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  "id": "nexus-sen-1-0007-1420281",
  "citation": "Res. 30667-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Amparo por paralización de obras y mora administrativa",
  "title_en": "Amparo on Work Stoppage and Administrative Delay",
  "summary_es": "La mayoría de la Sala Constitucional rechazó de plano el amparo de TEDDY THE WONDER DOG S.R.L. contra el SINAC, el CONAC y el Ministerio de Ambiente y Energía: consideró que dejar sin efecto o modificar la orden de paralización y autorizar obras de estabilización son cuestiones de legalidad ordinaria para las autoridades administrativas o la jurisdicción correspondiente, y remitió allí el reclamo por mora administrativa. La gestión se relacionaba con una orden de ACOSA que detuvo indefinidamente obras en Bahía Ballena, pese a una resolución de SETENA que ordenaba estabilizar un talud. El magistrado Castillo Víquez añadió una nota sobre el artículo 41 constitucional; el magistrado Rueda Leal dio razones diferentes, basadas en que no se acreditó un vínculo esencial y directo entre la persona jurídica recurrente y una persona natural titular de los derechos invocados. El magistrado Cruz Castro salvó el voto respecto de la mora, al estimar que podía conocerla la Sala.",
  "summary_en": "The majority of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) summarily rejected TEDDY THE WONDER DOG S.R.L.’s amparo application against SINAC, CONAC, and the Ministry of Environment and Energy. It held that setting aside or changing the work-stoppage order and authorizing slope-stabilization works are ordinary legality matters for the administrative authorities or the appropriate jurisdiction, and directed the administrative-delay complaint to that jurisdiction. The application concerned an ACOSA order indefinitely stopping construction in Bahía Ballena despite a SETENA resolution ordering slope stabilization. Justice Castillo Víquez added a note concerning Article 41 of the Constitution; Justice Rueda Leal gave different reasons, finding no essential and direct link had been shown between the applicant legal entity and a natural person whose rights were invoked. Justice Cruz Castro dissented on the delay issue, considering that the Chamber could hear it.",
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  "date": "11/08/2026",
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    "right to prompt and effective justice"
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  "excerpt_es": "Lo anterior no se encuentra dentro del ámbito de competencia de esta Jurisdicción, porque no le corresponde a la Sala interceder o mediar ante las autoridades administrativas para que se conceda lo pretendido. Además, este Tribunal no puede reemplazar a la Administración en el ejercicio de sus competencias para determinar, conforme a los hechos, los estudios técnicos y la normativa aplicable, si procede levantar, modificar o mantener la orden de paralización, autorizar la ejecución de las obras de estabilización o resolver las gestiones administrativas formuladas, por cuanto se trata de extremos de legalidad ordinaria y no de constitucionalidad, que deben ser dirimidos en la vía administrativa o jurisdiccional correspondiente.\n\nEn consecuencia, deberá la parte recurrente gestionar lo correspondiente ante las autoridades recurridas o en la sede jurisdiccional ordinaria competente. Así las cosas, se declara inadmisible el recurso en cuanto a estos extremos.",
  "excerpt_en": "The foregoing falls outside this jurisdiction’s competence, because the Chamber is not responsible for interceding or mediating with administrative authorities to obtain the requested relief. Moreover, this Tribunal cannot replace the Administration in exercising its powers to determine, in light of the facts, technical studies, and applicable rules, whether to lift, modify, or maintain the work-stoppage order, authorize the slope-stabilization works, or decide the administrative requests, since these are ordinary legality matters rather than constitutional matters, to be resolved through the appropriate administrative or judicial avenue.\n\nAccordingly, the applicant must pursue the appropriate steps before the respondent authorities or in the competent ordinary judicial forum. The application is therefore declared inadmissible as to these issues.",
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    "label_en": "Summarily rejected",
    "label_es": "Rechazado de plano",
    "summary_en": "The majority summarily rejected the amparo and directed the administrative-delay claim to the administrative-litigation jurisdiction; Justice Cruz Castro dissented only on that claim.",
    "summary_es": "La mayoría rechazó de plano el amparo y remitió el reclamo de mora administrativa a la jurisdicción contencioso-administrativa; el magistrado Cruz Castro salvó el voto únicamente sobre ese reclamo."
