{ "id": "nexus-sen-1-0007-1421781", "citation": "Res. 31932-2026 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Suspensión del amparo por acción de inconstitucionalidad pendiente", "title_en": "Amparo Suspended Pending Constitutional Review", "summary_es": "La Sala Constitucional suspendió la tramitación del amparo contra SETENA, MINAE y SINAC por la autorización de corta de árboles vinculada al Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. Consideró que las pretensiones del recurrente están relacionadas con las normas impugnadas en la acción de inconstitucionalidad 25-033926-0007-CO y que, conforme al artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, corresponde esperar a que esa acción se resuelva. La Sala también indicó que una medida cautelar dictada en otro expediente ya estableció una moratoria total sobre permisos de tala en el Polo Turístico, en el contexto de proyectos hoteleros; por ello, la pretensión cautelar está atendida allí y no procede dictar otra medida en este amparo. La sentencia no decide si la autorización cuestionada vulneró el derecho a un ambiente sano ni resuelve el fondo del recurso.", "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) suspended proceedings on the amparo against SETENA, MINAE, and SINAC concerning tree-cutting authorization associated with the Gulf of Papagayo Tourist Project. It found that the applicant’s claims are connected to provisions challenged in constitutional action 25-033926-0007-CO and, under Article 48 of the Constitutional Jurisdiction Act, the amparo must await that action’s resolution. The Chamber also noted that an interim measure in another case had already imposed a total moratorium on tree-cutting permits in the Tourist Pole in the context of hotel projects; the requested interim relief was therefore addressed in that case, and no additional measure should be issued here. The ruling does not decide whether the challenged authorization violated the right to a healthy environment or resolve the merits of the amparo.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "20/08/2026", "year": "2026", "topic_ids": [], "primary_topic_id": null, "es_concept_hints": [ "recurso de amparo", "acción de inconstitucionalidad", "medida cautelar", "moratoria de tala", "artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional", "Proyecto Turístico Golfo de Papagayo" ], "article_citations": [], "keywords_es": [ "recurso de amparo", "acción de inconstitucionalidad", "suspensión del proceso", "medida cautelar", "moratoria de tala", "Proyecto Turístico Golfo de Papagayo", "derecho a un ambiente sano", "SETENA", "SINAC", "MINAE" ], "keywords_en": [ "amparo proceeding", "constitutional action", "suspension of proceedings", "interim measure", "tree-cutting moratorium", "Gulf of Papagayo Tourist Project", "right to a healthy environment", "SETENA", "SINAC", "MINAE" ], "excerpt_es": "Dado el vínculo entre las pretensiones del recurrente y las normas cuestionadas en la citada acción de inconstitucional, procede la suspensión de este proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (ver en igual sentido la sentencia número 2026-028826 de las 9:25 horas de 30 de julio de 2026).\n\nEn tal caso y, a fin de evitar fallos contradictorios, lo que corresponde es estarse a la medida cautelar dictada en aquel expediente, mediante la cual se ordenó la moratoria total de tala de árboles en el Polo Turístico Golfo Papagayo (en el contexto del desarrollo de un proyecto hotelero). Por lo que cualquier manifestación sobre esa medida deberá ser gestionada en ese expediente.\n\nPor este mismo motivo, no procede dictar ninguna medida cautelar adicional en este momento procesal.", "excerpt_en": "Given the connection between the applicant’s claims and the provisions challenged in the aforementioned constitutional action, these proceedings must be suspended under Article 48 of the Constitutional Jurisdiction Act (see also judgment 2026-028826, issued at 9:25 on 30 July 2026).\n\nIn that circumstance, to avoid contradictory rulings, the appropriate course is to abide by the interim measure issued in that case, which ordered a total moratorium on tree cutting in the Gulf of Papagayo Tourist Pole in the context of a hotel project. Any submission concerning that measure must therefore be made in that case.\n\nFor the same reason, no additional interim measure should be issued at this stage of the proceedings.", "outcome": { "label_en": "Proceedings suspended", "label_es": "Trámite suspendido", "summary_en": "The Chamber suspended the amparo until constitutional action 25-033926-0007-CO is resolved and stated that the requested tree-cutting moratorium is already covered by an interim measure in another case, without deciding the merits.", "summary_es": "La Sala suspendió la tramitación del amparo hasta que se resuelva la acción de inconstitucionalidad 25-033926-0007-CO e indicó que la moratoria de tala solicitada ya está cubierta por una medida cautelar dictada en otro expediente, sin resolver el fondo del reclamo." }, "pull_quotes": [ { "context": "Por tanto", "quote_en": "Proceedings on this amparo are suspended until the constitutional action filed under case number 25-033926-0007-CO has been resolved.", "quote_es": "Se suspende la tramitación de este recurso de amparo, hasta tanto no sea resuelta la acción de inconstitucionalidad que se tramita bajo el expediente número 25-033926-0007-CO." }, { "context": "Resolución de curso de la acción de inconstitucionalidad citada", "quote_en": "The first rule, and perhaps the most important, is that filing a constitutional action does not generally suspend the effectiveness and applicability of the provisions.", "quote_es": "La primera, y quizás la más importante, es que la interposición de una acción de inconstitucionalidad no suspende la eficacia y aplicabilidad en general de las normas." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1421781", "tier": 2, "is_environmental": true, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "\n\nExp: 26-013350-0007-CO \n\nRes. Nº 2026031932\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinte de agosto de dos mil veintiseis .\n\n Recurso de amparo interpuesto por Nombre08, cédula de identidad CED03, contra la SECRETARÍA TÉCNICO NACIONAL AMBIENTAL (SETENA), el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE) y SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC). \n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 9:39 horas de 17 de abril de 2026, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Sistema Nacional de Área de Conservación, SETENA y el Ministerio de Ambiente y Energía. Explica que el SINAC, mediante la emisión de acto habilitador del ACT que consta en resolución SINAC-OSRSCC-052-2026 del 09 de abril de 2026, lesiona el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el principio in dubio pro natura y el principio de irreductibilidad de los bosques, ya que el acto administrativo está permitiendo talar entre 748 árboles y todo el sotobosque de 32 especies diferentes, típicas de un bosque tropical seco. Dicho bosque está dentro del proyecto turístico hotelero conocido actualmente como Proyecto Turístico del Golfo de Papagayo, en Guanacaste. Explica que, ante la Sala Constitucional existen, desde el 2025, dos acciones de inconstitucionalidad donde en una se involucra y cuestiona entre otras normas el decreto de conveniencia nacional, Decreto Ejecutivo No. 33132-MP-T del 09 de febrero del 2005, publicado en La Gaceta No. 97 del 22 de mayo del 2006 y el ordinal 5.1 incisos i) y j) del Reglamento N° 4572 del 10/07/1995 del Instituto Costarricense de Turismo, denominado \"Plan Maestro General del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo\" (expediente constitucional No. 25-033926-0007-CO). Comenta que, al cuestionar dichas normas de inconstitucionalidad, señalaba que mantener esos criterios de permitir 20 habitaciones por hectárea y el coeficiente del 30 por ciento de ocupación, eran parámetros numéricos, que están muy alejados de mantener ciclos vitales sanos y equilibrados dentro de ecosistemas boscosos en sitios con PNE, lo cual, ha comenzado a materializarse con tala autorizada. Explica que, en la otra acción de inconstitucionalidad, se cuestionaba para que se declararan inconstitucionales los artículos 12 y 17 ter, así como los puntos VIII (Requisitos para Compensación de Densidad y Cobertura en las Concesiones) y X (Procedimiento de Solicitud de Ajuste de Plazo), del Anexo Único, titulado “Trámites y Requisitos en el Régimen de Concesiones del Proyecto Golfo Turístico Papagayo”, todos del Reglamento a la Ley para el Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, Decreto Ejecutivo N°25439-MP-TUR del 27 agosto de 1996, reformado mediante Decreto Ejecutivo N°44448 MP-TUR del 17 de enero del 2024. (Expediente constitucional No. 25-024408-0007-CO), con lo que se busca, que no se den talas igualmente dentro de los bosques que son PNE. Estima que, dichas normas, procesalmente y por el fondo, permitirían hacer tala rasa, en sitios que tienen bosques, en terrenos demaniales, por ser los mismos PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. Pero dichas hipótesis, dejaron de ser tales y ahora se materializaron en un acto administrativo, mediante el cual ya es viable talar. Alude que, todos los inmuebles ubicados dentro Proyecto Turístico del Golfo de Papagayo, en Guanacaste son indudablemente bienes demaniales, tal y como se extrae de la propia normativa vigente y que está cuestionada en la acción de inconstitucionalidad No. 25-033926-0007-CO, de conformidad con la Ley No 6043 del 16/03/1977, que es la ley de la Zona Marítima Terrestre (LZMT) señala en el numeral 74: “Casos Especiales. Artículo 74.- En cuanto al proyecto de Desarrollo Integral de la Bahía Culebra, cuyo litoral limita al Norte en el punto de la Cuadrícula Lamber Costa Rica, latitud 2/94 y longitud 3/53, extendiéndose hasta el punto de latitud 2/84 y longitud 3/50, o sea desde Punta Cabuyal hasta Punta Cacique, las áreas afectadas quedarán bajo la administración directa del Instituto Costarricense de Turismo. La reglamentación que regirá ese desarrollo será formulada por el Poder Ejecutivo, previa consulta a ese Instituto.” y también en el numeral 93 del Decreto Ejecutivo 7841-P, que es el Reglamento a la Ley 6043, en el tanto reglamenta la norma 74 en mención, dice: “Disposiciones Especiales. Artículo 93.-De acuerdo con el artículo 74 de la Ley, la zona marítimo terrestre comprendida en el Proyecto de Desarrollo Integral de Bahía Culebra, desde Punta Cabuyal hasta Punta Cacique, queda bajo la administración directa del ICT. Las concesiones en esa área serán otorgadas por dicho instituto; las solicitudes se presentarán ante éste y se tramitarán de acuerdo con el procedimiento contemplado en este reglamento, en lo que fuere aplicable. El ICT otorgará esas concesiones únicamente cuando se ajusten al Plan de Desarrollo Integral o no lo interfieran. Una vez otorgada una concesión, el Instituto lo pondrá en conocimiento de la municipalidad respectiva para que ésta cobre el canon que corresponda. En todo lo demás, regirán para esta zona las disposiciones de la Ley y el reglamento, sin perjuicio de las normas especiales que se puedan dictar.”. Menciona que, en la Ley No 6758 del 04 de junio de 1982, que Regula la Ejecución del Proyecto Turístico de Papagayo2 se señala en lo que se cuestiona de inconstitucional y de inconvencional: “Artículo 2.-En el área destinada al desarrollo de este proyecto deberán llevarse a cabo, únicamente las obras previstas en el Plan Maestro, aprobado por el Instituto Costarricense de Turismo, y todas aquellas obras concordantes con el mismo, de conformidad con las disposiciones de esta ley y de acuerdo con las normas técnicas que este Instituto emita al efecto.” “Artículo 12.-La Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo podrá otorgar concesiones sobre el uso de las tierras del proyecto en la zona destinada al mismo, de conformidad con los plazos y las condiciones que el Instituto establezca al efecto, y de conformidad con las disposiciones del Artículo 1073 de la Ley de la Administración Financiera de la República.”. Estima que, por lo señalado, es meridianamente claro, que los terrenos ahí existentes son bienes propiedad del Estado, pero que han sido dados en concesión. Expone que, en las acciones de inconstitucionalidad citadas, se pedía expresamente que las normas se declaran inconstitucionales, pues “regulan” áreas a talar, que cambian el uso del suelo sobre el que se asientan bosques y la biodiversidad. Por ejemplo, expresamente se cuestionó en el expediente No. 25-033926-0007-CO el Reglamento No. 4572 del 10 de julio de 1995, denominado \"Plan Maestro General del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo\" que establecieron parámetros numéricos que no tienen justificación dentro de la ciencia y la técnica y esos porcentajes establecidos violentan el principio de objetivación, o tutela científica y el principio de interdicción de la arbitrariedad. De hecho, en esa acción de inconstitucionalidad, la representación del Estado señaló que existen, en esas normas citadas, roces constitucionales que podrían generar daños al bosque, y en el expediente No. 25-024408-0007-CO la representación del Estado expuso que: “El mecanismo de compensación de densidad que se impugna, fue adoptado sin la debida Evaluación de Impacto Ambiental Acumulativo (EIAA) y sin un estudio de Capacidad de Carga Ambiental (CCA), que determine la capacidad real de las fincas receptoras para soportar un incremento de densidad del 30% (…)” y consideró que la figura de “compensación de densidad o coeficiente de ocupación” (artículos 12 y 17 ter y Punto VIII del Anexo Único del Reglamento reformado) es inconstitucional. Arguye que, dentro de los inmuebles del proyecto turístico existe claramente bosque que, conforme a la Ley Forestal, en su numeral 13 sería PNE y todo ello estaría vinculado a los ordinales 50 y 89 constitucionales. Apunta que, en el acto cuestionado mediante este amparo, SINAC-OSRSCC-052-2026 del 9 de abril de 2026, se dice expresamente que SE AUTORIZA LA TALA de 748 que son todo un bosque dentro del inmueble concesionado a DESARROLLO BAHÍA PAPAGAYO BP SA. Es decir, está autorizándose una tala de todo un bosque y su sotobosque, que es parte de los pocos bosques secos que existen en Costa Rica, con lo que, estima, se va a eliminar el PNE, aunque exista una prohibición de eliminar ese tipo de bosques en bienes demaniales, donde incluso la normativa que utilizan está siendo cuestionada de inconstitucional. Todo lo anterior se realiza fundamentándose en un decreto de conveniencia nacional que no aplica para terrenos demaniales y por ello está cuestionado de inconstitucional; no obstante, ese mismo decreto sustenta expresamente el acto SINAC-OSRSCC-052-2026. Expone que, “cuando existe un bosque, como en verdad lo hay en la concesión relacionada, ya solo por ese hecho se debió de haber denegado el permiso de tala a la concesionaria, pero si además las normas y actos que dan sustento al propio permiso recién emitido están siendo cuestionados y hasta los representantes de la Procuraduría reconocen los vicios, es manifiesto que estamos ante un riesgo inminente de daños serios así como irreversibles al suelo, al bosque, al clima, a la vida silvestre etc, que son contrarios al principio de irreductibilidad de los ecosistemas y así se pide declarar.”. Alega que, los recurridos han interpretado que el bosque no interesa, sino solo las concesiones para hacer hoteles, centros comerciales, condominios, piscinas entre otros. Esgrime que, el principio de irreductibilidad busca el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales en los bosques y encuentra fundamento tanto en el Convenio de Diversidad Biológica (Ley No.7416) como en la Ley de Biodiversidad, y en los Principios del Enfoque de Ecosistemas de Malawi contenidos en el Reglamento de la Ley de Biodiversidad. Indica que, es de vital importancia que se considere todo lo señalado y además el novedoso derecho a un clima sano, reconocido en la reciente Opinión Consultiva 32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece obligaciones para disminuir o mitigar el impacto del cambio climático, donde los bosques y los humedales juegan un papel fundamental. Arguye que, como según se detalla en el mismo permiso acá cuestionado -SINAC-OSRSCC 052-2026-se va a eliminar un bosque donde existen 32 tipos de especies de árboles diferentes y siendo que ya el permiso se emitió, la tala se puede estar dando en este momento. Explica que, “el acto administrativo cuestionado de inconstitucional y de incovencional se encuentra en el expediente administrativo del SINAC TE TE01-IF-00033- 2026 visible desde folio 098 y se puede leer en LOS CONSIDERANDOS, que precisamente TODA la normativa cuestionada en las acciones de inconstitucional son parte del fundamento de ese odioso permiso y en ese tanto, vemos los roces con la Carta Magna y otros instrumentos internacionales ratificados, amén de la normativa de rango legal que estaría vinculada a esas normas. Por ejemplo se contempló en los “considerandos” del acto impugnado, el decreto de conveniencia en el considerando Octavo, o el reglamento sobre Plan Maestro General del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, que permite cambiar el uso del suelo y talar un 30 por ciento del área para hacer edificaciones en el “considerando” Noveno; incluso, se llegó al descaro de citar dictámenes de la Procuraduría General de la República en ese mismo “considerando” noveno, pero dejaron de lado, lo que el representante del Estado cita en las dos acciones de inconstitucionalidad mencionadas, donde expone que peligro inminente de daños ambientales a ecosistemas frágiles. Por lo dicho, es que talar 748 mil árboles en una concesión, resulta todo un choque frontal con normas constitucionales y convencionales como las citadas, amen incluso de lo previsto en el principio in dubio pro natura (…)”. Añade que, los funcionarios del SINAC optaron por la tala rasa, en lugar de ponderar la protección de los bosques y los ecosistemas con PNE. Informa que, “en el oficio CARTA SINAC ACT DR 556-2026, del 09 de abril de 20269, que consta a folio 096 del expediente administrativo de la tala, el funcionario NELSON MARIN MORA señaló: “1-Los terrenos cubiertos de bosque y terrenos de aptitud forestal ubicados en el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo NO CONSTITUYEN PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO…” (El resaltado y mayúscula no son del original) Incluso el funcionario dice que existe y reconoce el decreto de conveniencia nacional cuestionado de inconstitucional como base fértil y potable para dar paso a la tala”. Sostiene que, existen normas procesales y de fondo cuestionadas de inconstitucionalidad que normalmente impedirían el dictado de un acto final de tala; sin embargo, los funcionarios de la ACT no respetaron los autos dando curso a las 2 acciones de inconstitucionalidad, ni los principios de irreductibilidad de los ecosistemas, ni el in dubio pro natura y por ello han permitido que se esté abriendo la puerta una tala IMPRESIONANTE que apenas comienza. Además, señala que “es manifiesto, que cuando se tienen normas que establecen porcentajes de áreas a talar y cambiar el uso del suelo, donde existe bosque, se está ante las previsiones que admite la Sala para tener por suspendidas las normas cuestionadas y donde NO se podrían dictar actos habilitadores de tala finales, pero en este caso, lo establecido en numeral el ordinal 5.1 incisos i) y j) del Reglamento N° 4572, denominado \"Plan Maestro General del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo\" (expediente constitucional No. 25-033926-0007 CO) y lo previsto en los artículos 12 y 17 ter, así como los puntos VIII (Requisitos para Compensación de Densidad y Cobertura en las Concesiones) y X (Procedimiento de Solicitud de Ajuste de Plazo), del Anexo Único, titulado “Trámites y Requisitos en el Régimen de Concesiones del Proyecto Golfo Turístico Papagayo”, todos del Reglamento a la Ley para el Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, Decreto Ejecutivo N°25439-MP-TUR, reformado mediante Decreto Ejecutivo N°44448 MP-TUR (Expediente constitucional No. 25-024408-0007-CO) que son normas cuya eficacia y efectividad está suspendidas, pero NO PARA EL SINAC, de ahí que no era viable dictar el acto de tala cuestionado pero nada importó”. Considera que, al tenerse cuestionado también el decreto de conveniencia nacional que existe jamás era constitucional, ni convencional haber otorgado un acto que permitiera la tala rasa que puede llevar, sin lugar a dudas a daños irreversibles a la vida silvestre, el bosque, el suelo, el clima y sus ecosistemas. Con base en los alegatos expuestos, estima que, con las actuaciones acusadas, se están vulnerando derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley.\n\n2.- En escrito agregado al expediente digital a las 14:44 horas de 24 de abril de 2026, se apersona al proceso Alejandro Rojas Aguilar, en su condición de Apoderado Especial Judicial Enjoy Resorts & Hotels, S.A. y aporta prueba para mejor resolver.\n\n3.- Mediante resolución de las 21:28 horas de 12 de junio de 2026, se le da curso al proceso y se solicita informe a las autoridades recurridas, sobre los hechos alegados por el recurrente. \n\n4.- Por escrito agregado al expediente digital a las 9:04 horas de 19 de junio de 2026, informa bajo juramento Giovanna Valverde Stark, en su condición de ministra a.i. de Ambiente y Energía, que “(…) PRIMERO: Este Ministerio es el ente encargado de velar por la protección del recurso natural del país, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes mediante la promoción de manejo, conservación y desarrollo sostenible de los elementos, bienes, servicios y recursos ambientales y naturales, cuya gestión corresponde a este Ministerio por disposición legal o convenio internacional. Asimismo, es importante señalar que el artículo 50 de nuestra carta magna establece que el Estado debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, garantizando el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en respeto del derecho a la protección de la salud humana que se deriva del derecho a la vida, derecho al agua, siendo entonces que el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano en armonía con este, en el que la calidad ambiental, y los medios económicos resultan ser de los parámetros fundamentales para las personas. SEGUNDO: Que este Ministerio solicito información al director del Area de Conservación Tempisque Nelson Marin Mora, quien presento documentación relacionada al caso indicando que bajo el expediente 26-013284-0007-CO, el entonces Ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, el Secretario Técnico Nacional Ambiental, Andrés Cortez Orozco y el Director del Área de Conservación Tempisque, Nelson Marín Mora, dan respuesta a un recurso de amparo interpuesto por el señor Nombre02, quien impugnaba la viabilidad ambiental otorgada por SETENA al proyecto \"Bahía Papagayo\" de la empresa Enjoy Hotels & Resorts y el posterior permiso de corta de árboles emitido por el SINAC. Los funcionarios inician su defensa aclarando que el recurrente confunde el ámbito de sus competencias, ya que el proyecto se desarrolla dentro del régimen jurídico excepcional del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, un área de aproximadamente 1.658 hectáreas que desde la década de 1970 fue declarada de utilidad pública y destinada por ley al desarrollo turístico bajo la administración exclusiva del Instituto Costarricense de Turismo, con fundamento en leyes especiales como la N° 5847 de 1975, la N° 6043 de 1977 y la N° 6758 de 1982, que excluyen la competencia municipal en la zona marítimo terrestre y otorgan al ICT la potestad de otorgar concesiones sobre bienes demaniales del Estado para fines turísticos, régimen que ha sido ratificado por la Procuraduría General de la República y por la propia Sala Constitucional en el Voto N° 2007-018483, el cual establece que el uso del suelo en dicho proyecto es turístico y prevalece sobre cualquier otro, por lo que los terrenos concesionados no están bajo la administración del MINAE ni constituyen áreas silvestres protegidas, sino que su destino no es la conservación absoluta de los recursos naturales sino un uso sostenible y equilibrado. En cuanto a los hechos alegados por el recurrente, el informe detalla que el proyecto Bahía Papagayo fue presentado ante SETENA en abril de 2021 en un área concesionada de 42.01 hectáreas y que mediante Resolución N° 0591-2022-SETENA se otorgó la viabilidad ambiental tras un análisis técnico que incluyó el Estudio de Impacto Ambiental, sin que dicha resolución autorizara la corta de árboles ni la reducción de áreas de protección de cursos de agua, pues SETENA carece de competencia para otorgar permisos forestales y su análisis geoespacial de cobertura vegetal no equivale a la declaratoria de bosque en los términos estrictos del artículo 3 de la Ley Forestal N° 7575, que exige una superficie de dos o más hectáreas con más del 70% de dosel y más de sesenta árboles por hectárea de quince o más centímetros de diámetro, elementos que solo pueden verificarse mediante inspección de campo y no a través de fotografías aéreas o mapas de cobertura. Los funcionarios enfatizan que la Resolución N° 1263-2021-SETENA, citada por el recurrente, no fue un acto decisorio sino un mero requerimiento de trámite para que el desarrollador subsanara aspectos técnicos, y que en ningún momento se aprobaron retiros de protección distintos a los establecidos por la ley, mientras que el permiso de corta fue otorgado por el SINAC mediante Resolución ACT-OSRSCC-052-2026 del 9 de abril de 2026, basado en un inventario forestal y en el Informe de Campo SINAC-ACT-OSRSCC-155-2026 que determinó que el área específica de intervención de 7.62 hectáreas dentro de la finca PRN01 no corresponde a bosque según la definición legal, sino a potreros en abandono, y que de los 3.656 árboles inventariados únicamente se autorizó la corta de 748 ejemplares de especies comunes como guácimo, laurel y jobo, ninguna en veda, lo que representa apenas un 18.14% del área total de la finca y se ajusta al coeficiente de ocupación de superficie máximo del 30% establecido en el Plan Maestro del proyecto, conservándose el 70% restante. El informe también señala que el recurrente tenía conocimiento previo, mediante la nota SINAC-ACT-DR-782-2025, de que el área no reunía las condiciones para ser calificada como bosque, y que el permiso de corta se encuentra firme al no haber sido impugnado en sede administrativa, por lo que goza de presunción de legalidad. Finalmente, los funcionarios concluyen que no existe violación a los artículos 121 inciso 14 y 50 de la Constitución Política, ni al Voto N° 2007-018483, ni a los criterios de la Procuraduría General de la República, ya que los actos administrativos cuestionados fueron emitidos por autoridades competentes en el ejercicio de sus funciones y dentro del marco de un régimen jurídico especial que permite el desarrollo turístico sostenible, por lo que solicitan a la Sala declarar sin lugar el recurso de amparo y eximir al MINAE del pago de costas procesales. TERCERO: Que en el juzgado penal del segundo circuito judicial, se tramita el proceso medida cautelar, contra ignorado por delito cambio de uso, bajo el expediente: 25-000008-0791-pe, donde se contesta emplazamiento de medidas cautelares. El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), a través de su apoderado especial judicial, el Licenciado Mario Hidalgo Ramírez, comparecen ante el Juzgado Penal del II Segundo Circuito Judicial para contestar la solicitud de medida cautelar atípica de carácter ambiental incoada por la Fiscalía Ambiental del Segundo Circuito Judicial de San José, representada por la señora Nombre04, en el marco del expediente penal número 25-000008-0791-PE. La solicitud fiscal pretendía la suspensión inmediata del permiso de corta forestal otorgado mediante la resolución ACT-OSRSCC-052-2026, la paralización de toda actividad de construcción y eliminación de cobertura vegetal en el área del proyecto “Bahía Papagayo” de la empresa Enjoy Hotels & Resorts, y la suspensión de todos los permisos forestales otorgados en el Polo Turístico Golfo de Papagayo durante los años 2024, 2025 y 2026, e incluso invocaba tipos penales dolosos como prevaricato, abuso de autoridad, falsedad ideológica y cambio de uso de suelo, aunque sin señalar a funcionarios concretos ni desarrollar una imputación fáctica específica. La defensa del MINAE y SINAC rechaza en todos sus extremos la solicitud fiscal, argumentando que la premisa central de la Fiscalía es técnicamente incorrecta, ya que el permiso de corta no recae sobre un área que constituya “bosque” en los términos del artículo 3 de la Ley Forestal N° 7575, el cual exige una superficie de dos o más hectáreas con más del 70% de dosel y más de sesenta árboles por hectárea de quince o más centímetros de diámetro, sino sobre una zona determinada mediante inspección de campo como potreros en abandono y charrales, tal como lo acredita el Informe de Campo SINAC-ACT-OSRSCC-155-2026, donde la propia Autoridad Forestal del Estado concluyó que el área de aprovechamiento no corresponde a bosque conforme a la ley, desvirtuando así la confusión recurrente de la Fiscalía entre “cobertura vegetal” y “bosque” en sentido jurídico, categorías claramente diferenciadas por la normativa vigente. La defensa enfatiza que el proyecto se desarrolla dentro del régimen jurídico excepcional del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, un área de aproximadamente 1.658 hectáreas declarada de utilidad pública desde la década de 1970 y destinada por leyes especiales como la N° 5847 de 1975, la N° 6043 de 1977 y la N° 6758 de 1982 al desarrollo turístico bajo la administración exclusiva del Instituto Costarricense de Turismo, régimen que ha sido ratificado por la Procuraduría General de la República y por la Sala Constitucional en el Voto N° 2007-018483, por lo que estos terrenos no están bajo la administración del MINAE ni constituyen áreas silvestres protegidas, sino que su destino legal único es el turismo sostenible y no la conservación absoluta. En cuanto a los hechos, la defensa detalla que el área concesionada total es de 42.01 hectáreas, que la huella constructiva autorizada es de apenas 7.62 hectáreas (un 18.14% del total), que del inventario forestal de 3.656 árboles únicamente se autorizó la corta de 748 ejemplares de especies comunes como guácimo, laurel y jobo, ninguna en veda, y que esta intervención se ajusta al coeficiente de ocupación de superficie máximo del 30% establecido en el Plan Maestro, conservándose el 70% restante, todo lo cual evidencia un aprovechamiento forestal limitado, técnicamente controlado y dentro del marco legal. La defensa también señala un error formal grave de la Fiscalía, al citar el permiso de tala como “resolución TE-TE01-00033-2026” cuando ese número corresponde a un expediente administrativo, siendo el acto correcto la Resolución ACT-OSRSCC-052-2026, lo que configura una imposibilidad jurídica del objeto de la pretensión. Sobre los requisitos de procedencia de la medida cautelar, el MINAE y SINAC argumentan que no se configura el fumus boni iuris porque no hay un hecho punible aparente, ya que el permiso está basado en estudios técnicos válidos y goza de presunción de legalidad; que tampoco existe periculum in mora porque no se ha acreditado un daño ambiental concreto, actual e inminente, y porque la situación ya está siendo controlada por la Sala Constitucional mediante medidas cautelares dictadas en el expediente 25-024408-0007-CO, donde el magistrado Fernando Cruz ordenó una moratoria total sobre la tala de árboles en el Polo Papagayo, y que la medida solicitada carece de instrumentalidad porque no se orienta a asegurar la eficacia del proceso penal sino a suspender actos administrativos válidos y paralizar un proyecto sujeto a un régimen jurídico especial, desnaturalizando la función de las medidas cautelares penales. La defensa critica duramente la posición asumida por la Procuraduría General de la República, que apoyó la tesis fiscal, señalando que la Procuraduría no realizó un análisis propio, técnico y jurídico, sino que se limitó a adherirse acríticamente a la narrativa fiscal, repitiendo afirmaciones genéricas sobre “cobertura forestal” sin citar ni examinar prueba concreta, confundiendo conceptos técnicos elementales y sin demostrar la inminencia o irreversibilidad del daño, todo lo cual evidencia una adhesión automática y carente de rigor que no satisface los estándares del proceso penal cautelar. Finalmente, el MINAE y SINAC solicitan al juez penal rechazar en todos sus extremos la solicitud de medida cautelar y señalar audiencia para recibir la prueba testimonial de los funcionarios forestales Pedro Rojas Chaves y Orlando Matarrita Suárez, quienes ratificarían que el área intervenida no constituye bosque, concluyendo que la pretensión fiscal no solo es improcedente desde el punto de vista técnico y jurídico, sino que además compromete principios fundamentales del debido proceso al pretender la adopción de medidas restrictivas sobre supuestos no debidamente acreditados. CUARTO: Que en oficio CARTA-DAJ-MINAE-1167-2026 reporta un total de seis expedientes judiciales activos ante la Sala Constitucional relacionados con el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. En primer lugar, el expediente 25-033926-007-CO corresponde a una acción de inconstitucionalidad promovida por Nombre08, que fue contestada por el MINAE mediante el oficio DAJ-MINAE-2706-2025 el 28 de noviembre de 2025. En segundo lugar, el expediente 26 013284-0007-CO es el recurso de amparo interpuesto por Nombre02, contestado inicialmente con el oficio CARTA-DAJ-MINAE-936-2026, pero posteriormente, sin notificación a la Asesoría Jurídica, el Despacho Ministerial remitió una nueva respuesta mediante el oficio DM 353-2026 el 30 de abril de 2026, suscrita por el entonces Presidente de la República y el entonces Ministro de Ambiente. En tercer lugar, el expediente 26-020400-0007-CO es otro recurso de amparo presentado por Nombre03, contestado mediante el oficio CARTA-DAJ-MINAE 157-2026, y sobre este recayó la sentencia 2026007079, que suspendió su tramitación hasta que se resuelva la acción de inconstitucionalidad principal. En cuarto lugar, el expediente 25-030777-0007 CO es un recurso de amparo de Nombre07, contestado mediante el oficio CARTA-SINAC-SE-DE-O135-2026 el 30 de enero de 2026, con sentencia 2026004267 que también suspendió la tramitación a la espera de la resolución de la inconstitucionalidad. En quinto lugar, el expediente 25-025462-0007-CO es otro recurso de amparo del mismo Nombre07, contestado mediante el oficio DAJ-MINAE-2444-2025 el 4 de noviembre de 2026, con sentencia 2026002568 que igualmente suspendió el trámite hasta que se decida la acción de inconstitucionalidad. Finalmente, el expediente 25-024408-0007-CO es la acción de inconstitucionalidad promovida por Nombre06, donde el magistrado Fernando Cruz dictó una medida cautelar que ordenó la moratoria de tala en el Polo Turístico, pero el MINAE no es parte en este proceso, ya que únicamente se notificó al Instituto Costarricense de Turismo, quien contestó y presentó recursos, y aunque el entonces Ministro solicitó acompañamiento a una reunión sobre el tema, la Asesoría Jurídica no realizó ninguna diligencia al carecer de legitimación para intervenir en esa causa. QUINTO: Adicionalmente, debe agregarse un hecho trascendental según el informe de avance de corta rendido por el Regente Forestal en el oficio de respuesta a la CARTA-SINAC-ACT-DR-636 2026, mediante el cual el Regente Forestal del proyecto informa al Director del Área de Conservación Tempisque que, pese a la vigencia del permiso de corta ACT-OSRSCC-052-2026, la corta se encuentra temporalmente paralizada. SEXTO: De todo lo expuesto queda demostrado que este Ministerio ni el SINAC son los administradores ni los responsables del destino del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, pues dicha competencia corresponde por ley exclusiva al Instituto Costarricense de Turismo (ICT), en virtud de un régimen jurídico especial creado por las leyes N° 5847, 6043 y 6758, ratificado por la Procuraduría y por la propia Sala Constitucional en el Voto N° 2007-018483, que establece que el uso del suelo en esa área es turístico y prevalece sobre cualquier otro, por lo que los terrenos concesionados no están bajo la administración del MINAE ni son áreas silvestres protegidas, sino bienes demaniales con destino turístico. La actuación del MINAE y SINAC se limitó a ejercer sus competencias ambientales específicas, SETENA otorgó viabilidad ambiental sin autorizar corta de árboles, y SINAC, con base en una inspección de campo que determinó que el área intervenida no es bosque según el artículo 3 de la Ley Forestal, emitió el permiso de corta ACT-OSRSCC-052 2026, autorizando solo 748 árboles de 3.656 inventariados en una huella de 7.62 hectáreas (18.14% del área concesionada), dentro del 30% permitido por el Plan Maestro y conservando el 70% restante, todo conforme a la ley y sin que mediara impugnación administrativa. Por tanto, no existe violación constitucional ni daño ambiental inminente, el permiso es legal y firme, y al ser el ICT el verdadero administrador del proyecto, los recursos contra el MINAE y SINAC deben declararse sin lugar y eximirse a estas entidades de costas procesales”. \n\n5.