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  "id": "nexus-sen-1-0007-1420973",
  "citation": "Res. 31046-2026 Sala Constitucional",
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  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Mora en resolver solicitudes de disponibilidad de agua",
  "title_en": "Delay in Resolving Water Availability Applications",
  "summary_es": "La Sala Constitucional resolvió un amparo presentado a favor de una persona adulta mayor que alegó mora del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) en tres solicitudes de disponibilidad de agua y alcantarillado sanitario. La mayoría tuvo por demostrado que el ICAA emitió y notificó las constancias después de que se le notificó el amparo y una vez superado el plazo de dos meses que la Sala toma como parámetro con base en el artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública. Declaró con lugar el recurso, pero sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Una nota del magistrado Castillo Víquez expone su criterio sobre la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para reclamos de justicia administrativa pronta y cumplida. Los magistrados Salazar Alvarado y Garro Vargas salvaron parcialmente el voto sobre la condenatoria patrimonial. La constancia de una solicitud determinó que no había disponibilidad de agua potable ni de saneamiento; las otras dos indicaron disponibilidad de agua potable, pero no de saneamiento.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) decided an amparo application filed on behalf of an older adult who alleged that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ICAA) had delayed three applications for water and sanitary sewer availability. The majority found that ICAA issued and notified the certificates after receiving notice of the amparo and after the two-month period that the Chamber uses as a benchmark under Article 261 of the General Law of Public Administration had elapsed. It granted the application but imposed no special award of costs, damages, or losses. Justice Castillo Víquez added a note setting out his view that the administrative-litigation jurisdiction should hear claims concerning prompt and duly completed administrative justice. Justices Salazar Alvarado and Garro Vargas partially dissented on the monetary award. One application’s certificate found no technical or legal availability of drinking water or sanitation; the other two found drinking water availability but no sanitation availability.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "13/08/2026",
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    "costs, damages, and losses"
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  "excerpt_es": "Ahora bien, la Sala determina que las gestiones del amparado fueron atendidas con ocasión de este proceso, notificado al ICAA el 9 de julio de 2026, y una vez superado el plazo de los dos meses que este Tribunal toma como parámetro con base en el numeral 261 de la Ley General de la Administración Pública. En virtud de lo expuesto, se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, según se explica de seguido.\n\nPor tanto:\n\nSe declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Castillo Víquez pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. Notifíquese.",
  "excerpt_en": "The Chamber finds that the applications on behalf of the protected person were addressed in connection with this proceeding, of which ICAA was notified on 9 July 2026, and after the two-month period that this Court uses as a benchmark under Article 261 of the General Law of Public Administration had elapsed. In light of the foregoing, the application is granted, without a special award of costs, damages, or losses, as explained below.\n\nTherefore:\n\nThe application is granted, without a special award of costs, damages, or losses. Justice Castillo Víquez adds a note. Justice Salazar Alvarado partially dissents and would order an award of damages, losses, and costs. Justice Garro Vargas partially dissents and would order an award of damages and losses, but not costs. Notify the parties.",
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    "summary_en": "The majority granted the amparo because ICAA decided and notified the applications after the two-month period used by the Chamber as a benchmark had elapsed, but imposed no special award of costs, damages, or losses; two justices partially dissented on that award.",
    "summary_es": "La mayoría declaró con lugar el amparo porque el ICAA resolvió y notificó las solicitudes después de vencido el plazo de dos meses usado por la Sala como parámetro, pero no impuso una condenatoria especial en costas, daños y perjuicios; dos magistrados discreparon parcialmente sobre esa condenatoria."
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      "quote_en": "As an exception, it must be interpreted restrictively.",
      "quote_es": "Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente"
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  "body_es_text": "EV Generación de Machote: D:\\Gestion-Judicial\\Servidor de Archivos\\MODELOS\\S4SENAMH001.dpj\n\n\n\nExp: 26-024251-0007-CO \n\nRes. Nº 2026031046\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del trece de agosto de dos mil veintiseis .\n\n Recurso de amparo que se tramita en el expediente nro. 26-024251-0007-CO, interpuesto por Nombre03, cédula de identidad CED02, a favor de Nombre02, cédula de identidad CED01, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA).\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la Sala el 6 de julio de 2026, la persona accionante interpone un recurso de amparo. Manifiesta que el 30 de marzo de 2026, a las 08:34:06 horas, el amparado presentó ante el Sistema Integrado para la Gestión de Disponibilidades y Desarrollos del ICAA, Central Oeste, solicitud para el otorgamiento de agua o alcantarillado sanitario respecto de la finca del Partido de Alajuela, folio real matrícula nro. 2-0116101-000, plano catastrado nro. 2-0695360-1987, la cual quedó registrada bajo el consecutivo nro. 2026-00007443-1, según comprobante de recepción extendido por la funcionaria Yerika Alvarado Mena. Señala que ese mismo día 30 de marzo de 2026, a las 08:41:47 horas, el amparado presentó ante la misma dependencia una segunda solicitud para el otorgamiento de agua o alcantarillado sanitario, respecto de la finca del Partido de Alajuela, folio real matrícula nro. PRN01, plano catastrado nro. 2-0971419-2005, registrada bajo el consecutivo nro. 2026-00007446-1, según comprobante de recepción extendido por la funcionaria Yerika Alvarado Mena. Agrega que el 29 de abril de 2026, a las 08:51:09 horas, el amparado presentó ante la misma dependencia una tercera solicitud para el otorgamiento de agua o alcantarillado sanitario, respecto de la finca del Partido de Alajuela, folio real matrícula nro. PRN02, plano catastrado nro. 2-2159118-2019, registrada bajo el consecutivo nro. 2026- 00009892-1, según comprobante de recepción extendido por el funcionario Eric Alonso Briceño Jiménez. Indica que en los tres casos, la propia institución recurrida extendió constancia escrita de recepción, en la que hace constar que recibió del amparado la solicitud respectiva y que \"se adjunta en este acto los requisitos establecidos para este efecto\". Es decir, las solicitudes fueron presentadas de manera completa, con los requisitos exigidos por la propia Administración, sin que conste prevención o requerimiento de subsanación alguno. Acusa que a la fecha de interposición del presente recurso la autoridad recurrida no ha emitido resolución final, ni acto de trámite, ni prevención, ni comunicación de ninguna naturaleza respecto a esas gestiones.\n\n2.- Por resolución de las 11:18 horas del 9 de julio de 2026 se dio curso al amparo.\n\n3.