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  "id": "nexus-sen-1-0007-1420424",
  "citation": "Res. 30765-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Amparo prematuro por falta de inspección sanitaria",
  "title_en": "Premature amparo over a delayed health inspection",
  "summary_es": "La Sala Constitucional rechazó de plano por prematuro un amparo contra el Ministerio de Salud por no inspeccionar una denuncia sobre filtración de aguas sucias en una vivienda. Aunque reconoció que el reclamo aludía a un presunto riesgo para la salud y las personas que eventualmente podría ser tutelado por la Sala, determinó que solo habían transcurrido diez días desde la presentación de la gestión y que el Ministerio aún estaba dentro del plazo de dos meses previsto en el artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública para resolverla en definitiva. La decisión no resuelve si existe contaminación, riesgo sanitario o peligro de colapso de la tapia, ni si la autoridad incumplió sus deberes. Deja a salvo la posibilidad de presentar nuevamente un amparo una vez transcurrido el plazo señalado.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) summarily rejected as premature an amparo against the Ministry of Health for failing to inspect a complaint about sewage water leaking into a home. Although it recognized that the complaint concerned an alleged risk to health and people that the Chamber might potentially protect, it determined that only ten days had passed since the complaint was filed and that the Ministry was still within the two-month period under Article 261 of the General Law of Public Administration to issue a final decision. The ruling does not decide whether contamination, a health risk, or danger of the adjoining wall collapsing exists, or whether the authority breached its duties. It leaves open the possibility of filing amparo again once the stated period has elapsed.",
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  "date": "11/08/2026",
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    "recurso de amparo",
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    "derecho de petición",
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    "Área Rectora de Salud",
    "Ley General de la Administración Pública"
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    "filtración de aguas sucias",
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  "keywords_en": [
    "environmental amparo",
    "sewage water leakage",
    "health risk",
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    "Ministry of Health",
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  "excerpt_es": "Ahora bien, en el caso concreto, si bien se plantea un supuesto de excepción, que eventualmente podría ser tutelado por esta Sala, pues está relacionado con un reclamo por presunto riesgo para la salud y para las personas, lo cierto es que, el amparo resulta prematuro, pues la gestión cuya falta de acción y solución se reclama en este amparo, se presentó formalmente el 21 de julio de 2026 y el amparo se presentó el 31 de julio de 2026, es decir, diez días después de presentada la gestión, por lo que no puede considerarse que haya transcurrido un plazo excesivo e irrazonable, sin que la autoridad recurrida resuelva, toda vez que, no ha transcurrido el plazo de dos meses que dispone el artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública, por lo que la autoridad recurrida aún se encontraba en plazo para resolver en definitiva su gestión.\n\nAsí las cosas, el recurso resulta inadmisible por prematuro, sin perjuicio de que la parte recurrente pueda acudir nuevamente en amparo, una vez que haya transcurrido el plazo señalado.",
  "excerpt_en": "In this case, although an exceptional situation is raised that this Chamber could potentially protect because it concerns an alleged risk to health and people, the amparo is premature. The matter for which the amparo alleges inaction and lack of resolution was formally submitted on 21 July 2026, and the amparo was filed on 31 July 2026, that is, ten days after the matter was submitted. It therefore cannot be considered that an excessive and unreasonable period has passed without the respondent authority resolving it, since the two-month period provided in Article 261 of the General Law of Public Administration has not elapsed, and the respondent authority was still within the period to issue a final decision on the matter.\n\nAccordingly, the application is inadmissible as premature, without prejudice to the applicant filing amparo again once the stated period has elapsed.",
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    "summary_en": "The Chamber summarily rejected the amparo as premature because the two-month period under Article 261 of the General Law of Public Administration for deciding the matter had not yet expired, without prejudice to filing again after that period.",
    "summary_es": "La Sala rechazó de plano el amparo por prematuro porque aún no había vencido el plazo de dos meses del artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública para resolver la gestión, sin perjuicio de que se presente nuevamente después de ese plazo."
