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  "id": "nexus-sen-1-0007-1419320",
  "citation": "Res. 29750-2026 Sala Constitucional",
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  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Mora administrativa en trámite de concesión municipal",
  "title_en": "Administrative delay in a municipal concession proceeding",
  "summary_es": "La Sala Constitucional rechazó de plano un amparo presentado por la demora de la Municipalidad de Osa en resolver una solicitud de concesión sobre una parcela en Rocas de Amancio, Dominicalito, y por las respuestas e información brindadas durante el trámite. La mayoría consideró que la disconformidad con las respuestas municipales corresponde a la vía de legalidad ordinaria. También sostuvo que determinar si la Administración incumplió los plazos para resolver es una cuestión de legalidad que puede plantearse ante la jurisdicción contencioso-administrativa, y que la mora alegada no encaja en este caso en las excepciones que permitirían conocerla mediante amparo. La resolución señaló que esa jurisdicción ofrece mecanismos expeditos para proteger las situaciones jurídicas de las personas administradas. El magistrado Castillo Víquez añadió una nota separada que respalda la posición mayoritaria. El magistrado Cruz Castro salvó el voto respecto del artículo 41 constitucional: sostuvo que la mora administrativa puede lesionar el derecho a una justicia pronta y cumplida y ser tutelable por la Sala. La decisión no resolvió el fondo de la solicitud de concesión.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) summarily rejected an amparo application concerning the Municipality of Osa’s delay in deciding a concession application for a parcel in Rocas de Amancio, Dominicalito, and the responses and information provided during the proceeding. The majority considered that disagreement with the municipal responses belongs in the ordinary legality route. It also held that deciding whether the Administration missed statutory deadlines is a legality issue that may be brought before the administrative-litigation jurisdiction, and that the alleged delay does not fall within the exceptions that would allow it to be heard through amparo in this case. The ruling noted that this jurisdiction offers expedited mechanisms to protect the legal positions of persons subject to administrative action. Justice Castillo Víquez added a separate note supporting the majority’s position. Justice Cruz Castro dissented on the issue under Article 41 of the Constitution: he argued that administrative delay may infringe the right to prompt and effective justice and may be protected by the Chamber. The decision did not resolve the merits of the concession application.",
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    "concesión municipal",
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    "Municipalidad de Osa",
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  "excerpt_es": "Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material -esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para los recurrentes.\n\nConsecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle a las partes gestionantes que si a bien lo tienen pueden acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.",
  "excerpt_en": "It is evident that determining whether the public Administration complies with the deadlines set by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or by sectoral laws for special administrative proceedings, to issue a final decision in an administrative proceeding—initiated ex officio or at a party’s request—or to hear the applicable administrative remedies, is plainly an ordinary legality issue. It may henceforth be disputed and decided before the administrative-litigation jurisdiction, applying principles that inform constitutional jurisdiction, such as representative standing, the possibility of appearing without legal counsel, and fee waiver for applicants.\n\nConsequently, the application must be summarily rejected, and the applicants must be advised that they may, if they wish, resort to the administrative-litigation jurisdiction.",
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    "label_en": "Summarily rejected",
    "label_es": "Rechazado de plano",
    "summary_en": "The Chamber summarily rejected the amparo application and indicated that challenges to the municipal responses and delay in deciding the concession proceeding may be brought before the administrative-litigation jurisdiction; Justice Cruz Castro dissented on protection against delay under Article 41.",
    "summary_es": "La Sala rechazó de plano el amparo y señaló que las objeciones sobre las respuestas municipales y la demora en resolver el trámite de concesión pueden plantearse ante la jurisdicción contencioso-administrativa; el magistrado Cruz Castro salvó el voto sobre la tutela de la mora bajo el artículo 41."
