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  "citation": "Res. 29347-2026 Sala Constitucional",
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  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Desobediencia por contaminación en Estancia Antigua",
  "title_en": "Disobedience Claim over Pollution in Estancia Antigua",
  "summary_es": "La Sala Constitucional resolvió una gestión posterior de desobediencia relacionada con la contaminación por aguas residuales en el Residencial Estancia Antigua. La gestión alegaba que el problema persistía y pedía ordenar la construcción de una planta de tratamiento. La Sala tuvo por acreditadas actuaciones posteriores a la resolución de octubre de 2025: inspecciones y órdenes sanitarias individualizadas, seguimiento de vertidos, coordinación entre el Ministerio de Salud, la Municipalidad de La Unión y el AyA, y gestiones técnicas para valorar alternativas de saneamiento. Aunque la contaminación y los vertidos irregulares persisten, la Sala concluyó que no se demostró una conducta inactiva o remisa frente a lo ordenado. Reiteró que una solución integral no exige necesariamente una planta y que no le corresponde escoger la modalidad técnica. Desestimó la gestión, sin relevar a las autoridades de continuar coordinándose para cesar los vertidos y resolver el problema.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) ruled on a subsequent disobedience claim concerning wastewater pollution at Residencial Estancia Antigua. The claim said the problem persisted and asked the Chamber to order construction of a treatment plant. The Chamber found evidence of actions taken after its October 2025 resolution: inspections and individual health orders, follow-up on discharges, coordination among the Ministry of Health, the Municipality of La Unión, and AyA, and technical steps to assess sanitation alternatives. Although pollution and irregular discharges persist, the Chamber concluded that the authorities had not acted inactive or deliberately remiss in complying with its order. It reiterated that an integrated solution does not necessarily require a treatment plant and that the Chamber does not choose the technical method. It dismissed the claim while leaving the authorities bound to continue coordinating to stop the discharges and resolve the problem.",
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  "excerpt_es": "A partir de lo expuesto, no se observa una conducta inactiva, contumaz o deliberadamente remisa de las autoridades recurridas frente a lo ordenado. A diferencia de lo valorado en la sentencia No. 2025-032463, en esta ocasión se acreditaron actuaciones posteriores, específicas y verificables, tanto para hacer cesar los vertidos irregulares como para examinar alternativas de solución estructural.\n\nFinalmente, debe reiterarse que la obligación de brindar una solución integral y definitiva no equivale necesariamente a construir una planta de tratamiento. Tal como se resolvió en las sentencias No. 2022-001410 de las 09:30 horas del 18 de enero de 2022 y No. 2025-032463 de las 09:30 horas del 07 de octubre de 2025, no compete a esta Sala sustituir el criterio de las autoridades técnicas ni escoger una modalidad concreta de saneamiento.",
  "excerpt_en": "On the basis of the foregoing, the respondent authorities do not appear to have acted inactive, persistently, or deliberately remissly in relation to the order. Unlike the assessment in judgment No. 2025-032463, in this instance subsequent, specific, and verifiable actions were established, both to stop irregular discharges and to examine structural solution alternatives.\n\nFinally, it must be reiterated that the obligation to provide an integrated and definitive solution does not necessarily mean building a treatment plant. As held in judgments No. 2022-001410 of 09:30 on 18 January 2022 and No. 2025-032463 of 09:30 on 7 October 2025, it is not for this Chamber to replace the technical authorities’ judgment or choose a particular sanitation method.",
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    "label_en": "Denied",
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    "summary_en": "The Chamber dismissed the disobedience claim because it found evidence of subsequent enforcement and coordination, while leaving the institutions bound to continue pursuing an integrated solution and stopping irregular discharges.",
    "summary_es": "La Sala desestimó la gestión de desobediencia porque tuvo por acreditadas actuaciones posteriores de fiscalización y coordinación, sin perjuicio del deber de las instituciones de continuar buscando una solución integral y hacer cesar los vertidos irregulares."
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  "body_es_text": "EV Generación de Machote: D:\\Gestion-Judicial\\Servidor de Archivos\\MODELOS\\S4SENAMH002.dpj\n\n\n\nExp: 21-015740-0007-CO \n\nRes. Nº 2026029347\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del cuatro de agosto de dos mil veintiseis .\n\nGestión posterior promovida por Nombre02, cédula de identidad CED01 y Nombre04, cédula de identidad CED02, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, la MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN y el MINISTERIO DE SALUD.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito incorporado al expediente digital el 07 de julio de 2026, los gestionantes manifiestan lo siguiente: \n\n“Por medio de la presente, acudimos respetuosamente ante esta Honorable Sala Constitucional con el fin de exponer una problemática ambiental y de salud pública que afecta desde hace más de veinticinco años a los habitantes del Residencial Estancia Antigua, situación que tuvo su origen desde la creación de la comunidad en el año 1999 y que, lamentablemente, persiste hasta el día de hoy.\n\nDesde sus inicios, el proyecto contempló la construcción de un sistema integral para el manejo de las aguas negras; sin embargo, dicho sistema nunca fue concluido. Como consecuencia, la comunidad ha convivido durante todos estos años con un problema permanente relacionado con el tratamiento y disposición de las aguas residuales, afectando tanto a los vecinos como al medio ambiente.\n\nLas condiciones propias del terreno donde se ubica el residencial agravan considerablemente esta situación.\n\nEn mi condición de Ingeniero Agrónomo, considero que las características físicas del suelo del Residencial Estancia Antigua, el nivel freático y el prolongado proceso de sedimentación ocurrido durante más de veinticinco años hacen técnicamente inviable la utilización de sistemas individuales de drenaje, razón por la cual se adjunta el Anexo Técnico N.° 1, donde se exponen detalladamente los fundamentos que respaldan esta conclusión.\n\nSe trata de un suelo con textura de arcilla de muy baja permeabilidad, conformado por partículas extremadamente finas que dificultan la infiltración y la absorción del agua. Debido a estas características, las aguas negras no logran filtrarse adecuadamente hacia el subsuelo, provocando saturación del terreno, acumulación de aguas residuales y aumentando el riesgo de contaminación ambiental.\n\nPrecisamente por las condiciones geológicas del lugar, resulta indispensable la construcción y puesta en funcionamiento de una planta de tratamiento de aguas negras que permita solucionar de manera definitiva este problema histórico.\n\nDurante todos estos años, los vecinos hemos esperado la conclusión de las obras que fueron iniciadas desde 1999. Incluso, gran parte de la infraestructura principal ya existe, pues los ductos del sistema fueron colocados en su momento. No obstante, estos ductos, por si solos, no cumplen ninguna función. Es importante destacar que los ductos no existen para que las personas se conecten directamente a ellos, sino que forman parte de un sistema integral que necesariamente requiere una planta de tratamiento para que las aguas residuales sean procesadas de forma adecuada antes de su disposición o reutilización. Sin dicha planta, la infraestructura instalada permanece incompleta e inoperante.\n\nAsimismo, una fase importante del proyecto consiste en la construcción de una pila o estructura de bloques que facilite las labores de mantenimiento y permita un adecuado acceso al sistema, representando una solución técnicamente viable y de menor costo en comparación con la sustitución total de los colectores y ductos ya instalados.\n\nLa conclusión de este proyecto no solo resolvería un problema sanitario que afecta a nuestra comunidad, sino que además produciría importantes beneficios ambientales y sociales, entre ellos:\n\nDisminuir significativamente la contaminación ambiental ocasionada por el inadecuado manejo de las aguas residuales.\n\nPermitir el aprovechamiento del agua tratada proveniente de la planta para el riego de plantas y áreas verdes, promoviendo un uso responsable del recurso hídrico.\n\nFavorecer el aprovechamiento de los residuos sólidos generados durante el proceso de tratamiento para la regeneración y mejoramiento de los suelos del cantón de La Unión.\n\nResulta preocupante que, pese al transcurso de tantos años, la comunidad continúe esperando la finalización de una obra esencial para garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como la protección de la salud y la calidad de vida de los vecinos.\n\nPor todo lo expuesto, solicitamos respetuosamente a esta Honorable Sala Constitucional que valore esta situación y, en el ámbito de sus competencias, ordene a las instituciones del Estado correspondientes adoptar las medidas necesarias para concluir el sistema integral de tratamiento de aguas negras del\n\nResidencial Estancia Antigua, incluyendo la construcción y puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento y las obras complementarias requeridas.\n\nAdemás, esto nos permite mantener activo y no archivar el Expediente N.°\n\n21-015740-0007-CQ (N.° 2021022447), ya que el problema nunca ha sido solucionado Para ello, se solicita considerar la petición presentada por la señora Karol Chavarría Oviedo, Subgerente de Gestión de Sistemas Periféricos, y la señora Katherine Rodríguez Valerio, quienes solicitaron: al señor Nombre01, del AyA, un informe sobre las labores realizadas en el Residencial Estancia Antigua en relación con los trabajos efectuados por las tres instituciones respecto al tema de las aguas negras. En respuesta, mediante oficio de fecha 26 de julio de 2023, el señor Nombre01 indicó que, hasta esa fecha, no se había realizado ningún trabajo integral y que únicamente se procedía a informar sobre un tema correspondiente al año 2010. (Ver Anexo 1).\n\nConfiamos en que esta Sala, en resguardo de los derechos fundamentales de los habitantes y del interés público, dispondrá lo necesario para que esta problemática, que se mantiene desde hace más de dos décadas, pueda finalmente encontrar una solución definitiva.\n\nSin otro particular, les suscribimos con el mayor respeto”.\n\n2.- En resolución de las 14:56 horas del 15 de julio de 2026, se concede audiencia sobre lo alegado por los recurrentes a Nombre03 y a Manuel Elías López Fonseca, en sus respectivas condiciones de gerente general y director del Sistema de Agua, Recolección y Tratamiento, ambos del ICAA, a Cristian Torres Garita, en su condición de alcalde de La Unión, y a Ángela Morales Soto, en su condición de directora del Área Rectora de Salud de La Unión, o a quienes en su lugar ocupen el cargo, para que se refieran y aporten las pruebas correspondientes respecto a los hechos y omisiones que se les atribuyen.\n\n3.- Informa bajo juramento Marcos Goyenaga Castro, en su condición de director a.i. del Área Rectora de Salud de La Unión, lo siguiente: \n\n“Entre las acciones desplegadas por esta Área Rectora desde el inicio del caso se encuentran las siguientes:\n\n• Conformación y participación en espacios de coordinación interinstitucional con la Municipalidad de La Unión y el AyA.\n\n• Atención y seguimiento de denuncias sanitarias individuales en diferentes bloques del residencial.\n\n• Inspecciones de campo, recorridos de barrido y observación de descargas hacia cordón, caño y sistemas previstos de alcantarillado.\n\n• Aplicación de pruebas de coloración con fluoresceína en aguas negras y aguas servidas para identificar el origen de descargas en diferentes viviendas del residencial.\n\n• Emisión de órdenes sanitarias individualizadas cuando se comprobaron incumplimientos, así como verificaciones de cumplimiento.\n\n• Remisión de casos por presunta desobediencia a la autoridad sanitaria al Ministerio Público y gestión de multa o allanamiento cuando correspondió.\n\n• Elaboración de informes técnicos, respuestas a la Sala Constitucional y comunicaciones a otras instancias públicas.\n\n• Creación y actualización de una base de datos por vivienda, con mapa por bloques, resultados de pruebas, órdenes sanitarias, estado y último informe.\n\n• Convocatoria y conducción de reuniones interinstitucionales para procurar una solución integral, más allá de la atención individual de viviendas.\n\nLa continuidad documental posterior a la resolución de octubre de 2025 se acredita, entre otros, mediante los informes técnicos MS-DRRSCE-DARSLU-IT-1971-2025 (Anexo 3), de 27 de octubre de 2025; IT-2269-2025 (Anexo 4), de 27 de noviembre de 2025; IT-23642025 (Anexo 5), de 8 de diciembre de 2025; IT-2455-2025 (Anexo 6), de 30 de diciembre de 2025; IT-289-2026 (Anexo 7), de 12 de febrero de 2026; IT-781-2026 (Anexo 8), de 17 de abril de 2026; IT-906-2026 e IT-907-2026 (Anexo 9), ambos de 24 de abril de 2026; así como la Orden Sanitaria MS-DRRSCE-DARSLU-OS-067-2026 (Anexo 10), de 20 de abril de 2026, y sus actuaciones posteriores de verificación. A esta secuencia se suman los informes IT-1257-2026 (Anexo 11), IT-1258-2026 (Anexo 12), IT-1325-2026 (Anexo 13), IT-1332-2026 (Anexo 14), IT-1333-2026 (Anexo 15) e IT-1335-2026 (Anexo 16), correspondientes a las verificaciones y gestiones efectuadas durante junio y julio de 2026.\n\nSéptimo: La revisión y sistematización más reciente del expediente determinó que el Residencial Estancia Antigua está conformado por aproximadamente 535 viviendas, distribuidas del bloque “A” a el bloque “U”. De ese universo, 130 viviendas han sido intervenidas mediante observación directa y/o pruebas de coloración, equivalentes aproximadamente al 24 % del residencial. Se identificaron 118 viviendas con sospecha de vertido. Históricamente se confirmaron vertidos mediante pruebas de coloración en 14 viviendas, con 17 resultados positivos, pues algunas propiedades presentaron más de un tipo de descarga irregular (aguas negras y servidas): siete únicamente de aguas negras, cuatro únicamente de aguas servidas y tres de ambos tipos. Tres casos Casas; —J-12, O17 y P-03— fueron posteriormente descartadas al comprobarse el cumplimiento de las órdenes sanitarias giradas para la corrección de los problemas detectados; los restantes continúan o continuaron bajo el trámite administrativo o judicial correspondiente. A la fecha de la sistematización no existían órdenes sanitarias pendientes de verificación siendo que cinco casos permanecían en Fiscalía, multa administrativa o solicitud de allanamiento (esto debido a que los propietarios no permiten el ingreso a la vivienda para verificación de lo ordenado; sin embargo, la Sala no dio respuesta a la solicitud de allanamiento).\n\nOctavo: El carácter dinámico y disperso de la problemática se evidencia en las inspecciones más recientes realizadas por el Ing. Kevin Sandoval Quirós. En la vivienda J14, inspeccionada el 24 de junio de 2026 y documentada mediante el Informe Técnico MSDRRSCE-DARSLU-IT-1258-2026, se detectó vertido de aguas negras al cordón de caño. El 1 de julio de 2026 se inspeccionaron las viviendas C-13 y R-15, detectándose igualmente vertidos de aguas negras al cordón de caño, actuaciones documentadas mediante los informes MS-DRRSCE-DARSLU-IT-1325-2026 y MS-DRRSCE-DARSLU-IT-1332-2026. Estos hallazgos generaron recomendaciones de seguimiento y la continuidad de los procedimientos individuales que correspondan. Todo esto evidencia un accionar activo y en proceso por parte de esta Área Rectora para identificar y mapear manejo irregular de las aguas residuales por parte de los residentes del residencial.\n\nNoveno: La actuación técnica del Área Rectora no parte de presunciones generales contra los habitantes, sino de verificaciones individualizadas y objetivas. Por ejemplo, mediante el Informe Técnico MS-DRRSCE-DARSLU-IT-1335-2026, correspondiente a la inspección del 14 de julio de 2026 en la vivienda 87-K, se documentó un resultado negativo en la prueba con fluoresceína aplicada a las aguas negras de dos unidades sanitarias. Se recomendó programar una prueba adicional sobre aguas servidas y continuar verificando otras viviendas. De esta forma se registran tanto los resultados positivos como los negativos y se mantiene un seguimiento proporcional a la evidencia obtenida.\n\nDécimo: La información descrita fue consolidada en una base de datos única y un mapa del residencial, como se documenta en el informe de revisión MS-DRRSCE-DARSLU-IT1352-2026 (Anexo 17) y sistematización del expediente elaborado en julio de 2026. La herramienta permite ubicar cada vivienda intervenida, registrar sospechas, pruebas, resultados, órdenes sanitarias, estado e informe más reciente, y debe mantenerse permanentemente actualizada. Esta sistematización responde precisamente a la necesidad de contar con evidencia integral, trazable y susceptible de actualización para el seguimiento de un residencial de aproximadamente 535 viviendas.\n\nUndécimo: En paralelo a la fiscalización individual, esta Área Rectora ha asumido un papel activo como convocante y articuladora de la coordinación interinstitucional necesaria para buscar una solución estructural. El 24 de junio de 2026, a las 9:00 horas, convocó y celebró una reunión por Teams con representantes del Ministerio de Salud, la Municipalidad de La Unión y el AyA, incluyendo al Ing. Nombre01 por parte del AyA y al señor Mario Portuguez Castro por parte de la Municipalidad. Se revisaron los antecedentes, las actuaciones institucionales y la magnitud del caso, y se analizaron alternativas para una solución definitiva. Evidencia de esto está el Acta de reunión #01-2026 (Anexo 18).\n\nDuodécimo: En dicha reunión se estableció que la atención vivienda por vivienda es necesaria para hacer cesar incumplimientos concretos, pero no sustituye una solución de infraestructura sanitaria para el conjunto residencial. El representante del AyA señaló que la conexión al sistema regional de alcantarillado no resultaba viable a corto o mediano plazo por la distancia de los colectores, las limitaciones de capacidad y la situación del proyecto Tiribí III, que carecía de un cronograma definido. Dentro del análisis interinstitucional se planteó como alternativa razonable una planta de tratamiento local, cuya viabilidad depende de terreno, retiros normativos, capacidad para atender aproximadamente 535 viviendas, financiamiento, diseño y operación.\n\nDecimotercero: Durante dicha reunión la Municipalidad informó sobre posibles terrenos y sobre el avance de un reglamento municipal destinado a proteger el sistema pluvial frente a descargas irregulares. Como acuerdo de la reunión, se dispuso a efectuar una inspección interinstitucional para valorar posibles ubicaciones de infraestructura sanitaria y gestionar ante el AyA los estudios técnicos que corresponden a su ámbito competencial. Para dicho acuerdo no se contó con la anuencia de participar de dicha inspección por parte de la representación del AyA, sin embargo, si se contó con la anuencia por parte la Municipalidad y esta Área Rectora.\n\nDecimocuarto: El 2 de julio de 2026 se realizó la inspección acordada, con participación del Ing. Kevin Sandoval Quirós por parte del Área Rectora y acompañamiento del señor Ing. Mario Portuguez, Director de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad. La actuación quedó documentada en el Informe Técnico MS-DRRSCE-DARSLU-IT-1333-2026 (Anexo 15). Se inspeccionó un terreno público destinado a parque, ubicado en San Rafael de La Unión, con un área de 904,89 m² y plano catastrado C-0545772-1999, que según la Municipalidad podría ser objeto de donación al AyA para desarrollar una planta de tratamiento.\n\nDecimoquinto: Durante esa inspección se observaron condiciones preliminares favorables de ubicación, topografía y acceso. Se indicó por la representación municipal, además, que el terreno habría sido considerado originalmente para una planta de tratamiento y que el sistema de alcantarillado sanitario del residencial converge hacia ese punto, lo cual representa una ventaja técnica potencial. También se constató cercanía con el río La Cruz como eventual cuerpo receptor de aguas tratadas, siempre sujeto al diseño, permisos, normativa ambiental y sanitaria y autorizaciones de las instituciones competentes. La Municipalidad manifestó su anuencia para impulsar las gestiones administrativas y legales necesarias para una eventual donación. El informe concluyó que la alternativa podría constituir una solución integral y de largo plazo, pero recomendó expresamente que el AyA realizara la evaluación técnica y determinara su factibilidad.\n\nDecimosexto: De manera complementaria, el Área Rectora y la Municipalidad dirigieron a la Presidencia Ejecutiva del AyA el oficio conjunto CARTA-MS-DRRSCE-DARSLU-06402026 (Anexo 19), firmado el 26 y 30 de junio de 2026, solicitando información oficial sobre el estado del Proyecto de Saneamiento de Aguas Residuales para el cantón de La Unión; la inclusión o no de Estancia Antigua; el cronograma estimado; y las razones técnicas, administrativas o presupuestarias que pudieran impedir su incorporación. El oficio fue remitido por el señor Mario Portuguez al centro documental del AyA el 30 de junio de 2026 y la Presidencia Ejecutiva acusó recibo el 1 de julio de 2026.\n\nDecimoséptimo: El 7 de julio de 2026, la Presidencia Ejecutiva del AyA solicitó una prórroga hasta el 24 de julio de 2026 para atender el oficio 0640-2026, indicando que la información requerida exige análisis, coordinación entre dependencias técnicas competentes y revisión institucional para brindar una respuesta integral y fundamentada. Esta comunicación demuestra que la gestión se encuentra formalmente en trámite dentro del AyA y que la respuesta sustantiva depende del análisis de sus unidades técnicas. El Área Rectora dispuso incorporar dicha cadena de comunicaciones al expediente como prueba de seguimiento.\n\nDecimoctavo: Una vez disponible el Informe Técnico IT-1333-2026 y la información registral y catastral suministrada por la Municipalidad, el 16 de julio de 2026 esta Dirección remitió al Ing. Jorge Villalobos Madrigal, del AyA, el oficio CARTA-MS-DRRSCE-DARSLU0683-2026 (Anexo 20). Mediante esa gestión se solicitó: a) evaluar técnicamente el terreno; b) analizar la viabilidad técnica, operativa y de ingeniería de la planta y la eventual incorporación del alcantarillado sanitario existente; y c) informar los resultados, conclusiones, criterio institucional y acciones procedentes en un plazo máximo de treinta días hábiles. El oficio y sus anexos fueron enviados al AyA ese mismo día y se remitió copia a la Municipalidad. A la fecha de este informe la respuesta se encuentra pendiente dentro del plazo conferido.\n\nDecimonoveno: La construcción, diseño hidráulico, determinación de capacidad, financiamiento, incorporación de redes, operación y mantenimiento de una planta de tratamiento no son actuaciones que el Área Rectora pueda ejecutar materialmente. Corresponde al AyA, como institución especializada en alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales, efectuar la evaluación técnica y definir la viabilidad de la alternativa identificada, sin perjuicio de las competencias municipales sobre el terreno, urbanismo y sistema pluvial. Por ello, el AyA constituye el actor técnico indispensable para materializar la solución estructural solicitada por el propio recurrente. Esta Dirección ha cumplido su papel rector mediante la identificación del riesgo, fiscalización de viviendas, emisión de actos sanitarios, convocatoria de reuniones, documentación de alternativas y requerimiento formal de la intervención técnica del AyA.