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  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando IV",
      "quote_en": "In sum, the new administrative-litigation jurisdiction is an appropriate avenue, given its features of simplicity, speed, and promptness, for the effective protection of the substantive legal positions of persons subject to the Administration where evidence must be gathered or ordinary legality issues resolved.",
      "quote_es": "En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria."
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    {
      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "Determining whether the public administration complies with the deadlines set by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, whether to issue a final decision in a proceeding initiated on its own motion or at a party’s request, or to hear the available administrative appeals, is plainly a matter of ordinary legality.",
      "quote_es": "Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria"
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    {
      "context": "Voto salvado del magistrado Cruz Castro",
      "quote_en": "On the contrary, I consider that one of the rights this jurisdiction is called upon to protect is the right to prompt and effective justice, expressly enshrined in Article 41 of the Constitution.",
      "quote_es": "Por el contrario, estimo que uno de los derechos que esta jurisdicción se encuentra llamada a tutelar es el de la justicia pronta y cumplida, expresamente consagrado en el artículo 41 constitucional."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1420281",
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  "body_es_text": "Revisión del Documento\n\n\n\nExp: 26-026958-0007-CO \n\nRes. Nº 2026030667\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del once de agosto de dos mil veintiseis .\n\n \n\nRecurso de amparo que se tramita bajo el número de expediente 26-028136-0007-CO, interpuesto por Nombre01, representante de TEDDY THE WONDER DOG S.R.L, cédula jurídica 3-102-920548; contra el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el Consejo Nacional de Áreas de Conservación y el Ministerio de Ambiente y Energía. \n\nResultando:\n\n1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala el 27 de julio de 2026, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el Consejo Nacional de Áreas de Conservación y el Ministerio de Ambiente y Energía. Manifiesta que su representada desarrolla el proyecto “Casa Principal” en la finca PRN01, ubicada en Bahía Ballena de Osa, amparado a la viabilidad ambiental otorgada por la Resolución N.° 2057-2025-SETENA (expediente D1-C-1031-2025) y con los permisos municipales y de construcción correspondientes. Señala que, mediante la Orden Administrativa N.° SINAC-ACOSA-HNTS-006-2026, de 25 de marzo de 2026, la Dirección Regional del Área de Conservación Osa (ACOSA) ordenó la paralización total e indefinida de las obras por la corta de tres árboles sin autorización, situación que reconoce y respecto de la cual se comprometió a resarcir el daño. Indica que, posteriormente, la Resolución N.° 0825-2026-SETENA ordenó la presentación de un estudio de estabilidad del talud antes del 10 de agosto de 2026 y dispuso la ejecución urgente de obras de contención, lo que considera incompatible con la paralización total impuesta por ACOSA. Agrega que en el inmueble ya ocurrió un deslave y que diversos informes técnicos de fechas 29 de abril, 19 de mayo y 6 de julio de 2026 recomiendan la intervención inmediata del talud. Refiere que el 23 de junio de 2026 solicitó a la Dirección Regional de ACOSA el levantamiento, modificación o aclaración de la orden de paralización para permitir, al menos, las obras de estabilización; que reiteró dicha gestión el 10 de julio de 2026 y posteriormente acudió al Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC) mediante escritos del 13 y 24 de julio de 2026, sin obtener respuesta de fondo. Añade que el 27 de julio de 2026 el CONAC admitió por escrito que el expediente administrativo aún no había sido remitido por ACOSA para su conocimiento, lo que, a su juicio, mantiene bloqueada la vía administrativa y agrava el riesgo de nuevos deslizamientos durante la estación lluviosa. Con base en lo expuesto, solicita que se declare con lugar el recurso, se ordene a ACOSA resolver las gestiones presentadas y remitir el expediente al CONAC, que este último resuelva en un plazo perentorio y que, como medida cautelar, se autorice la ejecución inmediata de las obras de estabilización del talud previstas en la Resolución N.° 0825-2026-SETENA. Solicita la intervención de la Sala.\n\n2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.\n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente refiere que su representada desarrolla un proyecto constructivo en Bahía Ballena de Osa, amparado a la Resolución N.° 2057-2025-SETENA y con los permisos correspondientes. Reclama que la Dirección Regional del Área de Conservación Osa (ACOSA) mantiene vigente la Orden Administrativa N.° SINAC-ACOSA-HNTS-006-2026, que dispuso la paralización total e indefinida de las obras, pese a que la Resolución N.