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      "quote_en": "In sum, the new administrative-litigation jurisdiction is a suitable avenue, given its features of simplicity, speed, and promptness, for the effective protection of the substantive legal positions of persons subject to administrative action.",
      "quote_es": "En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados"
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    {
      "context": "Voto salvado del magistrado Cruz Castro",
      "quote_en": "On the contrary, I consider that one of the rights this jurisdiction is called upon to protect is the right to prompt and effective justice, expressly enshrined in Article 41 of the Constitution.",
      "quote_es": "Por el contrario, estimo que uno de los derechos que esta jurisdicción se encuentra llamada a tutelar es el de la justicia pronta y cumplida, expresamente consagrado en el artículo 41 constitucional."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1419320",
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  "body_es_text": "Revisión del Documento\n\n\n\nEXPEDIENTE N° 26-027040-0007-CO \n\nPROCESO: RECURSO DE AMPARO\n\nRESOLUCIÓN Nº 2026029750\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del cuatro de agosto de dos mil veintiseis .\n\n Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, a favor de Nombre02, cédula de identidad CED02, contra la MUNICIPALIDAD DE OSA.\n\nResultando:\n\n 1.- Por escrito agregado al Sistema de Gestión de Despachos Judiciales de esta Sala a las 08:44 horas del 28 de julio de 2026, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la MUNICIPALIDAD DE OSA, a favor de Nombre02, y manifiesta que: “Primero. Desde el año 2020, la señora Nombre02 mantiene activa ante la Municipalidad de Osa una solicitud de concesión relativa a una parcela ubicada en Rocas de Amancio, Dominicalito, Osa. Segundo. Durante la tramitación, la amparada ha cumplido con las actualizaciones periódicas del expediente y ha atendido las gestiones que le han sido comunicadas. No existe abandono de su parte. Tercero. El 4 de julio de 2023 se publicó el edicto correspondiente en La Gaceta número 120, con el plazo para que terceros con derechos subjetivos o intereses legítimos formularan oposición. Cuarto. El 7 de marzo de 2024, el Departamento de Zona Marítimo Terrestre certificó que no se presentó oposición durante el trámite. Quinto. El 4 de julio de 2024, la amparada presentó una gestión ante el Concejo Municipal para solicitar la continuación del procedimiento. En sesión ordinaria número 11-2024-2028, celebrada el 10 de julio de 2024, el Concejo acordó recibir la información y trasladarla al Departamento de Zona Marítimo Terrestre. Sexto. Pese al traslado acordado, transcurrió un periodo prolongado sin que el Departamento remitiera a la amparada una respuesta completa ni un informe que permitiera conocer el avance real del expediente. Sétimo. El 3 de marzo de 2026, la amparada sostuvo una reunión presencial con la ingeniera Daniela López Rivera, funcionaria encargada de Zona Marítimo Terrestre. En esa oportunidad se le indicó que se había gestionado el avalúo y que la presentación del perfil o anteproyecto se encontraba pendiente. Octavo. El 8 de marzo de 2026, la amparada remitió el anteproyecto solicitado. Después realizó gestiones de seguimiento por correo electrónico y por teléfono para conocer el resultado de su revisión, sin recibir respuesta formal que definiera el estado del trámite. Noveno. El 24 de abril de 2026, ante la falta de información clara, la amparada se presentó personalmente ante la Municipalidad. El funcionario Jeffry Ruiz González le indicó que se estaba preparando un compendio de requisitos. Décimo. El 27 de abril de 2026, la Municipalidad remitió una tabla o guía para la presentación del perfil de proyecto. La amparada solicitó aclaraciones sobre su aplicación concreta en el expediente. Decimo primero. El 1 de junio de 2026, la amparada dirigió una nueva comunicación a la ingeniera Daniela López Rivera, en la que solicitó una aclaración respecto de los requisitos y del estado del expediente. Esa gestión no obtuvo una respuesta formal, completa y congruente. Décimo segundo. Posteriormente, la Municipalidad informó por correo que el avalúo había sido realizado satisfactoriamente, pero que no era posible calcular correctamente el canon anual debido a supuestas inconsistencias entre el plano de catastro número P-14990-2023 y el Plan Regulador del sector. Décimo tercero. La comunicación referida no precisó cuáles eran las inconsistencias, qué actuación concreta debía realizar la amparada, qué dependencia debía resolverlas ni en qué plazo se emitiría una decisión. Tampoco se entregó copia íntegra