\n\nVigésimo: Esta Área Rectora ha experimentado una reducción significativa de su capacidad operativa por la pérdida de las dos plazas profesionales destinadas a inspección sanitaria y regulación ambiental. Sin embargo, dicha circunstancia no ha supuesto abandono del caso: se ha mantenido su atención prioritaria mediante redistribución de recursos, inspecciones recientes, actualización de la base de datos y convocatoria de las instituciones con capacidad material para ejecutar una solución integral.\n\nDe la relación cronológica anterior se desprende que no existe inactividad, negativa de cumplimiento ni conducta remisa atribuible a la suscrita. Por el contrario, después de la resolución de octubre de 2025 se ejecutaron nuevas inspecciones, pruebas, informes, seguimiento de órdenes, sistematización de 535 viviendas, reunión tripartita, inspección interinstitucional de un terreno, dos gestiones formales ante el AyA y seguimiento de sus respuestas. La solución definitiva aún no se ha materializado porque requiere evaluación, diseño, decisión institucional, disponibilidad de terreno, financiamiento, construcción y operación de infraestructura por parte de las entidades competentes; no porque esta Área Rectora haya dejado de actuar.\n\nVigesimosegundo: La Dirección del Área Rectora de Salud La Unión continuará: a) actualizando el registro individual de viviendas; b) inspeccionando y emitiendo actos sanitarios cuando la evidencia lo justifique; c) verificando los procedimientos en curso; d) dando seguimiento a la respuesta del AyA prevista para el 24 de julio de 2026 respecto del oficio 0640-2026; e) controlando el plazo de treinta días hábiles otorgado mediante el oficio 0683-2026; y f) convocando nuevas coordinaciones interinstitucionales con base en los criterios técnicos que emita el AyA.\n\nPETITORIA Por lo expuesto, respetuosamente se solicita a esa Honorable Sala Constitucional:\n\n• Tener por rendido en tiempo y forma el informe solicitado y por aportada la prueba documental correspondiente.\n\n• Tener por acreditado que el Área Rectora de Salud La Unión y su Directora han mantenido actuaciones activas, continuas, documentadas y ajustadas a sus competencias para atender los vertidos individuales y promover una solución integral.\n\n• Valorar que la solución estructural pretendida requiere necesariamente la evaluación y actuación técnica del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, así como la coordinación de la Municipalidad de La Unión respecto del terreno y las competencias municipales relacionadas.\n\n• Declarar que no se configura desobediencia ni conducta remisa atribuible a la Dra.\n\nÁngela Morales Soto o al Área Rectora de Salud La Unión y, en consecuencia, eximirlas de responsabilidad por los hechos alegados.\n\n• Mantener el seguimiento interinstitucional conforme a las competencias legales de cada entidad, incluyendo la obligación del AyA de pronunciarse sobre las dos gestiones técnicas actualmente en trámite”.\n\n4.- Informa bajo juramento Cristian Torres Garita, en su condición de alcalde de la Municipalidad de La Unión, lo siguiente:\n\n“1. Que mediante oficio denominado CARTA-MS-DRRSCE-DARSLU-06402026, suscrito por el MBA. Cristian Torres Garita, Alcalde Municipal y la Dra. Angela Morales Soto, Directora del Area Rectora de Salud La Unión, Ministerio de Salud, se infiere:\n\n“(…)\n\nIngeniera\n\nLourdes Saurez Barboza\n\nPresidencia Ejecutiva\n\nInstituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)\n\nPresente\n\nAsunto: Solicitud de información sobre el estado actual del proyecto de saneamiento de aguas residuales para el cantón de la Unión y vinculacion del Residencial Estancia Antigua.\n\nEstimada señora\n\nReciba un cordial saludo\n\nLa Municipalidad de La Unión y el Área Rectora de Salud de La Unión, en el marco de las competencias que legalmente corresponden a cada institución y del deber de coordinación interinstitucional que rige la función pública, nos dirigimos respetuosamente a Presidencia Ejecutiva con el propósito de solicitar información oficial respecto al estado actual del Proyecto de Saneamiento de Aguas Residuales previsto para el cantón de La Unión, específicamente en lo reterente a la posibilidad y programación para incorporar al Kesidencial estancia Antigua dentro del sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales.\n\nLa presente gestión obedece a la necesidad de dar seguimiento a las acciones institucionales relacionadas con la problemática ambiental y sanitaria que afecta dicho residencial, asunto que no sido objeto de conocimiento por pante de la Sala Constitucional mediante la sentencia N° 2021-022447, así como de las actuaciones posteriores derivadas de la gestión de desobediencia resuelta mediante la sentencia N° 2022-018363. En dichas resoluciones se dispuso que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantanllados, la Municipaldad de La Unión y Ministerio de Salud debien actuor de manera coordinada, comunicada y conjunta para implementar las medidas necesarias y brindar una solución integral y definitiva al problema de contaminación existente.\n\nSi bien las instituciones involucradas han ejecutado diversas acciones dentro del ámbito de sus competencias, tales como inspecciones, emisión de órdenes sanitarias, seguimiento de conexiones ilegales y coordinación interinstitucional, resulta de especial importancia conocer el avance del proyecto estructural de saneamiento que desarrolla esa institución, considerando que una solución definitiva dependerá, eventualmente, de la incorporación del Residencial Estancia Antigua, San Rafael a una red pública de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales.\n\nEn virtud de lo anterior, respetuosamente solicitamos se sirva informar:\n\n1. El estado actual del Proyecto de Saneamiento de Aguas Residuales para el cantón de La Unión.\n\n2. Si el Residencial Estancia Antigua se encuentra contemplado dentro del alcance técnico del proyecto.\n\n3. En caso afirmativo, el cronograma estimado para su incorporación y puesta en funcionamiento.\n\n4. De no estar incluido actualmente, indicar las razones técnicas, administrativas o presupuestarias que lo impiden y las acciones previstas para posibilitar su futura integración al sistema.\n\n5. Cualquier otra información técnica o administrativa que permita a esta Municipalidad y al Área Rectora de Salud dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones judiciales y a las acciones de coordinación institucional relacionadas con este caso.\n\nLa información solicitada permitirá fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones involucradas, facilitar la atención de los requerimientos derivados de la sentencia constitucional y mantener debidamente informada a la ciudadanía respecto de las acciones encaminadas a resolver de manera definitiva la problemática de saneamiento que afecta al sector.\n\nAgradecemos de antemano la atención brindada a la presente solicitud y quedamos atentos a la información que esa Presidencia Ejecutiva tenga a bien remitir. \n\n(…)”\n\n2. Que el oficio que antecede fue remitido a la Presidencia Ejecutiva AyA, en fecha 01 de julio de 2026, quienes manifestaron que se procederá con el trámite correspondiente.\n\n3. Que adicionalmente se aporta como prueba documentos relacionados a finca donde se dan los hechos denunciados.\n\nPor lo antes expuesto, se da cumplimiento a la presunta desobediencia alegada por la parte recurrente, por lo que se solicita se declare sin lugar”.\n\n5.- Informa bajo juramento José Darío Guzmán Álvarez y Alejandro José González Bogantes, en sus respectivas condiciones de gerente general y director de Sistema de Agua Recolección y Tratamiento, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, lo siguiente:\n\n“I. Acciones realizadas:\n\nDescripción detallada de cada una de las acciones atendidas para dar solución a la denuncia: \n\nActividades ejecutadas por AyA y/o MINSA y MLU \n\nActividad\n\nResponsable\n\nEstado\n\nConformación de comisión interinstitucional\n\nAyA – MINSA – MLU\n\nEjecutada\n\nInspecciones conjuntas\n\nAyA – MINSA – MLU\n\nEjecutadas\n\nVideo inspección de red\n\nAyA\n\nEjecutada\n\nIdentificación de conexiones ilegales\n\nAyA\n\nEjecutada\n\nSellado y resellado de acometidas\n\nAyA\n\nEjecutado\n\nInspecciones de verificación\n\nAyA\n\nEjecutadas\n\nApoyo a órdenes sanitarias\n\nAyA\n\nEjecutado\n\nSeguimiento interinstitucional\n\nAyA – MINSA – MLU\n\nPermanente\n\nII. Actividades en proceso: \n\nActividades recurrentes a cargo de AyA y/o MINSA y MLU \n\nActividad\n\nResponsable\n\nDuración estimada\n\nVigilancia de conexiones ilegales\n\nAyA\n\nPermanente\n\nSeguimiento sanitario\n\nMinisterio de Salud\n\nPermanente\n\nCoordinación interinstitucional\n\nAyA–MINSA–MLU\n\nPermanente\n\nAtención de nuevos reportes\n\nInstituciones competen- tes\n\nSegún demanda\n\nEvaluación de futuras alternativas regionales\n\nAyA\n\nSujeta a planificación\n\nIII. RESPUESTA A LOS HECHOS \n\nPRIMERO: En el presente expediente 21‑015740‑0007‑CO, con anterioridad ante desobediencia este Instituto remitió los informes técnicos y administrativos correspondientes, entre ellos el Informe DRyT‑2021‑00314 (que anexó el Oficio MLU‑DIDECU‑523‑2021, el Acta N.° 11‑2021, el Acta de Reuniones del 22‑10‑2021 y el Oficio DRyT‑DSRT‑2021‑00430) y posteriormente el Informe DRyT‑DSRT‑2022‑00125, en los cuales se detallaron las acciones coordinadas con la Municipalidad de La Unión y el Ministerio de Salud para atender la problemática de disposición de aguas residuales en el Residencial Estancia Antigua.\n\nEn dichos informes se manifestó expresamente que:\n\n• El caso denunciado no correspondía a una conexión ilegal al sistema sanitario administrado por el AyA, sino a una inadecuada canalización de aguas residuales hacia el cordón de caño, proveniente de la vivienda 8C.\n\n• Que los vecinos no utilizan ni dan mantenimiento correcto a sus tanques sépticos.\n\n• Se realizaron inspecciones conjuntas, reuniones interinstitucionales y gestiones de seguimiento, incluyendo la solicitud de allanamiento por parte del Ministerio de Salud ante la negativa de permitir el ingreso a propiedad privada.\n\n• Se ejecutaron acciones técnicas como el sellado de previstas y retaponamiento de puntos de la red sanitaria prevista, eliminando derrames en pozos de registro y acometidas.\n\n• Asimismo, en el expediente 21‑015740‑0007‑CO se presentó prueba suficiente que demostró que este Instituto no incurrió en desobediencia a lo ordenado por la Sala, sino que actuó dentro de sus competencias legales y técnicas, en coordinación con las demás instituciones recurridas.\n\nFinalmente, se reiteró de manera contundente que, conforme al principio de ciencia y técnica, la solución factible y adecuada para la disposición de aguas residuales en esa urbanización es que los propietarios utilicen sus tanques sépticos individuales, tal como fue aprobado en los permisos de construcción. Se evidencia igualmente en esa oportunidad que nunca se autorizó el proyecto con una Planta de Tratamiento y tampoco que hubiese un compromiso de parte de este Instituto de asumir la construcción de una Planta de Tratamiento; sino que el proyecto habitacional fue conceptuado con uso de tanque séptico dejando una red prevista sin uso y que la existencia de una red sanitaria prevista no implica, por sí sola, la posibilidad de disposición y tratamiento por ese medio, pues dicha infraestructura no se encuentra en operación ni cuenta con factibilidad técnica para ser utilizada.\n\nSEGUNDO: El Decreto N° 38441-MP-MIVAH-S-MEIC-TUR que Reforma el Reglamento para el Trámite de Revisión de los Planos para la Construcción, publicado en La Gaceta N.º 99 del Lunes 26 de mayo del 2014 , y el Decreto Ejecutivo N.º 36550 MPMIVAH- SMEIC publicado en La Gaceta N.º 117 del 17 de junio del 2011 que están citados en la Plataforma APC para su acatamiento en el procedimiento de aprobación de Plantas de Tratamiento y Desarrollos Constructivos Habitacionales, citan que una de las opciones que tiene todo desarrollador es la de presentar el proyecto constructivo, con uso de tanque séptico y red prevista.\n\nSi el Administrado-Desarrollador, decide someter a aprobación de diseño el Sistema de Disposición de Aguas Residuales, mediante la figura de Tanque Séptico con colocación de Red Prevista, como opción para no solicitar la exoneración de la colocación de la red sanitaria; procede a someter el diseño del Tanque Séptico a valoración del Ministerio de Salud para que este determine que es viable y que no generará contaminación, siendo responsabilidad de cada propietario el mantenimiento y uso debido. Esta opción, bajo la cual el Desarrollador decide someter a análisis de las instituciones competentes, forma parte del procedimiento que debe seguir si desea obtener el Visado del Proyecto Habitacional, siendo el Ministerio de Salud el garante de que el sistema de disposición de aguas residuales mediante tanque séptico funciona y de forma consecuente los propietarios asumirán la responsabilidad de su uso, mantenimiento y reparación que resulte procedente.\n\n¿En qué consiste una red prevista?, una red prevista es una tubería que será destinada a la recolección de aguas residuales y que será conectada a un sistema administrado por el prestador del servicio de recolección y tratamiento de aguas residuales. Esa conexión futura, se presentará cuando se reúnan las condiciones técnicas y de capacidad de materialización de proyectos de colocación de infraestructura, cuya decisión de oportunidad y costos son de competencia de la institución que brinde el servicio público, en la zona en donde se ubique la red prevista, colocada por el desarrollador que realizara el proyecto constructivo.\n\nDebe reiterarse que por una situación técnica-operativa este tipo de tuberías no puede brindar el servicio de recolección inmediata, debido a la ausencia de factibilidad de conexión con el sistema integral general.\n\nLo anterior fue valorado mediante resolución No.112-2018 del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN OCTAVA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANEXO A, a las nueve horas treinta minutos del diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho.-\n\n“…todas las personas están obligadas a realizar los drenajes correspondientes, y deberán responder de que sus propiedades dispongan de un sistema de disposición de excretas y de aguas negras y servidas debidamente aprobado por el Ministerio, debiendo los usuarios de las viviendas obligarse a mantener dichos sistemas en buenas condiciones de funcionamiento; siendo prohibido descargar residuos sin autorización previa de la autoridad de salud y sin cumplir con los requisitos correspondientes, evitando la contaminación de las fuentes o cursos de agua, del suelo y del aire, o cualquier otro riesgo para la salud humana que se derive de la evacuación inadecuada de los desagües. (arts. 286-292, 308,310,311). Es decir, considera esta Cámara que en el presente caso es más que evidente que los vecinos y demandantes han ocasionado una contaminación del ambiente, al verter sus excretas y aguas negras a un sistema de alcantarillado carente de interconexión que además está siendo descargado en el río de la localidad, contaminado aguas abajo a todas las demás poblaciones.- En razón de lo anterior, se rechaza esta pretensión toda vez que la normativa citada le otorga lo pretendido a la competencia de AyA, ente que conforme a la conveniencia y disponibilidad de recursos para lograr la interconexión oportuna, amparada en aspectos técnicos de diseño, de contratación administrativa y de carácter económico.-…”\n\nTERCERO: El informe de la Dirección de Recolección y Tratamiento DRyT-DSRT-202600106, indica lo siguiente:\n\n“(…)I. Antecedentes Generales\n\nEl Residencial Estancia Antigua fue desarrollado bajo un esquema de disposición individual de aguas residuales mediante tanque séptico y drenajes, debido a que el AyA comunicó oportunamente la no disponibilidad del servicio de alcantarillado sanitario para dicho proyecto urbanístico. (Ref: ver anexo N° 1: Carta de Disponibilidad)\n\nEn consecuencia, las aprobaciones constructivas otorgadas por las autoridades competentes tales como la Municipalidad de La Unión y el Ministerio de Salud, contemplaron sistemas individuales de disposición de aguas residuales para cada vivienda, tales como el tanque séptico y sus respectivos drenajes.\n\nDentro de la urbanización existe infraestructura sanitaria construida como red sanitaria prevista. Sin embargo, dicha infraestructura nunca fue puesta en operación debido a que no cuenta con una interconexión funcional hacia un sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales en funcionamiento. Por esta razón, dicha red no constituye un sistema público operativo ni existe autorización para que sea utilizada por los habitantes de la urbanización para la disposición de aguas residuales.\n\nII. Análisis Técnico de los Argumentos Expuestos por el Recurrente\n\nDel análisis del escrito presentado ante la Sala Constitucional se observa que el señor Nombre04 sostiene que las características físicas y geológicas del terreno hacen técnicamente inviable la utilización de sistemas individuales de tanque séptico con drenajes y que la única solución viable corresponde a la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales.\n\nDel análisis integral del escrito presentado ante la Sala Constitucional se observa que las afirmaciones realizadas por el señor Nombre04 se fundamentan principalmente en apreciaciones subjetivas emitidas en su condición personal de Ingeniero Agrónomo, indicando que:\n\n• El suelo presenta textura arcillosa.\n\n• Existe baja permeabilidad.\n\n• El nivel freático impide la infiltración.\n\n• Los drenajes individuales son técnicamente inviables.\n\n• La única solución definitiva corresponde a una planta de tratamiento\n\nNo obstante, de la documentación conocida por esta Dirección, no se observa evidencia técnica especializada que permita sustentar objetivamente dichas afirmaciones ni desvirtuar las condiciones técnicas bajo las cuales fue aprobado originalmente el sistema de disposición de aguas residuales de la urbanización. Particularmente, no se identifican:\n\n• Estudios hidrogeológicos.\n\n• Estudios geotécnicos.\n\n• Estudios de infiltración actualizados.\n\n• Estudios de permeabilidad certificados.\n\n• Estudios de tránsito de contaminantes.\n\n• Estudios sanitarios emitidos por autoridades competentes.\n\n• Estudios de factibilidad técnica que demuestren la inviabilidad del sistema aprobado.\n\nEn consecuencia, las afirmaciones realizadas por el recurrente constituyen criterios técnicos personales que no se encuentran respaldados por evidencia científica.\n\nAsí mismo y de forma contraria a lo señalado por el recurrente, sí existen antecedentes técnicos que sustentan la aprobación del sistema de disposición sanitaria originalmente autorizado para la urbanización. Dentro de los antecedentes técnicos del proyecto se encuentra el estudio de infiltración realizado el 8 de junio de 1998 para la Urbanización Estancia Antigua, mediante el cual se evaluó la capacidad de absorción del terreno donde posteriormente se desarrolló la urbanización. (Ref: ver anexo N°2: Estudios de Infiltración)\n\nSegún la documentación técnica del proyecto, la empresa desarrolladora realizó pruebas de infiltración del terreno previo a la aprobación del desarrollo urbanístico.\n\nDentro de los resultados obtenidos en dichas pruebas destacan:\n\n• Cuatro pruebas de infiltración realizadas el 8 de junio de 1998.\n\n• Tiempos de infiltración entre 6 y 9 minutos.\n\n• Velocidad crítica de infiltración de 9 minutos.\n\n• Razón máxima de absorción de 41 litros/m²/día.\n\n• Área de infiltración requerida de 29,1 m².\n\n• Área verde requerida para infiltración de 72,8 m² por lote.\n\nEstos resultados permitieron concluir técnicamente la viabilidad de utilizar sistemas individuales de tanque séptico y drenajes, razón por la cual fue autorizado por la Municipalidad de la Unión y por el Ministerio de Salud, la utilización los mismos como parte del contenido de los planos constructivos de cada vivienda.\n\nLa aprobación de los planos constructivos de cada una de las viviendas de la urbanización fue dada por la autoridad municipal, tomando en consideración el uso del tanque séptico y de sus respectivos drenajes, por lo que los planos constructivos de las viviendas no contenían el detalle constructivo del tanque y los drenajes, los mismos no hubiesen contado con la aprobación municipal ni los respectivos permisos de construcción.\n\nLa utilización del tanque y de los drenajes se encuentra sustentado en las pruebas técnicas de campo ejecutadas específicamente para determinar la aptitud del terreno para la disposición subsuperficial de aguas residuales. Por el contrario, el recurrente no aporta estudios técnicos equivalentes que desacrediten dichos resultados ni demuestra técnicamente que las condiciones hidrogeológicas originalmente evaluadas hayan cambiado de manera sustancial.\n\nA la fecha, esta Dirección no tiene conocimiento de ningún estudio técnico oficial emitido por autoridad competente que concluya que las condiciones evaluadas originalmente se hayan modificado de manera tal que los sistemas de tanque séptico con drenajes resulten técnica o sanitariamente inviables.\n\nIII. Cumplimiento de las Condiciones Técnicas Originalmente Establecidas para los Lotes\n\nDebe señalarse que la viabilidad técnica del sistema aprobado se encontraba condicionada al mantenimiento de parámetros específicos de diseño incorporados durante la planificación de la urbanización. Entre ellos destaca la necesidad de conservar aproximadamente 72,8 m² de área de infiltración por cada lote que se fuera a construir. (Ref: ver anexo N°2: Estudios de Infiltración)\n\nLas observaciones de campo realizadas por esta Dirección permiten advertir que en diversos lotes se han ejecutado ampliaciones constructivas que podrían haber reducido parcial o totalmente áreas originalmente destinadas a infiltración, situación ya señalada en informes institucionales previos.\n\nBajo ese escenario, eventuales limitaciones operativas en sistemas individuales específicos podrían estar asociadas al incumplimiento de las condiciones originales de diseño y no necesariamente a una inviabilidad geológica o técnica del sistema aprobado para toda la urbanización.\n\nIV. Inexistencia de Elementos Técnicos Nuevos que Contradigan la Aprobación Sanitaria Original\n\nDespués de revisar los antecedentes técnicos disponibles, esta Dirección concluye que no se identifican elementos técnicos nuevos, objetivos y verificables que contradigan las condiciones bajo las cuales se autorizó originalmente la disposición sanitaria mediante tanque séptico y drenajes para el Residencial Estancia Antigua.\n\nAsimismo:\n\n• No se tiene conocimiento de una revocatoria de las aprobaciones sanitarias originalmente otorgadas.\n\n• No se identifica estudio hidrogeológico alguno que determine la inviabilidad del sistema aprobado.\n\n• No se identifica resolución técnica emitida por las autoridades municipales y de salud competentes que descarten el uso de tanques sépticos con drenajes en la urbanización.\n\n• No se observa evidencia científica especializada aportada por el recurrente que permita desvirtuar los estudios de infiltración que respaldaron la aprobación original del proyecto.\n\nV. Sobre la Pretensión de Construir una Planta de Tratamiento\n\nLa documentación analizada permite concluir que la propuesta formulada por el recurrente constituye una alternativa distinta al sistema sanitario individual propuesto originalmente por la empresa desarrolladora de la urbanización, el cual por su parte fue el que se incorporó en los planos constructivos de cada una de las viviendas construidas, con el fin de que la Municipalidad de La Unión les otorgara los respectivos permisos de construcción.\n\nLa urbanización no fue diseñada por la empresa desarrolladora para operar mediante una planta de tratamiento, por lo que el en diseño de sitio de ésta, no se reservó infraestructura ni área específica para la construcción de una planta de tratamiento.