- Por medio de escrito agregado al expediente digital a las 11:20 horas de 25 de junio de 2026, informan bajo juramento Franz Tattenbach Capra, Andrés Cortez Orozco y Nelson Marín Mora, por su orden ministro de Ambiente y Energía, secretario general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y director del Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, lo siguiente: “ACLARACIÓN. Se aclara/ que la resolución de las diez horas once minutos del veinte de abril de dos mil veintiséis, contiene un error de precisión en cuanto indica que entre los funcionarios que debe rendir el informe sobre este Amparo es el “el director de la Oficina Regional de Nicoya del Área del Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación”; siendo que la figura de director, está referida al Director del Área de Conservación Tempisque, Sr. Nelson Marín Mora y no como erróneamente se cita. Además de que la “Oficina Regional de Nicoya”, también está citada equivocadamente, siendo lo correcto indicar “Oficina Subregional Santa Cruz-Carrillo”. Para los efectos de respuesta a este Amparo, el informe solicitado lo efectúa el Director del Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. CONSIDERACIÓNES PREVIAS. A efectos de tener claridad sobre el marco de legalidad que regula el Polo Turístico Papagayo con relación a los actos administrativos que emite el Ministerio de Ambiente y Energía en el marco de nuestras competencias, expresamos lo siguiente: Conforme a los antecedentes normativos, en primer término, mediante Ley No. 5847 de 18 de noviembre de 1975 se aprobó el Convenio de Préstamo celebrado entre el Instituto Costarricense de Turismo y el Banco de Centroamericano de Integración Económica, con el propósito de financiar la elaboración de un estudio de factibilidad técnico económico y la preparación de un plan maestro del Proyecto Turístico de Bahía de Culebra. En el artículo 3° de la citada ley se dispuso que el Proyecto que surgiera como consecuencia del mencionado estudio de factibilidad, sería realizado por el Estado costarricense, de conformidad con la ley que debería ser dictada al efecto. Desde un punto de vista fáctico, la decisión de establecer el Polo Turístico en la Bahía Culebra responde a estudios técnicos regionales promovidos por el BCIE en las décadas de 1960 y 1970, que identificaron esta zona como de alto valor ecológico, escénico y cultural, con potencial para el turismo internacional. Esta base empírica sirvió como fundamento para que el legislador costarricense adoptara una serie de medidas dirigidas a facilitar la ejecución del proyecto bajo condiciones especiales, entre ellas la declaratoria de utilidad pública (Ley No 6370 de 1979), la creación de un régimen diferenciado de administración estatal (Ley N.o.6758 de 1982), y la adopción de un Plan Maestro aprobado en sesión ordinaria de Junta Directiva del ICT No 4572, artículo 2, inciso VIII, celebrada el día 10 de julio de 1995. El régimen jurídico excepcional del proyecto Polo Turístico Golfo Papagayo, tiene como pilar la exclusión expresa de la competencia municipal en materia de administración de la Zona Marítimo Terrestre dentro del área delimitada. Si bien el artículo 3 de la Ley No. 6043 otorga a las municipalidades la facultad de administrar la zona restringida y otorgar concesiones en la Zona Marítimo Terrestre del país, el artículo 74 establece una excepción específica para el entonces denominado “Proyecto Bahía Culebra” (hoy conocido como Polo Turístico Golfo Papagayo), adscribiendo esa competencia al Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Esta excepción ha sido ratificada por diversos dictámenes de la Procuraduría General de la República, por ejemplo, C-171-93 y C028-94, que reafirman que el ICT ostenta competencias exclusivas de administración, control y otorgamiento de concesiones en la zona, sin perjuicio de las competencias municipales residuales, como la emisión de permisos de construcción; una vez que los proyectos han sido aprobados previamente por el ICT. Desde el punto de vista del derecho público, este régimen excepcional responde al principio de legalidad reforzada en materia de administración del dominio público y se inscribe en la lógica de los regímenes especiales permitidos por el artículo 121 inciso 14 de la Constitución Política. La ley regula con precisión las competencias, límites y condiciones bajo las cuales se otorgan concesiones, imponiendo un estándar más riguroso que el previsto para otras zonas costeras del país. Así, por ejemplo, el ICT puede otorgar concesiones solo mediante concursos públicos, previo análisis técnico y jurídico, y con base en la congruencia con el Plan Maestro, el cual funge como instrumento vinculante de planificación. También se cuenta con la Declaratoria de Conveniencia Nacional del proyecto, conforme al Decreto Ejecutivo No. 33132 de 2005, que refuerza aún más su posición dentro de las políticas públicas estatales, al considerarlo como prioritario para el desarrollo económico, la generación de empleo y la atracción de inversión extranjera directa. Esta declaratoria tiene fundamento en la Ley Forestal No. 7575, artículo 3, que define las actividades de conveniencia nacional como aquellas cuyo beneficio social supera el costo ambiental, condición que debe demostrarse mediante los instrumentos técnicos correspondientes DEL MARCO NORMATIVO APLICABLE. En el caso del Polo Turístico Golfo Papagayo, es necesario revisar sus antecedentes históricos que datan de hace 50 años y la voluntad del Estado para dedicar un área específica a una vocación de desarrollo turístico sustentable. Se resalta la interacción de como Costa Rica fue desarrollando este concepto y como se fue incorporando la normativa ambiental. a) Ley No. 5847 de 18 de noviembre de 1975, aprobó el Convenio de Préstamo celebrado entre el Instituto Costarricense de Turismo y el Banco de Centroamericano de Integración Económica, con el propósito de financiar la elaboración de un estudio de factibilidad técnico económico y la preparación de un Plan Maestro del Proyecto Turístico de Bahía de Culebra. Específicamente el artículo 3 de la Ley de cita, especifica el tipo de norma, siendo una Ley Especial. “ARTICULO 3.- El proyecto de desarrollo turístico de Bahía Culebra, que surja como consecuencia de este estudio de factibilidad, será realizado por el Estado costarricense, de conformidad con la ley especial que la Asamblea Legislativa deberá emitir con ese propósito.” b) Posteriormente, se emite Ley 6043 del 16 de marzo de 1977, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, que es donde nace el Proyecto Turístico Golfo Papagayo, denominado “proyecto de Desarrollo Integral de la Bahía Culebra” denominándolo como un “caso especial”: “Casos especiales Artículo 74.-En cuanto al proyecto de Desarrollo Integral de la Bahía Culebra, cuyo litoral limita al norte en el punto de la Cuadrícula Lambert Costa Rica, latitud 2/94 y longitud 3/53, extendiéndose hasta el punto de latitud 2/84 y longitud 3/50 o sea desde Punta Cabuyal hasta Punta Cacique, las áreas afectadas quedarán bajo la administración directa del Instituto Costarricense de Turismo. La reglamentación que regirá ese desarrollo será formulada por el Poder Ejecutivo, previa consulta a ese Instituto. Todo lo anterior sin perjuicio del usufructo y cánones que correspondan a las municipalidades respectivas conforme a esta ley.” (El resaltado es nuestro) Resalta de importancia, conforme lo establece el artículo 73 sobre la desaplicación de esta Ley para el MINAE cuando se esté en presencia de un área silvestre protegida o de un Patrimonio Natural del Estado que por lo general se identifica a través de la Certificación de Patrimonio Natural del Estado emitida por el Área de Conservación que le corresponda esa jurisdicción (Ley 6043 artículo 73 y Voto 16975-2008 del 12 de nov de 2008) c) La Ley No. 6758 del 06 de mayo de 1982, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 122 del 25 de junio de 1982, Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del PTGP, estableció lo siguiente: “Artículo 2.-En el área destinada al desarrollo de este proyecto deberán llevarse a cabo, únicamente las obras previstas en el Plan Maestro, aprobado por el Instituto Costarricense de Turismo, y todas aquellas obras concordantes con el mismo, de conformidad con las disposiciones de esta ley y de acuerdo con las normas técnicas que este Instituto emita al efecto. Artículo 12.-La Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo podrá otorgar concesiones sobre el uso de las tierras del proyecto en la zona destinada al mismo, de conformidad con los plazos y las condiciones que el Instituto establezca al efecto, y de conformidad con las disposiciones del Artículo 1073 de la Ley de la Administración Financiera de la República.” Artículo 18.-Esta ley es de orden público y deroga cualquier norma que se le oponga, excepto en cuanto otorgue derechos o autorice a entes de derecho público para percibir cánones y tarifas, o que en cualquier forma les conceda beneficios económicos. No podrá variarse tampoco el concepto de zona pública, a que se refiere el artículo 20 de la ley Nº 6043 del 2 de marzo de 1977.” (El resaltado es nuestro d) La Ley Orgánica del Ministerio del Ambiente y Energía No. 7152 de 1990, siendo el MINAE el encargado de velar por los recursos naturales, energéticos, mineros y de su protección, conservación y uso racional. A partir de ese año, el MINAE asume las competencias y facultades sobre los recursos naturales. Las competencias de vida silvestre, forestal, parques nacionales y el IMN fueron trasladados del Ministerio de Agricultura y Ganadería al MINAE. Todos los bosques, terrenos forestales y áreas silvestres, propiedad del Estado o administrados por el MAG pasar a administrados por el MINAE. Las competencias para la Secretaría Técnica Nacional Ambiental sobre evaluación ambiental inician con la Ley Orgánica del Ambiente de 1996. La competencia en materia agua inicia para el MINAE con la emisión de la Ley de ARESEP de 1996. La nueva Ley Forestal No. 7575 rige desde 1996. La competencia en biodiversidad y acceso inicia con la emisión de Ley de Biodiversidad de 1998, por medio de la cual se fusiona las competencias de vida silvestre, forestal y parques nacionales para crear el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y la Comision Nacional de Gestión de la Biodiversidad. DEL RÉGIMEN JURÍDICO DEL PROYECTO TURÍSTICO GOLFO DE PAPAGAYO Los alcances del régimen jurídico del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo han sido dimensionados por la Sala Constitucional en el Voto No. 2007-018483 de las 18 horas del 19 de diciembre de 2007, que indica de interés: “VII.- RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO EXCEPCIONAL O ESPECIAL DEL PROYECTO TURÍSTICO GOLFO DE PAPAGAYO. RÉGIMEN ESPECÍFICO DE USO O APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DEMANIALES. El Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, ha estado sometido a un régimen jurídico administrativo especial, así La Ley No. 6370 de 3 de septiembre de 1979, declaró de interés público el Proyecto Turístico de Bahía Culebra o Papagayo. En el artículo 1° de esa ley se dispone que constituye de utilidad pública la adquisición de bienes inmuebles, fincas completas, porciones, derechos o intereses patrimoniales legítimos que, por su ubicación, sean necesarios para realizar y ejecutar el proyecto turístico, siendo que éste último comprende, dentro de las coordenadas que los delimitan, la zona marítima del litoral pacífico. Para las adquisiciones voluntarias o por expropiación se autorizó al Instituto Costarricense de Turismo (artículos 2 a 5). (El resaltado es nuestro) Por su parte, la Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico del Golfo de Papagayo, No. 6758 de 4 de junio de 1982, lo somete a un intenso régimen público excepcional, por la importancia estratégica del proyecto para el desarrollo turístico nacional, en el que se prevé la inscripción de los terrenos a nombre del Instituto Costarricense de Turismo y una serie de medidas de fomento para desarrollarlo. Específicamente, el artículo 12 y siguientes establece el régimen de explotación del proyecto por los particulares. Así el ordinal 12 indica que la Junta Directiva del ICT “(…) podrá otorgar concesiones sobre el uso de las tierras del proyecto en la zona destinada al mismo (…)”, por su parte los artículos 13, 14 y 15 prevén, respectivamente, las figuras de la cancelación, extinción y rescate de la concesión. De otra parte, a través de una normativa infralegal, se enfatiza la figura de la concesión, así, a título de ejemplo, el Decreto Ejecutivo No. 22489-MPJ-TUR de 2 de septiembre de 1992 creó el Registro de Concesiones del Proyecto Turístico de Golfo de Papagayo en Bahía de Culebra, como una Sección del Registro General de Concesiones del Registro Público de la Propiedad del Registro Nacional. A partir de lo anterior, resulta suficientemente claro que el régimen de uso por los particulares, previsto por la normativa jurídica que regula el proyecto turístico Golfo de Papagayo, es claramente privativo, con lo cual excluye el uso común y general por parte de cualquier otra persona, todo a través de la figura de la concesión que le otorga al concesionario derechos reales administrativos.” (…) IX. (…) Tómese en consideración que la Ley No. 6758 de 4 de junio de 1982, le otorgó, en exclusiva, al Instituto Costarricense de Turismo –a través de una oficina ejecutora, su Consejo Director, el Director Ejecutivo y la Junta Directiva del ente- la competencia de desarrollar y ejecutar el proyecto turístico Golfo de Papagayo (artículo 1°)… es preciso indicar que la Ley No. 6758 de 4 de junio de 1982, le otorga la administración y gestión del Proyecto Turístico Papagayo a un ente público de competencia nacional como lo es el ICT, de modo que es un régimen de excepción o especial al contemplado en la Ley de la Zona marítimo terrestre...” (lo resaltado no es del original) Con base en lo anterior, el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo se rige por un marco legal específico, de carácter excepcional que incluye la Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico de Papagayo, Ley No. 6758. Esta ley, junto con su reglamento y el Plan Maestro del proyecto, establece las normas para el desarrollo y ejecución de las obras en el área designada, sea en el área de la concesión. Además, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) ejerce el papel fundamental en la administración, regulación y supervisión del proyecto, entiéndase en toda el área madre del proyecto y para cada una de las concesiones que se encuentren dentro de los linderos del área de proyecto, así como en la gestión de un fondo especial para su financiamiento. En términos legales, esta norma especial y excepcional, se puede enmarcar en el Principio de Protección al amparo de una situación específica para el desarrollo y ejecución de las obras que establece la Ley No. 6758, junto con su reglamento y el Plan Maestro. El Proyecto Turístico Golfo de Papagayo comprende un área aproximada de 1.658 hectáreas, además de la zona pública, inscrita a nombre del Estado Costarricense bajo la administración del Instituto Costarricense de Turismo (en adelante, ICT), con el fin primordial de atraer el turismo nacional e internacional, aprovechando al máximo los recursos turísticos de esa región. Por lo tanto, el ICT, mediante la Oficina Ejecutora, se encarga de la ejecución y desarrollo del proyecto, para lo cual tiene la facultad exclusiva de dirigir, coordinar, administrar y controlar el desarrollo del citado proyecto. El Proyecto comprende dos grandes actividades: a) la concesión de los terrenos adquiridos para el desarrollo de proyectos turísticos, y b) la construcción de obras de infraestructura pública que permiten que dicho desarrollo se consolide. En otro aspecto, y como parte de la normativa que regula este Proyecto, de conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 33132-MPT, publicado en La Gaceta No. 97 del 22 de mayo del 2006, se cuenta con la Declaratoria de Conveniencia Nacional, para el desarrollo y ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, bajo administración del Instituto Costarricense de Turismo. Parte de los fundamentos de esta disposición del Poder Ejecutivo fueron los siguientes: “2.- Que mediante artículo 1 de la Ley Nº 6370 del 3 de setiembre de 1979, se declararon de utilidad públicos los terrenos necesarios para la realización y ejecución del Proyecto Turístico en Bahía Culebra, ubicado en la Provincia de Guanacaste, hoy conocido como Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, bajo administración del Instituto Costarricense de Turismo. 3.- Que dicho Proyecto se ha convertido en el principal polo de desarrollo turístico de toda Centroamérica. 4.- Que la Procuraduría General de la República ha recalcado mediante dictamen C210-2002, que por Ley el uso del suelo en dicho proyecto es turístico, prevaleciendo este sobre cualquier otro tipo de uso. 5.- Que los lineamientos establecidos en el Plan Maestro del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, hacen de éste un modelo de desarrollo turístico sostenible, al establecer un desarrollo debidamente planificado, bajo administración y supervisión estatal, el cual incorpora variables ambientales, bajas densidades y coberturas, tratamiento adecuado de aguas servidas, etc. 6.- Que es interés del Gobierno de la República apoyar los esfuerzos que realiza e Instituto Costarricense de Turismo para impulsar el desarrollo del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, como un modelo de desarrollo turístico sostenible a nivel Internacional” Adicionando al marco regulatorio, el Poder Ejecutivo ha emitido el Decreto Ejecutivo No. 25.439-MP-TUR, publicado el 11 de setiembre del 1996 y su reforma (Decreto Ejecutivo No. 37701-MPTUR del 12 de abril de 2010)), el Reglamento a la Ley para el Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, que establece disposiciones de importancia: “Plan Maestro: Herramienta para el control del uso de la tierra, a través de la zonificación y la planificación del desarrollo urbano aprobado por la Junta Directiva del ICT. Es una figura directiva de planeamiento, en tanto señala las grandes directrices o líneas maestras que han de orientar y coordinar la ordenación urbanística o edificatoria y el uso del suelo del Proyecto Turístico de Papagayo, dentro de las limitaciones legales previstas, en armonía con el medio ambiente natural y cultural, cuya naturaleza además de técnica es de alcance normativo y obligatorio. (Artículo 2. Inciso h) Bien Demanial: Cada uno de los bienes inmuebles y sus atributos, declarados de utilidad pública, que componen el área de desarrollo del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, afectos por las Leyes Nos. 6370 y 6758 al uso turístico y sobre cuyo destino legal el ICT ejerce un poder de administración, vigilancia y control, siendo el fin turístico el criterio de afectación de tales inmuebles, los cuales pueden ser dados en concesión a particulares por el ICT. Igualmente se incluye dentro de este concepto el área de la zona pública de la zona marítimo terrestre y el área adyacente cubierta permanentemente por la mar destinada a la edificación, administración y explotación de marinas y atracaderos turísticos, ubicada dentro del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, conforme a lo dispuesto por la Ley N º 7744 Ley de Concesión y Funcionamiento de Marinas (Artículo 2. Inciso i) Concesión: Acto administrativo de naturaleza contractual acordado por la Junta Directiva del ICT a favor de una persona física o jurídica, que le confiere el derecho real administrativo, para un uso privativo, exclusivo y excluyente, de tipo patrimonial sobre un bien demanial dentro del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. Ese derecho real administrativo le permite al Concesionario ejercer todos los atributos del dominio excepto el de enajenación de la tierra. A los efectos del fin público turístico del Proyecto implica, entre otros, la facultad del Concesionario de usar, disfrutar, transformar, edificar o coedificar, defender, dar en garantía, gravar, arrendar, el bien demanial concesionado, para el cumplimiento de su proyecto de desarrollo turístico, siempre bajo la vigilancia y control del ICT. (Artículo 2. Inciso j) Fin Turístico: Es el fin público último y supremo perseguido por la Ley N º 6758, consistente en el desarrollo turístico productivo del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. (Artículo 2 inciso q) El Proyecto será dirigido y administrado por la Oficina Ejecutora, como órgano con desconcentración máxima, dependiente directo de la Junta Directiva del Instituto. (Artículo 3) Sólo se otorgarán concesiones en las áreas del proyecto a entidades constituidas y domiciliadas en el país. Quien pretenda una concesión deberá además cumplir con los requisitos establecidos en el cartel del respectivo concurso. (Artículo 4) El otorgamiento de las concesiones, así como toda cesión, hipoteca, arriendo o fideicomiso, referente a las concesiones, deberá inscribirse en el Registro de Concesiones del Proyecto, del Registro Nacional. En los casos de traspaso de concesiones, el adquirente se tendrá para todo efecto como concesionario. En el caso de arrendamiento, el arriendo seguirá la suerte de la concesión. (Artículo 13) Serán obligaciones del concesionario las establecidas en la Ley 6758, en este Reglamento, en el Plan Maestro, en el contrato de concesión, en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental, demás disposiciones de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo y en las demás normas aplicables. En particular no podrá ningún concesionario variar su proyecto, aprobado por el Instituto, salvo previa autorización expresa del mismo. (Artículo 14) Adjudicada una concesión y aprobado un proyecto, deberá iniciarse la obra en un plazo no mayor de seis meses, contados desde el día de la notificación de la adjudicación. El plazo de conclusión de la obra se definirá en el contrato de concesión. (Artículo 17)” También como parte de la normativa que regula este Proyecto, se promulgó el Decreto Ejecutivo No. 4572 que rige desde el 24 de julio de 1995, sobre el Reglamento \"Plan Maestro General del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo\". Esta norma dispone aspectos relevantes para el entendimiento de la figura creada en la Ley No. 6758: En el punto 5.1. Lineamientos específicos para el diseño y construcción de los proyectos turísticos, lo siguiente: “Coeficiente de ocupación de superficie: Deberá mantenerse un coeficiente de ocupación de superficie no mayor al 30% (treinta por ciento) máximo del área total originalmente concesionada, al cual deberán ajustarse los diseños de los proyectos turísticos propuestos” Lo anterior implica, que los concesionarios de Papagayo, en cumplimiento del instrumento de planificación, tiene la obligación de conservar el 70% restante del área de terreno concesionada, pudiendo hacer uso (huella) de hasta un 30%, bajo los requisitos que aplican en las normas, reglamentos, lineamientos y disposiciones que regulan a los concesionarios. Por consiguiente, el área donde se desarrollará el proyecto todo concesionario debe cumplir con la normativa que establezca las demás instituciones públicas, entre ellas contar con una Viabilidad Ambiental vigente y aprobada para el desarrollo del proyecto. Con relación a lo dispuesto en la Ley Forestal No. 7575 del 13 de febrero de 1996, esta norma rige en forma posterior a la Ley No. 6758 del 06 de mayo de 1982, Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico de Papagayo, sin que la Ley No. 7575 establezca ninguna disposición especifica que regule, modifique o derogue algún artículo de la Ley No. 6758. Considerando que la Ley No. 6758, se trata de una Ley especial y excepcional, cualquier mutación demanial, por seguridad jurídica, debe reunir tres requisitos: Un interés público prevalente o más intenso a tutelar. Respaldo en una norma de rango suficiente. Garantía de la inseparabilidad del régimen jurídico público. Bajo este entendido, al ser el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) el ente estatal encargado de la administración exclusiva del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, y encontrarse claramente definido un régimen de uso especial para terrenos concesionados con un destino único y supremo orientado al desarrollo turístico sui generis, es que debe considerarse la excepcionalidad de esta área, y por ello, su destino no está referido a la conservación absoluta de los recursos naturales, sino a un uso y conservación sostenible y equilibrado con evaluación ambiental de los proyectos que ahí se desarrollen. DEL RÉGIMEN FORESTAL PÚBLICO Y PRIVADO. La Ley Forestal, No. 7575 de 13 de febrero de 1995, introduce en nuestro ordenamiento el concepto de “Patrimonio Natural del Estado”, administrado por el Ministerio del Ambiente y Energía, y constituido, según su artículo 13, por “los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio.” El concepto de “Patrimonio Forestal del Estado”, es el inicial contenido en la anterior Ley Forestal No. 4465 de 25 de Noviembre de 1969. La diferencia principal del Patrimonio Natural del Estado respecto del Patrimonio Forestal del Estado es la posibilidad del aprovechamiento del recurso forestal en la legislación anterior, por parte de la Administración o bien por particulares con su autorización, excepto en los parques nacionales y reservas biológicas. Las áreas silvestres protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo, los parques nacionales, las reservas biológicas, las reservas forestales, los refugios nacionales de vida silvestre, las zonas protectoras, los monumentos naturales y humedales se consideran incorporadas bajo este régimen en calidad de “áreas declaradas inalienables” y en virtud del artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 de 4 de octubre de 1995. Finalmente, forman también parte del Patrimonio Natural, los demás bosques y terrenos forestales o de aptitud forestal del Estado, incluidas las reservas nacionales y fincas pertenecientes a las instituciones autónomas, municipalidades y demás órganos de la Administración Pública. La propiedad privada con cobertura forestal es una figura legalmente establecida en nuestra legislación, específicamente en el Título Tercero de la Ley Forestal No. 7575. La propiedad forestal privada, se refiere a los bosques y terrenos forestales que pertenecen a particulares, es decir, fincas registralmente inscritas a nombre de una persona física o jurídica bajo la figura de un Folio Real; por consiguiente, son propiedades privadas, en contraste con aquellas que son propiedad del Estado. Estos terrenos forestales privados están sujetos a regulaciones y protección, y sus propietarios tienen derechos y responsabilidades específicas bajo la ley, como lo es la normativa que regula su uso, aprovechamiento y protección. Los dueños de terrenos forestales privados tienen derecho a utilizar y aprovechar los recursos forestales de acuerdo con la ley y los planes de manejo establecidos, y tienen la responsabilidad de proteger los bosques y terrenos forestales, evitando la deforestación, la erosión y otras actividades que puedan perjudicar el ecosistema forestal. La ley forestal establece límites y regulaciones con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. La propiedad privada mantiene los atributos que les confiere la Ley en cuanto a su dominio, uso y disposición. La propiedad privada por tener un bosque dentro de sus linderos no pierde esa naturaleza privada y no puede considerarse bienes demaniales integrantes del Patrimonio Natural del Estado. El artículo 19 y 20 de la Ley Forestal No. 7575, regula la “propiedad forestal privada” y el aprovechamiento del bosque, en la que sus dueños si pueden realizar actividades legales. “TITULO TERCERO Propiedad forestal privada CAPITULO I Manejo de bosques ARTICULO 19.- Actividades autorizadas En terrenos cubiertos de bosque, no se permitirá cambiar el uso del suelo, ni establecer plantaciones forestales. Sin embargo, la Administración Forestal del Estado podrá otorgar permiso en esas áreas para los siguientes fines: a) Construir casas de habitación, oficinas, establos, corrales, viveros, caminos, puentes e instalaciones destinadas a la recreación, ecoturismo y otras mejoras análogas en terrenos y fincas de dominio privado donde se localicen los bosques. b) Llevar a cabo proyectos de infraestructura, estatales o privados, de conveniencia nacional. c) Cortar los árboles por razones de seguridad humana o de interés científico. d) Prevenir incendios forestales, desastres naturales u otras causas análogas o sus consecuencias. En estos casos, la corta del bosque será limitada, proporcional y razonable para los fines antes expuestos. Previamente, deberá llenarse un cuestionario de preselección ante la Administración Forestal del Estado para determinar la posibilidad de exigir una evaluación del impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esta ley.” (El resaltado es nuestro) Por consiguiente, las propiedades privadas con bosque tienen regulaciones fijadas en la Ley Forestal No. 7575. Este concepto está consolidado en la jurisprudencia, a manera de ejemplo, se expone: “(...) se distingue entre el patrimonio forestal del Estado y el patrimonio forestal privado. El primero está sometido a un régimen de dominio público y es formado por todos los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a las municipalidades, a las instituciones autónomas y a los demás organismos de la Administración Pública. En este caso, la administración puede conceder permisos de uso únicamente para proyectos que no requieran aprovechamiento forestal y que no afecten los ecosistemas, la vida silvestre, los suelos, los humedales y los mantos acuíferos. Por su parte, constituye patrimonio forestal privado, todos aquellos bosques y terrenos de aptitud forestal que pertenezcan a personas físicas o jurídicas particulares (artículos 1°, 32 y 43 de la Ley Forestal). En estas propiedades pueden llevarse a cabo diversas actividades, según se trate de terrenos con bosque, con plantaciones forestales o sean terrenos de uso agropecuario sin bosque. (…)” (Sala Constitucional, voto No. 3923-2007. El resaltado es nuestro). Las limitaciones a la propiedad forestal privada para la tutela del ambiente, en tanto no vulneren el contenido esencial de ese derecho y tengan la necesaria cobertura legal, “son constitucionalmente viables, además de constituir una obligación para el Estado su protección y explotación racional”. (Sala Constitucional, sentencia 5893-95. Vid también de la propia Sala los votos 2343-96, 2006-015106 y 2007-5598, 2007-06581, 2007-09119 y 2007-010578, entre otros. El resaltado es nuestro). DEL CONCESIONARIO Y EL PROPIETARIO PRIVADO. El concesionario de un área en el Proyector Turístico Papagayo, es aquel se somete al régimen legal que regula esta área turística, conforme lo mandatos indicados supra. El acto administrativo contractual acordado por la Junta Directiva del ICT le confiere al concesionario un derecho real administrativo, para un uso privativo, exclusivo y excluyente, de tipo patrimonial sobre un bien demanial dentro del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, que tiene un destino específico, único y supremo de turismo por mandato de ley, bajo un régimen especial. (El resaltado es nuestro) Resulta importante resaltar que, por disposición de Ley, estos terrenos estatales del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo no están bajo la administración del Ministerio de Ambiente y Energía, ni cuentan con ninguna declaratoria de área silvestre protegida dentro de sus linderos. El uso y destino de estos terrenos no es la vocación de conservación exclusiva de los recursos naturales, sino el desarrollo sostenible de la misma para fines turísticos, por medio de infraestructura que se autorice por el ICT y se someta a la viabilidad ambiental, como mecanismo de medida ambiental. Ese derecho real administrativo le permite al Concesionario ejercer todos los atributos del dominio excepto el de enajenación de la tierra, ya que no es dueño registral de la misma. A los efectos del fin público turístico del Proyecto esto implica, entre otros, la facultad del Concesionario de usar, disfrutar, transformar, edificar o coedificar, defender, dar en garantía, gravar, arrendar, el bien demanial concesionado, para el cumplimiento de su proyecto de desarrollo turístico, siempre bajo la vigilancia y control del ICT. (Artículo 2. Inciso j). En consecuencia, de requerirse algún permiso ambiental -forestal, de aguas, de viabilidad- el concesionario lo deberá obtener de la autoridad competente. Por ello, no resulta aplicable el artículo 19 de la Ley Forestal No. 7575, que está referido a la propiedad forestal privada, pues no estamos ante la presencia de un propietario privado, sino ante un de un bien demanial bajo un régimen especial, con el fin de desarrollar proyectos con un destino único: turismo. El artículo 19 de la Ley Forestal está diseñado para regular el manejo de bosques en propiedades privadas, condición jurídica que no corresponde a los terrenos concesionados en el marco del Proyecto, dado que los mismos son bienes demaniales del Estado, cuya titularidad pertenece a la República y cuya administración está delegada al ICT para un fin turístico, y no a la conservación de recursos naturales ni a la conformación de un área silvestre protegida. El concesionario, en este contexto, no ostenta la calidad de propietario privado de un bien registral (Folio Real inscrito en el Registro Nacional), sino que actúa como sujeto receptor de un derecho real administrativo de uso exclusivo y privativo otorgado por el Estado, a través del ICT, con facultades limitadas y bajo estrictas condiciones. Por lo tanto, no es equiparable la figura del concesionario con la del propietario forestal privado, regulado por el artículo 19 de la Ley Forestal. Asimismo, debe tenerse presente que el artículo 18 de la Ley Forestal, que contempla permisos de uso sobre terrenos estatales o áreas silvestres protegidas bajo administración del Ministerio de Ambiente y Energía, se refiere a un régimen general de administración ordinaria bajo la tutela del MINAE, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) para otros fines. El Permiso de Uso que otorga el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, se regula en la Ley General de la Administración Pública y se refiere a la autorización para utilizar un bien de dominio público de forma temporal y precaria, generalmente para un fin específico y en beneficio de la comunidad. Este permiso no otorga un derecho real sobre el bien y puede ser revocado intempestivamente. Sin embargo, esta figura del Permiso de Uso no es aplicable al caso del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, en donde nos encontramos ante un régimen jurídico especial y excepcional de destino único, definido por la Ley No. 6758, que confiere al ICT la potestad exclusiva de administración, planificación, regulación y ejecución del desarrollo turístico en el área delimitada del proyecto, y la potestad de otorgar concesiones para fines turísticos dentro de los límites del área del Proyecto, las cuales otorgan un derecho real administrativo, para un uso privativo, exclusivo y excluyente, de tipo patrimonial sobre un bien demanial dentro del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. Dicho régimen especial incluye la posibilidad para el concesionario de remover cobertura vegetal hasta un máximo del 30% del área total concesionada, reservándose el 70% restante para su conservación, en estricto apego al Plan Maestro del proyecto y su reglamento. Debe tenerse presente, que cobertura vegetal no equivale al concepto de bosque ni aptitud forestal. El concepto de cobertura vegetal es amplio y general y puede incluir árboles, charral, zacate, potrero, frutales, pastos, patizal, flora, plantas, vegetales, especies agronómicas, especies forestales, hojarasca o residuos de cosecha, cerca viva, entre otros. Por su lado, el concepto de bosque es estricto, y diferente al de cobertura vegal y tiene que estar conforme al artículo 3 inciso d) de la Ley Forestal No. 7575. “d) Bosque: Ecosistema nativo o autóctono, intervenido o no, regenerado por sucesión natural u otras técnicas forestales, que ocupa una superficie de dos o más hectáreas, caracterizada por la presencia de árboles maduros de diferentes edades, especies y porte variado, con uno o más doseles que cubran más del setenta por ciento (70%) de esa superficie y donde existan más de sesenta árboles por hectárea de quince o más centímetros de diámetro medido a la altura del pecho (DAP).” (El resaltado es nuestro) Lo anterior debe entenderse siempre dentro del marco de los principios generales de conservación y protección de los recursos naturales. En consecuencia, es imperativo que el concesionario del Polo Turístico Papagayo observe y cumpla con las regulaciones mínimas y generales que le indiquen la Autoridad Forestal del Estado, tales como la prohibición de corta de especies forestales vedadas, la elaboración de inventarios forestales técnicos, aplicación de normas técnicas, metodología de Fallas (2019) para la determinación de bosque en Costa Rica, entre otros. De requerirse un permiso forestal se debe solicitar al Área de Conservación respectiva, en aras de garantizar una remoción responsable y sostenible de especies forestales. En cuanto a la viabilidad ambiental de un proyecto, deberá someterse al proceso de evaluación ambiental ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Ahora bien, debe distinguirse este régimen del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo del régimen de las áreas silvestres protegidas. En el caso específico, se encuentra el Refugio Nacional de Vida Silvestre Playa Iguanita, creado mediante la Ley No. 8731 del 3 de julio de 2009. Esta zona, ubicada al fondo de bahía Culebra, dentro de la Península de Nacascolo, fue identificada por el MINAE como sitio de especial atención debido a su condición de bosque primario tropical seco y la presencia de manglar, razón por la cual se encuentra bajo la administración del SINAC, a través del Área de Conservación Tempisque y excluido de la aplicación del régimen del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. “ARTÍCULO 2.