- Informa bajo juramento María de los Ángeles Morera Calderón, en su condición de subgerenta General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, lo siguiente: “Con fundamento en el informe técnico elaborado por Isabel Madrigal Aguilar, funcionaria de la Unidad Cantonal Atenas No. GSP-RC-AT-2026-00579 de fecha 14 de julio del 2026, que es agregado como prueba y forma parte integral del expediente administrativo, queda demostrado que: PRIMERO: El día el 30 marzo 2026, Nombre02 solicita ante la Oficina Cantonal de Atenas del AyA constancia de disponibilidad de servicio de agua potable para desarrollar construcción de bodega en el inmueble inscrito a folio real PRN03, plano catastrado PRN04; al ingresar la información en el Sistema de Gestión de Disponibilidades y Desarrollos (SIGDD), se registra el consecutivo 2026-00007443-1. El 13 de julio del 2026 se elabora el Criterio técnico de Agua Potable por Nombre01 y el 14 de julio del 2026, se firma la Constancia de Disponibilidad de Servicio de Acueducto sin Alcantarillado SIGDD-2026-00007443-1-2-SAP, en la que se indica: SI HAY FACTIBILIDAD TÉCNICA Y LEGAL DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA PROPIEDAD NO HAY FACTIBILIDAD TÉCNICA O LEGAL DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE SANEAMIENTO PARA LA PROPIEDAD El 14 de julio del 2026 se notifica la Constancia de Disponibilidad SIGDD-2026- 00007443-1-2-SAP al correo electrónico ...01, señalado al efecto. (Ver informe técnico No. GSP-RC-AT-2026-00579 de fecha 14 de julio del 2026). SEGUNDO: En la misma fecha del 30 marzo 2026, Nombre02 solicita constancia de disponibilidad de servicio de agua potable para desarrollar construcción de bodega en el inmueble inscrito a folio real PRN05, plano catastrado PRN06; al ingresar la información en el Sistema de Gestión de Disponibilidades y Desarrollos (SIGDD), se registra el consecutivo 2026-00007446-1. El 13 de julio del 2026 se elabora el Criterio técnico de Agua Potable por Nombre01 y el 14 de julio del 2026, se firma la Constancia de Disponibilidad de Servicio de Acueducto sin Alcantarillado SIGDD-2026-00007446-1-2-SAP, en la que se indica: SI HAY FACTIBILIDAD TÉCNICA Y LEGAL DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA PROPIEDAD NO HAY FACTIBILIDAD TÉCNICA O LEGAL DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE SANEAMIENTO PARA LA PROPIEDAD El 14 de julio del 2026 se notifica la Constancia de Disponibilidad SIGDD-2026- 00007446-1-2-SAP al correo electrónico ...01, señalado al efecto. (Ver informe técnico No. GSP-RC-AT-2026-00579 de fecha 14 de julio del 2026). TERCERO: El 29 abril del 2026 Nombre02, solicita constancia de disponibilidad de servicio de agua potable para desarrollar “Nuevo Proyecto Constructivo, casa de habitación” en el inmueble inscrito a folio real PRN02, plano catastrado PRN07. Al ingresar la información en el Sistema de Gestión de Disponibilidades y Desarrollos (SIGDD), se registra el consecutivo 2026-00009892-1. El 13 de julio del 2026 Ernesto Velasquez Espinoza funcionario de la dirección Regional, realiza el Informe Técnico No. GSP-RC-A-2026-00531. (Anexo No.1) en el que se señala: Consta en el Sistema de Sistema Integrado para Gestión de Disponibilidades y Desarrollos (SIGDD) la Solicitud de Disponibilidad de agua potable y alcantarillado sanitario, registrada con número de consecutivo SIGDD- 2026-00009892-1 presentada por el propietario registral INMOBILIARIA JUANVI ATENAS SOCIEDAD ANONIMA, relativa al propósito de “Construcción de una vivienda”, el cual se pretende desarrollar dentro de la finca registrada con matrícula de Folio Real PRN08, cuya naturaleza señala TERRENO DE AGRICULTURA, localizada en el distrito 7° Santa Eulalia, cantón 5° Atenas de la provincia Alajuela, según plano catastrado A-2159118-2019, para la eventual dotación del citado proyecto, cuya demanda estimada por el interesado en plena ocupación y consignada en el formulario de la solicitud de disponibilidad de servicio es de 0.01 litros por segundo. Continua señalando el informe técnico GSP-RC-A-2026-00531, que: La Finca folio real N° PRN08, posee un último antecedente de Constancia de Disponibilidad de Servicio de Acueducto sin Alcantarillado, SIGDD- 2023-00014157- -1-1-1, con fecha 24 de noviembre de 2023 en donde se indicó que dada la falta de acceso directo a la red pública del servicio de acueducto esta solicitud carece de factibilidad técnica ya que incumple con las condiciones establecidas en los incisos a. y b. de la definición 12. Análisis de factibilidad técnica para el otorgamiento de los servicios y la definición 49. Disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua, del artículo 7 del Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA (Gaceta Digital 27, Alcance 29, del 09/02/2021); resultando improcedente de conformidad con los artículos 8 y 14 de la citada norma y la causal de denegatoria establecida en el artículo 75, inciso g. del reglamento técnico AR-PSAYA-2015 de la ARESEP (Gaceta 69, Alcance 55, 12/04/2016). Con fecha 14 de julio 2026, se elabora la Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado SIGDD-2026-00009892-1-2-NAP, en la que se indica: NO HAY FACTIBILIDAD TÉCNICA O LEGAL PARA OTORGAR DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA PROPIEDAD NO HAY FACTIBILIDAD TÉCNICA O LEGAL PARA OTORGAR DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE SANEAMIENTO PARA LA PROPIEDAD El 14 de julio del 2026 es firmada digitalmente la Constancia de No Disponibilidad No. SIGDD-2026-00009892-1-2-NAP, sustentada en los siguientes criterios técnicos: “…Bajo el tramo de la supra citada “Dirección01” que sirve de colindancia Este al inmueble Folio Real PRN09, entre los vértices del 1 al 15 del plano catastrado A-2159118-2019, NO DISPONE de infraestructura de agua potable este Instituto, y por lo que se acredita la ausencia de capacidad hidráulica necesaria para el eventual abastecimiento del citado proyecto “Construcción de Vivienda”. La FR PRN08 se indica que la colindancia Este es con calle pública, y en revisión con el Visor del Sistema de Información Catastral del Registro Inmobiliario (SIRI), la presunta calle pública corresponde a una finca privada identificada con número PRN10, la cual colinda Dirección01 (ver figura 2) y que “… Conforme al balance presentado en la Figura 3, el sistema CO-A-06 Santa Eulalia – Alto López cuenta con condiciones hídricamente aceptables para atender el propósito del proyecto de “Construcción de una vivienda”, asociado a la solicitud de disponibilidad de servicio 2026-00009892-1…”; La dirección de operación y mantenimiento dispone de las condiciones dinámicas de servicio, según el registro de datos de presión de servicio (ver Figura 3) se determina que la prestación en el punto más cercano al inmueble NO resulta óptima, toda vez que los valores registrados evidencian que la curva dinámica de presión se ubica fuera de los límites establecidos para este parámetro, conforme lo señalado en el numeral 9 del “Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA”, acuerdo de Junta Directiva N° 2020-442, publicado en el Alcance N° 29 al Diario Oficial La Gaceta N° 27 del martes 9 de febrero del 2021 y 32 del Reglamento Técnico “Prestación de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, AR-PSAYA-2013” publicado en el Alcance Digital N.º 50 a La Gaceta N.º 186 del lunes 29 de setiembre del 2014 y su reforma, denominada “Reglamento Técnico Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, AR-PSAYA-2015” publicado en el Alcance Digital N.º 55 de La Gaceta del martes 12 de abril del 2016. Considerando que la presión mínima hasta el vértice 1 de la representación gráfica del plano catastrado A-2159118-2019, el cual se ubica a los 709 ± 3 m.s.n.m. da como resultado 0 m.c.a, es evidente que se incumple con la presión dinámica mínima para una prestación óptima en el punto de conexión a los en donde se ubique el sistema de medición, incumpliendo así con el artículo 9 del “Reglamento de Prestación de los Servicios de AyA”, acuerdo de junta directiva 2020-442 publicado en el alcance N° 29 a la Gaceta N°27 del martes 09 de febrero de 2021 y artículo 32 del Reglamento de “Prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario e Hidrantes AR-PSAYA-2013”, publicado en el Alcance N°50 a la Gaceta N° 186 del 29 de setiembre de 2014. (…) Esta solicitud de disponibilidad de servicio de agua potable, presentada por el señor Nombre02, no cumple con lo establecido en los términos del inciso 12. del artículo 7 definiciones, y los artículos 8 y 14 del Reglamento para la Prestación de los Servicio de AyA. En el apartado IV. Conclusiones del informe técnico GSP-RC-A-2026-00531, del mencionado informe se indica: Debido a la imposibilidad de cumplimiento de las disposiciones establecidas en los artículos 7.31, 9, 14, 16 y 29 