\n\nDada la inexistencia actual de estudios de factibilidad técnica, ambiental, económica y operativa que sustenten la pretensión de construir una planta de tratamiento, se estima que lo anterior constituye una alternativa tecnológica distinta a la aprobada originalmente y no una necesidad acreditada mediante estudios técnicos especializados\n\nVII. Sobre el Cumplimiento de las Actuaciones Ordenadas por la Sala Constitucional\n\nConforme a los antecedentes institucionales contenidos en los informes DRyT-202200110 y DRyT-DSRT-2026-00100 (Ver anexos N°3 y N°4), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ha ejecutado acciones concretas orientadas a atender lo dispuesto por la Sala Constitucional, incluyendo inspecciones de campo, conformación de una comisión interinstitucional, identificación de conexiones ilegales, video inspección de infraestructura sanitaria, sellado y resellado de acometidas y pozos de registro, coordinación con el Ministerio de Salud y seguimiento permanente de la situación denunciada.\n\nAsimismo, las inspecciones más recientes efectuadas por personal técnico institucional no evidencian derrames de aguas residuales atribuibles a la red sanitaria prevista administrada por el Instituto dentro del Residencial Estancia Antigua.\n\n(…)\n\nVIII. Conclusiones\n\n1. No es cierto lo que indica el recurrente acerca de que el proyecto urbanístico en referencia contempló desde sus inicios la construcción de una planta de tratamiento. La empresa desarrolladora de la urbanización llamada DECH S.A, nunca propuso ningún tipo de planta de tratamiento ni originalmente ni tampoco a futuro. Prueba de ello es que en el diseño de sitio de la urbanización nunca fue contemplado ningún terreno con las prestaciones de espacio requeridas para contener una infraestructura civil de este tipo.\n\n2. De la documentación conocida por esta Dirección, no se observa evidencia técnica especializada que permita concluir la inviabilidad del sistema de tanque séptico y drenajes aprobado para el Residencial Estancia Antigua.\n\n3. La única evidencia técnica objetiva disponible corresponde a las pruebas de infiltración realizadas durante la etapa de diseño del proyecto, las cuales respaldaron técnicamente la solución sanitaria aprobada por las autoridades competentes.\n\n4. Con fundamento en los antecedentes técnicos disponibles, las inspecciones realizadas por el Instituto, la documentación histórica del proyecto y las pruebas de infiltración efectuadas durante la etapa de diseño de la urbanización, esta Dirección no identifica elementos técnicos nuevos, objetivos y verificables que permitan concluir que el sistema de disposición de aguas residuales mediante tanque séptico y drenajes aprobado para el Residencial Estancia Antigua sea técnicamente inviable.\n\n5. Asimismo, tampoco se observa dentro de la documentación analizada evidencia técnica especializada que desvirtúe las condiciones consideradas por las autoridades competentes al momento de otorgar las aprobaciones sanitarias originales del proyecto. Los aportes que hace el recurrente no están respaldados por ninguna base científica ni técnica, ni tampoco su grado de agrónomo le confiere opinión experta alguna que pudiese ser vinculante.\n\n6. El AyA ha ejecutado y continúa ejecutando las actuaciones que razonablemente corresponden a su ámbito competencial para atender la situación expuesta y dar seguimiento a las disposiciones emitidas por la Sala Constitucional…” (el resaltado no es del original)\n\nIV. ANALISIS DE FONDO\n\nAnalizando el fondo del presente recurso, se determina que el recurrente ve más fácil solicitarle a la Sala Constitucional en esta oportunidad que se le ordene al AyA, la construcción de una Planta de Tratamiento de aguas residuales, sin considerar que la solución no es esa, dejando de lado el hecho de que el AyA es el órgano técnico especializado con criterio vinculante para definir respecto al método de saneamiento que resulte ser idóneo, obviando igualmente que cuando cada uno de sus vecinos compraron sus casas lo hicieron con tanque séptico, que fue autorizado sustentado en estudios científicos y técnicos, al cual los propietarios registrales tienen la obligación de darle mantenimiento cada 6 meses, son sus propios vecinos quienes en varias oportunidades han pretendido no acatar la responsabilidad de mantenimiento y mejora de sus tanques sépticos, procediendo a verter aguas contaminadas a la vía pública, contaminando el ambiente, situación que se ha venido corrigiendo en coordinación con el Ministerio de Salud, situación que evidencia el informe DRyT-DSRT-2026-00106 por medio de las inspecciones más recientes efectuadas por personal técnico institucional, que no evidencian derrames de aguas residuales atribuibles a la red sanitaria prevista administrada por el Instituto dentro del Residencial Estancia Antigua.\n\nDebe tenerse presente tal y como se ha insistido, que el pretender los vecinos conectar sus aguas residuales a la red prevista, y no tener esta un punto donde recolectarse, generaría un daño a la salud pública de forma inminente. Por lo anterior le corresponde a los vecinos contar con un tanque séptico dentro de su propiedad , tener conectadas las aguas provenientes del fregadero de la cocina, de las pilas de lavar ropa, de la lavadora, de las duchas, de los lavatorios y de los servicios sanitarios, de forma consecuente dar el mantenimiento correspondiente para no generar problemas con las aguas residuales en vía pública, y tener que girar las ordenes sanitarias correspondientes a los que pretendan continuar con esa indebida actividad.\n\nSe está tratando de responsabilizar al Estado, de una responsabilidad primaria de sus propios vecinos, pretendiendo que por medio de un Voto de la Sala Constitucional, se le traslade la responsabilidad al Estado costarricense (ahora solicitando que se construya una Planta de Tratamiento), para que dejen de usar el tanque séptico, no inviertan en su mantenimiento, mejora y cuidado (al ubicarse en propiedad privada) dejando a los vecinos impunes al ser ellos los responsables de la contaminación que se genere.\n\nDebe tomarse en consideración que la aprobación del desarrollo habitacional Estancia Antigua bajo un esquema de disposición individual de aguas residuales mediante tanque séptico no constituyó una decisión discrecional o arbitraria, sino el resultado de un procedimiento técnico y reglado previsto en el ordenamiento jurídico costarricense. Conforme a la Ley General de Salud N.° 5395, los sistemas de eliminación de excretas y aguas residuales deben contar con la aprobación de la autoridad sanitaria competente y cumplir las condiciones técnicas que garanticen la protección de la salud pública y del ambiente. Asimismo, los procedimientos de revisión y aprobación de desarrollos constructivos contemplados en el Decreto Ejecutivo N.° 36550-MP-MIVAHS-MEIC y en el Decreto Ejecutivo N.° 38441-MP-MIVAH-S-MEIC-TUR permiten que los proyectos urbanísticos sean autorizados mediante sistemas individuales de tanque séptico y drenajes cuando se demuestre técnicamente su viabilidad. Para ello, corresponde al Ministerio de Salud valorar, entre otros aspectos, los estudios de infiltración, las características físicas del suelo, la capacidad de absorción del terreno, el nivel freático y el diseño del sistema propuesto, de forma que la autorización otorgada se fundamenta en criterios científicos y técnicos emitidos por la autoridad legalmente competente.\n\nBajo esa premisa, no resulta procedente concluir que las condiciones que originalmente permitieron la aprobación de los tanques sépticos hayan desaparecido a partir de una apreciación subjetiva o de una opinión técnica aislada que no forme parte de un estudio integral realizado bajo parámetros de la ciencia y la técnica de la geología, ingeniería sanitaria o hidrogeología. Por el contrario, en el expediente consta que la viabilidad del sistema fue respaldada por estudios de infiltración efectuados durante el desarrollo del proyecto y que la urbanización fue aprobada para operar mediante tanques sépticos y drenajes. Adicionalmente, la experiencia práctica de aquellos vecinos que han dado el mantenimiento adecuado a sus sistemas individuales demuestra que la correcta disposición de las aguas residuales continúa siendo técnicamente factible en el lugar, por lo que los problemas detectados no pueden atribuirse automáticamente a una supuesta incapacidad del suelo para recibir los efluentes tratados, sino que razonablemente se asocian al incumplimiento de las obligaciones de operación, mantenimiento y conservación que la normativa sanitaria impone a algunos de los propietarios respecto de su sistema particular, que en el fondo buscan ahorrarse la inversión de mantenimiento y mejoras en sus propiedades privadas.\n\nPara el caso que nos ocupa, igualmente el Código Municipal obliga a las Municipalidades de cada cantón velar a porque al administrado se le garantice el disfrute real y efectivo del derecho a la salud y a un ambiente sano. De los documentos aportados al expediente por los actores se desprende que la MUNICIPALIDAD DE LA UNION tiene pleno conocimiento del problema de contaminación ambiental existente en el Residencial Estancia Antigua, de que los vecinos del lugar se conectaron ilícitamente a la red prevista de alcantarillado sanitario a pesar de que no existe un colector principal donde interconectar la red principal. La MUNICIPALIDAD DE LA UNION tiene la obligación de supervisar continuamente el funcionamiento de los tanques sépticos y vigilar las actuaciones de los miembros de su comunidad con respeto a la forma que descargan las aguas residuales provenientes de sus viviendas y de esta forma garantizar, defender y preservar el derecho de todos a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.\n\nAl respecto, es conveniente tomar en cuenta lo establecido en el artículo 169 de la Constitución Política en relación con el Régimen Municipal, por su parte el Código Municipal, dicho mandato se ubica en el artículo 4 regula lo relativo a las atribuciones de las municipalidades.\n\n\"Artículo 169.- La Administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley.\"\n\nCon base en las normas citadas, se concluye que la MUNICIPALIDAD DE LA UNION, tiene igualmente una responsabilidad en la determinación de las medidas requeridas para solucionar el problema de que los vecinos asimismo dispongan correctamente las aguas residuales en el tanque séptico, y en caso contrario, tomar las medidas de clausura de las viviendas por no cumplir con los requerimientos estructurales.\n\nEl Estado debe respetar el derecho de los individuos, y de igual forma velar por el bienestar de la comunidad. La Salud Pública y la protección del medio ambiente son principios tutelados tanto a nivel constitucional (artículos 21, 50, 73 y 89 de la Carta Magna), como a través de la normativa internacional. En este caso, la Ley General de Salud, autoriza al MINISTERIO DE SALUD para tomar las medidas sanitarias correspondientes e imponer las sanciones, con lo cual, no solo tiene el deber de hacer cumplir la Ley General de Salud sino el de proteger la salud pública, pues los derechos a la salud y a un ambiente sano y libre de contaminación -al menos por debajo de los límites tolerables para el ser humano- son derechos fundamentales irrenunciables y en cuya violación no se puede legítimamente consentir.\n\nComo se indicó el AyA, en coordinación con el Área Rectora de Salud de la Unión, ha llevado a cabo un procedimiento técnico y administrativo por medio del cual y previa notificación a los vecinos de la urbanización, se procedió con el cierre de pozos de registro pertenecientes a la red sanitaria prevista construida por el desarrollador del proyecto.\n\nAhora bien, existen mecanismos inmediatos previstos en la Ley General de Salud y en la misma Ley General de la Administración Púbica de los que puede asistirse esa Area de Salud para obligar a aquellos vecinos que pretendan omitir sus responsabilidades, a tratar sus aguas, a modo de ejemplo, se hace referencia al Exp. 16-2436-0007-CO, donde se dictó la sentencia N° 2016006368, de las nueve horas treinta minutos del trece de mayo del dos mil dieciséis, la cual dispuso en lo conducente:\n\n“ …V. DEL AMPARO CONTRA EL MINISTERIO DE SALUD. SOBRE EL FONDO: De los hechos anteriores se desprende que el Ministerio de Salud, si bien actúo oportunamente, emitió las órdenes sanitarias e incluso presentó denuncias penales, lo cierto es que el problema sanitario subsiste, como lo indica su representante en el informe rendido bajo juramento. No observa la Sala que el Ministerio haya adoptado medidas extraordinarias, como la clausura del lugar, la colaboración de la Fuerza Pública para seguridad del lugar, e incluso, el eventual desalojo del residencial o cualesquiera otras medidas efectivas. La prestación de un servicio público como el que está en manos del Ministerio de Salud exige una eficiencia y diligencias acaso más allá de la necesaria en por parte de otros órganos públicos, por causa de los derechos fundamentales a la salud y al ambiente sano, en lo que atañe a sus competencias. La Sala considera que lo actuado por el Ministerio de Salud ha sido insuficiente y viola el derecho fundamental a la salud y a un ambiente sano de la amparada…”\n\nLo que resultaría procedente es que el MINSA, “adopte las medidas extraordinarias, como la clausura del lugar, la colaboración de la Fuerza Pública para seguridad del lugar, e incluso, el eventual desalojo del residencial o cualesquiera otras medidas efectivas”, ante la negativa de los propietarios de utilizar correctamente el tanque séptico, otorgando incluso un plazo perentorio a los administrados para que procedan por parte de éstos con la rehabilitación, adecuación, reparación y/o hasta la propia construcción de un sistema de tanque séptico y drenaje.\n\nPor otra parte, ya la Sala Constitucional en casos similares, ha valorado la imposibilidad técnica, operativa y de inversión para interconectar, asumir, poner en funcionamiento la red prevista sanitaria por parte de AyA,\n\n“…En ese orden de ideas, reiteradamente el gerente general del ICAÁ sostuvo que \"el AyA no cuenta actualmente con infraestructura ni fuentes de abastecimiento cercanas, por lo que hay una imposibilidad técnica para abastecer el Condominio\". Por ende, es criterio de esta Sala, que no se puede responsabilizar a las instituciones del Estado por tener una imposibilidad de brindar el servicio de agua potable para el Condominio La Rueda. Sobre lo anterior, resulta importante hacer mención a la sentencia N° 2010-13690 de las 16:50 hrs. del 17 de agosto de 2010, en el que este Tribunal dispuso: \"B) Sobre la no violación al derecho a obtener el servicio público de agua potable: respecto del derecho fundamental a obtener el servicio público de agua potable, reiterada jurisprudencia de esta Sala ha indicado que el suministro de agita potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, y que como tal, todo prestador de servicios públicos -sea sujeto público o sujeto privado- está obligado a prestar el servicio de forma continua, eficiente, en condiciones de igualdad y debiendo adaptarse a los cambios tecnológicos (véase al respecto la sentencia 2001-09676 de las once horas veinticinco minutos del veintiséis de setiembre del dos mil uno y la sentencia 2004- 08161 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintitrés de julio del dos mil cuatro). Sin embargo, de ello no se deriva un derecho a que el Estado o el ente encargado le suministre el servicio público de agua potable, en forma inmediata y dondequiera que sea, pues también la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha indicado que, frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad formal (que es la falta de una Red de Distribución de Aguas), es razonable no atender ¡as solicitudes de servicio o solicitar que el interesado asuma los costos de instalación cuando no exista red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura. Así, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la falta de infraestructura. Por supuesto, el AyA como un ente estatal encargado mayormente de la prestación del servicio de agua potable, tiene la obligación de ir expandiendo su infraestructura para que tengan acceso a este preciado líquido cada vez más y más personas, pero mientras queden vacíos resulta indispensable la colaboración de los interesados (véase ¡as resoluciones N° 2006-014218 de las quince horas y cuatro minutos del veintiséis de septiembre del dos mil seis y N° 2007-11190 de las catorce horas y treinta y seis minutos del siete de agosto del dos mil siete). En otras palabras, siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales\". En consecuencia, el recurso debe ser desestimado en cuanto a estas gestiones. (...) Exp: 18-011952-0007-CO Res. N° 2018016562, SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del cinco de octubre de dos mi) dieciocho.\n\nEl tema que aquí nos ocupa debe ser dimensionado, en el sentido de que el AyA es responsable de la administración, vigilancia y control de la infraestructura de la red pública y sistema de disposición de aguas residuales que haya recibido formalmente bajo su administración y que se encuentre operativamente en uso bajo parámetros de ciencia y técnica; más no de sistemas de disposición de aguas residuales privados como lo son los tanques sépticos localizados en propiedad privada.\n\nLa correcta disposición de las aguas residuales constituye un deber jurídico y sanitario de los propietarios de inmuebles, cuyo incumplimiento genera riesgos graves para la salud pública y el ambiente. La normativa nacional que se indica a continuación establece de manera expresa que todo sistema de eliminación de excretas, aguas negras y servidas debe contar con aprobación técnica y cumplir con los requisitos sanitarios fijados por las autoridades competentes, particularmente el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).\n\n1. Ley General de Salud N.º 5395 (30 de octubre de 1973) Esta ley consagra la salud de la población como un bien de interés público tutelado por el Estado (art. 1). En consecuencia, toda persona, natural o jurídica, está sujeta a sus mandatos y reglamentos, debiendo cumplir las instrucciones técnicas y órdenes de las autoridades competentes (arts. 4 y 9).\n\nDe igual forma establece la prohibición de realizar actos u omisiones que signifiquen peligro o daño para la salud de terceros (art. 37), imponiendo la obligación de ejecutar las obras necesarias para prevenir focos de infección en los inmuebles (art. 164).\n\nEn materia de agua y saneamiento, la ley dispone que las excretas y aguas residuales deben ser eliminadas de forma adecuada y sanitaria, evitando la contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua (art. 285). Además, obliga a los propietarios a conectar sus sistemas de eliminación al alcantarillado sanitario cuando este exista (art. 288).\n\nAsimismo, esta norma exige que toda vivienda cuente con sistemas aprobados de eliminación de excretas y aguas servidas (arts. 313 y 314), y que los propietarios y administradores de inmuebles garanticen condiciones sanitarias adecuadas para los ocupantes (art. 315).\n\n2. Ley de Construcciones N.º 833 (4 de noviembre de 1949) Esta normativa refuerza la responsabilidad de los propietarios al disponer que cualquier instalación sanitaria debe ser aprobada por la autoridad técnica competente. El propietario que ponga en servicio una obra sin aprobación sufrirá las sanciones legales correspondientes, y el AyA podrá solicitar la destrucción o corrección de lo instalado a costa del infractor (art. 44).\n\nDe este marco normativo se deriva una obligación clara de que los propietarios deben garantizar la correcta disposición de las aguas residuales mediante sistemas aprobados, como tanques sépticos, cumpliendo las especificaciones técnicas y sanitarias. No pueden trasladar al Estado ni al AyA los costos de mantenimiento, modificación o construcción de infraestructura privada, pues ello contravendría los principios de razonabilidad y el deber de cada ciudadano de costear las obras necesarias para asegurar un ambiente sano.\n\nLa Sala Constitucional debe tener presente que este conjunto normativo configura un “derecho-deber ambiental”, porque los propietarios no solo tienen derecho a un ambiente sano, sino también la obligación de contribuir activamente a su preservación mediante prácticas responsables de saneamiento. La omisión en la disposición adecuada de aguas residuales en el tanque séptico constituye una violación directa al derecho fundamental a la salud y al ambiente equilibrado, protegido por el artículo 50 de la Constitución Política.\n\nEl informe técnico DRyT-DSRT-2026-00106 ratifica que la problemática denunciada no proviene de una falla o deficiencia de un sistema de alcantarillado sanitario administrado por el AyA, sino de la utilización indebida de una red sanitaria prevista que nunca entró en operación, de las descargas irregulares al sistema pluvial y de las deficiencias asociadas al uso y mantenimiento de sistemas individuales ubicados en propiedades privadas. Asimismo, se acredita que la Urbanización Estancia Antigua fue aprobada originalmente bajo un esquema de disposición mediante tanque séptico y drenajes, solución cuya viabilidad fue respaldada por los estudios de infiltración realizados durante el desarrollo del proyecto, y que el Instituto ha ejecutado de manera continua, desde al menos el año 2010, las actuaciones técnicas y administrativas que razonablemente le corresponden dentro de su ámbito competencial, incluyendo inspecciones, identificación de conexiones ilegales, sellado y resellado de acometidas, coordinación interinstitucional y seguimiento permanente.\n\nPor consiguiente, no existe fundamento técnico para atribuir al AyA la obligación de construir o poner en funcionamiento una planta de tratamiento para una urbanización que no fue diseñada, aprobada ni desarrollada bajo ese esquema, siendo que la atención de las situaciones derivadas del incumplimiento de los propietarios respecto del adecuado funcionamiento de sus sistemas individuales y de las eventuales descargas ilegales corresponde ser abordada por las autoridades competentes en el ejercicio de sus potestades de control y rectoría sanitaria. Lo anterior permite concluir que el Instituto ha actuado conforme a los principios de legalidad, razonabilidad, ciencia y técnica, sin que se evidencie una omisión atribuible a su gestión que justifique la estimación de las pretensiones planteadas por los recurrentes.\n\nV. PETITORIA\n\nCon fundamento en los hechos acreditados, la normativa aplicable y la prueba técnica incorporada al presente expediente, respetuosamente se solicita a la Sala Constitucional declarar sin lugar la gestión de desobediencia interpuesta en contra del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), por cuanto ha quedado plenamente demostrado que este Instituto no ha incurrido en conducta omisiva, arbitraria o contraria a los derechos fundamentales invocados por los recurrentes, sino que ha actuado en estricto apego a las competencias que le confiere su Ley Constitutiva, la Ley General de Salud y el resto del ordenamiento jurídico aplicable.\n\nLa prueba aportada evidencia que la problemática denunciada no tiene su origen en una falla de un sistema de alcantarillado sanitario administrado por el AyA ni en la denominada red sanitaria prevista existente en la urbanización, sino en actuaciones irregulares de particulares que han realizado conexiones no autorizadas a una infraestructura que nunca entró en operación y que carece de interconexión funcional con un sistema público de recolección y tratamiento de aguas residuales, así como en la disposición inadecuada de aguas residuales y aguas grises por parte de algunos vecinos. El informe DRyT-DSRT-2026-00106 comprueba por medio de las inspecciones más recientes efectuadas por personal técnico institucional, que no evidencian derrames de aguas residuales atribuibles a la red sanitaria prevista administrada por el Instituto dentro del Residencial Estancia Antigua.\n\nDe igual forma, ha quedado acreditado que el AyA ha mantenido una actuación permanente y diligente desde el año 2010, mediante inspecciones, coordinación interinstitucional, identificación de conexiones ilegales, sellado y resellado de acometidas, atención de reportes y seguimiento técnico continuo, ejecutando todas aquellas acciones que razonablemente le corresponden dentro de su ámbito competencial.\n\nAsimismo, se solicita a la Sala rechazar expresamente cualquier pretensión orientada a ordenar al AyA la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales para la Urbanización Estancia Antigua, toda vez que ha quedado técnicamente demostrado que dicho desarrollo urbanístico no fue concebido, diseñado ni aprobado bajo ese esquema sanitario, sino mediante sistemas individuales de tanque séptico con drenajes, cuya viabilidad fue oportunamente acreditada mediante los estudios de infiltración realizados durante el proceso de aprobación del proyecto.