- Administración del refugio. La administración, la protección y el manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Iguanita le corresponderá al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, del Ministerio del Ambiente y Energía (Minae), por medio del Área de Conservación Tempisque, de conformidad con el artículo 22 de la Ley de biodiversidad, N° 7788, de 30 de abril de 1998, y sus reformas. Se autoriza al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) para que traslade al Minae, a partir de la publicación de esta Ley, la sección de terreno de la zona marítimo terrestre, comprendida dentro del Refugio, para su administración, protección, manejo y desarrollo, por medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación”. ARTÍCULO 3.- Plan de manejo del Refugio La Dirección del Área de Conservación Tempisque y la administración del Refugio realizarán las diligencias administrativas y técnicas, para lograr una amplia participación de las comunidades, las instituciones y el sector privado en la implementación del Plan de manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Iguanita, considerando la reglamentación del Plan maestro del Polo Turístico Golfo de Papagayo del ICT.” (El resaltado es nuestro) En el mismo sentido, los ecosistemas de manglar, por su especial régimen de protección ambiental, se encuentran excluidos del régimen concesional del ICT, y permanecen bajo la tutela exclusiva del SINAC-MINAE, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente. DE LOS HECHOS ALEGADOS POR EL RECURRENTE. El recurrente Nombre02, al referirse tanto a la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) como al permiso de corta emitido por el Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), articula una serie de alegaciones en las que vincula actos administrativos de distinta naturaleza jurídica, emitidos por autoridades diferentes y en ejercicio de competencias legalmente separadas, las cuales se detallan a continuación: El proyecto denominado \"Bahía Papagayo\", promovido por la empresa Enjoy Hotels & Resorts S. A., tramitó ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) el expediente D1-0170-2021- SETENA para obtener viabilidad ambiental. El proyecto se desarrolla en terrenos del Estado costarricense, bajo concesión estatal, al amparo de la Ley No. 6758 que regula el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo sobre estos terrenos estatales en los que se ubica el bosque que mediante el presente amparo se busca proteger. La resolución nro. 0591-2022 SETENA, otorgó viabilidad ambiental al proyecto. Existe la autorización dada por SETENA para reducir las áreas de protección de cursos de agua legalmente establecidas y dentro del área estatal del proyecto, justificando ese cambio de uso de suelo. La resolución 1263-2021-SETENA de 6 de enero de 2022 establece que las zonas de protección para cuerpos de agua serán de 15 metros en los esteros Rocha y Panamá, y de 10 metros en ambos márgenes de las quebradas estacionales sin nombre, como medida de mitigación ambiental, medidas que contravienen expresamente lo dispuesto por el artículo 33, inciso b) de la Ley Forestal N.º 7575. La resolución No. 0591- 2022-SETENA, constata que en el área del proyecto existe una cobertura significativa de bosque deciduo, maduro y secundario. El terreno se clasifica bajo Clase VII de uso de suelo, destinado al manejo de bosque. Existió un incidente de nulidad contra la Resolución 0591 2022-SETENA. En el criterio jurídico DAJ-MINAE-1591-2025, emitido el 6 de agosto de 2025, la Dirección de Asesoría Jurídica del MINAE concluyó que el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo se encuentra bajo un régimen jurídico especial y los concesionarios podrían remover hasta un 30% de la cobertura vegetal. El informe INFTEC-DT-ASA-0324-2025, como resultado de la inspección realizada el 26 de mayo de 2025 en el área del Proyecto Bahía Papagayo. Señala que, en ese informe, se sobrepuso la capa oficial de cobertura boscosa del año 2000 y se evidenció que la mayoría de las áreas del proyecto (figuras B, C y D) están totalmente contenidas dentro de zonas clasificadas como bosque patrimonio natural del Estado, por encontrarse en terrenos de titularidad estatal. Mediante resolución de la Sala de las 15:46 horas del 13 de noviembre de 2025, se dio curso a la acción de inconstitucionalidad nro. 25-033926-0007-CO, interpuesta contra disposiciones específicas que conforman el Papagayo. concesionada. Mediante la resolución 0215-2026-SETENA, se omitió cualquier medida cautelar y, por el contrario, expresa: \"Se reitera que lo anterior no obsta para determinar que la Licencia de Viabilidad Ambiental otorgada al proyecto se mantiene en firme\". Se da por abierta la bitácora ambiental como parte del proceso de inicio de obras y el 15 de abril de 2026, se constató la presencia de maquinaria en el lugar. Por resolución nro. SINAC-ACT-OSRSCC-052-2026 del 09 de abril de 2026 se ha otorgado el permiso de corta para 3656 árboles dentro del área del proyecto. Sobre los alegatos expuestos, indicamos lo siguiente y exponemos nuestra defensa: Conforme al Decreto Ejecutivo No. 25.439-MP-TUR, publicado el 11 de setiembre del 1996 y su reforma (Decreto Ejecutivo No. 37701-MPTUR del 12 de abril de 2010)), el Reglamento a la Ley para el Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, establece disposiciones de importancia: “b) Concesión: Acto administrativo de naturaleza contractual acordado por la Junta Directiva del ICT a favor de una persona física o jurídica, que le confiere el derecho real administrativo, para un uso privativo, exclusivo y excluyente, de tipo patrimonial sobre un bien demanial dentro del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. Ese derecho real administrativo le permite al Concesionario ejercer todos los atributos del dominio excepto el de enajenación de la tierra. A los efectos del fin público turístico del Proyecto implica, entre otros, la facultad del Concesionario de usar, disfrutar, transformar, edificar o coedificar, defender, dar en garantía, gravar, arrendar, el bien demanial concesionado, para el cumplimiento de su proyecto de desarrollo turístico, siempre bajo la vigilancia y control del ICT. (Artículo 2. Inciso j) g) Serán obligaciones del concesionario las establecidas en la Ley 6758, en este Reglamento, en el Plan Maestro, en el contrato de concesión, en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental, demás disposiciones de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo y en las demás normas aplicables. En particular no podrá ningún concesionario variar su proyecto, aprobado por el Instituto, salvo previa autorización expresa del mismo. (Artículo 14)” (El resaltado es nuestro) Conforme a lo anterior, el día 07 de abril de 2021 se presentó ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) el Formulario D1 del Proyecto Bahía Papagayo, promovido por la sociedad ENJOY HOTELS & RESORTS SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3-101 318205, debidamente representada por el señor Nombre01, portador del documento de identidad número CED01, asignándosele el expediente administrativo D1-0170-2021-SETENA. Resulta relevante destacar que la solicitud de viabilidad ambiental fue presentada hace aproximadamente cinco años, sin que a la fecha exista cuestionamiento alguno sobre la regularidad del inicio del procedimiento. Que el Formulario de D1 y el instrumento de evaluación ambiental, sea el Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo al Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA, parte II), fueron debidamente analizados por el Departamento de Evaluación Ambiental de SETENA, y se concluyó que cumplen con los términos de referencia y los requerimientos técnicos emitidos por la Secretaría, de conformidad con las facultades de control y seguimiento establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Ambiente. Dicho análisis técnico se realizó en ejercicio pleno de las competencias legalmente atribuidas a la SETENA como autoridad nacional en materia de evaluación de impacto ambiental, verificándose el cumplimiento de las disposiciones normativas y técnicas aplicables al proceso. Con base en lo anterior, se sometió a la Comisión Plenaria de la SETENA, el Informe Técnico de la Evaluación Ambiental Inicial del proyecto denominado Proyecto Bahía Papagayo, expediente número D1-0170-2021 SETENA, y se procedió a emitir la Resolución Nº 0591-2022-SETENA de las 10 horas 11 minutos del 06 de abril de 2022 que aprueba la Viabilidad Ambiental. Esta resolución se emitió hace 4 años, y estableció de importancia lo siguiente: “(…) CUARTO: Que, en el presente procedimiento administrativo, se presentó el Formulario de D1, con el instrumento de evaluación ambiental: Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo al Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA, parte II), los cuales fueron debidamente analizados por el Departamento de Evaluación Ambiental, se concluyó que cumplen con los términos de referencia y los requerimientos técnicos emitidos por esta Secretaría. En virtud de lo anterior, y de conformidad con las facultades de control y seguimiento establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Ambiente, que señala: \"La Secretaría Técnica Nacional Ambiental establecerá instrumentos y medios para dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones de la evaluación de impacto ambiental. En los casos de violación de su contenido, podrá ordenar la paralización de las obras. El interesado, el autor del estudio y quienes lo aprueben serán, directa y solidariamente, responsables por los daños que se causen.\" De lo anterior, se ha analizado y se ha determinado que los mismos cumplen, por lo que lo procedente en el presente caso es aprobar el instrumento de evaluación de impacto ambiental: Estudio de Impacto Ambiental y las matrices de impacto ambiental, presentados en el Documento D1 y otorgar la viabilidad ambiental. QUINTO: De conformidad con el Artículo No. 45°. - Resolución y otorgamiento de la Viabilidad (o Licencia) Ambiental del reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (D.E. No. 31849-2004-MINAE-MAG MOPT,MEIC,S y sus reformas), éste contempla: “Los lineamientos o directrices ambientales de compromiso que enmarcan el otorgamiento de la viabilidad (licencia) ambiental, y que estarán basadas en todo el proceso de EIA, así como una serie de condiciones e instrumentos de control y seguimiento ambiental, que incluyen los siguientes elementos: Desarrollo e implementación de los Instrumentos de Control y Seguimiento Ambiental (ICOS), que comprenden 3 aspectos: Nombramiento de un responsable ambiental e implementación de una Bitácora Ambiental; así mismo un depósito de Garantía Ambiental de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica del Ambiente, cuyo monto será fijado en este acto administrativo. Estos instrumentos, deberán ser presentados a la SETENA de conformidad con el Acuerdo de Comisión Plenaria de la sesión ordinaria No. 098-2014-SETENA y su Artículo No.17, emitido por medio del acuerdo No. ACP-015-2014 del 26 de agosto del 2014; el cual dicta: “Ordenar a los desarrolladores de actividades, obras o proyectos que la presentación de los ICOS debe ser antes del inicio de los mismos, una vez otorgada la Viabilidad Ambiental y que no podrá iniciar con éstos hasta contar con los ICOS debidamente habilitados. Y que, de iniciar sin contar con éstos, se le aplicarán las sanciones establecidas en la normativa vigente”. SEXTO: Que el artículo 6 de la Modificación del Artículo 45 al Reglamento General sobre los Procedimientos de EIA, del Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, indica sobre la Cláusula de Compromiso Ambiental Fundamental, lo siguiente: “La Presente Viabilidad (licencia) Ambiental se otorga en el entendido de que el desarrollador del proyecto, obra o actividad cumplirá de forma íntegra y cabal con todas las regulaciones y normas técnicas, legales y ambientales vigentes en el país y a ejecutarse ante otras autoridades del Estado Costarricense. El incumplimiento de esta cláusula por parte del desarrollador no solo lo hará acreedor de las sanciones que implica el no cumplimiento de dicha regulación, sino que además, al constituir la misma, parte de la base fundamental sobre el que se sustenta la VLA, hará que de forma automática dicha VLA se anule con las consecuencias técnicas, administrativas y jurídicas que ello tiene para la actividad, obra o proyecto y para su desarrollador, en particular respecto a los alcances que tiene la aplicación del artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente. SÉTIMO: Que al momento de emitir la presente resolución no hay apersonados o personas opuestas al desarrollo del proyecto descrito. OCTAVO: Que de acuerdo con lo establecido en inciso 3 del artículo 22 del decreto ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG MEIC, y luego de valorar la información contenida en el expediente administrativo y el instrumento de evaluación ambiental presentados, mediante el informe técnico DEA-0322-2022-SETENA, el Departamento de Evaluación Ambiental recomienda continuar con el proceso administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental y emitir la resolución administrativa que otorga la Viabilidad (Licencia) Ambiental considerando lo establecido en el artículo 20 de la Ley 7554. POR TANTO LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE En sesión Ordinaria Nº 026 de esta Secretaría, realizada el 06 de abril de 2022, en el Artículo Nº. 14 acuerda: PRIMERO: Aprobar el Documento de Evaluación Ambiental D1 Estudio de Impacto Ambiental sometido a evaluación ambiental por el proyectista. SEGUNDO: Comunicar al interesado que, de conformidad con los artículos 17,18 y 19 de la Ley Orgánica del Ambiente, se ha cumplido con el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto \"Proyecto Bahía Papagayo\", con expediente administrativo D1-0170-2021-SETENA, según se describe a continuación. Nombre del proyecto: Proyecto Bahía Papagayo Ubicación: Provincia: Guanacaste, Cantón: Carrillo, Distrito: Sardinal Coordenadas: Latitud Longitud Detalle de las Coordenadas 1 171 837,039 320 267,107 Coordenadas medias del plano 5 1186670-2007 1 171 094,961 319 694,582 Coordenadas medias del plano 5 1155787-2007 1 170 974,246 319 238,546 Coordenadas medias del plano 5 1155787-2007 1 170 744,866 318 464,714 Coordenadas medias del plano 5 1274126-2008 1 170 667,714 317 554,889 Coordenadas medias del plano 5 1155786-2007 Número de plano catastrado: G-1155786-2007, G-1155787-2007, G-1186670-2007 y G-1274126-2008 Número de finca: PRN02, PRN03, PRN04 y PRN05 Medida finca según plano (m²): 204165,91; 124827,92; 436563,63; 309064,25 Área del proyecto según diseño (m²): 1,176,420.79 Clasificación CIIU y categoría proyecto: 5510 = A Puntaje de SIA: 117 …” (El resaltado es nuestro) El señor Nombre02 formula una serie de afirmaciones que atribuyen a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental efectos jurídicos que no le son propios, generando confusión respecto del alcance y la naturaleza de la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. En particular, sostiene que mediante la Resolución N.º 0591-2022-SETENA, de las 10:11 horas del 06 de abril de 2022, “existe la autorización dada por SETENA para reducir las áreas de protección de cursos de agua legalmente establecidas y se confirma la eliminación de bosque dentro del área estatal del proyecto, justificando un cambio de uso de suelo”. Dicha afirmación es jurídicamente incorrecta, pues parte de una errónea interpretación del objeto y efectos de un análisis ambiental, el cual tiene naturaleza predictiva y condicionada, y no constituye (ni puede constituir) una habilitación directa para intervenciones forestales o modificaciones a áreas de protección legalmente establecidas. El Proyecto Bahía Papagayo fue sometido al proceso de viabilidad ambiental considerando la totalidad de cuatro fincas expresamente identificadas en la resolución de aprobación. En ese contexto, el análisis geoespacial realizado por SETENA comprende la totalidad de dichas fincas con el fin de valorar integralmente las variables ambientales existentes en el área de influencia del proyecto. No obstante, ello no implica ni supone que la totalidad de dichas áreas vaya a ser intervenida mediante obras constructivas, toda vez que la huella del proyecto se concentra únicamente en una porción específica del área concesionada. En efecto, debe tenerse presente que la superficie total concesionada asciende a 42,01 hectáreas, mientras que la huella constructiva del proyecto se desarrollará únicamente sobre un área aproximada de 7,62 hectáreas, circunstancia que resulta determinante para comprender el verdadero alcance del análisis ambiental y descartar la tesis de una afectación generalizada del territorio objeto de concesión. El análisis geoespacial constituye una herramienta técnica de uso ordinario dentro de los procesos de evaluación ambiental que tramita SETENA para cualquier actividad, obra o proyecto sometido a su conocimiento. La referencia a mapas de cobertura forestal en dicho análisis tiene como finalidad identificar elementos presentes en el territorio a partir de información cartográfica, lo cual refleja la cobertura de copas arbóreas observada desde una perspectiva aérea, mas no equivale ni sustituye la definición jurídica de “bosque” establecida en el artículo 3 de la Ley Forestal N.º 7575. Este aspecto resulta medular para la correcta comprensión del caso. La determinación de la existencia de bosque en los términos de la Ley Forestal no se realiza a partir de cartografía de cobertura vegetal, sino mediante verificación técnica de campo, conforme a la metodología reconocida para tales efectos, en particular la descrita en Fallas, Jorge (2019). Determinación de bosque acorde a la definición de la Ley Forestal 7575 de Costa Rica. En consecuencia, no puede equipararse un mapa de cobertura forestal con una declaratoria de bosque, toda vez que se trata de conceptos técnica y jurídicamente distintos. La confusión entre ambos es precisamente la base del razonamiento incorrecto del recurrente. La Resolución N.º 0591-2022-SETENA en ningún momento autoriza, de forma expresa ni implícita, la reducción de áreas de protección de ríos, quebradas o humedales, ni la eliminación de bosque o material forestal alguno sin la correspondiente autorización de la Autoridad Forestal del Estado. En primer término, porque los efectos que el recurrente le atribuye a dicha resolución no se desprenden de su contenido, y, en segundo lugar, porque SETENA carece de competencia legal para otorgar permisos forestales, función que corresponde exclusivamente al Ministerio de Ambiente y Energía a través del SINAC. Lo anterior queda claramente evidenciado al examinar el Considerando Tercero de la Resolución N.º 0591 2022-SETENA, en el cual se advierte expresamente al desarrollador la obligación de gestionar ante las autoridades competentes los permisos que resulten necesarios para la eventual corta de árboles o intervención forestal, conforme a la legislación vigente, lo cual se detalla seguidamente. “…SE PREVIENE AL DESARROLLADOR QUE: Si el proyecto requiere corta de árboles, deberá tramitar previamente el permiso en la Oficina subregional local del MINAE/SINAC (art. 27 de la Ley Forestal), además se previene que debe respetar la Áreas de Protección (art. 33 y 34 Ley Forestal), debiendo incluir en el desarrollo del proyecto buenas prácticas encaminadas a favorecer el equilibrio óptimo de los recursos naturales y el aprovechamiento sostenible del bosque según sea la categoría que manejo. reducir cualquier posibilidad de contaminar los suelos, quebradas y alcantarillas con los residuos producidos por su actividad, cumpliendo con la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley Nº 8839 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo Nº 37567-S-MINAET-H denominado Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos.” (El resaltado es nuestro) El señor Nombre02 sostiene que la Resolución N.º 1263-2021 SETENA, de fecha 6 de enero de 2022 —la cual es anterior a la emisión de la Resolución N.º 0591-2022-SETENA que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental— “establece que las zonas de protección para cuerpos de agua serán de 15 metros en los esteros Rocha y Panamá, y de 10 metros en ambos márgenes de las quebradas estacionales sin nombre, como medidas de mitigación ambiental, en contravención del artículo 33, inciso b), de la Ley ForestalN.º7575”.Dicha afirmación no es correcta desde el punto de vista jurídico, pues parte de una interpretación errónea del alcance y naturaleza de la Resolución N.º 1263-2021 SETENA, la cual no constituye un acto administrativo decisorio ni habilitante, sino un acto de trámite dictado dentro del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. En efecto, mediante la Resolución N.º 1263-2021-SETENA la Secretaría Técnica Nacional Ambiental se limitó a requerir al desarrollador la presentación de un documento Anexo, con el fin de subsanar, aclarar o ampliar información técnica y legal respecto de aspectos que debían profundizarse antes de continuar con la revisión del Estudio de Impacto Ambiental. En ese contexto, el recurrente atribuye indebidamente a la Administración afirmaciones contenidas en documentos técnicos del proyectista, las cuales no constituyen decisiones adoptadas por la SETENA ni forman parte del contenido resolutivo del acto administrativo. Precisamente por ello, la SETENA procedió (en el marco de sus competencias legales) a solicitar aclaraciones y adiciones técnicas sobre materias que requerían mayor desarrollo, como parte de la fase de análisis del Estudio de Impacto Ambiental, sin que ello implicara aprobación de medidas específicas ni autorización alguna respecto de áreas de protección hídrica o eventuales intervenciones forestales. Dicha etapa procedimental fue debidamente atendida por el desarrollador y superada conforme a derecho, lo que permitió que, con posterioridad y tras concluirse el análisis técnico-ambiental integral, se emitiera el acto administrativo definitivo que aprobó la viabilidad ambiental del proyecto mediante la Resolución N.º 0591-2022-SETENA. En consecuencia, en ningún acto administrativo emitido por la SETENA se han establecido ni aprobado retiros o distancias de áreas de protección distintos a los dispuestos expresamente por la legislación vigente, careciendo de sustento la afirmación del recurrente en ese extremo. Con el fin de aclarar de manera objetiva la aseveración formulada por el señor Nombre02, procede remitirse al contenido literal de la Resolución N.º 1263-2021-SETENA, de fecha 6 de enero de 2022, mediante la cual se solicitó formalmente la presentación de un Anexo por parte del proyectista, cuyos términos relevantes se transcriben y analizan a continuación. “CUARTO: De conformidad con lo analizado por el equipo multidisciplinario del Departamento de Evaluación Ambiental, la inspección de campo, el análisis del Estudio de Impacto Ambiental presentado ante esta Secretaría y la documentación que consta en el expediente administrativo, se ha determinado que se deben subsanar y aclarar aspectos de índole legal y técnico. En razón de lo anterior, a efecto de continuar con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, esta Secretaría solicita subsanar y aclarar por única ocasión, resultando indispensable subsanar estos puntos con fundamento en el artículo 29 del Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE S-MOPT-MAG-MEIC con el fin de cumplir con la reglamentación, los siguientes aspectos legales y técnicos: (…) Descripción del ambiente físico 7. En la Pág. 10 del EsIA. Se indica que habrá un movimiento de tierras (corte-excavación e importación) para solamente cuatro lotes de 847.475m3. Los cuales de acuerdo a la ubicación se ubican en áreas con algún grado de fragilidad ambiental: El lote 1 es atravesado por el estero Rocha, el lote 3 es atravesado por la Quebrada sin nombre (1), el lote 4 es atravesado por el Estero Panamá el lote 5 es atravesado por la Quebrada sin nombre (2). En razón de lo indicado anteriormente se debe presentar especial atención a estas áreas cercanas a los ecosistemas con alto grado de fragilidad a los eventos erosivos y de sedimentación, ejemplo (los manglares). Por tanto, se deberán de indicar las medidas ambientales que serán aplicadas para prevenir, mitigar y controlar para que el arrastre de sedimentos no llegue a los manglares y cuerpos de aguas superficiales. 8. En el apartado 7.5 Hidrología se indica las siguientes observaciones que presentan contradicciones entre sí: a. De acuerdo al estudio hidrológico realizado, se considera que los cauces evaluados vierten directamente al mar (Bahía Panamá) y que el proyecto no generará un incremento en los caudales máximos que pueda llegar a afectar los poblados o algunas obras aguas abajo. Ante esto, no se requiere implementar medidas de mitigación en este aspecto. b. Se determinó que el Estero Rocha y la Dirección02 manifiestan riesgo de desbordamiento en caso de precipitación extrema, debido principalmente a la no eficiencia de la alcantarilla de paso sobre Dirección03. Cabe señalar que este efecto se produce solamente aguas arriba de la alcantarilla de paso, hasta una distancia no mayor a 50 metros, el resto presenta condiciones de flujo óptimas sin presentar ningún riesgo de desbordamiento. c. En general, se concluye que los cauces evaluados poseen la capacidad de carga natural para recibir el agua de escorrentía proveniente del proyecto, y que el riesgo de inundación por desbordamiento de cauce es bajo, y se podría mitigar de manera efectiva sin provocar un impacto ambiental mayor. d. Sin embargo, se debe tomar las medidas de prevención necesarias para la ocurrencia de eventos meteorológicos extraordinarios que afecten de esta manera la zona. Las precipitaciones causadas por eventos extremos se deben considerar en los diseños de drenajes, bajantes y demás infraestructura del sistema de aguas fluviales y pluviales. (…) Componente ambiente biológico: 12. En el apartado de Fragilidad del ambiente terrestre. Lo que realiza o indica es que se deben de respetar las zonas de protección, tanto para los humedales presentes en el Ap como de los ríos y quebradas presentes; Sin embargo, no califica la fragilidad de estos ecosistema en función de su capacidad intrínseca de recuperación ante cualquier alteración o impacto que no sea posible revertir de manera natural en periodos menor a un año (producidos por el proyecto); adicionalmente, no se señalan las respectivas medidas de mitigación, compensación ambiental que el proyecto aplicará para equilibrar o remediar ambientalmente esta situación, sobre todo en el ecosistema humedal-costero, el cual es de alta fragilidad ante los proceso de erosión del proyecto; tal como lo establece el decreto No. 32966-MINAE. 13. En el apartado 7.5.1 Aguas Superficiales; se indica “el estero Rocha atraviesa el lote 1 y el estero Panamá atraviesa el lote 4. El diseño de sitio del proyecto deberá de incluir tanto las zonas de protección que establece nuestra legislación por ejemplo (Ley Forestal, Ley Orgánica del Ambiente, Decreto No. 35803-MINAET, etc.). Sin embargo, no existe la valoración de este impacto sobre estos ecosistemas (humedales presentes en AP); por tanto, deberá de indicarse y evaluarse los impactos que ocasionaría la probable presencia de sedimentos en el ecosistema litoral-estuario, presente en el AP; así como proponer las respectivas medidas de mitigación correspondientes, además estas deberán ser incluidas en: el Cuadro PPGA y en el cuadro resumen del monitoreo, actualizando a ambos. (…) POR TANTO, LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE En sesión Ordinaria Nº 63 de esta Secretaría, realizada el 18 de agosto de 2021, en el Artículo Nº. 14 acuerda: PRIMERO: A efecto de continuar con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental se ordena a ENJOY HOTELS & RESORTS S.A.., con cédula jurídica Nº 3-101-318205, desarrolladora del proyecto “Proyecto Bahía Papagayo” la presentación de un único anexo, (en original y dos copias), que contenga los requerimientos estipulados en el CONSIDERANDO CUARTO de esta Resolución y para lo cual se le otorga un plazo de 6 meses.” (El resaltado es nuestro) Conforme se desprende de la prueba documental incorporada al expediente administrativo, lo prevenido por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental para la presentación de un Anexo con adiciones y correcciones no incluye ni respalda lo manifestado por el señor Nombre02. Ello obedece a que la Resolución N.º 1263-2021-SETENA se limitó expresamente a instruir al proyectista para que aclarara y ampliara información técnica relacionada con las obras y las medidas de manejo ambiental propuestas en las cercanías de áreas de protección de ríos, quebradas y humedales, como parte ordinaria del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. En consecuencia, en ningún momento se autorizaron retiros con distancias inferiores a las establecidas por la Ley Forestal, ni se emitió pronunciamiento alguno que modificara o excepcionara el régimen legal de protección de dichos cuerpos de agua. Por ende, el argumento planteado por el recurrente carece de sustento jurídico y resulta improcedente, razón por la cual debe ser rechazado. Adicionalmente, el señor Nombre02 insiste en sostener ante la Sala Constitucional que la Resolución N.º 0591-2022-SETENA, mediante la cual se aprobó la Viabilidad Ambiental y el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, recae sobre un área supuestamente cubierta en su totalidad por bosque dentro del área concesionada. Tal afirmación no se ajusta a la realidad fáctica ni al contenido del acto administrativo, y constituye una aseveración carente de respaldo técnico y probatorio, utilizada para fundamentar la interposición del presente recurso de amparo. El alegato de actuar en defensa de un supuesto “bosque” se origina en una confusión conceptual reiterada entre el análisis geoespacial efectuado por SETENA (basado en mapas de cobertura vegetal) y la definición jurídica de bosque en sentido estricto, conforme a los parámetros establecidos en la Ley Forestal. Tal como se ha indicado previamente, la cobertura vegetal observada en cartografía aérea no es equivalente a la existencia legal de bosque, diferenciación que resulta determinante para la correcta comprensión del alcance de la viabilidad ambiental otorgada. Para una mejor comprensión de este punto, se procede a desarrollar seguidamente la explicación técnica y jurídica correspondiente, explicamos lo siguiente: Los terrenos adquiridos por el ICT para ejecutar el Proyecto de Papagayo, se reiteró en el dictamen C-194-94 de la Procuraduría General de la Republica que son demaniales; fin público asignado en la Ley 6370, artículos 1° y 10. Carácter que evidencia su forma de explotación, inherente a los bienes de dominio público. \"El dominio público se usa con base a concesiones\". (Dictamen 10 del 21/08/2002 PGR. El resaltado es nuestro) Los terrenos, de titularidad pública, que el Estado traspasó, a título gratuito, al Instituto Costarricense de Turismo, a nombre de quien se hallan inscritos en el Registro de la Propiedad Inmueble (finca número PRN10, Partido de Guanacaste, están destinados al otorgamiento de concesiones, con encaje al trámite del Reglamento a la Ley sobre Zona Marítimo Terrestre (art. 93) y al Reglamento a la Ley 6758 (dictámenes C-171-93, C-028-94, C-094-2000, C-2010-2002 PGR. El resaltado es nuestro) El área que cubre el “Proyecto Bahía Papagayo” aprobado por la SETENA con relación al Estudio de Impacto Ambiental y su viabilidad ambiental es la contenida en los planos catastrados G 1155786-2007, G-1155787-2007, G-1186670-2007 y G-1274126-2008 con relación a las fincas Folios Reales PRN02, PRN03, PRN04 y PRN05. En el área del proyecto, se debe tener claro que no se utilizará como huella constructiva el 100% del área concesionada, sino que de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Decreto Ejecutivo No. 4572 que rige desde el 24 de julio de 1995, sobre el Reglamento \"Plan Maestro General del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo\", dispone en el punto 5.1. Lineamientos específicos para el diseño y construcción de los proyectos turísticos, lo siguiente: “Coeficiente de ocupación de superficie: Deberá mantenerse un coeficiente de ocupación de superficie no mayor al 30% (treinta por ciento) máximo del área total originalmente concesionada, al cual deberán ajustarse los diseños de los proyectos turísticos propuestos” (El resaltado es nuestro) Que la Procuraduría General de la República ha recalcado mediante dictamen C210-2002, que por Ley el uso del suelo en dicho proyecto es turístico, prevaleciendo este sobre cualquier otro tipo de uso: \"el destino asignado por ley a un espacio de dominio público sólo puede cambiarse por acto legislativo, y que el uso del área destinada al Proyecto de Papagayo es turístico\". (Dictamen C-028-94 y C210-2002 PGR. El resaltado es nuestro.) Con base en lo expuesto y de conformidad con la prueba documental que obra en el expediente administrativo, los actos administrativos dictados por el Ministerio de Ambiente y Energía (tanto en materia de evaluación de impacto ambiental como en el ámbito forestal) se encuentran debidamente fundamentados, emitidos por autoridades competentes y ajustados a las normas técnicas y legales aplicables que regulan la viabilidad ambiental y los permisos forestales. La Resolución N.