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, acuerdo de Junta Directiva N° 2020-442, publicado en el Alcance N° 29 al Diario Oficial La Gaceta N° 27 del martes 9 de febrero del 2021 y sus reformas, se determina la ausencia de factibilidad técnica para aprobación del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA que se pretende desarrollar dentro de la finca PRN08 y plano catastrado A-2159118-2019, asociada a la gestión SIGDD-2026- 00009892-1. No se acredita la factibilidad técnica para desarrollar una extensión de ramal debido a las condiciones hidráulicas que imposibilitan el cumplimiento de las condiciones mínimas para la prestación del servicio, conforme a lo señalado en el artículo 9 del “Reglamento de Prestación de los Servicios de AyA”, acuerdo de Junta Directiva 2020-442 publicado en el alcance N° 29 a la Gaceta N°27 del martes 09 de febrero de 2021, donde se indica que el prestador del servicio debe garantizar una presión dinámica mínima de 10 metros de columna de agua (m.c.a) en el punto de conexión en donde se ubique el sistema de medición y que en este caso particular, no se estaría alcanzando. Debido a la ausencia de factibilidad técnica y legal no resulta viable la emisión de una Constancia de Capacidad Hídrica para atender favorablemente la solicitud de Disponibilidad de Servicio 2026-00009892-1”, notificada en la cuenta de correo electrónico ...01, aportada al efecto. (Ver informe técnico No. GSPRC-AT-2026-00579 de fecha 14 de julio del 2026). II. NORMATIVA APLICABLE El accionar de AyA se fundamenta en el artículo 11 de la Constitución Política; artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública; artículos 1, 2, 3, 7.31, 9, 14, 16 y 29 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA. III. CONCLUSIONES En el presente caso ha quedado demostrado que las solicitudes de disponibilidad de servicio de agua potable presentadas por Nombre02 han sido resueltas con Constancias de Disponibilidad de Servicio de Acueducto sin Alcantarillado No. SIGDD-2026-00007443-1-2-SAP; No. SIGDD-2026-00007446-1-2-SAP y No. SIGDD2026-00009892-1-2-NAP, notificadas a la dirección de correo electrónico señalada al efecto: ...01, en consecuencia, se concluye que el AyA ha ejecutado todas las acciones correspondientes dentro del ámbito de sus competencias y en estricto apego al marco de legalidad vigente. Por ello, con fundamento en lo expuesto, se determina que el presente recurso carece de fundamento técnico, legal y reglamentario, toda vez que la Institución ha cumplido con las obligaciones impuestas por el ordenamiento jurídico, en observancia del principio de legalidad y dentro del marco constitucional y legal aplicable. En virtud de lo anterior, no se evidencia vulneración alguna de los derechos constitucionales alegados por la recurrente”.\n\n 4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- Sobre la excepción del artículo 41 de la Constitución Política. Uno de los aspectos señalados podría configurar una lesión al derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida. Al respecto, debe aclararse que, a partir del voto nro. 200802545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso-administrativa ‑con algunas excepciones‑ aquellos asuntos, en los que se discute si la autoridad pública ha cumplido o no los plazos contemplados en la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, a fin de resolver por acto final un procedimiento administrativo ‑incoado de oficio o a instancia de parte‑ o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este asunto se da un supuesto de excepción, pues el sub examine está relacionado con una solicitud de servicio de agua a favor de una persona adulta mayor que supuestamente no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. En virtud de lo anterior, la Sala procede a resolver el recurso.\n\nII.- Objeto del recurso. La parte recurrente acusa mora en la tramitación de tres solicitudes de otorgamiento de agua y alcantarillado sanitario.\n\nIII.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial: \n\na) El tutelado es persona adulta mayor. (Consulta pública a la página del Tribunal Supremo de Elecciones).\n\nb) El 30 de marzo de 2026, el tutelado solicitó al ICAA una constancia de disponibilidad de servicio de agua potable para desarrollar construcción de bodega en el inmueble inscrito a folio real PRN03. La gestión quedó registrada con el consecutivo 2026-00007443-1. (Ver informe rendido y prueba aportada).\n\nc) El 30 de marzo de 2026, el amparado gestionó ante el ICAA una constancia de disponibilidad de servicio de agua potable para desarrollar construcción de bodega en el inmueble inscrito a folio real PRN05. La gestión quedó registrada con el consecutivo 2026-00007446-1. (Ver informe rendido y prueba aportada).\n\nd) El 29 de abril de 2026, el justiciable solicitó al ICAA una constancia de disponibilidad de servicio de agua potable para desarrollar “Nuevo Proyecto Constructivo, casa de habitación” en el inmueble inscrito a folio real PRN02. Esta gestión se tramita en el consecutivo 2026-00009892-1. (Ver informe rendido y prueba aportada).\n\ne) La resolución de curso de este proceso fue notificada a la parte accionada el 9 de julio de 2026. (Los autos).\n\nf) En relación con el trámite del consecutivo 2026-00007443-1, mediante oficio SIGDD-2026-00007443-1-2-SAP del 14 de julio de 2026 se emitió a Constancia de Disponibilidad de Servicio de Acueducto sin Alcantarillado, lo que fue notificado al interesado ese mismo día. (Ver informe rendido y prueba aportada).\n\ng) En cuanto al trámite del consecutivo 2026-00007446-1, por medio del oficio SIGDD-2026-00007446-1-2-SAP del 14 de julio de 2026 se emitió la Constancia de Disponibilidad de Servicio de Acueducto sin Alcantarillado, lo que fue notificado a la parte ese mismo día. (Ver informe rendido y prueba aportada).\n\nh) Atinente al trámite del consecutivo 2026-00009892-1, por oficio SIGDD-2026-00009892-1-2-NAP del 14 de julio de 2026 se emitió la Constancia de No Disponibilidad de Servicios, lo que fue notificado al interesado ese mismo día. (Ver informe rendido y prueba aportada).\n\nIV.- Sobre el caso concreto. En el sub examine, la parte recurrente acusa mora en la tramitación de tres solicitudes de otorgamiento de agua y alcantarillado sanitario.\n\nAnalizados los autos, la Sala tuvo por probado que el tutelado es persona adulta mayor. Se verificó que, el 30 de marzo de 2026, el tutelado solicitó al ICAA una constancia de disponibilidad de servicio de agua potable para desarrollar construcción de bodega en el inmueble inscrito a folio real PRN03. La gestión quedó registrada con el consecutivo 2026-00007443-1. El 30 de marzo de 2026, el amparado gestionó ante el ICAA una constancia de disponibilidad de servicio de agua potable para desarrollar construcción de bodega en el inmueble inscrito a folio real PRN05. La gestión quedó registrada con el consecutivo 2026-00007446-1. El 29 de abril de 2026, el justiciable solicitó al ICAA una constancia de disponibilidad de servicio de agua potable para desarrollar “Nuevo Proyecto Constructivo, casa de habitación” en el inmueble inscrito a folio real PRN02. Esta gestión se tramita en el consecutivo 2026-00009892-1. Luego, en relación con el trámite del consecutivo 2026-00007443-1, mediante oficio SIGDD-2026-00007443-1-2-SAP del 14 de julio de 2026 se emitió a Constancia de Disponibilidad de Servicio de Acueducto sin Alcantarillado, lo que fue notificado al interesado ese mismo día. En cuanto al trámite del consecutivo 2026-00007446-1, por medio del oficio SIGDD-2026-00007446-1-2-SAP del 14 de julio de 2026 se emitió la Constancia de Disponibilidad de Servicio de Acueducto sin Alcantarillado, lo que fue notificado a la parte ese mismo día. Atinente al trámite del consecutivo 2026-00009892-1, por oficio SIGDD-2026-00009892-1-2-NAP del 14 de julio de 2026 se emitió la Constancia de No Disponibilidad de Servicios, lo que fue notificado al interesado ese mismo día.\n\nAhora bien, la Sala determina que las gestiones del amparado fueron atendidas con ocasión de este proceso, notificado al ICAA el 9 de julio de 2026, y una vez superado el plazo de los dos meses que este Tribunal toma como parámetro con base en el numeral 261 de la Ley General de la Administración Pública. En virtud de lo expuesto, se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, según se explica de seguido.