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  "id": "nexus-sen-1-0007-1419286",
  "citation": "Res. 29714-2026 Sala Constitucional",
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  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Requisitos técnicos para nuevos servicios de agua",
  "title_en": "Technical Requirements for New Water Services",
  "summary_es": "La Sala Constitucional rechazó de plano un recurso de amparo contra el AyA relacionado con la denegatoria de cinco nuevos servicios individualizados de agua para construcciones en Atenas. La Sala reconoció que el acceso al agua es un derecho fundamental y que el servicio debe prestarse de forma continua, eficiente y en igualdad de condiciones, pero indicó que ese derecho no elimina los requisitos generales ni las condiciones técnicas o legales para obtener nuevos servicios. Según la prueba, el AyA había informado que existía capacidad hídrica y había indicado los requisitos de conexión, incluida la construcción de un sistema de bombeo. La propiedad ya contaba con un servicio de agua; la controversia se refería a nuevos medidores y a la pertinencia de sus requisitos, cuestiones de legalidad ordinaria que no corresponden a la vía de amparo. La Sala también señaló que el permiso municipal de construcción no eximía del cumplimiento de los requisitos para esos servicios. La parte recurrente puede plantear sus reclamos ante las autoridades correspondientes o en la vía jurisdiccional competente.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) summarily rejected an amparo proceeding against AyA concerning the denial of five new individual water services for buildings in Atenas. The Chamber recognized access to water as a fundamental right and stated that the service must be provided continuously, efficiently, and on equal terms, but explained that the right does not remove general requirements or technical and legal conditions for obtaining new services. According to the evidence, AyA had advised that water capacity was available and specified the connection requirements, including construction of a pumping system. The property already had a water service; the dispute concerned new meters and the appropriateness of their requirements, matters of ordinary legality outside the scope of amparo. The Chamber also stated that the municipal building permit did not exempt the applicant from meeting the requirements for those services. The applicant may raise the claims with the relevant authorities or in the competent judicial forum.",
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  "date": "04/08/2026",
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  "excerpt_es": "Tales argumentos resultan plenamente aplicables al caso concreto, toda vez que, de la prueba aportada a los autos se desprende que mediante oficio del 06 de octubre de 2025, a la empresa amparada se le indicó que sí existe capacidad hídrica y se le informó los requisitos que debe cumplir para la debida conexión y acceso al agua, sin embargo, el amparado se encuentra inconforme con los requisitos exigidos al efecto, pues se le exige la construcción de un sistema de bombeo, al tratarse de un edificio de tres o más niveles, de acuerdo a lo estipulado en la normativa urbanística y constructiva vigente; por lo que pretende que esta Sala ordene al AyA brindarle el agua para 5 viviendas, sin esas exigencias. En consecuencia, estima este Tribunal que la negativa del AyA de brindar acceso al agua en los términos pretendidos por la amparada, se encuentra sustentada en razones técnicas y en el incumplimiento de requisitos por parte del interesada, por lo que el acto no constituye una actuación arbitraria de la autoridad recurrida.\n\nAhora bien, cabe señalar que la procedencia o no de la conexión de agua en el terreno de la empresa amparada, así como la pertinencia de los requisitos y condiciones exigidas por la parte recurrida; no son cuestiones que deban discutirse en esta Jurisdicción, por tratarse de un conflicto de legalidad ordinaria ajeno al ámbito de competencia de esta Sala.",
  "excerpt_en": "Those arguments fully apply to this case, since the evidence in the record shows that, by letter dated 06 October 2025, the applicant company was advised that water capacity was available and was informed of the requirements it had to meet for proper connection and access to water. However, the applicant disagrees with the requirements, including construction of a pumping system because the building has three or more levels, as stipulated by the urban planning and construction rules in force; it therefore seeks an order from this Chamber requiring AyA to provide water to 5 dwellings without those requirements. Accordingly, this Court considers that AyA’s refusal to provide water on the terms sought by the applicant is supported by technical reasons and the applicant’s failure to meet requirements, and is not arbitrary conduct by the respondent authority.\n\nIt should also be noted that whether a water connection may be made on the applicant company’s land, and whether the requirements and conditions imposed by the respondent are appropriate, are not matters to be discussed in this Jurisdiction, since they concern an ordinary-legality dispute outside this Chamber’s competence.",
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      "quote_es": "siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales."
