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  "id": "nexus-sen-1-0007-1419417",
  "citation": "Res. 29929-2026 Sala Constitucional",
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  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Respuesta tardía a consulta sobre concesión costera",
  "title_en": "Late Response to Coastal Concession Inquiry",
  "summary_es": "La Sala Constitucional tuvo por acreditado que la Municipalidad de Nandayure respondió el 28 de julio de 2026 a la consulta del 6 de mayo sobre el estado de varias gestiones vinculadas con una concesión en la Zona Marítimo Terrestre, después de que se notificara el curso del amparo. Declaró parcialmente con lugar el recurso únicamente por la falta de respuesta oportuna a esa consulta. Rechazó los reclamos por falta de resolución definitiva de la concesión y por otras gestiones que calificó como exhortativas, indicando que la legalidad de la demora en resolver el trámite puede discutirse en la jurisdicción contencioso-administrativa. La mayoría no impuso costas, daños ni perjuicios. Hubo votos salvados parciales sobre la condenatoria indemnizatoria y un voto salvado respecto de la competencia para conocer reclamos de justicia administrativa pronta y cumplida.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) found that the Municipality of Nandayure answered on 28 July 2026 the 6 May inquiry about the status of several steps related to a concession in the Maritime-Terrestrial Zone, after notice that the amparo proceeding had been admitted. It partially granted the amparo application solely because that inquiry had not received a timely response. It rejected the claims concerning the absence of a final decision on the concession and other communications it characterized as exhortations, stating that the legality of the delay in deciding the application may be contested in the administrative-litigation jurisdiction. The majority imposed no costs, damages, or compensation. There were partial dissents on the award of compensation and a dissent concerning the Chamber's jurisdiction over claims of prompt and effective administrative justice.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "06/08/2026",
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    "recurso de amparo",
    "Zona Marítimo Terrestre",
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    "Municipalidad de Nandayure",
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  "excerpt_es": "Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en cuanto a la falta de respuesta al requerimiento del 06 de mayo de 2026, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nEn lo demás, se declara sin lugar el recurso.",
  "excerpt_en": "The amparo is partially granted, solely as to the failure to respond to the request of 6 May 2026, with no special award of costs, damages, or compensation.\n\nIn all other respects, the amparo is denied.",
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    "summary_en": "The amparo was granted solely for the failure to respond promptly to the 6 May 2026 inquiry; it was denied in all other respects, and the majority imposed no costs, damages, or compensation.",
    "summary_es": "Se acogió el amparo únicamente por la falta de respuesta oportuna a la consulta del 6 de mayo de 2026; en lo demás se declaró sin lugar y la mayoría no impuso costas, daños ni perjuicios."
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      "quote_es": "La falta de respuesta acusada no conlleva a una lesión al artículo 27, de la Constitución Política, como tampoco a los ordinales 30 y 41, de la misma Carta Fundamental."
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      "quote_en": "For these reasons, the amparo should be granted on the terms set out in the operative part of this judgment, but without an award of costs, damages, or compensation.",
      "quote_es": "Por lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso, en los términos dispuestos en la parte dispositiva de esta sentencia, pero sin condenatoria en costas, daños o perjuicios"
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  "body_es_text": "Revisión del Documento\n\n\n\nExp: 26-023347-0007-CO \n\nRes. Nº 2026029929\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del seis de agosto de dos mil veintiseis .\n\n \n\nRecurso de amparo que se tramita en expediente N° 26-023347-0007-CO, interpuesto por Nombre04, cédula de identidad CED01, contra la MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE.\n\nRESULTANDO:\n\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a 11:46 horas del 29 de junio de 2026, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Nandayure, y manifiesta que el 10 de julio de 2018, presentó solicitud de concesión sobre el lote 87-A, ubicado en Playa San Miguel, Nandayure. Afirma que, el 29 de mayo de 2025, la Comisión de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Nandayure acordó archivar los expedientes de la señora Nombre01 y del señor Nombre05, así como dar continuidad a su solicitud de concesión. Alude que, el Concejo de Nandayure, en sesión ordinaria N° 59 del 16 de junio de 2025, acordó trasladar dichos expedientes a la Alcaldía para las actuaciones correspondientes, lo cual fue comunicado mediante el oficio N°SCM.DC-ZMT 07-59-2025 del 26 de junio de 2025. Menciona que el 16 de julio de 2025, solicitó formalmente al alcalde que emitiera las resoluciones necesarias para formalizar el archivo de los expedientes indicados, requisito indispensable para continuar con el trámite de concesión. Acota que realizó varias gestiones de seguimiento mediante correos electrónicos, notas formales, solicitud ante la Vicealcaldía y gestión ante el Concejo, sin obtener respuesta formal. Alude que, mediante oficio N°SCM.LC-05-95-2026 del 25 de febrero de 2026, el concejo comunicó que el asunto se encontraba en la Alcaldía y que, una vez finalizada la revisión, se realizaría la notificación correspondiente. Señala que el 06 de marzo de 2026 sostuvo una reunión con el Alcalde, quien indicó que resolvería la solicitud en un plazo aproximado de dos meses. Esgrime que, vencido dicho plazo, el 06 de mayo de 2026 presentó nueva nota solicitando que se le informara, por escrito, el estado actual del trámite de archivo de los expedientes de la señora Nombre01 y del señor Nombre05, y solicitó que se le indicara si dichas resoluciones ya habían sido emitidas; en caso contrario, las razones de la demora, el plazo concreto para resolver y si existía algún impedimento administrativo o legal que afectara la continuidad del trámite. Acusa que, a la fecha de interposición de este recurso, no ha obtenido una respuesta. Con base en los alegatos expuestos, estima que, con las actuaciones acusadas, se están vulnerando derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley.\n\n2.- Por resolución de las 21:57 horas del 03 de julio de 2026, la Presidencia de la Sala da curso al presente proceso y concede audiencia al Alcalde y al Presidente del Concejo; ambos de la Municipalidad de Nandayure, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.\n\n3.- Según constancia emitida el 27 de julio de 2026 por el Técnico Judicial 3 a.i., encargado de la tramitación de este expediente y la Secretaria a.i.; ambos funcionarios de la Sala Constitucional, del 20 al 22 de julio de 2026, ni el Alcalde ni el Presidente del Concejo de la Municipalidad de Nandayure rindieron el informe requerido por este Tribunal en la resolución de las 21:57 horas del 03 de julio de 2026.\n\n4.- Por escritos incorporados al expediente digital el 28 de julio de 2026, informan de forma extemporánea Teddy Osvaldo Zúñiga Sánchez y Karla Tatiana Baltodano Sequeira, por su orden Alcalde y Presidenta del Concejo; ambos de la Municipalidad de Nandayure.\n\n 5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- CUESTIÓN PREVIA. En vista de que las autoridades recurridas omitieron rendir el informe requerido dentro del plazo fijado por este Tribunal en la resolución de curso de este proceso, se procede a resolver el recurso según lo dispuesto en el artículo 45, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y tomando en consideración los elementos probatorios que constan en los autos.\n\nII.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente alega que desde el año 2018, solicitó ante la Municipalidad de Nandayure otorgar una concesión para el uso de Zona Marítimo Terrestre, la cual no ha sido resuelta. Por ello, ha enviado distintas misivas; concretamente, el 06 de mayo del año en curso, consultó sobre el estado del procedimiento. No obstante, a la fecha de interposición de este recurso, no se había brindado respuesta.\n\nIII.- HECHOS PROBADOS. Se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de importancia para la resolución del presente asunto:\n\na) El 10 de julio de 2018, el recurrente presentó un formulario de solicitud de concesión ante la Municipalidad de Nandayure (véase prueba aportada).\n\nb) Mediante nota fechada 16 de julio de 2025, el recurrente indicó: “Por este medio me permito solicitar, muy respetuosamente, su valiosa colaboración para que pueda darse continuidad al trámite de concesión del lote 87-A en Playa San Miguel, conforme a lo establecido en los acuerdos municipales recientes (…)”. Esa nota fue atendida el 28 de julio de 2025, por parte del Asistente Técnico de la Alcaldía de Nandayure, indicando: “La Alcaldía de Nandayure, por medio del alcalde Teddy Osvaldo Zúñiga Sánchez, emite respuesta al señor Nombre04 respecto al trámite de solicitud de concesión del lote 87-A de Playa San Miguel, informando que no se han dictado resoluciones de archivo ni desestimación y que la continuidad del proceso está sujeta a la alta carga del departamento legal, situación que se mitigará mediante el reclutamiento en curso de un Coordinador de Zona Marítimo Terrestre (…)” (véase prueba aportada).