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  "id": "nexus-sen-1-0007-1420048",
  "citation": "Res. 30360-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Rechazo de amparo por disponibilidad de agua",
  "title_en": "Amparo Rejected over Water Availability",
  "summary_es": "La persona recurrente pidió que la Municipalidad de Belén emitiera una constancia formal de disponibilidad de agua potable para segregar cuatro lotes. Alegó que su propiedad ya tenía una conexión activa y que la falta de constancia impedía el visado de los planos por la Municipalidad de Alajuela. La mayoría de la Sala Constitucional rechazó de plano el amparo. Señaló que los prestadores de agua pueden denegar o condicionar solicitudes cuando existan razones técnicas o legales, y consideró que la controversia sobre la validez de los motivos técnicos y la aplicación de normas infraconstitucionales excedía la competencia de esta jurisdicción. Indicó que la persona podía plantear sus reclamos ante la autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional competente. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvaron el voto: estimaron que se requerían más elementos para determinar si hubo una afectación constitucional y dispusieron cursar el amparo.",
  "summary_en": "The applicant asked the Municipality of Belén to issue a formal potable-water availability certificate for the subdivision of four lots. The applicant alleged that the property already had an active water connection and that the missing certificate prevented the Municipality of Alajuela from approving the cadastral plans. The majority of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) summarily rejected the amparo proceeding. It stated that water providers may deny or condition applications when technical or legal reasons justify doing so, and held that reviewing the validity of the technical grounds and the application of rules below constitutional rank fell outside this specialized jurisdiction’s competence. It indicated that the applicant could pursue the claims before the respondent authority or in the competent judicial forum. Justices Cruz Castro and Rueda Leal dissented: they considered that more evidence was needed to determine whether a constitutional violation had occurred and would have allowed the amparo to proceed.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "06/08/2026",
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    "recurso de amparo",
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    "Municipalidad de Belén",
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  "keywords_en": [
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    "public water service",
    "Municipality of Belén",
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  "excerpt_es": "Ahora bien, del escrito planteado se observa que la denegatoria reclamada obedece a criterios técnicos, cuya disconformidad no corresponde ser conocida por esta Sala, tomando en cuenta que este Tribunal no es un contralor de la legalidad de las actuaciones, ni le compete determinar la correcta aplicación de la normativa infraconstitucional que rige la materia. Tales extremos son ajenos al ámbito de competencia de esta jurisdicción especializada.\n\nAdemás, tal y como se indicó supra, la Sala ha sostenido que resulta posible desestimar las gestiones presentadas para el otorgamiento del servicio de agua potable, cuando se presenten imposibilidades técnicas, como sucede en este caso, o existan criterios técnicos y/o legales que así lo justifiquen. Tampoco le corresponde a la Sala analizar si las razones emitidas para denegar el servicio de disponibilidad de agua son válidas.",
  "excerpt_en": "The application shows that the challenged denial rests on technical criteria, disagreement with which is not for this Chamber to hear, since this Court does not supervise the legality of actions or determine the correct application of the rules below constitutional rank that govern the matter. Those issues fall outside this specialized jurisdiction’s competence.\n\nMoreover, as noted above, the Chamber has held that applications for potable-water service may be dismissed when technical impossibilities arise, as in this case, or when technical and/or legal grounds justify doing so. Nor is it for the Chamber to examine whether the reasons given for denying the water-availability service are valid.",
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    "summary_en": "The majority summarily rejected the amparo concerning the water-availability certificate because it considered the technical and legal dispute outside constitutional jurisdiction; two justices dissented and would have allowed it to proceed.",
    "summary_es": "La mayoría rechazó de plano el amparo sobre la constancia de disponibilidad de agua por considerar que la controversia técnica y legal excedía la competencia constitucional; dos magistrados salvaron el voto y dispusieron cursarlo."
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      "quote_es": "El artículo 50 de la Carta Magna establece que toda persona es titular del derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida."
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      "quote_en": "Accordingly, for the reasons stated, the amparo is inadmissible, as is hereby declared.",
      "quote_es": "En consecuencia, de lo expuesto, el amparo resulta inadmisible, como en efecto se declara."