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  "body_es_text": "\n\nExp: 26-026715-0007-CO \n\nRes. Nº 2026029714\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del cuatro de agosto de dos mil veintiseis .\n\n Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad número CED03, en su condición de apoderado especial judicial de Nombre03, de nacionalidad canadiense, documento de identidad número CED01, quien es apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa SALUMA DEL MAR S.A., cédula jurídica 3-101-120699; contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA). \n\nResultando:\n\n1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 11:30 horas del 24 de julio de 2026, la parte recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que su representado es propietario de una finca en Atenas de Alajuela. Colindante a esa finca, se encuentra la propiedad perteneciente la sociedad Finca de Atenas S.A. Dicha finca cuenta con servicio de agua potable y en ella habita la madre del amparado la señora Nombre02, adulta mayor de 96 años de edad, contando con el medidor CED02 nombre de Saluma del Mar S.A. Asimismo en la propiedad de la señora Nombre02 se han administrado 5 construcciones, donde habitan menores de edad y persona en condición de vulnerabilidad. Acusa que, pese a que su representado ha cumplido con el visado municipal, el AyA le ha negado la viabilidad y conexión de agua impidiendo abastecer las 5 construcciones, pese a que las demás servidumbres y propiedades colindantes sí cunetas con ese servicio. Estima que lo anterior viola el principio de seguridad jurídica y derechos adquiridos, toda vez que, las edificaciones se levantaron al amparo de un acto administrativo válido con permiso de construcción otorgado por la municipalidad. Considera que lo anterior viola su derecho al agua, así como al principio de seguridad jurídica y derechos adquiridos. Solicita que se declare con lugar el recurso, se ordene al AyA resolver favorablemente el trámite y otorgar la disponibilidad de agua para abastecer formalmente el inmueble y las viviendas indicadas y condenar al recurrido al pago de costas, daños y perjuicios. \n\n2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.\n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente manifiesta que su representado es propietario de una finca en Atenas de Alajuela. Colindante a esa finca, se encuentra la propiedad perteneciente la sociedad Finca de Atenas S.A. Dicha finca cuenta con servicio de agua potable y en ella habita la madre del amparado la señora Nombre02, adulta mayor de 96 años de edad, contando con el medidor CED02 nombre de Saluma del Mar S.A. Asimismo en la propiedad de la señora Nombre02 se han administrado 5 construcciones, donde habitan menores de edad y persona en condición de vulnerabilidad. Acusa que, pese a que su representado ha cumplido con el visado municipal, el AyA le ha negado la viabilidad y conexión de agua impidiendo abastecer las 5 construcciones, pese a que las demás servidumbres y propiedades colindantes sí cunetas con ese servicio. Estima que lo anterior viola el principio de seguridad jurídica y derechos adquiridos, toda vez que, las edificaciones se levantaron al amparo de un acto administrativo válido con permiso de construcción otorgado por la municipalidad. Considera que lo anterior viola su derecho al agua, así como al principio de seguridad jurídica y derechos adquiridos. Solicita que se ordene al AyA resolver favorablemente el trámite y otorgar la disponibilidad de agua para abastecer formalmente el inmueble y las viviendas indicadas. \n\nII.- INADMISIBILIDAD DEL AMPARO. En reiteradas ocasiones, esta Sala ha sostenido que si bien se reconoce el derecho fundamental al agua y su acceso en igualdad de condiciones, por cuanto se trata de un servicio esencial para la vida y la salud; también, ha indicado que este derecho no implica un acceso irrestricto ni gratuito al agua, toda vez que, la Administración puede válidamente, establecer condiciones y requisitos generales para acceder a este servicio. Asimismo, resulta válido que las entidades -públicas o privadas- que administren el servicio, puedan rechazar las solicitudes de agua, o bien, de la carta de disponibilidad de agua, cuando el interesado no cumple los requisitos o cuando existen razones técnicas o legales que los justifiquen. Así por ejemplo, en sentencia número 2016-006027 de las 09:05 horas del 6 de mayo de 2016, esta Sala consideró lo siguiente:\n\n“Este Tribunal Constitucional en la sentencia 2014-9134 de las 14:05 horas del 19 de junio de 2014, que abordó una cuestión muy similar a la expuesta en el presente recurso, dispuso: '(...) Esta Sala ha indicado en reiteradas sentencias sobre el tema que el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, y