° 0825-2026-SETENA ordenó la ejecución urgente de obras de estabilización del talud y, además, no ha resuelto las gestiones presentadas el 23 de junio y 10 de julio de 2026 para levantar, modificar o aclarar dicha orden ni ha remitido el expediente administrativo al Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC), el cual tampoco ha podido conocer el asunto. Considera que esa omisión lesiona sus derechos fundamentales de petición y pronta resolución, al debido proceso y a un ambiente sano. Pretende que se ordene a ACOSA resolver las gestiones formuladas y remitir el expediente al CONAC, que este resuelva dentro de un plazo perentorio y que, como medida cautelar, se autorice la ejecución inmediata de las obras de estabilización del talud previstas en la Resolución N.° 0825-2026-SETENA.\n\nII.- SOBRE LA REACTIVACIÓN DE LAS OBRAS. En el presente asunto, la parte recurrente pretende que esta Sala intervenga para dejar sin efecto, levantar o modificar los efectos de la Orden Administrativa N.° SINAC-ACOSA-HNTS-006-2026, disponga la remisión del expediente administrativo al Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC) y, además, como medida cautelar, autorice la ejecución inmediata de las obras de estabilización del talud previstas en la Resolución N.° 0825-2026-SETENA. Lo anterior no se encuentra dentro del ámbito de competencia de esta Jurisdicción, porque no le corresponde a la Sala interceder o mediar ante las autoridades administrativas para que se conceda lo pretendido. Además, este Tribunal no puede reemplazar a la Administración en el ejercicio de sus competencias para determinar, conforme a los hechos, los estudios técnicos y la normativa aplicable, si procede levantar, modificar o mantener la orden de paralización, autorizar la ejecución de las obras de estabilización o resolver las gestiones administrativas formuladas, por cuanto se trata de extremos de legalidad ordinaria y no de constitucionalidad, que deben ser dirimidos en la vía administrativa o jurisdiccional correspondiente. En consecuencia, deberá la parte recurrente gestionar lo correspondiente ante las autoridades recurridas o en la sede jurisdiccional ordinaria competente. Así las cosas, se declara inadmisible el recurso en cuanto a estos extremos.\n\nIII.- SOBRE LA ALEGADA MORA ADMINISTRATIVA. Por otra parte, la parte recurrente acusa el retardo de la Dirección Regional del Área de Conservación Osa (ACOSA) en resolver las gestiones presentadas los días 23 de junio y 10 de julio de 2026, así como la falta de remisión del expediente administrativo al Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC), lo cual le es aplicable lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política. Sin embargo, a partir del voto número 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008 y salvo algunas excepciones, esta Sala ha remitido este tipo de reclamos a la jurisdicción contencioso administrativa y, precisamente, el tema planteado por la parte recurrente no es una de las excepciones que esta Sala ha admitido para conocer la alegada violación al derecho a obtener justicia administrativa pronta y cumplida. En consecuencia, lo procedente es remitirla a la vía contencioso administrativa a acusar el retardo en cuestión, con fundamento en los siguientes considerandos.\n\nIV.- NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad –y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o “amparo de legalidad”, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.\n\n V.- VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS PAUTADOS POR LEY PARA RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: CUESTIÓN EVIDENTE DE LEGALIDAD ORDINARIA. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para la parte recurrente. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle a la persona gestionante que si a bien lo tiene puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. \n\nVI.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nVII.- RAZONES DIFERENTES DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. Sostengo que este asunto se debe rechazar de plano, por cuanto la parte accionante plantea el recurso de amparo a favor de una persona jurídica. De importancia para el sub examine, en el voto salvado que consigné en la sentencia nro. 2019-2355 de las 9:30 horas de 12 de febrero de 2019 sostuve:\n\n“en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Nombre02 y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas. En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado) (OC. 22/16)”.\n\nEn mi criterio, la lectura de la Ley de la Jurisdicción Constitucional obliga a la misma ratio de la hermenéutica convencional supracitada respecto a todo derecho fundamental. Así, en un proceso de constitucionalidad formulado a favor de una persona jurídica, su admisión para estudio exige una relación esencial y directa entre la persona jurídica que aduce verse afectada por alguna vulneración al orden constitucional y la persona natural que por tal lesión viene a ver menoscabado, de forma refleja pero directa, algún derecho fundamental. Ahora, para tales efectos es insuficiente la mera referencia a una conexión o vínculo entre la persona jurídica y la natural para poder colegir que, precisamente, por medio del proceso de constitucionalidad se esté procurando el resguardo de los derechos fundamentales de la última, no meramente los de la primera. El requerimiento antedicho deviene entonces un presupuesto sine qua non para la procedencia del control de constitucionalidad por parte de esta jurisdicción. A partir de lo expuesto, colijo que esta debe ser la pauta con que se debe interpretar la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de manera que en el sub iudice deviene improcedente la aplicación del control jurisdiccional de constitucionalidad, puesto que, con base en la prueba que consta en autos, no se ha demostrado el vínculo esencial entre la persona jurídica amparada y alguna natural, de modo específico, en relación con el presunto derecho agraviado. \n\nVIII.