{ "id": "nexus-sen-1-0007-1421048", "citation": "Res. 31129-2026 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Demora en resolver apelación sobre disponibilidad de agua", "title_en": "Delay in Deciding Appeal on Water Availability", "summary_es": "La Sala Constitucional declaró con lugar el amparo porque el ICAA tardó más de tres meses en resolver la apelación contra la denegatoria de disponibilidad de agua potable y alcantarillado. La Gerencia General resolvió la apelación después de que el ICAA fuera notificado del amparo, por lo que la Sala acogió el recurso conforme al artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. La mayoría aclaró que la estimatoria no concede el servicio: la Sala no revisa si son válidas las razones técnicas o legales para denegarlo, asunto que puede plantearse ante la autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional competente. La resolución no declaró arbitraria la denegatoria, que AyA atribuyó a falta de cobertura e infraestructura y a déficit de capacidad hídrica. El magistrado Castillo Víquez formuló una nota sobre la competencia administrativa; dos magistraturas discreparon parcialmente de la exención de costas y daños.", "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) granted the amparo because ICAA took more than three months to decide the appeal against denial of water and sanitary sewer availability. The General Management decided the appeal after ICAA had been notified of the amparo, so the Chamber granted the application under Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Act without a special award of costs, damages, or losses. The majority clarified that granting the amparo does not grant the requested service: the Chamber does not review whether the technical or legal grounds for denial are valid, a matter that may be raised with the challenged authority or in the competent judicial forum. The ruling did not find the denial arbitrary; AyA attributed it to lack of coverage and infrastructure and a water-capacity deficit. Justice Castillo Víquez added a note on administrative jurisdiction; two justices dissented in part from the decision not to award costs and damages.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "13/08/2026", "year": "2026", "topic_ids": [], "primary_topic_id": null, "es_concept_hints": [ "recurso de amparo", "disponibilidad de servicios", "recurso de revocatoria", "apelación en subsidio", "derecho al agua potable", "servicio público", "jurisdicción contencioso-administrativa", "artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional" ], "article_citations": [], "keywords_es": [ "recurso de amparo", "agua potable", "disponibilidad de agua", "alcantarillado sanitario", "ICAA", "AyA", "recurso de apelación", "plazo razonable", "servicio público", "capacidad hídrica", "artículo 52 LJC", "costas y daños" ], "keywords_en": [ "amparo proceeding", "drinking water", "water availability", "sanitary sewer", "ICAA", "AyA", "administrative appeal", "timely procedure", "public service", "water capacity", "Article 52 Constitutional Jurisdiction Act", "costs and damages" ], "excerpt_es": "Así las cosas, la Sala constata la transgresión a los derechos fundamentales de la parte tutelada, en este sentido, nótese que transcurrieron más de tres meses para que el trámite de marras se resolviera. Ahora bien, visto que con ocasión de la tramitación de este amparo ya se resolvió tal gestión, corresponde acoger el amparo en los términos del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nAsí las cosas, del acervo probatorio se colige que la denegatoria reclamada obedece a criterios técnicos y legales, cuya disconformidad no corresponde ser conocida por esta Sala, tomando en cuenta que este Tribunal no es un contralor de la legalidad de las actuaciones, ni le compete determinar la correcta aplicación de la normativa infraconstitucional que rige la materia.", "excerpt_en": "Accordingly, the Chamber finds a violation of the protected party’s fundamental rights; in this regard, more than three months passed before the matter at issue was resolved. 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Nº 2026031129\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del trece de agosto de dos mil veintiseis .\n\n Recurso de amparo que se tramita en expediente número 26-025860-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA).\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito incorporado al expediente el 18 de julio de 2026, la parte accionante interpone recurso de amparo. Indica que el 23 de marzo de 2026 le solicitó al ICAA la obtención de constancias de disponibilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. Señala que ese trámite quedó registrado bajo el número de solicitud 2026-00006912-1. Aclara que, el 16 de abril de 2026, el instituto emitió la constancia de no disponibilidad de servicios nro. SIGDD-2026-00006912-1-2-NN y la resolución nro. SIGDD-2026-00006912-1-1-NRT, donde se indicó que la propiedad se localiza \"fuera del área de cobertura\" y que \"no hay red de alcantarillado\". Reprocha que, el 20 de abril de 2026, interpuso formalmente recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la denegatoria de servicios. Acusa que no se ha resuelto la impugnación. \n\n2.- Mediante resolución de la Presidencia de la Sala de las 13:38 horas del 24 de julio de 2026, se le previno al recurrente aportar el escrito de interposición debidamente firmado. \n\n3.- Por escrito incorporado al expediente digital el 27 de julio de 2026, se cumplió con la prevención realizada. \n\n4.- Mediante resolución de la Presidencia de la Sala de las 17:04 horas del 29 de julio de 2026, se dio curso al amparo.\n\n5.- Informa Lourdes María Sáurez Barboza, en su condición de presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Expone: “Con fundamento en el memorando N°UEN-SCMED-GAM-2026-01528, elaborado por el Ing. Jorge Chaves Campos, funcionario de la UEN Servicio al Cliente Medición GAM, el cual se adjunta como prueba y forma parte integral del presente informe, se hace constar lo siguiente: En fecha 26 de marzo de 2026, el recurrente presentó solicitud de disponibilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario para un proyecto de construcción de vivienda, la cual fue tramitada bajo el consecutivo 2026-00006912-1, para el inmueble matrícula de folio real PRN01 y plano catastrado 1-2015210-2017, ubicado en Cascajal, distrito de Vázquez de Coronado, provincia de San José. Analizada la factibilidad técnica correspondiente, mediante las resoluciones SIGDD-2026-00006912-1-1-NRT y SIGDD-2026-00006912-1-2-NN, notificadas el 16 de abril de 2026, se determinó la no disponibilidad de los servicios solicitados, por cuanto el inmueble se ubica fuera del área de cobertura de los sistemas administrados por AyA, no existe infraestructura de distribución frente a sus linderos, no existe red de alcantarillado sanitario y adicionalmente el sistema presenta déficit de capacidad hídrica.(ver memorando N°UEN-SCMED-GAM-2026-01528) Así las cosas, en fecha 20 de abril de 2026 el recurrente interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra el acto de disponibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario negativo, en cuanto al recurso de revocatoria fue resuelto mediante la resolución UEN-SCMED-GAM-DyNS-2026-00784, de fecha 5 de mayo de 2026, manteniéndose el criterio técnico y elevándose la apelación al superior jerárquico, actuación que fue debidamente notificada al recurrente. Posteriormente, la Gerencia General resolvió la apelación en subsidio mediante la resolución GG-R-2026-0429, de fecha 31 de julio de 2026, la cual fue notificada al administrado el 3 de agosto de 2026 a la dirección de correo electrónico ...02, medio señalado por el recurrente para atender notificaciones, dándose por concluido el procedimiento administrativo iniciado con ocasión de la solicitud de disponibilidad de servicios, tal y como puede verificarse en la imagen adjunta.(ver memorando N°UEN-SCMED-GAM-2026-01528)”.\n\n5.