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  "body_es_text": "Revisión del Documento\n\n\n\nEXPEDIENTE N° 26-027483-0007-CO \n\nPROCESO: RECURSO DE AMPARO\n\nRESOLUCIÓN Nº 2026030360\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del seis de agosto de dos mil veintiseis .\n\n Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra la MUNICIPALIDAD DE BELÉN.\n\nResultando:\n\n 1.- Por escrito agregado al Sistema de Gestión de Despachos Judiciales de esta Sala a las 16:35 horas del 30 de julio de 2026, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la MUNICIPALIDAD DE BELÉN, y manifiesta que: es propietario del inmueble inscrito en el Registro Nacional bajo el sistema de Folio Real Matrícula número PRN01, situado en el cantón de Alajuela, distrito San Rafael, específicamente en el sector conocido como “La Cañada”. Indica que desde la década de 1980, la Municipalidad de Belén ha brindado el servicio de agua potable de manera continua, pacífica y eficiente a los habitantes del sector de “La Cañada” en San Rafael de Alajuela, incluyendo su propiedad, debido a que la Municipalidad de Alajuela carecía de la infraestructura y presencia en la zona, por lo cual su propiedad cuenta con una paja de agua activa y el servicio se ha pagado puntualmente. Explica que con el fin de realizar un proceso de donación y segregación en vida para sus hijos, inició los trámites para actualizar la medición de la finca madre y tramitar los nuevos planos catastrados de los cuatro lotes resultantes. Establece que, como requisito indispensable para que la Municipalidad de Alajuela proceda al visado de los planos catastrados, se requiere la constancia de disponibilidad de agua, por lo cual acudió ante dicha institución a solicitar el documento de “Disponibilidad de Agua”. Comenta que a pesar de haber gestionado dicha solicitud de manera reiterada durante meses, la autoridad recurrida ha sido omisa y dilatoria, verbalmente y a través de evasivas, los funcionarios establecen que no brindarán más disponibilidad de agua ni servicios a personas fuera de su cantón, ignorando que no se trata de una solicitud de un servicio nuevo, sino de la certificación de un servicio ya existente del cual es usuario histórico. Alega que dicha omisión y la negativa arbitraria de la municipalidad recurrida mantiene bloqueado el trámite de visado de planos ante la Municipalidad de Alajuela, violentando sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley y que se le ordene a la Municipalidad de Belén que proceda a emitir y entregarle el documento de “disponibilidad de agua potable” formal para las propiedades a segregar.\n\n 2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. \n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y, \n\nConsiderando:\n\n \n\n I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente solicita la intervención de esta sede constitucional para que la Municipalidad de Belén que proceda a emitir y entregarle el documento de “disponibilidad de agua potable” formal para las propiedades a segregar.\n\nII.- CASO CONCRETO. Según lo planteado por l recurrente y de la prueba aportada, cabe indicar que este Tribunal ha señalado que las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados, las municipalidades y demás instituciones que prestan el servicio de suministro de agua potable, pueden rechazar válidamente esas solicitudes o condicionarlas si existen razones técnicas o legales que así lo justifican. Así, en la sentencia n.°2016-006027 de las 09:05 horas del 6 de mayo de 2016, esta Sala consideró lo siguiente:\n\n“(...) Este Tribunal Constitucional en la sentencia 2014-9134 de las 14:05 horas del 19 de junio de 2014, que abordó una cuestión muy similar a la expuesta en el presente recurso, dispuso: '(...) Esta Sala ha indicado en reiteradas sentencias sobre el tema que el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, y que como tal, todo prestador de servicios públicos -sea sujeto público o sujeto privado- está obligado a prestar el servicio de forma continua, eficiente, en condiciones de igualdad y debiendo adaptarse a los cambios tecnológicos (véase al respecto la sentencia 2001-09676 de las once horas veinticinco minutos del veintiséis de setiembre del dos mil uno y la sentencia 2004-08161 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintitrés de julio del dos mil cuatro). Resulta claro entonces concluir que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al ser uno de los entes estatales encargados de la prestación del servicio público de agua potable, está obligado también a prestar este servicio de forma continua, adaptable, eficiente y por igual a todos los habitantes. Ahora bien, también la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha indicado que, frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad formal (que es la falta de una Red de Distribución de Aguas), es razonable no atender las solicitudes de servicio o solicitar que el interesado asuma los costos de instalación cuando no exista red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura. Así, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la falta de infraestructura. En otras palabras, siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales. En el caso concreto, de la prueba aportada y del informe rendido bajo juramento, se corrobora que el AyA no ha rechazado arbitrariamente la solicitud planteada por la recurrente, sino por la falta del cumplimiento de la totalidad de los requisitos técnico-legales que existe el Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para aprobar nuevos servicios (...)”.\n\n \n\nAhora bien, del escrito planteado se observa que la denegatoria reclamada obedece a criterios técnicos, cuya disconformidad no corresponde ser conocida por esta Sala, tomando en cuenta que este Tribunal no es un contralor de la legalidad de las actuaciones, ni le compete determinar la correcta aplicación de la normativa infraconstitucional que rige la materia. Tales extremos son ajenos al ámbito de competencia de esta jurisdicción especializada. Además, tal y como se indicó supra, la Sala ha sostenido que resulta posible desestimar las gestiones presentadas para el otorgamiento del servicio de agua potable, cuando se presenten imposibilidades técnicas, como sucede en este caso, o existan criterios técnicos y/o legales que así lo justifiquen. Tampoco le corresponde a la Sala analizar si las razones emitidas para denegar el servicio de disponibilidad de agua son válidas. Este Tribunal no debe fungir como mediador ante una determinada persona física o jurídica para interceder por una tercera persona a fin de que se le conceda lo que pretende, tal y como así lo solicita la parte amparada en este caso. Por ello, deberá la tutelada -si a bien lo tiene- plantear sus inconformidades o reclamos ante la autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, de lo expuesto, el amparo resulta inadmisible, como en efecto se declara.