topic_ids": [], "primary_topic_id": null, "es_concept_hints": [ "gestión de desobediencia", "recurso de amparo", "planta de tratamiento de aguas residuales", "orden sanitaria", "ambiente sano y ecológicamente equilibrado", "ejecución de sentencia", "AyA", "Ministerio Público" ], "article_citations": [], "keywords_es": [ "gestión de desobediencia", "incumplimiento de sentencia", "amparo ambiental", "planta de tratamiento de aguas residuales", "Urbanización San Charbel", "Municipalidad de Alajuela", "AyA", "coordinación interinstitucional", "mantenimiento de planta de tratamiento", "permisos de construcción" ], "keywords_en": [ "noncompliance application", "failure to comply with judgment", "environmental amparo", "wastewater treatment plant", "San Charbel development", "Municipality of Alajuela", "AyA", "interinstitutional coordination", "treatment plant maintenance", "construction permits" ], "excerpt_es": "Tales diligencias evidencian que las instituciones han iniciado un proceso de coordinación; sin embargo, a la fecha no se ha suscrito el convenio, no se ha definido de manera definitiva cuál entidad asumirá la operación y el mantenimiento de la planta, ni consta que las autoridades hayan asumido efectivamente esas labores. Por el contrario, según lo informado, la planta continúa siendo operada y sostenida económicamente por los propios vecinos.\n\nDe este modo, pese al amplio tiempo transcurrido desde el dictado de la sentencia y al vencimiento del plazo de seis meses concedido, la situación permanece en una fase de valoración técnica, elaboración de instrumentos y coordinación interinstitucional. Las dificultades respecto a la competencia o la necesidad de celebrar un convenio no justifican la inobservancia del plazo.", "excerpt_en": "These steps show that the institutions have begun a coordination process; however, as of this date, the agreement has not been signed, it has not been definitively determined which entity will assume operation and maintenance of the plant, and there is no evidence that the authorities have actually taken over those tasks. On the contrary, according to the information provided, the plant continues to be operated and financially supported by the residents themselves.\n\nThus, despite the considerable time since the judgment was issued and the expiry of the six-month period granted, the matter remains at the stage of technical assessment, preparation of instruments, and interinstitutional coordination. Disputes about competence or the need to enter into an agreement do not justify failing to observe the deadline.", "outcome": { "label_en": "Noncompliance upheld", "label_es": "Desobediencia acogida", "summary_en": "The noncompliance application was granted and the Municipality of Alajuela was again ordered to comply with the judgment by definitively resolving the sanitary and environmental problem at the San Charbel plant; construction-permit claims fell outside this proceeding, and the application was denied in all other respects.", "summary_es": "Se acogió la gestión de desobediencia y se reiteró a la Municipalidad de Alajuela el cumplimiento de la sentencia sobre la solución definitiva del problema sanitario y ambiental de la planta de San Charbel; los reclamos sobre permisos de construcción quedaron fuera de esta gestión y, en lo demás, se declaró no ha lugar." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando II", "quote_en": "Disputes about competence or the need to enter into an agreement do not justify failing to observe the deadline.", "quote_es": "Las dificultades respecto a la competencia o la necesidad de celebrar un convenio no justifican la inobservancia del plazo." }, { "context": "Considerando II", "quote_en": "Therefore, while a definitive solution is being reached, pending coordination cannot result in neglect of the sanitary and environmental conditions that led to the amparo being granted.", "quote_es": "Por ello, mientras se alcanza una solución definitiva, no resulta admisible que la coordinación pendiente se traduzca en una desatención de las condiciones sanitarias y ambientales que dieron lugar a la estimatoria del recurso." }, { "context": "Considerando III", "quote_en": "Accordingly, those matters fall outside the scope of this compliance proceeding, which is limited to determining whether the authorities carried out what the cited judgment ordered.", "quote_es": "Por consiguiente, tales extremos exceden el ámbito propio de esta gestión de cumplimiento, en la que únicamente corresponde determinar si las autoridades ejecutaron lo ordenado en el voto citado." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1418935", "tier": 2, "is_environmental": true, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "EV Generación de Machote: D:\\Gestion-Judicial\\Servidor de Archivos\\MODELOS\\S4SENAMH002.dpj\n\n\n\nExp: 24-021588-0007-CO \n\nRes. Nº 2026029354\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del cuatro de agosto de dos mil veintiseis .\n\nGestión posterior promovida por Nombre06, cédula de identidad CED02, Nombre07, cédula de identidad CED03, Nombre05, cédula de identidad CED04 y Nombre03, cédula de identidad CED05, contra la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito desglosado del expediente del 26-016369-0007-CO, mediante sentencia No. 2026-021384 de las 09:30 horas del 12 de junio de 2026, se dispuso a tramitar el escrito presentado el 08 de mayo de 2026, como una presunta desobediencia de lo resuelto en la sentencia No. 2025-002002 de las 09:15 horas del 24 de enero de 2025, en el cual manifiestan los gestionantes lo siguiente:\n\n“PRIMERO: Que Somos propietarios de las siguientes fincas:\n\n1. Nombre07: Finca matricula folio real número PRN01, plano catastrado A-1623795-2012, adquirida el 29 de agosto de 2024.\n\n2. Nombre03: Finca matricula PRN02, plano catastrado A-1623802-2012 adquirida el 25 de febrero de 2026.\n\n3. Nombre06: Finca matricula PRN03, plano A-1624348-2012, adquirida el 25 de septiembre de 2013.\n\n4. Nombre05: Finca matrícula PRN04, plano A-1717761-2014, adquirida el 20 de junio de 2014.\n\nTodas ubicadas en la Urbanización San Charbel, La Guácima de Alajuela (ver prueba 1).\n\nEl desarrollo fue realizado por Versachi de Centroamérica S.A., y contó con disponibilidad de agua y alcantarillado sanitario otorgada por el AYA mediante oficio CCO-OM-2007-32 del 12 de febrero de 2007 (ver prueba 2).\n\nSEGUNDO: Que, mediante resolución de visado aprobada, oficio MA-ACU-VA-0859-2013 del 8 de febrero de 2013, del área de subproceso de planificación urbana, de la Municipalidad de Alajuela, autorizó el traspaso de áreas comunes, incluyendo la planta de tratamiento de aguas residuales, inscrita desde el 21 de agosto de 2015 a nombre de la Municipalidad (ver prueba 3).\n\nTERCERO: A pesar de que la planta se encontraba a nombre de la Municipalidad desde el año 2015, la desarrolladora continuó su mantenimiento hasta el año 2022. Posteriormente, al cesar dicho mantenimiento al considerar que la responsabilidad debía recaer sobre la Municipalidad, la planta dejó de funcionar adecuadamente, generando afectación ambiental.\n\nAnte la inacción Municipal, los vecinos asumieron su mantenimiento de forma voluntaria, lo cual resulto insostenible. Se realizaron múltiples gestiones ante la Municipalidad, sin que esta asumiera plenamente su responsabilidad, cuestionando reiteradas ocasiones su obligación sobre la operación y mantenimiento de la planta ante las quejas de los vecinos según consta en diversos oficios N.° MA-A313-2023, N.º MA-A-1025-2023, N.º MA-A-3421-2023 y N.° MA-A-3990-2023; oficio N.° MA-PPCI-0591-2023 (ver prueba 4).\n\nCUARTO: Mediante resolución número 2025002002 de las 9:15 horas del 24 de enero de 2025, dictada por la Sala Constitucional de Costa Rica dentro del expediente 24-021588-0007-CO, presentado por una vecina de la urbanización San Charbel, se declaró con lugar un recurso de amparo y se ordenó a la Municipalidad de Alajuela, en coordinación con el AYA y el Ministerio de Salud, realizar las acciones necesarias para solucionar la problemática y traspasar la planta de tratamiento al AYA en un plazo de SEIS MESES.\n\nQUINTO: Pese a la existencia de dicha orden constitucional:\n\n1. La Municipalidad ha extendido injustificadamente el cumplimiento, trasladando el asunto entre dependencias internas.\n\n2. El acuerdo Municipal para actuar se produjo tardíamente (acta 14-2025 del 8 de abril de 2025), tema que se conoció 2 meses y 15 días después de la orden Judicial. (ver prueba 5).\n\n3. Posteriormente, en acta 35-2025 del 2 de septiembre de 2025, se dispuso a continuar con coordinaciones, evidenciando retrasos significativos (4 meses y 6 días después) aprobando trasladar a la oficina de Proceso de Acueductos y Alcantarillados Municipales (PAAM) la solicitud para coordinar con el AYA los trámites correspondientes. (ver prueba 6).\n\n4. A la fecha, el trámite continúa sin resolverse, según oficio MA-PPCI0043-2026, con fecha 26 de enero 2026 pese a que el Ministerio de Salud ya emitió criterio técnico favorable (ver prueba 7).\n\n5. La planta de tratamiento se encuentra en pleno y adecuado funcionamiento, siendo operada y sostenida exclusivamente con recursos económicos y administrativos aportados por los propios vecinos del Residencial San Charbel, sin que exista intervención, supervisión efectiva del Municipio, todo lo contrario, resulta particularmente relevante destacar el evidente desinterés de la Administración Municipal en la atención y resolución integral de la situación.\n\nEl plazo de seis meses ordenado por la Sala Constitucional ha sido claramente incumplido desconociendo y violentando la tutela judicial efectiva.\n\nSEXTO: Que el perjuicio que nos causa y que da origen al presente recurso de amparo radica en la violación, de nuestros derechos fundamentales, en particular el derecho de igualdad, derecho de propiedad, a la libertad de comercio, así como los principios de legalidad, respuesta pronta y seguridad jurídica todo ello derivado de actuaciones arbitrarias de la administración.\n\nLos terrenos que nos pertenecen constituyen de los pocos disponibles sin construir en la urbanización San Charbel, en esa condición, dado que la urbanización se encuentra aproximadamente en un 95% desarrollada.\n\nAl momento de adquirir dichas propiedades, lo hicimos como compradores de buena fe, verificando que las mismas contaban con todos los requisitos legales y técnicos necesarios para el desarrollo habitacional: usos de suelo permitidos, disponibilidades de agua potable aprobadas y, en general, el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Municipalidad de Alajuela, lo cual se evidencia además en que la gran mayoría del proyecto ya se encuentra construido y habitado.\n\nEn ese sentido, se aportan las siguientes pruebas documentales:\n\nI. Finca 2-505172-000: Cuenta con uso de suelo permitido según oficio MA-ACC-US-8947-2025, así como disponibilidad de agua y alcantarillado sanitario positiva según oficio SIGDD-2025-00101405-1-2-SAP (prueba número 8).\n\nII. Finca PRN05: Cuenta con disponibilidad de agua y alcantarillado sanitario positiva según oficio SIGDD-2026-00002215-1-1-SS (prueba número 9).\n\nIII. Finca PRN06: Cuenta con uso de suelo permitido según oficio MA-ACC-US-9149-2025, disponibilidad de agua y alcantarillado sanitario positiva según oficio SIGDD-2026-00002215-1-1-SS (prueba número 10).\n\nIV. Finca PRN07: Cuenta con uso de suelo permitido según oficio MA-ACC-US-9153-2025, disponibilidad de agua y alcantarillado sanitario positiva según oficio SIGDD-2026-00000253-1-1-SS (prueba número 11).\n\nNo obstante, lo anterior, y pese a existir la resolución firme emitida por la Sala Constitucional de Costa Rica, dicho plazo ha transcurrido sin que la administración haya dado cumplimiento a lo ordenado, más parece una lucha interna de poder entre la oficina de Proceso de Acueductos y Alcantarillados Municipales (PAAM), ante la inacción de actuaciones y el departamento de control constructivo propiamente el Departamento De (sic)\n\n• Se vulnera el derecho de petición y a una respuesta pronta y oportuna, al mantener trámites sin resolver y omitir una comunicación formal, clara y debidamente motivada.