- Informa Lourdes María Sáurez Barboza, en su condición de presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Expone: “Con fundamento en el memorando N°UEN-SCMED-GAM-2026-01528, elaborado por el Ing. Jorge Chaves Campos, funcionario de la UEN Servicio al Cliente Medición GAM, el cual se adjunta como prueba y forma parte integral del presente informe, se hace constar lo siguiente: En fecha 26 de marzo de 2026, el recurrente presentó solicitud de disponibilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario para un proyecto de construcción de vivienda, la cual fue tramitada bajo el consecutivo 2026-00006912-1, para el inmueble matrícula de folio real PRN01 y plano catastrado 1-2015210-2017, ubicado en Cascajal, distrito de Vázquez de Coronado, provincia de San José. Analizada la factibilidad técnica correspondiente, mediante las resoluciones SIGDD-2026-00006912-1-1-NRT y SIGDD-2026-00006912-1-2-NN, notificadas el 16 de abril de 2026, se determinó la no disponibilidad de los servicios solicitados, por cuanto el inmueble se ubica fuera del área de cobertura de los sistemas administrados por AyA, no existe infraestructura de distribución frente a sus linderos, no existe red de alcantarillado sanitario y adicionalmente el sistema presenta déficit de capacidad hídrica.(ver memorando N°UEN-SCMED-GAM-2026-01528) Así las cosas, en fecha 20 de abril de 2026 el recurrente interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra el acto de disponibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario negativo, en cuanto al recurso de revocatoria fue resuelto mediante la resolución UEN-SCMED-GAM-DyNS-2026-00784, de fecha 5 de mayo de 2026, manteniéndose el criterio técnico y elevándose la apelación al superior jerárquico, actuación que fue debidamente notificada al recurrente. Posteriormente, la Gerencia General resolvió la apelación en subsidio mediante la resolución GG-R-2026-0429, de fecha 31 de julio de 2026, la cual fue notificada al administrado el 3 de agosto de 2026 a la dirección de correo electrónico ...02, medio señalado por el recurrente para atender notificaciones, dándose por concluido el procedimiento administrativo iniciado con ocasión de la solicitud de disponibilidad de servicios, tal y como puede verificarse en la imagen adjunta.(ver memorando N°UEN-SCMED-GAM-2026-01528)”.\n\n6.- Por escrito de 10 de agosto, el recurrente expone: “I. SOBRE LA CONTRADICCIÓN TEMPORAL DEL 05 DE MAYO DE 2026, LA INDUCCIÓN A ERROR Y LA FALTA DE NOTIFICACIÓN EFECTIVA Incongruencia Cronológica de la Autoridad Recurrida: Según consta en el propio informe del AyA (UEN-SCMED-GAM-2026-01528), la institución alega haber notificado la resolución UEN-SCMED-GAM-DyNS-2026-000784 el 05 de mayo de 2026, aproximadamente una hora después de que este ciudadano consultara por el estado del expediente a través de la plataforma oficial ...01. Grave Inducción a Error y Violación a la Confianza Legítima: El mismo 05 de mayo de 2026 a las 09:18 a.m., el funcionario del AyA respondió por escrito mi consulta señalando de forma categórica que el caso N.° 12400260 \"se encuentra en revisión por parte de los ingenieros del departamento encargado. La resolución de la revocatoria presentada será remitida de manera digital...\". Importante: Resulta técnica y jurídicamente inaceptable que la Administración asegure que apenas una hora después notificó la resolución definitiva, cuando minutos antes generó en este administrado la certeza oficial de que el caso continuaba en análisis técnico de ingeniería y que la respuesta se emitiría a futuro. Esta conducta oficial de la propia institución desorientó al suscrito, colocándome en un estado de indefensión material amparado en el Principio de Confianza Legítima. 3. Respuestas Omisas e Inexistencia de Reenvío en Consultas Posteriores: Si en efecto el AyA hubiese emitido y notificado la resolución ese mismo 05 de mayo, era su deber legal y administrativo aclararlo en las consultas subsecuentes. Sin embargo: En la consulta del 01 de junio de 2026, la funcionaria Natali Rodríguez se limitó a responder que el caso se escalaría al área de Disponibilidades. El 05 de junio de 2026, la funcionaria Helen Suesca indicó que \"no se contaba con un tiempo estimado de respuesta\". En ningún momento la plataforma ...01 le indicó a este usuario frases como: \"Estimado usuario, la resolución le fue notificada el 05 de mayo a las XX horas, favor revisar su correo\", ni procedió a reenviar el documento. 4. El Deber de Notificación Eficaz y Tutela Administrativa: La notificación no es un acto automático o unilateral; requiere asegurar la recepción material del acto para no lesionar el Debido Proceso (Art. 39 Constitucional). La negligencia del AyA al dar informaciones contradictorias e incompletas no puede perjudicar los derechos fundamentales del ciudadano. II. PRUEBA DOCUMENTAL ADJUNTA Para comprobar la inducción a error y las informaciones contradictorias de la autoridad recurrida, adjunto en formato PDF los correos mencionados: Copia del correo electrónico del 05 de mayo de 2026 (09:18 a.m.) de ...01,donde el AyA confirma que el trámite está en revisión por ingenieros. Copia de los correos de junio de 2026, evidenciando que el AyA continuó indicando que el trámite no estaba resuelto y jamás adjuntó ni precisó la notificación del 05 de mayo. III. PETITORIA Por las razones expuestas, pido a la Magistrada Instructora y a los señores Magistrados: Tener por admitida la prueba documental aportada. Tener por demostrada la indefensión y la vulneración al Debido Proceso y la Confianza Legítima causada por la propia Administración al emitir informaciones abiertamente contradictorias. Declarar CON LUGAR el presente Recurso de Amparo, ordenando al AyA resolver de fondo notificar de forma efectiva el trámite respectivo”.\n\n7.- Por escrito del 11 de agosto de 2026, el recurrente expone: “1. Prueba Documental (Permisos de Construcción Otorgados en la Zona) Documento adjunto: Documento GP-230-0173-2024 Registro/certificación de permisos de construcción e infraestructura aprobados en el sector de Cascajal de Vázquez de Coronado. (La municipalidad de Coronado tiene como requisito la carta de disponibilidad de agua para solicitar permisos de construcción y hasta la fecha se han otorgado más de 50 en la zona desde 2020.) Objeto de la prueba: Demostrar que mientras el AyA aduce un supuesto \"déficit de capacidad hídrica\" para denegar el agua a una vivienda familiar, paralelamente ha otorgado múltiples disponibilidades en la misma zona y red. Esto evidencia una diferenciación arbitraria y desproporcionada en perjuicio de mi familia. 2. Extrema Urgencia y Protección a la Maternidad e Infancia (Arts. 51 y 55 Constitucionales) Hecho Relevante: La disponibilidad de agua solicitada NO corresponde a un desarrollo comercial, urbanístico o de gran escala, sino a la construcción de una vivienda unifamiliar para mi núcleo familiar. Urgencia Humanitaria: Mi esposa y yo nos encontramos en la dulce espera de nuestra bebé, cuyo nacimiento está programado para la próxima semana (19 de agosto de 2026). La denegatoria arbitraria e injustificada del AyA vulnera directamente las condiciones mínimas de habitabilidad y salud para una madre en periodo postparto y un ser recién nacido que requiérela tutela prioritaria del Estado. 3. Prueba Audiovisual (Desperdicio Perenne de Agua en Infraestructura del AyA) Archivos adjuntos: Dos (2) videos grabados en \"Dirección02\", Las Nubes, Coronado. donde se ubica el tanque de almacenamiento/distribución del AyA en la localidad. Objeto de la prueba: En las grabaciones se observa un derrame y desperdicio constante de agua potable a alta presión directamente hacia la vía pública (cuneta), situación que ocurre deforma perenne. Esta prueba objetiva desmonta la premisa de la \"inexistencia de caudal”, evidenciando que el problema radica en la ineficiencia operativa de la entidad y no en la ausencia real del recurso hídrico. PETITORIA Con base en los elementos aportados y la urgencia que reviste el nacimiento de mi hija, pido a este Tribunal Constitucional: Se tengan por incorporados al expediente los dos (2) archivos de video, el documento de permisos de construcción y se valore la situación de vulnerabilidad del núcleo familiar por nacimiento inminente. Se constate la flagrante violación al Principio de Igualdad (Art. 33 Constitucional) y a la protección prioritaria de la maternidad y la infancia (Arts. 51 y 55 Constitucionales). Se declare CON LUGAR el presente Recurso de Amparo, ordenando al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) la revisión y otorgamiento de la disponibilidad solicitada para vivienda unifamiliar”.\n\n 8.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. \n\n Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- CUESTIÓN PRELIMINAR. Previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe explicarse que a partir del voto nro. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha estimado que deben remitirse a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una solicitud relacionada con acceso al agua potable. Aclarado el punto, se entra a resolver, la situación concreta planteada en este amparo.\n\nII.