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO CRUZ CASTRO. Si bien en el pasado he sostenido el criterio de mayoría del Tribunal, bajo una mejor ponderación de los derechos fundamentales que se reclaman, estimo que la mora administrativa constituye una lesión a una garantía procesal fundamental, razón por la que cambio el criterio que había expuesto, admitiendo la posible infracción al derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida, separándome de la visión de la mayoría del Tribunal, en el sentido que –salvo contadas excepciones- este tipo de reproches deben resolverse en la jurisdicción contenciosa administrativa. Por el contrario, estimo que uno de los derechos que esta jurisdicción se encuentra llamada a tutelar es el de la justicia pronta y cumplida, expresamente consagrado en el artículo 41 constitucional. Ello conforme al ámbito de competencia asignado a este Tribunal en materia de protección a derechos fundamentales, en atención a lo dispuesto en los artículos 10 y 48 de la Constitución Política. Si bien, entiendo la importancia de las reformas de la jurisdicción contencioso administrativa a partir de la vigencia de la Ley 8508 del veinticuatro de abril de dos mil seis, lo cierto es que dicha situación no justifica la remisión a dicha instancia de los asuntos que versan sobre materia que es competencia de esta Sala, la cual ha demostrado a lo largo de los años que es un medio célere y efectivo para la tutela de los derechos fundamentales de los habitantes del país.\n\nIX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe rechaza de plano el recurso. El magistrado Castillo Víquez pone nota, únicamente, en relación con el artículo 41 constitucional. El magistrado Rueda Leal da razones diferentes. El magistrado Cruz Castro salva el voto, únicamente, en relación con el artículo 41 constitucional. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n 1R43BLWOOERY61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-026958-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01).",
  "body_en_text": "Document Review\n\n\n\nExp: 26-026958-0007-CO\n\nRes. Nº 2026030667\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at 9:25 a.m. on 11 August 2026.\n\nAmparo proceeding filed under case number 26-028136-0007-CO by Nombre01, representative of TEDDY THE WONDER DOG S.R.L, legal entity identification number 3-102-920548, against the National System of Conservation Areas (SINAC), the National Council of Conservation Areas, and the Ministry of Environment and Energy.\n\nBackground:\n\n1.- By submission filed with the Chamber’s Secretariat on 27 July 2026, the claimant filed an amparo proceeding against the National System of Conservation Areas (SINAC), the National Council of Conservation Areas, and the Ministry of Environment and Energy. The claimant states that the represented entity is developing the “Casa Principal” project on property PRN01, located in Bahía Ballena de Osa, under the environmental viability granted by Resolution N.° 2057-2025-SETENA (file D1-C-1031-2025) and with the corresponding municipal and construction permits. The claimant indicates that, by Administrative Order N.° SINAC-ACOSA-HNTS-006-2026, dated 25 March 2026, the Regional Directorate of the Osa Conservation Area (ACOSA) ordered the total and indefinite suspension of the works because three trees had been felled without authorization, a circumstance the claimant acknowledges and for which it undertook to compensate for the damage. The claimant states that, subsequently, Resolution N.° 0825-2026-SETENA ordered submission of a slope stability study before 10 August 2026 and urgent implementation of containment works, which the claimant considers incompatible with the total suspension imposed by ACOSA. The claimant adds that a landslide has already occurred on the property and that various technical reports dated 29 April, 19 May, and 6 July 2026 recommend immediate work on the slope. The claimant reports that on 23 June 2026 it asked ACOSA’s Regional Directorate to lift, amend, or clarify the suspension order to allow, at a minimum, slope stabilization works; that it reiterated this request on 10 July 2026 and subsequently approached the National Council of Conservation Areas (CONAC) through submissions dated 13 and 24 July 2026, without receiving a substantive response. The claimant adds that on 27 July 2026 CONAC acknowledged in writing that ACOSA had not yet forwarded the administrative file for its review, which, in the claimant’s view, blocks the administrative avenue and increases the risk of further landslides during the rainy season. On the basis of the foregoing, the claimant asks that the application be granted, that ACOSA be ordered to decide on the submissions made and forward the file to CONAC, that the latter decide within a peremptory time limit, and that, as an interim measure, immediate implementation be authorized for the slope stabilization works provided for in Resolution N.