\n\n Asimismo, configura un silencio administrativo lesivo y una actuación arbitraria y desproporcionada, al trasladar a los administrados las consecuencias del incumplimiento municipal.\n\nEn consecuencia, resulta evidente que la Administración ha actuado en abierta contravención del orden constitucional, generando un perjuicio directo, actual y continuo a nuestros derechos fundamentales, lo cual justifica plenamente la interposición del presente recurso de amparo.\n\n(…)\n\nPETITORIA\n\nPor lo expuesto, solicitamos respetuosamente a la Sala Constitucional de Costa Rica:\n\n1. Declarar con lugar el presente recurso de amparo.\n\n2. Ordenar a la Municipalidad de Alajuela cumplir de forma inmediata con la sentencia número 2025002002.\n\n3. Ordenar a la Municipalidad de Alajuela dejar sin efecto el rechazo de los tramites 1284663 con fecha 29-04-2026, tramite 1283345, con fecha 13-04-2026 y tramite 1264030, con fecha 04-02-2026.emitidos por la Municipalidad; valorar si las fincas cumplen con los requisitos correspondientes al proyecto San Charbel debidamente aprobados bajo un mismo marco normativo y técnico e igualdad a los demás terrenos ya aprobados.\n\n4. Ordenar a la Municipalidad abstenerse de suspender permisos de construcción sin acto administrativo debidamente fundamentado para las fincas de Urbanización San Charbel que cumplan con los requisitos previos para otorgar los permisos.\n\n5. Ordenar la resolución inmediata de los trámites pendientes de permisos de construcción.\n\n6. Advertir a las autoridades recurridas sobre las consecuencias legales del incumplimiento”.\n\n2.- En resolución de las 11:30 horas del 23 de junio de 2026, se concede audiencia sobre lo alegado por los recurrentes a Nombre08, a Nombre04, a Nombre02 y a Nombre01, en sus respectivas condiciones de alcalde de Alajuela, director de Planeamiento y Construcción de Infraestructura, coordinador del Subproceso Saneamiento Municipal y coordinador del Proceso de Acueducto y Saneamiento, todos de la Municipalidad de Alajuela, o a quienes ocupen dichos cargos, para que se refieran y aporten las pruebas correspondientes respecto a los hechos y omisiones que se les atribuyen.\n\n3.- Informa bajo juramento Nombre08, a Nombre04, a Nombre01 y a Nombre02, en sus respectivas condiciones de alcalde de Alajuela, director de Planeamiento y Construcción de Infraestructura, coordinador del Proceso de Acueducto y Saneamiento y coordinador del Subproceso Saneamiento Municipal, todos de la Municipalidad de Alajuela, lo siguiente:\n\n“Preliminarmente, resulta necesario indicar que esta Municipalidad ha mantenido un seguimiento permanente de la situación objeto del presente asunto constitucional y ha realizado dentro del ámbito de sus competencias y posibilidades legales, diversas actuaciones concretas orientadas a procurar una solución efectiva para los contribuyentes de la Urbanización San Charbel.\n\nPara una adecuada valoración de los hechos, conviene precisar el marco jurídico y competencial que rodea la situación sometida a conocimiento de la Sala Constitucional.\n\nEn primer lugar, debe señalarse que la Municipalidad de Alajuela NO es a la fecha la operadora responsable como tal de la planta de tratamiento de la Urbanización San Charbel. Si bien esta Corporación Municipal figura como propietaria registral del inmueble donde se localiza dicha infraestructura, correspondiente a la finca folio real N.° PRN08, la titularidad del terreno; no implica, por sí misma, la competencia para administrar, operar o prestar el servicio público de saneamiento asociado a la planta.\n\nEn el caso concreto, la Urbanización San Charbel se encuentra dentro de un área donde el servicio público de abastecimiento de agua potable es prestado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Dicha circunstancia tiene particular relevancia, siendo que, por el paralelismo dispuesto en la materia, le corresponde en principio prestatario también atender el saneamiento de dicha planta.\n\nLo anterior resulta especialmente relevante considerar que, conforme a los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, toda actuación administrativa se encuentra sometida al principio de legalidad, según el cual las instituciones públicas únicamente pueden ejercer las competencias que les han sido expresamente atribuidas por el ordenamiento jurídico.\n\nBajo esa premisa, y en apego a los principios de coordinación y colaboración interadministrativa, esta Municipalidad ha promovido diversas gestiones con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados orientadas a definir una solución jurídica y operativamente viable para la atención del sistema de saneamiento de la Urbanización San Charbel, ya que la Municipalidad no puede asumir unilateralmente la operación de la planta de tratamiento, sin contar con un instrumento jurídico habilitante que regule claramente las competencias, responsabilidades operativas, obligaciones técnicas y eventuales responsabilidades derivadas de la prestación del servicio. Proceder de otra forma implicaría asumir funciones sin respaldo normativo suficiente, en contravención del principio de legalidad que rige el actuar de toda Administración Pública.\n\nPese a lo anterior y lejos de permanecer inactiva de lo ordenado en la resolución N.º 2025002002, la Municipalidad ha impulsado acciones concretas para procurar una solución definitiva. Así, mediante oficio N.º MA-A-3943-2025 se comunicó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados su disposición para gestionar el traspaso del inmueble donde se ubica la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Urbanización San Charbel.\n\nEn respuesta a dicha gestión, mediante oficio N.º GG-2025-02638, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados indicó que no resultaba procedente efectuar una recepción parcial del inmueble mientras no se cumpliera previamente con el procedimiento de aprobación y recepción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento aprobado mediante Acuerdo N.º 2022-354.\n\nPosteriormente, el 24 de marzo de 2026 se celebró una reunión interinstitucional entre funcionarios de ambas instituciones, en la cual la Municipalidad planteo la posibilidad de asumir la ejecución de obras de mejora y la operación de la planta de tratamiento. No obstante, se concluyó que cualquier alternativa requería necesariamente de una solicitud formal emitida al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para ellos analizar la situación.\n\nEn cumplimiento de lo anterior, mediante oficio N.º MA-A-1678-2026, de fecha 15 de abril de 2026, el señor Alcalde Municipal remitió al AyA la solicitud formal, solicitando los pasos a seguir para suscribir un convenio de cooperación interinstitucional destinada a establecer el marco jurídico necesario para que esta Municipalidad pudiera operar el sistema de saneamiento de la Urbanización San Charbel.\n\nDicha propuesta constituye una medida extraordinaria impulsada por esta Administración con el único propósito de procurar una solución efectiva a la problemática planteada. No obstante, a la fecha el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no ha emitido una respuesta definitiva respecto de la propuesta formulada.\n\nAnte esa situación, esta Municipalidad continuó realizando gestiones de seguimiento y, mediante oficio N.° MAA-2758-2026, de fecha 24 de junio de 2026, remitió un recordatorio formal solicitando un pronunciamiento sobre la propuesta planteada, en el oficio N.º MA-A-1678-2026.\n\nDe esta manera, queda acreditado que la Municipalidad de Alajuela ha actuado de forma diligente, continua y de buena fe, impulsando todas las actuaciones que razonablemente se encuentran dentro de su esfera de competencias. Asimismo, se evidencia que la implementación de una solución definitiva requiere la adopción de decisiones que exceden el ámbito de actuación municipal y que dependen de la definición institucional pendiente por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.\n\nDebe considerarse además que esta Municipalidad carece de potestades para obligar a otra institución pública a aceptar una propuesta de convenio o emitir un criterio determinado y tampoco puede sustituir las competencias que el ordenamiento jurídico atribuye a otros entes públicos ni asumir unilateralmente funciones cuya regulación requiere acuerdos previos entre las instituciones involucradas (AyA).\n\nPor consiguiente, no puede atribuirse a la Municipalidad una conducta omisiva, renuente o desacatadora. Por el contrario, la documentación aportada demuestra una actuación activa, constante y orientada a la búsqueda de soluciones, encontrándose pendiente una definición institucional cuya adopción escapa del ámbito de control de esta Municipalidad.\n\nAsimismo, es importante señalar que el 17 de abril del presente año esta Municipalidad remitió un informe de seguimiento a la Sala Constitucional, en el cual se dejó constancia de las gestiones realizadas y de aquellas que se encuentran actualmente en ejecución para atender la situación objeto del presente asunto.\n\nEn dicho informe se asumió el compromiso de mantener informada a la Sala Constitucional sobre los avances sustantivos que se vayan produciendo, compromiso que se mantiene vigente y que esta Administración continuará observando hasta el cumplimiento integral de lo ordenado mediante la resolución N.º 2025002002.\n\nCon respecto al tema de los permisos de construcción en cuanto al fondo no guardan relación con la resolución N.º 2025002002, emitida por la Sala constitucional, por tanto, no se emitirá pronunciamiento al respecto.\n\nEn consecuencia, respetuosamente se solicita a esta Sala tener por acreditadas las actuaciones desplegadas por esta Administración y considerar que la imposibilidad de materializar la solución propuesta no obedece a una negativa o resistencia municipal, sino a la necesidad de contar con las definiciones y mecanismos de coordinación institucional indispensables para su implementación”.\n\n4.- En resolución de las 12:14 horas del 30 de junio de 2026, se confiere audiencia al presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. \n\n5.- Informa bajo juramento Lourdes Sáurez Barboza, en su condición de presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, lo siguiente:\n\n“Sobre la gestión presentada por la Municipalidad de Alajuela, en relación con los oficios N.º MA-A-1678-2026 y oficio N.º MA-A-2758-2026, remitidos al AyA procedemos a rendir informe a esta Sala, en el siguiente sentido:\n\nPrimero: Efectivamente fueron recibidos por este Instituto los oficios MA‑A‑1678‑2026, de fecha 14 de abril de 2026, y MA‑A‑2758‑2026, de fecha 24 de junio de 2026, ambos suscritos por el señor Lic. Nombre08, Alcalde Municipal de Alajuela, mediante los cuales se planteó la propuesta de suscribir un convenio de cooperación interinstitucional que permita a la Municipalidad de Alajuela asumir la operación del servicio de saneamiento en la Urbanización San Charbel, sector en el cual el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) administra el servicio de agua potable.\n\nQue en atención a dicha solicitud y conforme con lo acordado en la reunión de coordinación interinstitucional celebrada el 24 de marzo de 2026, según consta en la prueba para mejor resolver aportada por la Municipalidad, se analizó la situación de la planta de tratamiento de aguas residuales y se planteó, por parte de la Municipalidad, la posibilidad de asumir directamente la ejecución de obras, mejoras y la operación de la planta correspondiente a los vecinos de la Urbanización San Charbel. Como resultado de esa reunión se concluyó la necesidad de formalizar la propuesta mediante solicitud oficial, lo cual se materializó en el oficio MA‑A‑1678‑2026.