\n\nIII.- VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS CRUZ CASTRO Y RUEDA LEAL, CON REDACCIÓN DEL SEGUNDO. En el sub lite, la mayoría de la Sala rechaza el amparo con el argumento de que las instituciones que prestan el servicio de suministro de agua potable pueden rechazar válidamente las solicitudes de servicio de agua potable o condicionarlas, si existen razones técnicas o legales que así lo justifican; sin embargo, salvamos el voto con base en las siguientes consideraciones: \n\nEl artículo 50 de la Carta Magna establece que toda persona es titular del derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. Añade que el agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. También impone que su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos, así como que tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.\n\nA partir de lo anterior, está claro que el carácter prioritario que constitucionalmente se le da al abastecimiento de agua potable obliga a las entidades competentes a adoptar las medidas adecuadas para prever que tal servicio público se brinde de manera igual, continúa y eficiente, lo que exige, a la vez, la adaptación o mutabilidad pertinente, de manera tal que, dentro de una marco de razonabilidad, la infraestructura y las tecnologías se adecuen a los nuevos requerimientos de la sociedad y a los cambios de la naturaleza.\n\nAsí las cosas, estimamos que se requiere de más elementos de conocimiento para acreditar o descartar que en el sub examine se haya dado una afectación de raigambre constitucional que amerite la intervención de la Sala.\n\nIV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n \n\n Se rechaza de plano el recurso. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan el voto y disponen cursar el amparo. \n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n D43OEBTKWDBO61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-027483-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01).",
  "body_en_text": "Document Review\n\n\n\nCASE FILE No. 26-027483-0007-CO\n\nPROCEEDING: AMPARO PROCEEDING\n\nRULING No. 2026030360\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER (SALA CONSTITUCIONAL) OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at 9:30 a.m. on 6 August 2026.\n\nAmparo proceeding filed by Nombre01, identity card CED01, against the MUNICIPALITY OF BELÉN.\n\nBackground:\n\n1.- By a brief added to this Chamber’s Judicial Office Management System at 16:35 on 30 July 2026, the petitioner files an amparo proceeding against the MUNICIPALITY OF BELÉN and states that: he owns the property registered in the National Registry under the Real Folio system, Registration No. PRN01, located in the canton of Alajuela, district of San Rafael, specifically in the area known as “La Cañada.” He indicates that since the 1980s, the Municipality of Belén has continuously, peacefully, and efficiently provided drinking water service to the inhabitants of the “La Cañada” area in San Rafael de Alajuela, including his property, because the Municipality of Alajuela lacked infrastructure and a presence in the area. Accordingly, his property has an active water connection, and the service has been paid for on time. He explains that, in order to donate and subdivide the property among his children during his lifetime, he began the procedures to update the survey of the parent property and process the new cadastral plans for the four resulting lots. He states that, as an indispensable requirement for the Municipality of Alajuela to approve the cadastral plans, proof of water availability is required; he therefore went to that institution to request the “Water Availability” document. He says that, despite having repeatedly pursued this request for months, the respondent authority has been negligent and dilatory: verbally and through evasive responses, officials state that they will not provide any further water availability or services to people outside their canton, disregarding that this is not a request for a new service, but rather certification of an existing service of which he has been a long-standing user. He alleges that this omission and the arbitrary refusal by the respondent municipality have blocked the cadastral-plan approval procedure before the Municipality of Alajuela, violating his fundamental rights. He requests that the amparo be granted with the legal consequences thereof, and that the Municipality of Belén be ordered to issue and deliver to him the formal “drinking water availability” document for the properties to be subdivided.\n\n2.- Article 9 of the Constitutional Jurisdiction Act empowers the Chamber to summarily reject or reject on the merits, at any time, including upon filing, any matter submitted for its consideration that proves manifestly inadmissible, or when it considers that there is sufficient evidence to reject it, or that it is simply a reiteration or reproduction of an earlier, identical or similar, rejected matter.\n\nDrafted by Justice Castillo Víquez; and,\n\nReasons:\n\nI.- OBJECT OF THE AMPARO. The petitioner requests the intervention of this constitutional forum so that the Municipality of Belén proceeds to issue and deliver to him the formal “drinking water availability” document for the properties to be subdivided.\n\nII.