º 0591-2022-SETENA, mediante la cual se otorga la Viabilidad Ambiental al Proyecto Bahía Papagayo, no declara la existencia de bosque ni autoriza la corta de material forestal alguno. Su contenido se circunscribe a un análisis ambiental integral, dentro del cual se incluye un estudio de georreferenciación de cobertura vegetal, elemento técnico que resulta distinto y no puede equipararse a la determinación jurídica de bosque conforme a lo dispuesto en la Ley Forestal. Asimismo, la eventual existencia de ríos, arroyos, riachuelos o humedales fue debidamente valorada durante el proceso de evaluación ambiental y no constituye un impedimento para el desarrollo de un proyecto turístico, toda vez que el ordenamiento jurídico prevé para tales supuestos la aplicación de retiros, zonas de protección y medidas ambientales específicas, orientadas a prevenir impactos y evitar afectaciones al entorno. Adicionalmente, consta que el señor Nombre02 tenía conocimiento, desde antes de la interposición del presente recurso de amparo, de que el área del proyecto respecto de la cual se solicitó el permiso de corta, ubicada exclusivamente dentro de la huella constructiva autorizada, no reúne las condiciones para ser calificada como bosque en los términos del artículo 3 de la Ley Forestal N.º 7575. Dicha circunstancia se acredita mediante diversa prueba documental y técnica, la cual se detalla seguidamente y respalda de manera objetiva la legalidad de las actuaciones administrativas cuestionadas. Las pruebas documentales que sostienen nuestro dicho son las siguientes: Nota SINAC-ACT-DR-782-2025 del 26 de mayo del 2025 emitida por el Director del Área de Conservación Tempisque dirigida a Nombre02, mediante la cual responde a la consulta sobre la existencia en trámite o aprobado de un Plan de Manejo en los terrenos PRN06, Finca Matricula PRN01, PRN07, Finca PRN08, G-002999-2023, PRN09 con G-0052191-2022. permiso de corta o plan de Manejo y que en el caso de la finca PRN01 propiedad de Enjoy Hoteles &Resorts S.A existe la resolución ACT-OSRSCC-233-2021 del 12 de octubre del 2021 que autorizó la corta de 35 árboles, cuyo tramite venció, pero no se ejecutó. El 19 de enero del 2026, el representante legal de Desarrollo Bahía Papagayo, hace la solicitud formal ante la Oficina Subregional Santa Cruz-Carrillo del Área de Conservación Tempisque, para permiso de corta de árboles ubicados en zonas de potreros en abandono en dicha propiedad. Se hace entrega del Inventario Forestal. Que el Informe de Campo SINAC-ACT-OSRSCC 155-2026 del 5 de febrero del 2026 realizado por la Oficina Subregional Santa Cruz-Carrillo del Área de Conservación Tempisque, a efecto de revisar la información aportado por el desarrollador con relación al Inventario Forestal y los permisos de corta, expresamente indica: “Desarrollo Bahía Papagayo BP.SA. (…) 2.Coincide la numeración reportada en el inventario con la encontrada en campo. SI. 4. Coinciden las especies reportadas en el inventario con las encontradas en el campo. SI. 6. Existen árboles marcados en área de protección. NO 7. Se encontraron especies vedadas marcadas a corta. NO. 11. El área de aprovechamiento puede ser efectivamente consideradas como no bosque. SI 14. Las medidas de mitigación identificadas corresponden a los impactos mencionados en el documento técnico. SI 15. (…) Los árboles están dentro del inmueble indicado en la solicitud. El área donde se ubican los árboles NO corresponde con la definición de bosque de la Ley Forestal 7575 ni con la definición de Bosque del Decreto No.39952-MINAE. Los árboles solicitados están fuera de áreas de protección hídrica según el artículo 33 de la Ley Forestal 7575. Realizada la revisión de campo no existe ninguna restricción técnica según la normativa vigente para el aprovechamiento de los árboles.” (El resaltado es nuestro) Por nota ACT-OSRSCC-216-2025 del 26 de febrero del 2025, la Oficina Subregional Santa Cruz-Carrillo del Área de Conservación Tempisque rinde informe de inspección de campo por presenta tala de bosque en el sector de Playa Panamá, en la finca PRN01, plano G-00552763-2023, Concesión No. 5, que de importancia indica: “…El sitio chapeado inicia desde los vértices 11,12 y 13 y se extiende a escasamente al vértice 40, equivalente a 7 ha aproximadamente. No se observan labores de chapia en sitio de zona de protección del cauce existente. No se observa tala de árboles, sino la chapia de rebrotes múltiples de aproximadamente 8 a 10 cm diametrales en su base…predomina la especie guácimo, mango…Al momento de la inspección, no se observaron sujetos realizando lo descrito en la denuncia, no hubo presencia de personas en el lugar.” (El resaltado es nuestro) Lo anterior fue remitido a la Fiscalía Auxiliar Ambiental de Santa Cruz. Por resolución SINAC-ACT-OSRSCC-052-2026 del 9 de abril del 2026, Expediente TE-TE01-IF-00033-2026, la Oficina Subregional Santa Cruz Carrillo Área de Conservación Tempisque procede a Autorizar el permiso de corta de los árboles indicados y aprobados en ese acto. Incluyendo el Informe de Campo SINAC-ACT-OSRSCC 155-2026. Además, se considera lo expresado en Considerando Decimo Segundo que indica que de acuerdo con el inventario forestal la intervención es un área de 7.62 hectáreas de las 42,01 hectáreas de la finca PRN01, lo que equivale a un 18.14% ajustándose al Coeficiente de Ocupación de Superficie (COS) de 27.93%. Se aclara que el Inventario Forestal contiene la totalidad de individuos censados que corresponde a 3656, de los cuales únicamente se autoriza la corta de 748 árboles. Esta resolución se encuentra notificada el 9 de abril del 2026 a las 11:27 horas. No se interpusieron recursos administrativos, por lo que se encuentra firme a la fecha, sin agotamiento de vía administrativa. De importancia se vuelve aclarar: el permiso de corta es sobre árboles que no constituyen bosque Por escrito del 17 de marzo del 2025 el señor Nombre02 solicita copia del expediente administrativo que contiene los permisos forestales. Las pruebas supra citadas desvirtúan de manera objetiva los argumentos del recurrente que sirven de sustento a la interposición del presente recurso de amparo, por cuanto no existe acto administrativo alguno (ni emitido por la SETENA ni por el SINAC) que autorice la reducción de las distancias de retiro legalmente establecidas para las zonas de protección de márgenes de ríos, arroyos o humedales, ni tampoco autorización alguna para la corta ilegal de bosque. Ello, sin perjuicio de que las áreas intervenidas no reúnen, en todo caso, la definición jurídica de bosque conforme a lo dispuesto por la Ley Forestal N.º 7575, circunstancia que ha sido debidamente acreditada mediante informes técnicos y verificaciones de campo. Debe tenerse claramente establecido que los terrenos que conforman el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo no se encuentran bajo administración del Ministerio de Ambiente y Energía en calidad de áreas destinadas a la conservación de los recursos naturales, sino que corresponden a bienes del Estado sometidos a un régimen jurídico especial, cuyo destino y aprovechamiento fue definido expresamente por el legislador como turístico, bajo la administración del Instituto Costarricense de Turismo, conforme a la normativa aplicable. En ese marco, el Ministerio de Ambiente y Energía, a través de sus órganos competentes, otorga la viabilidad ambiental, los permisos forestales y demás habilitaciones administrativas con fundamento en la normativa técnica vigente y bajo criterios de sostenibilidad ambiental. No obstante, el ejercicio de dichas competencias no puede ni debe descontextualizarse del objetivo legal que dio origen al Polo Turístico Golfo de Papagayo, ni del régimen específico de uso y aprovechamiento de los terrenos estatales allí comprendidos, cuyo destino exclusivo es el desarrollo turístico conforme a la ley. Este entendimiento ha sido reiterado por la Sala Constitucional, la cual en su Voto N.º 2007-018483, de las 18 horas del 19 de diciembre de 2007, clarificó expresamente los alcances del régimen jurídico especial del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, estableciendo el marco dentro del cual debe actuar la institucionalidad estatal en la ejecución, control y fiscalización de dicho proyecto, criterio que resulta plenamente aplicable al caso bajo análisis. “VII.- RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO EXCEPCIONAL O ESPECIAL DEL PROYECTO TURÍSTICO GOLFO DE PAPAGAYO. RÉGIMEN ESPECÍFICO DE USO O APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DEMANIALES. El Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, ha estado sometido a un régimen jurídico administrativo especial, así La Ley No. 6370 de 3 de septiembre de 1979, declaró de interés público el Proyecto Turístico de Bahía Culebra o Papagayo. En el artículo 1° de esa ley se dispone que constituye de utilidad pública la adquisición de bienes inmuebles, fincas completas, porciones, derechos o intereses patrimoniales legítimos que, por su ubicación, sean necesarios para realizar y ejecutar el proyecto turístico, siendo que éste último comprende, dentro de las coordenadas que los delimitan, la zona marítima del litoral pacífico. Para las adquisiciones voluntarias o por expropiación se autorizó al Instituto Costarricense de Turismo (artículos 2 a 5). (El resaltado es nuestro) En conclusión, no existe presencia de bosque en el área respecto de la cual se otorgó la autorización de corta emitida por el Área de Conservación Tempisque, circunscrita exclusivamente a la porción del área concesionada correspondiente a la huella constructiva del proyecto, tal y como quedó acreditado mediante la inspección de campo realizada por la Oficina Subregional Santa Cruz-Carrillo. Del mismo modo, ha quedado plenamente demostrado que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental no emitió, directa ni indirectamente, autorización alguna para la corta de árboles mediante la Viabilidad Ambiental otorgada. Se trata, claramente, de actos administrativos distintos, dictados por autoridades diferentes, en el ejercicio de competencias legalmente separadas: por un lado, la Viabilidad Ambiental, y por otro, el permiso de corta forestal. La autorización para la corta de árboles fue emitida por la Autoridad Forestal del Estado en estricto apego a las disposiciones legales y técnicas contenidas en la Ley Forestal N.º 7575, la Resolución N.º 648-98-MINAE, que regula los requisitos para el otorgamiento de permisos forestales, y el Decreto Ejecutivo N.º 38843-MINAE, que establece condiciones específicas para el aprovechamiento maderable, corta o eliminación de árboles en proyectos de infraestructura pública o privada declarados de conveniencia nacional. Por su parte, la Viabilidad Ambiental fue otorgada por la SETENA con fundamento en el Decreto Ejecutivo N.º 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, el Decreto Ejecutivo N.º 32734 del 9 de agosto de 2005 y el Decreto Ejecutivo N.º 37803-MINAE-S MOPT-MAG-MEIC, conformando un marco normativo claro y diferenciado para cada tipo de autorización. Con base en lo expuesto, el otorgamiento de permisos administrativos de corta de árboles, debidamente reglados y sometidos al bloque de legalidad, no vulnera disposición constitucional alguna, ni infringe principios ambientales, ni riñe con criterios de la Procuraduría General de la República ni con la jurisprudencia constitucional. Por el contrario, tales actos constituyen una manifestación concreta de la aplicación del principio de desarrollo sostenible en el marco de un proyecto de interés nacional. De igual forma, el otorgamiento de la Viabilidad Ambiental refleja la aplicación práctica del artículo 50 de la Constitución Política, en cuanto armoniza el desarrollo económico con la protección del ambiente. Debe tenerse presente que el desarrollo del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo se ejecuta dentro de un régimen jurídico especial de uso de terrenos estatales concesionados, con un destino legal único y específico orientado al desarrollo turístico, sin que ello implique que tales terrenos estén sometidos al régimen de patrimonio natural del Estado ni que constituyan áreas silvestres protegidas. Tampoco se está en presencia de un cambio de uso de suelo, ni de permisos de uso, sino de actos administrativos válidos, emitidos por la Autoridad Forestal y por la Autoridad de Evaluación Ambiental conforme a sus respectivas competencias legales. El destino y uso de los terrenos que conforman el Polo Turístico Papagayo se mantiene conforme a lo dispuesto expresamente en su ley de creación, a saber, el uso turístico, el cual prevalece sobre cualquier otro. El otorgamiento de un permiso forestal, en los términos analizados, no implica modificación alguna del uso del suelo, razón por la cual el Ministerio de Ambiente y Energía no ha vulnerado normativa legal alguna, actuando de conformidad con los criterios establecidos por la Procuraduría General de la República en dictámenes reiterados sobre la materia. El concesionario del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo ostenta un derecho real administrativo de uso privativo, exclusivo y excluyente, de naturaleza patrimonial, sobre un bien demanial, y el hecho de que deba gestionar los permisos administrativos correspondientes para ejecutar las obras autorizadas en cumplimiento del contrato de concesión no constituye violación alguna al bloque de legalidad, como tampoco lo son los actos administrativos emitidos por el MINAE en ejercicio de sus competencias. Las actuaciones necesarias para la ejecución del proyecto (tales como movimientos de tierra dentro de la huella aprobada, corta de árboles, remoción de cobertura vegetal y acarreo de materiales) forman parte ordinaria de la ejecución de una obra civil debidamente autorizada. La normativa ambiental aplicable establece expresamente la posibilidad de remoción de cobertura vegetal hasta un máximo del 30 % del área concesionada, garantizando simultáneamente la conservación del 70 % restante, lo que evidencia un régimen de protección significativo. Debe reiterarse que cobertura vegetal no equivale jurídicamente a bosque, distinción que resulta esencial para el caso bajo análisis. En el Proyecto Bahía Papagayo, la huella constructiva corresponde a un 27,93 % del área concesionada, porcentaje que se sitúa por debajo del límite máximo permitido. Adicionalmente, la corta autorizada de 748 árboles, de un total de 3.656 individuos inventariados, dentro de un área de 7,62 hectáreas de un total de 42,01 hectáreas de la finca matriz PRN01, representa aproximadamente un 20,45 % del total de los árboles inventariados, lo cual evidencia un aprovechamiento forestal limitado y técnicamente controlado, complementado con medidas de reposición y compensación ambiental mediante especies nativas. El inventario forestal abarca únicamente un 18,14 % del área del inmueble, ajustándose plenamente al coeficiente de ocupación de superficie (COS) de 27,93 % aprobado por el ICT, confirmando así la sostenibilidad técnica y jurídica del proyecto. Las especies más abundantes corresponden a: Guácimo (Guazuma ulmifolia) con 469 individuos (62,7%). Laurel (Cordia alliodora) con 77 individuos (10,3%). Jobo (Spondias mombin) con 29 individuos (3,88%). Guanacaste (Enterolobium cyclocarpum) con 27 individuos (3,61%). Guarumo (Cecropia peltata) con 23 individuos (3,07%). Estas cinco especies representan el 83,55 % del total de individuos respecto de los cuales se solicitó autorización de corta, lo que confirma que el aprovechamiento forestal autorizado se concentra en un número limitado de especies comunes, sin afectar diversidad significativa ni ecosistemas de especial sensibilidad, de conformidad con lo acreditado en el inventario forestal y las respectivas inspecciones de campo. En otro orden de ideas, el señor Nombre02 sostiene que mediante resolución de la Sala Constitucional dictada a las 15:46 horas del 13 de noviembre de 2025 se dio curso a la acción de inconstitucionalidad N.º 25-033926-0007-CO, interpuesta contra disposiciones específicas que conforman el andamiaje normativo del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. Tal circunstancia es cierta en cuanto a la admisión de la acción, pero no produce los efectos jurídicos que el recurrente pretende atribuirle. Al respecto, consta que dentro del Expediente Constitucional N.º 25-033926-7-CO, correspondiente al proceso de acción de inconstitucionalidad promovido por el señor Nombre08, el Ministerio de Ambiente y Energía compareció oportunamente y contestó la audiencia conferida por la Sala Constitucional el día 28 de noviembre de 2025 a las 11:06 horas, ejerciendo plenamente su derecho de defensa institucional. En el acto de traslado mediante el cual la Sala Constitucional dio curso a la acción de inconstitucionalidad, contenido en la resolución dictada a las quince horas con cuarenta y seis minutos del trece de noviembre de dos mil veinticinco, el Tribunal Constitucional expuso de manera general los alcances jurídicos de la admisión de la acción, así como las reglas aplicables en materia de suspensión de actos y normas, las cuales resultan determinantes para el análisis del presente recurso y se desarrollan seguidamente. “Efectos jurídicos de la interposición de la acción: La publicación prevista en el numeral 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional tiene por objeto poner en conocimiento de los tribunales y los órganos que agotan la vía administrativa, que la demanda de inconstitucionalidad ha sido establecida, a los efectos de que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho pronunciamiento del caso. De este precepto legal se extraen varias reglas. La primera, y quizás la más importante, es que la interposición de una acción de inconstitucionalidad no suspende la eficacia y aplicabilidad en general de las normas. La segunda, es que solo se suspenden los actos de aplicación de las normas impugnadas por las autoridades judiciales en los procesos incoados ante ellas, o por las administrativas, en los procedimientos tendientes a agotar la vía administrativa, pero no su vigencia y aplicación en general. La tercera regla, es que la Sala puede graduar los alcances del efecto suspensivo de la acción. La cuarta es que –en principio-, en los casos de acción directa, como ocurre en esta acción, no opera el efecto suspensivo de la interposición (véase voto N° 537-91 del Tribunal Constitucional). La quinta regla es que cuando lo alegado es una omisión inconstitucional, no procede ordenar suspensión alguna, dicho en otras palabras, impedir que se realice la conducta omisa, ni la realización de esta última, toda vez que esto, en el último supuesto, implicaría resolver interlocutoriamente la acción de inconstitucionalidad. Es decir, la suspensión de la aplicación de las normas impugnadas, en sede administrativa, solo opera en aquellos casos donde existe un proceso de agotamiento de vía administrativa, lo cual supone la interposición de un recurso de alzada o de reposición contra el acto final por parte de un administrado. Donde no existe contención en relación con la aplicación de la norma, no procede la suspensión de su eficacia y aplicabilidad. En otras palabras, en todos aquellos asuntos donde no existe un procedimiento de agotamiento de vía administrativa, en los términos arriba indicados, la norma debe continuarse aplicando, independientemente de si beneficia -acto administrativo favorable- o perjudica al justiciable -acto desfavorable no impugnado-. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber, además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas” Con base en lo anterior, se hace del conocimiento de la Sala Constitucional que a la Viabilidad Ambiental se encuentra aprobada, firme y sin agotamiento de la vía administrativa por Resolución Nº 0591-2022-SETENA de las 10 horas 11 minutos del 06 de abril de 2022; igualmente el acto administrativo SINAC-ACT-OSRSCC-052-2026 del 9 de abril del 2026, Expediente TE-TE01-IF-00033-2026, la Oficina Subregional Santa Cruz-Carrillo Área de Conservación Tempisque que procede a autorizar el permiso de corta de los árboles en área de no bosque, se encuentra firme sin agotamiento de la vía administrativa (…)”. \n\n6.- Mediante escrito agregado al expediente digital a las 11:20 horas de 25 de junio de 2026, informa bajo juramento Nelson Marín Mora, en su condición de director regional del Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en igual sentido que lo informado por la ministra a.i. de Ambiente y Energía. \n\n7.- Por medio de escrito agregado al expediente digital a las 15:17 horas de 25 de junio de 2026, manifiesta Juan Marcos Vargas Borges, en su condición de presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo, que “SOLICITUD DE COADYUVANCIA Solicito tener a la Institución como parte coadyuvante fundamentalmente por lo siguiente: Los terrenos ubicados en el Polo Turístico Golfo Papagayo pertenecen al Estado y son administrador por el ICT por disposición de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, N° 6043 de 02 de marzo de 1977 y Ley que Declara de Utilidad Pública el Proyecto Turístico Golfo Papagayo, Ley 6370 del 20 de agosto de 1979, es decir, por voluntad del legislador son bienes de dominio público no sujetos a dominio privado, inalienables e imprescriptibles. De previo a la promulgación de las leyes citadas, fue mediante la Ley N° 5847 de 18 de noviembre de 1975, que se aprobó el Convenio de Préstamo celebrado entre el Instituto Costarricense de Turismo y el Banco de Centroamericano de Integración Económica, con el propósito de financiar la elaboración de un estudio de factibilidad técnico económico y la preparación de un plan maestro del Proyecto Turístico de Bahía de Culebra. En el artículo 3° de la ley recién citada se dispuso que el Proyecto que surgiera como consecuencia del mencionado estudio de factibilidad, sería realizado por el Estado costarricense, de conformidad con la ley que debería ser dictada al efecto. A partir de la promulgación de la normativa citada, el ICT, en colaboración con las autoridades correspondientes, Notaria del Estado, MOPT, Contraloría General de la República, entre otras, llevó a cabo los trámites de expropiación para incorporar propiedades privadas e indemnización a algunos poseedores, quedando conformado el PTGP por las siguientes áreas (artículo 2 inciso i segundo párrafo) del Reglamento a la Ley 6758, Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del PTGP: “(…) Dicha porción territorial comprende aquellas áreas que hayan sido adquiridas por el ICT para el desarrollo del proyecto, abarcando área de zona pública inalienable de cincuenta metros, área de zona restringida de ciento cincuenta metros y zona continental, entendida esta última como el área que se ubica tierra adentro, más allá de los doscientos metros de la zona marítimo terrestre del litoral Pacífico. El Proyecto Turístico Golfo Papagayo se ubica desde Punta Cabuyal al Norte, hasta un kilómetro al sur de Punta Ballena, prevaleciendo las coordenadas de la Ley 6370 y abarca además, el área cubierta permanentemente por el mar ubicada dentro de dichas coordenadas, destinada a la edificación, administración y explotación de marinas y atracaderos turísticos, dentro del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, conforme a lo dispuesto por la Ley de Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos, Ley N° 7744 de 19 de diciembre de 1997 y sus reformas, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 26 del 6 de febrero de 1998.” Debe aclararse, que no todas las áreas que se encuentran dentro de las coordenadas de la Ley 6370, forman parte de los sectores administrados exclusivamente por el ICT, ya que no todo fue expropiado. Sin embargo, de los diferentes expedientes de expropiación, puede identificarse que la mayoría de los lotes indicaban “potrero”, “agricultura”, “charral”. A manera de ejemplo, para el caso de expropiación del área que hoy día se encuentra dentro de lo que hoy se conoce como el lote 1 (plano G-52763-2023, derecho de concesión matrícula 2168-Z-000, terreno donde se otorgó el permiso de corta de árboles cuestionado), hoy día, derecho de concesión a nombre de DESARROLLO BAHÍA PAPAGAYO BP S.A.; se tiene que la adquisición se hizo mediante expropiación al señor Nombre05, con base en el plano G 0643968-1986, con naturaleza “TERRENO POTRERO VARIEDAD REPASTOS”, así inscrito hoy día en el Registro Nacional bajo la matrícula CED02 nombre del ICT, obsérvese que, inclusive, los linderos aún hacen referencia a la “milla marítima.” Para el 09 de febrero del 2005, mediante Decreto 33132-MP-T, denominado “Declara de conveniencia nacional, el desarrollo y ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo”, donde se dispuso: “Artículo 1º-Declarar de conveniencia nacional, el desarrollo y ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, bajo administración del Instituto Costarricense de Turismo ubicado en los cantones de Liberia y Carrillo en la Provincia de Guanacaste. Artículo 2º-Para el óptimo desarrollo de este Proyecto, se insta a todas las dependencias del Gobierno, ministerios e instituciones públicas, para que brinden toda la ayuda y colaboración al mismo, dentro del marco de sus posibilidades materiales y el ámbito de sus respectivas competencias.” Es así que el Polo Turístico Golfo de Papagayo constituye un caso paradigmático en el derecho administrativo costarricense, al consolidarse como un proyecto estratégico nacional desarrollado bajo un régimen jurídico de excepción. Esta figura especial, otorgada por el ordenamiento jurídico, se justifica no solo por razones de conveniencia económica, sino también por razones de planificación, sostenibilidad y control estatal. Su creación y ejecución se fundamentan en una serie de actos legislativos y administrativos que, de forma sistemática, configuran un marco normativo diferenciado frente al régimen común de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) regulado por la Ley N.° 6043. Desde el punto de vista del análisis jurídico material, el régimen del Proyecto Golfo Papagayo plantea una excepción razonada y proporcional dentro del marco constitucional costarricense, pues no anula las reglas comunes, sino que las modula para un caso específico, asegurando una mayor intervención estatal, control técnico y protección ambiental. Es ejemplo de cómo un régimen especial puede coexistir con el derecho común, siempre que cuente con respaldo legal, finalidad legítima, y mecanismos de control que garanticen la sujeción al interés público. Ahora bien, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, el proyecto cuenta con un conjunto normativo robusto y sistematizado, compuesto por leyes, reglamentos, decretos y actos administrativos, que articulan una estructura jurídica coherente para su desarrollo. Esta estructura legal confiere certeza tanto al Estado como a los potenciales inversionistas sobre los derechos, deberes y condiciones para participar en el proyecto. Al mismo tiempo, garantiza la tutela del patrimonio natural del Estado y los principios de sostenibilidad, planificación y legalidad. La excepcionalidad que caracteriza al proyecto turístico Golfo Papagayo, ha sido ratificada por diversos dictámenes de la Procuraduría General de la República (por ejemplo, C-171-93 y C-028-94), que reafirman que el ICT ostenta competencias exclusivas de administración, control y otorgamiento de concesiones en la zona, sin perjuicio de las competencias municipales residuales, como la emisión de permisos de construcción; una vez que los proyectos han sido aprobados previamente por el ICT y por supuesto, todos los permisos que en materia ambiental deben cumplir todos los proyectos turísticos a ejecutar. Debido a lo anterior, es que la actuación del MINAE y SINAC se limitó a ejercer sus competencias ambientales específicas: SETENA otorgó viabilidad ambiental sin autorizar corta de árboles y SINAC, con base en una inspección de campo que determinó que el área intervenida no es bosque según el artículo 3 de la Ley Forestal, emitió el permiso de corta ACT-OSRSCC 052-2026, autorizando solo 748 árboles de 3.656 inventariados. Por lo tanto, la presente solicitud de coadyuvancia obedece básicamente a dos razones, la primera por cuanto las resultas del presente proceso podrían incidir directamente con los compromisos contractuales que tiene la concesionaria DESARROLLO BAHÍA PAPAGAYO BP S.A. para la ejecución de un proyecto turístico sobre el terreno conocido como lote 1 (plano G-52763-2023, derecho de concesión matrícula 2168-Z-000), terreno donde el SINAC otorgó el permiso de corta de árboles cuestionado. El otro motivo se debe a que la competencia de administración del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, corresponde por ley exclusiva al Instituto Costarricense de Turismo (ICT), en virtud de un régimen jurídico especial creado por las leyes N° 5847, 6043 y 6758, ratificado por la Procuraduría y por la propia Sala Constitucional en el Voto N° 2007-018483, que establece que el uso del suelo en esa área es turístico y prevalece sobre cualquier otro, por lo que los terrenos concesionados no están bajo la administración del MINAE, no son Patrimonio Natural del Estado, no es bosque, ni son áreas silvestres protegidas, sino bienes demaniales con destino turístico en administración del ICT y no del SINAC o del MINAE. Por tanto, este Instituto se acoge a las manifestaciones del MINAE en el sentido que, no existe violación constitucional ni daño ambiental inminente; que el permiso de corta fue otorgado por las instituciones que les compete y por su parte, ICT solamente tiene funciones de administrador, las cuales no le facultan para otorgar ningún permiso en materia ambiental. En todo caso, se considera que, lo alegado en el presente asunto no es propio de la vía constitucional, sino que debe de remitirse a la vía legal ordinaria, por lo que, solicito, se declare que el conocimiento del presente proceso corresponde al Tribunal Procesal Contencioso Administrativo y no a la Sala Constitucional. Se informa sobre derogatoria de normas cuestionadas en acción de inconstitucionalidad expediente N.° 25-024408-0007-CO Explica el recurrente, que en la otra acción de inconstitucionalidad, se cuestionaba para que se declararan inconstitucionales los artículos 12 y 17 ter, así como los puntos VIII (Requisitos para Compensación de Densidad y Cobertura en las Concesiones) y X (Procedimiento de Solicitud de Ajuste de Plazo), del Anexo Único, titulado “Trámites y Requisitos en el Régimen de Concesiones del Proyecto Golfo Turístico Papagayo”, todos del Reglamento a la Ley para el Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, Decreto Ejecutivo N°25439-MP-TUR del 27 agosto de 1996, reformado mediante Decreto Ejecutivo N°44448 MP-TUR del 17 de enero del 2024. (Expediente constitucional No. 25-024408-0007-CO), con lo que se busca, que no se den talas igualmente dentro de los bosques que son PNE. Estima el recurrente que, dichas normas, procesalmente y por el fondo, permitirían hacer tala rasa, en sitios que tienen bosques, en terrenos demaniales, por ser los mismos PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. Pero dichas hipótesis, según alega, dejaron de ser tales y ahora se materializaron en un acto administrativo, mediante el cual ya es viable talar. Ante lo dicho por el recurrente, se debe informar que en atención al trámite de acción de inconstitucionalidad expediente N.° 25-024408-0007-CO, vengo a poner en conocimiento de esta honorable Sala la publicación del Decreto Ejecutivo N.° 45823-MP, denominado “Reforma del párrafo primero del artículo 12, del artículo 17 ter y derogatoria del punto VIII del anexo único del Reglamento a la Ley para el Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, Decreto Ejecutivo N.° 25439-MP-TUR del 27 de agosto de 1996 y sus reformas”, publicado en el Alcance N.° 76 a La Gaceta N.° 110 del 16 de junio de 2026. Se adjunta copia del citado Alcance 76. El citado decreto dispone la reforma del párrafo primero del artículo 12 y del artículo 17 ter del citado reglamento, a efecto de eliminar las referencias a la compensación de densidad y cobertura, manteniéndose invariable el resto de su texto; asimismo, deroga el punto VIII del anexo único, denominado “Requisitos para compensación de densidad y cobertura en las concesiones”. De conformidad con su artículo 3, el referido decreto rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, por lo que se trata de una modificación normativa relevante para la resolución de la acción de inconstitucionalidad expediente N.° 25-024408-0007-CO, normativa que ya está vigente. En razón de lo anterior, respetuosamente solicito se tenga por aportado este hecho nuevo y se resuelva lo que en derecho corresponda, tomando en consideración la normativa actualmente vigente. Además, debe hacerse unas aclaraciones relacionadas directamente con las manifestaciones del recurrente: 1) El proyecto turístico denominado Polo Turístico Golfo Papagayo, comprende áreas demaniales en administración del ICT, por lo que NO es terreno de PNE administrado por el SINAC. 2) En el proyecto turístico denominado Polo Turístico Golfo Papagayo, es legalmente imposible hacer “tala rasa”, porque el mismo instrumento de planificación conocido como “Plan Maestro General del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo”, reglamento técnico número 4572 del 10 de julio de 1995 y sus reformas, emitido por la Junta Directiva del ICT en la sesión ordinaria N° 4572, artículo 2, inciso VIII, celebrada el 10 de julio de 1995 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 140 del 24 de julio de 1995, dispone en el artículo 5.1, inciso j), que en las concesiones del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, deberá mantenerse un coeficiente de ocupación de superficie no mayor al 30% (treinta por ciento) máximo del área total originalmente concesionada, al cual deberán ajustarse los diseños de los proyectos turísticos propuestos, pretendiendo la menor intervención sobre el área y siendo este parámetro uno de los aspectos medulares de la filosofía diferenciadora del PTGP, orientada a la atracción de inversiones en proyectos turísticos de alta calidad y en armonía con el entorno natural y su protección ecosistémica. Es decir, 70% del terreno concesionado debe quedar libre, sin desarrollo alguno y un 30% podría ser desarrollado en el tanto se cumpla con los permisos necesarios. 3) Tal y como lo informa el recurrente, la norma citada del Plan Maestro (entre otras), se encuentra cuestionada mediante acción de inconstitucionalidad expediente 25-33926-0007-CO, alegando que, mantener esos criterios de coeficiente del 30 por ciento de ocupación, eran parámetros numéricos, que están muy alejados de mantener ciclos vitales sanos y equilibrados dentro de ecosistemas boscosos en sitios con PNE, lo cual, ha comenzado a materializarse con tala autorizada. Debido a lo manifestado por el recurrente, precisamente el ICT en escrito de respuesta ante la acción de inconstitucionalidad expediente 25 33926-0007-CO, indicó: “Cualquier comparativo de las dimensiones que permite el Plan Maestro con cualquier Plan Regulador, dejarán en evidencia que las normas técnicas que rigen el desarrollo del PTGP, son inclusive, más restrictivas que en el resto de la ZMT administrada por las municipalidades y con el Reglamento de Construcciones del INVU. A manera de ejemplo, tenemos que según el reglamento del Plan Maestro del PTGP, la cobertura (o coeficiente de ocupación de superficie) debe ser de un 30% máximo según lo establece el artículo 5 inciso j), mientras que, en la zona de Playa Hermosa, en las zonas de baja densidad se permite una cobertura del 70% (es decir, un 30% áreas verdes) y en zonas de alta densidad, cobertura de un 80% (es decir, un 20% áreas verdes), artículo 4 reglamento al Plan Integral Playa Hermosa-El Coco-Bahía Azul, esto último consistente con lo indicado en el Reglamento de construcciones del INVU que establece que la cobertura no puede exceder un 75% del área del predio (…) 4) Manifiesta el recurrente que con el permiso de corta se va a eliminar el PNE, cuando lo correcto, es que, con la serie de cuestionamientos de constitucionalidad, amparos y acciones en la vía ordinaria, lo que pretende el recurrente es eliminar el Polo Turístico Golfo Papagayo, lo cual es posible solamente mediante acto legislativo, por cuanto dichos inmuebles tienen un destino legal específico. Además, debe considerarse que, el permiso de corta es del 09/04/2026 (SINAC OSRSCC-052-2026), mientras que la resolución de las medidas cautelares establecidas en expediente 25-24408-0007-CO, fue posterior: el17/04/2026 y en un expediente, donde MINAE-SINAC, además, no son parte. PETITORIA Con fundamento en el ordinal 34 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, 107 del Código Procesal Civil y del 13 CPCA, solicito que, se tenga a la Institución que represento como coadyuvante. Lo anterior, por cuanto las resultas del presente proceso podrían incidir directamente con los compromisos contractuales que tiene la concesionaria DESARROLLO BAHÍA PAPAGAYO BP S.A. para la ejecución de un proyecto turístico sobre el terreno conocido como lote 1 (plano G-52763-2023, derecho de concesión matrícula PRN04), terreno donde el SINAC otorgó el permiso de corta de árboles cuestionado y al ser el ICT el ente administrador del proyecto turístico de interés nacional denominado Polo Turístico Golfo Papagayo. , En adición, peticiono se declare sin lugar el recurso en todos sus extremos por cuanto el cuestionamiento de ilegalidad de las actuaciones cuestionadas emitidas por el MINAE y SINAC, debe ser ventiladas en la vía de legalidad ordinaria y no en proceso de inconstitucionalidad; por lo que, solicito, se declare que el conocimiento del presente proceso corresponde al Tribunal Procesal Contencioso Administrativo y no ante la Sala Constitucional. Consecuentemente, se exima al ICT del pago de costas procesales de la presente acción”. \n\n8.