\n\nEn el marco de dicha coordinación, este Instituto indicó en esa misma reunión que, dada la complejidad de los requerimientos técnicos previamente identificados y que deben ser atendidos, resultaba indispensable trasladar el asunto a las áreas especializadas internas para realizar un análisis operativo y legal que permitiera separar el servicio de abastecimiento del de recolección y tratamiento, con el fin de emitir un criterio de factibilidad y remitir una propuesta borrador de convenio a la Municipalidad (que igualmente requiere de valoración, discusión y entendimiento). Se dejó claro que la suscripción del convenio no constituye un requisito que detenga al Gobierno Local en la ejecución de las gestiones básicas de mejora de la planta de tratamiento, las cuales se encuentran bajo su responsabilidad directa y deben atenderse conforme a las recomendaciones técnicas ya comunicadas (oficios SG‑GSP‑RT‑2024‑00160 y SG‑GSP‑RT‑2024‑00159), las cuales fueron objeto de análisis en la reunión conjunta.\n\nEn todo momento este Instituto ha manifestado su anuencia para la formalización del convenio interinstitucional, cuyo propósito es clarificar la separación de los servicios públicos y formalizar la voluntad —que ya constituye un imperativo legal conforme a la resolución Nº 2025‑002002— de mantener la administración de la planta de tratamiento de aguas residuales San Charbel por parte de la Municipalidad de Alajuela. No obstante, se reiteró que el grado de complejidad del fondo del convenio ha impedido una remisión inmediata, sin que ello constituya obstáculo para que el Gobierno Local atienda las recomendaciones básicas que ya son de su conocimiento y que fueron acordadas en la reunión de coordinación interinstitucional.\n\nSegundo: El departamento legal del Instituto procedió a solicitar a la Región Central Oeste mediante memorando No. PRE-J-2026-01716 del 21 de mayo del 2026, que realizara una valoración técnica relacionada con la solicitud de la municipalidad mediante Oficio No. MA-A-1678-2026, sobre la viabilidad técnica y aspectos que puedan influir en su debida administración y operación. Tomando en consideración los aspectos mínimos exigidos por la normativa de Salud.\n\nTercero: En atención al oficio MA‑A‑2758‑2026, notificado por la Municipalidad de Alajuela el día 24 de junio de 2026, la Gerencia General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, mediante correo electrónico remitido por la asesora Isabel Araya Paniagua el día 26 de junio de 2026, giró instrucciones específicas a las áreas técnicas y jurídicas competentes para dar continuidad al trámite respectivo.\n\nEn dichas instrucciones, se dispuso que la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos debía atender la consulta planteada por la Municipalidad, con plazo máximo al 30 de junio de 2026, a fin de remitir el insumo técnico requerido. Posteriormente, se indicó que la Dirección Jurídica debía elaborar, dentro de los tres días siguientes a la recepción de dicho insumo, un informe a la Gerencia General sobre el estado actual del caso, incluyendo la valoración de la posibilidad de suscribir el convenio de cooperación interinstitucional y señalando el avance correspondiente, así como el contacto para que la Municipalidad pudiera coordinar directamente.\n\nEstas instrucciones reflejan la voluntad institucional de dar seguimiento oportuno al recordatorio formulado por la Municipalidad y de avanzar en la definición de un mecanismo de cooperación interinstitucional respecto de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Urbanización San Charbel, en cumplimiento de las obligaciones de coordinación establecidas por la Sala Constitucional en la sentencia Nº 2025‑002002.\n\nCuarto: Seguidamente la Región Central Oeste en atención al oficio MA‑A‑1678‑2026 de la Municipalidad de Alajuela y al memorando PRE‑J‑2026‑01716 emitido por la Dirección Jurídica del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Dirección Regional Central Oeste de este Instituto, mediante memorando SG‑GSP‑RC‑2026‑00372 de fecha 2 de julio de 2026, emitió la valoración técnica operativa correspondiente.\n\nEn dicha valoración se indicó que no se presenta objeción técnica preliminar a la gestión de coordinación interinstitucional planteada, pero se estableció como condición indispensable que, previo a la validación jurídica formal y a la eventual firma de un convenio de cooperación, la Municipalidad de Alajuela debe garantizar y certificar formalmente que el sistema de saneamiento de la Urbanización San Charbel cumple íntegramente con los requisitos estructurales, operativos y de calidad ambiental exigidos por la legislación costarricense vigente.\n\nSe señaló expresamente que la infraestructura y los informes técnicos operativos de la planta de tratamiento de aguas residuales deben ajustarse a los marcos normativos aplicables, entre ellos:\n\n• El Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento (La Gaceta N.º 151, 10 de agosto de 2022).\n\n• La Norma Técnica para el Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial (Acuerdo de Junta Directiva N.º 281‑2017).\n\n• El Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo N.º 33601‑S‑MINAE).\n\nBajo ese marco, este Instituto reitera su responsabilidad como ente rector en materia de saneamiento y manifestó la anuencia de participar en reuniones de seguimiento para unificar criterios técnicos y legales, con el fin de conformar el borrador definitivo del convenio que será presentado al Gobierno Local.\n\nQuinto: Mediante Memorando PRE-J-2026-02306 se emite la factibilidad legal y se facilita a la Gerencia una propuesta avanzada de Convenio para ser discutida, consolidada y acordada con el Gobierno Local, procediendo la Gerencia General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a dar respuesta formal a la solicitud planteada por la Municipalidad de Alajuela en los oficios de referencia. En ese sentido, mediante oficio GG-2026-02165 de fecha 3 de julio de 2026, la Gerencia General comunicó al señor Alcalde Municipal que, una vez efectuadas las valoraciones técnicas y legales correspondientes, no existe objeción técnica ni legal para continuar con el proceso de formalización del convenio de cooperación interinstitucional propuesto. Asimismo, se remitió una propuesta inicial de borrador de convenio y se designaron los funcionarios responsables para la conformación de las mesas de trabajo entre ambas instituciones, con el propósito de avanzar en la consolidación y eventual suscripción del instrumento respectivo. De esta forma, queda acreditado que el AyA atendió formalmente la gestión municipal y ha impulsado las acciones necesarias para dar continuidad al proceso de coordinación interinstitucional a la luz de nuestro ordenamiento jurídico.\n\nPETITORIA\n\nCon fundamento en las razones de hecho y de derecho señaladas, se deja rendido el informe solicitado y se aportan las pruebas correspondientes. Expresamente se señala que las actuaciones del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se encuentran ajustadas a derecho en cumplimiento de sus fines y en el marco de sus competencias. Por lo cual, no ha desobedecido, violentado normas, garantías o principios constitucionales, ni ambientales, por lo que debe declararse sin lugar el recurso presentado en todos sus extremos en contra de AyA”.\n\n6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. \n\n Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,\n\n Considerando:\n\n I.- Sobre lo dispuesto en el presente proceso. Por medio de la sentencia No. 2025-002002 de las 09:15 horas del 24 de enero de 2025, este Tribunal resolvió lo siguiente:\n\n “I.- Objeto del recurso. La recurrente alega que es vecina de la urbanización San Charbel, ubicada en la Guácima de Alajuela y la planta de tratamiento de la comunidad está en un terreno municipal y se encuentra sin mantenimiento. Señala que esto provocó que dejará de funcionar y un grave problema ambiental y a la salud, por lo que la Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria. Indica que mediante trámite No. 4530-2023 se denunció el problema descrito ante el gobierno local recurrido; sin embargo, a la fecha en que acude en amparo la problemática persiste. Por lo anterior estima vulnerados sus derechos fundamentales y de los vecinos de la comunidad.\n\n II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\n a) El 16 de enero de 2023, la Alcaldía de Alajuela recibió el Trámite No. 4530-2023 suscrito por los Vecinos de Urbanización San Charbel, ubicada en Rincón Chiquito, La Guácima, mediante el cual exponen la situación que les afecta con respecto a la planta de tratamiento de aguas residuales (véase informe del alcalde de Alajuela recurrido, agregado al expediente digital).\n\n b) El terreno donde se encuentra ubicada la Planta de Tratamiento de Urbanización San Charbel se trata de un área comunal a nombre de la Municipalidad de Alajuela (véase informe del alcalde de Alajuela recurrido, agregado al expediente digital).\n\n c) La alcaldía de Alajuela solicitó el criterio de distintos departamentos municipales y se concluyó que la planta de tratamiento debe ser trasladada al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, pero no se ha realizado la gestión correspondiente ante esa institución (véase informe del alcalde de Alajuela recurrido, agregado al expediente digital).\n\n d) La Municipalidad de Alajuela es la responsable en la determinación de las medidas requeridas para solucionar el problema de administración de la planta de tratamiento de aguas residuales, quien a su vez aprobó en su momento el desarrollo urbanístico en dicha zona y en caso de decidir trasladar la administración al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, debe cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento Acuerdo No. 2022354 de la Junta Directiva del AyA, publicado en el ALCANCE No. 171 a la GACETA No. 151 del miércoles 10 de agosto del 2022 (véase informe del presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado recurrido, agregado al expediente digital).\n\n e) El 22 de noviembre de 2024, el Área Rectora de Salud de Alajuela 2 realizó una inspección a la planta de tratamiento de aguas residuales de la Urbanización San Charbel y se concluyó no se encuentra en funcionamiento y genera un riesgo a la salud pública y al ambiente, por lo que se emitió la orden sanitaria No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-2712024, mediante la cual se ordenó a la Municipalidad de Alajuela lo siguiente: “1. Reactivar el funcionamiento y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Urbanización San Charbel. Presentar ante el Área Rectora de Salud Alajuela 2 la evidencia de las acciones realizadas. 2. El funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales deberá realizarse acatando la normativa técnica vigente mediante la presentación de Reportes Operacionales y cumplimiento en sitio con las características del reglamento Nº 33601” (véase informe del director del Área Rectora de Salud Alajuela 2 recurrido, agregado al expediente digital).\n\n f) El 25 de noviembre del 2024, la orden sanitaria No. MS-DRRSCNDARSA2-OS-271-2024 fue notificada a la Municipalidad de Alajuela y se le otorgaron diez días hábiles para su cumplimiento (véase informe del director del Área Rectora de Salud Alajuela 2 recurrido, agregado al expediente digital).\n\n g) El 20 de diciembre del 2024, la planta de tratamiento fue puesta en funcionamiento por parte de los vecinos de la comunidad (véase informe del director del Área Rectora de Salud Alajuela 2 recurrido, agregado al expediente digital).\n\n IV.- Sobre el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En reiteradas ocasiones este Tribunal ha desarrollado el contenido de este derecho, contemplado en el artículo 50 de la Constitución Política. La protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. El Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado, por lo que tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas.\n\n V.