- SPECIFIC CASE. Based on what the petitioner has alleged and the evidence submitted, it should be noted that this Court has held that associations administering water-supply and sewerage systems, municipalities, and other institutions providing drinking water supply service may validly reject such requests or condition them if technical or legal reasons justify doing so. Thus, in judgment No. 2016-006027, issued at 9:05 a.m. on 6 May 2016, this Chamber held as follows:\n\n“(...) In judgment 2014-9134, issued at 2:05 p.m. on 19 June 2014, which addressed an issue very similar to that raised in this amparo proceeding, this Constitutional Court held: ‘(...) In repeated judgments on this subject, this Chamber has indicated that the supply of drinking water is considered a public service under Costa Rican law and that, as such, every public-service provider—whether a public or private entity—is required to provide the service continuously and efficiently, on equal terms, and to adapt to technological changes (see, in this regard, judgment 2001-09676, issued at 11:25 a.m. on 26 September 2001, and judgment 2004-08161, issued at 10:53 a.m. on 23 July 2004). It is therefore clear that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as one of the state entities responsible for providing the public drinking water service, is also required to provide this service continuously, adaptably, efficiently, and equally to all inhabitants. However, the case law of this Constitutional Court has also indicated that, when there is legal impossibility (that is, failure to meet requirements established in the applicable regulations) or formal impossibility (that is, absence of a water distribution network), it is reasonable not to grant service requests or to require the interested party to bear installation costs when no drinking water distribution network exists and infrastructure must be built. In such cases, it is understood that this is not a denial of access to the drinking water service, but rather an inability to provide it or the interested party’s necessary participation in overcoming a technical impossibility, namely, the lack of infrastructure. In other words, where the failure to provide the drinking water service is not arbitrary, capricious, or without basis, but is justified by legal or material impossibility, there is no violation of fundamental rights. In the specific case, the evidence submitted and the report made under oath confirm that AyA did not arbitrarily reject the request filed by the petitioner, but did so because all of the technical and legal requirements established in the Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados for approving new services had not been met (...)’.”\n\nThe filing shows that the challenged denial is based on technical criteria, disagreement with which is not a matter for this Chamber to hear, given that this Court does not review the legality of actions, nor is it responsible for determining the correct application of the infra-constitutional rules governing the matter. Such issues fall outside the jurisdiction of this specialized court. Moreover, as indicated above, the Chamber has held that requests for the provision of drinking water service may be dismissed when technical impossibilities arise, as in this case, or when technical and/or legal criteria justify doing so. Nor is it for the Chamber to analyze whether the reasons given for denying the water-availability service are valid. This Court should not act as a mediator with a particular natural or legal person to intercede on behalf of a third party so that the third party may obtain what is sought, as the amparo petitioner requests here. Accordingly, the protected party may—if they so wish—raise their objections or claims before the respondent authority or in the competent judicial forum, where they may fully debate the merits and assert their claims. Consequently, in light of the foregoing, the amparo is inadmissible, as is hereby declared.\n\nIII.- DISSENTING OPINION OF JUSTICES CRUZ CASTRO AND RUEDA LEAL, DRAFTED BY THE LATTER. In the present case, the Chamber majority rejects the amparo on the ground that institutions providing drinking water supply service may validly reject drinking water service requests or condition them if technical or legal reasons justify doing so. We dissent, however, for the following reasons:\n\nArticle 50 of the Constitution establishes that every person holds the basic and inalienable human right of access to drinking water, as an essential resource for life. It adds that water is a national resource indispensable to protecting that human right. It also provides that its use, protection, sustainability, conservation, and exploitation shall be governed by the law to be enacted for these purposes, and that priority shall be given to supplying drinking water for the consumption of individuals and populations.\n\nIn light of the foregoing, it is clear that the priority constitutionally accorded to the supply of drinking water requires the competent entities to adopt appropriate measures to ensure that this public service is provided equally, continuously, and efficiently. This also requires the relevant adaptation or capacity to change, so that, within a framework of reasonableness, infrastructure and technologies are adapted to society’s new requirements and to changes in nature.\n\nAccordingly, we consider that further evidence is needed to establish or rule out whether, in the present case, there was an infringement of constitutional standing warranting the Chamber’s intervention.\n\nIV.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. The parties are advised that, if they submitted any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, they must retrieve them from the office within a maximum period of 30 business days from notification of this judgment. Otherwise, any material not retrieved within that period will be destroyed, as provided in the “Regulation on Electronic Case Files before the Judiciary,” approved by the Full Court at session No. 27-11 of 22 August 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin No. 19 of 26 January 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary at session No. 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe amparo proceeding is summarily rejected. Justices Cruz Castro and Rueda Leal dissent and order that the amparo proceed.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification Code --\n\n\n\nD43OEBTKWDBO61\n\nCASE FILE No. 26-027483-0007-CO\n\nTelephone: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. 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