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente manifiesta que el 23 de marzo de 2026 le solicitó al ICAA la obtención de constancias de disponibilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. Señala que ese trámite quedó registrado bajo el número de solicitud 2026-00006912-1. Aclara que, el 16 de abril de 2026, el instituto emitió la constancia de no disponibilidad de servicios nro. SIGDD-2026-00006912-1-2-NN y la resolución nro. SIGDD-2026-00006912-1-1-NRT, donde se indicó que la propiedad se localiza \"fuera del área de cobertura\" y que \"no hay red de alcantarillado\". Reprocha que, el 20 de abril de 2026, interpuso formalmente recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la denegatoria de servicios. Acusa que no se ha resuelto la impugnación. \n\nIII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: \n\na) El 26 de marzo de 2026, el tutelado solicitó la disponibilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. (Ver prueba aportada e informe rendido).\n\nb) El 16 de abril de 2026, mediante las resoluciones SIGDD-2026-00006912-1-1-NRT y SIGDD-2026-00006912-1-2-NN, se determinó que no existía la disponibilidad de los servicios. (Ver prueba aportada e informe rendido).\n\nc) El 20 de abril de 2026, el accionante planteó los recursos de revocatoria con apelación en subsidio. (Ver prueba aportada e informe rendido).\n\nd) Mediante resolución UEN-SCMED-GAM-DyNS-2026-00784 del 5 de mayo de 2026, se rechazó el recurso de revocatoria y se elevó la apelación a la Gerencia General del ICAA. (Ver prueba aportada e informe rendido).\n\ne) Al momento de interposición de este amparo, el recurso de apelación aún no había sido resuelto. (Hecho incontrovertido).\n\nf) El 30 de julio de 2026, las autoridades accionadas fueron notificadas de la resolución de curso de este amparo. (Ver actas de notificación).\n\ng) Mediante resolución nro. GG-R-2026-0429 del 31 de julio de 2026, notificada al accionante el 3 de agosto siguiente, se declaró sin lugar la apelación. (Ver prueba aportada e informe rendido).\n\nIV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En la especie, el recurrente manifiesta que el 23 de marzo de 2026 le solicitó al ICAA la obtención de constancias de disponibilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. Señala que ese trámite quedó registrado bajo el número de solicitud 2026-00006912-1. Aclara que, el 16 de abril de 2026, el instituto emitió la constancia de no disponibilidad de servicios nro. SIGDD-2026-00006912-1-2-NN y la resolución nro. SIGDD-2026-00006912-1-1-NRT, donde se indicó que la propiedad se localiza \"fuera del área de cobertura\" y que \"no hay red de alcantarillado\". Reprocha que, el 20 de abril de 2026, interpuso formalmente recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la denegatoria de servicios. Acusa que no se ha resuelto la impugnación. \n\nDe los autos se desprende que, el 26 de marzo de 2026, el tutelado solicitó la disponibilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. El 16 de abril de 2026, mediante las resoluciones SIGDD-2026-00006912-1-1-NRT y SIGDD-2026-00006912-1-2-NN, se determinó que no existía la disponibilidad de los servicios. El 20 de abril de 2026, el accionante planteó los recursos de revocatoria con apelación en subsidio. Mediante resolución UEN-SCMED-GAM-DyNS-2026-00784 del 5 de mayo de 2026, se rechazó el recurso de revocatoria y se elevó la apelación a la Gerencia General del ICAA. Al momento de interposición de este amparo, el recurso de apelación aún no había sido resuelto. El 30 de julio de 2026, las autoridades accionadas fueron notificadas de la resolución de curso de este amparo. Mediante resolución nro. GG-R-2026-0429 del 31 de julio de 2026, notificada al accionante el 3 de agosto siguiente, se declaró sin lugar la apelación. \n\nAsí las cosas, la Sala constata la transgresión a los derechos fundamentales de la parte tutelada, en este sentido, nótese que transcurrieron más de tres meses para que el trámite de marras se resolviera. Ahora bien, visto que con ocasión de la tramitación de este amparo ya se resolvió tal gestión, corresponde acoger el amparo en los términos del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nFinalmente, por escrito posteriores, el accionante reclama que no se le brinde el servicio de agua. Empero, es necesario recordar que este Tribunal ha señalado que las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados, las municipalidades y demás instituciones que prestan el servicio de suministro de agua potable, pueden rechazar válidamente esas solicitudes o condicionarlas si existen razones técnicas o legales que así lo justifican. Así, en la sentencia nro. 2016-006027 de las 09:05 horas del 6 de mayo de 2016, esta Sala consideró lo siguiente:\n\n“(...) Este Tribunal Constitucional en la sentencia 2014-9134 de las 14:05 horas del 19 de junio de 2014, que abordó una cuestión muy similar a la expuesta en el presente recurso, dispuso: '(...) Esta Sala ha indicado en reiteradas sentencias sobre el tema que el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, y que como tal, todo prestador de servicios públicos -sea sujeto público o sujeto privado- está obligado a prestar el servicio de forma continua, eficiente, en condiciones de igualdad y debiendo adaptarse a los cambios tecnológicos (véase al respecto la sentencia 2001-09676 de las once horas veinticinco minutos del veintiséis de setiembre del dos mil uno y la sentencia 2004-08161 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintitrés de julio del dos mil cuatro). Resulta claro entonces concluir que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al ser uno de los entes estatales encargados de la prestación del servicio público de agua potable, está obligado también a prestar este servicio de forma continua, adaptable, eficiente y por igual a todos los habitantes. Ahora bien, también la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha indicado que, frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad formal (que es la falta de una Red de Distribución de Aguas), es razonable no atender las solicitudes de servicio o solicitar que el interesado asuma los costos de instalación cuando no exista red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura. Así, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la falta de infraestructura. En otras palabras, siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales. En el caso concreto, de la prueba aportada y del informe rendido bajo juramento, se corrobora que el AyA no ha rechazado arbitrariamente la solicitud planteada por la recurrente, sino por la falta del cumplimiento de la totalidad de los requisitos técnico-legales que existe el Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para aprobar nuevos servicios (...)”. \n\nAsí las cosas, del acervo probatorio se colige que la denegatoria reclamada obedece a criterios técnicos y legales, cuya disconformidad no corresponde ser conocida por esta Sala, tomando en cuenta que este Tribunal no es un contralor de la legalidad de las actuaciones, ni le compete determinar la correcta aplicación de la normativa infraconstitucional que rige la materia. Tales extremos son ajenos al ámbito de competencia de esta jurisdicción especializada. Además, tal y como se indicó supra, la Sala ha sostenido que resulta posible desestimar las gestiones presentadas para el otorgamiento del servicio de agua potable, cuando se presenten imposibilidades técnicas, incumplimiento de requisitos infraconstitucionales, como sucede en este caso, o existan criterios técnicos y/o legales que así lo justifiquen. Tampoco le corresponde a la Sala analizar si las razones emitidas para denegar el servicio de disponibilidad de agua son válidas. Este Tribunal no debe fungir como mediador ante una determinada persona física o jurídica para interceder por una tercera persona a fin de que se le conceda lo que pretende, tal y como así lo solicita la parte amparada en este caso. Por ello, deberá la tutelada -si a bien lo tiene- plantear sus inconformidades o reclamos ante la autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. \n\nV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nVI.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento.\n\nVII.