- Sobre el caso concreto. En el presente asunto, la recurrente alega que es vecina de la urbanización San Charbel, ubicada en la Guácima de Alajuela y la planta de tratamiento de la comunidad está en un terreno municipal y se encuentra sin mantenimiento. Señala que esto provocó que dejará de funcionar y un grave problema ambiental y a la salud, por lo que la Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria. Indica que mediante trámite No. 4530-2023 se denunció el problema descrito ante el gobierno local recurrido; sin embargo, a la fecha en que acude en amparo la problemática persiste. Por lo anterior estima vulnerados sus derechos fundamentales y de los vecinos de la comunidad.\n\n Al respecto, después de analizar los elementos probatorios aportados y los informes rendidos bajo juramento por las autoridades recurridas, con oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se tiene acreditado que la Municipalidad de Alajuela tiene conocimiento de la problemática de la planta de tratamiento de aguas residuales alegada por la promovente desde el 16 de enero de 2023, bajo el trámite No. 4530-2023 suscrito por los Vecinos de Urbanización San Charbel. También, que el terreno donde se encuentra ubicada la Planta de Tratamiento de Urbanización San Charbel se trata de un área comunal a nombre de la Municipalidad de Alajuela. Ahora, justifican las autoridades municipales accionadas que la alcaldía solicitó el criterio de distintos departamentos municipales y se concluyó que la planta de tratamiento debe ser trasladada al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, pero no se ha realizado la gestión correspondiente ante esa institución.\n\n Por su parte, el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado informa que la Municipalidad de Alajuela es la responsable en la determinación de las medidas requeridas para solucionar el problema de administración de la planta de tratamiento de aguas residuales, quien a su vez aprobó en su momento el desarrollo urbanístico en dicha zona y en caso de decidir trasladar la administración al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, debe cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento Acuerdo No. 2022-354 de la Junta Directiva del AyA, publicado en el ALCANCE No. 171 a la GACETA No. 151 del miércoles 10 de agosto del 2022.\n\n Ahora, se tiene que el 22 de noviembre de 2024, el Área Rectora de Salud de Alajuela 2 realizó una inspección a la planta de tratamiento de aguas residuales de la Urbanización San Charbel y se concluyó no se encuentra en funcionamiento y genera un riesgo a la salud pública y al ambiente, por lo que se emitió la orden sanitaria No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-271-2024, mediante la cual se ordenó a la Municipalidad de Alajuela lo siguiente: “1. Reactivar el funcionamiento y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Urbanización San Charbel. Presentar ante el Área Rectora de Salud Alajuela 2 la evidencia de las acciones realizadas. 2. El funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales deberá realizarse acatando la normativa técnica vigente mediante la presentación de Reportes Operacionales y cumplimiento en sitio con las características del reglamento Nº 33601”. En ese sentido, se colige que el 25 de noviembre del 2024, la orden sanitaria No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-271-2024 fue notificada a la Municipalidad de Alajuela y se le otorgaron diez días hábiles para su cumplimiento.\n\n Ante este panorama, se tiene por constatada la acusada inacción de las autoridades municipales, pues si bien determinaron las acciones que requieren realizar, lo cierto del caso es que actualmente la situación denunciada se mantiene, en el sentido que no han realizado las gestiones correspondientes para solucionar la problemática de la planta de tratamiento ni tampoco su traslado ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados –a quienes afirman son los que deberían darle el manteamiento–. Lo anterior, a pesar de que tienen conocimiento de la problemática en cuestión desde el 2023, sin que conste que se haya tomado ninguna otra medida, que exista ninguna solución con certeza del problema denunciado por la recurrente, o que se haya definido una fecha para resolver dicha problemática. Bajo tal estado de las cosas, nos encontramos ante un problema sanitario grave que afecta al medio ambiente y la salud de los habitantes de la comunidad, y se constata que la Municipalidad de Alajuela ha mostrado incapacidad para hacer cumplir las leyes en la materia y su obligación de garantizar el disfrute de los habitantes de la zona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con las consecuencias para la salud de esas personas debido a la naturaleza del problema sanitario que les aqueja. En reiterada jurisprudencia la Sala ha dicho que no se puede aceptar que a los seres humanos se les niegue el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, debido a la incapacidad de las autoridades públicas correspondientes para ejercer efectivamente las potestades de vigilancia y la solución a los problemas otorgadas por ley. La persistencia del problema demuestra que las pocas acciones realizadas han sido claramente insuficientes.\n\n Debido a lo expuesto, lo procedente es la estimatoria del recurso a efecto que las autoridades de la Municipalidad de Alajuela emitan las órdenes y lleven a cabo las actuaciones respectivas dentro del ámbito de sus competencias, a fin de solucionar de forma definitiva el problema denunciado por la parte recurrente y constatado por las autoridades sanitarias traídas al proceso de amparo. Ahora, si bien el 20 de diciembre del 2024 la planta de tratamiento fue puesta en funcionamiento, lo cierto es que fue por parte de los vecinos de la comunidad, lo cual no implica que las autoridades municipales deban de llevar las gestiones correspondientes para la situación expuesta en el presente proceso sea subsanada de forma definitiva, pues aluden que deben gestionar que la planta de tratamiento sea administrada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.\n\n VI.- Por otra parte, es menester indicar que no se observa alguna acción u omisión por parte de las autoridades sanitarias, quienes por su parte teniendo pleno conocimiento de la problemática que afecta a los pobladores del sector, se han encargado de brindar seguimiento al caso, constatar su existencia y emitir la orden sanitaria del caso. De igual manera respecto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, dado que no se colige que sean los responsables de darle el mantenimiento a la planta de tratamiento de aguas residuales. Así las cosas, lo que procede es desestimar el recurso en cuanto a tales autoridades.\n\n(…)\n\nPor tanto:\n\nSe declara con lugar el recurso, únicamente, en contra la Municipalidad de Alajuela. Se ordena a Nombre08, a Nombre04, a Nombre02 y a Nombre01, en sus respectivas condiciones de alcalde de Alajuela, director de Planeamiento y Construcción de Infraestructura, coordinador del Subproceso Saneamiento Municipal y coordinador del Proceso de Acueducto y Saneamiento, todos de la Municipalidad de Alajuela, o a quienes ocupen dichos cargos, dentro del plazo de SEIS MESES contado a partir de la notificación de esta sentencia, realicen en forma coordinada y conjunta con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Área Rectora de Salud Alajuela 2, los actos necesarios para eliminar la problemática denunciada por la parte recurrente sobre la planta de tratamiento de aguas residuales. Se advierte a las autoridades recurridas, o a quienes ocupen su cargo, que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Alajuela al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a la presente declaratoria, los cuales se liquidarán en el proceso de ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo”.\n\nII.- Sobre el cumplimiento de lo ordenado. Después de analizar los elementos probatorios aportados y los informes rendidos bajo juramento por las autoridades, con oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, este Tribunal estima que se ha incumplido lo ordenado en la sentencia No. 2025-002002 de las 09:15 horas del 24 de enero de 2025.\n\nEn dicha resolución se ordenó a las autoridades de la Municipalidad de Alajuela que, dentro del plazo de seis meses contado a partir de su notificación y en coordinación con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Área Rectora de Salud Alajuela 2, realizaran los actos necesarios para eliminar la problemática relacionada con la planta de tratamiento de aguas residuales de la Urbanización San Charbel. La orden no se limitó a iniciar coordinaciones o efectuar gestiones preliminares, sino que impuso la obligación de alcanzar, dentro del plazo fijado, una solución efectiva y definitiva al problema sanitario y ambiental constatado.\n\nAunque se acreditó que la municipalidad recurrida ha desplegado algunas actuaciones dirigidas a procurar una solución, estas resultan tardías e insuficientes para tener por cumplido lo ordenado. En efecto, mediante oficio No. MA-A-3943-2025 comunicó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados su disposición de gestionar el traspaso del inmueble donde se ubica la planta; posteriormente, el 24 de marzo de 2026, ambas instituciones celebraron una reunión de coordinación y, mediante oficio No. MA-A-1678-2026 de abril de 2026, el alcalde municipal formuló una solicitud para suscribir un convenio de cooperación interinstitucional que permitiera al gobierno local ejecutar las obras de mejora y asumir la operación del sistema. Ante la ausencia de una respuesta definitiva, el 24 de junio de 2026 la Municipalidad remitió el oficio No. MA-A-2758-2026, mediante el cual reiteró esa solicitud.\n\nPor su parte, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados solicitó una valoración técnica mediante memorando No. PRE-J-2026-01716 del 21 de mayo de 2026; el 2 de julio siguiente, la Dirección Regional Central Oeste emitió el memorando No. SG-GSP-RC-2026-00372, en el que manifestó que no existía objeción técnica preliminar, sujeta al cumplimiento de los requisitos estructurales, operativos y ambientales aplicables. Finalmente, mediante oficio No. GG-2026-02165 del 3 de julio de 2026, el instituto comunicó a la municipalidad que no existía objeción técnica ni legal para continuar con la formalización del convenio, remitió un borrador y designó a los funcionarios encargados de integrar las mesas de trabajo.\n\nTales diligencias evidencian que las instituciones han iniciado un proceso de coordinación; sin embargo, a la fecha no se ha suscrito el convenio, no se ha definido de manera definitiva cuál entidad asumirá la operación y el mantenimiento de la planta, ni consta que las autoridades hayan asumido efectivamente esas labores. Por el contrario, según lo informado, la planta continúa siendo operada y sostenida económicamente por los propios vecinos. Esta circunstancia fue expresamente considerada en la sentencia cuyo cumplimiento se reclama, en la que se aclaró que la puesta en funcionamiento de la planta por parte de la comunidad no relevaba a las autoridades de su deber de solucionar definitivamente la problemática.\n\nDe este modo, pese al amplio tiempo transcurrido desde el dictado de la sentencia y al vencimiento del plazo de seis meses concedido, la situación permanece en una fase de valoración técnica, elaboración de instrumentos y coordinación interinstitucional. Las dificultades respecto a la competencia o la necesidad de celebrar un convenio no justifican la inobservancia del plazo. \n\nNótese, además, que la necesidad de culminar el procedimiento de coordinación interinstitucional o de formalizar un convenio con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no exime a la Municipalidad de Alajuela de adoptar, entretanto, las medidas indispensables para asegurar el adecuado funcionamiento y mantenimiento de la planta. En la sentencia cuyo cumplimiento se reclama se tuvo por acreditado, con fundamento en lo informado por el propio instituto, que corresponde al gobierno local determinar y ejecutar las medidas requeridas para solucionar el problema de administración de esa infraestructura, por haber aprobado el desarrollo urbanístico y figurar como titular registral del inmueble donde se ubica. Asimismo, el instituto indicó que, antes de la eventual formalización del convenio, la municipalidad debe garantizar y certificar que el sistema de saneamiento cumple integralmente los requisitos estructurales, operativos y de calidad ambiental exigidos por el ordenamiento jurídico. Por ello, mientras se alcanza una solución definitiva, no resulta admisible que la coordinación pendiente se traduzca en una desatención de las condiciones sanitarias y ambientales que dieron lugar a la estimatoria del recurso.