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Araya García; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- En el sub lite, el recurrente interpone un recurso amparo por la presunta violación del artículo 50 constitucional. Alega que la concesión otorgada a la empresa Enjoy Hotels & Resorts S. A., con base en el concurso público “Concesión para el Desarrollo Turístico de Áreas Libres del Polo Turístico Papagayo”, quebranta el ordenamiento ambiental. En ese sentido, arguye que se irrespetan zonas de protección de la ley Forestal, se afecta una zona con cobertura boscosa de un 98% y se cambia el uso de suelo del patrimonio natural del Estado. \n\nEsta Sala tramita la acción de inconstitucionalidad 25-033926-0007-CO, en la cual se cuestiona: 1) el numeral 74 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, Ley nro. 6043 del 02/03/77; 2) el ordinal 93 del Reglamento de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, Decreto Ejecutivo nro. 7841-P, del 16/11/77, que es el reglamento a la Ley nro. 6043, que reglamenta la norma 74 de la ley; 3) el artículo 1, párrafo final, de la Ley nro. 6370, que se denomina Ley que Declara de Utilidad Pública el Proyecto Turístico Golfo Papagayo, del 20/08/79; 4) los ordinales 2 y 12 de la Ley nro. 6758 del 04/06/1982, que Regula la Ejecución del Proyecto Turístico de Papagayo; 5) los artículos 1 y 2 del Decreto Ejecutivo nro. 33132-MP T del 9 de febrero de 2005, publicado en La Gaceta nro. 97 del 22 de mayo de 2006, que es decreto de conveniencia nacional, del desarrollo y ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo; y, 6) el ordinal 5.1 incisos i) y j) del Reglamento nro. 4572 del 10/07/1995 del Instituto Costarricense de Turismo, denominado \"Plan Maestro General del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo\". \n\nDado el vínculo entre las pretensiones del recurrente y las normas cuestionadas en la citada acción de inconstitucional, procede la suspensión de este proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (ver en igual sentido la sentencia número 2026-028826 de las 9:25 horas de 30 de julio de 2026). \n\nEn lo que respecta a la solicitud de una medida cautelar realizada por el recurrente, debe señalarse que, por resolución de las 14:52 horas del 20 de mayo de 2026, dictada en la acción de inconstitucionalidad 25-033926-0007-CO, se dispuso: \n\n“Como segunda pretensión, el accionante requirió la aplicación de una medida cautelar: \n\n“El permiso de tala se puede ejecutar en cualquier momento en las próximas horas y por ello urge que esta Sala disponga pedir los informes correspondientes y hasta emitir una medida cautelarísima que suspenda el permiso en cuestión”. En lo relativo a esta solicitud, es preciso destacar que mediante resolución de las 13:00 hrs. del 17 de abril de 2026 –es decir, de previo a la gestión del accionante– el magistrado Cruz Castro, como magistrado instructor del expediente n.°25-024408-0007-CO, dictó una medida cautelar en el siguiente sentido: \n\n“A) Se declara la moratoria total sobre el otorgamiento de permisos de tala de árboles en el Polo Turístico Golfo de Papagayo, en el contexto del desarrollo de un proyecto de naturaleza hotelera. B) Se suspenden el otorgamiento de autorizaciones de construcción y modificaciones de densidad en el Polo Turístico Golfo de Papagayo. C) Se suspende el dictado de actos administrativos, en particular provenientes del MINAE, SETENA e ICT, dictados al amparo de la normativa cuestionada en esta acción”.” \n\nPara lo anterior, dicho magistrado instructor valoró precisamente la posibilidad de ejecutar una tala de aproximadamente setecientos árboles en el Polo Turístico Golfo Papagayo, así como los principios constitucionales precautorio y pro natura. En dicha resolución, como es explícito, se ordenó la moratoria de la corta de árboles denunciada por el accionante. \n\nMediante resolución de 5 de mayo de 2026, el magistrado instructor moduló los términos de la resolución, pero mantuvo –en lo acá interesa– la medida cautelar dispuesta en el punto A). En efecto, tal resolución señala:\n\n“Dado que la resolución que ordenó medidas cautelares en esta acción se dictó en el contexto de la aplicación de la normativa impugnada, referida a la figura de compensación de densidad, de modo que, los actos que se suspendieron fueron suspendidos justamente por ser consecuencia de la aplicación de la normativa impugnada. Así entonces: \n\n1. Respecto de la medida cautelar identificada como B), en la resolución de las 13:00 horas del 17 de abril de 2026, SE ACLARA que: La suspensión del otorgamiento de autorizaciones de construcción y modificaciones de densidad en el Polo Turístico Golfo de Papagayo comprende solo aquellos casos en las que se ha aplicado o se pretende aplicar la figura de la compensación de densidades y coberturas previsto en el Decreto Ejecutivo impugnado. \n\n2. En todo lo demás, la resolución dictada no contiene elementos oscuros ni omisos que ameriten aclaración o adición”. \n\nEs decir, ya existe –por disposición del magistrado que instruye el expediente n.°25-024408-0007-CO– una orden de moratoria total sobre el otorgamiento de permisos de tala de árboles en el Polo Turístico Golfo de Papagayo, en el contexto del desarrollo de un proyecto de naturaleza hotelera. Conforme a lo cual, la pretensión del accionante se encuentra atendida en aquella medida cautelar. \n\nEn tal caso y, a fin de evitar fallos contradictorios, lo que corresponde es estarse a la medida cautelar dictada en aquel expediente, mediante la cual se ordenó la moratoria total de tala de árboles en el Polo Turístico Golfo Papagayo (en el contexto del desarrollo de un proyecto hotelero). Por lo que cualquier manifestación sobre esa medida deberá ser gestionada en ese expediente”. \n\nPor este mismo motivo, no procede dictar ninguna medida cautelar adicional en este momento procesal. \n\n II.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe suspende la tramitación de este recurso de amparo, hasta tanto no sea resuelta la acción de inconstitucionalidad que se tramita bajo el expediente número 25-033926-0007-CO.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n DOTQDCXDZGM61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-013350-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01).", "body_en_text": "\n\nExp: 26-013350-0007-CO \n\nRes. Nº 2026031932\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at 9:20 a.m. on 20 August 2026.\n\nAmparo application filed by Nombre08, identity card CED03, against the NATIONAL ENVIRONMENTAL TECHNICAL SECRETARIAT (SETENA), the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY (MINAE), and the NATIONAL SYSTEM OF CONSERVATION AREAS (SINAC).\n\nBackground:\n\n1.- In a brief received by the Chamber’s Secretariat at 9:39 a.m. on 17 April 2026, the applicant files an amparo application against the National System of Conservation Areas, SETENA, and the Ministry of Environment and Energy. The applicant explains that SINAC, by issuing the authorizing act for the ACT contained in resolution SINAC-OSRSCC-052-2026 of 09 April 2026, violates the right to a healthy and ecologically balanced environment, the in dubio pro natura principle, and the principle of forest irreducibility, since the administrative act allows the felling of between 748 trees and all the understory of 32 different species typical of a tropical dry forest. That forest is within the hotel tourism project currently known as the Papagayo Gulf Tourism Project, in Guanacaste. The applicant explains that, before the Constitutional Chamber, there have been two constitutional challenges since 2025, one of which involves and challenges, among other provisions, the national-convenience decree, Executive Decree No. 33132-MP-T of 09 February 2005, published in La Gaceta No. 97 of 22 May 2006, and section 5.1(i) and (j) of Regulation No. 4572 of 10/07/1995 of the Costa Rican Tourism Institute, entitled “General Master Plan for the Papagayo Gulf Tourism Project” (constitutional case file No. 25-033926-0007-CO). The applicant states that, in challenging those provisions as unconstitutional, they argued that maintaining those criteria allowing 20 rooms per hectare and a 30 percent occupancy coefficient amounted to numerical parameters far removed from maintaining healthy and balanced life cycles within forest ecosystems at sites with State Natural Heritage (PNE), and that this has begun to materialize in authorized felling. The applicant explains that, in the other constitutional challenge, they sought declarations that Articles 12 and 17 ter, as well as Points VIII (Requirements for Density and Coverage Compensation in Concessions) and X (Procedure for Requests to Adjust the Term) of the Sole Annex, entitled “Procedures and Requirements under the Concession Regime of the Papagayo Gulf Tourism Project,” all of the Regulation to the Law for the Development and Execution of the Papagayo Gulf Tourism Project, Executive Decree N°25439-MP-TUR of 27 August 1996, amended by Executive Decree N°44448 MP-TUR of 17 January 2024, be declared unconstitutional. (Constitutional case file No. 25-024408-0007-CO). The aim is to prevent felling in forests that are likewise PNE. The applicant considers that those provisions, procedurally and on the merits, would allow clear-cutting at forested sites on public-domain land, because those sites are STATE NATURAL HERITAGE. But those hypotheses ceased to be merely hypothetical and have now materialized in an administrative act making felling viable. The applicant maintains that all properties located within the Papagayo Gulf Tourism Project in Guanacaste are undoubtedly public-domain assets, as follows from the current regulations themselves, which are challenged in constitutional case No. 25-033926-0007-CO. Under Law No. 6043 of 16/03/1977, the Maritime Terrestrial Zone Law (LZMT), Article 74 provides: “Special Cases. Article 74.- As regards the Culebra Bay Comprehensive Development Project, whose coastline is bounded to the north at the point on the Costa Rica Lambert Grid, latitude 2/94 and longitude 3/53, extending to the point at latitude 2/84 and longitude 3/50, that is, from Punta Cabuyal to Punta Cacique, the affected areas shall be under the direct administration of the Costa Rican Tourism Institute. The regulations governing that development shall be formulated by the Executive Branch, after consultation with that Institute.” Likewise, Article 93 of Executive Decree 7841-P, which is the regulation to Law 6043 and implements the aforementioned Article 74, provides: “Special Provisions. Article 93.- In accordance with Article 74 of the Law, the maritime-terrestrial zone within the Culebra Bay Comprehensive Development Project, from Punta Cabuyal to Punta Cacique, shall be under the direct administration of the ICT. Concessions in that area shall be granted by that institute; applications shall be submitted to it and processed under the procedure set out in this regulation, insofar as applicable. The ICT shall grant such concessions only when they conform to or do not interfere with the Comprehensive Development Plan. Once a concession has been granted, the Institute shall notify the respective municipality so that it may collect the applicable fee. In all other respects, the provisions of the Law and regulation shall govern this zone, without prejudice to any special rules that may be issued.” The applicant mentions that Law No. 6758 of 04 June 1982, which regulates the execution of the Papagayo Tourism Project2, provides, in the provisions challenged as unconstitutional and contrary to international conventions: “Article 2.- In the area designated for development of this project, only the works provided for in the Master Plan approved by the Costa Rican Tourism Institute, and all works consistent with it, shall be carried out, in accordance with the provisions of this law and the technical standards issued for that purpose by the Institute.” “Article 12.- The Board of Directors of the Costa Rican Tourism Institute may grant concessions for use of the project lands in the area designated for it, in accordance with the terms and conditions established by the Institute for that purpose and with the provisions of Article 1073 of the Law on the Financial Administration of the Republic.” The applicant considers that, in light of the foregoing, it is perfectly clear that the lands there are State-owned assets that have been granted in concession. The applicant states that, in the constitutional challenges cited, they expressly requested that the provisions be declared unconstitutional because they “regulate” areas to be felled, changing the land use on which forests and biodiversity are located. For example, in case file No. 25-033926-0007-CO, they expressly challenged Regulation No. 4572 of 10 July 1995, entitled “General Master Plan for the Papagayo Gulf Tourism Project,” which established numerical parameters lacking justification in science and technology, and those established percentages violate the principle of objectivity, or scientific protection, and the principle prohibiting arbitrariness. In fact, in that constitutional challenge, the State’s representative stated that the cited provisions present constitutional conflicts that could cause damage to the forest, and in case file No. 25-024408-0007-CO the State’s representative stated: “The density-compensation mechanism being challenged was adopted without the required Cumulative Environmental Impact Assessment (EIAA) and without an Environmental Carrying Capacity (CCA) study to determine the actual capacity of the receiving properties to withstand a 30% increase in density (…)” and considered the concept of “density compensation or occupancy coefficient” (Articles 12 and 17 ter and Point VIII of the Sole Annex to the amended Regulation) unconstitutional. The applicant argues that there is clearly forest on the project properties which, under Article 13 of the Ley Forestal, would constitute PNE, and that all of this is connected to Articles 50 and 89 of the Constitution. The applicant points out that the act challenged by this amparo, SINAC-OSRSCC-052-2026 of 9 April 2026, expressly states that FELLING IS AUTHORIZED for 748 trees, which constitute an entire forest within the property granted in concession to DESARROLLO BAHÍA PAPAGAYO BP SA. In other words, the felling of an entire forest and its understory is being authorized; it is part of the few dry forests in Costa Rica, and, the applicant considers, this will eliminate PNE despite the prohibition on eliminating such forests on public-domain assets, where even the regulations being relied on are challenged as unconstitutional. All of this is based on a national-convenience decree that does not apply to public-domain land and is therefore challenged as unconstitutional; nevertheless, that same decree expressly supports act SINAC-OSRSCC-052-2026. The applicant states that “when a forest exists, as it truly does in the concession at issue, the felling permit should have been denied to the concessionaire for that reason alone. But, in addition, if the rules and acts supporting the permit just issued are being challenged, and even the State’s representatives acknowledge their defects, it is clear that we face an imminent risk of serious and irreversible damage to the soil, the forest, the climate, wildlife, etc., contrary to the principle of ecosystem irreducibility, and we ask that this be so declared.” The applicant alleges that the respondents have interpreted the matter as though the forest does not matter, and only the concessions for hotels, shopping centers, condominiums, swimming pools, and other developments matter. The applicant argues that the principle of irreducibility seeks to maintain essential ecological processes in forests and is grounded in both the Convention on Biological Diversity (Law No.7416) and the Biodiversity Law, as well as the Principles of the Malawi Ecosystem Approach contained in the regulation to the Biodiversity Law. The applicant states that it is vitally important to consider all of the foregoing, as well as the novel right to a healthy climate, recognized in the recent Advisory Opinion 32/25 of the Inter-American Court of Human Rights, which establishes obligations to reduce or mitigate the impact of climate change, in which forests and wetlands play a fundamental role. The applicant argues that, as detailed in the challenged permit itself, SINAC-OSRSCC 052-2026, a forest containing 32 different tree species will be eliminated, and, since the permit has already been issued, felling may be taking place right now. The applicant explains that “the administrative act challenged as unconstitutional and contrary to international conventions is in SINAC administrative case file TE TE01-IF-00033- 2026, visible from folio 098, and it can be read in the REASONS that precisely ALL the regulations challenged in the constitutional cases form part of the basis for that odious permit. Thus, we see conflicts with the Constitution and other ratified international instruments, as well as with statutory-level regulations connected to those rules. For example, the national-convenience decree was included in the ‘reasons’ in the Eighth recital, and the regulation on the General Master Plan for the Papagayo Gulf Tourism Project, which allows land-use change and felling 30 percent of the area for construction, in the Ninth recital; they even had the gall to cite opinions of the Procuraduría General de la República in that same Ninth recital, while leaving aside what the State’s representative cited in the two constitutional challenges mentioned, where they describe the imminent danger of environmental damage to fragile ecosystems. For these reasons, felling 748 thousand trees in a concession is a direct collision with the constitutional and treaty-based provisions cited, not to mention the provisions of the in dubio pro natura principle (…)”. The applicant adds that SINAC officials opted for clear-cutting instead of weighing the protection of forests and ecosystems with PNE. The applicant reports that “in letter CARTA SINAC ACT DR 556-2026, of 09 April 20269, contained at folio 096 of the administrative felling case file, official NELSON MARIN MORA stated: ‘1-Land covered by forest and land suitable for forestry located in the Papagayo Gulf Tourism Project DO NOT CONSTITUTE STATE NATURAL HERITAGE…’ (Emphasis and capitalization are not in the original.) The official even states that the national-convenience decree challenged as unconstitutional exists, recognizing it as a sound and viable basis for proceeding with felling.” The applicant maintains that procedural and substantive provisions challenged as unconstitutional would normally prevent issuance of a final felling act; however, ACT officials did not respect the orders admitting the two constitutional challenges for processing, nor the principles of ecosystem irreducibility or in dubio pro natura, and have therefore opened the door to an ENORMOUS felling operation that is only just beginning. The applicant further states that “it is clear that where rules establish percentages of areas to be felled and converted to another land use even though forest exists, this falls within the circumstances recognized by the Chamber for deeming the challenged provisions suspended, in which case final authorizing felling acts could NOT be issued. But in this case, the provisions in section 5.1(i) and (j) of Regulation No. 4572, entitled ‘General Master Plan for the Papagayo Gulf Tourism Project’ (constitutional case file No. 25-033926-0007 CO), and those in Articles 12 and 17 ter, as well as Points VIII (Requirements for Density and Coverage Compensation in Concessions) and X (Procedure for Requests to Adjust the Term) of the Sole Annex, entitled ‘Procedures and Requirements under the Concession Regime of the Papagayo Gulf Tourism Project,’ all of the Regulation to the Law for the Development and Execution of the Papagayo Gulf Tourism Project, Executive Decree N°25439-MP-TUR, amended by Executive Decree N°44448 MP-TUR (Constitutional case file No. 25-024408-0007-CO), are provisions whose force and effectiveness are suspended, but NOT FOR SINAC. Therefore, it was not viable to issue the challenged felling act, but none of that mattered.” The applicant considers that, since the national-convenience decree is also challenged and is unconstitutional, it was never constitutional or consistent with international conventions to issue an act allowing clear-cutting that could undoubtedly cause irreversible harm to wildlife, the forest, the soil, the climate, and its ecosystems. Based on the arguments presented, the applicant considers that the challenged actions violate fundamental rights. The applicant asks that the amparo application be granted, with the legal consequences.\n\n2.- In a brief added to the digital case file at 2:44 p.m. on 24 April 2026, Alejandro Rojas Aguilar appears in the proceedings in his capacity as Special Judicial Attorney-in-Fact for Enjoy Resorts & Hotels, S.A., and submits evidence for the Chamber’s consideration.\n\n3.- By resolution issued at 9:28 p.m. on 12 June 2026, the proceedings are admitted and the respondent authorities are asked to report on the facts alleged by the applicant.\n\n4.- In a brief added to the digital case file at 9:04 a.m. on 19 June 2026, Giovanna Valverde Stark, in her capacity as Acting Minister of Environment and Energy, reports under oath that “(…) FIRST: This Ministry is the entity responsible for protecting the country’s natural resources, contributing to improved quality of life for residents by promoting the management, conservation, and sustainable development of environmental and natural elements, assets, services, and resources, which this Ministry manages by legal provision or international agreement. It is also important to note that Article 50 of our Constitution provides that the State must seek the greatest well-being of all the country’s inhabitants, guaranteeing the right to a healthy and ecologically balanced environment, in respect of the right to protection of human health, which derives from the right to life, and the right to water. Thus, the primary objective of the use and protection of the environment is to achieve development and evolution that benefit human beings in harmony with it, with environmental quality and economic means serving as fundamental parameters for people. SECOND: This Ministry requested information from the director of the Tempisque Conservation Area, Nelson Marin Mora, who submitted documentation related to the case, stating that, in case file 26-013284-0007-CO, the then Minister of Environment and Energy, Franz Tattenbach Capra, the National Environmental Technical Secretary, Andrés Cortez Orozco, and the Director of the Tempisque Conservation Area, Nelson Marín Mora, responded to an amparo application filed by Mr. Nombre02, who challenged the environmental viability granted by SETENA to Enjoy Hotels & Resorts’ ‘Bahía Papagayo’ project and the subsequent tree-felling permit issued by SINAC. The officials begin their defense by clarifying that the applicant confuses the scope of their powers, since the project is being developed within the exceptional legal regime of the Papagayo Gulf Tourism Project, an area of approximately 1.658 hectares that, since the 1970s, was declared to be of public utility and designated by law for tourism development under the exclusive administration of the Costa Rican Tourism Institute, pursuant to special laws such as No. 5847 of 1975, No. 6043 of 1977, and No. 6758 of 1982. These laws exclude municipal jurisdiction in the maritime-terrestrial zone and empower the ICT to grant concessions over State public-domain assets for tourism purposes. This regime has been upheld by the Procuraduría General de la República and by the Constitutional Chamber itself in Voto N° 2007-018483, which establishes that land use in that project is for tourism and takes precedence over any other use. Therefore, the lands under concession are not administered by MINAE and are not protected wild areas; their designated purpose is not the absolute conservation of natural resources, but rather sustainable and balanced use. As to the facts alleged by the applicant, the report details that the Bahía Papagayo project was submitted to SETENA in April 2021 on a 42.01-hectare concession and that environmental viability was granted by Resolution N° 0591-2022-SETENA following a technical analysis that included an Environmental Impact Study, without that resolution authorizing tree felling or the reduction of watercourse protection areas. SETENA lacks authority to issue forestry permits, and its geospatial analysis of vegetation cover is not equivalent to declaring an area to be forest under the strict terms of Article 3 of the Ley Forestal N° 7575, which requires an area of two or more hectares with more than 70% canopy cover and more than sixty trees per hectare measuring fifteen or more centimeters in diameter. Those elements can be verified only by a field inspection, not through aerial photographs or cover maps. The officials emphasize that Resolution N° 1263-2021-SETENA, cited by the applicant, was not a decision but merely a procedural request for the developer to correct technical matters, and that no protection setbacks different from those established by law were approved. The felling permit, meanwhile, was granted by SINAC through Resolution ACT-OSRSCC-052-2026 of 9 April 2026, based on a forest inventory and the Field Report SINAC-ACT-OSRSCC-155-2026, which determined that the specific 7.62-hectare area of intervention within property PRN01 does not qualify as forest under the legal definition, but rather as abandoned pastureland. Of the 3.656 trees inventoried, only 748 specimens of common species such as guácimo, laurel, and jobo were authorized for felling, none of them protected by a logging ban. This represents only 18.14% of the total area of the property and complies with the maximum 30% site-occupancy coefficient established in the project’s Master Plan, with the remaining 70% conserved. The report also states that the applicant had prior knowledge, through notice SINAC-ACT-DR-782-2025, that the area did not meet the conditions to be classified as forest, and that the felling permit is final because it was not challenged through administrative proceedings and therefore enjoys a presumption of legality. Finally, the officials conclude that there is no violation of Articles 121(14) and 50 of the Political Constitution, Voto N° 2007-018483, or the criteria of the Procuraduría General de la República, since the challenged administrative acts were issued by competent authorities in the exercise of their functions and within the framework of a special legal regime that permits sustainable tourism development. They therefore ask the Chamber to dismiss the amparo application and exempt MINAE from payment of procedural costs. THIRD: A proceeding concerning an interim measure is pending before the criminal court of the second judicial circuit, against unknown persons for the offense of land-use change, under case file 25-000008-0791-pe, in which the request for interim measures is being answered. The Ministry of Environment and Energy (MINAE) and the National System of Conservation Areas (SINAC), through their Special Judicial Attorney-in-Fact, Licenciado Mario Hidalgo Ramírez, appear before the Criminal Court of the II Second Judicial Circuit to answer the request for an atypical environmental interim measure filed by the Environmental Prosecutor’s Office of the Second Judicial Circuit of San José, represented by Nombre04, in criminal case file 25-000008-0791-PE. The prosecution’s request sought immediate suspension of the forestry felling permit granted through resolution ACT-OSRSCC-052-2026, cessation of all construction activity and removal of vegetation cover in Enjoy Hotels & Resorts’ “Bahía Papagayo” project area, and suspension of all forestry permits granted in the Papagayo Gulf Tourism Pole during 2024, 2025, and 2026. It even invoked intentional criminal offenses such as malfeasance, abuse of authority, ideological falsehood, and land-use change, without identifying specific officials or developing a specific factual allegation. MINAE and SINAC’s defense rejects the prosecution’s request in all respects, arguing that its central premise is technically incorrect: the felling permit does not concern an area that qualifies as “forest” under Article 3 of the Ley Forestal N° 7575, which requires an area of two or more hectares with more than 70% canopy cover and more than sixty trees per hectare measuring fifteen or more centimeters in diameter. Rather, it concerns an area determined by field inspection to consist of abandoned pastureland and scrubland, as evidenced by Field Report SINAC-ACT-OSRSCC-155-2026, in which the State Forestry Authority itself concluded that the area to be harvested does not qualify as forest under the law. This refutes the prosecution’s recurring confusion between “vegetation cover” and “forest” in the legal sense, categories clearly distinguished by the regulations in force. The defense emphasizes that the project is being developed within the exceptional legal regime of the Papagayo Gulf Tourism Project, an area of approximately 1.658 hectares declared to be of public utility since the 1970s and designated for tourism development under special laws such as No. 5847 of 1975, No. 6043 of 1977, and No. 6758 of 1982, under the exclusive administration of the Costa Rican Tourism Institute. The regime has been upheld by the Procuraduría General de la República and the Constitutional Chamber in Voto N° 2007-018483. Accordingly, these lands are not administered by MINAE and are not protected wild areas; their sole legal purpose is sustainable tourism, rather than absolute conservation. As to the facts, the defense details that the total area under concession is 42.01 hectares, the authorized construction footprint is only 7.62 hectares (18.14% of the total), and, of the 3.656 trees in the forest inventory, only 748 specimens of common species such as guácimo, laurel, and jobo were authorized for felling, none protected by a logging ban. This intervention complies with the maximum 30% site-occupancy coefficient established in the Master Plan, with the remaining 70% conserved. All of this demonstrates limited, technically controlled forestry use within the legal framework. The defense also points to a serious formal error by the prosecution in citing the felling permit as “resolution TE-TE01-00033-2026,” when that number corresponds to an administrative case file and the correct act is Resolution ACT-OSRSCC-052-2026, making the subject matter of the claim legally impossible. As to the requirements for granting the interim measure, MINAE and SINAC argue that fumus boni iuris is not established because there is no apparent criminal act: the permit is based on valid technical studies and enjoys a presumption of legality. Nor is periculum in mora established, because no concrete, current, and imminent environmental harm has been proven, and the situation is already being controlled by the Constitutional Chamber through interim measures issued in case file 25-024408-0007-CO, where justice Fernando Cruz ordered a total moratorium on tree felling in the Papagayo Tourism Pole. The requested measure also lacks instrumentality because it is not intended to ensure the effectiveness of the criminal proceedings, but to suspend valid administrative acts and halt a project subject to a special legal regime, distorting the function of criminal interim measures. The defense strongly criticizes the position taken by the Procuraduría General de la República, which supported the prosecution’s position. It states that the Procuraduría did not conduct its own technical and legal analysis, but instead uncritically adopted the prosecution’s account, repeating generic assertions about “forest cover” without citing or examining concrete evidence, confusing basic technical concepts, and failing to establish that harm was imminent or irreversible. This, the defense argues, demonstrates automatic adherence and a lack of rigor that does not meet the standards for criminal interim proceedings. Finally, MINAE and SINAC ask the criminal judge to reject the interim-measure request in all respects and set a hearing to receive testimony from forestry officials Pedro Rojas Chaves and Orlando Matarrita Suárez, who would confirm that the area subject to intervention is not forest. They conclude that the prosecution’s request is not only technically and legally unfounded but also compromises fundamental due-process principles by seeking restrictive measures based on unsubstantiated assumptions. FOURTH: Letter CARTA-DAJ-MINAE-1167-2026 reports a total of six active judicial case files before the Constitutional Chamber relating to the Papagayo Gulf Tourism Project. First, case file 25-033926-007-CO concerns a constitutional challenge brought by Nombre08, answered by MINAE through letter DAJ-MINAE-2706-2025 on 28 November 2025. Second, case file 26 013284-0007-CO is the amparo application filed by Nombre02, initially answered through letter CARTA-DAJ-MINAE-936-2026, but later, without notice to the Legal Advisory Office, the Ministerial Office sent a new response through letter DM 353-2026 on 30 April 2026, signed by the then President of the Republic and the then Minister of Environment. Third, case file 26-020400-0007-CO is another amparo application filed by Nombre03, answered through letter CARTA-DAJ-MINAE 157-2026. Judgment 2026007079 was issued in that matter, suspending its processing until the principal constitutional challenge is resolved. Fourth, case file 25-030777-0007 CO is an amparo application by Nombre07, answered through letter CARTA-SINAC-SE-DE-O135-2026 on 30 January 2026. Judgment 2026004267 also suspended its processing pending resolution of the constitutional challenge. Fifth, case file 25-025462-0007-CO is another amparo application by the same Nombre07, answered through letter DAJ-MINAE-2444-2025 on 4 November 2026. Judgment 2026002568 likewise suspended proceedings until the constitutional challenge is decided. Finally, case file 25-024408-0007-CO concerns the constitutional challenge brought by Nombre06, in which justice Fernando Cruz issued an interim measure ordering a moratorium on felling in the Tourism Pole. MINAE is not a party to that proceeding, however, since only the Costa Rican Tourism Institute was notified; it answered and filed remedies. Although the then Minister requested support for a meeting on the matter, the Legal Advisory Office took no action because it lacked standing to intervene in that case. FIFTH: Additionally, a significant fact must be added: according to the felling progress report submitted by the Forest Manager in response to letter CARTA-SINAC-ACT-DR-636 2026, the project’s Forest Manager informed the Director of the Tempisque Conservation Area that, despite the felling permit ACT-OSRSCC-052-2026 remaining in force, felling is temporarily halted. SIXTH: All of the foregoing demonstrates that neither this Ministry nor SINAC administers or is responsible for the fate of the Papagayo Gulf Tourism Project, since by law that authority belongs exclusively to the Costa Rican Tourism Institute (ICT), under a special legal regime created by Laws N° 5847, 6043, and 6758 and upheld by the Procuraduría and the Constitutional Chamber itself in Voto N° 2007-018483, which establishes that land use in that area is for tourism and takes precedence over any other use. Therefore, the lands under concession are not administered by MINAE and are not protected wild areas, but public-domain assets designated for tourism. MINAE and SINAC limited their actions to exercising their specific environmental powers: SETENA granted environmental viability without authorizing tree felling, and SINAC, based on a field inspection determining that the area subject to intervention is not forest under Article 3 of the Ley Forestal, issued felling permit ACT-OSRSCC-052 2026, authorizing only 748 of the 3.656 trees inventoried on a 7.62-hectare footprint (18.14% of the concession area), within the 30% allowed by the Master Plan and conserving the remaining 70%. All of this was in accordance with the law, and no administrative challenge was filed. Therefore, there is no constitutional violation or imminent environmental harm; the permit is legal and final. Since ICT is the actual administrator of the project, the applications against MINAE and SINAC should be dismissed and these entities exempted from procedural costs.”