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. \n\nSi bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada. \n\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que: \n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. \n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que: \n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”. \n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”. \n\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional. \n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional. \n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”. \n\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales. \n\nEn mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro. \n\nComo razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estima el suscrito que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente: \n\n“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”. \n\nEs claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios. \n\nVIII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. \n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.\n\nEn razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.\n\nIX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. \n\nPor tanto:\n\nSe declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Castillo Víquez pone nota. El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese.\n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n 39ABQRHZFMO61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-025860-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01).", "body_en_text": "Document Review\n\n\n\nExp: 26-025860-0007-CO\n\nRes. Nº 2026031129\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at 9:30 a.m. on 13 August 2026.\n\nAmparo proceeding filed in case file number 26-025860-0007-CO by Nombre01, identity card CED01, against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (ICAA).\n\nBackground:\n\n1.- In a written submission entered in the case file on 18 July 2026, the applicant files an amparo application. The applicant states that on 23 March 2026, they asked ICAA to issue certificates of availability of drinking-water and sanitary-sewer services. The applicant notes that this request was registered under application number 2026-00006912-1. The applicant clarifies that on 16 April 2026, the Institute issued certificate of service unavailability no. SIGDD-2026-00006912-1-2-NN and resolution no. SIGDD-2026-00006912-1-1-NRT, which stated that the property is located “outside the coverage area” and that “there is no sewer network.” The applicant complains that on 20 April 2026, they formally filed a motion for reconsideration with an appeal in the alternative against the denial of services. The applicant alleges that the challenge has not been decided.\n\n2.- By order of the President of the Chamber dated 1:38 p.m. on 24 July 2026, the applicant was instructed to provide the filing document duly signed.\n\n3.- By written submission entered in the digital case file on 27 July 2026, the applicant complied with the instruction.\n\n4.- By order of the President of the Chamber dated 5:04 p.m. on 29 July 2026, the amparo was admitted for processing.\n\n5.- Lourdes María Sáurez Barboza, in her capacity as executive president of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, reports as follows: “Based on memorandum N°UEN-SCMED-GAM-2026-01528, prepared by Eng. Jorge Chaves Campos, an employee of the UEN Customer Service Measurement GAM, which is attached as evidence and forms an integral part of this report, the following is recorded: On 26 March 2026, the applicant submitted a request for availability of drinking-water and sanitary-sewer services for a housing construction project. It was processed under sequential number 2026-00006912-1, for the property registered under real-property folio PRN01 and cadastral survey 1-2015210-2017, located in Cascajal, district of Vázquez de Coronado, province of San José. After analyzing the relevant technical feasibility, resolutions SIGDD-2026-00006912-1-1-NRT and SIGDD-2026-00006912-1-2-NN, notified on 16 April 2026, determined that the requested services were unavailable, because the property is outside the coverage area of the systems administered by AyA, there is no distribution infrastructure along its boundaries, there is no sanitary-sewer network, and, in addition, the system has a water-capacity deficit (see memorandum N°UEN-SCMED-GAM-2026-01528). Accordingly, on 20 April 2026, the applicant filed a motion for reconsideration with an appeal in the alternative against the negative decision on availability of drinking-water and sanitary-sewer services. The motion for reconsideration was decided by resolution UEN-SCMED-GAM-DyNS-2026-00784, dated 5 May 2026, upholding the technical position and referring the appeal to the hierarchical superior; this action was duly notified to the applicant. Subsequently, the General Management decided the appeal in the alternative by resolution GG-R-2026-0429, dated 31 July 2026, which was notified to the party subject to the administrative proceeding on 3 August 2026 at email address ...02, the means designated by the applicant for receiving notices, thereby concluding the administrative proceeding initiated in connection with the request for service availability, as can be verified in the attached image (see memorandum N°UEN-SCMED-GAM-2026-01528).”\n\n5.- Lourdes María Sáurez Barboza, in her capacity as executive president of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, reports as follows: “Based on memorandum N°UEN-SCMED-GAM-2026-01528, prepared by Eng. Jorge Chaves Campos, an employee of the UEN Customer Service Measurement GAM, which is attached as evidence and forms an integral part of this report, the following is recorded: On 26 March 2026, the applicant submitted a request for availability of drinking-water and sanitary-sewer services for a housing construction project. It was processed under sequential number 2026-00006912-1, for the property registered under real-property folio PRN01 and cadastral survey 1-2015210-2017, located in Cascajal, district of Vázquez de Coronado, province of San José. After analyzing the relevant technical feasibility, resolutions SIGDD-2026-00006912-1-1-NRT and SIGDD-2026-00006912-1-2-NN, notified on 16 April 2026, determined that the requested services were unavailable, because the property is outside the coverage area of the systems administered by AyA, there is no distribution infrastructure along its boundaries, there is no sanitary-sewer network, and, in addition, the system has a water-capacity deficit (see memorandum N°UEN-SCMED-GAM-2026-01528). Accordingly, on 20 April 2026, the applicant filed a motion for reconsideration with an appeal in the alternative against the negative decision on availability of drinking-water and sanitary-sewer services. The motion for reconsideration was decided by resolution UEN-SCMED-GAM-DyNS-2026-00784, dated 5 May 2026, upholding the technical position and referring the appeal to the hierarchical superior; this action was duly notified to the applicant. Subsequently, the General Management decided the appeal in the alternative by resolution GG-R-2026-0429, dated 31 July 2026, which was notified to the party subject to the administrative proceeding on 3 August 2026 at email address ...02, the means designated by the applicant for receiving notices, thereby concluding the administrative proceeding initiated in connection with the request for service availability, as can be verified in the attached image (see memorandum N°UEN-SCMED-GAM-2026-01528).”\n\n6.- In a written submission dated 10 August, the applicant states: “I. ON THE TEMPORAL CONTRADICTION OF 5 MAY 2026, INDUCING ERROR, AND THE LACK OF EFFECTIVE NOTICE. Chronological Inconsistency by the Respondent Authority: As stated in AyA’s own report (UEN-SCMED-GAM-2026-01528), the institution claims it notified resolution UEN-SCMED-GAM-DyNS-2026-000784 on 5 May 2026, approximately one hour after this citizen inquired about the status of the case file through the official platform ...01. Serious Inducement of Error and Violation of Legitimate Expectations: On that same date, 5 May 2026, at 9:18 a.m., an AyA employee responded to my inquiry in writing, categorically stating that case No. 12400260 ‘is under review by the engineers in the department in charge. The resolution of the motion for reconsideration filed will be sent digitally...’. Important: It is technically and legally unacceptable for the Administration to assert that it notified the final resolution just one hour later, when minutes earlier it had officially led this party to believe that the case was still undergoing technical engineering review and that a response would be issued in the future. This official conduct by the institution itself disoriented me, placing me in a state of material defenselessness protected by the Principle of Legitimate Expectations. 