\n\nEn consecuencia, al no haberse alcanzado la solución efectiva y definitiva ordenada, corresponde acoger la gestión de incumplimiento y ordenar a las autoridades competentes que, de manera inmediata, culminen las actuaciones técnicas, jurídicas y administrativas necesarias para dar cabal ejecución a la sentencia No. 2025-002002.\n\nIII.- Sobre los reclamos relativos a los permisos de construcción. Los gestionantes también cuestionan el rechazo de los trámites de construcción Nos. 1284663, CED01 1264030, así como la supuesta suspensión de permisos correspondientes a varias propiedades de la Urbanización San Charbel. No obstante, esos alegatos se refieren a actuaciones administrativas distintas y posteriores a los hechos examinados en la sentencia No. 2025-002002, cuyo objeto se circunscribió a la problemática sanitaria y ambiental de la planta de tratamiento de aguas residuales.\n\nPor consiguiente, tales extremos exceden el ámbito propio de esta gestión de cumplimiento, en la que únicamente corresponde determinar si las autoridades ejecutaron lo ordenado en el voto citado. De ahí que no proceda emitir pronunciamiento sobre la validez de las decisiones adoptadas respecto de los permisos de construcción, sin perjuicio de que los interesados las controviertan por la vía que corresponda.\n\nIV.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n Se acoge la gestión de desobediencia. Se reitera a Nombre08, a Nombre04, a Nombre01 y a Nombre02, en sus respectivas condiciones de alcalde de Alajuela, director de Planeamiento y Construcción de Infraestructura, coordinador del Proceso de Acueducto y Saneamiento y coordinador del Subproceso Saneamiento Municipal, todos de la Municipalidad de Alajuela, o a quienes en su lugar ocupen dichos cargos, el cumplimiento de lo dispuesto por esta Sala en la sentencia No. 2025-002002 de las 09:15 horas del 24 de enero de 2025. Lo anterior, bajo la advertencia de, en caso de no hacerlo, se puede disponer testimoniar piezas ante el Ministerio Público, por la eventual comisión del delito de desobediencia (artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional); así como, en cuanto al Nombre04, a Nombre01 y a Nombre02, en sus respectivas condiciones de director de Planeamiento y Construcción de Infraestructura, coordinador del Proceso de Acueducto y Saneamiento y coordinador del Subproceso Saneamiento Municipal, todos de la Municipalidad de Alajuela, la apertura de un procedimiento administrativo en su contra. En lo demás, se declara no ha lugar a la gestión formulada. Notifíquese en forma personal a Nombre08, a Nombre04, a Nombre01 y a Nombre02, en sus respectivas condiciones de alcalde de Alajuela, director de Planeamiento y Construcción de Infraestructura, coordinador del Proceso de Acueducto y Saneamiento y coordinador del Subproceso Saneamiento Municipal, todos de la Municipalidad de Alajuela, o a quienes en su lugar ocupen dichos cargos.\n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n FRZUQJXL44C61 \n\nEXPEDIENTE N° 24-021588-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01).", "body_en_text": "Docket: 24-021588-0007-CO\n\nResolution No. 2026029354\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at 9:25 a.m. on 4 August 2026.\n\nSubsequent application brought by Nombre06, identity card CED02; Nombre07, identity card CED03; Nombre05, identity card CED04; and Nombre03, identity card CED05, against the MUNICIPALITY OF ALAJUELA.\n\nBackground:\n\n1.- By a written submission separated from case file 26-016369-0007-CO, in judgment No. 2026-021384 of 9:30 a.m. on 12 June 2026, it was ordered that the submission filed on 8 May 2026 be processed as an alleged failure to comply with what was decided in judgment No. 2025-002002 of 9:15 a.m. on 24 January 2025. In it, the applicants state the following:\n\n“FIRST: We are the owners of the following properties:\n\n1. Nombre07: Property registered under folio matrícula number PRN01, cadastral survey A-1623795-2012, acquired on 29 August 2024.\n\n2. Nombre03: Property registered under matrícula PRN02, cadastral survey A-1623802-2012, acquired on 25 February 2026.\n\n3. Nombre06: Property registered under matrícula PRN03, survey A-1624348-2012, acquired on 25 September 2013.\n\n4. Nombre05: Property registered under matrícula PRN04, survey A-1717761-2014, acquired on 20 June 2014.\n\nAll are located in Urbanización San Charbel, La Guácima de Alajuela (see evidence 1).\n\nThe development was carried out by Versachi de Centroamérica S.A. and had water and sanitary sewer service availability granted by AYA through letter CCO-OM-2007-32 of 12 February 2007 (see evidence 2).\n\nSECOND: By an approved endorsement resolution, letter MA-ACU-VA-0859-2013 of 8 February 2013, the urban planning sub-process area of the Municipality of Alajuela authorized the transfer of common areas, including the wastewater treatment plant, which has been registered in the Municipality’s name since 21 August 2015 (see evidence 3).\n\nTHIRD: Although the plant had been in the Municipality’s name since 2015, the developer continued maintaining it until 2022. After that maintenance ceased, on the view that responsibility should fall to the Municipality, the plant stopped functioning properly, causing environmental harm.\n\nIn the face of municipal inaction, the neighbors voluntarily took over its maintenance, which proved unsustainable. They made multiple efforts before the Municipality without it fully assuming its responsibility, and it repeatedly questioned its obligation to operate and maintain the plant in response to residents’ complaints, as recorded in various letters Nos. MA-A313-2023, MA-A-1025-2023, MA-A-3421-2023, and MA-A-3990-2023; letter No. MA-PPCI-0591-2023 (see evidence 4).\n\nFOURTH: By Resolution No. 2025002002 of 9:15 a.m. on 24 January 2025, issued by the Constitutional Chamber of Costa Rica in case file 24-021588-0007-CO, brought by a resident of Urbanización San Charbel, an amparo application was granted. The Municipality of Alajuela, in coordination with AYA and the Ministry of Health, was ordered to take the necessary action to resolve the problem and transfer the treatment plant to AYA within SIX MONTHS.\n\nFIFTH: Despite that constitutional order:\n\n1. The Municipality has unjustifiably extended the time for compliance, moving the matter among internal departments.\n\n2. The Municipal Council’s agreement to act came late (minutes 14-2025 of 8 April 2025), a matter considered 2 months and 15 days after the judicial order (see evidence 5).\n\n3. Later, in minutes 35-2025 of 2 September 2025, it was decided to continue coordination, demonstrating significant delays (4 months and 6 days later), and to approve sending the request to the Municipal Aqueducts and Sewerage Process office (PAAM) to coordinate the relevant procedures with AYA (see evidence 6).\n\n4. To date, the procedure remains unresolved, according to letter MA-PPCI0043-2026 dated 26 January 2026, even though the Ministry of Health has already issued a favorable technical opinion (see evidence 7).\n\n5. The treatment plant is operating fully and properly, and is operated and maintained exclusively with financial and administrative resources provided by the residents of Residencial San Charbel, without municipal intervention or effective oversight. Quite the contrary: it is particularly relevant to emphasize the Municipal Administration’s evident lack of interest in addressing and comprehensively resolving the situation.\n\nThe six-month period ordered by the Constitutional Chamber has clearly been breached, disregarding and violating effective judicial protection.\n\nSIXTH: The harm we suffer, which gives rise to this amparo application, lies in the violation of our fundamental rights, in particular the right to equality, the right to property, freedom of commerce, and the principles of legality, a prompt response, and legal certainty, all arising from arbitrary actions by the administration.\n\nThe properties belonging to us are among the few undeveloped lots remaining in Urbanización San Charbel, which is approximately 95% developed.\n\nWhen we acquired those properties, we did so as good-faith buyers, verifying that they met all legal and technical requirements for residential development: permitted land uses, approved availability of potable water, and, generally, compliance with the requirements imposed by the Municipality of Alajuela. This is also evidenced by the fact that the great majority of the project has already been built and occupied.\n\nIn that regard, the following documentary evidence is submitted:\n\nI. Property 2-505172-000: It has a permitted land use under letter MA-ACC-US-8947-2025, as well as positive availability of water and sanitary sewer service under letter SIGDD-2025-00101405-1-2-SAP (evidence number 8).\n\nII. Property PRN05: It has positive availability of water and sanitary sewer service under letter SIGDD-2026-00002215-1-1-SS (evidence number 9).\n\nIII. Property PRN06: It has a permitted land use under letter MA-ACC-US-9149-2025, and positive availability of water and sanitary sewer service under letter SIGDD-2026-00002215-1-1-SS (evidence number 10).\n\nIV. Property PRN07: It has a permitted land use under letter MA-ACC-US-9153-2025, and positive availability of water and sanitary sewer service under letter SIGDD-2026-00000253-1-1-SS (evidence number 11).\n\nNotwithstanding the foregoing, and despite the final resolution issued by the Constitutional Chamber of Costa Rica, that period has elapsed without the administration complying with what was ordered. This looks more like an internal power struggle between the Municipal Aqueducts and Sewerage Process office (PAAM), given the lack of action and the Constructive Control Department itself (sic).\n\n• The right to petition and to a prompt and timely response is violated by keeping procedures unresolved and omitting formal, clear, and duly reasoned communication.\n\nThis also constitutes harmful administrative silence and arbitrary and disproportionate action, by shifting the consequences of municipal noncompliance onto the members of the public.\n\nAccordingly, it is evident that the Administration has acted in open contravention of the constitutional order, causing direct, present, and continuing harm to our fundamental rights, which fully justifies filing this amparo application.\n\n(…)\n\nREQUEST FOR RELIEF\n\nFor the foregoing reasons, we respectfully ask the Constitutional Chamber of Costa Rica to:\n\n1. Grant this amparo application.\n\n2. Order the Municipality of Alajuela to comply immediately with judgment No. 2025002002.\n\n3. Order the Municipality of Alajuela to set aside its rejection of procedures 1284663 dated 29-04-2026, 1283345 dated 13-04-2026, and 1264030 dated 04-02-2026, issued by the Municipality; assess whether the properties meet the requirements applicable to the San Charbel project, duly approved under the same regulatory and technical framework and with equal treatment to the other lots already approved.\n\n4. Order the Municipality to refrain from suspending construction permits without a duly reasoned administrative act for properties in Urbanización San Charbel that meet the prior requirements for granting permits.\n\n5. Order the immediate resolution of pending construction permit procedures.\n\n6. Warn the respondent authorities of the legal consequences of noncompliance.”\n\n2.