que como tal, todo prestador de servicios públicos -sea sujeto público o sujeto privado está obligado a prestar el servicio de forma continua, eficiente, en condiciones de igualdad y debiendo adaptarse a los cambios tecnológicos (véase al respecto la sentencia 2001-09676 de las once horas veinticinco minutos del veintiséis de setiembre del dos mil uno y la sentencia 2004-08161 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintitrés de julio del dos mil cuatro). Resulta claro entonces concluir que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al ser uno de los entes estatales encargados de la prestación del servicio público de agua potable, está obligado también a prestar este servicio de forma continua, adaptable, eficiente y por igual a todos los habitantes. Ahora bien, también la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha indicado que, frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad formal (que es la falta de una Red de Distribución de Aguas), es razonable no atender las solicitudes de servicio o solicitar que el interesado asuma los costos de instalación cuando no exista red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura. Así, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la falta de infraestructura. En otras palabras, siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales. En el caso concreto, de la prueba aportada y del informe rendido bajo juramento, se corrobora que el AyA no ha rechazado arbitrariamente la solicitud planteada por la recurrente, sino por la falta del cumplimiento de la totalidad de los requisitos técnico-legales que existe el Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para aprobar nuevos servicios”.\n\nTales argumentos resultan plenamente aplicables al caso concreto, toda vez que, de la prueba aportada a los autos se desprende que mediante oficio del 06 de octubre de 2025, a la empresa amparada se le indicó que sí existe capacidad hídrica y se le informó los requisitos que debe cumplir para la debida conexión y acceso al agua, sin embargo, el amparado se encuentra inconforme con los requisitos exigidos al efecto, pues se le exige la construcción de un sistema de bombeo, al tratarse de un edificio de tres o más niveles, de acuerdo a lo estipulado en la normativa urbanística y constructiva vigente; por lo que pretende que esta Sala ordene al AyA brindarle el agua para 5 viviendas, sin esas exigencias. En consecuencia, estima este Tribunal que la negativa del AyA de brindar acceso al agua en los términos pretendidos por la amparada, se encuentra sustentada en razones técnicas y en el incumplimiento de requisitos por parte del interesada, por lo que el acto no constituye una actuación arbitraria de la autoridad recurrida. En todo caso, cabe destacar que tal como lo indica el propio recurrente y como se desprende de la prueba aportada a los autos, la propiedad de la amparada ya cuenta con el acceso al agua, ya que posee el servicio número 4103493, por lo que, la inconformidad de la parte recurrente consiste en la denegatoria de cinco nuevos servicios individualizados para una edificación y no el acceso al agua en sí, lo que no es propio de discutirse en esta vía.\n\nAhora bien, cabe señalar que la procedencia o no de la conexión de agua en el terreno de la empresa amparada, así como la pertinencia de los requisitos y condiciones exigidas por la parte recurrida; no son cuestiones que deban discutirse en esta Jurisdicción, por tratarse de un conflicto de legalidad ordinaria ajeno al ámbito de competencia de esta Sala. Tampoco, puede este Tribunal fungir como mediador ante una determinada persona física o jurídica -ya sea ésta última de derecho público o privado-, para interceder por una tercera persona a fin de que se le conceda lo que pretende o se le exima del cumplimiento de requisitos legales para ello, por lo que, la solicitud del recurrente para que esta Sala ordene al AyA el acceso al agua a favor de la amparada, sin las exigencias que le imponen resulta improcedente y ajena a las competencias de este Tribunal. Por ello, deberá la amparada si a bien lo tiene, plantear sus inconformidades o reclamos ante las autoridades recurridas o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. \n\nPor otra parte, en cuanto a la alegada violación al principio de igualdad y no discriminación, cabe destacar que, en reiteradas ocasiones, esta Sala ha establecido que no le basta a la parte recurrente afirmar, sin más, que en un caso dado se ha producido un trato distinto entre dos sujetos, para tener por demostrado ese quebranto. Por el contrario, quien alega la violación, está obligado a aportar elementos que permitan efectuar una comparación plena entre los sujetos tratados en forma diferente. Sin