3. Evasive Responses and No Resending Following Subsequent Inquiries: If AyA had in fact issued and notified the resolution on that same date, 5 May, it had a legal and administrative duty to clarify this in subsequent inquiries. However: In the inquiry of 1 June 2026, employee Natali Rodríguez merely responded that the case would be escalated to the Availability area. On 5 June 2026, employee Helen Suesca indicated that ‘there was no estimated response time.’ At no point did platform ...01 tell this user anything like: ‘Dear user, the resolution was notified to you on 5 May at XX hours; please check your email,’ nor did it resend the document. 4. The Duty to Provide Effective Notice and Administrative Protection: Notice is not an automatic or unilateral act; it requires ensuring actual receipt of the act so as not to impair Due Process (Art. 39 of the Constitution). AyA’s negligence in providing contradictory and incomplete information cannot prejudice the citizen’s fundamental rights. II. ATTACHED DOCUMENTARY EVIDENCE To establish that the respondent authority induced me into error and provided contradictory information, I attach the referenced emails in PDF format: Copy of the email of 5 May 2026 (9:18 a.m.) from ...01, in which AyA confirms that the request is under review by engineers. Copies of the emails from June 2026, showing that AyA continued to indicate that the request had not been decided and never attached or specified the 5 May notice. III. REQUEST For the reasons stated, I ask the Reporting Justice and the justices: To admit the documentary evidence submitted. To find that the Administration itself caused defenselessness and a violation of Due Process and Legitimate Expectations by issuing openly contradictory information. To DECLARE THIS AMPARO APPLICATION WELL-FOUNDED, ordering AyA to decide the merits and effectively notify the relevant proceeding.”\n\n7.- In a written submission dated 11 August 2026, the applicant states: “1. Documentary Evidence (Construction Permits Granted in the Area) Attached document: Document GP-230-0173-2024, record/certification of construction and infrastructure permits approved in the sector of Cascajal de Vázquez de Coronado. (The Municipality of Coronado requires a water-availability letter to apply for construction permits, and to date more than 50 have been granted in the area since 2020.) Purpose of the evidence: To show that while AyA alleges a supposed ‘water-capacity deficit’ to deny water to a family home, it has simultaneously granted multiple availability approvals in the same area and network. This demonstrates arbitrary and disproportionate differential treatment to the detriment of my family. 2. Extreme Urgency and Protection of Maternity and Childhood (Arts. 51 and 55 of the Constitution) Relevant fact: The availability requested is NOT for a commercial, urban-development, or large-scale project, but for construction of a single-family home for my family. Humanitarian urgency: My wife and I are expecting our baby, whose birth is scheduled for next week (19 August 2026). AyA’s arbitrary and unjustified denial directly violates the minimum living and health conditions for a mother in the postpartum period and a newborn who requires priority protection by the State. 3. Audiovisual Evidence (Ongoing Waste of Water in AyA Infrastructure) Attached files: Two (2) videos recorded at ‘Dirección02,’ Las Nubes, Coronado, where the AyA storage/distribution tank for the locality is located. Purpose of the evidence: The recordings show a continuous spill and waste of drinking water at high pressure directly onto the public road (gutter), a situation that occurs continuously. This objective evidence refutes the premise of ‘absence of flow,’ showing that the problem lies in the entity’s operational inefficiency and not in the actual absence of water resources. REQUEST Based on the evidence submitted and the urgency arising from the birth of my daughter, I ask this Constitutional Court: To include the two (2) video files and the construction-permit document in the case file and to consider the family’s vulnerable circumstances due to the imminent birth. To find that there has been a flagrant violation of the Principle of Equality (Art. 33 of the Constitution) and of the priority protection of maternity and childhood (Arts. 51 and 55 of the Constitution). To DECLARE THIS AMPARO APPLICATION WELL-FOUNDED, ordering the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) to review and grant the requested availability for a single-family home.”\n\n8.- The legal requirements have been observed in the proceedings.\n\nDrafted by Justice Hess Herrera; and,\n\nReasons:\n\nI.- PRELIMINARY ISSUE. Before analyzing the merits of the matter—concerning the alleged violation of the right to prompt and proper proceedings—it must be explained that, beginning with ruling no. 2008-02545, issued at 8:55 a.m. on 22 February 2008, this Chamber has held that matters in which it is disputed whether the Public Administration has complied with the deadlines set by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or sector-specific laws governing special administrative proceedings, to decide an administrative proceeding by final act—whether initiated on its own motion or at a party’s request—or to hear the applicable administrative appeals, must be referred to the administrative-litigation jurisdiction, subject to certain exceptions. This case presents an exception, since it concerns a request related to access to drinking water. This point having been clarified, the Chamber will proceed to decide the specific situation raised in this amparo.\n\nII.- SUBJECT OF THE AMPARO APPLICATION. The applicant states that on 23 March 2026, they asked ICAA to issue certificates of availability of drinking-water and sanitary-sewer services. The applicant notes that this request was registered under application number 2026-00006912-1. The applicant clarifies that on 16 April 2026, the Institute issued certificate of service unavailability no. SIGDD-2026-00006912-1-2-NN and resolution no. SIGDD-2026-00006912-1-1-NRT, which stated that the property is located “outside the coverage area” and that “there is no sewer network.” The applicant complains that on 20 April 2026, they formally filed a motion for reconsideration with an appeal in the alternative against the denial of services. The applicant alleges that the challenge has not been decided.\n\nIII.- FACTS FOUND. The following facts are considered duly established and relevant to deciding this matter:\n\na) On 26 March 2026, the person seeking constitutional protection requested availability of drinking-water and sanitary-sewer services. (See evidence submitted and report filed.)\n\nb) On 16 April 2026, resolutions SIGDD-2026-00006912-1-1-NRT and SIGDD-2026-00006912-1-2-NN determined that the services were unavailable. (See evidence submitted and report filed.)\n\nc) On 20 April 2026, the applicant filed a motion for reconsideration with an appeal in the alternative. (See evidence submitted and report filed.)\n\nd) By resolution UEN-SCMED-GAM-DyNS-2026-00784 of 5 May 2026, the motion for reconsideration was denied and the appeal was referred to the General Management of ICAA. (See evidence submitted and report filed.)\n\ne) When this amparo was filed, the appeal had not yet been decided. (Undisputed fact.)\n\nf) On 30 July 2026, the respondent authorities were notified of the order admitting this amparo for processing. (See notices of service.)\n\ng) By resolution no. GG-R-2026-0429 of 31 July 2026, notified to the applicant on the following 3 August, the appeal was declared unfounded. (See evidence submitted and report filed.)\n\nIV.- THE SPECIFIC CASE. In this case, the applicant states that on 23 March 2026, they asked ICAA to issue certificates of availability of drinking-water and sanitary-sewer services. The applicant notes that this request was registered under application number 2026-00006912-1. The applicant clarifies that on 16 April 2026, the Institute issued certificate of service unavailability no. SIGDD-2026-00006912-1-2-NN and resolution no. SIGDD-2026-00006912-1-1-NRT, which stated that the property is located “outside the coverage area” and that “there is no sewer network.” The applicant complains that on 20 April 2026, they formally filed a motion for reconsideration with an appeal in the alternative against the denial of services. The applicant alleges that the challenge has not been decided.