del avalúo ni del informe técnico que sustentaría dicha afirmación. Décimo cuarto. La amparada solicitó acceso al avalúo y a la información relevante del expediente. A la fecha de interposición del presente recurso, no cuenta con copia integral de dicho documento ni con una resolución motivada que justifique su falta de entrega. Décimo quinto. El procedimiento lleva aproximadamente seis años sin una decisión final. La Administración tampoco ha emitido un acto formal que identifique de manera definitiva los aspectos pendientes, establezca el curso procedimental y permita a la administrada ejercer los recursos o acciones que correspondan. Décimo sexto. La omisión es actual y continuada. La amparada permanece sometida a una situación de incertidumbre administrativa que no puede superar por sus propios medios, pues la información y el expediente se encuentran bajo la custodia exclusiva de la Municipalidad recurrida”. Considera violentados los derechos fundamentales de la amparada. Solicita que se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley y que se le ordene a la autoridad recurrida resolver lo gestionado en un plazo razonable, remitir copia certificada e íntegra del expediente administrativo, incluyendo la bitácora de movimientos, gestiones de la amparada, acuerdos del Concejo, comunicaciones internas, avalúo, informes técnicos, criterios legales, prevenciones y cualquier documento relativo a las supuestas inconsistencias entre el plano catastrado y el Plan Regulador, y como medida cautelar ordenar a la Municipalidad de Osa, que mientras se tramita este recurso, se abstenga de archivar el expediente, declararlo abandonado, destruir o separar documentación, o imponer consecuencias desfavorables por la falta de cumplimiento de actuaciones que no hayan sido comunicadas formalmente.\n\n 2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. \n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y, \n\nConsiderando:\n\n \n\n I.-OBJETO DEL RECURSO. El recurrente señala que la amparada mantiene activa ante la Municipalidad de Osa una solicitud de concesión relativa a una parcela ubicada en Rocas de Amancio, Dominicalito, Osa, ha cumplido con las actualizaciones periódicas del expediente y ha atendido las gestiones que le han sido comunicadas. Indica que, el 4 de julio de 2024, la amparada presentó una gestión ante el Concejo Municipal para solicitar la continuación del procedimiento y a pesar de las gestiones interpuestas y el cumplimiento de los requisitos solicitados, la municipalidad recurrida informó por correo, que el avalúo había sido realizado satisfactoriamente, pero que no era posible calcular correctamente el canon anual debido a supuestas inconsistencias entre el plano de catastro número P-14990-2023 y el Plan Regulador del sector, sin especificar dicha disposición, a pesar de que el procedimiento lleva aproximadamente seis años sin una decisión final. La Administración tampoco ha emitido un acto formal que identifique de manera definitiva los aspectos pendientes, que establezca el curso procedimental y que permita a la administrada ejercer los recursos o acciones que correspondan. Situación por la cual solicita la intervención de esta sede constitucional.\n\nII.- CASO CONCRETO. De lo alegado por la parte recurrente y de la prueba aportada, se observa que existe una disconformidad con las respuestas brindadas por las autoridades recurridas de la Municipalidad de Osa, cuya discusión resulta ajena al ámbito de competencia de esta jurisdicción. En este sentido, cabe advertir que este Tribunal no es contralor de la legalidad de las actuaciones o disposiciones de la Administración ni debe suplantar a los despachos públicos en la resolución de los asuntos que, por su naturaleza y por mandato de la Ley, deban ser resueltos por ellos, de modo que no le corresponde determinar la procedencia de lo dispuesto por la Municipalidad de Osa. De tal forma, que dicha desavenencia deberá ser tramitada ante la vía de legalidad correspondiente. Por otra parte, respecto al \n\nIII. SOBRE LA MORA ADMINISTRATIVA. En cuanto a la alegada falta de resolución definitiva en el procedimiente en cuestión, cabe indicar que no se enmarca en el derecho de petición, acceso a la información ni se encuentra dentro de los supuestos de excepción establecidos en lo atinente a una justicia pronta y cumplida. Por el contrario, la acusada dilación y omisiones constituirían, de ser el caso, una violación a lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política, motivo por el cual el amparo resulta inadmisible, de conformidad con las siguientes consideraciones. \n\nIII.- NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infraconstitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súperlegalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad -y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o \"amparo de legalidad\", los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.\n\n IV.- VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS PAUTADOS POR LEY PARA RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: CUESTIÓN EVIDENTE DE LEGALIDAD ORDINARIA. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material -esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para los recurrentes. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle a las partes gestionantes que si a bien lo tienen pueden acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. \n\n V.- NOTA SEPARADA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nVI.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO CRUZ CASTRO. Si bien en el pasado he sostenido el criterio de mayoría del Tribunal, bajo una mejor ponderación de los derechos fundamentales que se reclaman, estimo que la mora administrativa constituye una lesión a una garantía procesal fundamental, razón por la que cambio el criterio que había expuesto, admitiendo la posible infracción al derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida, separándome de la visión de la mayoría del Tribunal, en el sentido que -salvo contadas excepciones- este tipo de reproches deben resolverse en la jurisdicción contenciosa administrativa. Por el contrario, estimo que uno de los derechos que esta jurisdicción se encuentra llamada a tutelar es el de la justicia pronta y cumplida, expresamente consagrado en el artículo 41 constitucional. Ello conforme al ámbito de competencia asignado a este Tribunal en materia de protección a derechos fundamentales, en atención a lo dispuesto en los artículos 10 y 48 de la Constitución Política. Si bien, entiendo la importancia de las reformas de la jurisdicción contencioso administrativa a partir de la vigencia de la Ley 8508 del veinticuatro de abril de dos mil seis, lo cierto es que dicha situación no justifica la remisión a dicha instancia de los asuntos que versan sobre materia que es competencia de esta Sala, la cual ha demostrado a lo largo de los años que es un medio célere y efectivo para la tutela de los derechos fundamentales de los habitantes del país.\n\nVII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe rechaza de plano el recurso. El magistrado Castillo Víquez pone nota y el Mag. Cruz Castro salva el voto, únicamente en relación con lo dispuesto sobre el artículo 41 constitucional. \n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n NPYHA6UYYYS61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-027040-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01).",
  "body_en_text": "Document Review\n\n\n\nCASE FILE No. 26-027040-0007-CO\n\nPROCEEDING: AMPARO APPLICATION\n\nRULING No. 2026029750\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at 9:25 a.m. on 4 August 2026.\n\nAmparo application filed by Nombre01, identity card CED01, on behalf of Nombre02, identity card CED02, against the MUNICIPALITY OF OSA.\n\nBackground:\n\n1.- In a brief added to this Chamber’s Judicial Chambers Management System at 08:44 on 28 July 2026, the applicant files an amparo application against the MUNICIPALITY OF OSA on behalf of Nombre02 and states: “First. Since 2020, Ms. Nombre02 has had an active concession application before the Municipality of Osa concerning a parcel located in Rocas de Amancio, Dominicalito, Osa. Second. During its processing, the amparo beneficiary has complied with the periodic updates to the case file and has attended to the actions communicated to her. She has not abandoned it. Third. On 4 July 2023, the corresponding notice was published in La Gaceta issue 120, setting a period for third parties with subjective rights or legitimate interests to file an objection. Fourth. On 7 March 2024, the Maritime Terrestrial Zone Department certified that no objection had been filed during the proceeding. Fifth. On 4 July 2024, the amparo beneficiary submitted a request to the Municipal Council seeking continuation of the procedure. At ordinary session number 11-2024-2028, held on 10 July 2024, the Council agreed to receive the information and forward it to the Maritime Terrestrial Zone Department. Sixth. Despite the agreed referral, a prolonged period elapsed without the Department sending the amparo beneficiary a complete response or a report that would allow her to know the actual progress of the case file. Seventh. On 3 March 2026, the amparo beneficiary held an in-person meeting with engineer Daniela López Rivera, the official in charge of the Maritime Terrestrial Zone. On that occasion, she was told that the appraisal had been arranged and that