\n\n5.- By written submission added to the digital case file at 11:20 on 25 June 2026, Franz Tattenbach Capra, Andrés Cortez Orozco, and Nelson Marín Mora, respectively the Minister of Environment and Energy, the Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat, and the Director of the Tempisque Conservation Area of the National System of Conservation Areas, report under oath as follows:\n\n“CLARIFICATION. It is clarified that the resolution issued at ten hours and eleven minutes on 20 April 2026 contains an error of precision in that it indicates that among the officials required to submit the report on this amparo is “the director of the Nicoya Regional Office of the Tempisque Conservation Area of the National System of Conservation Areas”; whereas the position of director refers to the Director of the Tempisque Conservation Area, Mr. Nelson Marín Mora, and not as incorrectly cited. In addition, the “Nicoya Regional Office” is also cited incorrectly; the correct designation is “Santa Cruz-Carrillo Subregional Office.” For purposes of responding to this amparo, the requested report is submitted by the Director of the Tempisque Conservation Area of the National System of Conservation Areas.\n\nPRELIMINARY CONSIDERATIONS. To clarify the legal framework governing the Papagayo Tourist Pole in relation to the administrative acts issued by the Ministry of Environment and Energy within the scope of our powers, we state the following:\n\nAccording to the regulatory background, first, Law No. 5847 of 18 November 1975 approved the Loan Agreement entered into between the Costa Rican Tourism Institute and the Central American Bank for Economic Integration, for the purpose of financing the preparation of a technical and economic feasibility study and the preparation of a master plan for the Bahía de Culebra Tourism Project. Article 3 of that law provided that the project arising from the aforementioned feasibility study would be carried out by the Costa Rican State, in accordance with the law that was to be enacted for that purpose.\n\nAs a matter of fact, the decision to establish the Tourist Pole in Bahía Culebra stems from regional technical studies promoted by the BCIE in the 1960s and 1970s. Those studies identified the area as having high ecological, scenic, and cultural value, with potential for international tourism. This empirical basis served as grounds for the Costa Rican legislature to adopt a series of measures intended to facilitate implementation of the project under special conditions, including its declaration as being in the public interest (Law No. 6370 of 1979), the creation of a differentiated state administration regime (Law No. 6758 of 1982), and adoption of a Master Plan approved at ordinary session No. 4572, Article 2, paragraph VIII, of the ICT Board of Directors, held on 10 July 1995.\n\nThe exceptional legal regime of the Golfo Papagayo Tourist Project rests on the express exclusion of municipal jurisdiction over administration of the Maritime Terrestrial Zone within the defined area. Although Article 3 of Law No. 6043 grants municipalities the power to administer the restricted zone and grant concessions in the country’s Maritime Terrestrial Zone, Article 74 establishes a specific exception for the then-named “Bahía Culebra Project” (now known as the Golfo Papagayo Tourist Pole), assigning that power to the Costa Rican Tourism Institute (ICT). This exception has been affirmed by various opinions of the Procuraduría General de la República, for example, C-171-93 and C028-94, which reaffirm that the ICT has exclusive powers to administer and control the area and grant concessions there, without prejudice to residual municipal powers, such as issuing construction permits, once the projects have been previously approved by the ICT.\n\nFrom the perspective of public law, this exceptional regime responds to the principle of heightened legality in the administration of public-domain property and falls within the logic of special regimes permitted by Article 121, paragraph 14, of the Political Constitution. The law precisely regulates the powers, limits, and conditions under which concessions are granted, imposing a more rigorous standard than that applicable to other coastal areas of the country. Thus, for example, the ICT may grant concessions only through public competitions, following technical and legal analysis, and on the basis of consistency with the Master Plan, which serves as a binding planning instrument.\n\nThe project is also covered by the Declaration of National Convenience under Executive Decree No. 33132 of 2005, which further strengthens its position within state public policy by treating it as a priority for economic development, job creation, and attracting foreign direct investment. This declaration is grounded in Ley Forestal No. 7575, Article 3, which defines activities of national convenience as those whose social benefit exceeds their environmental cost, a condition that must be demonstrated through the corresponding technical instruments.\n\nAPPLICABLE REGULATORY FRAMEWORK. In the case of the Golfo Papagayo Tourist Pole, it is necessary to review its historical background, which dates back 50 years, and the State’s intention to dedicate a specific area to sustainable tourism development. The interaction between Costa Rica’s development of this concept and the incorporation of environmental regulations is highlighted.\n\na) Law No. 5847 of 18 November 1975 approved the Loan Agreement entered into between the Costa Rican Tourism Institute and the Central American Bank for Economic Integration, for the purpose of financing the preparation of a technical and economic feasibility study and a Master Plan for the Bahía de Culebra Tourism Project. Specifically, Article 3 of the cited law specifies the type of rule as a Special Law.\n\n“ARTICLE 3.- The Bahía Culebra tourism development project arising from this feasibility study shall be carried out by the Costa Rican State, in accordance with the special law that the Legislative Assembly must enact for that purpose.”\n\nb) Subsequently, Ley 6043 of 16 March 1977, the Law on the Maritime Terrestrial Zone, was enacted. This is where the Golfo Papagayo Tourist Project originated, under the name “Bahía Culebra Comprehensive Development Project,” and was designated a “special case”:\n\n“Special cases\n\nArticle 74.- With regard to the Bahía Culebra Comprehensive Development Project, whose shoreline extends north to the point on the Costa Rica Lambert Grid at latitude 2/94 and longitude 3/53, and as far as the point at latitude 2/84 and longitude 3/50, that is, from Punta Cabuyal to Punta Cacique, the affected areas shall be under the direct administration of the Costa Rican Tourism Institute. The regulations governing that development shall be formulated by the Executive Branch, after consultation with that Institute. All of the foregoing is without prejudice to the usufruct and fees due to the respective municipalities under this law.” (Emphasis ours)\n\nIt is important to note that, as provided in Article 73, this law does not apply to MINAE when an area is a protected wild area or part of the State’s Natural Heritage, generally identified through a certification of the State’s Natural Heritage issued by the Conservation Area with jurisdiction over it (Law 6043, Article 73 and Voto 16975-2008 of 12 November 2008).\n\nc) Law No. 6758 of 6 May 1982, published in the official gazette La Gaceta No. 122 of 25 June 1982, the Law Regulating the Development and Implementation of the PTGP, established the following:\n\n“Article 2.- Only the works provided for in the Master Plan approved by the Costa Rican Tourism Institute, and all works consistent with it, may be carried out in the area designated for development of this project, in accordance with this law and the technical standards issued by the Institute for that purpose.\n\nArticle 12.- The Board of Directors of the Costa Rican Tourism Institute may grant concessions for the use of the project lands in the area designated for it, subject to the terms and conditions established by the Institute for that purpose and in accordance with Article 1073 of the Law on the Financial Administration of the Republic.\n\nArticle 18.- This law is a matter of public order and repeals any conflicting rule, except insofar as it grants rights or authorizes public-law entities to collect fees and tariffs, or otherwise grants them economic benefits. Nor may the concept of the public zone referred to in Article 20 of Law No. 6043 of 2 March 1977 be altered.” (Emphasis ours)\n\nd) The Organic Law of the Ministry of Environment and Energy No. 7152 of 1990 designated MINAE as the agency responsible for ensuring the protection, conservation, and rational use of natural, energy, and mineral resources. From that year onward, MINAE assumed powers and authority over natural resources. The powers concerning wildlife, forestry, national parks, and the IMN were transferred from the Ministry of Agriculture and Livestock to MINAE. All forests, forest lands, and wild areas owned by the State or administered by the MAG were transferred to MINAE for administration. The National Environmental Technical Secretariat’s authority over environmental assessment began with the Organic Law of the Environment of 1996. MINAE’s authority over water matters began with enactment of the ARESEP Law of 1996. The new Ley Forestal No. 7575 has been in force since 1996. Authority over biodiversity and access began with enactment of the Biodiversity Law of 1998, through which the wildlife, forestry, and national-park powers were merged to create the National System of Conservation Areas and the National Biodiversity Management Commission.\n\nLEGAL REGIME OF THE GOLFO DE PAPAGAYO TOURIST PROJECT\n\nThe scope of the legal regime of the Golfo de Papagayo Tourist Project was addressed by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in Voto No. 2007-018483, issued at 18:00 on 19 December 2007, which states, in relevant part:\n\n“VII.- EXCEPTIONAL OR SPECIAL ADMINISTRATIVE LEGAL REGIME OF THE GOLFO DE PAPAGAYO TOURIST PROJECT. SPECIFIC REGIME FOR THE USE OR EXPLOITATION OF PUBLIC-DOMAIN PROPERTY. The Golfo de Papagayo Tourist Project has been subject to a special administrative legal regime. Thus, Law No. 6370 of 3 September 1979 declared the Bahía Culebra or Papagayo Tourist Project to be in the public interest. Article 1 of that law provides that the acquisition of real property, entire farms, portions, rights, or legitimate property interests that, by reason of their location, are necessary to carry out and implement the tourist project is of public utility. The latter includes, within the coordinates defining it, the maritime zone of the Pacific coast. The Costa Rican Tourism Institute was authorized to acquire property voluntarily or through expropriation (Articles 2 to 5). (Emphasis ours)\n\nIn turn, the Law Regulating the Development and Implementation of the Golfo de Papagayo Tourist Project, No. 6758 of 4 June 1982, subjects it to an intensive exceptional public regime, given the project’s strategic importance to national tourism development. The regime provides for registration of the lands in the name of the Costa Rican Tourism Institute and a series of measures to promote the project’s development. Specifically, Article 12 and following establish the regime for private parties’ exploitation of the project. Thus, Article 12 states that the ICT Board of Directors ‘(…) may grant concessions for use of the project lands in the area designated for it (…)’; Articles 13, 14, and 15, in turn, provide, respectively, for cancellation, termination, and recovery of the concession. In addition, subordinate regulations emphasize the concession as a legal instrument. For example, Executive Decree No. 22489-MPJ-TUR of 2 September 1992 created the Registry of Concessions of the Golfo de Papagayo Tourist Project in Bahía de Culebra as a section of the General Registry of Concessions of the Property Registry of the National Registry. It is therefore sufficiently clear that the regime governing private parties’ use, as set out in the legal rules governing the Golfo de Papagayo Tourist Project, is exclusive in nature and thus excludes common and general use by any other person. This is accomplished through the concession, which grants the concessionaire administrative real rights.” (…) IX. (…) It should be taken into consideration that Law No. 6758 of 4 June 1982 granted the Costa Rican Tourism Institute exclusive authority—through an executing office, its Governing Council, the Executive Director, and the entity’s Board of Directors—to develop and implement the Golfo de Papagayo Tourist Project (Article 1)… It must be stated that Law No. 6758 of 4 June 1982 grants administration and management of the Papagayo Tourist Project to a public entity with national jurisdiction, namely the ICT, making it an exceptional or special regime compared with that contemplated in the Law on the Maritime Terrestrial Zone…” (emphasis not in the original)\n\nOn the basis of the foregoing, the Golfo de Papagayo Tourist Project is governed by a specific, exceptional legal framework that includes the Law Regulating the Development and Implementation of the Papagayo Tourist Project, Law No. 6758. That law, together with its regulations and the project’s Master Plan, establishes the rules for development and implementation of works in the designated area, that is, within the concession area. In addition, the Costa Rican Tourism Institute (ICT) plays a fundamental role in administering, regulating, and supervising the project—meaning throughout the project’s overall area and for each concession within the project boundaries—as well as managing a special fund for its financing.\n\nIn legal terms, this special and exceptional rule can be framed within the Principle of Protection under a specific situation for the development and implementation of works established by Law No. 6758, together with its regulations and the Master Plan. The Golfo de Papagayo Tourist Project covers approximately 1,658 hectares, in addition to the public zone, registered in the name of the Costa Rican State and administered by the Costa Rican Tourism Institute (hereinafter, ICT), primarily to attract domestic and international tourism by making the most of the region’s tourism resources. Accordingly, the ICT, through the Executing Office, is responsible for implementation and development of the project and has exclusive authority to direct, coordinate, administer, and control its development.\n\nThe project comprises two major activities: a) granting concessions over land acquired for tourism projects; and b) construction of public infrastructure works that enable such development to take hold.\n\nIn another respect, as part of the regulations governing this project, under Executive Decree No. 33132-MPT, published in La Gaceta No. 97 of 22 May 2006, the Golfo de Papagayo Tourist Project, administered by the Costa Rican Tourism Institute, is covered by a Declaration of National Convenience for its development and implementation. Some of the grounds for this Executive Branch measure were as follows:\n\n“2.- Whereas, by Article 1 of Law No. 6370 of 3 September 1979, the lands necessary to carry out and implement the Bahía Culebra Tourist Project, located in the Province of Guanacaste and now known as the Golfo de Papagayo Tourist Project, under the administration of the Costa Rican Tourism Institute, were declared to be of public utility.\n\n3.- Whereas the Project has become the leading tourist development pole in all of Central America.\n\n4.- Whereas the Procuraduría General de la República, in opinion C210-2002, has emphasized that by law the land use in the Project is tourism, taking precedence over any other type of use.\n\n5.- Whereas the guidelines established in the Master Plan of the Golfo de Papagayo Tourist Project make it a model of sustainable tourism development by providing for properly planned development under state administration and supervision, incorporating environmental considerations, low densities and coverage, appropriate treatment of wastewater, etc.\n\n6.- Whereas it is in the interest of the Government of the Republic to support the efforts of the Costa Rican Tourism Institute to promote development of the Golfo de Papagayo Tourist Project as an international model of sustainable tourism development.”\n\nTo supplement the regulatory framework, the Executive Branch issued Executive Decree No. 25.439-MP-TUR, published on 11 September 1996, and its amendment (Executive Decree No. 37701-MPTUR of 12 April 2010), the Regulations to the Law for the Development and Implementation of the Golfo de Papagayo Tourist Project, which establish important provisions:\n\n“Master Plan: A tool for controlling land use through zoning and planning urban development, approved by the ICT Board of Directors. It is a directive planning instrument, in that it sets out the broad guidelines or main lines to guide and coordinate urban or building development and land use in the Papagayo Tourist Project, within the statutory limits and in harmony with the natural and cultural environment. In addition to being technical in nature, it has regulatory and binding effect. (Article 2, paragraph h)\n\nPublic-domain property: Each parcel of real property and its attributes, declared to be of public utility, that makes up the development area of the Golfo de Papagayo Tourist Project and is subject under Laws Nos. 6370 and 6758 to tourism use. The ICT exercises administrative, supervisory, and control authority over the property’s legally prescribed purpose, with tourism as the criterion governing the allocation of such real property; the ICT may grant it in concession to private parties. This concept also includes the public-zone area of the Maritime Terrestrial Zone and the adjacent area permanently covered by the sea, designated for the construction, administration, and operation of tourist marinas and piers located within the Golfo de Papagayo Tourist Project, pursuant to Law No. 7744, the Law on the Concession and Operation of Marinas. (Article 2, paragraph i)\n\nConcession: An administrative act of a contractual nature, granted by the ICT Board of Directors to a natural or legal person, conferring an administrative real right for exclusive, exclusionary, private patrimonial use of public-domain property within the Golfo de Papagayo Tourist Project. This administrative real right allows the concessionaire to exercise all attributes of ownership except alienation of the land. For purposes of the Project’s public tourism objective, it includes, among other things, the concessionaire’s authority to use, enjoy, transform, build or build jointly, defend, provide as security, encumber, and lease the public-domain property under concession for purposes of the concessionaire’s tourism development project, always subject to ICT supervision and control. (Article 2, paragraph j)\n\nTourism purpose: The ultimate and paramount public purpose pursued by Law No. 6758, consisting of productive tourism development of the Golfo de Papagayo Tourist Project. (Article 2, paragraph q)\n\nThe Project shall be directed and administered by the Executing Office, as an organ with maximum deconcentration, reporting directly to the Institute’s Board of Directors. (Article 3)\n\nConcessions in the project area shall be granted only to entities incorporated and domiciled in the country. Anyone seeking a concession must also meet the requirements set out in the terms of the respective competition. (Article 4)\n\nThe grant of concessions and any assignment, mortgage, lease, or trust arrangement concerning the concessions must be registered in the Project’s Registry of Concessions, within the National Registry. In the case of transfers of concessions, the acquirer shall be treated as the concessionaire for all purposes. In the case of a lease, the lease shall follow the concession. (Article 13)\n\nThe concessionaire’s obligations shall be those established in Law 6758, these Regulations, the Master Plan, the concession agreement, the respective Environmental Impact Study, other provisions of the Costa Rican Tourism Institute Board of Directors, and the other applicable rules. In particular, no concessionaire may alter its project as approved by the Institute without the Institute’s prior express authorization. (Article 14)\n\nOnce a concession has been awarded and a project approved, work must begin within no more than six months from the date notice of the award is given. The deadline for completion of the work shall be specified in the concession agreement. (Article 17)”\n\nAlso as part of the regulations governing this project, Executive Decree No. 4572, in force since 24 July 1995, promulgated the regulation “General Master Plan for the Golfo de Papagayo Tourist Project.” This rule sets out relevant aspects for understanding the framework created by Law No. 6758. Under section 5.1, Specific Guidelines for the Design and Construction of Tourism Projects, it provides:\n\n“Surface occupancy ratio: The surface occupancy ratio must not exceed 30% (thirty percent) of the total area originally granted in concession. The designs of the proposed tourism projects must comply with this maximum.”\n\nThis means that concessionaires in Papagayo are required, in compliance with the planning instrument, to preserve the remaining 70% of the concession area, and may use a footprint of up to 30%, subject to the requirements of the rules, regulations, guidelines, and provisions governing concessionaires. Consequently, the area in which each concessionaire’s project will be developed must comply with the rules established by the other public institutions, including having current, approved environmental clearance for development of the project.\n\nAs regards Ley Forestal No. 7575 of 13 February 1996, this law took effect after Law No. 6758 of 6 May 1982, the Law Regulating the Development and Implementation of the Papagayo Tourist Project, and Ley Forestal No. 7575 contains no specific provision regulating, amending, or repealing any article of Law No. 6758. Given that Law No. 6758 is a special and exceptional law, any change in the allocation of public-domain property, for legal certainty, must meet three requirements: a prevailing or more compelling public interest to be protected; support in a rule of sufficient legal rank; and a guarantee that the property remains subject to the public-law regime.\n\nOn this understanding, because the Costa Rican Tourism Institute (ICT) is the state entity exclusively responsible for administering the Golfo de Papagayo Tourist Project, and a special-use regime is clearly defined for concession lands with a single and paramount purpose directed toward sui generis tourism development, the exceptional nature of this area must be recognized. Its designated purpose is therefore not the absolute conservation of natural resources, but their sustainable and balanced use and conservation, with environmental assessment of the projects developed there.\n\nPUBLIC AND PRIVATE FORESTRY REGIME. Ley Forestal No. 7575 of 13 February 1995 introduced into our legal system the concept of “State Natural Heritage,” administered by the Ministry of Environment and Energy and, under Article 13, composed of “the forests and forest lands of national reserves, areas declared inalienable, properties registered in its name, and those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other public-administration bodies, except real property securing credit transactions with the National Banking System and becoming part of its assets.”\n\nThe concept of “State Forestry Heritage” was first included in the former Ley Forestal No. 4465 of 25 November 1969. The main difference between State Natural Heritage and State Forestry Heritage is that the earlier legislation allowed the forest resource to be exploited by the Administration or by private parties with its authorization, except in national parks and biological reserves. Protected wild areas, whatever their management category, national parks, biological reserves, forest reserves, national wildlife refuges, protective zones, natural monuments, and wetlands are deemed incorporated into this regime as “areas declared inalienable,” by virtue of Article 38 of the Organic Law of the Environment, No. 7554 of 4 October 1995. Finally, State Natural Heritage also includes other forests and forest lands or lands suitable for forestry owned by the State, including national reserves and properties belonging to autonomous institutions, municipalities, and other public-administration bodies.\n\nPrivate property with forest cover is a legal category established in our legislation, specifically in Title Three of Ley Forestal No. 7575. Private forest property refers to forests and forest lands belonging to private parties—that is, properties registered in the name of a natural or legal person under a Real Folio. Accordingly, these are private properties, as distinct from State-owned properties. These private forest lands are subject to regulation and protection, and their owners have specific rights and responsibilities under the law, including rules governing their use, exploitation, and protection. Owners of private forest lands are entitled to use and exploit forest resources in accordance with the law and established management plans, and are responsible for protecting forests and forest lands by preventing deforestation, erosion, and other activities that could harm the forest ecosystem. Forest law establishes limits and regulations to ensure sustainability and environmental protection. Private property retains the attributes conferred on it by law regarding ownership, use, and disposition. The fact that a forest lies within the boundaries of private property does not deprive it of its private character or make it public-domain property forming part of State Natural Heritage.\n\nArticles 19 and 20 of Ley Forestal No. 7575 regulate “private forest property” and forest use, under which owners may carry out lawful activities.\n\n“TITLE THREE\nPrivate forest property\nCHAPTER I\nForest management\n\nARTICLE 19.- Authorized activities\n\nOn land covered by forest, changing land use or establishing forest plantations is not permitted. However, the State Forestry Administration may grant permits in those areas for the following purposes:\n\na) Constructing residences, offices, stables, corrals, nurseries, roads, bridges, and facilities for recreation, ecotourism, and other similar improvements on privately owned land and properties where the forests are located.\n\nb) Carrying out infrastructure projects, public or private, of national convenience.\n\nc) Cutting trees for reasons of human safety or scientific interest.\n\nd) Preventing forest fires, natural disasters, or similar causes, or their consequences.\n\nIn these cases, forest cutting shall be limited, proportionate, and reasonable for the purposes stated above. A pre-screening questionnaire must first be completed before the State Forestry Administration to determine whether an environmental impact assessment may be required, as provided by the regulations implementing this law.” (Emphasis ours)\n\nAccordingly, private properties with forest are regulated by Ley Forestal No. 7575. This concept is established in case law; by way of example:\n\n“(…) a distinction is drawn between the State’s forestry heritage and private forestry heritage. The former is subject to a public-domain regime and consists of all forests and forest lands in national reserves, areas declared inalienable, properties registered in its name, and those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other public-administration bodies. In this case, the administration may grant permits for use only for projects that do not require forest exploitation and do not affect ecosystems, wildlife, soils, wetlands, or aquifers. Private forestry heritage, in turn, consists of all forests and lands suitable for forestry belonging to private natural or legal persons (Articles 1, 32, and 43 of the Forest Law). On these properties, various activities may be carried out depending on whether the land is forested, has forest plantations, or is agricultural land without forest. (…)” (Constitutional Chamber, vote No. 3923-2007. Emphasis ours.)\n\nRestrictions on private forest property to protect the environment, provided they do not impair the essential content of that right and have the necessary statutory basis, “are constitutionally viable, and the State is also obliged to protect and exploit it rationally.” (Constitutional Chamber, judgment 5893-95. See also the Chamber’s votes 2343-96, 2006-015106, 2007-5598, 2007-06581, 2007-09119, and 2007-010578, among others. Emphasis ours.)\n\nTHE CONCESSIONAIRE AND THE PRIVATE OWNER. A concessionaire of an area in the Papagayo Tourist Project is one who submits to the legal regime governing this tourism area, in accordance with the provisions indicated above. The contractual administrative act granted by the ICT Board of Directors confers on the concessionaire an administrative real right for exclusive, exclusionary, private patrimonial use of public-domain property within the Golfo de Papagayo Tourist Project, which by law has a specific, sole, and paramount tourism purpose under a special regime. (Emphasis ours)\n\nIt is important to emphasize that, by law, these State lands in the Golfo de Papagayo Tourist Project are not administered by the Ministry of Environment and Energy, nor are any protected wild areas declared within their boundaries. The designated use and purpose of these lands is not the exclusive conservation of natural resources, but their sustainable development for tourism through infrastructure authorized by the ICT and subject to environmental clearance as an environmental safeguard. This administrative real right allows the concessionaire to exercise all attributes of ownership except alienation of the land, since the concessionaire is not its registered owner. For purposes of the Project’s public tourism objective, this includes, among other things, the concessionaire’s authority to use, enjoy, transform, build or build jointly, defend, provide as security, encumber, and lease the public-domain property under concession to carry out its tourism development project, always subject to ICT supervision and control. (Article 2, paragraph j.)\n\nAccordingly, if any environmental permit is required—forestry, water, or environmental clearance—the concessionaire must obtain it from the competent authority. Article 19 of Ley Forestal No. 7575 therefore does not apply, as it concerns private forest property. This is not a case involving a private owner, but public-domain property subject to a special regime for developing projects with a single purpose: tourism. Article 19 of the Forest Law is designed to regulate forest management on private properties, a legal status that does not apply to lands under concession within the Project. Those lands are public-domain property of the State, title to which belongs to the Republic and administration of which has been delegated to the ICT for a tourism purpose, not for conservation of natural resources or establishment of a protected wild area. In this context, the concessionaire is not a private owner of registered property (a Real Folio registered in the National Registry), but a recipient of an administrative real right of exclusive and private use, granted by the State through the ICT, with limited powers and subject to strict conditions. The concessionaire is therefore not equivalent to the private forest owner regulated by Article 19 of the Forest Law.\n\nIt should also be borne in mind that Article 18 of the Forest Law, which provides for permits to use State lands or protected wild areas administered by the Ministry of Environment and Energy, concerns the general regime of ordinary administration under MINAE’s oversight, through the National System of Conservation Areas (SINAC), for other purposes. The Permit for Use granted by the National System of Conservation Areas is governed by the General Law of Public Administration and refers to authorization to use public-domain property temporarily and precariously, generally for a specific purpose and for the benefit of the community. This permit does not grant a real right over the property and may be revoked at any time. However, this Permit for Use does not apply to the Golfo de Papagayo Tourist Project, which is subject to the special and exceptional legal regime of a single designated purpose established by Law No. 6758. That law grants the ICT exclusive authority to administer, plan, regulate, and implement tourism development in the project’s defined area, as well as the power to grant concessions for tourism purposes within the project boundaries. Those concessions confer an administrative real right for exclusive, exclusionary, private patrimonial use of public-domain property within the Golfo de Papagayo Tourist Project.\n\nThis special regime allows the concessionaire to remove vegetation cover up to a maximum of 30% of the total concession area, reserving the remaining 70% for conservation, in strict accordance with the project’s Master Plan and regulations. Vegetation cover is not equivalent to the concept of forest or land suitable for forestry. Vegetation cover is a broad, general concept that may include trees, secondary scrub, grass, pasture, fruit trees, grasses, ground cover, flora, plants, vegetation, agricultural species, forest species, leaf litter or crop residues, and living fences, among other things. The concept of forest, by contrast, is strict and differs from vegetation cover; it must meet the definition in Article 3, paragraph d), of Ley Forestal No. 7575:\n\n“d) Forest: A native or indigenous ecosystem, whether disturbed or not, regenerated through natural succession or other forestry techniques, occupying an area of two or more hectares, characterized by the presence of mature trees of different ages, species, and sizes, with one or more canopy layers covering more than seventy percent (70%) of that area, and containing more than sixty trees per hectare with a diameter of fifteen or more centimeters measured at breast height (DBH).” (Emphasis ours)\n\nThe foregoing must always be understood within the framework of the general principles for conservation and protection of natural resources. Accordingly, it is imperative that the concessionaire of the Papagayo Tourist Pole observe and comply with the minimum, general regulations issued by the State Forestry Authority, such as the prohibition on cutting protected forest species, preparation of technical forest inventories, application of technical standards, the Fallas (2019) methodology for determining forest in Costa Rica, among others. If a forestry permit is required, it must be requested from the respective Conservation Area to ensure responsible and sustainable removal of forest species. A project seeking environmental clearance must undergo the environmental assessment process before the National Environmental Technical Secretariat.