\n\nc) El 12 de agosto de 2025, el representante legal del recurrente remitió un correo a la dirección electrónica ...02 consultando: “Me dirijo a usted respetuosamente para hacer seguimiento a la nota formal que le fue remitida el pasado 16 de julio de 2025, en relación con el trámite de concesión del lote 87-A en Playa San Miguel, expediente a nombre del señor Nombre03. En dicha comunicación se solicitó su valiosa colaboración para que, conforme a los acuerdos tomados por la Comisión de Zona Marítimo Terrestre y el Concejo Municipal, se emitieran las resoluciones necesarias para archivar formalmente los expedientes de las solicitudes previas de la señora Nombre02 y el señor Nombre05, lo que permitiría dar curso al trámite de concesión presentado por mi representado, siguiendo el principio “primero en tiempo, primero en derecho”. A la fecha, no hemos recibido respuesta oficial a dicha gestión. Por ello, le agradeceríamos mucho si pudiera indicarnos el estado actual del trámite y, en caso de ser necesario, hacernos saber si se requiere información adicional de nuestra parte para continuar con el proceso (…)” (véase prueba aportada).\n\nd) El 25 de agosto de 2025, el representante legal del tutelado remitió un correo a las direcciones electrónicas ...01 y ...05, señalando: “Me permito dirigirme a ustedes en representación del señor Nombre03, solicitante de concesión del lote 87-A en Playa San Miguel. Entendemos y valoramos que la agenda del señor alcalde, don Teddy Zúñiga Sánchez, es sumamente recargada y que son muchas las gestiones que demandan de su atención. No obstante, respetuosamente solicitamos su apoyo para que este trámite también pueda ser atendido, ya que se encuentra detenido a la espera de las resoluciones que corresponde emitir a la Alcaldía, conforme lo dispusieron tanto la Comisión de Zona Marítimo Terrestre como el Concejo Municipal. Cabe señalar que ya ha transcurrido más de un mes desde que, el 16 de julio de 2025, se presentó formalmente ante la Alcaldía la nota correspondiente, la cual fue debidamente recibida. Posteriormente, se envió también un correo electrónico de seguimiento, reiterando la solicitud y adjuntando copia del recibido. Sin embargo, a la fecha no hemos recibido respuesta oficial. En razón de lo anterior, agradeceríamos mucho su colaboración conversando con el señor alcalde sobre este asunto y facilitando que se brinde una resolución a la mayor brevedad posible, de manera que el expediente de mi representado pueda continuar su curso conforme a derecho (…)” (véase prueba aportada).\n\ne) El 03 de septiembre de 2025, el tutelado presentó una gestión ante la Municipalidad de Nandayure, en la que solicitó: “acudo respetuosamente a su despacho para solicitar que, en su calidad de Vicealcaldesa, pueda disponer las gestiones correspondientes que permitan dar continuidad a mi expediente, conforme a derecho y en apego a lo acordado por la Comisión de Zona Marítimo Terrestre y el Concejo Municipal (…)” (véase prueba aportada).\n\nf) El 19 de septiembre de 2025, se remitió un correo electrónico a nombre del recurrente, por parte de su representante legal, a la dirección electrónica ...04 indicando: “En mi condición de abogado y representante del señor Nombre03, me permito dirigirme a usted para dar un cordial seguimiento a la nota de fecha 01 de setiembre de 2025, recibida por su despacho el 03 de setiembre del presente año, relacionada con el trámite de concesión del lote 87-A en Playa San Miguel. Como recordará, en esa ocasión se expusieron los antecedentes que respaldan la continuidad del expediente y se solicitó respetuosamente su apoyo para que el trámite pueda avanzar. Sin embargo, hasta el momento no hemos recibido comunicación oficial sobre el estado de la gestión, por lo que agradecería mucho si pudiera compartirnos alguna actualización. (Adjunto recibo de carta) Quedamos atentos y en la mejor disposición de colaborar en todo lo que sea necesario para facilitar la debida atención del trámite. Agradezco de antemano el tiempo y la valiosa atención que pueda brindar al asunto” (véase prueba aportada).\n\ng) El 17 de febrero de 2026, el amparado presentó una gestión ante el Concejo Municipal de Nandayure, requiriendo: “respetuosamente solicito a este Honorable Concejo Municipal interponga sus buenos oficios ante la Alcaldía Municipal a fin de que se cumpla lo dispuesto en el inciso 7), artículo V, de la sesión ordinaria N.°59 celebrada el 16 de junio de 2025 y se proceda a: 1. Emitir las resoluciones formales de archivo de los expedientes indicados. 2. Permitir la continuidad efectiva del trámite de concesión (…)”. Esa gestión fue atendida mediante el oficio N°SCM-LC-05-95-2026, de fecha 25 de febrero de 2026, por parte del Concejo Municipal de Nandayure (véase prueba aportada).\n\nh) El 06 de mayo de 2026, la parte recurrente presentó ante la Municipalidad de Nandayure una gestión en la que solicitó: “le solicitamos se nos informe: 1. Si ya fue emitida la resolución formal de archivo del expediente de la señora Nombre01. 2. Si ya fue emitida la resolución de archivo o desestimación del expediente del señor Nombre05. 3. En caso de que dichas resoluciones aún no hayan sido emitidas, se nos indique la razón de la demora y el plazo concreto en que serán resueltas. 4. Si existe algún impedimento administrativo o legal que esté afectando la continuidad del trámite de concesión del lote 87-A de Playa San Miguel (…)” (véase prueba aportada).\n\ni) La resolución de las 21:57 horas del 03 de julio de 2026, la cual dio curso a este proceso, fue notificada a las autoridades recurridas el 17 de julio de 2026 (véanse actas de notificación).\n\nj) Mediante el oficio N° AMN-0458-2026, de fecha 28 de julio de 2026, la Alcaldía de la Municipalidad de Nandayure atendió la gestión de la parte recurrente, indicando: “En atención a su respetuosa solicitud, mediante la cual nos requiere que se le indique sobre el trámite de concesión del lote 87-A de Playa San Miguel. Sobre los puntos 1 y 2 (Emisión de resoluciones de archivo): Le informamos que, a la fecha de emisión de este oficio, no han sido emitidas las resoluciones de archivo ni de desestimación de ninguno de los dos expedientes administrativos consultados. Sobre el punto 3 (Razones de la demora y plazo de resolución): La dilación en la emisión de los actos administrativos correspondientes obedece a que esta oficina enfrenta actualmente un alto volumen de expedientes administrativos en trámite. La naturaleza de estos procedimientos exige, en la gran mayoría de los casos, un riguroso acompañamiento legal. En este momento, los abogados de planta de la institución se encuentran atendiendo una carga considerable de tareas prioritarias, que incluyen la atención de múltiples demandas judiciales, recursos de amparo, emisión de criterios técnicos, así como la creación y revisión de normativa interna. Como una medida correctiva e institucional para acelerar e impulsar decididamente estos procedimientos de concesión, les informamos que se encuentra en proceso activo de reclutamiento el puesto de Coordinador de Zona Marítimo Terrestre (recientemente se aplicaron las entrevistas y pruebas de conocimiento), cuyo perfil formal exige el requisito de ser profesional en Derecho. Con la incorporación de este nuevo recurso, prevemos optimizar los tiempos de respuesta sustancialmente. Respecto a la fijación de una fecha concreta, no es posible indicarle un plazo exacto en este momento, debido a que existen otros expedientes en proceso que ingresaron con anterioridad y deben atenderse también. Sobre el punto 4 (Impedimentos en el lote 87-A de Playa San Miguel): Derivado de lo expuesto en los puntos anteriores, el trámite de concesión del lote 87-A de Playa San Miguel no presenta un impedimento legal anómalo o ajeno al proceso, sino que su continuidad se encuentra directamente supeditada a la resolución de los expedientes previos y a la alta carga administrativa y operativa descrita, la cual se está mitigando con el reforzamiento del departamento legal antes mencionado (…)”. Dicho oficio fue notificado el 28 de julio de 2026, a las direcciones electrónicas ...03 y ...06 (véase prueba aportada).\n\n IV.- SOBRE LOS DERECHOS DE INFORMACIÓN, PETICIÓN Y PRONTA RESPUESTA. Este Tribunal ha señalado que el derecho de petición y pronta respuesta, encierra una doble vertiente, ya que implica no sólo el derecho que ostenta todo ciudadano para dirigirse a cualquier funcionario o entidad oficial, con el fin de exponer un asunto de su interés, o bien solicitar determinada información, sino además obliga a la Administración a recibir y responder las mismas dentro del plazo de diez días, de acuerdo con el artículo 27, de la Constitución Política, y el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Por lo anterior, debe emitir la respuesta oportuna, sin denegación de ninguna especie, empero cabe la excepción de que no pueda cubrir la petición dentro del plazo referido, en consecuencia, deberá comunicar la imposibilidad para resolver y fijará un plazo razonable dentro del cual atenderá la solicitud. Por su parte, el artículo 30, de la Constitución Política, recoge el derecho de las personas de acceder a la información de interés público en poder de las autoridades y -consecuentemente- el deber de éstas de entregar dicha información de forma inmediata si lo pedido está disponible y todo lo anterior sin perjuicio la existencia de posibles excepciones en las que la información debe reservarse en atención a la protección de derechos e intereses relevantes, reconocidos formalmente.\n\nV.- SOBRE LA SOLICITUD DE CONCESIÓN. Como primer agravio, el recurrente expone que, desde el año 2018, presentó un formulario para el otorgamiento de una concesión de uso en Zona Marítimo Terrestre, ante la Municipalidad de Nandayure, pero no ha sido resuelto.\n\nAhora bien, en cuanto a la acusada falta de resolución definitiva a la solicitud planteada, podría tratarse de una violación a lo dispuesto en el artículo 41, de la Constitución Política; sin embargo, el recurso resulta inadmisible, en tanto, desde la Sentencia N° 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala estableció:\n\n“I.- NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CELERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad –y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra- procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o “amparo de legalidad”, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso- administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.\n\nII.- VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS PAUTADOS POR LEY PARA RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: CUESTIÓN EVIDENTE DE LEGALIDAD ORDINARIA. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no con los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso- administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para el recurrente. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle al gestionante que si a bien lo tiene puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa (…)”.