submission of the project profile or preliminary proposal remained pending. Eighth. On 8 March 2026, the amparo beneficiary submitted the requested preliminary proposal. She later followed up by email and telephone to learn the outcome of its review, without receiving a formal response specifying the status of the proceeding. Ninth. On 24 April 2026, due to the lack of clear information, the amparo beneficiary appeared in person at the Municipality. Official Jeffry Ruiz González told her that a compilation of requirements was being prepared. Tenth. On 27 April 2026, the Municipality sent a table or guide for submitting the project profile. The amparo beneficiary requested clarification on how it applied specifically to her case file. Eleventh. On 1 June 2026, the amparo beneficiary sent a new communication to engineer Daniela López Rivera, requesting clarification regarding the requirements and the status of the case file. That request did not receive a formal, complete, and consistent response. Twelfth. The Municipality later reported by email that the appraisal had been completed satisfactorily, but that it was not possible to calculate the annual concession fee correctly because of alleged inconsistencies between cadastral plan number P-14990-2023 and the Regulatory Plan for the area. Thirteenth. The communication mentioned did not specify what the inconsistencies were, what specific action the amparo beneficiary should take, which department should resolve them, or the time within which a decision would be issued. Nor was she given a complete copy of the appraisal or the technical report that would support that assertion. Fourteenth. The amparo beneficiary requested access to the appraisal and relevant information in the case file. As of the date this amparo application was filed, she does not have a complete copy of that document or a reasoned decision justifying its non-delivery. Fifteenth. The procedure has been ongoing for approximately six years without a final decision. The Administration has also failed to issue a formal act definitively identifying the outstanding matters, establishing the procedural course, and allowing the person subject to the proceeding to exercise any applicable remedies or actions. Sixteenth. The omission is current and ongoing. The amparo beneficiary remains subject to a situation of administrative uncertainty that she cannot overcome on her own, since the information and case file are in the exclusive custody of the respondent Municipality.” The applicant considers the amparo beneficiary’s fundamental rights to have been violated. The applicant asks that the application be granted with the legal consequences thereof, and that the respondent authority be ordered to resolve the matter submitted within a reasonable time, send a certified and complete copy of the administrative case file, including the activity log, the amparo beneficiary’s requests, Council agreements, internal communications, appraisal, technical reports, legal opinions, notices to remedy deficiencies, and any document relating to the alleged inconsistencies between the cadastral plan and the Regulatory Plan; and, as an interim measure, order the Municipality of Osa, while this application is being processed, to refrain from archiving the case file, declaring it abandoned, destroying or separating documents, or imposing adverse consequences for failure to complete actions that have not been formally communicated.\n\n2.- Article 9 of the Constitutional Jurisdiction Act authorizes the Chamber to summarily dismiss, either at the outset or on the merits, at any time, including upon filing, any request submitted to it that proves manifestly inadmissible, or when it considers that there is sufficient evidence to dismiss it, or that it is simply a reiteration or reproduction of an identical or similar prior request that was dismissed.\n\nPrepared by Justice Castillo Víquez; and,\n\nReasons:\n\nI.- SUBJECT OF THE APPLICATION. The applicant states that the amparo beneficiary has an active concession application before the Municipality of Osa concerning a parcel located in Rocas de Amancio, Dominicalito, Osa, and has complied with the periodic updates to the case file and attended to the actions communicated to her. The applicant indicates that, on 4 July 2024, the amparo beneficiary submitted a request to the Municipal Council seeking continuation of the procedure and that, despite the requests submitted and compliance with the requirements, the respondent Municipality reported by email that the appraisal had been completed satisfactorily, but that it was not possible to calculate the annual concession fee correctly because of alleged inconsistencies between cadastral plan number P-14990-2023 and the Regulatory Plan for the area, without specifying that provision, even though the procedure has been ongoing for approximately six years without a final decision. The Administration has also failed to issue a formal act definitively identifying the outstanding matters, establishing the procedural course, and allowing the person subject to the proceeding to exercise any applicable remedies or actions. For this reason, the applicant requests the intervention of this constitutional court.