embargo, dado el carácter eminentemente sumario del proceso de amparo, es obvio que el elemento de comparación debe ser de tal naturaleza que no haga necesario entrar a analizar, de previo, cuál es la situación de la parte afectada en el plano de la legalidad ordinaria. En el presente caso, la recurrente no ofrece ningún elemento de juicio que haga presumir a esta Sala la presunta desigualdad, además, la dotación de servicios depende no solo del cumplimiento de requisitos, la cantidad de usuarios, así como otras razones técnicas. En todo caso, para evaluar si se ha producido o no la presunta desigualdad invocada, es necesario que, de previo, esta Sala se pronuncie sobre un diferendo de mera legalidad, es decir, tendría que estudiar caso por caso a fin de analizar estudios técnicos, presupuestarios, socioeconómicos, fechas, requisitos y la normativa aplicable, lo cual no corresponde a esta Sala conocer por la vía del amparo, por ser una labor propia de la administración. \n\nFinalmente, aun cuando el recurrente aduce derechos adquiridos, por contar con el respectivo permiso de construcción para las 5 construcciones a las que se refiere, lo cierto es que, se trata de trámites y servicios distintos, ante autoridades públicas diferentes, cada cual con requisitos y condiciones que deben cumplirse al efecto, por lo que el hecho de contar con permiso indicado no lo enerva del cumplimiento de requisitos para el trámite de nuevos medidores de agua individualizados ante el AYA. \n\nEn virtud de lo anterior, deberá la parte recurrente plantear sus inconformidades o reclamos ante las autoridades recurridas o en la vía jurisdiccional competente, sedes en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara.\n\nIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe rechaza de plano el recurso.\n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n RLQ8ACREI8861 \n\nEXPEDIENTE N° 26-026715-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01).",
  "body_en_text": "\n\nExp: 26-026715-0007-CO\n\nRes. Nº 2026029714\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty-five minutes on 4 August 2026.\n\nAmparo proceeding filed by Nombre01, identity card number CED03, in the capacity of special judicial attorney-in-fact for Nombre03, a Canadian national, identity document number CED01, who is the unlimited general attorney-in-fact of the company SALUMA DEL MAR S.A., corporate identification number 3-101-120699; against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (AyA).\n\nBackground:\n\n1.- In a written submission filed with the Chamber Secretariat at 11:30 on 24 July 2026, the appellant files an amparo application and states that his represented party owns a property in Atenas, Alajuela. Adjacent to that property is land belonging to the company Finca de Atenas S.A. That property has drinking water service, and the mother of the amparo applicant, Nombre02, a 96-year-old older adult, lives there; it has meter CED02 in the name of Saluma del Mar S.A. Likewise, 5 structures have been built on Nombre02’s property, where minors and a person in a vulnerable situation live. He alleges that, although his represented party has obtained municipal approval, AyA has denied the feasibility and connection of water, preventing the 5 structures from being supplied, even though the other easements and adjoining properties do have that service. He considers that this violates the principle of legal certainty and acquired rights, since the buildings were erected under a valid administrative act, with a construction permit granted by the municipality. He considers that this violates his right to water, as well as the principle of legal certainty and acquired rights. He asks that the application be granted, that AyA be ordered to resolve the matter favorably and provide water availability to formally supply the indicated property and homes, and that the respondent be ordered to pay costs, damages, and losses.\n\n2.- Article 9 of the Constitutional Jurisdiction Act authorizes the Chamber to summarily dismiss, or dismiss on the merits, at any time, including upon filing, any application submitted for its consideration that proves manifestly inadmissible, or when it considers that there is sufficient evidence to dismiss it, or that it is a mere repetition or reproduction of an earlier identical or similar application that was dismissed.\n\nDrafted by Justice Castillo Víquez; and,\n\nReasons:\n\nI.