\n\n \n\nAsí las cosas, siendo que el precedente citador resulta plenamente aplicable al caso bajo estudio, podrá la parte recurrente, si a bien lo tiene, plantear sus reclamos en la vía ordinaria -administrativa o judicial- para que se resuelva lo que en derecho corresponda.\n\nVI.- SOBRE LAS GESTIONES DEL 16 DE JULIO, 25 DE AGOSTO, 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y 17 DE FEBRERO DE 2026. Como segundo reclamo, el recurrente asegura que ha remitido sendas misivas ante la autoridad recurrida, referentes al estado de la solicitud de concesión presentada. Entre ellas, aporta como prueba una nota fechada 16 de julio de 2025 -, en la que requirió: “Por este medio me permito solicitar, muy respetuosamente, su valiosa colaboración para que pueda darse continuidad al trámite de concesión del lote 87-A en Playa San Miguel, conforme a lo establecido en los acuerdos municipales recientes (…)”; una gestión presentada el 25 de agosto de 2025, solicitando: “No obstante, respetuosamente solicitamos su apoyo para que este trámite también pueda ser atendido, ya que se encuentra detenido a la espera de las resoluciones que corresponde emitir a la Alcaldía, conforme lo dispusieron tanto la Comisión de Zona Marítimo Terrestre como el Concejo Municipal (…). En razón de lo anterior, agradeceríamos mucho su colaboración conversando con el señor alcalde sobre este asunto y facilitando que se brinde una resolución a la mayor brevedad posible, de manera que el expediente de mi representado pueda continuar su curso conforme a derecho (…)”; una gestión de fecha 03 de septiembre de 2025, solicitando: “acudo respetuosamente a su despacho para solicitar que, en su calidad de Vicealcaldesa, pueda disponer las gestiones correspondientes que permitan dar continuidad a mi expediente, conforme a derecho y en apego a lo acordado por la Comisión de Zona Marítimo Terrestre y el Concejo Municipal (…)”; y, finalmente, una nota de fecha 17 de febrero de 2026, requiriendo: “respetuosamente solicito a este Honorable Concejo Municipal interponga sus buenos oficios ante la Alcaldía Municipal a fin de que se cumpla lo dispuesto en el inciso 7), artículo V, de la sesión ordinaria N.°59 celebrada el 16 de junio de 2025 y se proceda a: 1. Emitir las resoluciones formales de archivo de los expedientes indicados. 2. Permitir la continuidad efectiva del trámite de concesión (…)”.\n\nNo obstante, resulta necesario traer a colación lo dispuesto por esta Sala, mediante la Sentencia N° 2019-009283 de las 09:20 horas del 24 de mayo de 2019, mediante la cual se dispuso lo siguiente:\n\n“Este Tribunal, en un caso similar al presente presentado por el mismo recurrente, por Sentencia N° 2019-8998 de las 9:30 horas de 17 de mayo de 2019, resolvió en lo que interesa lo siguiente:\n\n“II.- SOBRE LA IMPROCEDENCIA DE ESTE RECURSO. En el sub judice, de la lectura del oficio ALFPUSC-14-OFI-173-2019, se constata que su propósito era solicitarle al accionado que, en concordancia con el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Ley Número 6815 del 27 de setiembre de 1982, le solicitara presurosamente a la Procuraduría General de la República interponer una acción de inconstitucionalidad contra las cláusulas abusivas, que de acuerdo con la valoración de la Contraloría, se pudieran encontrar en las convenciones colectivas nombradas en esa misma carta. De igual manera le solicitaba instar al Sr. Steven Núñez Rimola, Ministro de Trabajo, para que denunciara todas las convenciones colectivas mencionadas en la carta, y que se le remitiera copia de cada denuncia a las convenciones colectivas y de la solicitud al señor Procurador General. Por lo tanto, su propósito no era requerir información preconstituida, o exponer una denuncia o reclamo administrativo concreto, sino formular una excitativa o exhortación, siendo que, en los términos en que fue planteada, la petición se agotó con su sola presentación, sin que existiera propiamente una obligación correlativa de la parte accionada de responderla. De esta forma, es evidente que la falta de respuesta de la Presidencia de la República no ha quebrantado el artículo 27 de la Constitución Política, en forma concomitante con los ordinales 30 y 41 de la misma Carta Fundamental, como el recurrente lo alega. En consecuencia, el recurso es improcedente y así se declara”.\n\nIII.- En este caso, de la prueba aportada en autos se acreditó que el 26 de marzo de 2019, el recurrente, en su condición de Diputado, no solicitó información en los términos dispuestos en los artículos 27, 30 o 41, de la Constitución Política, al igual que en el precedente citado, sino que lo que gestionó fue que se realizara la donación definitiva del terreno matrícula folio real PRN01, plano de catastro N° 973314-91 a la Asociación Integral de Personas de la Tercera Edad, de Pavas, en atención a la publicación formal en La Gaceta del 20 de mayo de 2011, de la Ley N° 8940 del 4 de abril de 2011. En concreto, su gestión indicó lo siguiente:\n\n“Con fecha 20 de mayo del 2011 se publicó formalmente en el Diario Oficial la Ley 8940, aprobada el 4 de abril del mismo año y firmada por el ejecutivo el 10 de abril del mismo año Con esta ley se desafectó el terreno con matricula de folio real PRN02 con plano de catastro 973314-91 y se autorizó al Estado para donar ese terreno de su propiedad a la Asociación Integral de Personas de la Tercera Edad de Pavas.\n\nEn ese terreno se encuentra instalado actualmente el Centro Diurno del Adulto Mayor de Pavas, administrado por la mencionada asociación y en él se atiende un considerable número de adultos mayores en las instalaciones que se han construido con el esfuerzo de la comunidad de Pavas. La asociación realiza una loable actividad de bien comunal desde hace varios años y considero que como gobierno debemos apoyarla con todo nuestro esfuerzo.\n\nCon el fin de procurar el cumplimiento de la mencionada ley 8940, le solicitamos sus buenos oficios para que la donación aprobada en ley desde el 2011 se haga realidad a la brevedad posible y pueda el centro de adultos mayores contar con mayores posibilidades de ayuda social.\n\nAgradezco su gestión al respecto en consecuencia con los más altos intereses nacionales (…)”.\n\n \n\n Así, realizada una minuciosa lectura de los oficios remitidos por el recurrente, se desprende que las manifestaciones contenidas en esos documentos, más que peticiones simples o solicitudes de información, corresponden, en realidad, a una exhortativa, a fin de que las autoridades recurridas actúen conforme a lo pretendido por el tutelado, de modo que esta gestión se agotó con su sola presentación, sin que exista una obligación correlativa de la parte accionada de responderla. Ergo, la falta de respuesta acusada no conlleva a una lesión al artículo 27, de la Constitución Política, como tampoco a los ordinales 30 y 41, de la misma Carta Fundamental. Por lo tanto, el recurso debe ser desestimado, en lo que a estos extremos se refiere.\n\nVII.- SOBRE LAS GESTIONES DE FECHA 12 DE AGOSTO Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y DEL 06 DE MAYO DE 2026. Finalmente, el recurrente asegura que en fechas 12 de agosto y 19 de septiembre; ambos del 2025, así como el 06 de mayo de 2026, consultó sobre el estado del trámite de concesión, pero no se le ha dado respuesta. Concretamente, solicitó: “le solicitamos se nos informe: 1. Si ya fue emitida la resolución formal de archivo del expediente de la señora Nombre01. 2. Si ya fue emitida la resolución de archivo o desestimación del expediente del señor Nombre05. 3. En caso de que dichas resoluciones aún no hayan sido emitidas, se nos indique la razón de la demora y el plazo concreto en que serán resueltas. 4. Si existe algún impedimento administrativo o legal que esté afectando la continuidad del trámite de concesión del lote 87-A de Playa San Miguel (…)”. \n\nAsí las cosas, este Tribunal tiene por demostrado, según se desprende de los autos, que fue hasta la notificación de la resolución que dio curso al presente recurso de amparo, que se dio respuesta al requerimiento de la parte recurrente. Dicha contestación fue remitida el 28 de julio de 2026, mientras que la resolución que dio curso a este proceso, fue notificada el 17 de julio anterior. Por lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso, en los términos dispuestos en la parte dispositiva de esta sentencia, pero sin condenatoria en costas, daños o perjuicios, de conformidad con lo establecido a continuación.\n\nVIII.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala es del criterio que la estimatoria que opera ex lege, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), el cual dispone: \"Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso (…)\", debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, también cierto es que el mismo párrafo primero del artículo 52 de la ley de cita, refiere que la estimatoria se dicta \"únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes\". Se subraya que la Ley indica \"si fueren procedentes\", lo cual quiere decir que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas dependen de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este en que opera una terminación anormal del proceso, asimilable al desistimiento por satisfacción extraprocesal, es criterio de mayoría que no cabe condenar en costas, como tampoco en daños y perjuicios, porque las consecuencias económicas de la sentencia son similares a las de un archivo del expediente. Además, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que tales menoscabos, lesiones o alteraciones patrimoniales, no han tenido lugar; al menos en este amparo no hay elementos de juicio que sugieran otra cosa. Nada obsta para que, en casos de excepción, la Sala pueda considerar la procedencia de la indemnización. Cuando las leyes presentan omisiones o minusvalías, corresponde a los jueces enderezar esas carencias; si las leyes carecen de inteligencia en ciertos aspectos, no queda otro remedio que interpretarlas y aplicarlas conforme a las exigencias de la lógica procesal. Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: \"toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia\", se refiere a una forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de hechos que han vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora en el proceso. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás Códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. A lo anterior se añaden razones de hecho, las cuales la Sala no puede soslayar, como lo demuestran casi tres décadas de la Jurisdicción Constitucional creada en 1989, en las cuales se ha generado un ejercicio abusivo de la acción vicaria en el recurso de amparo, con fines de riqueza en la indemnización, en la medida que no participa directamente las presuntas víctimas. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños o perjuicios.\n\nIX.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que s í proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nX.- RAZONES DIFERENTES Y VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. Si bien coincido con el voto de mayoría, que declara con lugar el recurso por violación al derecho de petición y pronta respuesta, considero que debe ser estimado; pero imponiendo a la parte recurrida el pago de las costas, así como a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, por las siguientes razones.\n\nEl derecho de petición y pronta respuesta, contenido en los artículos 27, de la Constitución Política, y 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, obliga a los funcionarios públicos a resolver las solicitudes de los administrados en un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de presentación de tales gestiones, salvo que se haya señalado un plazo distinto para contestar. Sin embargo, el artículo 32 citado dispone, además, que, en la decisión de la petición, la Sala apreciará las razones que se aduzcan para considerar insuficiente dicho plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto. En todo caso, la Administración está obligada a comunicarle al peticionario las causas de la demora en pronunciarse. Para efectos del presente análisis, resulta relevante tener presente lo señalado por las normas antes citadas. \n\nEl artículo 27, de la Constitución Política, establece lo siguiente: \n\n“Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución”.\n\nPor su parte, el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece lo siguiente:\n\n“Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, y no hubiere plazo señalado para contestar, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que, en la decisión del recurso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto”.\n\nEn el mismo sentido, en la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097 del 26 de octubre de 2012, se establece que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27, de la Constitución Política, para aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. Es de relevancia tener presente lo señalado en el numeral 6, de dicha normativa: \n\n“Presentación de escritos y plazo de respuesta. \n\nEl escrito en que se presente la petición y cualesquiera otros documentos y comunicaciones que se aporten, ante la administración pública correspondiente, conforme lo indica el artículo 2 de esta ley, obligará a la administración a acusar recibo de esta, debiendo responder en el plazo improrrogable de diez días hábiles contado a partir del día siguiente de la recepción, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la presente ley. Esta actuación se llevará a efecto por el órgano correspondiente, de acuerdo con la norma organizativa de cada entidad…”. \n\nDe este modo, en los recursos de amparo referidos a la presunta lesión de este derecho, existe norma legal expresa -avalada constitucionalmente por la ley que rige esta jurisdicción- que ordena brindar la información requerida dentro de los diez días hábiles siguientes a su solicitud, tal y como lo disponen los artículos 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 27, de la Constitución Política, según se indicó anteriormente. Adicionalmente, dicho plazo es reiterado en el artículo 6, de la Ley N° 9097, lo cual refuerza la intención del legislador respecto de la tutela de este derecho. \n\nAsimismo, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 51, dispone: \n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”. \n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.\n\nEn consecuencia, en el caso que nos ocupa, se constata la violación del plazo de diez días avalado constitucionalmente -que, por cierto, no se exige para el resto de los recursos de amparo, excepto para el de rectificación y respuesta (numeral 68, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional)-. \n\nPor lo tanto, lo que procede al respecto, y con el debido respeto a la tesis de la mayoría, es tener por acreditada la lesión al derecho de petición y pronta respuesta, así como al derecho de acceso a la información pública (artículo 30, Constitucional), que garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, ordenando la condenatoria en costas, daños y perjuicios a la autoridad recurrida.\n\nAsí, tratándose de un plazo avalado constitucionalmente -tanto por el legislador, así como por este Tribunal Constitucional-, su incumplimiento conlleva una lesión al derecho fundamental señalado que impulsó a la parte recurrente a formular el presente recurso de amparo como mecanismo para la obtención de la respuesta a su gestión o el acceso a la información que ha requerido, lo anterior con independencia de que la respuesta o la entrega de la información se haya producido antes o con ocasión del amparo; porque, es lo cierto, que finalmente el administrado vio satisfecho su derecho constitucional con ocasión a la interposición del recurso de amparo que se vio forzado a presentar, con los inconvenientes y los costos que ello ocasiona. Se insiste, la respuesta o el acceso dado por la Administración recurrida que se produce una vez vencido el plazo en cuestión, aún y cuando sobrevenga antes de la notificación del curso del amparo, o bien, como en este caso, con ocasión de la puesta en conocimiento de dicho curso, no constituye un cumplimiento en tiempo de la obligación que le imponen los ordinales 27 y 30 Constitucionales. Es claro que en esa hipótesis, esa respuesta extemporánea supone una satisfacción al reclamo de la parte amparada, pero ello no es óbice para el reconocimiento de los daños y perjuicios que esa indolencia pudo ocasionar a la parte recurrente, así como de los costos asociados al ejercicio de la presente acción procesal, necesaria para el resguardo de sus derechos fundamentales, tal y como lo habilita el precepto 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. \n\nEn consecuencia, salvo parcialmente el voto, e impongo a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios.\n\nXI.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. \n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.\n\nEn razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.\n\nXII.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO CRUZ CASTRO. Si bien en el pasado he sostenido el criterio de mayoría del Tribunal, bajo una mejor ponderación de los derechos fundamentales que se reclaman, estimo que la mora administrativa constituye una lesión a una garantía procesal fundamental, razón por la que cambio el criterio que había expuesto, admitiendo la posible infracción al derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida, separándome de la visión de la mayoría del Tribunal, en el sentido que –salvo contadas excepciones- este tipo de reproches deben resolverse en la jurisdicción contenciosa administrativa. Por el contrario, estimo que uno de los derechos que esta jurisdicción se encuentra llamada a tutelar es el de la justicia pronta y cumplida, expresamente consagrado en el artículo 41 constitucional. Ello conforme al ámbito de competencia asignado a este Tribunal en materia de protección a derechos fundamentales, en atención a lo dispuesto en los artículos 10 y 48 de la Constitución Política. Si bien, entiendo la importancia de las reformas de la jurisdicción contencioso administrativa a partir de la vigencia de la Ley 8508 del veinticuatro de abril de dos mil seis, lo cierto es que dicha situación no justifica la remisión a dicha instancia de los asuntos que versan sobre materia que es competencia de esta Sala, la cual ha demostrado a lo largo de los años que es un medio célere y efectivo para la tutela de los derechos fundamentales de los habitantes del país.\n\nXIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a las partes que, de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo de 30 días hábiles después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión N°27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial N°19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N°43-12 celebrada el 03 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en cuanto a la falta de respuesta al requerimiento del 06 de mayo de 2026, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Castillo Víquez pone nota. El magistrado Salazar Alvarado consigna razones diferentes y salva parcialmente el voto, únicamente para efectos indemnizatorios, e impone a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. El magistrado Cruz Castro salva el voto en relación con el artículo 41 constitucional. En lo demás, se declara sin lugar el recurso.-\n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n J8RA7XOABAS61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-023347-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01).",