° 0825-2026-SETENA. The claimant requests the Chamber’s intervention.\n\n2.- Article 9 of the Constitutional Jurisdiction Act empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, including upon filing, any submission brought before it that proves manifestly inadmissible, or when it considers that there is sufficient evidence to reject it, or that it is merely a repetition or reproduction of an earlier identical or similar submission that was rejected.\n\nDrafted by Justice Castillo Víquez; and,\n\nReasons:\n\nI.- SUBJECT OF THE APPLICATION. The claimant states that the represented entity is developing a construction project in Bahía Ballena de Osa, under Resolution N.° 2057-2025-SETENA and with the corresponding permits. The claimant complains that the Regional Directorate of the Osa Conservation Area (ACOSA) continues to enforce Administrative Order N.° SINAC-ACOSA-HNTS-006-2026, which ordered the total and indefinite suspension of the works, even though Resolution N.° 0825-2026-SETENA ordered urgent implementation of slope stabilization works and, in addition, the Directorate has not decided on the submissions filed on 23 June and 10 July 2026 to lift, amend, or clarify that order, nor forwarded the administrative file to the National Council of Conservation Areas (CONAC), which has also been unable to consider the matter. The claimant considers that this omission violates its fundamental rights to petition and to a prompt resolution, to due process, and to a healthy environment. The claimant seeks an order requiring ACOSA to decide on the submissions made and forward the file to CONAC, requiring CONAC to decide within a peremptory time limit, and authorizing, as an interim measure, immediate implementation of the slope stabilization works provided for in Resolution N.° 0825-2026-SETENA.\n\nII.- ON THE RESUMPTION OF THE WORKS. In this matter, the claimant seeks the intervention of this Chamber to set aside, lift, or amend the effects of Administrative Order N.° SINAC-ACOSA-HNTS-006-2026, order the administrative file forwarded to the National Council of Conservation Areas (CONAC), and, as an interim measure, authorize immediate implementation of the slope stabilization works provided for in Resolution N.° 0825-2026-SETENA. This does not fall within the jurisdiction of this Court, because the Chamber is not responsible for interceding or mediating with administrative authorities so that the relief sought is granted. Moreover, this Court cannot replace the Administration in exercising its powers to determine, in light of the facts, technical studies, and applicable regulations, whether the suspension order should be lifted, amended, or maintained; whether implementation of the stabilization works should be authorized; or whether the administrative submissions made should be decided, since these are matters of ordinary legality, not constitutionality, and must be resolved through the corresponding administrative or judicial avenue. Accordingly, the claimant must pursue the appropriate steps before the respondent authorities or in the competent ordinary judicial forum. Therefore, the application is declared inadmissible as to these matters.\n\nIII.- ON THE ALLEGED ADMINISTRATIVE DELAY. The claimant also alleges that the Regional Directorate of the Osa Conservation Area (ACOSA) has delayed deciding on the submissions filed on 23 June and 10 July 2026, and has failed to forward the administrative file to the National Council of Conservation Areas (CONAC), to which Article 41 of the Constitution applies. However, beginning with decision number 2008-02545, issued at 8:55 a.m. on 22 February 2008, and with some exceptions, this Chamber has referred this type of claim to the administrative-litigation jurisdiction. The issue raised by the claimant is not one of the exceptions this Chamber has accepted for review of an alleged violation of the right to obtain prompt and effective administrative justice. Accordingly, the appropriate course is to refer the claimant to the administrative-litigation jurisdiction to allege the delay in question, on the basis of the following reasons.\n\nIV.