\n\nII.- THE CASE. The allegations of the applicant and the evidence submitted show that there is disagreement with the responses provided by the respondent authorities of the Municipality of Osa, a matter whose discussion falls outside this jurisdiction’s competence. In this regard, it should be noted that this Court does not oversee the legality of the Administration’s actions or provisions, nor should it supplant public offices in resolving matters that, by their nature and by law, they must resolve. Accordingly, it is not for this Court to determine whether the Municipality of Osa’s decision was proper. That disagreement must therefore be pursued through the appropriate legality proceedings. As for\n\nIII. ADMINISTRATIVE DELAY. Regarding the alleged failure to issue a final decision in the procedure in question, it should be noted that this does not fall within the right to petition or access to information, nor does it fall within the exceptions established concerning prompt and complete justice. Rather, the alleged delay and omissions would, if established, constitute a violation of Article 41 of the Political Constitution, which is why the amparo application is inadmissible, for the following reasons.\n\nIII.- THE NEW ADMINISTRATIVE JUSTICE SYSTEM: AN EXPEDITIOUS AND COMPLETE MECHANISM FOR THE PROTECTION OF ADMINISTRATORS’ SUBSTANTIVE LEGAL POSITIONS. Since its establishment, the Constitutional Chamber has applied broad admissibility criteria in view of the absence of expeditious and speedy procedural channels for protecting substantive legal positions grounded in the legal system below the Constitution, or in the legality framework, that are indirectly connected to fundamental rights and Constitutional Law. In this regard, it should not be lost from sight that, because of its supremacy, superlegality, and direct and immediate effect, the Constitution indirectly grounds any conceivable substantive legal position of individuals. However, upon reconsideration and following the enactment of the Administrative Litigation Procedure Code (Law No. 8508 of 24 April 2006) and its entry into force on 1 January 2008, it has become clear that litigants now have access to a plenary and universal administrative-litigation jurisdiction, which is highly expeditious and speedy because of the various procedural mechanisms that legislation incorporates into the legal system. These include shortened deadlines for carrying out the various procedural acts; broad standing; interim measures; an open-ended range of claims that may be brought; oral proceedings—and their subsidiary principles of concentration, immediacy, and expedition; a single instance with an appeal in expressly specified circumstances; in-proceeding conciliation; a unified proceeding; a preferred-track proceeding or “amparo of legality”; proceedings limited to questions of law; new enforcement measures (coercive fines, substitute or commissioner enforcement, attachment of assets in the fiscal domain and some in the public domain); the broad powers of the enforcement judges; extension and adaptation of the effects of precedent to third parties; and flexibility in cassation appeals. The evident aim and purpose of all these novel procedural institutions is to achieve procedural economy, expedition, promptness, and effective or complete protection of administrators’ substantive legal positions, all with safeguards for basic fundamental rights such as due process, the right of defense, and the adversarial process. In short, the new administrative-litigation jurisdiction is a suitable channel, given its new characteristics of simplicity, expedition, and promptness, for the effective protection of administrators’ substantive legal positions where evidence must be gathered or ordinary legality issues must be resolved.\n\nIV.