  "body_en_text": "Document Review\n\n\n\nExp: 26-023347-0007-CO\n\nRes. Nº 2026029929\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at 9:30 a.m. on 6 August 2026.\n\nAmparo proceeding on file as expediente No. 26-023347-0007-CO, filed by Nombre04, identity card CED01, against the MUNICIPALITY OF NANDAYURE.\n\nBACKGROUND:\n\n1.- In a written submission received by the Chamber Secretariat at 11:46 a.m. on 29 June 2026, the amparo applicant files an amparo proceeding against the Municipality of Nandayure and states that, on 10 July 2018, they submitted an application for a concession over lot 87-A, located at Playa San Miguel, Nandayure. They assert that, on 29 May 2025, the Maritime-Terrestrial Zone Commission of the Municipality of Nandayure agreed to close the files of Ms. Nombre01 and Mr. Nombre05, as well as to continue processing their concession application. They state that, at its regular meeting No. 59 on 16 June 2025, the Nandayure Municipal Council agreed to forward those files to the Mayor’s Office for the corresponding actions, which was communicated by means of official letter No. SCM.DC-ZMT 07-59-2025 dated 26 June 2025. They mention that, on 16 July 2025, they formally asked the mayor to issue the resolutions necessary to formalize the closure of the stated files, an essential requirement for continuing the concession procedure. They add that they made several follow-up efforts by email, formal letters, a request to the Deputy Mayor’s Office, and a submission to the Council, without receiving a formal response. They state that, by official letter No. SCM.LC-05-95-2026 dated 25 February 2026, the Council advised that the matter was before the Mayor’s Office and that, once the review was complete, the corresponding notice would be issued. They indicate that, on 6 March 2026, they met with the Mayor, who said that he would resolve the request within approximately two months. They argue that, after that period expired, on 6 May 2026 they submitted a new letter requesting written information on the current status of the procedure to close the files of Ms. Nombre01 and Mr. Nombre05, and asked to be told whether those resolutions had already been issued; if not, the reasons for the delay, the specific time frame for resolving the matter, and whether any administrative or legal impediment was affecting continuation of the procedure. They allege that, as of the date this amparo proceeding was filed, they had received no response. Based on the allegations set out, they consider that the challenged actions are violating fundamental rights. They request that the amparo proceeding be granted, with the legal consequences that follow.\n\n2.- By order issued at 9:57 p.m. on 3 July 2026, the Presidency of the Chamber admits this proceeding and gives the Mayor and the President of the Council, both of the Municipality of Nandayure, a hearing regarding the facts alleged by the amparo applicant.\n\n3.- According to a certification issued on 27 July 2026 by the Acting Judicial Technician 3 in charge of processing this expediente and the Acting Secretary, both officials of the Constitutional Chamber, from 20 to 22 July 2026, neither the Mayor nor the President of the Nandayure Municipal Council submitted the report required by this Court in its order issued at 9:57 p.m. on 3 July 2026.\n\n4.- By written submissions added to the digital expediente on 28 July 2026, Teddy Osvaldo Zúñiga Sánchez and Karla Tatiana Baltodano Sequeira, respectively the Mayor and President of the Council, both of the Municipality of Nandayure, submitted reports out of time.\n\n5.- The legal requirements have been observed in the proceedings conducted.\n\nDrafted by Justice Salazar Alvarado; and,\n\nREASONS:\n\nI.- PRELIMINARY ISSUE. Given that the respondent authorities failed to submit the required report within the period set by this Court in the order admitting this proceeding, the amparo proceeding will be resolved as provided in Article 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, taking into account the evidence in the record.\n\nII.- SUBJECT OF THE AMPARO PROCEEDING. The amparo applicant alleges that, since 2018, they have asked the Municipality of Nandayure to grant a concession to use the Maritime-Terrestrial Zone, but the request has not been resolved. They have therefore sent various letters; specifically, on 6 May of this year, they asked about the status of the procedure. However, as of the date this amparo proceeding was filed, no response had been provided.\n\nIII.- FACTS FOUND. The following facts relevant to resolving this matter are deemed duly established:\n\na) On 10 July 2018, the amparo applicant submitted a concession application form to the Municipality of Nandayure (see evidence submitted).\n\nb) By letter dated 16 July 2025, the amparo applicant stated: “I hereby respectfully request your valuable assistance so that the procedure for granting a concession for lot 87-A at Playa San Miguel may continue, in accordance with the recent municipal agreements (…)”. The letter was addressed on 28 July 2025 by the Technical Assistant to the Mayor’s Office of Nandayure, who stated: “The Mayor’s Office of Nandayure, through Mayor Teddy Osvaldo Zúñiga Sánchez, responds to Mr. Nombre04 regarding the concession application procedure for lot 87-A at Playa San Miguel, advising that no resolutions closing or dismissing the files have been issued and that continuation of the process is subject to the heavy workload of the legal department, a situation that will be alleviated through the ongoing recruitment of a Maritime-Terrestrial Zone Coordinator (…)” (see evidence submitted).\n\nc) On 12 August 2025, the amparo applicant’s legal representative sent an email to the address ...02 asking: “I respectfully write to follow up on the formal letter sent to you on 16 July 2025 regarding the concession procedure for lot 87-A at Playa San Miguel, in the expediente in the name of Mr. Nombre03. That communication requested your valuable assistance so that, in accordance with the agreements adopted by the Maritime-Terrestrial Zone Commission and the Municipal Council, the necessary resolutions would be issued to formally close the files concerning the prior applications of Ms. Nombre02 and Mr. Nombre05, which would allow the concession procedure filed by my client to proceed, following the principle ‘first in time, first in right.’ To date, we have received no official response to that submission. We would therefore be grateful if you could let us know the current status of the procedure and, if necessary, advise whether further information is required from us to continue the process (…)” (see evidence submitted).\n\nd) On 25 August 2025, the protected person’s legal representative sent an email to the addresses ...01 and ...05, stating: “I write to you on behalf of Mr. Nombre03, the applicant for a concession for lot 87-A at Playa San Miguel. We understand and appreciate that Mayor Teddy Zúñiga Sánchez has an extremely full schedule and that many matters require his attention. Nevertheless, we respectfully request your support so that this procedure may also be addressed, since it is stalled pending resolutions that the Mayor’s Office must issue, as directed by both the Maritime-Terrestrial Zone Commission and the Municipal Council. Please note that more than a month has elapsed since the relevant letter was formally submitted to the Mayor’s Office on 16 July 2025 and duly received. A follow-up email was also sent afterward, reiterating the request and attaching a copy of the receipt. However, to date, we have received no official response. In view of the foregoing, we would be very grateful for your assistance in speaking with the mayor about this matter and facilitating the issuance of a resolution as soon as possible, so that my client’s expediente may proceed in accordance with law (…)” (see evidence submitted).\n\ne) On 3 September 2025, the protected person submitted a request to the Municipality of Nandayure, asking: “I respectfully come before you to request that, in your capacity as Deputy Mayor, you take the corresponding steps to allow my expediente to proceed in accordance with law and in keeping with what was agreed by the Maritime-Terrestrial Zone Commission and the Municipal Council (…)” (see evidence submitted).\n\nf) On 19 September 2025, the amparo applicant’s legal representative sent an email on their behalf to the address ...04, stating: “In my capacity as attorney and representative of Mr. Nombre03, I write to you to follow up cordially on the letter dated 1 September 2025, received by your office on 3 September of this year, concerning the concession procedure for lot 87-A at Playa San Miguel. As you may recall, that letter set out the background supporting continuation of the expediente and respectfully requested your assistance so that the procedure could move forward. However, we have yet to receive official communication on the status of the request, and I would be grateful if you could share any update. (I attach the letter receipt.) We remain attentive and ready to cooperate in any way necessary to facilitate proper handling of the procedure. I thank you in advance for your time and valuable attention to this matter” (see evidence submitted).\n\ng) On 17 February 2026, the protected person submitted a request to the Nandayure Municipal Council, asking: “I respectfully request that this Honorable Municipal Council use its good offices with the Mayor’s Office so that the provisions of subsection 7), Article V, of regular meeting No. 59 held on 16 June 2025 are complied with and the following steps are taken: 1. Issue the formal resolutions closing the stated files. 2. Allow the concession procedure to continue effectively (…)”. The Nandayure Municipal Council addressed that request by official letter No. SCM-LC-05-95-2026 dated 25 February 2026 (see evidence submitted).\n\nh) On 6 May 2026, the amparo applicant submitted a request to the Municipality of Nandayure, asking: “we request that you inform us: 1. Whether the formal resolution closing Ms. Nombre01’s expediente has been issued. 2. Whether the resolution closing or dismissing Mr. Nombre05’s expediente has been issued. 3. If those resolutions have not yet been issued, the reason for the delay and the specific time frame within which they will be resolved. 4. Whether any administrative or legal impediment is affecting continuation of the procedure for granting a concession for lot 87-A at Playa San Miguel (…)” (see evidence submitted).\n\ni) The order issued at 9:57 p.m. on 3 July 2026, admitting this proceeding, was notified to the respondent authorities on 17 July 2026 (see notices of service).