\n\nThe case file shows that on 26 March 2026, the person seeking constitutional protection requested availability of drinking-water and sanitary-sewer services. On 16 April 2026, resolutions SIGDD-2026-00006912-1-1-NRT and SIGDD-2026-00006912-1-2-NN determined that the services were unavailable. On 20 April 2026, the applicant filed a motion for reconsideration with an appeal in the alternative. By resolution UEN-SCMED-GAM-DyNS-2026-00784 of 5 May 2026, the motion for reconsideration was denied and the appeal was referred to the General Management of ICAA. When this amparo was filed, the appeal had not yet been decided. On 30 July 2026, the respondent authorities were notified of the order admitting this amparo for processing. By resolution no. GG-R-2026-0429 of 31 July 2026, notified to the applicant on the following 3 August, the appeal was declared unfounded.\n\nAccordingly, the Chamber finds that the fundamental rights of the party seeking protection were violated; note, in this regard, that more than three months elapsed before the relevant request was decided. However, given that this matter was decided during the processing of this amparo, the amparo must be granted under Article 52 of the Law on Constitutional Jurisdiction, with no special order as to costs, damages, and losses.\n\nFinally, in later written submissions, the applicant complains that water service has not been provided. However, it must be recalled that this Court has held that associations administering aqueducts and sewers, municipalities, and other institutions providing drinking-water supply services may validly deny such requests or make them conditional when technical or legal reasons justify doing so. Thus, in judgment no. 2016-006027, issued at 9:05 a.m. on 6 May 2016, this Chamber held as follows:\n\n“(...) In judgment 2014-9134, issued at 2:05 p.m. on 19 June 2014, which addressed an issue very similar to the one raised in the present amparo application, this Constitutional Court held: ‘(...) This Chamber has stated in repeated judgments on the subject that, under Costa Rican law, the supply of drinking water is considered a public service, and that, as such, every provider of public services—whether a public or private entity—is required to provide the service continuously and efficiently, under conditions of equality, and in a manner that adapts to technological changes (see, in this regard, judgment 2001-09676, issued at 11:25 a.m. on 26 September 2001, and judgment 2004-08161, issued at 10:53 a.m. on 23 July 2004). It is therefore clear that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, as one of the state entities responsible for providing the public drinking-water service, is also required to provide that service continuously, adaptably, and efficiently, and equally to all inhabitants. However, the jurisprudence of this Constitutional Court has also indicated that, in the face of legal impossibility (that is, failure to comply with requirements established in the applicable regulations) or formal impossibility (that is, the absence of a water distribution network), it is reasonable not to grant service requests or to ask the interested party to bear installation costs when no drinking-water distribution network exists and infrastructure must be built. In such cases, it is clear that this is not a denial of access to drinking water, but rather an inability to provide it or the interested party’s necessary participation in resolving a technical impossibility, namely, the lack of infrastructure. In other words, provided that failure to supply drinking water is not arbitrary, capricious, or without grounds, but is justified by legal or material impossibility, there is no violation of fundamental rights. In the specific case, the evidence submitted and the report filed under oath confirm that AyA did not arbitrarily deny the applicant’s request, but did so because all the technical and legal requirements required by the Regulation on Provision of Services to Customers of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers for approving new services had not been met (...)’.”\n\nAccordingly, the evidence on file indicates that the challenged denial is based on technical and legal criteria, disagreement with which is not a matter for this Chamber to hear, given that this Court is not a reviewer of the legality of actions, nor is it responsible for determining the correct application of the rules of ordinary legislation governing the subject. Those matters fall outside the competence of this specialized jurisdiction. In addition, as stated above, the Chamber has held that it is possible to reject requests for provision of drinking-water service when there are technical impossibilities, noncompliance with requirements under ordinary legislation, as in this case, or technical and/or legal criteria that justify doing so. Nor is it for the Chamber to analyze whether the reasons given for denying the request for water-service availability are valid. This Court must not act as a mediator before a particular natural or legal person to intercede on behalf of a third party so that the third party may obtain what they seek, as the amparo applicant requests here. Therefore, the person seeking protection may, if they so wish, bring their objections or claims before the respondent authority or in the competent judicial forum, where they may fully debate the merits and assert their claims.\n\nV.- ON THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES UNDER ARTICLE 52 OF THE LAW ON CONSTITUTIONAL JURISDICTION. On the award of costs, damages, and losses under Article 52 of the Law on Constitutional Jurisdiction. Upon further consideration, the majority of the Chamber considers that, in this case, under paragraph 1 of Article 52 of the Law on Constitutional Jurisdiction (“If, while an amparo is pending, an administrative or judicial decision is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the amparo shall be declared well-founded solely for purposes of compensation and costs, if appropriate”), the amparo should be granted without a special order as to costs, damages, and losses, for the following reasons. Although the law expressly requires the operative part of the judgment to state that the amparo is declared well-founded when the grievance is resolved while the amparo is pending, it is equally true that the same paragraph’s final clause states that the amparo is granted “solely for purposes of compensation and costs, if appropriate.” The law’s words “if appropriate” are emphasized; they mean that whether compensation and costs are appropriate depends on the Court’s assessment, evaluation, or weighing of the circumstances. In cases such as this one, the substance of the claim made by the person seeking protection and the respondent authority’s conduct in acknowledging it suggest that the alleged harm, injury, or change does not directly concern an impact on a constitutional right of an evident proprietary nature (as would be the case, for example, with an impact on the right to wages). To dispel any doubt in this regard, it is important to note Article 51 of the same Law on Constitutional Jurisdiction, which provides that: “every decision granting the amparo shall order, in general terms, compensation for damages and losses caused and payment of the costs of the amparo, with their assessment reserved for enforcement of the judgment”; that provision does not contemplate the possibility of assessing whether compensation and costs are appropriate. The principles of Constitutional Law, Public Law and General Procedural Law or, where applicable, International or Community Law, and, additionally and in that order, the General Law of Public Administration, the Code of Administrative Litigation Procedure, and the other procedural codes, are supplementary sources for applying and interpreting the provisions of the Law on Constitutional Jurisdiction—see Article 14. For the administrative-litigation jurisdiction, the legislature established a provision that applies fully to this case by analogy, in Article 197 of the Code of Administrative Litigation Procedure, which reflects procedural logic applicable in any area of law. In any event, the affected party in this case retains the option, should they so wish, of bringing proceedings on the merits to establish that they have suffered some form of harm. On this basis, the majority considers that this amparo should be decided without an order as to costs, damages, and losses.\n\nVI.