- NEW ADMINISTRATIVE JUSTICE: AN EXPEDITIOUS AND EFFECTIVE MECHANISM FOR THE PROTECTION OF SUBSTANTIVE LEGAL POSITIONS OF ADMINISTERED PERSONS. Since its establishment, the Constitutional Chamber has applied broad admissibility criteria in view of the absence of expeditious procedures for protecting substantive legal positions grounded in the infra-constitutional legal order or standard of legality, which are indirectly connected to fundamental rights and Constitutional Law. In this regard, it must be borne in mind that, by virtue of its supremacy, super-legality, and direct and immediate effect, the Constitution provides indirect grounds for any conceivable substantive legal position of individuals. Nevertheless, upon further weighing of the matter, and following the enactment of the Administrative Litigation Procedure Code (Law No. 8508 of 24 April 2006) and its entry into force on 1 January 2008, it has become clear that litigants now have access to a plenary and universal administrative-litigation jurisdiction that is highly expeditious and prompt because of the various procedural mechanisms that legislation incorporates into the legal order. These include shorter time limits for carrying out the various procedural acts; broad standing; interim measures; an open-ended range of claims that may be brought; oral proceedings—and their sub-principles of concentration, immediacy, and expedition—; a single instance with a right of appeal in expressly specified situations; in-proceeding conciliation; unified proceedings; preferential proceedings or “amparo de legalidad” (legality amparo); proceedings involving questions of law alone; new enforcement measures (coercive fines, substitute or commissarial enforcement, attachment of assets in the fiscal domain and some in the public domain); the broad powers of the enforcement judges; the extension and adaptation of the effects of case law to third parties; and the flexibility of the cassation appeal. All these novel procedural institutions are expressly intended to achieve procedural economy, expedition, promptness, and effective or complete protection of the substantive legal positions of administered persons, while guaranteeing basic fundamental rights such as due process, defense, and adversarial proceedings. In short, the new administrative-litigation jurisdiction, owing to its features of simplicity, expedition, and promptness, provides a suitable avenue for the effective protection of the substantive legal positions of administered persons where evidence must be gathered or questions of ordinary legality resolved.\n\nV.- VERIFICATION OF THE TIME LIMITS ESTABLISHED BY LAW FOR DECIDING: AN OBVIOUS MATTER OF ORDINARY LEGALITY. It is evident that determining whether the public administration complies with the time limits established by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or sector-specific laws for special administrative proceedings, whether to issue a final decision in an administrative proceeding—initiated on its own motion or at a party’s request—or to decide the applicable administrative appeals, is plainly a matter of ordinary legality. Going forward, it may be disputed and resolved before the administrative-litigation jurisdiction, applying the principles that inform constitutional jurisdiction, such as representative standing, the possibility of appearing without legal counsel, and the absence of costs for the claimant. Consequently, outright rejection is required, and the person making the submission should be advised that, if they wish, they may resort to the administrative-litigation jurisdiction.\n\nVI.- NOTE BY JUSTICE CASTILLO VÍQUEZ REGARDING PROMPT AND EFFECTIVE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court’s position that, when a litigant alleges a violation of the right to prompt and effective justice in the administrative forum, the Courts of Administrative Litigation, rather than this Chamber, must hear the legal dispute. However, with the recent enactment of Law n.° 9097, the Law on the Regulation of the Right to Petition, it has been established that this right is amenable to judicial protection by means of the amparo proceeding established by Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Act, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in cases where the petitioner considers that the Administration’s conduct, its administrative acts, or its response are affecting the petitioner’s fundamental rights. In my view, the recently enacted legislation does not require this Court to change its line of case law, since under Article 7 of its Act it is for this Court alone to define its own jurisdiction. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that this Chamber itself has recognized as exceptional cases that may be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo proceeding, in all other cases, for the reasons given by this Court (decision N° 2008-02545, issued at 8:55 a.m. on 22 February 2008), the competent judges are those of the administrative-litigation jurisdiction. All of this is consistent with Article 25 of the American Convention on Human Rights, Constitutional Law (values, principles, and rules), and the applicable legal rules, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal order.\n\nVII.- DIFFERENT REASONS OF JUSTICE RUEDA LEAL. I maintain that this matter should be rejected outright because the claimant brought the amparo proceeding on behalf of a legal entity. Of importance to the matter under examination, in the dissenting opinion I set out in decision no. 2019-2355, issued at 9:30 a.m. on 12 February 2019, I stated:\n\n“in Advisory Opinion 22-16 of 26 February 2016, the Inter-American Court of Human Rights indicated that although some States recognize the right to petition for legal entities under special conditions, such as trade unions, political parties, or representatives of Indigenous peoples, people of African descent, or specific groups, the fact is that ‘Article 1.2 of the American Convention only establishes rights in favor of natural persons, and legal entities are therefore not holders of the rights established in that treaty.’ On the other hand, in the same advisory opinion, the Inter-American Court provided that, in certain specific contexts, natural persons may come to exercise their rights through legal entities (for example, through a communications medium, as occurred in the case of Nombre02 et al. v. Venezuela); however, for this to be protected before the inter-American system, ‘the exercise of the right through a legal entity must involve an essential and direct relationship between the natural person who requires protection from the inter-American system and the legal entity through which the violation occurred, since a mere connection between the two persons is not sufficient to conclude that the rights of natural persons, rather than those of legal entities, are in fact being protected. Indeed, it must be proven that the natural person’s participation goes beyond mere involvement in the legal entity’s activities, such that the participation is substantially related to the rights alleged to have been violated.’ (emphasis added) (OC. 22/16)”.\n\nIn my view, reading the Constitutional Jurisdiction Act requires applying the same ratio of the above-cited conventional interpretation to every fundamental right. Thus, in a constitutional proceeding brought on behalf of a legal entity, its admission for consideration requires an essential and direct relationship between the legal entity claiming to be affected by a violation of the constitutional order and the natural person whose fundamental right is thereby impaired in a reflected but direct manner. For these purposes, a mere reference to a connection or link between the legal entity and the natural person is insufficient to infer that the constitutional proceeding is, in fact, seeking to safeguard the latter’s fundamental rights and not merely those of the former. This requirement is therefore a sine qua non for constitutional review by this jurisdiction. On the basis of the foregoing, I conclude that this should be the standard for interpreting the Constitutional Jurisdiction Act. Accordingly, in the present case, constitutional judicial review is inadmissible because the evidence in the record does not establish an essential link between the legal entity on whose behalf the amparo was brought and any natural person, specifically in relation to the alleged right that was infringed.\n\nVIII.- DISSENTING OPINION OF JUSTICE CRUZ CASTRO. Although in the past I have held the Court’s majority position, upon further weighing of the fundamental rights asserted, I consider that administrative delay constitutes a violation of a fundamental procedural guarantee. For that reason, I change the position I previously expressed and accept that there may have been an infringement of the right to prompt and effective administrative justice, departing from the Court majority’s view that, with a few exceptions, this type of complaint must be resolved in the administrative-litigation jurisdiction. On the contrary, I consider that one of the rights this jurisdiction is called upon to protect is the right to prompt and effective justice, expressly established in Article 41 of the Constitution. This follows from the scope of jurisdiction assigned to this Court in the protection of fundamental rights, in accordance with Articles 10 and 48 of the Political Constitution. Although I understand the importance of the reforms to the administrative-litigation jurisdiction following the entry into force of Law 8508 of twenty-four April two thousand six, that circumstance does not justify referring to that forum matters concerning a subject within this Chamber’s jurisdiction. Over the years, this Chamber has shown itself to be an expeditious and effective means of protecting the fundamental rights of the country’s inhabitants.\n\nIX.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. The claimant is advised that if any paper document, or any object or evidence contained in an additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, has been submitted, it must be collected from the office within a maximum period of 30 working days from notification of this decision. Otherwise, any material not collected within that period will be destroyed, as provided in the “Regulation on Electronic Case Files before the Judiciary,” approved by the Full Court at session N° 27-11 of 22 August 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin number 19 of 26 January 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary at session N° 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe application is rejected outright. Justice Castillo Víquez enters a note solely in relation to Article 41 of the Constitution. Justice Rueda Leal gives different reasons. Justice Cruz Castro dissents solely in relation to Article 41 of the Constitution.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\n1R43BLWOOERY61\n\nCASE FILE N° 26-026958-0007-CO\n\nTelephone: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01)."
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