\n\nThis regime of the Golfo de Papagayo Tourist Project must now be distinguished from the regime governing protected wild areas. In this specific case, there is the Playa Iguanita National Wildlife Refuge, created by Law No. 8731 of 3 July 2009. This area, located at the back of Bahía Culebra, within the Nacascolo Peninsula, was identified by MINAE as a site requiring special attention due to its tropical dry primary forest and the presence of mangroves. For that reason, it is administered by SINAC through the Tempisque Conservation Area and excluded from the regime of the Golfo de Papagayo Tourist Project.\n\n“ARTICLE 2.- Administration of the refuge. Administration, protection, and management of the Iguanita National Wildlife Refuge shall be the responsibility of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy (Minae), through the Tempisque Conservation Area, in accordance with Article 22 of the Biodiversity Law, No. 7788 of 30 April 1998, as amended. The Costa Rican Tourism Institute (ICT) is authorized, from the date this Law is published, to transfer to Minae the section of land in the Maritime Terrestrial Zone located within the Refuge, for its administration, protection, management, and development through the National System of Conservation Areas.”\n\nArticle 3.—Management plan for the Refuge. The Director of the Tempisque Conservation Area and the Refuge administration shall carry out the administrative and technical procedures needed to ensure broad participation by communities, institutions, and the private sector in implementing the management plan for the Iguanita National Wildlife Refuge, taking into account the regulations governing ICT’s Master Plan for the Papagayo Gulf Tourism Pole.” (Emphasis added by us) In the same vein, mangrove ecosystems, given their special environmental protection regime, are excluded from ICT’s concession regime and remain under the exclusive protection of SINAC-MINAE, in compliance with the environmental regulations in force.\n\nALLEGATIONS MADE BY THE PETITIONER. Petitioner Nombre02, in referring both to the environmental viability granted by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA) and to the tree-cutting permit issued by the Tempisque Conservation Area of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC), makes a series of allegations linking administrative acts of different legal natures, issued by different authorities exercising legally separate powers. These are set out below:\n\nThe project called “Bahía Papagayo,” promoted by the company Enjoy Hotels & Resorts S. A., submitted file D1-0170-2021- SETENA to the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) to obtain environmental viability. The project is being developed on land belonging to the Costa Rican State, under a state concession, pursuant to Law No. 6758, which governs the Papagayo Gulf Tourism Project on these state-owned lands, where the forest that this amparo seeks to protect is located.\n\nResolution nro. 0591-2022 SETENA granted environmental viability to the project. SETENA authorized reducing the legally established protection areas for watercourses within the project’s state-owned area, justifying that change in land use.\n\nResolution 1263-2021-SETENA of 6 January 2022 provides that the protection zones for bodies of water shall be 15 meters along the Rocha and Panamá estuaries, and 10 meters along both banks of the unnamed seasonal streams, as an environmental mitigation measure. These measures expressly contravene Article 33(b) of Ley Forestal No. 7575.\n\nResolution No. 0591- 2022-SETENA confirms that there is significant coverage of deciduous, mature, and secondary forest in the project area. The land is classified as Class VII land use, designated for forest management. An incident seeking annulment of Resolution 0591 2022-SETENA was brought.\n\nIn legal opinion DAJ-MINAE-1591-2025, issued on 6 August 2025, the MINAE Legal Advisory Directorate concluded that the Papagayo Gulf Tourism Project is subject to a special legal regime and that concessionaires could remove up to 30% of the vegetation cover.\n\nReport INFTEC-DT-ASA-0324-2025, prepared following the inspection carried out on 26 May 2025 in the Bahía Papagayo Project area, states that the official forest-cover layer for the year 2000 was superimposed and showed that most of the project areas (figures B, C, and D) lie entirely within zones classified as forest forming part of the State’s natural heritage, because they are located on state-owned land.\n\nBy Chamber resolution at 15:46 on 13 November 2025, action of unconstitutionality nro. 25-033926-0007-CO was admitted, challenging specific provisions comprising the Papagayo concession.\n\nBy resolution 0215-2026-SETENA, no precautionary measure was adopted; on the contrary, it expressly states: “It is reiterated that the foregoing does not prevent a determination that the Environmental Viability License granted to the project remains in force.”\n\nThe environmental logbook was opened as part of the process for commencing the works, and on 15 April 2026, machinery was observed at the site.\n\nBy resolution nro. SINAC-ACT-OSRSCC-052-2026 of 09 April 2026, a permit was granted to cut 3656 trees within the project area.\n\nRegarding the allegations made, we state the following and present our defense:\n\nUnder Decreto Ejecutivo No. 25.439-MP-TUR, published on 11 September 1996, as amended by Decreto Ejecutivo No. 37701-MPTUR of 12 April 2010, the Regulations to the Law for the Development and Implementation of the Papagayo Gulf Tourism Project establish important provisions:\n\n“b) Concession: An administrative act of a contractual nature agreed upon by ICT’s Board of Directors in favor of a natural or legal person, conferring an administrative real right for private, exclusive, and excluding patrimonial use of a public-domain asset within the Papagayo Gulf Tourism Project. This administrative real right allows the Concessionaire to exercise all attributes of ownership except alienation of the land. For the public tourism purpose of the Project, it entails, among other things, the Concessionaire’s authority to use, enjoy, transform, build or co-build, defend, provide as security, encumber, and lease the concessioned public-domain asset to carry out its tourism development project, always under ICT’s supervision and control. (Article 2, subsection j)\n\ng) The concessionaire shall be subject to the obligations established in Ley 6758, these Regulations, the Master Plan, the concession agreement, the relevant Environmental Impact Assessment, other provisions of the Board of Directors of the Costa Rican Tourism Institute, and all other applicable rules. In particular, no concessionaire may modify its project as approved by the Institute without its prior express authorization. (Article 14)” (Emphasis added by us)\n\nAccordingly, on 07 April 2021, ENJOY HOTELS & RESORTS SOCIEDAD ANÓNIMA, corporate identification number 3-101 318205, duly represented by Mr. Nombre01, holder of identity document number CED01, submitted the D1 Form for the Bahía Papagayo Project to the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), which assigned it administrative file D1-0170-2021-SETENA. It is relevant to note that the application for environmental viability was submitted approximately five years ago, and to date no one has questioned the regularity of the commencement of the procedure.\n\nThe D1 Form and the environmental assessment instrument, namely the Environmental Impact Study, were duly reviewed by SETENA’s Environmental Assessment Department in accordance with the Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment process (Manual de EIA, Part II). The Department concluded that they comply with the terms of reference and technical requirements issued by the Secretariat, in accordance with the monitoring and follow-up powers established in Article 20 of the Organic Law of the Environment. This technical analysis was carried out in the full exercise of the powers legally conferred on SETENA as the national authority for environmental impact assessment, verifying compliance with the regulatory and technical provisions applicable to the process.\n\nBased on the foregoing, the Technical Report on the Initial Environmental Assessment of the project called Proyecto Bahía Papagayo, file number D1-0170-2021 SETENA, was submitted to SETENA’s Plenary Commission, and Resolution Nº 0591-2022-SETENA was issued at 10 hours 11 minutes on 06 April 2022, approving Environmental Viability. This resolution was issued 4 years ago and established the following important points:\n\n“(…) FOURTH: Whereas, in this administrative proceeding, the D1 Form was submitted together with the environmental assessment instrument, the Environmental Impact Study, in accordance with the Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment process (Manual de EIA, Part II). These were duly analyzed by the Environmental Assessment Department, which concluded that they comply with the terms of reference and technical requirements issued by this Secretariat. In view of the foregoing, and in accordance with the monitoring and follow-up powers established in Article 20 of the Organic Law of the Environment, which states: ‘The National Environmental Technical Secretariat shall establish instruments and means to monitor compliance with environmental impact assessment decisions. In cases of violation of their content, it may order the works to be halted. The interested party, the author of the study, and those who approve it shall be directly and jointly responsible for any damage caused.’ It has been analyzed and determined that these requirements are met; therefore, the proper course in this case is to approve the environmental impact assessment instrument, the Environmental Impact Study and environmental impact matrices submitted in Document D1, and to grant environmental viability.\n\nFIFTH: In accordance with Article No. 45.—Resolution and Granting of Environmental Viability (or License) of the Environmental Impact Assessment Regulations (D.E. No. 31849-2004-MINAE-MAG MOPT,MEIC,S and its amendments), this provides for: ‘The environmental commitments, guidelines, or directives that govern the granting of environmental viability (license) and are based on the entire EIA process, as well as a series of environmental conditions and monitoring and follow-up instruments, including the following elements: Development and implementation of Environmental Monitoring and Follow-up Instruments (ICOS), comprising three aspects: appointment of an environmental officer and implementation of an Environmental Logbook; likewise, an Environmental Guarantee Deposit, in accordance with the Organic Law of the Environment, the amount of which shall be set in this administrative act. These instruments must be submitted to SETENA in accordance with the Plenary Commission Agreement for ordinary session No. 098-2014-SETENA and Article No. 17 thereof, issued by means of agreement No. ACP-015-2014 of 26 August 2014, which provides: “Order developers of activities, works, or projects to submit the ICOS before commencing them, once Environmental Viability has been granted, and prohibit them from commencing until the ICOS have been duly enabled. If they begin without these instruments, the sanctions established in the regulations in force shall apply.”’\n\nSIXTH: Article 6 of the amendment to Article 45 of the General Regulations on EIA Procedures, Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, addresses the Fundamental Environmental Commitment Clause as follows: ‘This Environmental Viability (license) is granted on the understanding that the developer of the project, work, or activity will fully and properly comply with all technical, legal, and environmental regulations and standards in force in the country and those to be implemented before other authorities of the Costa Rican State. The developer’s failure to comply with this clause will not only make it subject to the sanctions applicable for noncompliance with those regulations, but, because this clause forms part of the fundamental basis on which the VLA rests, it will automatically invalidate that VLA, with the technical, administrative, and legal consequences this entails for the activity, work, or project and its developer, particularly with respect to the scope of application of Article 99 of the Organic Law of the Environment.’\n\nSEVENTH: At the time this resolution was issued, no party had appeared or opposed development of the project described.\n\nEIGHTH: In accordance with Article 22(3) of Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG MEIC, and after assessing the information in the administrative file and the environmental assessment instrument submitted, the Environmental Assessment Department, by technical report DEA-0322-2022-SETENA, recommends continuing the environmental impact assessment administrative process and issuing the administrative decision granting Environmental Viability (License), taking into account Article 20 of Law 7554.\n\nTHEREFORE, THE PLENARY COMMISSION RESOLVES:\n\nAt this Secretariat’s Ordinary Session Nº 026, held on 06 April 2022, under Article Nº 14, it agrees:\n\nFIRST: To approve the D1 Environmental Assessment Document, Environmental Impact Study, submitted for environmental assessment by the project designer.\n\nSECOND: To inform the interested party that, in accordance with Articles 17, 18, and 19 of the Organic Law of the Environment, the environmental assessment procedure for the project ‘Proyecto Bahía Papagayo,’ administrative file D1-0170-2021-SETENA, has been completed, as described below.\n\nProject name: Proyecto Bahía Papagayo\n\nLocation: Province: Guanacaste, Canton: Carrillo, District: Sardinal\n\nCoordinates: Latitude Longitude Coordinate details \n1 171 837,039 320 267,107 Mean coordinates of map 5 1186670-2007 \n1 171 094,961 319 694,582 Mean coordinates of map 5 1155787-2007 \n1 170 974,246 319 238,546 Mean coordinates of map 5 1155787-2007 \n1 170 744,866 318 464,714 Mean coordinates of map 5 1274126-2008 \n1 170 667,714 317 554,889 Mean coordinates of map 5 1155786-2007\n\nNumber of cadastral map: G-1155786-2007, G-1155787-2007, G-1186670-2007 and G-1274126-2008\n\nProperty number: PRN02, PRN03, PRN04 and PRN05\n\nProperty area according to map (m²): 204165,91; 124827,92; 436563,63; 309064,25\n\nProject area according to design (m²): 1,176,420.79\n\nCIIU classification and project category: 5510 = A\n\nSIA score: 117 …” (Emphasis added by us)\n\nMr. Nombre02 makes a series of assertions attributing legal effects to the approval of the Environmental Impact Study that do not belong to it, thereby causing confusion about the scope and nature of the environmental viability granted by the National Environmental Technical Secretariat. In particular, he maintains that Resolution N.º 0591-2022-SETENA, at 10:11 on 06 April 2022, “contains SETENA’s authorization to reduce the legally established protection areas for watercourses and confirms the removal of forest within the project’s state-owned area, thereby justifying a change in land use.” That assertion is legally incorrect because it rests on a mistaken interpretation of the purpose and effects of an environmental analysis, which is predictive and conditional in nature and does not constitute (and cannot constitute) direct authorization for forest interventions or changes to legally established protection areas.\n\nThe Bahía Papagayo Project underwent the environmental viability process considering all four properties expressly identified in the approval resolution. In that context, the geospatial analysis conducted by SETENA covers all those properties in order to assess comprehensively the environmental variables present in the project’s area of influence. However, this does not mean or imply that all those areas will be affected by construction works, since the project footprint is limited to a specific portion of the concessioned area. Indeed, it must be borne in mind that the total concessioned area is 42,01 hectares, while the project’s construction footprint will cover only approximately 7,62 hectares. This is determinative in understanding the actual scope of the environmental analysis and rejecting the claim that the territory covered by the concession will be affected across the board.\n\nGeospatial analysis is an ordinary technical tool used in the environmental assessment processes handled by SETENA for any activity, work, or project submitted to it. References to forest-cover maps in such analysis are intended to identify features present in the territory based on cartographic information. This reflects the tree-canopy cover observed from an aerial perspective, but it is neither equivalent to nor a substitute for the legal definition of “forest” established in Article 3 of Ley Forestal No. 7575. This point is central to correctly understanding the case. Whether forest exists within the meaning of Ley Forestal is not determined using vegetation-cover maps, but by technical field verification in accordance with the recognized methodology for that purpose, in particular that described in Fallas, Jorge (2019), Determinación de bosque acorde a la definición de la Ley Forestal 7575 de Costa Rica. Accordingly, a forest-cover map cannot be equated with a declaration that forest exists, since these are technically and legally distinct concepts. Confusion between the two is precisely the basis of the petitioner’s incorrect reasoning.\n\nResolution N.º 0591-2022-SETENA does not expressly or implicitly authorize reducing protection areas for rivers, streams, or wetlands, or removing forest or any forest material without the corresponding authorization from the State Forestry Authority. First, the effects attributed to that resolution by the petitioner do not follow from its contents; second, SETENA lacks legal authority to issue forestry permits, a function that belongs exclusively to the Ministry of Environment and Energy through SINAC. This is clearly shown by examining Recital Three of Resolution N.º 0591 2022-SETENA, which expressly advises the developer that it must obtain from the competent authorities any permits required for possible tree cutting or forest intervention, in accordance with the legislation in force, as detailed below:\n\n“…THE DEVELOPER IS HEREBY ADVISED THAT: If the project requires tree cutting, a permit must first be processed at the local subregional office of MINAE/SINAC (Art. 27 of Ley Forestal). The developer is also advised that Protection Areas must be respected (Arts. 33 and 34 of Ley Forestal), and that good practices must be included in project development to promote an optimal balance of natural resources and the sustainable use of the forest according to its management category. Any possibility of contaminating soil, streams, and drains with waste produced by the activity must be reduced, in compliance with the Comprehensive Waste Management Law, Law Nº 8839, and its Regulations, Decreto Ejecutivo Nº 37567-S-MINAET-H, entitled General Regulations to the Comprehensive Waste Management Law.” (Emphasis added by us)\n\nMr. Nombre02 maintains that Resolution N.º 1263-2021 SETENA, dated 6 January 2022—which predates the issuance of Resolution N.º 0591-2022-SETENA approving the Environmental Impact Study—“provides that the protection zones for bodies of water shall be 15 meters along the Rocha and Panamá estuaries, and 10 meters along both banks of the unnamed seasonal streams, as environmental mitigation measures, in contravention of Article 33(b) of Ley Forestal N.º 7575.” That assertion is legally incorrect because it rests on a mistaken interpretation of the scope and nature of Resolution N.º 1263-2021 SETENA, which is not a final or authorizing administrative act, but a procedural act issued during the Environmental Impact Assessment procedure.\n\nBy Resolution N.º 1263-2021-SETENA, the National Environmental Technical Secretariat merely required the developer to submit an annex in order to remedy, clarify, or expand technical and legal information on matters requiring further development before review of the Environmental Impact Study could continue. In this context, the petitioner improperly attributes to the Administration statements contained in the project designer’s technical documents; those statements are not decisions adopted by SETENA and do not form part of the operative content of the administrative act. For that very reason, SETENA, within the scope of its legal powers, requested technical clarifications and additions on matters requiring further development as part of the Environmental Impact Study review phase, without approving any specific measures or authorizing anything with respect to water-protection areas or possible forest interventions. The developer duly addressed and completed that procedural stage in accordance with law, allowing the definitive administrative act approving the project’s environmental viability to be issued later, after completion of the comprehensive technical and environmental analysis, by means of Resolution N.º 0591-2022-SETENA. Consequently, no administrative act issued by SETENA has established or approved setbacks or protection-area distances other than those expressly prescribed by the legislation in force. The petitioner’s assertion on this point therefore lacks support.\n\nTo clarify Mr. Nombre02’s assertion objectively, reference should be made to the text of Resolution N.º 1263-2021-SETENA, dated 6 January 2022, by which the project designer was formally asked to submit an annex. The relevant terms are reproduced and analyzed below:\n\n“FOURTH: Based on the analysis by the multidisciplinary team of the Environmental Assessment Department, the field inspection, the Environmental Impact Study submitted to this Secretariat, and the documentation in the administrative file, it has been determined that legal and technical matters must be remedied and clarified. Accordingly, to continue the Environmental Impact Assessment procedure, this Secretariat requests, on a single occasion, that the following legal and technical matters be remedied and clarified. Remedying these points is essential, pursuant to Article 29 of Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE S-MOPT-MAG-MEIC, in order to comply with the regulations: (…)\n\nDescription of the physical environment\n\n7. Page 10 of the EsIA states that earthworks (movimientos de tierra) will be undertaken (cutting, excavation, and importation) for only four lots, totaling 847.475m3. According to their locations, these lots lie in areas with some degree of environmental fragility: lot 1 is crossed by the Rocha estuary, lot 3 by the unnamed stream (1), lot 4 by the Panamá Estuary, and lot 5 by the unnamed stream (2). In light of the foregoing, special attention must be given to these areas near ecosystems that are highly fragile with respect to erosion and sedimentation events, such as mangroves. Therefore, the environmental measures to be applied to prevent, mitigate, and control sediment runoff from reaching the mangroves and surface water bodies must be specified.\n\n8. The following observations in section 7.5, Hydrology, are contradictory:\n\na. According to the hydrological study, the watercourses assessed flow directly into the sea (Panamá Bay), and the project will not increase maximum flows in a way that could affect settlements or works downstream. Therefore, no mitigation measures are required in this regard.\n\nb. It was determined that the Rocha Estuary and Dirección02 are at risk of overflowing during extreme precipitation, mainly because the culvert over Dirección03 is inefficient. It should be noted that this effect occurs only upstream of the culvert, for a distance of no more than 50 meters; the remainder has optimal flow conditions and presents no risk of overflow.\n\nc. In general, it is concluded that the assessed watercourses have the natural capacity to receive runoff from the project, that the risk of flooding due to overflow is low, and that it could be effectively mitigated without causing a major environmental impact.\n\nd. However, the necessary preventive measures must be taken for extraordinary weather events affecting the area in this way. Precipitation caused by extreme events must be considered in the designs for drains, downspouts, and other infrastructure in the river and stormwater systems. (…)\n\nBiological environment component:\n\n12. In the section on terrestrial environmental fragility, the document states that protection zones must be respected, both for the wetlands present in the Ap and for the rivers and streams present. However, it does not assess the fragility of these ecosystems in terms of their intrinsic capacity to recover naturally from any alteration or impact that cannot be reversed within a period of less than one year (caused by the project). In addition, it does not identify the relevant mitigation measures or environmental compensation the project will apply to balance or remedy this situation, especially in the coastal-wetland ecosystem, which is highly fragile in the face of project-related erosion, as established by Decreto No. 32966-MINAE.\n\n13. Section 7.5.1, Surface Waters, states: ‘the Rocha estuary crosses lot 1 and the Panamá estuary crosses lot 4. The project site design must include the protection zones prescribed by our legislation, for example (Ley Forestal, Organic Law of the Environment, Decreto No. 35803-MINAET, etc.).’ However, it does not assess the impact on these ecosystems (wetlands present in the AP). The impacts that the possible presence of sediment would cause to the coastal-estuarine ecosystem in the AP must therefore be identified and assessed, and the corresponding mitigation measures proposed. These must also be included in the PPGA table and the monitoring summary table, both of which must be updated. (…)\n\nTHEREFORE, THE PLENARY COMMISSION RESOLVES:\n\nAt this Secretariat’s Ordinary Session Nº 63, held on 18 August 2021, under Article Nº 14, it agrees:\n\nFIRST: In order to continue the Environmental Impact Assessment procedure, ENJOY HOTELS & RESORTS S.A.., corporate identification Nº 3-101-318205, developer of the project “Proyecto Bahía Papagayo,” is ordered to submit a single annex (one original and two copies) containing the requirements set out in FOURTH RECITAL of this Resolution. A period of 6 months is granted for this purpose.” (Emphasis added by us)\n\nAs shown by the documentary evidence incorporated into the administrative file, the matters for which the National Environmental Technical Secretariat required an annex containing additions and corrections do not include or support what Mr. Nombre02 stated. This is because Resolution N.º 1263-2021-SETENA expressly did no more than instruct the project designer to clarify and expand technical information concerning works and proposed environmental management measures near the protection areas for rivers, streams, and wetlands, as part of the ordinary Environmental Impact Assessment procedure. At no point, therefore, were setbacks shorter than those established by Ley Forestal authorized, nor was any decision issued changing or creating an exception to the legal protection regime for those bodies of water. Accordingly, the petitioner’s argument lacks legal support and is unfounded and must be rejected.\n\nAdditionally, Mr. Nombre02 continues to argue before the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) that Resolution N.º 0591-2022-SETENA, which approved the project’s Environmental Viability and Environmental Impact Study, concerns an area supposedly covered entirely by forest within the concessioned area. That assertion does not accord with the facts or the contents of the administrative act and is unsupported by technical or evidentiary material; it is used to support the filing of this amparo application. The claim that he is acting to defend a supposed “forest” stems from repeated conceptual confusion between SETENA’s geospatial analysis, based on vegetation-cover maps, and the strict legal definition of forest under the parameters established in Ley Forestal. As stated previously, vegetation cover observed in aerial cartography is not equivalent to the legal existence of forest. This distinction is determinative in correctly understanding the scope of the environmental viability granted. For a better understanding of this point, the relevant technical and legal explanation follows.\n\nIn Opinion C-194-94, the Procuraduría General de la República reiterated that the land acquired by ICT to carry out the Papagayo Project is in the public domain; the public purpose assigned to it is established in Law 6370, Articles 1° and 10. This status is reflected in the manner in which the land is exploited, which is inherent to public-domain assets. “The public domain is used on the basis of concessions.” (Opinion 10 of 21/08/2002, PGR. Emphasis added by us)\n\nThe publicly owned land transferred by the State, free of charge, to the Costa Rican Tourism Institute, in whose name it is registered in the Real Property Registry (property number PRN10, Guanacaste Province), is designated for the granting of concessions, consistent with the procedure under the Regulations to the Law on the Maritime-Terrestrial Zone (Art. 93) and the Regulations to Law 6758 (Opinions C-171-93, C-028-94, C-094-2000, C-2010-2002 PGR. Emphasis added by us).\n\nThe area covered by “Proyecto Bahía Papagayo,” approved by SETENA in relation to the Environmental Impact Study and its environmental viability, is that shown on cadastral maps G 1155786-2007, G-1155787-2007, G-1186670-2007 and G-1274126-2008, corresponding to Real Folio properties PRN02, PRN03, PRN04 and PRN05. It must be clear that the entire concessioned area will not be used as the construction footprint. Under the provisions of Decreto Ejecutivo No. 4572, in force since 24 July 1995, governing the Regulations for the “General Master Plan for the Papagayo Gulf Tourism Project,” section 5.1, Specific Guidelines for the Design and Construction of Tourism Projects, provides:\n\n“Surface occupancy ratio: A surface occupancy ratio not exceeding 30% (thirty percent) of the total area originally concessioned must be maintained, and the proposed tourism project designs must comply with it.” (Emphasis added by us)\n\nThe Procuraduría General de la República has emphasized in Opinion C210-2002 that, by law, the land use in that project is tourism, which takes precedence over any other type of use: “the use assigned by law to an area in the public domain may be changed only by legislative act, and the use of the area designated for the Papagayo Project is tourism.” (Opinions C-028-94 and C210-2002 PGR. Emphasis added by us.)\n\nBased on the foregoing and the documentary evidence in the administrative file, the administrative acts issued by the Ministry of Environment and Energy, both concerning environmental impact assessment and forestry, are duly supported, issued by competent authorities, and consistent with the applicable technical and legal rules governing environmental viability and forestry permits. Resolution N.º 0591-2022-SETENA, granting Environmental Viability to the Bahía Papagayo Project, does not declare that forest exists or authorize the cutting of any forest material. Its contents are limited to a comprehensive environmental analysis, which includes a georeferencing study of vegetation cover, a technical element distinct from and not equivalent to the legal determination of forest under Ley Forestal.\n\nThe possible presence of rivers, streams, brooks, or wetlands was also duly assessed during the environmental assessment process and does not prevent development of a tourism project, since the legal system provides for the application of setbacks, protection zones, and specific environmental measures in such cases, intended to prevent impacts and avoid harm to the surroundings. Moreover, it is established that, before filing this amparo application, Mr. Nombre02 knew that the project area for which the tree-cutting permit was requested, located exclusively within the authorized construction footprint, does not meet the requirements for classification as forest under Article 3 of Ley Forestal No. 7575. This is supported by various documentary and technical evidence, detailed below, which objectively substantiates the legality of the challenged administrative actions.\n\nThe documentary evidence supporting our position is as follows:\n\nNote SINAC-ACT-DR-782-2025 of 26 May 2025, issued by the Director of the Tempisque Conservation Area and addressed to Nombre02, responding to an inquiry about whether a Management Plan or tree-cutting permit was pending or had been approved for properties PRN06, property PRN01, PRN07, property PRN08, G-002999-2023, PRN09 with G-0052191-2022. In the case of property PRN01, owned by Enjoy Hoteles & Resorts S.A., Resolution ACT-OSRSCC-233-2021 of 12 October 2021 authorized cutting 35 trees. That permit expired but was not carried out.\n\nOn 19 January 2026, the legal representative of Desarrollo Bahía Papagayo formally applied to the Santa Cruz-Carrillo Subregional Office of the Tempisque Conservation Area for a permit to cut trees located in abandoned pasture areas on that property. A Forest Inventory was submitted.\n\nThe Field Report SINAC-ACT-OSRSCC 155-2026 of 5 February 2026, prepared by the Santa Cruz-Carrillo Subregional Office of the Tempisque Conservation Area to review the information provided by the developer regarding the Forest Inventory and tree-cutting permits, expressly states:\n\n“Desarrollo Bahía Papagayo BP.SA. (…) 2. Does the numbering reported in the inventory match that found in the field? YES. 4. Do the species reported in the inventory match those found in the field? YES. 6. Are any trees marked for cutting located in a protection area? NO. 7. Were any prohibited species marked for cutting? NO. 11. Can the area to be used effectively be considered non-forest? YES. 14. Do the identified mitigation measures correspond to the impacts mentioned in the technical document? YES. 15. (…) The trees are within the property identified in the application. The area where the trees are located does NOT meet the definition of forest in Ley Forestal 7575 or the definition of Forest in Decreto No.39952-MINAE. The trees requested for cutting are outside water-protection areas under Article 33 of Ley Forestal 7575. Following the field review, there is no technical restriction under the regulations in force on the harvesting of the trees.” (Emphasis added by us)\n\nBy note ACT-OSRSCC-216-2025 of 26 February 2025, the Santa Cruz-Carrillo Subregional Office of the Tempisque Conservation Area issued a field inspection report concerning an alleged forest clearing in the Playa Panamá sector, on property PRN01, map G-00552763-2023, Concession No. 5. It states, in relevant part:\n\n“…The cleared site begins at vertices 11, 12, and 13 and extends only as far as vertex 40, equivalent to approximately 7 ha. No clearing is observed in the protection zone of the existing watercourse. No trees have been felled; rather, multiple shoots approximately 8 to 10 cm in diameter at the base have been cleared…The predominant species are guácimo and mango…At the time of inspection, no persons were observed carrying out the activity described in the complaint; no one was present at the site.” (Emphasis added by us)\n\nThe foregoing was referred to the Environmental Auxiliary Prosecutor’s Office of Santa Cruz.\n\nBy resolution SINAC-ACT-OSRSCC-052-2026 of 9 April 2026, File TE-TE01-IF-00033-2026, the Santa Cruz-Carrillo Subregional Office of the Tempisque Conservation Area proceeded to authorize cutting the trees identified and approved in that act, including those in Field Report SINAC-ACT-OSRSCC 155-2026. It also takes into account the statement in Twelfth Recital that, according to the Forest Inventory, the intervention covers 7.62 hectares out of the 42,01 hectares of property PRN01, equivalent to 18.14%, and complies with the Surface Occupancy Ratio (COS) of 27.93%. It clarifies that the Forest Inventory contains all 3656 individuals inventoried, of which cutting is authorized for only 748 trees. This resolution was served on 9 April 2026 at 11:27 hours. No administrative appeals were filed, and it is therefore final, without exhaustion of the administrative process. It is important to clarify that the tree-cutting permit concerns trees that do not constitute forest.\n\nBy written submission dated 17 March 2025, Mr. Nombre02 requested a copy of the administrative file containing the forestry permits.