\n\nV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nVI.- Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nVII.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada. \n\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que: \n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. \n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que: \n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”. \n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”. \n\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.\n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional. \n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”. \n\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.\n\nEn mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos. \n\nComo razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estima el suscrito que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente: \n\n“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”. \n\nEs claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.\n\nVIII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. \n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.\n\nEn razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.\n\nIX.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en el plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo aquel material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la sesión nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012.\n\nPor tanto:\n\n Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Castillo Víquez pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. Notifíquese.\n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n L9R47RR47ABTS61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-024251-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección02).",
  "body_en_text": "EV Generation of Template: D:\\Gestion-Judicial\\Servidor de Archivos\\MODELOS\\S4SENAMH001.dpj\n\n\n\nExp: 26-024251-0007-CO \n\nRes. Nº 2026031046\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at 9:30 a.m. on 13 August 2026.\n\nAmparo proceeding (recurso de amparo) processed in case file no. 26-024251-0007-CO, filed by Nombre03, identity card CED02, on behalf of Nombre02, identity card CED01, against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (ICAA).\n\nBackground:\n\n1.- In a brief received by the Chamber on 6 July 2026, the applicant files an amparo application. The applicant states that on 30 March 2026, at 08:34:06, the person whose rights are protected (tutelado) filed with the ICAA’s Integrated System for the Management of Availability and Developments, Central Oeste, an application for the provision of water or sanitary sewer service for the property in the Alajuela Property Registry, real folio registration no. 2-0116101-000, cadastral survey no. 2-0695360-1987. It was recorded under consecutive no. 2026-00007443-1, according to the receipt issued by staff member Yerika Alvarado Mena. The applicant states that on that same day, 30 March 2026, at 08:41:47, the protected person filed a second application with the same office for the provision of water or sanitary sewer service for the property in the Alajuela Property Registry, real folio registration no. PRN01, cadastral survey no. 2-0971419-2005. It was recorded under consecutive no. 2026-00007446-1, according to the receipt issued by staff member Yerika Alvarado Mena. The applicant adds that on 29 April 2026, at 08:51:09, the protected person filed a third application with the same office for the provision of water or sanitary sewer service for the property in the Alajuela Property Registry, real folio registration no. PRN02, cadastral survey no. 2-2159118-2019. It was recorded under consecutive no. 2026- 00009892-1, according to the receipt issued by staff member Eric Alonso Briceño Jiménez. The applicant indicates that in all three cases, the respondent institution itself issued written acknowledgment of receipt, stating that it had received the respective application from the protected person and that “the requirements established for this purpose are attached hereto.” In other words, the applications were filed complete, with the requirements imposed by the Administration itself, and there is no record of any request to correct or supplement them. The applicant alleges that, as of the date this application was filed, the respondent authority had issued neither a final decision, nor a procedural act, nor a request to correct or supplement, nor any communication whatsoever regarding those applications.\n\n2.- By resolution issued at 11:18 a.m. on 9 July 2026, the amparo proceeding was admitted for processing.\n\n3.- María de los Ángeles Morera Calderón, in her capacity as Deputy General Manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, reports under oath as follows: “Based on the technical report prepared by Isabel Madrigal Aguilar, an employee of the Atenas Cantonal Unit, No. GSP-RC-AT-2026-00579 dated 14 July 2026, which is added as evidence and forms an integral part of the administrative file, the following is established: FIRST: On 30 March 2026, Nombre02 requested from the AyA Cantonal Office of Atenas a certificate of water service availability to build a warehouse on the property registered under real folio PRN03, cadastral survey PRN04; when the information was entered into the Availability and Developments Management System (SIGDD), it was assigned consecutive no. 2026-00007443-1. On 13 July 2026, Nombre01 prepared the technical assessment for potable water, and on 14 July 2026 the Certificate of Aqueduct Service Availability without Sewer Service SIGDD-2026-00007443-1-2-SAP was signed, stating: THERE IS TECHNICAL AND LEGAL FEASIBILITY FOR POTABLE WATER SERVICE AVAILABILITY FOR THE PROPERTY THERE IS NO TECHNICAL OR LEGAL FEASIBILITY FOR SANITATION SERVICE AVAILABILITY FOR THE PROPERTY. On 14 July 2026, the Certificate of Availability SIGDD-2026- 00007443-1-2-SAP was sent to the email address ...01, provided for that purpose. (See technical report No. GSP-RC-AT-2026-00579 dated 14 July 2026). SECOND: On that same date, 30 March 2026, Nombre02 requested from the AyA Cantonal Office of Atenas a certificate of water service availability to build a warehouse on the property registered under real folio PRN05, cadastral survey PRN06; when the information was entered into the Availability and Developments Management System (SIGDD), it was assigned consecutive no. 2026-00007446-1. On 13 July 2026, Nombre01 prepared the technical assessment for potable water, and on 14 July 2026 the Certificate of Aqueduct Service Availability without Sewer Service SIGDD-2026-00007446-1-2-SAP was signed, stating: THERE IS TECHNICAL AND LEGAL FEASIBILITY FOR POTABLE WATER SERVICE AVAILABILITY FOR THE PROPERTY THERE IS NO TECHNICAL OR LEGAL FEASIBILITY FOR SANITATION SERVICE AVAILABILITY FOR THE PROPERTY. On 14 July 2026, the Certificate of Availability SIGDD-2026- 00007446-1-2-SAP was sent to the email address ...01, provided for that purpose. (See technical report No. GSP-RC-AT-2026-00579 dated 14 July 2026). THIRD: On 29 April 2026, Nombre02 requested a certificate of water service availability to carry out a “New Construction Project, residential home” on the property registered under real folio PRN02, cadastral survey PRN07. When the information was entered into the Availability and Developments Management System (SIGDD), it was assigned consecutive no. 2026-00009892-1. On 13 July 2026, Ernesto Velasquez Espinoza, an employee of the Regional Directorate, prepared Technical Report No. GSP-RC-A-2026-00531. (Annex No.1), which states: The Integrated System for the Management of Availability and Developments (SIGDD) contains the application for potable water and sanitary sewer availability, recorded under consecutive number SIGDD- 2026-00009892-1, submitted by the registered owner INMOBILIARIA JUANVI ATENAS SOCIEDAD ANONIMA, for the purpose of “Construction of a residence,” which is intended to be developed on the property registered under Real Folio registration PRN08, whose nature is listed as AGRICULTURAL LAND, located in district 7° Santa Eulalia, canton 5° Atenas, province of Alajuela, according to cadastral survey A-2159118-2019, for the possible provision of service