\n\nj) By official letter No. AMN-0458-2026 dated 28 July 2026, the Mayor’s Office of the Municipality of Nandayure addressed the amparo applicant’s request, stating: “In response to your respectful request asking us to advise you about the concession procedure for lot 87-A at Playa San Miguel. Regarding points 1 and 2 (Issuance of resolutions closing files): We advise that, as of the date this letter is issued, no resolutions closing or dismissing either of the two administrative files in question have been issued. Regarding point 3 (Reasons for delay and time frame for resolution): The delay in issuing the corresponding administrative acts is due to this office currently facing a high volume of administrative files in process. The nature of these procedures requires rigorous legal support in the vast majority of cases. At present, the institution’s in-house attorneys are handling a considerable workload of priority tasks, including numerous court claims, amparo proceedings, issuance of technical opinions, and the creation and review of internal regulations. As an institutional corrective measure to accelerate and decisively advance these concession procedures, we advise that recruitment is actively underway for the position of Maritime-Terrestrial Zone Coordinator (interviews and knowledge tests were recently conducted), for which the formal qualifications require a law degree. With the addition of this new resource, we expect to substantially improve response times. We cannot provide a specific date at this time, since other files currently in process were received earlier and must also be addressed. Regarding point 4 (Impediments concerning lot 87-A at Playa San Miguel): In light of the foregoing, the concession procedure for lot 87-A at Playa San Miguel is not subject to any unusual legal impediment or impediment unrelated to the process. Its continuation is directly contingent on resolution of the prior files and the high administrative and operational workload described above, which is being alleviated through the aforementioned reinforcement of the legal department (…)”. This letter was notified on 28 July 2026 to the email addresses ...03 and ...06 (see evidence submitted).\n\nIV.- ON THE RIGHTS TO INFORMATION, TO PETITION, AND TO A PROMPT RESPONSE. This Court has held that the right to petition and to a prompt response has two aspects: it entails not only the right of every citizen to address any official or public entity to raise a matter of interest or request certain information, but also requires the Administration to receive and respond to such requests within ten days, in accordance with Article 27 of the Constitution and Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Accordingly, it must provide a timely response without denial of any kind. An exception applies when it cannot address the request within that period; in that event, it must communicate that it is unable to resolve the request and set a reasonable period within which it will do so. For its part, Article 30 of the Constitution recognizes the right of individuals to access information of public interest held by the authorities and, consequently, the authorities’ duty to provide that information immediately if it is available, subject to possible exceptions requiring that information be withheld to protect formally recognized rights and relevant interests.\n\nV.- ON THE CONCESSION APPLICATION. As the first ground of complaint, the amparo applicant states that, in 2018, they submitted an application to the Municipality of Nandayure for a concession to use the Maritime-Terrestrial Zone, but it has not been resolved.\n\nAs for the alleged failure to issue a final decision on the application, this could constitute a violation of Article 41 of the Constitution. However, the amparo proceeding is inadmissible, because, beginning with Judgment No. 2008-02545, issued at 8:55 a.m. on 22 February 2008, this Chamber established:\n\n“I.- THE NEW ADMINISTRATIVE JUSTICE SYSTEM: AN EXPEDITIOUS AND EFFECTIVE MECHANISM FOR PROTECTING SUBSTANTIVE LEGAL POSITIONS OF PERSONS ADMINISTERED. Since its establishment, the Constitutional Chamber has applied broad admissibility criteria in view of the absence of expeditious and swift procedural channels for protecting substantive legal positions grounded in the infra-constitutional legal system, or the standard of legality, that are indirectly connected to fundamental rights and the Law of the Constitution. In this regard, it should be borne in mind that, by virtue of its supremacy, super-legality, and direct and immediate effect, the Constitution provides an indirect foundation for any conceivable substantive legal position of individuals. Nevertheless, upon further consideration and following the enactment of the Código Procesal Contencioso-Administrativo (Law No. 8508 of 24 April 2006) and its entry into force on 1 January 2008, it has become clear that litigants now have access to a plenary and universal administrative-litigation jurisdiction that is highly expeditious and swift by virtue of the various procedural mechanisms that legislation introduces into the legal system. These include shorter time limits for carrying out the various procedural acts; broad standing; interim measures; an open-ended range of claims that may be brought; oral proceedings—and their subprinciples of concentration, immediacy, and expedition; a single instance with a right of appeal in expressly specified situations; in-proceeding conciliation; unified proceedings; preferential proceedings or ‘amparo of legality’; proceedings on the merits; new enforcement measures (coercive fines, substitute or commissarial enforcement, attachment of assets in the fiscal domain and some in the public domain); the broad powers of the enforcement judges; extension and adaptation of the effects of case law to third parties; and flexibility in cassation appeals. The manifest purpose of all these novel procedural institutions is to achieve procedural economy, expedition, promptness, and effective protection of the substantive legal positions of persons administered, all with guarantees of basic fundamental rights such as due process, defense, and adversarial proceedings. In sum, in light of its new features of simplicity, expedition, and promptness, the new administrative-litigation jurisdiction is an appropriate avenue for effective protection of the substantive legal positions of persons administered where evidence must be gathered or questions of ordinary legality must be resolved.\n\nII.- VERIFICATION OF STATUTORY TIME LIMITS FOR RESOLVING ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS: A CLEAR MATTER OF ORDINARY LEGALITY. It is clear that determining whether the public administration has complied with the time limits set by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or by sector-specific laws governing special administrative proceedings, either to issue a final act in an administrative proceeding—initiated ex officio or at a party’s request—or to hear the applicable administrative remedies, is clearly a matter of ordinary legality that may henceforth be disputed and resolved before the administrative-litigation jurisdiction by applying principles that inform constitutional jurisdiction, such as derivative standing, the possibility of self-representation—that is, appearing without legal counsel—and the amparo applicant’s exemption from costs. Consequently, the proceeding must be summarily dismissed, and the applicant advised that, if they so wish, they may turn to the administrative-litigation jurisdiction (…)”.\n\nAccordingly, since the cited precedent applies fully to the case under review, the amparo applicant may, if they so wish, bring their claims through the ordinary administrative or judicial avenue so that the matter may be resolved as the law requires.\n\nVI.- ON THE REQUESTS OF 16 JULY, 25 AUGUST, AND 3 SEPTEMBER 2025, AND 17 FEBRUARY 2026. As the second claim, the amparo applicant asserts that they sent several letters to the respondent authority concerning the status of the concession application. As evidence, they submit, among other things, a letter dated 16 July 2025 in which they requested: “I hereby respectfully request your valuable assistance so that the procedure for granting a concession for lot 87-A at Playa San Miguel may continue, in accordance with the recent municipal agreements (…)”; a request submitted on 25 August 2025, asking: “Nevertheless, we respectfully request your support so that this procedure may also be addressed, since it is stalled pending resolutions that the Mayor’s Office must issue, as directed by both the Maritime-Terrestrial Zone Commission and the Municipal Council (…). In view of the foregoing, we would be very grateful for your assistance in speaking with the mayor about this matter and facilitating the issuance of a resolution as soon as possible, so that my client’s expediente may proceed in accordance with law (…)”; a request dated 3 September 2025, asking: “I respectfully come before you to request that, in your capacity as Deputy Mayor, you take the corresponding steps to allow my expediente to proceed in accordance with law and in keeping with what was agreed by the Maritime-Terrestrial Zone Commission and the Municipal Council (…)”; and, finally, a letter dated 17 February 2026, asking: “I respectfully request that this Honorable Municipal Council use its good offices with the Mayor’s Office so that the provisions of subsection 7), Article V, of regular meeting No. 59 held on 16 June 2025 are complied with and the following steps are taken: 1. Issue the formal resolutions closing the stated files. 2. Allow the concession procedure to continue effectively (…)”.\n\nNevertheless, it is necessary to recall what this Chamber held in Judgment No. 2019-009283, issued at 9:20 a.m. on 24 May 2019, which provided as follows:\n\n“This Court, in a case similar to the present one filed by the same amparo applicant, ruled in relevant part as follows in Judgment No. 2019-8998, issued at 9:30 a.m. on 17 May 2019:\n\n“II.- ON THE IMPROPRIETY OF THIS AMPARO PROCEEDING. In the case before us, a reading of official letter ALFPUSC-14-OFI-173-2019 shows that its purpose was to ask the respondent, pursuant to Article 3 of the Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Law No. 6815 of 27 September 1982, to promptly request that the Procuraduría General de la República bring an action of unconstitutionality against the abusive clauses that, according to the Comptroller’s assessment, might be found in the collective agreements named in that same letter. It also asked the respondent to urge Mr. Steven Núñez Rimola, Minister of Labor, to denounce all the collective agreements mentioned in the letter and to send the applicant a copy of each denunciation of those collective agreements and of the request to the Procurador General. Accordingly, its purpose was not to request pre-existing information or to submit a specific administrative complaint or claim, but rather to make an exhortation or appeal. In the terms in which it was presented, the request was exhausted upon submission, and the respondent therefore had no corresponding obligation to answer it. Thus, it is clear that the Presidency of the Republic’s failure to respond did not violate Article 27 of the Constitution together with Articles 30 and 41 of that same Fundamental Charter, as the amparo applicant alleges. Consequently, the amparo proceeding is improper and is so declared.”