\n\nAdicionalmente, debe tenerse presente que por disposición de ley el Instituto es el órgano técnico con especialidad en materia de saneamiento, correspondiéndole definir los sistemas que resulten idóneos, sin que en este caso particular concurran las condiciones para la construcción de un sistema como el que solicita el recurrente”.\n\n6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. \n\n Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,\n\n Considerando:\n\n I.- Sobre lo dispuesto en el presente proceso. Por medio de la sentencia No. 2021-022447 de las 09:15 horas del 08 de octubre de 2021, este Tribunal resolvió lo siguiente:\n\n “Sobre el caso concreto. En el presente asunto ha quedado debidamente demostrado que en el Residencial Estancia Antigua existe un problema de disposición de aguas negras y servidas, el cual tiene su origen en la actitud atribuible a muchos de los vecinos de esa comunidad, que disponen las aguas servidas de los inmuebles a la red de alcantarillado pluvial y no a través del sistema de tanque séptico como corresponde. Del análisis de los autos se constata que, para la construcción de esta urbanización, en el año de 1999, se exigió al desarrollador incluir una red de alcantarillado sanitario en calidad de red prevista, es decir, no para uso, debido a la inexistencia de un colector sanitario cercano. Al efecto, cada unidad habitacional debía contar un sistema de tanque séptico para disposición de aguas negras y residuales. Asimismo, se comprueba que desde el año 2010 se vienen arrastrando denuncias, inspecciones y órdenes sanitarias, debido a que varios de los vecinos utilizaron de manera improcedente la red prevista para conectar las aguas residuales provenientes de sus viviendas, en lugar de dirigirlas hacia un tanque séptico.\n\n Por su parte, las autoridades recurridas refieren que han cumplido con sus competencias, realizando inspecciones y emitiendo órdenes sanitarias cuando ha correspondido, y señalan a las demás entidades involucradas como responsables de la problemática denunciada. Sin embargo, se verifica que ninguna de las instituciones recurridas ha contribuido a solucionar de manera contundente y definitiva el problema planteado por el recurrente, lo cual refleja la inconsistencia del aparato estatal para enfrentar una situación apremiante. A juicio de esta Sala, en la especie nos encontramos ante un problema sanitario grave que afecta al medio ambiente y la salud de los habitantes de la comunidad, y se constata que las autoridades accionadas han mostrado incapacidad para hacer cumplir las leyes en la materia y su obligación de garantizar el disfrute de los habitantes de la zona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con las consecuencias para la salud de esas personas debido a la naturaleza del problema sanitario que les aqueja. Según se desprende de los informes rendidos bajo juramento, las instituciones que por ley deben velar, de una u otra forma, con el problema aquí discutido, simplemente dejan en manos de otros la solución; sin lograr, por su cuenta ni por común acuerdo, una pronta resolución. Ello por cuanto se limitan a referir que es competencia de otro resolver la problemática denunciada, sin asumir ninguno de ellos ninguna acción concreta para atenderla más allá de constatar la contaminación existente mediante inspecciones y órdenes cuyo cumplimiento ni siquiera se verifica. Uno de los principios rectores de la organización administrativa lo constituye la coordinación que debe mediar entre todos los entes y órganos públicos al ejercer sus competencias y prestar los servicios que el ordenamiento jurídico les ha asignado. La coordinación, en cuanto asegura la eficiencia y eficacia administrativas, es un principio constitucional virtual o implícito que permea el entero ordenamiento jurídico administrativo y obliga a todos los entes públicos; puede ser interorgánica -entre los diversos órganos que conforman un ente público no sujetos a una relación de jerarquía- o intersubjetiva esto es, entre los entes públicos, cada uno con personalidad jurídica, presupuesto propio, autonomía y competencias específicas-; y tiene por propósito evitar las duplicidades y omisiones en el ejercicio de las funciones administrativas de cada ente público, esto es, que sean desempeñadas de forma racional y ordenada (véase, al efecto, la sentencia Nº 2007-015218, entre otras). Dicho principio cobra particular importancia en materia ambiental. En reiterada jurisprudencia la Sala ha dicho que no se puede aceptar que a los seres humanos se les niegue el derecho a un ambiente sano ni el derecho a la salud, debido a la incapacidad de las autoridades públicas correspondientes para ejercer efectivamente las potestades de vigilancia y la solución a los problemas otorgadas por ley. En efecto, considera este Tribunal que la actividad estatal debe darse de manera coordinada y efectiva, pues no se trata simplemente de determinar el problema y endilgarle la responsabilidad a otros, como ha sucedido en este caso, ni tampoco corresponde que sea esta Sala quien asigne a cada entidad las soluciones que deben implementar; sino que, una vez valorado el asunto se debe dar una solución integral, para lo cual, bajo el sistema de distribución de competencias y funciones de un Estado, deben participar todos los involucrados, cada una aportando lo que en definitiva le corresponde. De conformidad con lo expuesto, esta Sala determina que tanto la Municipalidad de La Unión, el ICAA y, el Ministerio de Salud, no han actuado con la urgencia del caso para coordinar una solución al problema sanitario que -desde hace más de diez años- afecta a los vecinos del Residencial Estancia Antigua.\n\n En razón de lo expuesto, lo procedente es estimar el recurso por violación al derecho a la salud y a un ambiente sano y equilibrado, ordenando al Ministerio de Salud que, en uso de sus competencias, gire las ordenes necesarias tendientes a evitar que se siga generando el problema de aguas residuales, aguas negras y contaminación detectada, debiendo velar por el cumplimiento de las mismas. Asimismo, se ordena a las demás autoridades recurridas, que deberán tomar parte en lo procedente a sus funciones para que, de forma coordinada y comunicada, coadyuven con la solución integral del problema referida en forma definitiva.\n\n(…)\n\nPor tanto:\n\n Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Nombre03 y Manuel Elías López Fonseca, en su condición de gerente general y director del Sistema de Agua, Recolección y Tratamiento, ambos del ICAA, Cristian Torres Garita, en su condición de alcalde de La Unión, y Ángela Morales Soto, en su condición de directora del Área Rectora de Salud de La Unión, o a quienes en su lugar ocupen el cargo, que en forma coordinada, comunicada y conjunta, emitan las órdenes y lleven a cabo las actuaciones respectivas, cada uno en cumplimiento de sus funciones asignadas por ley, para que a) en forma inmediata se tomen las medidas que sean necesarias dirigidas a hacer cesar e impedir que los vecinos del Residencial Estancia Antigua dispongan las aguas servidas a la red prevista de alcantarillado; b) en el plazo de SEIS MESES, contados a partir de la notificación de esta sentencia, se brinde una solución integral y definitiva, al problema de contaminación que aqueja a los habitantes del Residencial Estancia Antigua. Se les advierte que, de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y a la Municipalidad de La Unión al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo”. \n\nPosteriormente, ante el reclamo de la parte recurrente el 19 y 23 de noviembre de 2021, referente a que las autoridades recurridas le han dado una persecución en su contra tras lo resuelto en la sentencia No. 2021-022447 e incluso clausuraron su vivienda; esta Sala por resolución No. 2021-026533 de las 09:15 horas del 26 de noviembre de 2021, dispuso: “No ha lugar a la gestión formulada”, toda vez que lo aducido no tiene relación alguna con lo discutido y resuelto el proceso, aunado que no le corresponde determinar cuál es la forma en que los recurridos como deben cumplir con lo ordenado.\n\nEn una nueva gestión la parte recurrente el 05 de enero 2022 reclamo que las medidas adoptadas por las autoridades recurridas no brindan una solución integral y definitiva a la problemática ambiental; este Tribunal por voto No. 2022-001410 de las 09:30 horas del 18 de enero de 2022, resolvió: “No ha lugar a la gestión formulada”, por cuanto, no le corresponde determinar cuál es la forma en que los recurridos como deben cumplir con lo ordenado.\n\nLuego, ante la inejecución planteada por la recurrente a lo ordenado en la sentencia supra citada; esta Sala por resolución No. 2022-018363 de las 09:55 horas del 09 de agosto de 2022, resolvió lo siguiente:\n\n“II.- Sobre la gestión planteada. En el presente asunto los recurrentes acusan la desobediencia a lo ordenado por esta Sala en la sentencia No. 2021022447 de las 09:15 horas del 08 de octubre de 2021. Consideran que a la fecha no hay una solución integral para la problemática de la contaminación acusada.\n\nAl respecto, se tiene por acreditado, con ocasión de los informes rendidos bajo juramento por las autoridades recurridas, a fin de cumplir lo ordenado por esta Sala, lo siguiente: a) se realizaron coordinaciones interinstitucionales a efectos de definir el ámbito de acción de los accionados y se conformó una comisión, la cual determinó que “la solución más efectiva para eliminar las conexiones y descargas ilegales tanto a redes previstas de alcantarillado sanitario, como al cordón de caño es ordenar a los propietarios de las viviendas que están cometiendo estos ilícitos, que restituyan el uso de los sistemas individuales (tanques sépticos), tal como fue aprobada la construcción de sus viviendas cuando se otorgaron los permisos de construcción respectivos por parte de la Municipalidad”; b) se ejecutaron inspecciones coordinadas entre las instituciones recurridas en el Residencial Estancia Antigua; c) ante la detección de conexiones ilegales, se giraron las respectivas ordenes sanitarias a los propietarios de los inmuebles; d) se dio seguimiento a las ordenes sanitarias emitidas y en vista de que algunos propietarios las incumplieron, los casos fueron trasladados a la Fiscalía de La Unión por el delito de desobediencia a la autoridad sanitaria; y d) los recurrentes del presente proceso les fue emitida previamente una orden sanitaria (MS-DRRSCE-DARSLU-OS-8588-2020), para la corrección del problema en su vivienda por vertido de aguas negras y ante la denegatoria para el ingreso a esta para el seguimiento de la orden sanitaria, el Área Rectora de Salud realizó una solicitud de allanamiento a la Fiscalía de La Unión, la cual no se ha resuelto.\n\nDe lo anterior se infiere que, los accionados de forma coordinada, comunicada y conjunta, emitieron las órdenes y llevaron a cabo las actuaciones respectivas, cada uno en cumplimiento de sus funciones asignadas por ley. Asimismo, si bien no se han podido concluir los actos que se estiman corresponden a dar cumplimiento a lo dispuesto por esta Sala, no es posible endilgar responsabilidad por ello a las autoridades accionadas, dado que no hay duda de que se encuentran en la obligación legal de esperar la conclusión de los casos fueron trasladados a la Fiscalía de La Unión por el delito de desobediencia a la autoridad sanitaria y en caso de los recurrentes que la fiscalía de cita resuelva la solicitud de allanamiento, a fin de dar seguimiento a la orden sanitaria girada en su contra.\n\nPor esos motivos, estima este Tribunal que las autoridades recurridas han ejecutado acciones para solucionar la problemática alegada y no hay inobservancia alguna para acoger la gestión de desobediencia planteada. (…) \n\nPor tanto:\n\nNo ha lugar a la gestión formulada”. \n\nLuego ante las gestiones planteadas por la parte recurrente, se resolvió mediante sentencia No. 2025-032463 de las 09:30 horas del 07 de octubre de 2025, lo siguiente:\n\n“II.- Sobre las gestiones realizadas por el Área Rectora de Salud de La Unión y la Municipalidad de La Unión. Conforme a lo resuelto por este Tribunal en la sentencia No. 2021-022447 de las 09:15 horas del 08 de octubre de 2021, se ordenó a las autoridades recurridas —incluida la Directora del Área Rectora de Salud de La Unión— que, en forma coordinada, comunicada y conjunta, tomaran medidas inmediatas y, además, que en el plazo de seis meses contados a partir de la notificación de dicha sentencia, brindaran una solución integral y definitiva al problema de contaminación de las aguas servidas a la red prevista de alcantarillado que afecta a los habitantes del Residencial Estancia Antigua.\n\nAhora, aunque mediante la sentencia interlocutoria No. 2022-018363 de las 09:55 horas del 09 de agosto de 2022, este Tribunal concluyó, en aquel momento, que las autoridades accionadas habían desplegado acciones tendientes al cumplimiento de lo ordenado –tales como inspecciones, conformación de una comisión interinstitucional y giro de órdenes sanitarias a vecinos identificados con vertidos irregulares, así como el traslado de algunos de estos casos al Ministerio Público por presunta desobediencia a la autoridad sanitaria–, lo cierto es que dicha valoración no excluía la obligación de continuar con el cumplimiento integral de lo ordenado ni eximía a dichas autoridades de rendir cuenta efectiva y actualizada del cumplimiento total de los extremos dispuestos en la sentencia principal.\n\nEn atención a lo anterior, por resolución de las 16:18 horas del 09 de setiembre de 2025, se otorgó audiencia a las autoridades involucradas para que se refirieran específicamente a los hechos y omisiones denunciados por la parte recurrente. No obstante, en el informe rendido bajo juramento por la Directora del Área Rectora de Salud de La Unión, se advierte que no se ofreció respuesta expresa y concreta sobre dos aspectos fundamentales.\n\nEn primer término, no se indicó si se ha dado cumplimiento al segundo punto del ordinal resolutivo de la sentencia No. 2021-022447, esto es, la obligación de brindar una solución integral y definitiva al problema de contaminación, en el plazo establecido de seis meses. Lejos de evidenciar dicho cumplimiento, la autoridad de salud se limita a referir acciones genéricas y pretéritas –algunas incluso valoradas previamente por este Tribunal– sin aportar datos verificables ni resultados actuales que acrediten la ejecución o implementación de una solución definitiva y coordinada conforme a lo dispuesto.\n\nEn segundo lugar, se observa una omisión significativa al no referir de manera específica qué nuevas acciones concretas ha desplegado el Área Rectora de Salud después de emitida la sentencia interlocutoria No. 2022-018363, esto en aras de dar continuidad efectiva a lo ordenado. Esta omisión no puede ser ignorada, toda vez que el deber de las autoridades accionadas es permanente y exigible hasta el pleno cumplimiento de la sentencia, máxime tratándose de la protección de derechos fundamentales como el derecho a la salud y a un ambiente sano.\n\nAsí las cosas, ante la ausencia de informar si en efecto ya fue cumplido lo ordenado, sumada a la ausencia de acreditación de avances concretos posteriores a la sentencia interlocutoria de agosto de 2022, denota una conducta omisiva que compromete directamente el deber de acatamiento de la orden emitida en la sentencia No. . 2021-022447 de las 09:15 horas del 08 de octubre de 2021, en concreto respecto al segundo punto de esta.\n\nPor lo tanto, y conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se estima que en este momento procesal sí concurre un incumplimiento por parte del Área Rectora de Salud de La Unión respecto al segundo extremo de la sentencia No. 2021-022447, al no constar que se haya brindado una solución integral y definitiva al problema de contaminación denunciado ni que se hayan ejecutado las acciones necesarias para lograrlo con posterioridad a la sentencia interlocutoria ya citada.\n\nAsimismo, cabe señalar que, dentro del marco de cumplimiento conjunto ordenado por el voto supra citado, el alcalde de La Unión también ha incurrido en incumplimiento, toda vez que, pese a la audiencia conferida mediante resolución de las 16:18 horas del 09 de setiembre de 2025, no presentó informe alguno dentro del plazo otorgado. Esta omisión, unida a la falta absoluta de acreditación de acciones concretas posteriores a la sentencia interlocutoria No. 2022-018363, impide tener por cumplido su deber de colaboración institucional y de ejecución efectiva de lo ordenado, razón por la cual también procede acoger la gestión de desobediencia en cuanto a dicha autoridad local.\n\nEn consecuencia, se acoge la gestión por desobediencia en cuanto a dichas autoridades recurridas.\n\nIII.- Sobre las actuaciones del Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados. En lo que respecta al cumplimiento del contenido en la sentencia No. 2021-022447 por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se debe señalar que no se acredita incumplimiento alguno, en tanto dicha institución ha demostrado la continuidad y efectividad de las acciones desarrolladas dentro del marco de sus competencias legales, en cumplimiento de lo ordenado por esta Sala.\n\nEn particular, posterior a la sentencia interlocutoria No. 2022-018363 de las 09:55 horas del 09 de agosto de 2022, el instituto recurrido ha documentado con informes técnicos y evidencias de campo como inspecciones periódicas y recientes en la red de alcantarillado sanitario prevista del Residencial Estancia Antigua, con el objetivo de verificar el estado físico de los pozos de registro y detectar posibles derrames de aguas residuales, la más reciente el 29 de setiembre de 2025. Asimismo, como la confirmación técnica de que no existen derrames activos en la red prevista, de acuerdo con la inspección más reciente efectuada al momento de rendir el informe. También, en la misma fecha referida se llevó a cabo mantenimiento y el resellado de los puntos críticos de la red prevista que presentaban riesgo de derrame, esto como medida preventiva.\n\nAsí las cosas, resulta evidente que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ha ejecutado las acciones dentro del ámbito de sus competencias y lo procedente es no acoger la gestión de desobediencia formulada contra tal institución.\n\nIV.- Sobre la pretensión de construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales. En su escrito presentado el 13 de agosto de 2025, los recurrentes además de la inejecución de la sentencia No. 2021-022447, plantean como objetivo principal con su escrito es la construcción de una planta de tratamiento de aguas negras para el Residencial Estancia Antigua, con el argumento que dicha infraestructura solucionaría de manera definitiva los problemas de contaminación que persisten en la zona.\n\nAl respecto, esta Sala ha señalado, tanto en la sentencia No. 2022-001410 de las 09:30 horas del 18 de enero de 2022 como en la sentencia interlocutoria No. 2022-018363, que no le corresponde a esta jurisdicción definir la modalidad técnica de cumplimiento de lo ordenado, ni mucho menos imponer una solución específica como la construcción de una planta de tratamiento.\n\nEn consecuencia, se desestima la gestión sobre este particular.\n\nV.- Sobre la solicitud de audiencia personal con un magistrado de esta Sala. La parte recurrente solicitó la celebración de una reunión personal con el magistrado Luis Fernando Salazar Alvarado, con el fin de exponer directamente sus planteamientos. No obstante, en atención al alto circulante de expedientes que tramita esta jurisdicción, así como a la necesaria transparencia y publicidad que debe regir toda actuación vinculada a un proceso constitucional, resulta improcedente acceder a la audiencia pretendida.\n\nLo procedente en estos supuestos es que cualquier manifestación, alegato o aporte de prueba se realice dentro del expediente, de manera que se garantice el derecho de defensa de todas las partes interesadas y quede debidamente incorporado al trámite jurisdiccional. En ese marco procesal, este Tribunal valorará las gestiones y resolverá lo que en derecho corresponda.\n\n(…)\n\nPor tanto:\n\nSe acoge parcialmente la gestión de desobediencia formulada, únicamente, contra el Área Rectora de Salud de La Unión y la Municipalidad de La Unión. Se reitera a Ángela Morales Soto y a Cristian Torres Garita, en sus respectivas condiciones de directora del Área Rectora de Salud de La Unión y alcalde de La Unión, o a quienes en su lugar ocupen el cargo, el cumplimiento inmediato a lo dispuesto por esta Sala en la sentencia No. 2021-022447 de las 09:15 horas de 08 de octubre de 2021. Lo anterior, bajo la advertencia de ordenar la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario, con base en lo dispuesto el artículo 53 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (respecto los servidores que no son de elección popular), en caso de no hacerlo y, además, testimoniar piezas al Ministerio Público conforme lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (en el caso de todos los recurridos). En lo demás, se declara no ha lugar a la gestión formulada. Notifíquese en forma personal a Ángela Morales Soto y a Cristian Torres Garita, en sus respectivas condiciones de directora del Área Rectora de Salud de La Unión y alcalde de La Unión, o a quienes en su lugar ocupen el cargo”.\n\nII.- Sobre la gestión planteada. Los gestionantes sostienen que la problemática ambiental y sanitaria del Residencial Estancia Antigua persiste y solicitan mantener activo este proceso, así como ordenar a las instituciones recurridas la conclusión de un sistema integral de tratamiento de aguas residuales, mediante la construcción y puesta en funcionamiento de una planta de tratamiento.\n\nAl respecto, conviene recordar que, en la sentencia No. 2021-022447 de las 09:15 horas del 08 de octubre de 2021, quedó acreditado lo siguiente:\n\n“En el Residencial Estancia Antigua existe un problema de disposición de aguas negras y servidas, el cual tiene su origen en la actitud atribuible a muchos de los vecinos de esa comunidad, que disponen las aguas servidas de los inmuebles a la red de alcantarillado pluvial y no a través del sistema de tanque séptico como corresponde. Del análisis de los autos se constata que, para la construcción de esta urbanización, en el año de 1999, se exigió al desarrollador incluir una red de alcantarillado sanitario en calidad de red prevista, es decir, no para uso, debido a la inexistencia de un colector sanitario cercano. Al efecto, cada unidad habitacional debía contar un sistema de tanque séptico para disposición de aguas negras y residuales” (el énfasis no corresponde al original).\n\nAsí, desde la sentencia principal se determinó que la urbanización no fue autorizada para disponer inmediatamente sus aguas residuales mediante la red sanitaria prevista, pues esta no se encontraba conectada a un colector en funcionamiento. Por el contrario, el sistema aprobado para cada vivienda consistía en un tanque séptico con su respectivo drenaje. De igual manera, se estableció que una parte sustancial de la contaminación detectada tenía origen en las actuaciones de vecinos que descargaban indebidamente aguas negras o servidas en la red pluvial o en la red sanitaria prevista. Por ello, lo ordenado comprendió, por una parte, la adopción inmediata de medidas para hacer cesar esas conductas y, por otra, la coordinación de las instituciones competentes para brindar una solución integral y definitiva al problema de contaminación.\n\nAdemás, mediante la sentencia No. 2025-032463 de las 09:30 horas del 07 de octubre de 2025, esta Sala acogió parcialmente una gestión de desobediencia contra el Área Rectora de Salud de La Unión y la Municipalidad de La Unión, pues, en aquel momento, no se habían acreditado acciones nuevas, concretas y verificables posteriores a la sentencia No. 2022-018363, ni avances efectivos dirigidos a alcanzar una solución integral. En consecuencia, se reiteró a esas autoridades el cumplimiento inmediato de lo ordenado en la sentencia principal. En esa misma resolución se descartó el incumplimiento del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y se reiteró que no corresponde a esta jurisdicción determinar la modalidad técnica específica mediante la cual debe cumplirse la sentencia, ni imponer la construcción de una planta de tratamiento.