to the aforementioned project, whose estimated demand at full occupancy, as stated by the interested party in the service availability application form, is 0.01 liters per second. Technical report GSP-RC-A-2026-00531 further states that: The property under real folio No. PRN08 has a most recent prior Certificate of Aqueduct Service Availability without Sewer Service, SIGDD- 2023-00014157- -1-1-1, dated 24 November 2023, which stated that because there was no direct access to the public aqueduct service network, this application was not technically feasible, since it failed to meet the conditions set out in subsections a. and b. of definition 12. Technical feasibility analysis for the provision of services, and definition 49. Service availability for water supply, of Article 7 of the AyA Regulations for the Provision of Services (Digital Gazette 27, Supplement 29, dated 09/02/2021); it was therefore inadmissible under Articles 8 and 14 of that regulation and the ground for denial established in Article 75, subsection g. of ARESEP’s technical regulation AR-PSAYA-2015 (Gazette 69, Supplement 55, 12/04/2016). On 14 July 2026, the Certificate of Non-Availability of Aqueduct and Sewer Services SIGDD-2026-00009892-1-2-NAP was prepared, stating: THERE IS NO TECHNICAL OR LEGAL FEASIBILITY TO GRANT POTABLE WATER SERVICE AVAILABILITY FOR THE PROPERTY THERE IS NO TECHNICAL OR LEGAL FEASIBILITY TO GRANT SANITATION SERVICE AVAILABILITY FOR THE PROPERTY. On 14 July 2026, Certificate of Non-Availability No. SIGDD-2026-00009892-1-2-NAP was digitally signed, based on the following technical criteria: ‘…Along the section of the aforementioned “Dirección01” that forms the eastern boundary of property Real Folio PRN09, between vertices 1 and 15 of cadastral survey A-2159118-2019, this Institute HAS NO potable water infrastructure, thereby establishing the absence of the hydraulic capacity necessary for the possible supply to the cited project, “Construction of a Residence.” The Real Folio PRN08 indicates that its eastern boundary abuts a public road, but a review using the Real Estate Registry’s Cadastral Information System Viewer (SIRI) shows that the supposed public road corresponds to a private property identified as no. PRN10, which abuts Dirección01 (see Figure 2), and that “… According to the balance shown in Figure 3, the CO-A-06 Santa Eulalia – Alto López system has hydrologically acceptable conditions to serve the purpose of the project “Construction of a residence,” associated with service availability application 2026-00009892-1…”; the Operations and Maintenance Directorate has the dynamic service conditions; according to the service pressure data records (see Figure 3), service at the point closest to the property is determined to be NOT optimal, since the recorded values show that the dynamic pressure curve falls outside the limits established for this parameter, as provided in section 9 of the “AyA Regulations for the Provision of Services,” Board of Directors resolution No. 2020-442, published in Supplement No. 29 to Official Gazette La Gaceta No. 27 of Tuesday, 9 February 2021, and section 32 of the Technical Regulation “Provision of Aqueduct and Sanitary Sewer Services and Hydrants, AR-PSAYA-2013,” published in Digital Supplement No. 50 to La Gaceta No. 186 of Monday, 29 September 2014, and its amendment, entitled “Technical Regulation on the Provision of Aqueduct, Sanitary Sewer, and Hydrant Services, AR-PSAYA-2015,” published in Digital Supplement No. 55 of La Gaceta on Tuesday, 12 April 2016. Considering that the minimum pressure up to vertex 1 of the graphical representation in cadastral survey A-2159118-2019, located at 709 ± 3 m.a.s.l., is 0 m.w.c., it is evident that the minimum dynamic pressure for optimal service at the connection point where the metering system is located is not met, thus failing to comply with Article 9 of the “AyA Regulations for the Provision of Services,” Board of Directors resolution 2020-442, published in Supplement No. 29 to La Gaceta No. 27 of Tuesday, 09 February 2021, and Article 32 of the Regulation on “Provision of Aqueduct, Sanitary Sewer, and Hydrant Services AR-PSAYA-2013,” published in Supplement No. 50 to La Gaceta No. 186 of 29 September 2014. (…) This application for potable water service availability, filed by Mr. Nombre02, does not comply with the terms of subsection 12. of Article 7, Definitions, or Articles 8 and 14 of the AyA Regulations for the Provision of Services.’ Section IV, Conclusions, of the aforementioned technical report GSP-RC-A-2026-00531 states: Because the requirements established in Articles 7.31, 9, 14, 16, and 29 of the AyA Regulations for the Provision of Services, Board of Directors resolution No. 2020-442, published in Supplement No. 29 to Official Gazette La Gaceta No. 27 of Tuesday, 9 February 2021, and its amendments, cannot be met, there is no technical feasibility to approve the project known as CONSTRUCTION OF A RESIDENCE, which is intended to be developed on property PRN08 and cadastral survey A-2159118-2019, associated with application SIGDD-2026- 00009892-1. Technical feasibility has not been established for extending a branch line because hydraulic conditions make it impossible to meet the minimum conditions for service provision, as stated in Article 9 of the “AyA Regulations for the Provision of Services,” Board of Directors resolution 2020-442, published in Supplement No. 29 to La Gaceta No. 27 of Tuesday, 09 February 2021. That provision states that the service provider must guarantee a minimum dynamic pressure of 10 meters of water column (m.w.c.) at the connection point where the metering system is located, which would not be achieved in this particular case. Due to the absence of technical and legal feasibility, it is not viable to issue a Water Capacity Certificate to grant the Service Availability application 2026-00009892-1 favorably.” It was sent to the email account ...01, provided for that purpose. (See technical report No. GSPRC-AT-2026-00579 dated 14 July 2026). II. APPLICABLE REGULATIONS AyA’s actions are based on Article 11 of the Political Constitution; Article 11 of the General Law of Public Administration; and Articles 1, 2, 3, 7.31, 9, 14, 16, and 29 of the AyA Regulations for the Provision of Services. III. CONCLUSIONS In this case, it has been established that the applications for potable water service availability filed by Nombre02 were resolved through Certificates of Aqueduct Service Availability without Sewer Service No. SIGDD-2026-00007443-1-2-SAP; No. SIGDD-2026-00007446-1-2-SAP; and Certificate of Non-Availability No. SIGDD2026-00009892-1-2-NAP, sent to the email address provided for that purpose: ...01. Consequently, it is concluded that AyA has taken all appropriate action within its authority and in strict compliance with the applicable legal framework. Accordingly, based on the foregoing, the present application is found to lack technical, legal, and regulatory grounds, since the Institution has fulfilled the obligations imposed by the legal system, in keeping with the principle of legality and within the applicable constitutional and legal framework. In light of the foregoing, no violation of the constitutional rights alleged by the amparo applicant is evident.”\n\n4.- The legal requirements have been observed in the proceedings conducted.\n\nJustice Rueda Leal drafts the opinion; and,\n\nReasons:\n\nI.- On the exception under Article 41 of the Political Constitution. One of the matters identified could constitute an infringement of the right to prompt and proper administrative justice. In this regard, it should be clarified that, since decision no. 200802545, issued at 8:55 a.m. on 22 February 2008, this Chamber has referred to the administrative-litigation jurisdiction—with some exceptions—those cases in which the issue is whether a public authority has complied with the time limits set out in the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or sector-specific laws governing special administrative procedures, for the purpose of issuing a final decision in an administrative proceeding—initiated ex officio or at a party’s request—or hearing the applicable administrative remedies. This case presents an exception, since the matter under review concerns a request for water service for an older adult that allegedly has not been resolved within a reasonable time. Accordingly, the Chamber will decide the amparo application.