\n\nIII.- In this case, the evidence in the record established that, on 26 March 2019, the amparo applicant, in their capacity as a legislator, did not request information as contemplated by Articles 27, 30, or 41 of the Constitution, just as in the cited precedent. Instead, the request was for the definitive donation of the land registered under folio real PRN01, cadastral plan No. 973314-91, to the Asociación Integral de Personas de la Tercera Edad, de Pavas, in view of the formal publication in La Gaceta on 20 May 2011 of Law No. 8940 of 4 April 2011. Specifically, the request stated:\n\n“On 20 May 2011, Law 8940, approved on 4 April of that same year and signed by the executive on 10 April of that same year, was formally published in the Official Gazette. By that law, the land registered under folio real PRN02 with cadastral plan 973314-91 was released from its public-use status, and the State was authorized to donate that land, which it owns, to the Asociación Integral de Personas de la Tercera Edad de Pavas.\n\nThe Pavas Adult Day Center is currently located on that land. It is administered by the aforementioned association and serves a considerable number of older adults in facilities built through the efforts of the Pavas community. For several years, the association has carried out a commendable community service, and I believe that, as a government, we should support it with all our efforts.\n\nTo ensure compliance with the aforementioned Law 8940, we request your good offices so that the donation authorized by law in 2011 becomes a reality as soon as possible and the older-adult center can have greater opportunities to provide social assistance.\n\nI thank you for your efforts in this matter, in keeping with the highest national interests (…)”.\n\nThus, upon a careful reading of the letters sent by the amparo applicant, it follows that the statements in those documents, rather than being simple petitions or requests for information, are in fact an exhortation for the respondent authorities to act as the protected person seeks. The request was therefore exhausted upon submission, and the respondent had no corresponding obligation to answer it. Therefore, the alleged failure to respond does not violate Article 27 of the Constitution, nor Articles 30 and 41 of that same Fundamental Charter. Accordingly, the amparo proceeding must be denied with respect to these claims.\n\nVII.- ON THE REQUESTS DATED 12 AUGUST AND 19 SEPTEMBER 2025, AND 6 MAY 2026. Finally, the amparo applicant asserts that on 12 August and 19 September 2025, as well as 6 May 2026, they asked about the status of the concession procedure but received no response. Specifically, they requested: “we request that you inform us: 1. Whether the formal resolution closing Ms. Nombre01’s expediente has been issued. 2. Whether the resolution closing or dismissing Mr. Nombre05’s expediente has been issued. 3. If those resolutions have not yet been issued, the reason for the delay and the specific time frame within which they will be resolved. 4. Whether any administrative or legal impediment is affecting continuation of the procedure for granting a concession for lot 87-A at Playa San Miguel (…)”.\n\nAccordingly, this Court finds, based on the record, that a response to the amparo applicant’s request was provided only upon notification of the order admitting this amparo proceeding. That response was sent on 28 July 2026, whereas the order admitting this proceeding was notified on 17 July. In light of the foregoing, the amparo proceeding must be granted on the terms set out in the dispositive section of this judgment, but without an award of costs, damages, or losses, in accordance with the following.\n\nVIII.- ON THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES PURSUANT TO ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Upon further consideration, the majority of the Chamber is of the view that a grant that operates ex lege pursuant to paragraph 1 of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), which provides: “If, while the amparo is pending, an administrative or judicial decision is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the amparo proceeding shall be granted (…)”, must be made without a special award of costs, damages, or losses, for the following reasons. Although the law expressly requires the dispositive section of the judgment to state that the amparo proceeding is granted, the same first paragraph of Article 52 of that law also provides that the grant is made “solely for purposes of compensation and costs, if applicable.” The law says “if applicable,” which means that whether compensation and costs are appropriate depends on the Court’s assessment, evaluation, or consideration. In cases such as this, where the proceeding ends abnormally in a manner comparable to discontinuance due to satisfaction outside the proceeding, the majority’s view is that there should be no award of costs or damages and losses, because the judgment’s economic consequences are similar to those of closing the expediente. In addition, the substance of the protected person’s claim and the respondent authority’s acknowledgment of it suggest that no such impairment, injury, or alteration to assets has occurred; at least, this amparo proceeding contains no evidence suggesting otherwise. Nothing prevents the Chamber from finding compensation appropriate in exceptional cases. When laws contain omissions or deficiencies, judges must correct them; when laws lack clarity on certain matters, the only recourse is to interpret and apply them in accordance with the demands of procedural logic. To dispel any doubt on this point, it is important to note Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, which provides that “every resolution granting the amparo proceeding shall award, in the abstract, compensation for damages and losses caused and payment of the costs of the proceeding, with quantification reserved for enforcement of the judgment.” That provision refers to a natural or ordinary termination of the proceeding, in which the merits are addressed and facts are recognized as having violated the fundamental rights of the claimant. The principles of Constitutional Law, Public Law, and General Procedural Law or, as applicable, International or Community Law, and, in addition, in that order, the Ley General de la Administración Pública, the Código Procesal Contencioso Administrativo, and other procedural codes, are supplementary sources for applying and interpreting the provisions of the Ley de la Jurisdicción Constitucional—see Article 14. For the administrative-litigation jurisdiction, the legislature established a provision fully applicable to this case by analogy, in Article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which accords with procedural logic in any area of law. To this are added factual reasons the Chamber cannot overlook, as shown by nearly three decades of Constitutional Jurisdiction since its creation in 1989, during which there has been abusive use of derivative standing in amparo proceedings for the purpose of obtaining compensation, insofar as the alleged victims do not participate directly. On this basis, the majority’s view is that this amparo proceeding should be resolved without an award of costs, damages, or losses.\n\nIX.- NOTE BY JUSTICE CASTILLO VÍQUEZ ON PROMPT AND EFFECTIVE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court’s position that when a litigant alleges a violation of the right to prompt and effective justice in administrative proceedings, the courts that should hear the legal dispute are the Administrative-Litigation Courts, not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo proceeding provided for in Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in conjunction with Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in cases where the petitioner considers that the Administration’s material actions, administrative acts, or response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted legislation does not mean that this Court must change its line of case law; under Article 7 of its Law, this Court has exclusive authority to define its own jurisdiction. Therefore, apart from those constitutional legal disputes that this Chamber itself has recognized as exceptional cases properly heard in this jurisdiction through the constitutional proceeding for the protection of rights known as amparo, the competent courts in all other cases, for the reasons this Court has given (Judgment No. 2008-02545, issued at 8:55 a.m. on 22 February 2008), are the judges of the administrative-litigation jurisdiction. This is consistent with Article 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and rules), and the applicable legal rules, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\nX.- DIFFERENT REASONS AND PARTIAL DISSENTING VOTE OF JUSTICE SALAZAR ALVARADO. Although I agree with the majority opinion granting the amparo proceeding for violation of the right to petition and to a prompt response, I consider that it should be granted with an order requiring the respondent party to pay costs and compensate for the damages and losses caused, for the following reasons.\n\nThe right to petition and to a prompt response, set out in Article 27 of the Constitution and Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, requires public officials to resolve requests from persons administered within ten working days of the date those requests are submitted, unless a different response period has been specified. However, the cited Article 32 also provides that, in deciding the petition, the Chamber shall assess the reasons given for considering that period insufficient, in view of the circumstances and nature of the matter. In all cases, the Administration must inform the petitioner of the reasons for the delay in responding. For purposes of this analysis, the provisions cited above are relevant.\n\nArticle 27 of the Constitution provides as follows:\n\n“Freedom to petition any public official or official entity, individually or collectively, is guaranteed, as is the right to obtain a prompt resolution.”