- SUBJECT OF THE APPLICATION. The appellant states that his represented party owns a property in Atenas, Alajuela. Adjacent to that property is land belonging to the company Finca de Atenas S.A. That property has drinking water service, and the mother of the amparo applicant, Nombre02, a 96-year-old older adult, lives there; it has meter CED02 in the name of Saluma del Mar S.A. Likewise, 5 structures have been built on Nombre02’s property, where minors and a person in a vulnerable situation live. He alleges that, although his represented party has obtained municipal approval, AyA has denied the feasibility and connection of water, preventing the 5 structures from being supplied, even though the other easements and adjoining properties do have that service. He considers that this violates the principle of legal certainty and acquired rights, since the buildings were erected under a valid administrative act, with a construction permit granted by the municipality. He considers that this violates his right to water, as well as the principle of legal certainty and acquired rights. He asks that AyA be ordered to resolve the matter favorably and provide water availability to formally supply the indicated property and homes.\n\nII.- INADMISSIBILITY OF THE AMPARO. On repeated occasions, this Chamber has held that although the fundamental right to water and equal access to it are recognized, since it is an essential service for life and health, it has also indicated that this right does not entail unrestricted or free access to water, since the Administration may validly establish general conditions and requirements for access to this service. Likewise, entities—public or private—that administer the service may validly reject applications for water service or for a water availability letter when the interested party does not meet the requirements or when technical or legal grounds justify doing so. For example, in judgment number 2016-006027, issued at 09:05 on 6 May 2016, this Chamber held as follows:\n\n“This Constitutional Court, in judgment 2014-9134, issued at 14:05 on 19 June 2014, which addressed an issue very similar to the one raised in the present application, held: ‘(...) This Chamber has indicated in repeated judgments on the subject that the supply of drinking water is considered under the Costa Rican legal system to be a public service and that, as such, every provider of public services—whether a public or private entity—is required to provide the service continuously and efficiently, on equal terms, and to adapt to technological changes (see judgment 2001-09676, issued at eleven hours and twenty-five minutes on twenty-six September two thousand one, and judgment 2004-08161, issued at ten hours and fifty-three minutes on twenty-three July two thousand four). It is therefore clear that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, as one of the state entities responsible for providing the public drinking water service, is also required to provide this service continuously, adaptably, efficiently, and equally to all inhabitants. However, the case law of this Constitutional Court has also indicated that, where there is legal impossibility (that is, failure to meet requirements established in the applicable regulations) or formal impossibility (that is, the absence of a Water Distribution Network), it is reasonable not to grant service applications, or to require the interested party to bear the installation costs when no drinking water distribution network exists and infrastructure must be built. In such cases, it has been clear that this is not a denial of access to drinking water service, but rather an inability to provide it or the necessary participation of the interested party in overcoming a technical impossibility, namely, the lack of infrastructure. In other words, provided that the failure to provide drinking water service is not capricious, arbitrary, or without grounds, but is justified by legal or material impossibility, there is no violation of fundamental rights. In the case at hand, the evidence submitted and the report made under oath confirm that AyA has not arbitrarily rejected the application filed by the appellant, but rather that this was due to failure to meet all the technical and legal requirements that the Regulation for the Provision of Services to Customers of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers requires for approval of new services.’