- DETERMINING WHETHER THE DEADLINES SET BY LAW FOR RESOLVING ADMINISTRATIVE PROCEDURES HAVE BEEN MET: AN OBVIOUS QUESTION OF ORDINARY LEGALITY. It is evident that determining whether the public administration has complied with the deadlines established by the General Public Administration Act (Articles 261 and 325) or by sectoral laws governing special administrative procedures, either to resolve an administrative procedure by final act—whether initiated ex officio or at a party’s request—or to hear the applicable administrative remedies, is an obvious question of ordinary legality. Going forward, it may be debated and resolved before the administrative-litigation jurisdiction, applying the principles that inform constitutional jurisdiction, such as derivative standing, the possibility of self-representation—that is, appearing without counsel—and fee waivers for applicants. Consequently, the application must be summarily dismissed, and the parties who submitted it are advised that they may, if they so wish, resort to the administrative-litigation jurisdiction.\n\nV.- SEPARATE NOTE BY JUSTICE CASTILLO VÍQUEZ. I have supported this Court’s position that when a litigant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in administrative proceedings, the dispute must be heard by the Administrative Litigation Courts and not by this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, the Petition Rights Regulation Act, it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo application provided for in Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Act, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in cases where the petitioner considers that the Administration’s material conduct, its administrative acts, or its response are affecting the petitioner’s fundamental rights. In my view, the recently enacted legislation does not require this Court to change its line of precedent; under Article 7 of its Act, this Court is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those constitutional legal disputes that this same Chamber has recognized as exceptional cases that may indeed be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo proceeding, in all other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on 22 February 2008), the competent authorities are the judges of the administrative-litigation jurisdiction. All of this is consistent with Article 25 of the American Convention on Human Rights, Constitutional Law (values, principles, and rules), and the applicable legal rules, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\nVI.- DISSENTING OPINION BY JUSTICE CRUZ CASTRO. Although in the past I have upheld the Court majority’s position, upon better weighing the fundamental rights claimed, I consider that administrative delay constitutes an infringement of a fundamental procedural guarantee. For that reason, I am changing the position I previously expressed and recognize the possible violation of the right to prompt and complete administrative justice, departing from the Court majority’s view that—except in a few cases—this kind of complaint must be resolved in the administrative-litigation jurisdiction. On the contrary, I consider that one of the rights this jurisdiction is called upon to protect is that of prompt and complete justice, expressly enshrined in Article 41 of the Constitution. This is consistent with the jurisdiction assigned to this Court to protect fundamental rights under Articles 10 and 48 of the Political Constitution. Although I understand the importance of the reforms to the administrative-litigation jurisdiction following the entry into force of Law 8508 of 24 April 2006, that circumstance does not justify referring matters concerning issues within this Chamber’s competence to that forum. Over the years, this Chamber has shown itself to be an expeditious and effective means of protecting the fundamental rights of the country’s inhabitants.\n\nVII.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. The parties are advised that any paper documents they may have submitted, as well as any objects or evidence contained on an additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, must be collected from the court within a maximum period of 30 business days from notification of this judgment. Otherwise, any such material not collected within that period will be destroyed, pursuant to the “Regulation on Electronic Case Files before the Judiciary,” approved by the Full Court at session No. 27-11 of 22 August 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin issue 19 of 26 January 2012, as well as the agreement approved by the Supreme Judicial Council at session No. 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe application is summarily dismissed. Justice Castillo Víquez files a separate note, and Justice Cruz Castro dissents solely with respect to the ruling on Article 41 of the Constitution.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\nNPYHA6UYYYS61\n\nCASE FILE No. 26-027040-0007-CO\n\nTelephone: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01)."
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