\n\nFor its part, Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional provides as follows:\n\n“When an amparo concerns the right to petition and to obtain a prompt resolution, established in Article 27 of the Constitution, and no response period has been set, the violation shall be deemed to occur once ten working days have elapsed from the date the request was submitted to the administrative office, without prejudice to the reasons that may be considered in deciding the amparo proceeding for finding that period insufficient, in view of the circumstances and nature of the matter.”\n\nIn the same vein, the Ley de Regulación del Derecho de Petición No. 9097 of 26 October 2012 provides that this right is subject to judicial protection through the amparo proceeding established by Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in conjunction with Article 27 of the Constitution, in cases where the petitioner considers that the Administration’s material actions, administrative acts, or response are affecting their fundamental rights. It is relevant to note the provision of Article 6 of that law:\n\n“Submission of written requests and response period.\n\nThe written request, and any other documents and communications submitted to the corresponding public administration as indicated in Article 2 of this law, shall require the administration to acknowledge receipt and respond within a non-extendable period of ten working days, calculated from the day after receipt, provided that the requirements established in this law are met. This action shall be carried out by the corresponding body, in accordance with each entity’s organizational rules…”\n\nThus, in amparo proceedings alleging an infringement of this right, an express legal rule—constitutionally endorsed by the law governing this jurisdiction—requires the requested information to be provided within ten working days of the request, as provided in Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional and Article 27 of the Constitution, as indicated above. That period is also reiterated in Article 6 of Law No. 9097, reinforcing the legislature’s intent regarding protection of this right.\n\nLikewise, Article 51 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional provides:\n\n“...every resolution granting the amparo proceeding shall award, in the abstract, compensation for damages and losses caused and payment of the costs of the proceeding, with quantification reserved for enforcement of the judgment.”\n\nThis latter provision establishes the general system governing compensation and payment of costs, which the majority calls the “natural or ordinary termination of the proceeding, in which the merits are addressed and facts are recognized as having violated the fundamental rights…”\n\nAccordingly, in the case before us, the constitutionally endorsed ten-day period was violated—a period that, incidentally, is not required for other amparo proceedings, except those concerning rectification and response (Article 68 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional).\n\nTherefore, with due respect for the majority’s position, the proper course is to find that the right to petition and to a prompt response, as well as the right of access to public information (Article 30 of the Constitution), which guarantees free access to administrative departments for purposes of obtaining information on matters of public interest, were violated, and to order the respondent authority to pay costs and compensation for damages and losses.\n\nThus, where the time limit is constitutionally endorsed—both by the legislature and by this Constitutional Court—failure to comply with it entails a violation of the fundamental right identified, which prompted the amparo applicant to file this amparo proceeding as a means of obtaining a response to the request or access to the information sought. This is so regardless of whether the response or delivery of the information occurred before or in connection with the amparo, because it is clear that the person concerned ultimately saw their constitutional right satisfied as a result of filing the amparo proceeding they were forced to bring, with all the inconvenience and expense that entails. It bears repeating that a response or access provided by the respondent Administration after the time limit in question has expired, even if it comes before notice of the amparo proceeding or, as in this case, in connection with notice that the proceeding has been initiated, does not constitute timely performance of the obligation imposed by Articles 27 and 30 of the Constitution. Clearly, in that situation, the late response satisfies the claim of the person whose rights are protected by the amparo, but that does not preclude recognition of the damages that such indifference may have caused the amparo applicant, as well as the costs associated with bringing this legal action, which was necessary to safeguard their fundamental rights, as authorized by Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (Constitutional Jurisdiction Law).\n\nAccordingly, I partially dissent and order the respondent party to pay the costs and damages.\n\nXI.—SEPARATE OPINION OF JUSTICE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: “If, while the amparo proceeding is pending, an administrative or judicial decision is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the application shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if warranted.”\n\nMy interpretation of that provision is as follows: That “decision” is any valid and effective act by which the competent authority restores the person to the enjoyment of the right that was violated. The phrase “if warranted” refers to costs. Indeed, Article 197 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo, cited by the majority on the basis of Article 14 of the LJC, refers only to these: costs.\n\nCertainly, under Article 48 of the Constitución Política (CP), the essential content of the right to an amparo application is restorative, not compensatory; however, Article 51 of the LJC states: “Any decision granting the application shall order, in the abstract, compensation for the damages caused and payment of the costs of the application, reserving their assessment for enforcement of the judgment.”\n\nIf the right has been violated and the Chamber so finds, damages may have arisen even if the right has been restored. For that reason, damages may be ordered in the abstract. If this were not done, if no such order were made, then, where damages had occurred, there would be no instrument—arising from this proceeding—on which to base a claim for them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite an order for damages in the abstract, no damages have occurred, the judge in the ordinary proceedings will so declare, since only that judge may find the actual existence and extent of such damages to have been proven.\n\nI consider that the position defended by the majority would, contrary to its aim, encourage the Administration to respect rights only when an amparo proceeding has been filed. It remains to say that Article 52 of the LJC provides that, if the Chamber considers it just, it may order payment of costs even when the right has been restored.\n\nFor the foregoing reasons, I partially dissent regarding the operative part and would order compensation for damages, but not costs.\n\nXII.—SEPARATE OPINION OF JUSTICE CRUZ CASTRO. Although in the past I have maintained the majority position of the Court, on further consideration of the fundamental rights being asserted, I find that administrative delay constitutes a violation of a fundamental procedural guarantee. I therefore change the position I previously expressed and acknowledge the possibility of a violation of the right to prompt and effective administrative justice, departing from the Court majority’s view that—with limited exceptions—this type of complaint must be resolved in the administrative-litigation jurisdiction. On the contrary, I consider that one of the rights this jurisdiction is called upon to protect is the right to prompt and effective justice, expressly enshrined in Article 41 of the Constitution. This follows from the scope of jurisdiction assigned to this Court in matters concerning the protection of fundamental rights, pursuant to Articles 10 and 48 of the Constitución Política. Although I understand the importance of the reforms to the administrative-litigation jurisdiction following the entry into force of Ley 8508 on 24 April 2006, that circumstance does not justify referring to that forum matters concerning areas within this Chamber’s jurisdiction, which has demonstrated over the years that it provides a swift and effective means of protecting the fundamental rights of the country’s inhabitants.\n\nXIII.—DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. This Chamber must inform the parties that any paper documents, objects, or evidence submitted on any additional device or in electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology format must be collected from the office within 30 business days after notification of this judgment is received. Otherwise, all such materials will be destroyed in accordance with the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena at session N°27-11 on 22 August 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial N°19 on 26 January 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at session N°43-12 held on 03 May 2012, Article LXXXI.\n\nTHEREFORE:\n\nThe amparo application is partially granted solely with respect to the failure to respond to the request of 06 May 2026, with no special order as to costs or damages. Justice Castillo Víquez files a separate opinion. Justice Salazar Alvarado gives different reasons and partially dissents solely for purposes of compensation, and orders the respondent party to pay the costs and damages. Justice Garro Vargas partially dissents and would order compensation for damages, but not costs. Justice Cruz Castro dissents with respect to Article 41 of the Constitution. In all other respects, the amparo application is denied.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification Code --\n\n\n\nJ8RA7XOABAS61\n\nEXPEDIENTE N° 26-023347-0007-CO\n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01)."
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