\n\nAhora bien, de los informes rendidos bajo juramento y de la prueba incorporada con ocasión de esta nueva gestión se constata que, con posterioridad a la resolución de octubre de 2025, las autoridades han desplegado actuaciones adicionales, concretas y documentadas. En particular, el Área Rectora de Salud de La Unión continuó realizando inspecciones, pruebas de coloración, verificaciones y procedimientos individualizados; emitió informes técnicos durante octubre, noviembre y diciembre de 2025, así como en febrero, abril, junio y julio de 2026; giró la orden sanitaria MS-DRRSCE-DARSLU-OS-067-2026 del 20 de abril de 2026; y elaboró una base de datos y un mapa para sistematizar la situación de las aproximadamente 535 viviendas del residencial.\n\nSegún esa sistematización, se han intervenido 130 viviendas mediante observación directa o pruebas de coloración; se identificaron 118 propiedades con sospecha de vertido y, mediante pruebas técnicas, se confirmaron descargas irregulares en 14 viviendas. Asimismo, se verificó el cumplimiento de las órdenes sanitarias en varios casos, mientras que otros permanecen sometidos a procedimientos administrativos o judiciales. Incluso, en inspecciones efectuadas el 24 de junio y el 01 de julio de 2026 se detectaron nuevas descargas de aguas negras al cordón de caño en las viviendas J-14, C-13 y R-15, lo que evidencia que la problemática continúa asociada, al menos parcialmente, con conductas individualizadas de algunos propietarios y que requiere una labor permanente de vigilancia, fiscalización y corrección.\n\nTambién se acreditó que, el 24 de junio de 2026, representantes del Ministerio de Salud, la Municipalidad de La Unión y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados celebraron una reunión interinstitucional para revisar los antecedentes y valorar alternativas de solución. Posteriormente, el 02 de julio de 2026, funcionarios del Área Rectora de Salud y de la Municipalidad inspeccionaron un terreno público de 904,89 m², identificado con el plano catastrado C-0545772-1999, cuya eventual utilización para infraestructura sanitaria quedó condicionada a los estudios técnicos, permisos y autorizaciones correspondientes.\n\nAsimismo, mediante el oficio conjunto CARTA-MS-DRRSCE-DARSLU-0640-2026, remitido al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el 30 de junio de 2026 y recibido por su Presidencia Ejecutiva el 01 de julio siguiente, el Ministerio de Salud y la Municipalidad solicitaron información sobre el Proyecto de Saneamiento de Aguas Residuales para el cantón de La Unión y la eventual inclusión del Residencial Estancia Antigua. Adicionalmente, el 16 de julio de 2026, mediante el oficio CARTA-MS-DRRSCE-DARSLU-0683-2026, el Área Rectora requirió al instituto evaluar técnicamente el terreno identificado, analizar la viabilidad de una eventual planta de tratamiento y de la incorporación de la red sanitaria existente, así como comunicar su criterio institucional. Al momento de rendirse el informe, dicha gestión se encontraba dentro del plazo concedido para su atención.\n\nPor su parte, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados acreditó haber continuado con las inspecciones, la vigilancia de conexiones irregulares, el sellado y resellado de acometidas y pozos de registro, así como con el seguimiento interinstitucional. Además, explicó que las inspecciones más recientes no evidenciaron derrames atribuibles a la red sanitaria prevista. También aportó el informe DRyT-DSRT-2026-00106, en el que se indica que la urbanización fue aprobada mediante sistemas individuales de tanque séptico y drenaje, respaldados por pruebas de infiltración realizadas durante la etapa de diseño, y que no existe actualmente un estudio técnico oficial que determine la inviabilidad general de ese sistema. Por consiguiente, las afirmaciones de los gestionantes acerca de que las características del suelo hacen indispensable una planta de tratamiento no permiten, por sí solas, desvirtuar las condiciones técnicas bajo las cuales fue aprobado el desarrollo habitacional.\n\nA partir de lo expuesto, no se observa una conducta inactiva, contumaz o deliberadamente remisa de las autoridades recurridas frente a lo ordenado. A diferencia de lo valorado en la sentencia No. 2025-032463, en esta ocasión se acreditaron actuaciones posteriores, específicas y verificables, tanto para hacer cesar los vertidos irregulares como para examinar alternativas de solución estructural.\n\nFinalmente, debe reiterarse que la obligación de brindar una solución integral y definitiva no equivale necesariamente a construir una planta de tratamiento. Tal como se resolvió en las sentencias No. 2022-001410 de las 09:30 horas del 18 de enero de 2022 y No. 2025-032463 de las 09:30 horas del 07 de octubre de 2025, no compete a esta Sala sustituir el criterio de las autoridades técnicas ni escoger una modalidad concreta de saneamiento. Menos aún procede imponer esa infraestructura cuando en la sentencia principal se tuvo por demostrado que la red sanitaria existente era únicamente una red prevista, no habilitada para uso, y que cada vivienda debía disponer sus aguas negras y residuales mediante un sistema de tanque séptico.\n\nEn consecuencia, al haberse acreditado la continuidad de las actuaciones de fiscalización y coordinación interinstitucional, así como la existencia de gestiones técnicas actualmente en trámite, no se configura el incumplimiento acusado. Por ello, lo procedente es desestimar la gestión formulada, sin perjuicio del deber de las autoridades recurridas de continuar, de manera coordinada y dentro de sus respectivas competencias, las actuaciones necesarias para hacer cesar los vertidos irregulares y alcanzar una solución integral y definitiva al problema de contaminación que afecta al Residencial Estancia Antigua.\n\nIII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n No ha lugar a la gestión formulada. \n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n LCMM72IX6SK61 \n\nEXPEDIENTE N° 21-015740-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01).",
  "body_en_text": "EV Template Generation: D:\\Gestion-Judicial\\Servidor de Archivos\\MODELOS\\S4SENAMH002.dpj\n\n\n\nExp: 21-015740-0007-CO \n\nRes. Nº 2026029347\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at 9:25 a.m. on 4 August 2026.\n\nPost-judgment filing submitted by Nombre02, identity card CED01, and Nombre04, identity card CED02, against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS, the MUNICIPALITY OF LA UNIÓN, and the MINISTRY OF HEALTH.\n\nBackground:\n\n1.- In a filing entered into the digital case file on 07 July 2026, the applicants state the following:\n\n“By this filing, we respectfully appear before this Honorable Constitutional Chamber to set out an environmental and public health problem that has affected the residents of Residencial Estancia Antigua for more than twenty-five years. The problem originated when the community was established in 1999 and, unfortunately, continues to this day.\n\nFrom the outset, the project included construction of an integrated system for the management of blackwater; however, that system was never completed. As a result, throughout all these years the community has lived with a persistent problem involving the treatment and disposal of wastewater, affecting both the residents and the environment.\n\nThe conditions of the land on which the residential development is located considerably aggravate this situation.\n\nIn my capacity as an Agronomist, I consider that the physical characteristics of the soil at Residencial Estancia Antigua, the groundwater level, and the prolonged sedimentation process occurring over more than twenty-five years make the use of individual drainage systems technically unfeasible. For that reason, Technical Annex No. 1 is attached, setting out in detail the grounds supporting this conclusion.\n\nThe soil has a clay texture and very low permeability, consisting of extremely fine particles that hinder water infiltration and absorption. Because of these characteristics, blackwater cannot properly filter into the subsoil, causing the land to become saturated, wastewater to accumulate, and the risk of environmental contamination to increase.\n\nPrecisely because of the site’s geological conditions, construction and commissioning of a blackwater treatment plant are essential to definitively resolve this longstanding problem.\n\nThroughout all these years, we residents have waited for completion of the works begun in 1999. Much of the main infrastructure already exists, since the system’s ducts were installed at the time. However, those ducts alone serve no purpose. It is important to emphasize that the ducts are not there for people to connect directly to them; rather, they are part of an integrated system that necessarily requires a treatment plant so that wastewater is properly processed before disposal or reuse. Without that plant, the installed infrastructure remains incomplete and inoperative.\n\nAn important phase of the project also involves constructing a basin or block structure to facilitate maintenance work and provide adequate access to the system. This is a technically feasible and lower-cost solution compared with replacing all the collectors and ducts already installed.\n\nCompletion of this project would not only resolve a sanitation problem affecting our community, but would also produce significant environmental and social benefits, including:\n\nSignificantly reducing environmental contamination caused by improper wastewater management.\n\nAllowing treated water from the plant to be used for watering plants and green areas, promoting responsible use of water resources.\n\nEncouraging the use of solid waste generated during the treatment process to restore and improve the soils of the canton of La Unión.\n\nIt is troubling that, despite the passage of so many years, the community is still waiting for completion of works essential to guarantee the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as to protect the health and quality of life of residents.\n\nFor all the foregoing reasons, we respectfully ask this Honorable Constitutional Chamber to consider this situation and, within its powers, order the corresponding State institutions to adopt the necessary measures to complete the integrated blackwater treatment system at Residencial Estancia Antigua, including construction and commissioning of the treatment plant and the required complementary works.\n\nIn addition, this allows us to keep Case File No.\n\n21-015740-0007-CQ (No. 2021022447) active and prevent it from being archived, since the problem has never been resolved. To that end, we ask that the request submitted by Ms. Karol Chavarría Oviedo, Deputy Manager of Peripheral Systems Management, and Ms. Katherine Rodríguez Valerio, be considered. They asked Mr. Nombre01 of AyA for a report on the work carried out at Residencial Estancia Antigua in connection with work performed by the three institutions on the issue of blackwater. In response, by letter dated 26 July 2023, Mr. Nombre01 stated that, up to that date, no integrated work had been carried out and that he was merely reporting on a matter dating from 2010. (See Annex 1).\n\nWe trust that this Chamber, in safeguarding the fundamental rights of residents and the public interest, will take the necessary measures so that this problem, which has persisted for more than two decades, may finally receive a definitive solution.\n\nWith nothing further, we sign with the utmost respect.”\n\n2.- By resolution issued at 14:56 on 15 July 2026, the respondents’ allegations are referred to Nombre03 and Manuel Elías López Fonseca, in their respective capacities as general manager and director of the Water, Collection and Treatment System, both of ICAA; Cristian Torres Garita, in his capacity as mayor of La Unión; and Ángela Morales Soto, in her capacity as director of the La Unión Health Area, or whoever may hold those positions in their place, so that they may respond and submit the corresponding evidence concerning the acts and omissions attributed to them.\n\n3.- Marcos Goyenaga Castro, in his capacity as acting director of the La Unión Health Area, reports under oath as follows:\n\n“Actions taken by this Health Area since the case began include the following:\n\n• Establishment of and participation in interinstitutional coordination forums with the Municipality of La Unión and AyA.\n\n• Response to and follow-up on individual health complaints in different blocks of the residential development.\n\n• Field inspections, sweep surveys, and observation of discharges into the curbside gutter and into planned sewer systems.\n\n• Use of fluorescein dye tests on blackwater and wastewater to identify the source of discharges from different homes in the residential development.\n\n• Issuance of individual health orders when violations were confirmed, as well as compliance checks.\n\n• Referral of cases involving alleged disobedience of the health authority to the Ministerio Público, and requests for fines or searches when applicable.\n\n• Preparation of technical reports, responses to the Constitutional Chamber, and communications to other public bodies.\n\n• Creation and updating of a home-by-home database, with a map by block, test results, health orders, status, and latest report.\n\n• Convening and conducting interinstitutional meetings to seek an integrated solution beyond addressing individual homes.\n\nDocumentary evidence of continued activity after the October 2025 resolution includes, among other things, the technical reports MS-DRRSCE-DARSLU-IT-1971-2025 (Annex 3), dated 27 October 2025; IT-2269-2025 (Annex 4), dated 27 November 2025; IT-23642025 (Annex 5), dated 8 December 2025; IT-2455-2025 (Annex 6), dated 30 December 2025; IT-289-2026 (Annex 7), dated 12 February 2026; IT-781-2026 (Annex 8), dated 17 April 2026; IT-906-2026 and IT-907-2026 (Annex 9), both dated 24 April 2026; as well as Health Order MS-DRRSCE-DARSLU-OS-067-2026 (Annex 10), dated 20 April 2026, and subsequent compliance verification actions. This sequence also includes reports IT-1257-2026 (Annex 11), IT-1258-2026 (Annex 12), IT-1325-2026 (Annex 13), IT-1332-2026 (Annex 14), IT-1333-2026 (Annex 15), and IT-1335-2026 (Annex 16), concerning verifications and actions carried out during June and July 2026.\n\nSeventh: The most recent review and systematization of the case file determined that Residencial Estancia Antigua consists of approximately 535 homes, distributed among blocks “A” through “U.” Of this total, 130 homes have been inspected by direct observation and/or dye testing, representing approximately 24% of the residential development. Suspected discharges were identified at 118 homes. Historically, discharges were confirmed by dye tests at 14 homes, with 17 positive results, since some properties had more than one type of irregular discharge (blackwater and wastewater): seven involving blackwater only, four wastewater only, and three both types. Three cases—homes J-12, O17, and P-03—were subsequently ruled out after compliance with the health orders issued to correct the identified problems was confirmed; the remaining cases are or were subject to the relevant administrative or judicial proceedings. As of the date of the systematization, no health orders awaited verification, while five cases remained before the prosecutor’s office, were subject to an administrative fine, or were the subject of a search request (because the owners do not allow entry to the home to verify compliance with the order; however, the Chamber did not respond to the search request).\n\nEighth: The changing and dispersed nature of the problem is evident from the most recent inspections carried out by Eng. Kevin Sandoval Quirós. At home J14, inspected on 24 June 2026 and documented in Technical Report MSDRRSCE-DARSLU-IT-1258-2026, a discharge of blackwater into the curbside gutter was detected. On 1 July 2026, homes C-13 and R-15 were inspected, and blackwater discharges into the curbside gutter were likewise detected. These actions were documented in reports MS-DRRSCE-DARSLU-IT-1325-2026 and MS-DRRSCE-DARSLU-IT-1332-2026. These findings prompted recommendations for follow-up and continuation of the applicable individual proceedings. All this demonstrates that this Health Area is actively working to identify and map residents’ irregular wastewater management at the residential development.\n\nNinth: The Health Area’s technical work is not based on general presumptions against residents, but on individualized and objective verifications. For example, Technical Report MS-DRRSCE-DARSLU-IT-1335-2026, concerning the 14 July 2026 inspection at home 87-K, documented a negative result in the fluorescein test applied to blackwater from two sanitary units. An additional test on wastewater was recommended, along with continued inspections of other homes. In this way, both positive and negative results are recorded, and follow-up remains proportionate to the evidence obtained.\n\nTenth: The information described was consolidated into a single database and map of the residential development, as documented in review report MS-DRRSCE-DARSLU-IT1352-2026 (Annex 17) and the systematization of the case file prepared in July 2026. The tool allows each inspected home to be located and suspected discharges, tests, results, health orders, status, and latest report to be recorded, and must be kept permanently updated. This systematization directly addresses the need for comprehensive, traceable, and updateable evidence for follow-up in a residential development of approximately 535 homes.\n\nEleventh: Alongside individual enforcement, this Health Area has actively convened and coordinated the interinstitutional work needed to seek a structural solution. On 24 June 2026, at 9:00 a.m., it convened and held a Teams meeting with representatives of the Ministry of Health, the Municipality of La Unión, and AyA, including Eng. Nombre01 for AyA and Mr. Mario Portuguez Castro for the Municipality. The participants reviewed the background, institutional actions, and scale of the case, and considered alternatives for a definitive solution. This is evidenced by Meeting Minutes #01-2026 (Annex 18).\n\nTwelfth: At that meeting, it was established that addressing homes one by one is necessary to stop specific violations, but does not replace a sanitation infrastructure solution for the residential development as a whole. The AyA representative stated that connection to the regional sewer system was not feasible in the short or medium term because of the distance to the collectors, capacity limitations, and the status of the Tiribí III project, which had no defined schedule. A local treatment plant was proposed as a reasonable alternative in the interinstitutional analysis. Its feasibility depends on land, regulatory setbacks, capacity to serve approximately 535 homes, financing, design, and operation.\n\nThirteenth: At that meeting, the Municipality provided information about possible sites and the progress of a municipal regulation intended to protect the stormwater system from irregular discharges. As a meeting agreement, an interinstitutional inspection was to be conducted to assess possible sites for sanitation infrastructure, and the technical studies within AyA’s sphere of responsibility were to be requested from AyA. AyA’s representatives did not agree to participate in that inspection, but the Municipality and this Health Area did agree.\n\nFourteenth: The agreed inspection was conducted on 2 July 2026, with Eng. Kevin Sandoval Quirós representing the Health Area and Mr. Eng. Mario Portuguez, Director of Urban Development and Control for the Municipality, accompanying him. The inspection was documented in Technical Report MS-DRRSCE-DARSLU-IT-1333-2026 (Annex 15). A public parcel designated for a park, located in San Rafael de La Unión, was inspected. It has an area of 904,89 m² and cadastral plan C-0545772-1999. According to the Municipality, it could be donated to AyA for development of a treatment plant.\n\nFifteenth: During the inspection, preliminary favorable conditions were observed in terms of location, topography, and access. The municipal representatives also stated that the land had originally been considered for a treatment plant and that the residential development’s sanitary sewer system converges at that location, which could be a technical advantage. The proximity of the Río La Cruz was also confirmed as a possible receiving body for treated water, subject at all times to design, permits, environmental and health regulations, and authorizations from the competent institutions. The Municipality expressed its willingness to pursue the administrative and legal steps necessary for a possible donation. The report concluded that the alternative could provide an integrated, long-term solution, but expressly recommended that AyA conduct the technical assessment and determine its feasibility.\n\nSixteenth: In addition, the Health Area and the Municipality sent joint letter CARTA-MS-DRRSCE-DARSLU-06402026 (Annex 19) to AyA’s Executive Presidency, signed on 26 and 30 June 2026, requesting official information about the status of the Wastewater Sanitation Project for the canton of La Unión; whether Estancia Antigua was included; the estimated schedule; and the technical, administrative, or budgetary reasons that might prevent its inclusion. Mr. Mario Portuguez sent the letter to AyA’s document center on 30 June 2026, and the Executive Presidency acknowledged receipt on 1 July 2026.\n\nSeventeenth: On 7 July 2026, AyA’s Executive Presidency requested an extension until 24 July 2026 to respond to letter 0640-2026, explaining that the requested information required analysis, coordination among the competent technical departments, and institutional review in order to provide a comprehensive, reasoned response. This communication shows that the request is formally being processed within AyA and that the substantive response depends on analysis by its technical units. The Health Area ordered that this chain of communications be added to the case file as evidence of follow-up.\n\nEighteenth: Once Technical Report IT-1333-2026 and the registry and cadastral information provided by the Municipality were available, on 16 July 2026 this Directorate sent letter CARTA-MS-DRRSCE-DARSLU0683-2026 (Annex 20) to Eng. Jorge Villalobos Madrigal of AyA. The letter requested that AyA: a) technically assess the land; b) analyze the technical, operational, and engineering feasibility of the plant and the possible incorporation of the existing sanitary sewer; and c) report its results, conclusions, institutional position, and appropriate actions within a maximum period of thirty business days. The letter and its annexes were sent to AyA that same day, with a copy to the Municipality. As of the date of this report, a response is pending within the period granted.\n\nNineteenth: Construction, hydraulic design, capacity determination, financing, incorporation of networks, and operation and maintenance of a treatment plant are not actions that the Health Area can physically carry out. AyA, as the institution specializing in sanitary sewers and wastewater treatment, is responsible for conducting the technical assessment and determining the feasibility of the identified alternative, without prejudice to the Municipality’s powers regarding the land, urban development, and stormwater system. AyA is therefore the essential technical actor for implementing the structural solution sought by the applicant. This Directorate has fulfilled its regulatory role by identifying the risk, inspecting homes, issuing health orders, convening meetings, documenting alternatives, and formally requesting AyA’s technical involvement.\n\nTwentieth: This Health Area has experienced a significant reduction in its operational capacity because it lost the two professional positions assigned to health inspection and environmental regulation. However, that circumstance has not meant abandoning the case: it has continued to receive priority attention through the redistribution of resources, recent inspections, updating of the database, and convening of the institutions with the capacity to implement an integrated solution.