\n\nThe evidence cited above objectively refutes the petitioner’s arguments supporting this amparo application, since no administrative act, whether issued by SETENA or SINAC, authorizes reducing the legally established setback distances for protection zones along rivers, streams, or wetlands, or authorizes the unlawful cutting of forest. This is so without prejudice to the fact that the areas affected do not, in any event, meet the legal definition of forest under Ley Forestal No. 7575, as duly established through technical reports and field inspections.\n\nIt must be clearly established that the lands comprising the Golfo de Papagayo Tourism Project are not administered by the Ministry of Environment and Energy as areas designated for the conservation of natural resources. Rather, they are State property subject to a special legal regime, whose purpose and use the legislature expressly defined as tourism, under the administration of the Costa Rican Tourism Institute, in accordance with the applicable regulations. Within that framework, the Ministry of Environment and Energy, through its competent bodies, grants environmental viability, forest permits, and other administrative authorizations on the basis of current technical regulations and environmental sustainability criteria. However, the exercise of those powers cannot and must not be detached from the statutory purpose that gave rise to the Golfo de Papagayo Tourism Center, or from the specific regime governing the use and exploitation of the State lands included there, whose exclusive purpose under the law is tourism development. The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has reiterated this understanding. In Voto N.º 2007-018483, issued at 18:00 on 19 December 2007, it expressly clarified the scope of the special legal regime governing the Golfo de Papagayo Tourism Project, establishing the framework within which State institutions must act in implementing, monitoring, and supervising that project—a standard that fully applies to the case under review.\n\n“VII.— EXCEPTIONAL OR SPECIAL ADMINISTRATIVE LEGAL REGIME OF THE GOLFO DE PAPAGAYO TOURISM PROJECT. SPECIFIC REGIME FOR THE USE OR EXPLOITATION OF PUBLIC-DOMAIN PROPERTY. The Golfo de Papagayo Tourism Project has been subject to a special administrative legal regime. Thus, Ley No. 6370 of 3 September 1979 declared the Bahía Culebra or Papagayo Tourism Project to be in the public interest. Article 1 of that law provides that the acquisition of real property, entire farms, portions, rights, or legitimate patrimonial interests is of public utility where, by reason of their location, they are necessary to carry out and implement the tourism project, which includes, within the coordinates that delimit it, the maritime zone of the Pacific coastline. The Costa Rican Tourism Institute was authorized to make voluntary acquisitions or acquisitions by expropriation (Articles 2 to 5). (Emphasis added by us)”\n\nIn conclusion, there is no forest in the area for which the tree-felling authorization issued by the Tempisque Conservation Area was granted; that authorization is confined exclusively to the portion of the concession area corresponding to the project’s construction footprint, as established by the field inspection conducted by the Santa Cruz-Carrillo Subregional Office. It has likewise been fully demonstrated that the National Environmental Technical Secretariat did not issue, directly or indirectly, any authorization to fell trees through the environmental viability it granted. These are clearly distinct administrative acts, issued by different authorities exercising legally separate powers: on the one hand, environmental viability and, on the other, the forest tree-felling permit. The authorization to fell trees was issued by the State Forestry Authority in strict compliance with the legal and technical provisions in Ley Forestal N.º 7575, Resolution N.º 648-98-MINAE, which regulates the requirements for granting forest permits, and Decreto Ejecutivo N.º 38843-MINAE, which establishes specific conditions for timber use, felling, or removal of trees in public or private infrastructure projects declared to be in the national interest. Environmental viability, in turn, was granted by SETENA on the basis of Decreto Ejecutivo N.º 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, Decreto Ejecutivo N.º 32734 of 9 August 2005, and Decreto Ejecutivo N.º 37803-MINAE-S MOPT-MAG-MEIC, forming a clear and distinct regulatory framework for each type of authorization.\n\nOn the basis of the foregoing, the granting of administrative permits to fell trees, duly regulated and subject to the body of law, does not violate any constitutional provision, breach environmental principles, or conflict with criteria of the Procuraduría General de la República or constitutional case law. On the contrary, those acts are a concrete application of the principle of sustainable development within the framework of a project of national interest. Likewise, the granting of environmental viability reflects the practical application of Article 50 of the Political Constitution, insofar as it harmonizes economic development with environmental protection. It must be borne in mind that the Golfo de Papagayo Tourism Project is being developed under a special legal regime governing the use of State lands under concession, with a single, specific statutory purpose directed toward tourism development. This does not mean that those lands are subject to the State’s natural heritage regime or constitute protected wild areas. Nor is this a land-use change or the granting of use permits; rather, these are valid administrative acts issued by the Forestry Authority and the Environmental Assessment Authority in accordance with their respective statutory powers. The purpose and use of the lands comprising the Papagayo Tourism Center remain as expressly provided in its enabling law, namely tourism use, which prevails over any other use. A forest permit granted on the terms analyzed does not entail any change in land use. Accordingly, the Ministry of Environment and Energy has not violated any legal regulation and has acted in accordance with criteria established by the Procuraduría General de la República in repeated opinions on the subject.\n\nThe concessionaire of the Golfo de Papagayo Tourism Project holds an administrative real right of private, exclusive, and exclusionary use, of a patrimonial nature, over public-domain property. The fact that it must obtain the corresponding administrative permits to carry out works authorized under the concession contract does not violate the body of law, nor do the administrative acts issued by MINAE in the exercise of its powers. The actions necessary to carry out the project, such as earthworks (movimientos de tierra) within the approved construction footprint, tree felling, removal of vegetation cover (cobertura vegetal), and transport of materials, are ordinary parts of carrying out a duly authorized civil works project. The applicable environmental regulations expressly allow removal of vegetation cover from up to 30% of the concession area, while ensuring conservation of the remaining 70%, which demonstrates a significant protective regime. It must be reiterated that vegetation cover is not legally equivalent to forest; this distinction is essential to the case under review. In the Bahía Papagayo Project, the construction footprint accounts for 27,93 % of the concession area, a percentage below the maximum permitted limit. In addition, the authorized felling of 748 trees, out of a total of 3.656 inventoried specimens, within an area of 7,62 hectares out of a total of 42,01 hectares on the parent property PRN01, represents approximately 20,45 % of all inventoried trees. This demonstrates limited and technically controlled forest use, supplemented by replacement and environmental compensation measures involving native species. The forest inventory covers only 18,14 % of the property, fully complying with the surface occupancy coefficient (COS) of 27,93 % approved by the ICT, thereby confirming the project’s technical and legal sustainability.\n\nThe most abundant species are: Guácimo (Guazuma ulmifolia), with 469 specimens (62,7%). Laurel (Cordia alliodora), with 77 specimens (10,3%). Jobo (Spondias mombin), with 29 specimens (3,88%). Guanacaste (Enterolobium cyclocarpum), with 27 specimens (3,61%). Guarumo (Cecropia peltata), with 23 specimens (3,07%). These five species account for 83,55 % of all specimens for which authorization to fell was requested. This confirms that the authorized forest use is concentrated in a limited number of common species, without affecting significant diversity or ecosystems of particular sensitivity, as established by the forest inventory and the respective field inspections.\n\nOn another point, Mr. Nombre02 maintains that, by a resolution of the Constitutional Chamber issued at 15:46 on 13 November 2025, the constitutional action No. 25-033926-0007-CO was admitted for processing. That action was filed against specific provisions forming part of the regulatory framework of the Golfo de Papagayo Tourism Project. This is true as to the admission of the action, but it does not produce the legal effects the applicant seeks to attribute to it. In this regard, the record shows that, in Constitutional Case File No. 25-033926-7-CO, relating to the constitutional action brought by Mr. Nombre08, the Ministry of Environment and Energy appeared in due course and responded to the notice issued by the Constitutional Chamber on 28 November 2025 at 11:06, fully exercising its institutional right of defense. In the notice by which the Constitutional Chamber admitted the constitutional action for processing, contained in the resolution issued at fifteen hours and forty-six minutes on thirteen November two thousand twenty-five, the Constitutional Court set out in general terms the legal effects of admitting the action, as well as the rules applicable to the suspension of acts and regulations. Those rules are determinative for the analysis of this application and are set out below.\n\n“Legal effects of filing the action: The publication provided for in Article 81 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional is intended to notify the courts and bodies that exhaust the administrative process that the constitutional challenge has been filed, so that in proceedings in which the application of the law, decree, provision, agreement, or resolution is disputed, no final ruling is issued while the Chamber has yet to decide the case. Several rules follow from this legal provision. The first, and perhaps the most important, is that filing a constitutional action does not generally suspend the effectiveness or applicability of the regulations. The second is that only acts applying the challenged regulations are suspended when issued by judicial authorities in proceedings brought before them, or by administrative authorities in proceedings aimed at exhausting the administrative process; the regulations’ validity and general application are not suspended. The third rule is that the Chamber may calibrate the scope of the action’s suspensive effect. The fourth is that, in principle, the filing has no suspensive effect in cases of direct actions, as is the case here (see Voto N° 537-91 of the Constitutional Court). The fifth rule is that when an unconstitutional omission is alleged, no suspension may be ordered; in other words, neither preventing the omitted conduct from taking place nor requiring that conduct to take place is appropriate, since the latter would amount to deciding the constitutional action on an interlocutory basis. That is, suspension of the application of challenged regulations in administrative proceedings applies only in cases where there is a proceeding to exhaust the administrative process, which presupposes that an individual has filed an appeal to a higher authority or a motion for reconsideration against the final act. Where there is no dispute regarding the application of the regulation, its effectiveness and applicability may not be suspended. In other words, in all matters where there is no proceeding to exhaust the administrative process, as described above, the regulation must continue to be applied, regardless of whether it benefits the person subject to adjudication—as a favorable administrative act—or prejudices that person—as an unfavorable, unchallenged act. Within fifteen days following the first publication of the aforementioned notice, any persons who are parties to matters pending on the date this action was filed, in which the application of the challenged provisions is disputed, or persons with a legitimate interest, may appear in order to support or oppose the action, or, where applicable, to expand the grounds of unconstitutionality in relation to the matter of interest to them. It is further notified that, pursuant to Articles 81 and 82 of the Ley de Jurisdicción Constitucional, and as the Chamber has repeatedly ruled (resolutions 0536-91, 0537-91, 0554-91, and 0881-91), this publication does not suspend the general validity of the regulation, but only its application in the cases and under the conditions indicated.”\n\nOn the basis of the foregoing, the Constitutional Chamber is hereby informed that the environmental viability was approved, is final, and has not exhausted the administrative process, pursuant to Resolution Nº 0591-2022-SETENA issued at 10 hours 11 minutes on 06 April 2022. Likewise, the administrative act SINAC-ACT-OSRSCC-052-2026 of 9 April 2026, Case File TE-TE01-IF-00033-2026, by which the Santa Cruz-Carrillo Subregional Office of the Tempisque Conservation Area proceeds to authorize the permit to fell trees in a non-forest area, is final and has not exhausted the administrative process (…)”.\n\n6.- By a submission added to the digital case file at 11:20 hours on 25 June 2026, Nelson Marín Mora, in his capacity as regional director of the Tempisque Conservation Area of the National System of Conservation Areas, reports under oath in the same terms as those reported by the acting Minister of Environment and Energy.\n\n7.- By a submission added to the digital case file at 15:17 hours on 25 June 2026, Juan Marcos Vargas Borges, in his capacity as executive president of the Costa Rican Tourism Institute, states:\n\n“REQUEST TO JOIN AS A SUPPORTING PARTY\n\nI request that the Institution be admitted as a supporting party, principally for the following reasons:\n\nThe lands located in the Golfo Papagayo Tourist Pole belong to the State and are administered by the ICT under the Law on the Maritime-Terrestrial Zone, No. 6043 of 02 March 1977, and the Law Declaring the Golfo Papagayo Tourism Project to Be of Public Utility, Ley 6370 of 20 August 1979. In other words, by legislative decision they are public-domain assets that are not subject to private ownership, are inalienable, and are not subject to acquisitive prescription.\n\nBefore the enactment of the cited laws, Law No. 5847 of 18 November 1975 approved the loan agreement between the Costa Rican Tourism Institute and the Central American Bank for Economic Integration, for the purpose of financing a technical and economic feasibility study and preparing a master plan for the Bahía de Culebra Tourism Project. Article 3 of that law provided that the Project arising from the feasibility study would be carried out by the Costa Rican State, in accordance with the law to be enacted for that purpose.\n\nFollowing enactment of the cited legislation, the ICT, in collaboration with the relevant authorities, including the State Notary’s Office, MOPT, and the Office of the Comptroller General of the Republic, carried out expropriation procedures to incorporate privately owned properties and compensate certain possessors. The PTGP was thereby made up of the following areas (second paragraph of Article 2(i) of the regulations to Ley 6758, the Law Regulating the Development and Implementation of the PTGP):\n\n‘(…) That territorial portion comprises areas acquired by the ICT for development of the project, including the inalienable public-zone area of fifty meters, the restricted-zone area of one hundred and fifty meters, and the continental zone, meaning the area located inland, beyond the two hundred meters of the maritime-terrestrial zone of the Pacific coastline. The Golfo Papagayo Tourism Project extends from Punta Cabuyal in the north to one kilometer south of Punta Ballena. The coordinates set out in Ley 6370 prevail, and the Project also covers the area permanently covered by the sea within those coordinates, designated for the construction, administration, and operation of marinas and tourist moorings within the Golfo Papagayo Tourism Project, in accordance with the Law on the Concession and Operation of Marinas and Tourist Moorings, Law No. 7744 of 19 December 1997, as amended, published in the Official Gazette La Gaceta No. 26 of 6 February 1998.’\n\nIt should be clarified that not all areas within the coordinates in Ley 6370 form part of the sectors administered exclusively by the ICT, since not all of them were expropriated. However, the various expropriation files show that most of the lots were described as ‘pastureland,’ ‘agriculture,’ or ‘scrubland.’ For example, in the expropriation of the area now within what is known as lot 1 (survey plan G-52763-2023, concession right registered under number 2168-Z-000, the land where the challenged tree-felling permit was issued), now a concession right in the name of DESARROLLO BAHÍA PAPAGAYO BP S.A., the acquisition was made by expropriation from Mr. Nombre05, based on survey plan G 0643968-1986, whose land use was described as ‘PASTURELAND WITH VARIETY OF GRASSES.’ It is currently registered in the National Registry under registration CED02 in the ICT’s name. Note that even the boundaries still refer to the ‘maritime mile.’\n\nOn 09 February 2005, Decree 33132-MP-T, entitled ‘Declares the Development and Implementation of the Golfo de Papagayo Tourism Project to Be of National Interest,’ provided:\n\n‘Article 1.—The development and implementation of the Golfo de Papagayo Tourism Project, administered by the Costa Rican Tourism Institute and located in the cantons of Liberia and Carrillo in the Province of Guanacaste, are declared to be of national interest. Article 2.—For the optimal development of this Project, all Government departments, ministries, and public institutions are urged to provide it with all assistance and cooperation, within their material capacities and respective areas of competence.’\n\nAccordingly, the Golfo de Papagayo Tourist Pole is a paradigmatic case in Costa Rican administrative law, having become a strategic national project developed under an exceptional legal regime. This special arrangement, granted by the legal system, is justified not only on grounds of economic convenience, but also by planning, sustainability, and State oversight considerations. Its creation and implementation are based on a series of legislative and administrative acts that together establish a distinct regulatory framework in relation to the ordinary regime of the Maritime-Terrestrial Zone (ZMT), governed by Law No. 6043.\n\nFrom the standpoint of substantive legal analysis, the Golfo Papagayo Project’s regime establishes a reasoned and proportionate exception within Costa Rica’s constitutional framework. It does not nullify the ordinary rules, but adjusts them for a specific case, ensuring greater State intervention, technical oversight, and environmental protection. It exemplifies how a special regime can coexist with ordinary law, provided it has a legal basis and a legitimate purpose, and includes oversight mechanisms that ensure compliance with the public interest.\n\nAs for legal certainty, the project has a robust, systematized body of rules comprising laws, regulations, decrees, and administrative acts that form a coherent legal structure for its development. This legal structure gives the State and potential investors certainty about the rights, duties, and conditions for participating in the project. At the same time, it safeguards the State’s natural heritage and the principles of sustainability, planning, and legality.\n\nThe exceptional nature of the Golfo Papagayo tourism project has been affirmed in various opinions of the Procuraduría General de la República (for example, C-171-93 and C-028-94). Those opinions reaffirm that the ICT has exclusive authority to administer and oversee the zone and grant concessions, without prejudice to residual municipal authority, such as issuing construction permits, once projects have been approved in advance by the ICT, and subject, of course, to all environmental permits required for tourism projects to be carried out.\n\nFor these reasons, MINAE and SINAC limited their actions to exercising their specific environmental powers: SETENA granted environmental viability without authorizing tree felling, and SINAC, based on a field inspection that determined the intervened area is not forest under Article 3 of the Ley Forestal, issued tree-felling permit ACT-OSRSCC 052-2026, authorizing only 748 of the 3.656 trees inventoried.\n\nTherefore, this request to join as a supporting party is based essentially on two grounds. First, the outcome of these proceedings could directly affect the contractual commitments of the concessionaire DESARROLLO BAHÍA PAPAGAYO BP S.A. to carry out a tourism project on the land known as lot 1 (survey plan G-52763-2023, concession right registered under number 2168-Z-000), where SINAC issued the challenged tree-felling permit. Second, by law the ICT has exclusive authority to administer the Golfo de Papagayo Tourism Project, under a special legal regime created by Laws No. 5847, 6043, and 6758, and affirmed by the Procuraduría and by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) itself in Voto No. 2007-018483. That ruling establishes that land use in the area is tourism and takes precedence over any other use. Accordingly, the concessioned lands are not administered by MINAE, are not State Natural Heritage (PNE), are not forest, and are not protected wild areas; rather, they are public-domain assets designated for tourism and administered by the ICT, not by SINAC or MINAE.\n\nAccordingly, this Institute adopts MINAE’s submissions that there is no constitutional violation or imminent environmental harm; that the tree-felling permit was issued by the institutions with authority to do so; and that the ICT’s functions are limited to administration, which does not authorize it to issue any environmental permits. In any event, the matters alleged here do not fall within the constitutional avenue but should be referred to the ordinary legal avenue. I therefore request that jurisdiction over these proceedings be declared to lie with the Administrative Litigation Court and not the Constitutional Chamber.\n\nInformation is provided concerning repeal of provisions challenged in constitutional challenge file No. 25-024408-0007-CO\n\nThe claimant explains that, in the other constitutional challenge, the request was to declare unconstitutional Articles 12 and 17 ter, as well as points VIII (Requirements for Density and Coverage Compensation in Concessions) and X (Procedure for Requesting a Term Adjustment) of the Sole Annex, entitled ‘Procedures and Requirements under the Concession Regime of the Golfo Papagayo Tourism Project,’ all of which form part of the regulations to the Law for the Development and Implementation of the Golfo de Papagayo Tourism Project, Executive Decree No. 25439-MP-TUR of 27 August 1996, as amended by Executive Decree No. 44448 MP-TUR of 17 January 2024. (Constitutional file No. 25-024408-0007-CO). The purpose is to prevent felling within forests that are also PNE. The claimant considers that, procedurally and on the merits, those provisions would allow clear-cutting at sites with forests on public-domain land because those lands are STATE NATURAL HERITAGE. But, according to the claimant, those hypotheses ceased to be hypothetical and have now been realized in an administrative act that makes felling viable.\n\nIn response to the claimant’s statements, it should be reported that, in connection with constitutional challenge file No. 25-024408-0007-CO, I hereby bring to the attention of this honorable Chamber the publication of Executive Decree No. 45823-MP, entitled ‘Amendment of the first paragraph of Article 12 and Article 17 ter and repeal of point VIII of the sole annex to the Regulations to the Law for the Development and Implementation of the Golfo de Papagayo Tourism Project, Executive Decree No. 25439-MP-TUR of 27 August 1996 and its amendments,’ published in Supplement No. 76 to La Gaceta No. 110 of 16 June 2026. A copy of the cited Supplement 76 is attached. The decree amends the first paragraph of Article 12 and Article 17 ter of those regulations to remove references to density and coverage compensation, leaving the remainder of their text unchanged; it also repeals point VIII of the sole annex, entitled ‘Requirements for Density and Coverage Compensation in Concessions.’ Under Article 3, the decree takes effect upon publication in the Official Gazette La Gaceta, and therefore constitutes a regulatory amendment relevant to resolving constitutional challenge file No. 25-024408-0007-CO; that regulation is now in force.\n\nIn light of the foregoing, I respectfully request that this new fact be accepted into the record and that the matter be resolved as required by law, taking into account the regulations currently in force.\n\nIn addition, certain clarifications directly related to the claimant’s statements must be made:\n\n1) The tourism project known as the Golfo Papagayo Tourist Pole includes public-domain areas administered by the ICT and is therefore not PNE land administered by SINAC.\n\n2) Clear-cutting is legally impossible in the tourism project known as the Golfo Papagayo Tourist Pole because the same planning instrument, known as the ‘General Master Plan for the Golfo de Papagayo Tourism Project,’ technical regulation number 4572 of 10 July 1995, as amended, issued by the ICT Board of Directors at its regular meeting No. 4572, Article 2, subsection VIII, held on 10 July 1995 and published in the Official Gazette La Gaceta No. 140 of 24 July 1995, provides in Article 5.1(j) that concessions in the Golfo de Papagayo Tourism Project must maintain a surface occupancy ratio of no more than 30% (thirty percent) of the total area originally concessioned. The designs of proposed tourism projects must conform to that limit, with the aim of minimizing intervention in the area. This parameter is one of the central elements of the PTGP’s distinctive philosophy, which seeks to attract investment in high-quality tourism projects in harmony with the natural environment and its ecosystem protection. In other words, 70% of the concessioned land must remain free of any development, and 30% may be developed provided the necessary permits are obtained.\n\n3) As the claimant reports, the cited provision of the Master Plan, among others, is challenged in constitutional challenge file No. 25-33926-0007-CO. The challenge alleges that maintaining the 30 percent surface occupancy ratio uses numerical parameters far removed from maintaining healthy and balanced life cycles in forest ecosystems at PNE sites, and that this has begun to materialize in authorized felling. In response to the claimant’s statements, the ICT stated in its submission responding to constitutional challenge file No. 25 33926-0007-CO:\n\n‘Any comparison of the scale of development permitted by the Master Plan with that permitted by any Regulatory Plan will show that the technical rules governing PTGP development are even more restrictive than those applicable to the rest of the ZMT administered by the municipalities and under the Construction Regulations of the INVU. By way of example, under the PTGP Master Plan regulations, coverage (or the surface occupancy ratio) must be no more than 30%, as provided in Article 5(j), whereas in the Playa Hermosa area, coverage of 70% (that is, 30% green areas) is permitted in low-density areas and coverage of 80% (that is, 20% green areas) in high-density areas, under Article 4 of the regulations to the Playa Hermosa-El Coco-Bahía Azul Comprehensive Plan. The latter is consistent with the INVU Construction Regulations, which provide that coverage may not exceed 75% of the property area (…)’\n\n4) The claimant states that the tree-felling permit will eliminate PNE, whereas the correct position is that, through a series of constitutional challenges, amparo proceedings, and ordinary-court actions, the claimant seeks to eliminate the Golfo Papagayo Tourist Pole, which could only be done by legislative act because those properties have a legally specific designated purpose. It should also be considered that the tree-felling permit is dated 09/04/2026 (SINAC OSRSCC-052-2026), whereas the ruling on the precautionary measures established in file 25-24408-0007-CO came later: on 17/04/2026, in a file in which MINAE-SINAC are also not parties.\n\nREQUEST FOR RELIEF\n\nOn the basis of Article 34 of the Law on Constitutional Jurisdiction, Article 107 of the Code of Civil Procedure, and Article 13 of the CPCA, I request that the Institution I represent be admitted as a supporting party. This is because the outcome of these proceedings could directly affect the contractual commitments of the concessionaire DESARROLLO BAHÍA PAPAGAYO BP S.A. to carry out a tourism project on the land known as lot 1 (survey plan G-52763-2023, concession right registered under number PRN04), where SINAC issued the challenged tree-felling permit, and because the ICT is the administering body for the tourism project of national interest known as the Golfo Papagayo Tourist Pole.\n\nIn addition, I request that the amparo application be dismissed in its entirety, because the challenge to the legality of the acts issued by MINAE and SINAC must be heard through the ordinary legality process, not in constitutional proceedings. I therefore request that jurisdiction over these proceedings be declared to lie with the Administrative Litigation Court and not the Constitutional Chamber. Consequently, the ICT should be exempted from payment of the costs of these proceedings.”\n\n8.- The legal requirements have been observed in these proceedings.\n\nDrafted by Justice Araya García; and,\n\nReasons:\n\nI.- In the case at hand, the claimant files an amparo application alleging a violation of Article 50 of the Constitution. The claimant argues that the concession granted to Enjoy Hotels & Resorts S. A., on the basis of the public tender “Concession for Tourism Development of Unallocated Areas of the Papagayo Tourist Pole,” violates environmental law. In that regard, the claimant contends that forest-law protection zones are being disregarded, that an area with 98% forest cover is being affected, and that the land use of the State’s natural heritage is being changed.\n\nThis Chamber is processing constitutional challenge No. 25-033926-0007-CO, which challenges: 1) Article 74 of the Maritime-Terrestrial Zone Law, Law No. 6043 of 02/03/77; 2) Article 93 of the regulations to the Maritime-Terrestrial Zone Law, Executive Decree No. 7841-P of 16/11/77, which are the regulations to Law No. 6043 and implement Article 74 of that law; 3) Article 1, final paragraph, of Law No. 6370, entitled Law Declaring the Golfo Papagayo Tourism Project to Be of Public Utility, of 20/08/79; 4) Articles 2 and 12 of Law No. 6758 of 04/06/1982, which regulates implementation of the Papagayo Tourism Project; 5) Articles 1 and 2 of Executive Decree No. 33132-MP T of 9 February 2005, published in La Gaceta No. 97 of 22 May 2006, declaring the development and implementation of the Golfo de Papagayo Tourism Project to be of national interest; and 6) Article 5.1(i) and (j) of Regulation No. 4572 of 10/07/1995 of the Costa Rican Tourism Institute, entitled “General Master Plan for the Golfo de Papagayo Tourism Project.”\n\nGiven the link between the claimant’s requests and the provisions challenged in the cited constitutional challenge, these proceedings must be suspended in accordance with Article 48 of the Law on Constitutional Jurisdiction (see, in the same vein, judgment number 2026-028826 of 9:25 hours on 30 July 2026).\n\nAs to the claimant’s request for an interim measure, it should be noted that, by a ruling issued at 14:52 hours on 20 May 2026 in constitutional challenge No. 25-033926-0007-CO, the following was ordered:\n\n“By way of a second request, the claimant sought an interim measure:\n\n‘The felling permit may be carried out at any time in the coming hours, and for that reason it is urgent that this Chamber order the relevant reports and even issue an urgent interim measure suspending the permit in question.’ As to this request, it should be emphasized that by a ruling issued at 13:00 hours on 17 April 2026—that is, before the claimant’s application—the justice Cruz Castro, as the justice instructing file No. 25-024408-0007-CO, ordered an interim measure as follows:\n\n‘A) A total moratorium is declared on the granting of tree-felling permits in the Golfo de Papagayo Tourist Pole in the context of development of a hotel project. B) The granting of construction authorizations and density modifications in the Golfo de Papagayo Tourist Pole is suspended. C) The issuance of administrative acts, particularly those issued by MINAE, SETENA, and ICT under the provisions challenged in this action, is suspended.’”\n\nIn doing so, that instructing justice specifically assessed the possibility of carrying out the felling of approximately seven hundred trees in the Golfo Papagayo Tourist Pole, as well as the constitutional precautionary and pro natura principles. That ruling expressly ordered a moratorium on the tree felling reported by the claimant.\n\nBy a ruling of 5 May 2026, the instructing justice adjusted the terms of the ruling but maintained, insofar as relevant here, the interim measure set out in point A). The ruling states:\n\n“Given that the ruling ordering interim measures in this action was issued in the context of applying the challenged provisions concerning density compensation, the acts suspended were suspended precisely because they resulted from the application of the challenged provisions. Accordingly:\n\n1. With respect to interim measure B) in the ruling issued at 13:00 hours on 17 April 2026, IT IS CLARIFIED that the suspension of the granting of construction authorizations and density modifications in the Golfo de Papagayo Tourist Pole covers only cases in which the density and coverage compensation mechanism provided for in the challenged Executive Decree has been applied or is proposed to be applied.\n\n2. In all other respects, the ruling contains no ambiguity or omission warranting clarification or addition.”\n\nThat is, by order of the justice instructing file No. 25-024408-0007-CO, there is already a total moratorium on the granting of tree-felling permits in the Golfo de Papagayo Tourist Pole in the context of developing a hotel project. Accordingly, the claimant’s request has been addressed by that interim measure.\n\nIn that case, to avoid contradictory rulings, the proper course is to abide by the interim measure ordered in that file, which imposed a total moratorium on tree felling in the Golfo Papagayo Tourist Pole in the context of developing a hotel project. Any submission concerning that measure must therefore be made in that file.”\n\nFor the same reason, no additional interim measure may be ordered at this stage of the proceedings.\n\nII.- Documents submitted to the case file. The parties are advised that if they have submitted any paper document, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, they must collect them from the Court within a maximum period of 30 business days from notification of this judgment. Otherwise, all such material not collected within that period will be destroyed, as provided in the “Regulations on Electronic Case Files before the Judiciary,” approved by the Full Court at session No. 27-11 on 22 August 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin No. 19 on 26 January 2012, as well as under the resolution approved by the Higher Council of the Judiciary at session No. 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe proceedings in this amparo application are suspended until the constitutional challenge being processed under file number 25-033926-0007-CO has been resolved.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\nDOTQDCXDZGM61\n\nFILE No. 26-013350-0007-CO\n\nTelephone: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01)." }