- NOTE BY JUSTICE CASTILLO VÍQUEZ ON PROMPT AND PROPER ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court’s position that, when a litigant alleges a violation of the right to prompt and proper justice in administrative proceedings, the legal dispute must be heard by the Administrative Litigation Courts and not by this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law on the Regulation of the Right of Petition, that right has been made subject to judicial protection through the amparo established by Article 32 of the Law on Constitutional Jurisdiction, in conjunction with Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in cases where the petitioner considers that the Administration’s material actions, administrative acts, or response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted legislation does not mean that this Court should alter its line of jurisprudence, since, under paragraph 7 of its Law, this Court alone is responsible for defining its own jurisdiction. Therefore, except for those constitutional legal disputes that this Chamber itself has recognized as exceptions and that may be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo proceeding, in other cases the competent forum is the Administrative Litigation jurisdiction, for the reasons this Court has given (judgment N° 2008-02545, issued at 8:55 a.m. on 22 February 2008). This is consistent with paragraph 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and rules), and the applicable legal rules, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\nVII.- PARTIAL DISSENT BY JUSTICE SALAZAR ALVARADO, SOLELY REGARDING THE FAILURE TO ORDER THE RESPONDENT PARTY TO PAY COSTS, DAMAGES, AND LOSSES.\n\nAlthough I agree with the rest of the Chamber that the amparo should be declared well-founded, I disagree with the majority’s position exempting the respondent party from paying the costs, damages, and losses arising from the violation of the fundamental rights of the party seeking protection.\n\nArticle 52 of the Law on Constitutional Jurisdiction provides:\n\n“If, while an amparo is pending, an administrative or judicial decision is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the amparo shall be declared well-founded solely for purposes of compensation and costs, if appropriate.”\n\nArticle 51 of that Law, in turn, provides:\n\n“...every decision granting the amparo shall order, in general terms, compensation for damages and losses caused and payment of the costs of the amparo, with their assessment reserved for enforcement of the judgment.”\n\nThe latter provision establishes the general system governing compensation and payment of costs, which the majority calls the “natural or normal manner of terminating the proceeding, in which the merits are decided and the facts that violated fundamental rights are acknowledged…”.\n\nIn the majority’s view, the cited Article 51 governs situations in which the Chamber has found the grievance to be proven; as a consequence, an order as to costs, damages, and losses is required. In my view, however, a systematic interpretation of both provisions leads to the conclusion that, both when this Constitutional Court finds a violation of a fundamental right and therefore declares the amparo well-founded, and when the Administration, on its own initiative, restores the injured person’s enjoyment of their fundamental rights after learning of the amparo—a situation addressed in the referenced Article 52—the necessary and unavoidable consequence under Articles 50 and 51 of that Law is an order requiring the infringing party to compensate the damages and losses caused and to pay the costs of the amparo. This rule simply recognizes the right of a party whose fundamental rights have been violated to effective judicial protection with respect to reparation for the harmful consequences arising from the acts or omissions of the infringing authorities; it also serves as a deterrent to prevent the State from repeating the actions that gave rise to the amparo being granted, a matter governed by Article 50 of the Law applicable to this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has found the grievance to be proven and decided the merits, or the violation has ceased through action by the respondent authority itself after learning that the amparo was being processed, thereby restoring the injured party’s enjoyment of their fundamental rights (Article 52), in every such case an order requiring the infringing party to pay costs, damages, and losses is imperative, based on the principles of protecting people’s rights and holding the Administration responsible for damages and losses caused by its unconstitutional conduct.\n\nAccordingly, the fact that, by the time the amparo is heard and declared well-founded, the effects of the challenged act have already ceased, under Articles 50 and 52 of the cited Law, does not preclude an order as to costs, damages, and losses, since that situation is an integral part of the general system established in the Law on Constitutional Jurisdiction, which requires such an order in these matters.\n\nMoreover, it is clear that the referenced Article 52 applies only in cases where the Chamber, although it has not heard or ruled on the merits of the claim, has found that the fundamental rights of the amparo applicant were violated, because the Administration restored that person’s enjoyment of those rights. As the Chamber majority itself states, that situation entails an “abnormal termination of the proceeding.”\n\nThe legislature precisely established and defined the conditions under which this Chamber may order that abnormal form of termination of an amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) the amparo must be pending, meaning that the Administration must have been duly notified of the order admitting the amparo for processing; and 2) there must be an administrative or judicial decision that unequivocally revokes, halts, or suspends the action challenged as violating fundamental rights. The provision in question indeed establishes an exception to the general system requiring an order as to costs, damages, and losses, even when the amparo is granted, by providing that, in the cases it governs, the amparo shall be declared well-founded “solely for purposes of compensation and costs, if appropriate.” As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it applies only in the situations strictly contemplated by the provision, not only under the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because applying this exception undoubtedly impairs people’s fundamental right to effective judicial protection against damages and losses suffered as a result of violations of their constitutional rights.\n\nIn my view, this exception should be interpreted to mean that, under the general system requiring an order as to costs, damages, and losses when fundamental rights are violated, such an order is always appropriate, even when the respondent party issues an administrative or judicial decision revoking, halting, or suspending the challenged action, unless it is unequivocally and clearly established that no harm capable of compensation was caused in the specific case. Only in those circumstances may the respondent Administration be exempted from paying those amounts. Since, in this case, there is no evidence to rebut the presumption that the amparo applicant suffered economic damages and losses as a result of the challenged actions—the specific determination of which is not for this jurisdiction—the amparo being granted must necessarily entail an order as to costs, damages, and losses, and I so declare.\n\nAs an additional reason, it should be noted that the very nature and operation of amparo proceedings is not primarily concerned with analyzing whether damages and losses exist, but with determining whether there are acts or omissions that may result in an infringement of people’s fundamental rights. From that perspective, the analysis in this forum focuses on making that determination, but does not assess whether those matters caused injury in the amparo applicants’ strictly proprietary sphere. Although the aforementioned Article 52 of the LJC states, in its plain language, that such an order (for damages, losses, and costs) applies if appropriate, I do not consider that this assessment of appropriateness may be automatically excluded in advance in this type of proceeding, insofar as it is in another ordinary proceeding that it must be determined whether, within the legal relationship considered in the amparo proceeding, conduct or omissions attributable to the Administration (or a private-law party, where applicable) were the adequate cause of proprietary injuries that are legally compensable. By way of reference, Articles 179 to 184 of the Code of Administrative Litigation Procedure, Law N° 8508, establish a special proceeding whose purpose is to determine the economic effects arising from orders issued in these proceedings. Under Article 179 thereof, that proceeding has the following purpose:\n\n“ARTICLE 179.