\n\nThe chronological account above shows that there has been no inactivity, refusal to comply, or failure to act attributable to the undersigned. On the contrary, after the October 2025 resolution, new inspections and tests were carried out, reports were prepared, health orders were followed up, 535 homes were systematized, a three-party meeting was held, an interinstitutional inspection of a parcel was conducted, two formal requests were made to AyA, and responses were followed up. The definitive solution has not yet been implemented because it requires assessment, design, an institutional decision, land availability, financing, construction, and operation of infrastructure by the competent entities—not because this Health Area has ceased to act.\n\nTwenty-second: The Directorate of the La Unión Health Area will continue to: a) update the individual home registry; b) inspect and issue health orders when warranted by the evidence; c) verify ongoing proceedings; d) follow up on AyA’s response, expected by 24 July 2026, concerning letter 0640-2026; e) monitor the thirty-business-day period granted by letter 0683-2026; and f) convene further interinstitutional coordination based on the technical criteria issued by AyA.\n\nREQUESTS Based on the foregoing, this Honorable Constitutional Chamber is respectfully asked to:\n\n• Consider the requested report to have been submitted on time and in proper form, and the corresponding documentary evidence to have been submitted.\n\n• Consider it established that the La Unión Health Area and its Director have taken active, ongoing, documented action within the scope of their powers to address individual discharges and promote an integrated solution.\n\n• Consider that the structural solution sought necessarily requires technical assessment and action by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, as well as coordination with the Municipality of La Unión regarding the land and related municipal powers.\n\n• Declare that no disobedience or failure to act is attributable to Dr.\n\nÁngela Morales Soto or the La Unión Health Area and, consequently, exempt them from liability for the alleged facts.\n\n• Maintain interinstitutional follow-up in accordance with each entity’s legal powers, including AyA’s obligation to rule on the two technical requests currently being processed.”\n\n4.- Cristian Torres Garita, in his capacity as mayor of the Municipality of La Unión, reports under oath as follows:\n\n“1. By letter entitled CARTA-MS-DRRSCE-DARSLU-06402026, signed by MBA Cristian Torres Garita, Municipal Mayor, and Dr. Angela Morales Soto, Director of the La Unión Health Area, Ministry of Health, it is inferred that:\n\n“(…)\n\nEngineer\n\nLourdes Saurez Barboza\n\nExecutive Presidency\n\nCosta Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA)\n\nPresent\n\nSubject: Request for information on the current status of the wastewater sanitation project for the canton of La Unión and the inclusion of Residencial Estancia Antigua.\n\nDear Madam,\n\nPlease accept our cordial greetings.\n\nThe Municipality of La Unión and the La Unión Health Area, acting within the scope of the powers legally assigned to each institution and the duty of interinstitutional coordination governing public service, respectfully write to the Executive Presidency to request official information on the current status of the Wastewater Sanitation Project planned for the canton of La Unión, specifically concerning the possibility and schedule for incorporating Residencial Estancia Antigua into the wastewater collection and treatment system.\n\nThis request is prompted by the need to follow up on institutional actions related to the environmental and health problem affecting that residential development, a matter that was considered by the Constitutional Chamber in judgment No. 2021-022447, as well as subsequent actions arising from the disobedience proceeding resolved by judgment No. 2022-018363. In those rulings, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the Municipality of La Unión, and the Ministry of Health were directed to act in a coordinated, communicated, and joint manner to implement the necessary measures and provide an integrated and definitive solution to the existing contamination problem.\n\nAlthough the institutions involved have taken various actions within their respective spheres of authority, such as inspections, issuance of health orders, follow-up on illegal connections, and interinstitutional coordination, it is particularly important to learn about progress on the structural sanitation project being developed by your institution, given that a definitive solution may ultimately depend on incorporating Residencial Estancia Antigua, San Rafael, into a public sanitary sewer and wastewater treatment network.\n\nAccordingly, we respectfully ask you to provide information on:\n\n1. The current status of the Wastewater Sanitation Project for the canton of La Unión.\n\n2. Whether Residencial Estancia Antigua is included within the project’s technical scope.\n\n3. If so, the estimated schedule for its incorporation and commissioning.\n\n4. If it is not currently included, the technical, administrative, or budgetary reasons preventing its inclusion and the planned actions to make its future integration into the system possible.\n\n5. Any other technical or administrative information that will enable this Municipality and the Health Area to follow up on compliance with the judicial rulings and institutional coordination actions related to this case.\n\nThe requested information will strengthen joint work among the institutions involved, facilitate attention to the requirements arising from the constitutional judgment, and keep the public duly informed about the actions aimed at definitively resolving the sanitation problem affecting the area.\n\nWe thank you in advance for your attention to this request and await the information that the Executive Presidency may see fit to provide.\n\n(…)”\n\n2. The foregoing letter was sent to AyA’s Executive Presidency on 01 July 2026, which stated that the corresponding processing would be undertaken.\n\n3. Documents relating to the property where the alleged events occurred are also submitted as evidence.\n\nFor the foregoing reasons, the alleged disobedience raised by the applicant is addressed, and dismissal is requested.”\n\n5.- José Darío Guzmán Álvarez and Alejandro José González Bogantes, in their respective capacities as general manager and director of the Water, Collection and Treatment System, both of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, report under oath as follows:\n\n“I. Actions taken:\n\nDetailed description of each action taken to resolve the complaint:\n\nActivities carried out by AyA and/or MINSA and MLU\n\nActivity\n\nResponsible party\n\nStatus\n\nEstablishment of interinstitutional commission\n\nAyA – MINSA – MLU\n\nCompleted\n\nJoint inspections\n\nAyA – MINSA – MLU\n\nCompleted\n\nVideo inspection of network\n\nAyA\n\nCompleted\n\nIdentification of illegal connections\n\nAyA\n\nCompleted\n\nSealing and resealing of connections\n\nAyA\n\nCompleted\n\nVerification inspections\n\nAyA\n\nCompleted\n\nSupport for health orders\n\nAyA\n\nCompleted\n\nInterinstitutional follow-up\n\nAyA – MINSA – MLU\n\nOngoing\n\nII. Activities in progress:\n\nRecurring activities under the responsibility of AyA and/or MINSA and MLU\n\nActivity\n\nResponsible party\n\nEstimated duration\n\nMonitoring of illegal connections\n\nAyA\n\nOngoing\n\nHealth follow-up\n\nMinistry of Health\n\nOngoing\n\nInterinstitutional coordination\n\nAyA–MINSA–MLU\n\nOngoing\n\nResponse to new reports\n\nCompetent institutions\n\nAs needed\n\nAssessment of future regional alternatives\n\nAyA\n\nSubject to planning\n\nIII. RESPONSE TO THE FACTS\n\nFIRST: In this case file 21‑015740‑0007‑CO, before the alleged disobedience, this Institute had submitted the corresponding technical and administrative reports, including Report DRyT‑2021‑00314 (which attached Letter MLU‑DIDECU‑523‑2021, Minutes No. 11‑2021, the Meeting Minutes of 22‑10‑2021, and Letter DRyT‑DSRT‑2021‑00430) and, subsequently, Report DRyT‑DSRT‑2022‑00125. Those reports detailed the actions coordinated with the Municipality of La Unión and the Ministry of Health to address the wastewater disposal problem at Residencial Estancia Antigua.\n\nThose reports expressly stated that:\n\n• The reported matter did not involve an illegal connection to the sanitary system administered by AyA, but rather improper channeling of wastewater from home 8C into the curbside gutter.\n\n• The neighbors do not use or properly maintain their septic tanks.\n\n• Joint inspections, interinstitutional meetings, and follow-up actions were carried out, including a request for a search by the Ministry of Health after access to private property was denied.\n\n• Technical actions were taken, such as sealing planned connections and plugging points in the planned sanitary network, thereby eliminating spills at inspection wells and connections.\n\n• Sufficient evidence was also submitted in case file 21‑015740‑0007‑CO to show that this Institute did not disobey the Chamber’s order, but acted within its legal and technical powers in coordination with the other respondent institutions.\n\nLastly, it was emphatically reiterated that, in accordance with the principle of science and technology, the feasible and appropriate solution for wastewater disposal in that development is for property owners to use individual septic tanks, as approved in the construction permits. It was also shown on that occasion that the project with a Treatment Plant was never authorized and that this Institute never undertook to construct a Treatment Plant; rather, the housing project was planned to use septic tanks, leaving a planned network unused. The existence of a planned sanitary network does not, by itself, mean that wastewater can be disposed of and treated by that means, since the infrastructure is not in operation and has no technical feasibility for use.\n\nSECOND: Decree N° 38441-MP-MIVAH-S-MEIC-TUR, which amends the Regulation for the Review of Construction Plans Procedure, published in La Gaceta N.º 99 on Monday, 26 May 2014, and Executive Decree N.º 36550 MPMIVAH- SMEIC, published in La Gaceta N.º 117 on 17 June 2011, which are cited in the APC Platform for compliance in the procedure for approval of Treatment Plants and Residential Construction Developments, state that one option available to every developer is to submit the construction project using septic tanks and a planned network.\n\nIf the Applicant-Developer chooses to submit the wastewater disposal system design for approval using the Septic Tank with Planned Network arrangement, as an option to avoid requesting an exemption from installing the sanitary network, the developer submits the septic tank design to the Ministry of Health for assessment, so that it may determine whether it is feasible and will not cause contamination. Each property owner is responsible for proper use and maintenance. This option, which the Developer chooses to submit for review by the competent institutions, is part of the procedure to be followed to obtain approval of the Housing Project. The Ministry of Health is responsible for ensuring that wastewater disposal through septic tanks functions properly, and the property owners consequently assume responsibility for their use, maintenance, and any necessary repairs.\n\nWhat is a planned network? A planned network is a pipe intended to collect wastewater and connect to a system administered by the service provider responsible for wastewater collection and treatment. That future connection will be made when the technical conditions and capacity to implement infrastructure projects are in place. Decisions about timing and costs fall within the authority of the institution providing the public service in the area where the planned network, installed by the developer who carried out the construction project, is located.\n\nIt must be reiterated that, for technical and operational reasons, this type of pipe cannot provide immediate collection service because a connection to the general integrated system is not technically feasible.\n\nThe foregoing was considered in decision No.112-2018 of the ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY COURT, SECTION EIGHT, SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. ANNEX A, at 9:30 a.m. on 19 December 2018.-\n\n“…all persons are required to provide the corresponding drainage, and must ensure that their properties have a properly approved system for disposing of excreta, blackwater, and wastewater. Users of the homes must keep those systems in good working order. It is prohibited to discharge waste without prior authorization from the health authority and without meeting the applicable requirements, so as to avoid contamination of water sources or watercourses, soil, and air, or any other risk to human health arising from improper wastewater disposal. (arts. 286-292, 308,310,311). That is, this Chamber considers it more than evident in this case that the neighbors and plaintiffs have caused environmental contamination by discharging their excreta and blackwater into a sewer system that lacks an interconnection and is also discharging into the local river, contaminating the water downstream for all other communities.- For the foregoing reasons, this claim is denied, since the cited regulations assign the requested matter to AyA, an entity that acts according to the convenience and availability of resources needed to achieve a timely interconnection, based on technical design, administrative contracting, and economic considerations.-…”\n\nTHIRD: The report from the Directorate of Collection and Treatment DRyT-DSRT-202600106 states the following:\n\n“(…)I. General Background\n\nResidencial Estancia Antigua was developed under an arrangement for individual wastewater disposal through septic tanks and drainage systems because AyA timely notified the project that sanitary sewer service was unavailable. (Ref: see Annex No. 1: Availability Letter)\n\nAccordingly, the construction approvals granted by the competent authorities, such as the Municipality of La Unión and the Ministry of Health, provided for individual wastewater disposal systems for each home, such as septic tanks and their respective drainage systems.\n\nSanitary infrastructure was built within the residential development in the form of a planned sanitary network. However, that infrastructure was never put into operation because it has no functional interconnection to an operating wastewater collection and treatment system. For that reason, the network is not an operating public system, and residents of the development are not authorized to use it for wastewater disposal.\n\nII. Technical Analysis of the Applicant’s Arguments\n\nA review of the filing submitted to the Constitutional Chamber shows that Mr. Nombre04 maintains that the physical and geological characteristics of the land make the use of individual septic tank and drainage systems technically unfeasible, and that the only feasible solution is construction of a wastewater treatment plant.\n\nA comprehensive review of the filing submitted to the Constitutional Chamber shows that Mr. Nombre04’s statements are based mainly on subjective opinions expressed in his personal capacity as an Agronomist, namely:\n\n• The soil has a clay texture.\n\n• It has low permeability.\n\n• The groundwater level prevents infiltration.\n\n• Individual drainage systems are technically unfeasible.\n\n• A treatment plant is the only definitive solution.\n\nHowever, the documentation known to this Directorate contains no specialized technical evidence that objectively supports those statements or rebuts the technical conditions under which the development’s wastewater disposal system was originally approved. In particular, the documentation contains no:\n\n• Hydrogeological studies.\n\n• Geotechnical studies.\n\n• Updated infiltration studies.\n\n• Certified permeability studies.\n\n• Contaminant transport studies.\n\n• Health studies issued by the competent authorities.\n\n• Technical feasibility studies demonstrating that the approved system is unfeasible.\n\nConsequently, the applicant’s statements are personal technical opinions that are not supported by scientific evidence.\n\nLikewise, contrary to what the applicant states, technical background does exist to support approval of the sanitation disposal system originally authorized for the development. The project’s technical background includes an infiltration study conducted on 8 June 1998 for Urbanización Estancia Antigua, which assessed the absorption capacity of the land where the development was later built. (Ref: see Annex No. 2: Infiltration Studies)\n\nAccording to the project’s technical documentation, the developing company conducted soil infiltration tests before the urban development was approved.\n\nAmong the results of those tests were:\n\n• Four infiltration tests conducted on 8 June 1998.\n\n• Infiltration times ranging from 6 to 9 minutes.\n\n• Critical infiltration rate of 9 minutes.\n\n• Maximum absorption rate of 41 liters/m²/day.\n\n• Required infiltration area of 29,1 m².\n\n• Green area required for infiltration of 72,8 m² per lot.\n\nThese results made it possible to conclude technically that individual septic tank and drainage systems were feasible. For that reason, the Municipality of La Unión and the Ministry of Health authorized their use as part of the construction plans for each home.\n\nThe municipal authority approved the construction plans for each home in the development taking into account the use of a septic tank and its respective drainage systems. Therefore, if the construction plans for the homes had not included the construction details of the septic tank and drainage systems, they would not have received municipal approval or the corresponding construction permits.”\n\nThe use of the tank and drains is supported by the technical field tests conducted specifically to determine whether the land is suitable for subsurface wastewater disposal. By contrast, the petitioner has provided no equivalent studies that discredit those results, nor has the petitioner technically demonstrated that the hydrogeological conditions originally assessed have changed substantially.\n\nAs of this date, this Directorate is unaware of any official technical study issued by a competent authority concluding that the conditions originally assessed have changed in such a way that septic tank systems with drains are technically or sanitary infeasible.\n\nIII. Compliance with the Technical Conditions Originally Established for the Lots\n\nIt should be noted that the technical viability of the approved system was conditioned on maintaining specific design parameters incorporated during the subdivision’s planning. Among these, it is especially important to preserve approximately 72,8 m² of infiltration area for each lot to be built. (Ref: see Annex N°2: Infiltration Studies)\n\nField observations made by this Directorate indicate that construction expansions have been carried out on various lots and may have partially or entirely reduced areas originally intended for infiltration, a situation already noted in prior institutional reports.\n\nIn that context, possible operating limitations in specific individual systems could be associated with noncompliance with the original design conditions, and not necessarily with geological or technical infeasibility of the system approved for the entire subdivision.\n\nIV. No New Technical Evidence Contradicting the Original Sanitary Approval\n\nAfter reviewing the available technical background, this Directorate concludes that no new, objective, and verifiable technical evidence has been identified that contradicts the conditions under which wastewater disposal by septic tank and drains was originally authorized for Residencial Estancia Antigua.\n\nLikewise:\n\n• This Directorate is unaware of any revocation of the sanitary approvals originally granted.\n\n• No hydrogeological study has been identified that finds the approved system infeasible.\n\n• No technical resolution issued by the competent municipal and health authorities has been identified that rules out the use of septic tanks with drains in the subdivision.\n\n• No specialized scientific evidence submitted by the petitioner has been identified that would discredit the infiltration studies supporting the project’s original approval.\n\nV. On the Proposal to Build a Treatment Plant\n\nThe documentation analyzed supports the conclusion that the proposal made by the petitioner is an alternative to the individual sanitation system originally proposed by the company that developed the subdivision. That individual system was incorporated into the construction plans for each home built so that the Municipality of La Unión would issue the respective building permits.\n\nThe subdivision was not designed by the development company to operate using a treatment plant; accordingly, no infrastructure or specific area was reserved in its site plan for construction of a treatment plant.\n\nGiven the current absence of technical, environmental, economic, and operational feasibility studies supporting the proposal to build a treatment plant, it is considered a different technological alternative from the one originally approved, rather than a need substantiated by specialized technical studies.\n\nVII. Compliance with the Actions Ordered by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional)\n\nAccording to the institutional background contained in reports DRyT-202200110 and DRyT-DSRT-2026-00100 (see Annexes N°3 and N°4), the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has carried out concrete actions aimed at addressing what the Constitutional Chamber ordered, including field inspections, formation of an inter-institutional commission, identification of illegal connections, video inspection of sanitary infrastructure, sealing and resealing of service connections and inspection manholes, coordination with the Ministerio de Salud, and ongoing monitoring of the reported situation.\n\nLikewise, the most recent inspections conducted by the Institute’s technical staff show no wastewater spills attributable to the planned sanitary sewer network administered by the Institute within Residencial Estancia Antigua.\n\n(…)\n\nVIII. Conclusions\n\n1. It is untrue that, as the petitioner states, the urban development project in question contemplated construction of a treatment plant from the outset. The company that developed the subdivision, called DECH S.A, never proposed any type of treatment plant, either originally or for the future. Proof of this is that the subdivision’s site plan never included any land with the space required to house civil infrastructure of this kind.\n\n2. The documentation known to this Directorate contains no specialized technical evidence from which to conclude that the septic tank and drain system approved for Residencial Estancia Antigua is infeasible.\n\n3. The only objective technical evidence available consists of the infiltration tests carried out during the project’s design phase, which technically supported the sanitation solution approved by the competent authorities.\n\n4. Based on the available technical background, the inspections carried out by the Institute, the project’s historical documentation, and the infiltration tests conducted during the subdivision’s design phase, this Directorate identifies no new, objective, and verifiable technical evidence from which to conclude that the wastewater disposal system by septic tank and drains approved for Residencial Estancia Antigua is technically infeasible.\n\n5. Likewise, the documentation analyzed contains no specialized technical evidence that discredits the conditions considered by the competent authorities when granting the project’s original sanitary approvals. The petitioner’s submissions are unsupported by any scientific or technical basis, and the petitioner’s qualification as an agronomist does not confer any expert opinion that could be binding.