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  "body_es_text": "\n\nExp: 26-027776-0007-CO \n\nRes. Nº 2026030765\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del once de agosto de dos mil veintiseis .\n\n \n\nRecurso de amparo que se tramita bajo el número de expediente 26-027776-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01; contra el MINISTERIO DE SALUD. \n\nResultando:\n\n1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala el 31 de julio de 2026, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el MINISTERIO DE SALUD. Manifiesta que desde hace aproximadamente dos meses su vivienda en Los Guido de Desamparados presenta un grave problema de filtración de aguas sucias provenientes de la propiedad vecina, las cuales ingresan al cuarto de habitación de su hija, generando humedad, insalubridad y un riesgo biológico y de contaminación; señala que en su hogar residen personas en condición de discapacidad, entre ellas sus hijos menores de edad, quienes cuentan con certificaciones de discapacidad y dictámenes médicos vigentes. Refiere que el 21 de julio de 2026 presentó ante el Área Rectora del Ministerio de Salud en Desamparados la denuncia n.° 272-2026, solicitando una inspección técnica urgente y que se tomaran en cuenta las condiciones de discapacidad de sus hijos, pero que el 31 de julio de 2026 acudió nuevamente a dicha dependencia y se le informó que no se había podido dar trámite a la inspección ni otorgar prioridad al caso debido a falta de personal y exceso de trabajo. Considera que la falta de actuación oportuna mantiene a su familia expuesta de forma continua a aguas servidas y contaminadas, además de existir, según afirma, riesgo de colapso de una tapia colindante, por lo que estima vulnerados sus derechos a la vida, salud, petición y protección especial de la familia, niñez y personas en vulnerabilidad. Solicita la intervención de la Sala.\n\n2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.\n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente reclama que el Área Rectora del Ministerio de Salud de Desamparados no ha realizado la inspección técnica urgente solicitada mediante la denuncia n.° 272-2026, presentada el 21 de julio de 2026, pese a que en su vivienda existe filtración de aguas sucias provenientes de la propiedad vecina que afecta el cuarto de habitación de su hija y expone a su familia, incluidos sus hijos menores de edad en condición de discapacidad, a humedad, insalubridad y riesgo de contaminación, además de un eventual riesgo de colapso de una tapia colindante; señala que el 31 de julio de 2026 se le informó que la inspección no había podido tramitarse por falta de personal y exceso de trabajo, por lo que considera lesionados sus derechos fundamentales.\n\nII.- INADMISIBILIDAD DEL AMPARO. Vistos los reclamos y pretensiones de la parte recurrente, es preciso aclarar que el derecho de petición, establecido en el ordinal 27 constitucional, entendido como la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés, se refiere a peticiones puras y simples de información, en cuyo caso normalmente la respuesta deberá darse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la petición, como lo ordena el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y demás normativa que regula la materia. A diferencia de las peticiones puras y simples, existen otros supuestos, en los que el artículo 27 Constitucional, en sentido estricto, no es el aplicable, sino el numeral 41 de la Carta Fundamental: “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”; tesis que fue recogida en el numeral 3 de la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097, según el cual no son objeto del derecho de petición aquellas solicitudes, reclamos, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico estableció un procedimiento administrativo específico y plazos distintos de los regulados en dicha ley. En sentido, salvo plazos especiales que establezca la ley, se aplican los plazos establecidos en la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325). No obstante, a partir del voto número 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa —con algunas excepciones—– aquellos asuntos en los que se discute si la autoridad pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, a fin de resolver por acto final un procedimiento administrativo —incoado de oficio o a instancia de parte— o conocer de los recursos administrativos procedentes.\n\nAhora bien, en el caso concreto, si bien se plantea un supuesto de excepción, que eventualmente podría ser tutelado por esta Sala, pues está relacionado con un reclamo por presunto riesgo para la salud y para las personas, lo cierto es que, el amparo resulta prematuro, pues la gestión cuya falta de acción y solución se reclama en este amparo, se presentó formalmente el 21 de julio de 2026 y el amparo se presentó el 31 de julio de 2026, es decir, diez días después de presentada la gestión, por lo que no puede considerarse que haya transcurrido un plazo excesivo e irrazonable, sin que la autoridad recurrida resuelva, toda vez que, no ha transcurrido el plazo de dos meses que dispone el artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública, por lo que la autoridad recurrida aún se encontraba en plazo para resolver en definitiva su gestión.\n\nAsí las cosas, el recurso resulta inadmisible por prematuro, sin perjuicio de que la parte recurrente pueda acudir nuevamente en amparo, una vez que haya transcurrido el plazo señalado.\n\nIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe rechaza de plano el recurso.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n AAL47ZDTZCYC61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-027776-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01).",