- In a resolution of 11:30 a.m. on 23 June 2026, a hearing was granted on the applicants’ allegations to Nombre08, Nombre04, Nombre02, and Nombre01, in their respective capacities as mayor of Alajuela, director of Infrastructure Planning and Construction, coordinator of the Municipal Sanitation Sub-process, and coordinator of the Aqueduct and Sanitation Process, all of the Municipality of Alajuela, or whoever holds those offices, so they could address and provide evidence concerning the alleged acts and omissions.\n\n3.- Under oath, Nombre08, Nombre04, Nombre01, and Nombre02, in their respective capacities as mayor of Alajuela, director of Infrastructure Planning and Construction, coordinator of the Aqueduct and Sanitation Process, and coordinator of the Municipal Sanitation Sub-process, all of the Municipality of Alajuela, report as follows:\n\n“Preliminarily, it is necessary to state that this Municipality has continuously monitored the situation at issue in this constitutional matter and, within the scope of its powers and legal capacity, has taken various concrete actions aimed at seeking an effective solution for the taxpayers of Urbanización San Charbel.\n\nFor a proper assessment of the facts, it is useful to specify the legal and jurisdictional framework surrounding the matter before the Constitutional Chamber.\n\nFirst, it should be noted that, as of this date, the Municipality of Alajuela is NOT the operator responsible for the treatment plant in Urbanización San Charbel. Although this Municipal Corporation is listed in the land register as the owner of the property where that infrastructure is located, corresponding to property folio matrícula No. PRN08, ownership of the land does not, by itself, confer authority to administer or operate the plant or provide the associated public sanitation service.\n\nIn this specific case, Urbanización San Charbel is in an area where the public potable-water supply service is provided by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). That circumstance is particularly relevant because, under the parallelism established in this area, the service provider is also, in principle, responsible for addressing sanitation at that plant.\n\nThis is particularly relevant because, under Articles 11 of the Political Constitution and 11 of the Ley General de la Administración Pública, all administrative action is subject to the principle of legality, under which public institutions may exercise only those powers expressly assigned to them by the legal system.\n\nOn that premise, and in keeping with the principles of inter-administrative coordination and cooperation, this Municipality has undertaken various efforts with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to define a legally and operationally viable solution for managing the sanitation system in Urbanización San Charbel. The Municipality cannot unilaterally assume operation of the treatment plant without an enabling legal instrument that clearly governs the respective powers, operational responsibilities, technical obligations, and any liabilities arising from provision of the service. Acting otherwise would mean assuming functions without sufficient legal authority, contrary to the principle of legality governing the conduct of every Public Administration.\n\nDespite the foregoing, and far from remaining inactive as to what was ordered in Resolution No. 2025002002, the Municipality has taken concrete steps to seek a definitive solution. Thus, by letter No. MA-A-3943-2025, it informed the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados that it was willing to arrange transfer of the property where the wastewater treatment plant of Urbanización San Charbel is located.\n\nIn response, by letter No. GG-2025-02638, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados indicated that partial receipt of the property was not appropriate until the procedure for approval and receipt of the wastewater treatment plant had first been completed, as provided in the Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento approved by Agreement No. 2022-354.\n\nLater, on 24 March 2026, officials of both institutions held an inter-institutional meeting at which the Municipality raised the possibility of undertaking improvement works and operating the treatment plant. It was concluded, however, that any alternative necessarily required a formal request to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados so that it could analyze the situation.\n\nIn compliance with the foregoing, by letter No. MA-A-1678-2026 dated 15 April 2026, the Municipal Mayor sent AyA a formal request asking what steps to take to enter into an inter-institutional cooperation agreement establishing the legal framework necessary for the Municipality to operate the sanitation system in Urbanización San Charbel.\n\nThis proposal is an extraordinary measure advanced by this Administration for the sole purpose of seeking an effective solution to the problem raised. However, as of this date, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has not issued a definitive response to the proposal.\n\nIn view of this, the Municipality continued its follow-up efforts and, by letter No. MAA-2758-2026 dated 24 June 2026, sent a formal reminder requesting a position on the proposal made in letter No. MA-A-1678-2026.\n\nIt is thereby established that the Municipality of Alajuela has acted diligently, continuously, and in good faith, pursuing all actions reasonably within its sphere of powers. It is also evident that implementing a definitive solution requires decisions beyond the scope of municipal action, which depend on an institutional determination still pending from the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.\n\nIt should also be considered that this Municipality has no power to compel another public institution to accept a proposed agreement or issue a particular opinion. Nor may it substitute for powers that the legal system assigns to other public entities or unilaterally assume functions whose regulation requires prior agreements among the institutions involved (AyA).\n\nAccordingly, the Municipality cannot be said to have acted through omission, reluctance, or disobedience. On the contrary, the submitted documents demonstrate active and consistent efforts aimed at finding solutions, while an institutional determination remains pending and outside this Municipality’s control.\n\nIt is also important to state that on 17 April of this year the Municipality sent a follow-up report to the Constitutional Chamber, recording the efforts undertaken and those currently in progress to address the situation at issue.\n\nIn that report, it undertook to keep the Constitutional Chamber informed of substantive developments as they occur. That commitment remains in force, and this Administration will continue to honor it until full compliance with what was ordered by Resolution No. 2025002002.\n\nAs to construction permits, the substance of that matter is unrelated to Resolution No. 2025002002 issued by the Constitutional Chamber; therefore, no position will be issued on it.\n\nAccordingly, we respectfully ask this Chamber to find the actions taken by this Administration established and to consider that its inability to implement the proposed solution does not arise from municipal refusal or resistance, but from the need for institutional determinations and coordination mechanisms essential to implementation.”\n\n4.- In a resolution of 12:14 p.m. on 30 June 2026, a hearing was granted to the executive president of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.\n\n5.- Lourdes Sáurez Barboza, in her capacity as executive president of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, reports under oath as follows:\n\n“Regarding the request submitted by the Municipality of Alajuela in connection with letters Nos. MA-A-1678-2026 and MA-A-2758-2026, sent to AyA, we submit the following report to this Chamber:\n\nFirst: This Institute did indeed receive letters MA-A-1678-2026 dated 14 April 2026 and MA-A-2758-2026 dated 24 June 2026, both signed by Lic. Nombre08, Municipal Mayor of Alajuela, proposing an inter-institutional cooperation agreement that would allow the Municipality of Alajuela to assume operation of the sanitation service in Urbanización San Charbel, an area where the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) administers the potable-water service.\n\nIn response to that request, and in accordance with what was agreed at the inter-institutional coordination meeting held on 24 March 2026, as recorded in the evidence submitted by the Municipality for purposes of further consideration, the situation of the wastewater treatment plant was analyzed. The Municipality proposed directly undertaking works and improvements and operating the plant serving the residents of Urbanización San Charbel. The meeting concluded that the proposal needed to be formalized through an official request, which was done by letter MA-A-1678-2026.\n\nDuring that coordination, this Institute stated at the same meeting that, given the complexity of the technical requirements previously identified and still needing attention, the matter had to be referred to specialized internal departments for an operational and legal analysis. That analysis would allow the water supply service to be separated from collection and treatment, so that the Institute could issue a feasibility opinion and send the Municipality a draft agreement proposal, which would also require review, discussion, and agreement. It was made clear that signing the agreement is not a prerequisite that prevents the Local Government from carrying out the basic improvement work on the treatment plant, which falls directly under its responsibility and must be addressed in accordance with the technical recommendations already communicated (letters SG-GSP-RT-2024-00160 and SG-GSP-RT-2024-00159), which were analyzed at the joint meeting.\n\nAt all times, this Institute has expressed its willingness to formalize the inter-institutional agreement, whose purpose is to clarify the separation of public services and formalize the intent—which is already a legal imperative under Resolution No. 2025-002002—for the Municipality of Alajuela to continue administering the San Charbel wastewater treatment plant. The complexity of the substance of the agreement has, however, prevented its immediate submission. This does not prevent the Local Government from addressing the basic recommendations already known to it and agreed upon at the inter-institutional coordination meeting.\n\nSecond: The Institute’s Legal Department asked the Central West Region, by memorandum No. PRE-J-2026-01716 of 21 May 2026, to conduct a technical assessment related to the Municipality’s request in Letter No. MA-A-1678-2026, concerning technical feasibility and aspects that could affect proper administration and operation, taking into account the minimum requirements imposed by health regulations.\n\nThird: In response to letter MA-A-2758-2026, notified by the Municipality of Alajuela on 24 June 2026, the General Management of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, by an email sent by adviser Isabel Araya Paniagua on 26 June 2026, issued specific instructions to the competent technical and legal departments to continue the relevant procedure.\n\nThose instructions directed the Deputy Management of Peripheral Systems Management to address the Municipality’s inquiry by 30 June 2026 at the latest, in order to provide the required technical input. They further directed the Legal Department, within three days after receiving that input, to prepare a report to the General Management on the current status of the case, including an assessment of the possibility of entering into the inter-institutional cooperation agreement and an indication of progress, as well as a contact person so the Municipality could coordinate directly.\n\nThese instructions reflect the institution’s intent to follow up promptly on the Municipality’s reminder and to advance the definition of an inter-institutional cooperation mechanism concerning the wastewater treatment plant in Urbanización San Charbel, in compliance with the coordination obligations established by the Constitutional Chamber in judgment No. 2025-002002.