\n\n6. AyA has carried out and continues to carry out the actions reasonably within its area of competence to address the situation described and follow up on the orders issued by the Constitutional Chamber…” (emphasis not in the original)\n\nIV. MERITS ANALYSIS\n\nUpon examining the merits of this amparo application, it is determined that the petitioner finds it easier on this occasion to ask the Constitutional Chamber to order AyA to build a wastewater treatment plant, without considering that this is not the solution. The petitioner disregards the fact that AyA is the specialized technical body whose opinion is binding in determining the appropriate sanitation method, and likewise overlooks that when each neighbor purchased a home, it had a septic tank, authorized on the basis of scientific and technical studies. The registered owners are required to maintain it every 6 months. On several occasions, the petitioner’s own neighbors have sought to evade their responsibility to maintain and improve their septic tanks, proceeding to discharge contaminated water onto public roads and polluting the environment. This situation has been corrected in coordination with the Ministerio de Salud, as evidenced by report DRyT-DSRT-2026-00106: the most recent inspections by institutional technical staff show no wastewater spills attributable to the planned sanitary sewer network administered by the Institute within Residencial Estancia Antigua.\n\nIt should be kept in mind, as has been repeatedly emphasized, that if the neighbors seek to connect their wastewater to the planned network when it has no collection point, this would imminently harm public health. Accordingly, the neighbors must have a septic tank on their property and connect to it the wastewater from kitchen sinks, laundry tubs, washing machines, showers, washbasins, and toilets. They must then carry out the required maintenance so as not to cause problems with wastewater on public roads and necessitate the issuance of the corresponding sanitary orders to those who intend to continue this improper activity.\n\nAn attempt is being made to hold the State liable for a primary responsibility that lies with the neighbors themselves, seeking through a ruling of the Constitutional Chamber to transfer responsibility to the Costa Rican State (now by requesting construction of a treatment plant), so that the neighbors can stop using their septic tanks and avoid investing in their maintenance, improvement, and care (because the tanks are on private property), leaving the neighbors unpunished even though they are responsible for the pollution caused.\n\nIt must be taken into account that approval of the Estancia Antigua housing development under an individual wastewater disposal scheme using septic tanks was not a discretionary or arbitrary decision, but the result of a technical, regulated procedure established in Costa Rican law. Under the Ley General de Salud No. 5395, systems for disposing of excreta and wastewater must be approved by the competent health authority and meet technical conditions that protect public health and the environment. Likewise, the review and approval procedures for construction developments set out in Decreto Ejecutivo N.° 36550-MP-MIVAHS-MEIC and Decreto Ejecutivo N.° 38441-MP-MIVAH-S-MEIC-TUR allow urban development projects to be authorized using individual septic tank and drain systems when their viability is technically demonstrated. For this purpose, the Ministerio de Salud is responsible for evaluating, among other matters, infiltration studies, the soil’s physical characteristics, the land’s absorption capacity, the water table, and the proposed system design, so that the authorization granted is based on scientific and technical criteria issued by the authority legally competent to do so.\n\nOn that premise, it is not proper to conclude that the conditions that originally permitted approval of the septic tanks have ceased to exist based on a subjective assessment or an isolated technical opinion that is not part of a comprehensive study conducted according to the standards of geology, sanitary engineering, or hydrogeology. On the contrary, the case file shows that the system’s viability was supported by infiltration studies conducted during project development and that the subdivision was approved to operate using septic tanks and drains. In addition, the practical experience of neighbors who have properly maintained their individual systems shows that proper wastewater disposal remains technically feasible at the site. Therefore, the problems detected cannot automatically be attributed to an alleged inability of the soil to receive treated effluent, but are reasonably associated with some owners’ failure to meet the health regulations’ operation, maintenance, and preservation obligations for their individual systems, when, at bottom, they are seeking to save the cost of maintenance and improvements to their private properties.\n\nIn this case, the Código Municipal likewise requires the municipalities of each canton to ensure that members of the public are guaranteed the real and effective enjoyment of the right to health and to a healthy environment. The documents submitted to the case file by the petitioners show that the MUNICIPALIDAD DE LA UNION is fully aware of the existing environmental pollution problem in Residencial Estancia Antigua and that residents of the area unlawfully connected to the planned sanitary sewer network even though there is no main collector to which the main network can be connected. The MUNICIPALIDAD DE LA UNION is required to continuously supervise the operation of septic tanks and monitor the conduct of community members with respect to how they discharge wastewater from their homes, thereby guaranteeing, defending, and preserving everyone’s right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment.\n\nIn this regard, it is appropriate to take into account Article 169 of the Constitución Política concerning the Municipal Regime; for its part, the Código Municipal addresses municipal powers in Article 4.\n\n“Article 169.—The administration of local interests and services in each canton shall be the responsibility of the Municipal Government, formed by a deliberative body composed of popularly elected municipal council members and an executive official appointed by law.”\n\nOn the basis of the cited provisions, it is concluded that the MUNICIPALIDAD DE LA UNION also has a responsibility to determine the measures required to ensure that residents properly dispose of wastewater in septic tanks and, if they do not, to take measures to close homes that fail to meet structural requirements.\n\nThe State must respect individuals’ rights and likewise safeguard the community’s well-being. Public health and environmental protection are principles protected both at the constitutional level (Articles 21, 50, 73, and 89 of the Carta Magna) and under international law. In this case, the Ley General de Salud authorizes the MINISTERIO DE SALUD to take the corresponding sanitary measures and impose sanctions. It therefore has not only a duty to enforce the Ley General de Salud but also to protect public health, since the rights to health and to a healthy environment free from pollution—at least below levels tolerable to human beings—are inalienable fundamental rights whose violation cannot lawfully be accepted.\n\nAs indicated, AyA, in coordination with the Área Rectora de Salud de la Unión, has carried out a technical and administrative procedure under which, after giving notice to the subdivision’s residents, inspection manholes belonging to the planned sanitary sewer network built by the project developer were closed.\n\nThere are immediate mechanisms provided for in the Ley General de Salud and in the Ley General de la Administración Pública that the Área de Salud may use to compel residents who seek to evade their responsibilities to treat their wastewater. By way of example, reference is made to Exp. 16-2436-0007-CO, in which judgment N° 2016006368 was issued at 9:30 a.m. on 13 May 2016. The judgment held, in relevant part:\n\n“ …V. AMPARO AGAINST THE MINISTERIO DE SALUD. ON THE MERITS: The foregoing facts show that although the Ministerio de Salud acted in a timely manner, issued sanitary orders, and even filed criminal complaints, the health problem persists, as its representative stated in the report submitted under oath. The Chamber does not see that the Ministry adopted extraordinary measures, such as closing the place, securing the place with the assistance of the Fuerza Pública, or even potentially evicting the subdivision’s residents, or taking any other effective measures. The provision of a public service such as that entrusted to the Ministerio de Salud requires efficiency and diligence perhaps beyond what is necessary on the part of other public bodies, because of the fundamental rights to health and a healthy environment, as they relate to its powers. The Chamber considers that the Ministerio de Salud’s actions have been insufficient and violate the protected party’s fundamental right to health and a healthy environment…”\n\nWhat would be appropriate is for the MINSA to “adopt extraordinary measures, such as closing the place, securing the place with the assistance of the Fuerza Pública, or even potentially evicting the subdivision’s residents, or taking any other effective measures,” in response to the owners’ refusal to use their septic tanks properly, even setting a mandatory deadline for members of the public to rehabilitate, adapt, or repair their systems, or even build a septic tank and drainage system.\n\nMoreover, in similar cases the Constitutional Chamber has already considered the technical, operational, and investment impossibility of interconnecting to, taking over, and putting into operation the planned sanitary network on the part of AyA:\n\n“…In that regard, the general manager of the ICAÁ repeatedly stated that ‘AyA currently lacks nearby infrastructure and sources of supply, making it technically impossible to supply the Condominio La Rueda.’ Accordingly, it is the Chamber’s view that State institutions cannot be held responsible for being unable to provide drinking water service to Condominio La Rueda. In this connection, it is important to refer to judgment N° 2010-13690, issued at 16:50 on 17 August 2010, in which this Constitutional Court held: ‘B) No violation of the right to obtain public drinking water service: With respect to the fundamental right to obtain public drinking water service, this Chamber’s settled case law has stated that the supply of drinking water is considered a public service under Costa Rican law and, as such, every public service provider—whether a public or private entity—is required to provide the service continuously and efficiently, on equal terms, and in a manner that adapts to technological changes (see, in this regard, judgment 2001-09676, issued at 11:25 on 26 September 2001, and judgment 2004- 08161, issued at 10:53 on 23 July 2004). However, this does not give rise to a right to require the State or the responsible entity to provide public drinking water service immediately and everywhere, since this Constitutional Court’s case law has also stated that, in the face of legal impossibility (that is, failure to meet requirements established in the applicable regulations) or formal impossibility (that is, the absence of a water distribution network), it is reasonable to deny service requests or require the interested party to bear installation costs where no drinking water distribution network exists and infrastructure must be built. Thus, in such cases, the issue is not a denial of access to drinking water service, but an inability to provide it or the interested party’s necessary participation in overcoming a technical impossibility, namely, the lack of infrastructure. Of course, AyA, as a State entity principally responsible for providing drinking water service, is required to expand its infrastructure so that more and more people can access this precious resource. But while gaps remain, the interested parties’ cooperation is indispensable (see rulings N° 2006-014218, issued at 15:04 on 26 September 2006, and N° 2007-11190, issued at 14:36 on 7 August 2007). In other words, where the failure to provide drinking water service is not arbitrary, capricious, or without basis, but is justified by legal or material impossibility, no fundamental rights are violated.’ Accordingly, the application must be dismissed with respect to these requests. (...) Exp: 18-011952-0007-CO Res. N° 2018016562, CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at 9:15 a.m. on 5 October 2018.\n\nThe matter before us must be understood in the sense that AyA is responsible for administering, monitoring, and controlling the public network infrastructure and wastewater disposal system that it has formally accepted into its administration and that is operationally in use in accordance with scientific and technical standards, but not for private wastewater disposal systems such as septic tanks located on private property.\n\nProper wastewater disposal is a legal and sanitary duty of property owners. Failure to comply creates serious risks to public health and the environment. The national legislation set out below expressly provides that every system for disposing of excreta, blackwater, and wastewater must receive technical approval and meet sanitary requirements established by the competent authorities, particularly the Ministerio de Salud and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).\n\n1. Ley General de Salud N.º 5395 (30 October 1973). This law establishes the health of the population as a public interest protected by the State (Art. 1). Accordingly, every natural or legal person is subject to its provisions and regulations and must comply with the technical instructions and orders of the competent authorities (Arts. 4 and 9).\n\nIt likewise prohibits acts or omissions that endanger or harm the health of others (Art. 37), and requires the necessary works to be carried out to prevent sources of infection on properties (Art. 164).\n\nRegarding water and sanitation, the law provides that excreta and wastewater must be disposed of properly and hygienically, avoiding contamination of soil and natural water sources (Art. 285). It also requires property owners to connect their disposal systems to the sanitary sewer where one exists (Art. 288).\n\nThis law further requires every dwelling to have approved systems for disposing of excreta and wastewater (Arts. 313 and 314), and requires property owners and administrators to ensure adequate sanitary conditions for occupants (Art. 315).\n\n2. Ley de Construcciones N.º 833 (4 November 1949). This law reinforces owners’ responsibility by providing that any sanitary installation must be approved by the competent technical authority. An owner who puts a work into service without approval is subject to the applicable legal sanctions, and AyA may request the destruction or correction of the installation at the offender’s expense (Art. 44).\n\nThis legal framework gives rise to a clear obligation for property owners to ensure proper wastewater disposal using approved systems, such as septic tanks, in compliance with technical and sanitary specifications. They may not transfer to the State or AyA the costs of maintaining, modifying, or building private infrastructure, as that would contravene the principles of reasonableness and each citizen’s duty to pay for the works needed to ensure a healthy environment.\n\nThe Constitutional Chamber must bear in mind that this body of law establishes an “environmental right-duty”: property owners not only have the right to a healthy environment, but also the obligation to contribute actively to its preservation through responsible sanitation practices. Failure to dispose of wastewater properly in a septic tank directly violates the fundamental right to health and to a balanced environment protected by Article 50 of the Constitución Política.\n\nTechnical report DRyT-DSRT-2026-00106 confirms that the reported problem does not stem from a failure or deficiency in a sanitary sewer system administered by AyA, but from improper use of a planned sanitary network that never entered service, irregular discharges into the stormwater system, and deficiencies associated with the use and maintenance of individual systems on private property. It also establishes that Urbanización Estancia Antigua was originally approved under a septic tank and drain disposal scheme, the viability of which was supported by infiltration studies conducted during project development, and that since at least 2010 the Institute has continuously carried out the technical and administrative actions reasonably within its area of competence, including inspections, identification of illegal connections, sealing and resealing of service connections, inter-institutional coordination, and ongoing monitoring.\n\nConsequently, there is no technical basis for attributing to AyA an obligation to build or put into operation a treatment plant for a subdivision that was not designed, approved, or developed under that scheme. Situations arising from owners’ failure to ensure proper operation of their individual systems and from possible illegal discharges must instead be addressed by the competent authorities in the exercise of their sanitary oversight and regulatory powers. It follows that the Institute has acted in accordance with the principles of legality, reasonableness, science, and technical standards, and no omission attributable to its conduct has been shown that would justify granting the petitioners’ requests.\n\nV. REQUEST FOR RELIEF\n\nOn the basis of the established facts, applicable law, and technical evidence incorporated into this case file, the Constitutional Chamber is respectfully requested to dismiss the noncompliance proceeding brought against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), since it has been fully demonstrated that the Institute has not engaged in conduct by omission or acted arbitrarily or contrary to the fundamental rights invoked by the petitioners. Rather, it has acted in strict accordance with the powers conferred on it by its Constitutive Law, the Ley General de Salud, and the rest of the applicable legal system.\n\nThe evidence submitted shows that the reported problem does not originate in a failure of a sanitary sewer system administered by AyA or in the subdivision’s so-called existing planned sanitary network. Rather, it stems from individuals’ irregular acts in making unauthorized connections to infrastructure that never entered service and has no functional connection to a public wastewater collection and treatment system, as well as from some neighbors’ improper disposal of wastewater and greywater. Report DRyT-DSRT-2026-00106 confirms, through the most recent inspections conducted by institutional technical staff, that no wastewater spills are attributable to the planned sanitary sewer network administered by the Institute within Residencial Estancia Antigua.\n\nIt has likewise been established that AyA has maintained continuous and diligent activity since 2010 through inspections, inter-institutional coordination, identification of illegal connections, sealing and resealing of service connections, handling of reports, and ongoing technical monitoring, carrying out all actions reasonably within its area of competence.\n\nThe Constitutional Chamber is also asked expressly to reject any request seeking to order AyA to build a wastewater treatment plant for Urbanización Estancia Antigua, since it has been technically demonstrated that this urban development was not conceived, designed, or approved under that sanitation scheme, but rather with individual septic tank and drain systems whose viability was duly established by infiltration studies conducted during the project approval process.\n\nIn addition, it must be borne in mind that by law the Institute is the technical body specializing in sanitation and is responsible for determining which systems are suitable. The conditions for building a system of the kind requested by the petitioner are not present in this particular case.”\n\n6.—The legal requirements have been observed in the proceedings conducted.\n\nDrafted by Justice Garro Vargas; and,\n\nReasons:\n\nI.—What was ordered in these proceedings. By judgment No. 2021-022447, issued at 09:15 on 08 October 2021, this Court ruled as follows:\n\n“On the specific case. In this matter, it has been duly established that Residencial Estancia Antigua has a problem with the disposal of blackwater and wastewater, originating in conduct attributable to many residents of that community, who discharge wastewater from their properties into the stormwater sewer rather than through a septic tank system, as required. The case file shows that, for construction of this subdivision in 1999, the developer was required to include a sanitary sewer network as a planned network—that is, not for use—because there was no nearby sanitary collector. Each housing unit was therefore required to have a septic tank system for disposal of blackwater and wastewater. It is also established that since 2010 there have been complaints, inspections, and sanitary orders because several residents improperly used the planned network to connect wastewater from their homes instead of directing it to a septic tank.\n\nThe respondent authorities state that they have fulfilled their powers by conducting inspections and issuing sanitary orders when appropriate, and they identify the other entities involved as responsible for the reported problem. However, it is clear that none of the respondent institutions has contributed to a decisive and lasting solution to the petitioner’s problem, reflecting the State apparatus’s inability to address an urgent situation. In this Chamber’s view, this is a serious sanitary problem affecting the environment and the health of community residents. It is clear that the respondent authorities have been unable to enforce the laws in this area and fulfill their duty to guarantee the area’s residents enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment, with consequences for their health given the nature of the sanitary problem affecting them. The reports submitted under oath show that the institutions legally required, in one way or another, to address the problem at issue simply leave the solution to others, without achieving a prompt resolution on their own or by common agreement. This is because they merely state that resolving the reported problem falls within another entity’s competence, while none takes concrete action to address it beyond confirming the existing pollution through inspections and orders whose compliance is not even verified. One of the guiding principles of administrative organization is the coordination required among all public entities and bodies when exercising their powers and providing the services assigned to them by law. Coordination, insofar as it ensures administrative efficiency and effectiveness, is an implicit constitutional principle that pervades the entire administrative legal system and binds all public entities. It may be inter-organizational—that is, among the various bodies within a public entity that are not subject to a hierarchical relationship—or inter-institutional—that is, among public entities, each with its own legal personality, budget, autonomy, and specific powers. Its purpose is to avoid duplication and omissions in the performance of each public entity’s administrative functions, so they are carried out rationally and in an orderly manner (see, in this regard, judgment Nº 2007-015218, among others). This principle is particularly important in environmental matters. The Chamber has repeatedly held that people cannot be denied the right to a healthy environment or the right to health because the relevant public authorities are unable to exercise effectively the oversight powers and problem-solving authority granted to them by law. This Court considers that State activity must be coordinated and effective. The task is not simply to identify a problem and assign responsibility to others, as has happened here, nor is it for this Chamber to assign each entity the solutions it must implement. Rather, once the matter has been assessed, an integrated solution must be provided in which all involved entities participate under the State’s system for allocating powers and functions, each contributing what ultimately falls within its remit. In light of the foregoing, this Chamber finds that the Municipalidad de La Unión, the ICAA, and the Ministerio de Salud have not acted with the urgency required to coordinate a solution to the sanitary problem that has affected residents of Residencial Estancia Antigua for more than ten years.