  "body_en_text": "\n\nExp: 26-027776-0007-CO\n\nRes. Nº 2026030765\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at 9:25 a.m. on 11 August 2026.\n\nAmparo proceeding filed under case file number 26-027776-0007-CO by Nombre01, identity card CED01, against the MINISTRY OF HEALTH.\n\nBackground:\n\n1.- In a brief filed with the Chamber’s Secretariat on 31 July 2026, the applicant brought an amparo proceeding against the MINISTRY OF HEALTH. The applicant states that for approximately two months, their home in Los Guido de Desamparados has had a serious problem with wastewater seepage from the neighboring property, which enters their daughter’s bedroom, causing dampness, unsanitary conditions, and a biological and contamination risk. The applicant notes that people with disabilities live in the home, including their minor children, who have current disability certifications and medical opinions. The applicant reports that on 21 July 2026, they filed complaint no. 272-2026 with the Ministry of Health’s Área Rectora in Desamparados, requesting an urgent technical inspection and that their children’s disabilities be taken into account. However, when they returned to that office on 31 July 2026, they were told that the inspection could not be processed or the case prioritized because of staff shortages and excessive workload. The applicant considers that the lack of timely action leaves their family continuously exposed to sewage and contaminated water, and that there is also, according to the applicant, a risk that an adjoining wall may collapse. The applicant therefore considers their rights to life, health, petition, and special protection of the family, children, and people in vulnerable circumstances to have been violated. The applicant requests the Chamber’s intervention.\n\n2.- Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional authorizes the Chamber to summarily dismiss, or dismiss on the merits, at any time, including upon filing, any matter submitted to it that is manifestly inadmissible, or when it considers that there is sufficient evidence to dismiss it, or that it is merely a reiteration or reproduction of an earlier identical or similar matter that was dismissed.\n\nDrafted by Justice Castillo Víquez; and,\n\nReasons:\n\nI.- PURPOSE OF THE APPLICATION. The applicant complains that the Área Rectora of the Ministry of Health in Desamparados has not carried out the urgent technical inspection requested through complaint no. 272-2026, filed on 21 July 2026, even though wastewater seepage from the neighboring property affects their daughter’s bedroom and exposes their family, including their minor children with disabilities, to dampness, unsanitary conditions, and contamination risk, as well as a possible risk that an adjoining wall may collapse. The applicant states that on 31 July 2026 they were informed that the inspection could not be processed because of staff shortages and excessive workload, and therefore considers their fundamental rights violated.\n\nII.- INADMISSIBILITY OF THE AMPARO. In view of the applicant’s complaints and requests, it should be clarified that the right of petition, established in constitutional Article 27 and understood as the right of any citizen to address in writing any public official or official entity to raise a matter of interest to them, concerns pure and simple requests for information. In such cases, a response must normally be given within the 10 business days following receipt of the request, as provided by Article 32 of the Ley de Jurisdicción Constitucional and other rules governing the matter. Unlike pure and simple petitions, there are other situations in which Article 27 of the Constitution does not strictly apply, but rather Article 41 of the Fundamental Charter: “By resorting to the laws, everyone shall find redress for injuries or damage suffered to their person, property, or moral interests. Justice must be rendered promptly and fully, without denial, and in strict accordance with the laws.” This position was incorporated in Article 3 of Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097, under which requests, complaints, grievances, or suggestions for which the legal system has established a specific administrative procedure and time limits different from those regulated by that law are not covered by the right of petition. In such cases, except where the law establishes special time limits, the time limits set out in the Ley General de la Administración Pública apply (Articles 261 and 325). Nevertheless, beginning with decision number 2008-02545, issued at 8:55 a.m. on 22 February 2008, this Chamber has referred to the administrative-litigation jurisdiction—with some exceptions—matters in which it is disputed whether a public authority has complied with the time limits established by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or by sector-specific laws for special administrative procedures, for the purpose of issuing a final decision in an administrative proceeding—initiated ex officio or at a party’s request—or hearing the applicable administrative appeals.\n\nIn the present case, although an exceptional situation is alleged that could potentially warrant protection by this Chamber because it concerns a claim of risk to health and to persons, the amparo is premature. The application whose inaction and lack of resolution are challenged in this amparo was formally filed on 21 July 2026, and the amparo was filed on 31 July 2026—that is, ten days after the application was filed. It therefore cannot be considered that an excessive and unreasonable period has elapsed without a decision by the respondent authority, since the two-month period provided in Article 261 of the Ley General de la Administración Pública has not elapsed. The respondent authority was therefore still within the time limit to issue a final decision on the application.\n\nAccordingly, the application is inadmissible as premature, without prejudice to the applicant’s ability to bring another amparo proceeding once the stated time limit has elapsed.\n\nIII.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. The applicant is advised that any paper documents, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device that they may have submitted, must be retrieved from the office within a maximum period of 30 business days from notification of this judgment. Otherwise, any such material not retrieved within that period will be destroyed, pursuant to the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the full Court at session N° 27-11 on 22 August 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 on 26 January 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary at session N° 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe application is summarily dismissed.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification Code --\n\n\n\nAAL47ZDTZCYC61\n\nCASE FILE N° 26-027776-0007-CO\n\nTelephone: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Email: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01)."
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