\n\nII.- Object of the application. The amparo applicant alleges delay in processing three applications for the provision of water and sanitary sewer service.\n\nIII.- Facts found. The following facts, relevant to deciding this matter, are deemed duly established, either because they have been proven or because the respondent failed to address them, as required in the initial order:\n\na) The protected person is an older adult. (Public search on the website of the Supreme Electoral Tribunal).\n\nb) On 30 March 2026, the protected person requested from the ICAA a certificate of potable water service availability to build a warehouse on the property registered under real folio PRN03. The application was recorded under consecutive no. 2026-00007443-1. (See report submitted and evidence provided).\n\nc) On 30 March 2026, the protected person applied to the ICAA for a certificate of potable water service availability to build a warehouse on the property registered under real folio PRN05. The application was recorded under consecutive no. 2026-00007446-1. (See report submitted and evidence provided).\n\nd) On 29 April 2026, the applicant requested from the ICAA a certificate of potable water service availability to carry out a “New Construction Project, residential home” on the property registered under real folio PRN02. This application is being processed under consecutive no. 2026-00009892-1. (See report submitted and evidence provided).\n\ne) The order admitting this proceeding for processing was served on the respondent on 9 July 2026. (The case file).\n\nf) Regarding the application under consecutive no. 2026-00007443-1, the Certificate of Aqueduct Service Availability without Sewer Service was issued by official letter SIGDD-2026-00007443-1-2-SAP dated 14 July 2026 and was sent to the interested party that same day. (See report submitted and evidence provided).\n\ng) Regarding the application under consecutive no. 2026-00007446-1, the Certificate of Aqueduct Service Availability without Sewer Service was issued by official letter SIGDD-2026-00007446-1-2-SAP dated 14 July 2026 and was sent to the party that same day. (See report submitted and evidence provided).\n\nh) Regarding the application under consecutive no. 2026-00009892-1, the Certificate of Non-Availability of Services was issued by official letter SIGDD-2026-00009892-1-2-NAP dated 14 July 2026 and was sent to the interested party that same day. (See report submitted and evidence provided).\n\nIV.- The specific case. In this matter, the amparo applicant alleges delay in processing three applications for the provision of water and sanitary sewer service.\n\nHaving reviewed the case file, the Chamber found that the protected person is an older adult. It was established that on 30 March 2026, the protected person requested from the ICAA a certificate of potable water service availability to build a warehouse on the property registered under real folio PRN03. The application was recorded under consecutive no. 2026-00007443-1. On 30 March 2026, the protected person applied to the ICAA for a certificate of potable water service availability to build a warehouse on the property registered under real folio PRN05. The application was recorded under consecutive no. 2026-00007446-1. On 29 April 2026, the applicant requested from the ICAA a certificate of potable water service availability to carry out a “New Construction Project, residential home” on the property registered under real folio PRN02. This application is being processed under consecutive no. 2026-00009892-1. Then, regarding the application under consecutive no. 2026-00007443-1, the Certificate of Aqueduct Service Availability without Sewer Service was issued by official letter SIGDD-2026-00007443-1-2-SAP dated 14 July 2026 and was sent to the interested party that same day. Regarding the application under consecutive no. 2026-00007446-1, the Certificate of Aqueduct Service Availability without Sewer Service was issued by official letter SIGDD-2026-00007446-1-2-SAP dated 14 July 2026 and was sent to the party that same day. Regarding the application under consecutive no. 2026-00009892-1, the Certificate of Non-Availability of Services was issued by official letter SIGDD-2026-00009892-1-2-NAP dated 14 July 2026 and was sent to the interested party that same day.\n\nThe Chamber now finds that the protected person’s applications were addressed in connection with this proceeding, which was served on the ICAA on 9 July 2026, and after the two-month period that this Court uses as a benchmark under section 261 of the General Law of Public Administration had elapsed. In light of the foregoing, the application is Granted, without a special award of costs, damages, and losses, for the reasons explained below.\n\nV.- AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES UNDER ARTICLE 52 OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION ACT. Upon further consideration, the majority of the Chamber considers that, in this matter, under paragraph 1 of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Act (“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial decision is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the application shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if appropriate”), the application should be granted without a special award of costs, damages, and losses, for the following reasons. Although the law expressly requires the operative part of the judgment to state that the application is granted when the grievance is resolved while the amparo is pending, it is also true that the final clause of that same paragraph provides that the application is granted “solely for purposes of compensation and costs, if appropriate.” The law says “if appropriate,” which means that whether compensation and costs are appropriate depends on the Court’s assessment, evaluation, or weighing. In cases such as this one, the substance of the protected person’s claim and the respondent authority’s conduct in acknowledging it suggest that the alleged detriment, injury, or effects do not directly concern an impact on a constitutional right that is clearly patrimonial in nature (as would be the case, for example, with an infringement of the right to a salary). To dispel any doubt on this point, it is important to note Article 51 of the same Constitutional Jurisdiction Act, which provides that: “every decision granting the application shall order compensation for the damages and losses caused, in an amount to be determined, and payment of the costs of the application, with their calculation reserved for enforcement of the judgment.” That provision does not contemplate the possibility of assessing whether compensation and costs are appropriate. The principles of Constitutional Law, Public Law, and General Procedural Law or, where applicable, International or Community Law and, in addition, in that order, the General Law of Public Administration, the Administrative Litigation Procedure Code, and the other procedural codes are supplementary sources for applying and interpreting the provisions of the Constitutional Jurisdiction Act—see Article 14. For the administrative-litigation jurisdiction, the legislature established a provision that applies fully to this case by analogy, in Article 197 of the Administrative Litigation Procedure Code, consistent with procedural logic in any area of law. In any event, the affected party in this case retains the option, if it so wishes, to bring proceedings on the merits to prove that it suffered some form of detriment. On this basis, the majority’s position is to resolve this application without an award of costs, damages, and losses.\n\nVI.