\n\nIn view of the foregoing, the proper course is to grant the amparo for violation of the right to health and to a healthy and balanced environment, ordering the Ministerio de Salud, in the exercise of its powers, to issue the necessary orders to prevent the ongoing wastewater, blackwater, and pollution problems detected, and to ensure compliance with those orders. The other respondent authorities are likewise ordered to participate as appropriate to their functions so that, in a coordinated and communicative manner, they contribute to a comprehensive and lasting solution to the problem.\n\n(…)\n\nTherefore:\n\nThe amparo is granted. Nombre03 and Manuel Elías López Fonseca, in their capacities as general manager and director of the Water, Collection, and Treatment System, respectively, both of the ICAA; Cristian Torres Garita, in his capacity as mayor of La Unión; and Ángela Morales Soto, in her capacity as director of the Área Rectora de Salud de La Unión, or whoever holds those positions in their place, are ordered to issue orders and carry out the respective actions in a coordinated, communicative, and joint manner, each in fulfillment of the functions assigned by law, so that (a) the necessary measures are taken immediately to stop and prevent residents of Residencial Estancia Antigua from discharging wastewater into the planned sewer network; and (b) within SIX MONTHS from notification of this judgment, a comprehensive and lasting solution is provided to the pollution problem affecting residents of Residencial Estancia Antigua. They are warned that failure to comply with this order will constitute the offense of disobedience and that, under Article 71 of the Law governing this jurisdiction, a person who receives an order to comply with or enforce, issued in an amparo proceeding, and fails to comply with or enforce it, shall be subject to imprisonment for three months to two years or a fine of twenty to sixty days, provided the offense is not more severely penalized. The State, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and the Municipalidad de La Unión are ordered to pay costs, damages, and losses caused by the facts underlying this declaration, to be quantified in proceedings in the administrative-litigation jurisdiction.”\n\nSubsequently, following the petitioners’ complaints on 19 and 23 November 2021 that, after judgment No. 2021-022447, the respondent authorities had persecuted them and even closed their home, this Chamber ruled in resolution No. 2021-026533, issued at 09:15 on 26 November 2021: “The request is denied,” since the allegations had no relation to the matters discussed and decided in the proceedings, and it was not for the Chamber to determine how the respondents should comply with the order.\n\nIn a new request on 05 January 2022, the petitioner claimed that the measures adopted by the respondent authorities did not provide a comprehensive and lasting solution to the environmental problem. By vote No. 2022-001410, issued at 09:30 on 18 January 2022, this Court ruled: “The request is denied,” because it was not for the Court to determine how the respondents should comply with the order.\n\nThen, following the petitioner’s allegation of nonexecution of the order in the aforementioned judgment, this Chamber ruled in resolution No. 2022-018363, issued at 09:55 on 09 August 2022, as follows:\n\n“II.—On the request submitted. In this matter, the petitioners allege noncompliance with the order issued by this Chamber in judgment No. 2021022447, issued at 09:15 on 08 October 2021. They consider that, as of this date, there is no comprehensive solution to the reported pollution problem.\n\nIn this regard, the following is deemed established on the basis of the reports submitted under oath by the respondent authorities to comply with what this Chamber ordered: (a) interinstitutional coordination took place to define the scope of action of the respondents, and a commission was formed. It determined that “the most effective solution for eliminating illegal connections and discharges both into the planned sanitary sewer network and into the drainage gutter is to order the owners of the homes committing these unlawful acts to resume using the individual systems (septic tanks), as approved when their homes were built and the Municipality issued the respective building permits”; (b) the respondent institutions conducted coordinated inspections in Residencial Estancia Antigua; (c) upon detecting illegal connections, the respective sanitary orders were issued to the property owners; (d) the sanitary orders issued were followed up, and because some owners failed to comply with them, the cases were referred to the La Unión Prosecutor’s Office for the offense of disobeying the health authority; and (d) the petitioners in this proceeding had previously been issued a sanitary order (MS-DRRSCE-DARSLU-OS-8588-2020) to correct the problem at their home involving the discharge of sewage. After they denied entry to the home for follow-up on the sanitary order, the Área Rectora de Salud requested a search warrant from the La Unión Prosecutor’s Office, which has not ruled on the request.\n\nIt follows from the foregoing that the respondents coordinated and jointly communicated with one another in issuing the orders and carrying out the relevant actions, each in fulfillment of the functions assigned to it by law. Further, although the actions deemed necessary to comply with what this Chamber ordered have not yet been completed, responsibility for that cannot be attributed to the respondent authorities, since there is no doubt that they are legally required to await the conclusion of the cases referred to the La Unión Prosecutor’s Office for the offense of disobeying the health authority and, in the petitioners’ case, a ruling by that Prosecutor’s Office on the search warrant request, in order to follow up on the sanitary order issued against them.\n\nFor those reasons, this Court considers that the respondent authorities have taken action to resolve the alleged problem and that there has been no failure to observe the order that would warrant granting the motion alleging disobedience. (…) \n\nTherefore:\n\nThe motion is denied.”\n\nSubsequently, in response to motions filed by the petitioners, the matter was decided in Judgment No. 2025-032463, issued at 09:30 on 07 October 2025, as follows:\n\n“II.- Actions taken by the Área Rectora de Salud de La Unión and the Municipality of La Unión. Under this Court’s ruling in Judgment No. 2021-022447, issued at 09:15 on 08 October 2021, the respondent authorities—including the Director of the Área Rectora de Salud de La Unión—were ordered to take immediate measures in a coordinated and jointly communicated manner and, in addition, within six months from notification of that judgment, to provide a comprehensive and definitive solution to the sewage-water contamination of the planned sewer network affecting the residents of Residencial Estancia Antigua.\n\nAlthough, in interlocutory Judgment No. 2022-018363, issued at 09:55 on 09 August 2022, this Court concluded at that time that the respondent authorities had taken steps toward complying with the order—such as inspections, formation of an interinstitutional commission, and issuance of sanitary orders to neighbors identified as making irregular discharges, as well as referral of some of those cases to the Ministerio Público for alleged disobedience of the health authority—the fact remains that this assessment did not extinguish the obligation to continue full compliance with the order, nor did it exempt those authorities from providing an effective and up-to-date account of full compliance with all the requirements set out in the principal judgment.\n\nIn view of the foregoing, by resolution issued at 16:18 on 09 September 2025, the authorities involved were given a hearing so that they could address specifically the facts and omissions alleged by the petitioners. However, the report submitted under oath by the Director of the Área Rectora de Salud de La Unión does not provide an express and specific response on two fundamental points.\n\nFirst, it does not state whether the second point of the operative order in Judgment No. 2021-022447 has been complied with, namely, the obligation to provide a comprehensive and definitive solution to the contamination problem within the established six-month period. Far from demonstrating such compliance, the health authority refers only to general and past actions—some of which this Court had already assessed—without providing verifiable data or current results establishing that a definitive, coordinated solution was carried out or implemented as ordered.\n\nSecond, there is a significant omission in that the report does not specifically identify any new, concrete actions taken by the Área Rectora de Salud after interlocutory Judgment No. 2022-018363 was issued, in order to ensure effective continuation of the ordered measures. This omission cannot be disregarded, since the respondent authorities’ duty remains in force and enforceable until the judgment has been fully complied with, especially where the protection of fundamental rights such as the right to health and to a healthy environment is concerned.\n\nAccordingly, the failure to report whether the order has in fact been complied with, together with the failure to establish concrete progress after the August 2022 interlocutory judgment, demonstrates an omission that directly compromises the duty to comply with the order issued in Judgment No. . 2021-022447, at 09:15 on 08 October 2021, specifically its second point.\n\nTherefore, under Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the Court finds that at this procedural stage the Área Rectora de Salud de La Unión has failed to comply with the second requirement of Judgment No. 2021-022447, since there is no record that a comprehensive and definitive solution has been provided to the reported contamination problem, or that the actions necessary to achieve one have been carried out after the aforementioned interlocutory judgment.\n\nIt should also be noted that, within the framework of joint compliance ordered in the above-cited ruling, the mayor of La Unión has also failed to comply. Despite being given a hearing by resolution issued at 16:18 on 09 September 2025, the mayor submitted no report within the time granted. This omission, together with the complete lack of evidence of concrete actions taken after interlocutory Judgment No. 2022-018363, makes it impossible to deem the duty of institutional cooperation and effective execution of the order fulfilled. Accordingly, the motion alleging disobedience should also be granted as to that local authority.\n\nConsequently, the motion alleging disobedience is granted as to those respondent authorities.\n\nIII.- Actions of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. As to compliance by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados with the terms of Judgment No. 2021-022447, no failure to comply has been established, since the institution has demonstrated that it has continued to take effective action within its statutory powers, in compliance with what this Chamber ordered.\n\nIn particular, after interlocutory Judgment No. 2022-018363, issued at 09:55 on 09 August 2022, the respondent institute documented its actions through technical reports and field evidence, including periodic and recent inspections of the planned sanitary sewer network in Residencial Estancia Antigua. These were conducted to verify the physical condition of the inspection wells and detect possible wastewater spills; the most recent inspection took place on 29 September 2025. The institute also technically confirmed, based on the latest inspection conducted when its report was submitted, that there were no active spills in the planned network. On that same date, it carried out maintenance and resealed critical points in the planned network that posed a spill risk, as a preventive measure.\n\nAccordingly, it is evident that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has taken action within the scope of its powers, and the motion alleging disobedience against that institution should therefore be denied.\n\nIV.- Request for construction of a wastewater treatment plant. In their submission filed on 13 August 2025, in addition to alleging failure to execute Judgment No. 2021-022447, the petitioners state that their principal objective is to have a sewage treatment plant built for Residencial Estancia Antigua, arguing that this infrastructure would definitively resolve the contamination problems that persist in the area.\n\nIn this regard, this Chamber has stated, both in Judgment No. 2022-001410, issued at 09:30 on 18 January 2022, and in interlocutory Judgment No. 2022-018363, that it is not for this jurisdiction to determine the technical method for complying with the order, much less to impose a specific solution such as building a treatment plant.\n\nAccordingly, the motion on this point is denied.\n\nV.- Request for a personal hearing with a justice of this Chamber. The petitioners requested a personal meeting with Justice Luis Fernando Salazar Alvarado to present their arguments directly. However, in view of the high volume of case files handled by this jurisdiction, and the need for transparency and public access governing all actions related to a constitutional proceeding, the requested hearing cannot be granted.\n\nIn such cases, any statement, argument, or evidence should be submitted in the case file so that all interested parties’ right to a defense is protected and the material is duly incorporated into the judicial proceedings. Within that procedural framework, this Court will assess the motions and rule as required by law.\n\n(…)\n\nTherefore:\n\nThe motion alleging disobedience is partially granted, solely as to the Área Rectora de Salud de La Unión and the Municipality of La Unión. Ángela Morales Soto and Cristian Torres Garita are again directed, in their respective capacities as Director of the Área Rectora de Salud de La Unión and mayor of La Unión, or whoever holds those offices in their place, to comply immediately with what this Chamber ordered in Judgment No. 2021-022447, at 09:15 on 08 October 2021. They are warned that, if they fail to do so, the Court may order the initiation of disciplinary administrative proceedings under Article 53 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, with respect to officials who are not popularly elected, and may also transmit copies of the relevant documents to the Ministerio Público under Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in the case of all respondents. In all other respects, the motion is denied. Personally notify Ángela Morales Soto and Cristian Torres Garita, in their respective capacities as Director of the Área Rectora de Salud de La Unión and mayor of La Unión, or whoever holds those offices in their place.”\n\nII.- Motion filed. The movants maintain that the environmental and health problem in Residencial Estancia Antigua persists and request that this proceeding remain active, as well as an order directing the respondent institutions to complete an integrated wastewater treatment system by building and commissioning a treatment plant.\n\nIn this regard, it should be recalled that Judgment No. 2021-022447, issued at 09:15 on 08 October 2021, established the following:\n\n“Residencial Estancia Antigua has a problem with the disposal of sewage and wastewater, originating in conduct attributable to many residents of that community, who dispose of wastewater from their properties into the stormwater sewer network rather than through the septic tank system, as required. The case file shows that, when this development was built in 1999, the developer was required to include a sanitary sewer network as a planned network, meaning it was not for use, because there was no nearby sanitary collector. Accordingly, each dwelling unit was required to have a septic tank system for the disposal of sewage and wastewater” (emphasis not in the original).\n\nThus, the principal judgment determined that the development had not been authorized to immediately dispose of its wastewater through the planned sanitary network, since that network was not connected to an operating collector. Instead, the approved system for each home consisted of a septic tank with its own drainage field. It was also established that a substantial portion of the detected contamination originated in the actions of neighbors who improperly discharged sewage or wastewater into the stormwater network or the planned sanitary network. The order therefore required both the immediate adoption of measures to stop that conduct and coordination among the competent institutions to provide a comprehensive and definitive solution to the contamination problem.\n\nFurther, in Judgment No. 2025-032463, issued at 09:30 on 07 October 2025, this Chamber partially granted a motion alleging disobedience against the Área Rectora de Salud de La Unión and the Municipality of La Unión because, at that time, no new, concrete, and verifiable actions taken after Judgment No. 2022-018363 had been established, nor had effective progress toward a comprehensive solution. Those authorities were therefore again directed to comply immediately with what the principal judgment had ordered. In that same ruling, the Court found no failure to comply by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and reiterated that this jurisdiction is not responsible for determining the specific technical method for complying with the judgment or imposing the construction of a treatment plant.\n\nThe reports submitted under oath and the evidence filed in connection with this new motion now show that, after the October 2025 resolution, the authorities took additional, concrete, and documented actions. In particular, the Área Rectora de Salud de La Unión continued conducting inspections, dye tests, verifications, and individual procedures; issued technical reports during October, November, and December 2025, as well as in February, April, June, and July 2026; issued sanitary order MS-DRRSCE-DARSLU-OS-067-2026 on 20 April 2026; and prepared a database and map to organize information on approximately 535 homes in the development.\n\nAccording to that systematization, 130 homes were inspected through direct observation or dye tests; 118 properties were identified as suspected of discharging wastewater, and technical tests confirmed irregular discharges at 14 homes. Compliance with sanitary orders was also verified in several cases, while others remain subject to administrative or judicial proceedings. In addition, inspections conducted on 24 June and 01 July 2026 detected new sewage discharges into the drainage gutter at homes J-14, C-13, and R-15. This shows that the problem remains associated, at least in part, with the individual conduct of certain property owners and requires ongoing monitoring, enforcement, and correction.\n\nIt was also established that, on 24 June 2026, representatives of the Ministerio de Salud, the Municipality of La Unión, and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados held an interinstitutional meeting to review the background and assess possible solutions. Subsequently, on 02 July 2026, officials from the Área Rectora de Salud and the Municipality inspected a 904,89 m² public lot identified in cadastral plan C-0545772-1999. Any potential use of the lot for sanitary infrastructure was made subject to the relevant technical studies, permits, and authorizations.\n\nAlso, by joint letter CARTA-MS-DRRSCE-DARSLU-0640-2026, sent to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados on 30 June 2026 and received by its Executive Presidency on 01 July of that year, the Ministerio de Salud and the Municipality requested information about the Wastewater Sanitation Project for the canton of La Unión and the possible inclusion of Residencial Estancia Antigua. In addition, on 16 July 2026, by letter CARTA-MS-DRRSCE-DARSLU-0683-2026, the Área Rectora asked the institute to technically assess the identified lot, analyze the feasibility of a possible treatment plant and of incorporating the existing sanitary network, and communicate its institutional position. When the report was submitted, the request was still within the response period granted.\n\nThe Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, for its part, established that it had continued inspections and monitoring of irregular connections, sealed and resealed service connections and inspection wells, and continued interinstitutional follow-up. It also explained that the most recent inspections found no spills attributable to the planned sanitary network. In addition, it submitted report DRyT-DSRT-2026-00106, which states that the development was approved with individual septic tank and drainage systems, supported by infiltration tests conducted during the design stage, and that there is currently no official technical study establishing that this system is generally unfeasible. Consequently, the movants’ assertions that soil conditions make a treatment plant indispensable do not, by themselves, rebut the technical conditions under which the residential development was approved.\n\nBased on the foregoing, there is no indication that the respondent authorities acted passively, obstinately, or deliberately failed to act in response to the order. Unlike the situation assessed in Judgment No. 2025-032463, this time the record establishes specific and verifiable actions taken afterward, both to stop irregular discharges and to examine structural solutions.\n\nFinally, it must be reiterated that the obligation to provide a comprehensive and definitive solution does not necessarily mean that a treatment plant must be built. As held in Judgments No. 2022-001410, issued at 09:30 on 18 January 2022, and No. 2025-032463, issued at 09:30 on 07 October 2025, it is not for this Chamber to substitute its judgment for that of the technical authorities or to select a particular sanitation method. Still less is it appropriate to impose such infrastructure where the principal judgment established that the existing sanitary network was merely a planned network, not authorized for use, and that each home was required to dispose of its sewage and wastewater through a septic tank system.\n\nConsequently, since continued enforcement and interinstitutional coordination have been established, and technical requests are currently being processed, the alleged failure to comply has not been established. The motion should therefore be denied, without prejudice to the respondent authorities’ duty to continue, in a coordinated manner and within their respective powers, the actions necessary to stop irregular discharges and achieve a comprehensive and definitive solution to the contamination problem affecting Residencial Estancia Antigua.\n\nIII.- Documents filed in the case. The parties are advised that any paper documents they may have filed, as well as any objects or evidence contained on additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology devices, must be collected from the court office within a maximum period of 30 business days from notification of this judgment. Otherwise, any material not collected within that period will be destroyed, as provided in the “Regulation on Electronic Case Files before the Poder Judicial,” approved by the Corte Plena at session No. 27-11 on 22 August 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial No. 19 on 26 January 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at session No. 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe motion is denied.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDocument digitally signed\n\n-- Verification code --\n\n\n\nLCMM72IX6SK61\n\nCASE FILE No. 21-015740-0007-CO\n\nTelephone: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01)."
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