\n\nFourth: The Central West Region then issued the corresponding operational technical assessment in memorandum SG-GSP-RC-2026-00372 dated 2 July 2026, in response to the Municipality of Alajuela’s letter MA-A-1678-2026 and memorandum PRE-J-2026-01716 from the Legal Department of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.\n\nThat assessment stated that there was no preliminary technical objection to the proposed inter-institutional coordination, but established as an essential condition that, before formal legal validation and any eventual signing of a cooperation agreement, the Municipality of Alajuela must formally guarantee and certify that the Urbanización San Charbel sanitation system fully meets the structural, operational, and environmental-quality requirements imposed by current Costa Rican law.\n\nIt expressly stated that the infrastructure and operational technical reports for the wastewater treatment plant must comply with the applicable regulatory frameworks, including:\n\n• The Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento (La Gaceta No. 151, 10 August 2022).\n\n• The Technical Standard for the Design and Construction of Potable Water Supply, Sanitation, and Stormwater Systems (Board of Directors Agreement No. 281-2017).\n\n• The Regulation on Wastewater Discharge and Reuse (Decreto Ejecutivo No. 33601-S-MINAE).\n\nWithin that framework, this Institute reiterates its responsibility as the governing authority for sanitation and has expressed its willingness to participate in follow-up meetings to harmonize technical and legal criteria, in order to prepare the definitive draft agreement to be submitted to the Local Government.\n\nFifth: Memorandum PRE-J-2026-02306 issued the legal feasibility opinion and provided Management with an advanced draft agreement for discussion, consolidation, and agreement with the Local Government. The General Management of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados then formally responded to the request made by the Municipality of Alajuela in the referenced letters. Accordingly, by letter GG-2026-02165 dated 3 July 2026, General Management informed the Municipal Mayor that, following the relevant technical and legal assessments, there was no technical or legal objection to continuing the process of formalizing the proposed inter-institutional cooperation agreement. It also sent an initial draft agreement and designated the officials responsible for forming working groups between the two institutions, with the aim of advancing its consolidation and eventual execution. This establishes that AyA formally addressed the municipal request and has taken the necessary steps to continue the inter-institutional coordination process under our legal system.\n\nREQUEST FOR RELIEF\n\nOn the basis of the foregoing factual and legal reasons, this report is submitted and the corresponding evidence is provided. It is expressly stated that the actions of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados are lawful, carried out in furtherance of its purposes and within its powers. Accordingly, it has not disobeyed or violated constitutional or environmental rules, guarantees, or principles, and the application filed against AyA should be dismissed in its entirety.”\n\n6.- The legal requirements have been observed in these proceedings.\n\nPrepared by Justice Garro Vargas; and,\n\nReasons:\n\nI.- Regarding what was decided in these proceedings. By judgment No. 2025-002002 of 9:15 a.m. on 24 January 2025, this Court decided as follows:\n\n“I.- Subject of the application. The applicant alleges that she is a resident of Urbanización San Charbel, located in La Guácima de Alajuela, and that the community’s treatment plant is on municipal land and is not being maintained. She states that this caused it to stop operating and created a serious environmental and health problem, prompting the Ministry of Health to issue a health order. She indicates that the problem described was reported to the respondent local government under procedure No. 4530-2023; however, when she filed the amparo application, the problem persisted. She therefore considers the fundamental rights of herself and the community’s residents to have been violated.\n\nII.- Facts found. The following facts relevant to deciding this matter are deemed duly established, either because they were proven or because the respondent failed to address them as required in the initial order:\n\na) On 16 January 2023, the Alajuela Mayor’s Office received Procedure No. 4530-2023, signed by the residents of Urbanización San Charbel, located in Rincón Chiquito, La Guácima, describing the situation affecting them concerning the wastewater treatment plant (see report of the respondent mayor of Alajuela, added to the digital case file).\n\nb) The land where the Urbanización San Charbel treatment plant is located is a communal area registered in the name of the Municipality of Alajuela (see report of the respondent mayor of Alajuela, added to the digital case file).\n\nc) The Alajuela Mayor’s Office sought opinions from various municipal departments, which concluded that the treatment plant should be transferred to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, but the relevant request has not been made to that institution (see report of the respondent mayor of Alajuela, added to the digital case file).\n\nd) The Municipality of Alajuela is responsible for determining the measures required to resolve the problem of administering the wastewater treatment plant. It also approved the urban development in that area at the time. If it decides to transfer administration to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, it must comply with the Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento, Agreement No. 2022-354 of the AyA Board of Directors, published in Supplement No. 171 to La Gaceta No. 151 on Wednesday, 10 August 2022 (see report of the respondent executive president of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, added to the digital case file).\n\ne) On 22 November 2024, the Alajuela 2 Health Area conducted an inspection of the wastewater treatment plant in Urbanización San Charbel and concluded that it was not operating and posed a risk to public health and the environment. Health Order No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-2712024 was therefore issued, ordering the Municipality of Alajuela to: “1. Reactivate the operation and maintenance of the wastewater treatment plant in Urbanización San Charbel. Submit evidence of the actions taken to the Alajuela 2 Health Area. 2. The wastewater treatment system must operate in compliance with the current technical regulations, through submission of Operational Reports and on-site compliance with the characteristics set out in Regulation No. 33601” (see report of the respondent director of the Alajuela 2 Health Area, added to the digital case file).\n\nf) On 25 November 2024, Health Order No. MS-DRRSCNDARSA2-OS-271-2024 was served on the Municipality of Alajuela, which was given ten business days to comply (see report of the respondent director of the Alajuela 2 Health Area, added to the digital case file).\n\ng) On 20 December 2024, the community’s residents put the treatment plant into operation (see report of the respondent director of the Alajuela 2 Health Area, added to the digital case file).\n\nIV.- On the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. This Court has repeatedly developed the content of this right, set out in Article 50 of the Political Constitution. Environmental protection is an appropriate means of safeguarding and improving everyone’s quality of life. This makes it necessary for the Public Powers to intervene in factors that may alter the balance and hinder a person’s development and ability to live in a healthy environment. The State is the guarantor of the protection and safeguarding of the environment and natural resources. In this regard, environmental oversight and enforcement constitute an essential State function. Thus, for environmental protection, the State, acting through its various administrative departments, is responsible for governance, oversight, and enforcement.\n\nV.- On the specific case. In this matter, the applicant alleges that she is a resident of Urbanización San Charbel, located in La Guácima de Alajuela, and that the community’s treatment plant is on municipal land and is not being maintained. She states that this caused it to stop operating and created a serious environmental and health problem, prompting the Ministry of Health to issue a health order. She indicates that the problem described was reported to the respondent local government under Procedure No. 4530-2023; however, when she filed the amparo application, the problem persisted. She therefore considers the fundamental rights of herself and the community’s residents to have been violated.\n\nIn this regard, after analyzing the evidence submitted and the reports made under oath by the respondent authorities, following due warning of the consequences set out in Article 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, it is established that the Municipality of Alajuela has known of the alleged problem concerning the wastewater treatment plant since 16 January 2023, under Procedure No. 4530-2023 signed by the residents of Urbanización San Charbel. It is also established that the land where the Urbanización San Charbel treatment plant is located is a communal area registered in the name of the Municipality of Alajuela. The respondent municipal authorities explain that the Mayor’s Office sought opinions from various municipal departments, which concluded that the treatment plant should be transferred to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, but the relevant request has not been made to that institution.\n\nFor its part, the executive president of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado reports that the Municipality of Alajuela is responsible for determining the measures required to resolve the problem of administering the wastewater treatment plant. It also approved the urban development in that area at the time. If it decides to transfer administration to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, it must comply with the Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento, Agreement No. 2022-354 of the AyA Board of Directors, published in Supplement No. 171 to La Gaceta No. 151 on Wednesday, 10 August 2022.\n\nIt is also established that on 22 November 2024, the Alajuela 2 Health Area conducted an inspection of the wastewater treatment plant in Urbanización San Charbel and concluded that it was not operating and posed a risk to public health and the environment. Health Order No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-271-2024 was therefore issued, ordering the Municipality of Alajuela to: “1. Reactivate the operation and maintenance of the wastewater treatment plant in Urbanización San Charbel. Submit evidence of the actions taken to the Alajuela 2 Health Area. 2. The wastewater treatment system must operate in compliance with the current technical regulations, through submission of Operational Reports and on-site compliance with the characteristics set out in Regulation No. 33601.” It follows that on 25 November 2024, Health Order No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-271-2024 was served on the Municipality of Alajuela, which was given ten business days to comply.