- The Administrative Litigation Court is responsible for enforcing judgments issued by the Constitutional Jurisdiction in habeas corpus and amparo proceedings against public-law entities, solely with respect to the establishment, assessment, and payment of monetary compensation.”\n\nIt is clear that this proceeding is directed toward examining the necessary precedent issued by this Chamber concerning an abstract award under those heads of relief, since claims of that kind would not be appropriate in that type of case when the judgment issued in the amparo proceeding expressly rules out damages, losses, and/or costs, or when it contains no express ruling on that matter. In other words, the special proceeding in the administrative-litigation jurisdiction requires, as a sine qua non requirement, an express award or ruling by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional). In that regard, in my view, under the aforementioned ordinal 52 of the LJC, dispensing with that monetary award requires proof in each case of circumstances that provide a reasoned basis for finding that there was no patrimonial injury, even potential injury, arising from or associated with the facts examined. Accordingly, this is an exception which, as such, requires qualified and duly reasoned case-by-case application. The mere fact that, during the proceeding, the Administration issues a decision or a judicial judgment is delivered revoking, halting, or suspending the challenged conduct does not, in itself, rule out that, before that cessation—whether caused by the respondent authority itself or by an external cause—the alleged indifference or challenged interference may have caused damages and losses. However, that substantive issue, concerning the actual occurrence of the injuries, their amount, whether they were claimed in a timely manner, and so on, involves considerations outside the nature of these proceedings. Under the provisions of the aforementioned mandate 52, those matters are properly addressed through an abstract award, which then forms the basis for examination in the Administrative-Litigation Jurisdiction. The relief sought in these constitutional proceedings does not require proof of damages and losses, since, it bears repeating, that is not their primary purpose or ratio. Thus, the amparo applicant is not responsible for claiming or proving damages; the applicant seeks protection of their fundamental rights. Whether those administrative acts caused the applicant injury is, as a general principle and subject to exceptional cases, not part of the basis for examining this type of case. Note that, in the situation governed by that mandate, the Constitutional Chamber does not examine the merits of the matter to be protected, given that the amparo proceeding or habeas corpus proceeding has ended because of the aforementioned supervening circumstance. Therefore, in these cases, by operation of law, the Chamber does not assess whether a violation occurred, much less determine whether the circumstances alleged by the applicant may give rise to a possible civil remedy. Accordingly, dispensing with an award, as contemplated by that provision, is exceptional, not the general rule. Therefore, in those situations, the provision requires an abstract award, so that its appropriateness may be examined in a separate plenary proceeding. Otherwise, if release from liability for damages, losses, and costs were applied as a rule, the legal protection of a person’s situation would be put at risk: despite the respondent party’s subsequent response, that person may have suffered injury to their patrimonial sphere, to the detriment of what is established in provision 45 of the Political Constitution and in disregard of the potential liability of the Administration, as required by Article 9 thereof. Further, it should not be overlooked that it was by virtue of an action of that kind that conduct was adopted that brought an end to acts which, in theory, threatened or infringed the person’s fundamental rights. In other words, to obtain protection of those rights, the person sought judicial relief, and it was by virtue of that relief that the challenged interference ceased. I reiterate that whether the persistence of the threat or deterioration of the person’s situation, until it ceased for the reasons referred to in the provision under review, caused damages and losses is an issue that, absent evidence to the contrary, must be examined in ordinary proceedings. However, as stated, it must in no way be denied as a prerequisite solely because the factual situation governed by the aforementioned ordinal 52 of the LJC occurred. Accordingly, with my customary respect for the majority’s position, I dissent and reiterate that granting this application must necessarily entail an abstract award of costs, damages, and losses.\n\nVIII.— DISSENTING OPINION OF JUSTICE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Act (LJC) states: “If, while the amparo proceeding is pending, an administrative or judicial decision is issued revoking, halting, or suspending the challenged conduct, the application shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if appropriate.”\n\nMy interpretation of that provision is as follows: That “decision” is any valid and effective act by which the competent authority restores the person to the enjoyment of the infringed right. The phrase “if appropriate” refers to costs. Indeed, Article 197 of the Administrative Litigation Procedure Code, cited by the majority on the basis of Article 14 of the LJC, refers precisely and only to costs.\n\nCertainly, under Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to an amparo application is restorative, not compensatory; however, Article 51 of the LJC states: “Any decision granting the application shall make an abstract award of compensation for the damages and losses caused and payment of the costs of the application, reserving their assessment for enforcement of the judgment.”\n\nIf the right has been violated and the Chamber so finds, damages and losses may have arisen even if the right has been restored. For that reason, an abstract award of them is appropriate. If that were not done, and no such award were made, then, if damages and losses had in fact occurred, there would be no title—derived from this proceeding—on which to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite an abstract award, no damages and losses occurred, the judge in the ordinary forum will so declare, since only that judge may find their actual existence and extent to have been proven.\n\nI consider that the position defended by the majority would, contrary to its intended purpose, encourage the Administration to respect rights only when an amparo application has been filed. It remains to say that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if the Chamber considers it just, it may award costs even where the right has been restored.\n\nFor the foregoing reasons, I dissent in part regarding the operative part and order an award of damages and losses, but not costs.\n\nIX.— DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. The applicant is advised that any paper documents, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, must be collected from the office within a maximum period of 30 business days from notification of this judgment. Otherwise, any such material not collected within that period will be destroyed, in accordance with the “Regulations on Electronic Case Files before the Judiciary,” approved by the Full Court at session No. 27-11 of 22 August 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin No. 19 of 26 January 2012, as well as the resolution approved by the Superior Council of the Judiciary at session No. 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe application is granted, without a special award of costs, damages, or losses. Justice Castillo Víquez files a separate note. Justice Salazar Alvarado dissents in part and orders an award of damages, losses, and costs. Justice Garro Vargas dissents in part and orders an award of damages and losses, but not costs. Notify the parties.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n\n— Verification code —\n\n\n\n39ABQRHZFMO61\n\nCASE FILE No. 26-025860-0007-CO\n\nTelephone: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01)." }