- Note by Justice Castillo Víquez regarding prompt and proper administrative justice. I have supported this Court’s position that, when a litigant alleges an infringement of the right to prompt and proper justice in administrative proceedings, the legal dispute should be heard by the Administrative Litigation Courts and not by this Chamber. However, with the recent enactment of Law no. 9097, Law on the Regulation of the Right of Petition, that right has been made subject to judicial protection through the amparo application established by Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Act, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in cases where the petitioner considers that the Administration’s material actions, its administrative acts, or its response are affecting the petitioner’s fundamental rights. In my view, the recently enacted legislation does not require this Court to change its line of precedent. Under section 7 of its Act, this Court has exclusive authority to define its own jurisdiction. Therefore, except for those constitutional legal disputes that this Chamber itself has recognized as exceptional cases properly heard in this jurisdiction through the constitutional amparo remedy, the competent bodies in all other cases are the judges of the administrative-litigation jurisdiction, for the reasons this Court has given (judgment No. 2008-02545, issued at 8:55 a.m. on 22 February 2008). This is consistent with section 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and rules), and the applicable legal rules, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\nVII.- PARTIAL DISSENT OF JUSTICE SALAZAR ALVARADO, SOLELY REGARDING THE DECISION NOT TO ORDER THE RESPONDENT PARTY TO PAY COSTS, DAMAGES, AND LOSSES. Although I agree with the rest of the Chamber that the application should be granted, I disagree with the majority’s position exempting the respondent party from paying the costs, damages, and losses arising from the infringement of the protected party’s fundamental rights.\n\nArticle 52 of the Constitutional Jurisdiction Act provides:\n\n“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial decision is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the application shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if appropriate.”\n\nArticle 51 of that Act provides:\n\n“...every decision granting the application shall order compensation for the damages and losses caused, in an amount to be determined, and payment of the costs of the application, with their calculation reserved for enforcement of the judgment.”\n\nThis latter provision establishes the general system governing compensation and payment of costs, which the majority calls “the natural or normal manner of ending the proceeding, where the merits of the matter are addressed and the facts infringing fundamental rights are acknowledged…”.\n\nIn the majority’s view, the cited Article 51 governs cases in which the Chamber has found the grievance to be established and, as a result, an award of costs, damages, and losses is necessary. However, in my view, a systematic interpretation of both provisions leads to the conclusion that when this Constitutional Court finds an infringement of a fundamental right and therefore grants the application, as well as when the Administration, on its own initiative, restores the injured person to the enjoyment of their fundamental rights after learning of the amparo—the situation contemplated in Article 52—the necessary and unavoidable consequence, by operation of Articles 50 and 51 of the cited Act, is an order requiring the infringing party to pay compensation for the damages and losses caused and the costs of the application. This rule simply recognizes the right of a party whose fundamental rights have been infringed to effective judicial protection in obtaining reparation for the harmful consequences of acts or omissions by infringing authorities; it also serves as a deterrent to prevent the State from repeating the actions that formed the basis for granting the application, a matter regulated by Article 50 of the Act governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has found the grievance established and addressed the merits, or the violation ceased because the respondent authority chose to do so after learning that the amparo was being processed, thereby restoring the injured person’s enjoyment of their fundamental rights (Article 52), in all such cases an award of costs, damages, and losses against the infringer is imperative. Its basis lies in the principles of protecting people’s rights and holding the Administration responsible for the damages and losses caused by its unconstitutional conduct.\n\nThus, the fact that, when the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act have already ceased, under Articles 50 and 52 of the cited Act, does not preclude an award of costs, damages, and losses. Such a case forms an integral part of the general system requiring an award on those matters under the Constitutional Jurisdiction Act.\n\nMoreover, Article 52 applies only when the Chamber, although it has not heard or ruled on the merits of the claim, has found that the protected party’s fundamental rights were infringed, by virtue of the respondent Administration’s having restored that party to the enjoyment of those rights. As the Chamber majority states, this situation entails an “abnormal termination of the proceeding.”\n\nThe legislature precisely established and defined the conditions under which this Chamber may order that form of abnormal termination of an amparo proceeding, as well as its effects: 1) the amparo must be pending, meaning that the Administration must have been duly served with the order admitting the amparo for processing; and 2) there must be an administrative or judicial decision that unequivocally revokes, halts, or suspends the challenged action that infringes fundamental rights. The provision in question does create an exception to the general system requiring an award of costs, damages, and losses even when the application is granted, by providing that, in the cases it regulates, the application shall be granted “solely for purposes of compensation and costs, if appropriate.” As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it applies only in the situations strictly covered by the provision. This follows not only from the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because applying the exception would undoubtedly undermine people’s fundamental right to effective judicial protection against damages and losses suffered as a result of infringements of their constitutional rights.\n\nIn my view, that exception must be interpreted to mean that under the general system requiring an automatic award of costs, damages, and losses when fundamental rights are infringed, such an award is always appropriate, even where the respondent party issues an administrative or judicial decision revoking, halting, or suspending the challenged action, unless it is unequivocally and clearly established that no harm capable of compensation was caused in the particular case. Only in those circumstances could the respondent Administration be exempted from paying those amounts. Since in this case there is no evidence to rebut the presumption that the protected party suffered economic damages and losses as a result of the challenged actions—the specific determination of which is not for this jurisdiction to make—the granting of this application must necessarily include an award of costs, damages, and losses, and that is our ruling.\n\nAs an additional reason, it should be noted that the very nature and purpose of amparo proceedings is not primarily to analyze whether damages and losses exist, but rather whether there were acts or omissions that may cause or result in an infringement of people’s fundamental rights. From that perspective, this jurisdiction’s analysis focuses on verifying that point, but does not weigh whether those matters caused injury to the protected persons’ purely patrimonial interests. Although the aforementioned Article 52 of the LJC, in its plain wording, provides that the award (for damages, losses, and costs) is made if appropriate, I do not consider that the appropriateness of such an award can be automatically ruled out in advance in this type of proceeding. A separate ordinary proceeding must determine whether, within the legal relationship examined in the amparo application, the conduct or omissions attributable to the Administration (or to a private party, where applicable) were an adequate cause of patrimonial injuries that are legally compensable. By way of reference, Articles 179 to 184 of the Administrative Litigation Procedure Code, Law No. 8508, define a special proceeding to determine the economic effects arising from judgments issued in these proceedings. Under Article 179 thereof, that proceeding has the following purpose:\n\n“ARTICLE 179.