\n\nIn these circumstances, the alleged inaction of the municipal authorities is established. Although they identified the actions they needed to take, the fact is that the reported situation continues: they have neither taken the necessary steps to resolve the treatment-plant problem nor transferred it to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, which they say should maintain it. This is so despite their knowledge of the problem since 2023. The record shows no other measures, no certain solution to the problem reported by the applicant, and no date set for resolving it. In these circumstances, there is a serious health problem affecting the environment and the community residents’ health. The Municipality of Alajuela has shown itself unable to enforce the relevant laws and fulfill its duty to guarantee the area’s residents the enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment, with consequences for their health given the nature of the health problem affecting them. The Chamber has repeatedly held that human beings may not be denied the right to a healthy environment and the right to health because the relevant public authorities are unable to exercise effectively the oversight powers and problem-solving authority granted to them by law. The persistence of the problem shows that the few actions taken have been clearly insufficient.\n\nIn view of the foregoing, the appropriate course is to grant the application and require the authorities of the Municipality of Alajuela to issue orders and carry out the necessary actions within their powers to resolve definitively the problem reported by the applicant and confirmed by the health authorities brought into the amparo proceeding. Although the community’s residents put the treatment plant into operation on 20 December 2024, they did so themselves. This does not relieve the municipal authorities of the duty to take the necessary steps to definitively remedy the situation raised in these proceedings, since they state that they must arrange for the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to administer the treatment plant.\n\nVI.- Furthermore, no action or omission by the health authorities is apparent. They, for their part, had full knowledge of the problem affecting the area’s residents, followed up on the case, confirmed the problem, and issued the relevant health order. The same applies to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, since it cannot be inferred that it is responsible for maintaining the wastewater treatment plant. Accordingly, the application must be dismissed as to those authorities.\n\n(…)\n\nTherefore:\n\nThe amparo application is granted solely against the Municipality of Alajuela. Nombre08, Nombre04, Nombre02, and Nombre01, in their respective capacities as mayor of Alajuela, director of Planning and Infrastructure Construction, coordinator of the Municipal Sanitation Subprocess, and coordinator of the Water Supply and Sanitation Process, all of the Municipality of Alajuela, or whoever holds those offices, are ordered, within SIX MONTHS from notification of this judgment, to take the necessary steps in a coordinated and joint manner with the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and the Alajuela 2 Health Area to eliminate the problem reported by the applicant concerning the wastewater treatment plant. The respondent authorities, or whoever holds their offices, are warned that, pursuant to Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, anyone who receives an order that they must comply with or enforce, issued in an amparo proceeding, and fails to comply with or enforce it, may be sentenced to imprisonment for three months to two years or a fine of twenty to sixty days, provided the offense is not subject to a more severe penalty. The Municipality of Alajuela is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the events underlying this declaration, which shall be assessed in the administrative-litigation judgment-enforcement proceedings.”\n\nII.—Compliance with what was ordered. After examining the evidence submitted and the reports made under oath by the authorities, following due warning of the consequences provided for in Article 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, this Court considers that the order in judgment No. 2025-002002, issued at 09:15 on 24 January 2025, has not been complied with.\n\nThat decision ordered the authorities of the Municipality of Alajuela, within six months from notification and in coordination with the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and the Alajuela 2 Health Area, to take the steps necessary to eliminate the problem concerning the wastewater treatment plant in Urbanización San Charbel. The order was not limited to initiating coordination or carrying out preliminary steps; it required the authorities to achieve, within the specified period, an effective and definitive solution to the identified health and environmental problem.\n\nAlthough it was established that the respondent municipality has taken some steps aimed at finding a solution, those steps were late and insufficient to establish compliance with the order. Specifically, by letter No. MA-A-3943-2025, it informed the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers of its willingness to arrange transfer of the property where the plant is located. Subsequently, on 24 March 2026, the two institutions held a coordination meeting, and by letter No. MA-A-1678-2026 of April 2026, the municipal mayor requested that an interinstitutional cooperation agreement be signed to enable the local government to carry out improvement works and assume operation of the system. In the absence of a definitive response, on 24 June 2026 the Municipality sent letter No. MA-A-2758-2026, reiterating that request.\n\nFor its part, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers requested a technical assessment by memorandum No. PRE-J-2026-01716 of 21 May 2026. On 2 July, the Central West Regional Directorate issued memorandum No. SG-GSP-RC-2026-00372, stating that there was no preliminary technical objection, subject to compliance with the applicable structural, operational, and environmental requirements. Finally, by letter No. GG-2026-02165 of 3 July 2026, the institute informed the Municipality that there was no technical or legal objection to proceeding with formalization of the agreement, sent a draft, and designated the officials responsible for joining the working groups.\n\nThese steps show that the institutions have begun a coordination process. However, as of this date, the agreement has not been signed, no definitive decision has been made as to which entity will assume operation and maintenance of the plant, and there is no evidence that the authorities have actually taken on those tasks. On the contrary, according to the information provided, the plant continues to be operated and funded by the residents themselves. This circumstance was expressly considered in the judgment whose enforcement is sought, which clarified that the community’s putting the plant into operation did not relieve the authorities of their duty to definitively resolve the problem.\n\nThus, despite the considerable time elapsed since the judgment was issued and the expiry of the six-month period granted, the matter remains at the stage of technical assessment, preparation of instruments, and interinstitutional coordination. Difficulties concerning jurisdiction or the need to sign an agreement do not justify failure to observe the deadline.\n\nIt should also be noted that the need to complete the interinstitutional coordination process or formalize an agreement with the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers does not exempt the Municipality of Alajuela from taking, in the meantime, the essential measures to ensure proper operation and maintenance of the plant. In the judgment whose enforcement is sought, it was established, based on information provided by the institute itself, that the local government is responsible for determining and carrying out the measures required to resolve the problem with administration of that infrastructure, because it approved the urban development and is listed as the registered owner of the property where the plant is located. The institute also stated that, before any agreement is formalized, the Municipality must guarantee and certify that the sanitation system fully meets the structural, operational, and environmental quality requirements imposed by the legal system. Therefore, while a definitive solution is being reached, the pending coordination cannot be allowed to result in neglect of the health and environmental conditions that led to the amparo being granted.\n\nAccordingly, since the effective and definitive solution ordered has not been achieved, the noncompliance application must be granted, and the competent authorities must be ordered to complete immediately the technical, legal, and administrative steps necessary to fully enforce judgment No. 2025-002002.\n\nIII.—Claims concerning construction permits. The applicants also challenge the rejection of construction applications Nos. 1284663 and CED01 1264030, as well as the alleged suspension of permits relating to several properties in Urbanización San Charbel. However, those allegations concern separate administrative actions that postdate the events examined in judgment No. 2025-002002, whose scope was limited to the health and environmental problem involving the wastewater treatment plant.\n\nAccordingly, those matters fall outside the proper scope of this enforcement application, in which the only issue to be determined is whether the authorities carried out what was ordered in the cited ruling. It is therefore not appropriate to rule on the validity of the decisions concerning the construction permits, without prejudice to the interested parties challenging them through the appropriate procedure.\n\nIV.—Documents submitted to the case file. The parties are advised that any paper document they may have submitted, as well as any objects or evidence contained on an additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, must be collected from the court office within a maximum period of 30 business days from notification of this judgment. Otherwise, any such material not collected within that period will be destroyed, as provided in the “Regulations on the Electronic Case File before the Judiciary,” approved by the Full Court at session No. 27-11 of 22 August 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin No. 19 of 26 January 2012, as well as in the resolution approved by the Superior Council of the Judiciary at session No. 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe application alleging disobedience is granted. Nombre08, Nombre04, Nombre01, and Nombre02, in their respective capacities as mayor of Alajuela, director of Planning and Infrastructure Construction, coordinator of the Water Supply and Sanitation Process, and coordinator of the Municipal Sanitation Subprocess, all of the Municipality of Alajuela, or whoever holds those offices in their place, are again ordered to comply with what this Chamber ordered in judgment No. 2025-002002, issued at 09:15 on 24 January 2025. They are warned that, if they fail to do so, the record may be referred to the Ministerio Público in connection with the possible commission of the offense of disobedience (Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional). In addition, an administrative proceeding may be opened against Nombre04, Nombre01, and Nombre02, in their respective capacities as director of Planning and Infrastructure Construction, coordinator of the Water Supply and Sanitation Process, and coordinator of the Municipal Sanitation Subprocess, all of the Municipality of Alajuela. In all other respects, the application is denied. Personal service of notice shall be made on Nombre08, Nombre04, Nombre01, and Nombre02, in their respective capacities as mayor of Alajuela, director of Planning and Infrastructure Construction, coordinator of the Water Supply and Sanitation Process, and coordinator of the Municipal Sanitation Subprocess, all of the Municipality of Alajuela, or whoever holds those offices in their place.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n\n— Verification Code —\n\n\n\n FRZUQJXL44C61 \n\nEXPEDIENTE N° 24-021588-0007-CO \n\nTelephone: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01)." }