\n\nThose arguments apply fully to this case, since the evidence in the record shows that, by letter dated 06 October 2025, the protected company was informed that water capacity does exist and was advised of the requirements it must meet for proper connection and access to water. However, the amparo applicant is dissatisfied with the requirements imposed, because construction of a pumping system is required for a building of three or more levels, in accordance with the current urban-planning and construction regulations. The applicant therefore seeks an order from this Chamber directing AyA to provide water for 5 homes without those requirements. Accordingly, this Court considers that AyA’s refusal to provide access to water on the terms sought by the protected party is supported by technical grounds and by the interested party’s failure to meet requirements, and thus does not constitute arbitrary conduct by the respondent authority. In any event, it should be noted that, as the appellant himself states and as the evidence in the record shows, the protected party’s property already has access to water, since it has service number 4103493. The appellant’s grievance therefore concerns the denial of five new individual services for a building, and not access to water itself, which is not a matter to be litigated in this proceeding.\n\nIt should also be noted that whether a water connection may be provided on the land of the protected company, as well as whether the requirements and conditions imposed by the respondent party are appropriate, are not matters to be litigated in this jurisdiction, since they concern an ordinary legality dispute outside this Chamber’s jurisdiction. Nor may this Court act as a mediator with a particular natural or legal person—whether the latter is governed by public or private law—to intercede on behalf of a third party so that the party may obtain what it seeks or be exempted from meeting legal requirements. The appellant’s request that this Chamber order AyA to provide water access to the protected party without the imposed requirements is therefore inadmissible and outside this Court’s jurisdiction. Accordingly, if the protected party so wishes, it must bring its grievances or claims before the respondent authorities or in the competent judicial forum, where it may fully litigate the merits and assert its claims.\n\nAs to the alleged violation of the principle of equality and non-discrimination, it should be noted that this Chamber has repeatedly held that it is not enough for an appellant simply to assert that, in a given case, two persons were treated differently in order to establish that violation. On the contrary, the party alleging the violation must provide evidence that allows a full comparison between the persons treated differently. Given, however, the highly summary nature of amparo proceedings, the comparator must be such that there is no need first to analyze the affected party’s situation under ordinary legality. In the present case, the appellant provides no evidence that would lead this Chamber to presume the alleged inequality. Moreover, provision of services depends not only on meeting requirements, but also on the number of users and other technical reasons. In any event, determining whether the alleged inequality occurred would require this Chamber first to rule on a dispute concerning ordinary legality; that is, it would have to examine each case individually to analyze technical, budgetary, and socioeconomic studies, dates, requirements, and applicable regulations. This is not a matter for this Chamber to consider through amparo, as it is a task for the Administration.\n\nFinally, although the appellant alleges acquired rights on the basis that he holds the corresponding construction permit for the 5 structures in question, these are distinct procedures and services before different public authorities, each with its own requirements and conditions. Having the stated permit therefore does not exempt him from meeting the requirements for processing new individual water meters before AyA.\n\nIn light of the foregoing, the appellant must bring any grievances or claims before the respondent authorities or in the competent judicial forum, where the merits may be fully litigated and the appellant’s claims asserted. Consequently, the application is inadmissible, and so it is declared.\n\nIII.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. The appellant is advised that any paper documents submitted, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, must be collected from the office within a maximum period of 30 business days from notification of this judgment. Otherwise, all material not collected within this period will be destroyed, pursuant to the “Regulations on the Electronic Case File before the Judicial Branch,” approved by the Full Court at session No. 27-11 on 22 August 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin number 19 on 26 January 2012, as well as the resolution approved by the Superior Council of the Judicial Branch at session No. 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe application is summarily dismissed.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\nRLQ8ACREI8861\n\nCASE FILE No. 26-026715-0007-CO\n\nTelephone: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01)."
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