- The Administrative Litigation Court has jurisdiction to enforce judgments issued by the Constitutional Jurisdiction in habeas corpus and amparo proceedings against public-law entities, solely with respect to the establishment, calculation, and payment of monetary compensation.”\n\nIt is clear that this proceeding is directed at analyzing the necessary prior ruling issued by this Chamber in relation to an abstract award on those matters, since claims of this kind would not be appropriate in such proceedings if the judgment in the amparo proceeding expressly held that damages, losses, and/or costs were not appropriate, or if it contained no express ruling on that point. In other words, the special proceeding in the administrative-litigation jurisdiction requires, as a sine qua non, an express award or ruling by this Constitutional Chamber. Accordingly, in my view, under the aforementioned Article 52 of the LJC, exemption from that monetary award requires proof, in each case, of circumstances that support a reasoned finding that no patrimonial injuries, even potential ones, arose from or were associated with the facts under review. This is therefore an exception that requires qualified and case-specific application, duly supported by reasons. The mere fact that, during the proceeding, the Administration issues a decision or a judicial judgment is rendered revoking, halting, or suspending the challenged action does not, by itself, rule out the possibility that, before that action ceased for reasons attributable to the respondent entity or otherwise, the alleged indifference or challenged interference caused damages and losses. However, questions of substance concerning the actual injuries, their amount, whether the claim was made in due time, and so on, fall outside the nature of these proceedings. Under the aforementioned Article 52, they are matters for an abstract award that then forms the basis for review in the Administrative Litigation Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require proof of damages and losses because, as stated, that is not their primary object or rationale. The protected person therefore need not claim or prove damages; the person seeks protection of fundamental rights. Whether the administrative conduct caused that person injuries is, as a general rule and except in exceptional cases, not part of the basis for analysis in this type of proceeding. Note that under the provision in question, the Constitutional Chamber does not analyze the merits of the matter to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus proceeding due to the supervening circumstance described above. Consequently, in these cases the law requires that the Court not consider whether there was an infringement; still less can it determine whether the claimant’s allegations may give rise to situations warranting civil reparation. Thus, the exemption from an award referred to in that provision is exceptional, not the general rule. Therefore, in those cases, the provision requires an abstract award so that its appropriateness can be considered in another plenary proceeding. Otherwise, if exemption from damages, losses, and costs were applied as a general rule, the legal situation of a person who may have suffered injuries to their patrimonial interests despite the respondent party’s subsequent response would be at risk, to the detriment of Article 45 of the Political Constitution and in disregard of the potential liability of the Administration, as required by Article 9 thereof. Nor should it be overlooked that it was through an action of this kind that the conduct was adopted that brought an end to the actions which, in theory, threatened or infringed the person’s fundamental rights. In other words, to obtain protection of those rights, the person sought judicial protection, and it was by virtue of that action that the challenged interference ceased. I reiterate that if the continuation of the threat or deterioration of the person’s situation until it ceased for the reasons stated in the provision under review caused damages and losses, that issue—unless there is evidence to the contrary—must be analyzed in ordinary proceedings. It should not, I repeat, be denied as a prerequisite merely because the factual situation covered by the aforementioned Article 52 of the LJC has arisen. Accordingly, with due respect for the majority’s position, I dissent and reiterate that granting this application must necessarily include an abstract award of costs, damages, and losses.\n\nVIII.- DISSENTING OPINION OF JUSTICE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Act (LJC) states: “If, while the amparo is pending, an administrative or judicial decision is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the application shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if appropriate.”\n\nMy interpretation of that provision is as follows: That “decision” is any valid and effective act by which the competent authority restores the person to the enjoyment of the infringed right. The phrase “if appropriate” refers to costs. Indeed, Article 197 of the Administrative Litigation Procedure Code, cited by the majority on the basis of Article 14 of the LJC, refers only to those: costs.\n\nIndeed, under Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to an amparo proceeding is restorative, not compensatory; however, Article 51 of the LJC provides: “Any ruling granting the amparo application shall impose an abstract award of compensation for the damages caused and payment of the costs of the proceeding, and shall reserve their quantification for enforcement of the judgment.”\n\nIf the right has been violated and the Chamber so finds, damages may have arisen even if the right has been restored. For that reason, an abstract award of damages is appropriate. If this were not done—if no such award were made—then, where damages had in fact occurred, there would be no title arising from this proceeding on which to base a claim for them, potentially violating Article 41 of the CP. If an abstract award has been made but no damages occurred, the judge in the ordinary courts will so declare, since only that judge may find the actual existence and extent of those damages to have been proven.\n\nI believe that the position defended by the majority would, contrary to its intended aim, encourage the Administration to respect rights only when an amparo application is filed. It remains to say that Article 52 of the LJC provides that, if the Chamber considers it just, it may award costs even when the right has been restored.\n\nFor the foregoing reasons, I partially dissent from the operative part and would order an award of damages, but not an award of costs.\n\nIX.—Documents submitted to the case file. The parties are advised that if they submitted any paper document, as well as objects or evidence contained on any electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, these must be collected from the office within a maximum period of 30 business days from notification of this judgment. Any such material not collected within this period will be destroyed, as provided in the “Regulation on Electronic Case Files before the Judiciary,” approved by the Corte Plena in Article XXVI of session no. 27-11 of 22 August 2011, published in Boletín Judicial no. 19 of 26 January 2012, and in the resolution of the Consejo Superior del Poder Judicial, approved in Article LXXXI of session no. 43-12 held on 3 May 2012.\n\nTherefore:\n\nThe amparo application is granted, with no special award of costs, damages, or compensation. Justice Castillo Víquez files a separate note. Justice Salazar Alvarado partially dissents and orders an award of damages, compensation, and costs. Justice Garro Vargas partially dissents and orders an award of damages and compensation, but not an award of costs. Notify the parties.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n\n— Verification code —\n\n\n\nL9R47RR47ABTS61\n\nCASE FILE No. 26-024251-0007-CO\n\nTelephone: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección02)."
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