{ "id": "nexus-sen-1-0007-1421987", "citation": "Res. 32164-2026 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Poda municipal ejecutada durante el amparo", "title_en": "Municipal tree pruning completed during amparo", "summary_es": "La Sala Constitucional conoció un amparo contra la Municipalidad de Curridabat por la demora en atender una gestión sobre árboles y vegetación que, según la persona recurrente, afectaban una propiedad colindante, la acera, la visibilidad y la seguridad. La Municipalidad inspeccionó siete árboles, recomendó podar ramas y arbustos y trasladó las labores para su programación. Aunque comunicó el cierre formal del trámite el 29 de julio de 2026, la intervención material seguía pendiente cuando se interpuso el amparo y cuando se notificó su curso a la Municipalidad el 3 de agosto. La poda se realizó el 5 de agosto, durante el proceso constitucional. Por ello, la mayoría declaró con lugar el recurso conforme al artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Dos magistradas y un magistrado discreparon parcialmente sobre esa condenatoria: propusieron imponerla en distintos alcances. El magistrado Castillo Víquez dejó una nota sobre la competencia para conocer reclamos de justicia pronta y cumplida en sede administrativa.", "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) considered an amparo proceeding against the Municipality of Curridabat over delays in addressing a request concerning trees and vegetation that, according to the applicant, affected an adjoining property, the sidewalk, visibility, and safety. The Municipality inspected seven trees, recommended pruning branches and shrubs, and referred the work for scheduling. Although it formally notified the applicant that the administrative file was closed on 29 July 2026, the physical intervention remained pending when the amparo was filed and when the Municipality was notified that the proceeding had been admitted on 3 August. The pruning was carried out on 5 August, while the constitutional proceeding was underway. The majority therefore granted the amparo under Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Act, without a special award of costs, damages, or losses. Two justices and one judge partially dissented on that award and proposed imposing it to different extents. Justice Castillo Víquez added a note on which jurisdiction should hear claims concerning the right to prompt and effective administrative justice.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "20/08/2026", "year": "2026", "topic_ids": [], "primary_topic_id": null, "es_concept_hints": [ "recurso de amparo", "Sala Constitucional", "artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional", "dilación indebida", "poda", "Departamento de Protección del Medio Ambiente", "costas, daños y perjuicios", "voto salvado" ], "article_citations": [], "keywords_es": [ "recurso de amparo", "amparo ambiental", "Municipalidad de Curridabat", "poda de árboles", "vegetación urbana", "acera y espacio público", "seguridad peatonal", "dilación administrativa", "artículo 52 Ley de la Jurisdicción Constitucional", "costas, daños y perjuicios" ], "keywords_en": [ "amparo proceeding", "environmental amparo", "Municipality of Curridabat", "tree pruning", "urban vegetation", "sidewalk and public space", "pedestrian safety", "administrative delay", "Article 52 Constitutional Jurisdiction Act", "costs, damages, and losses" ], "excerpt_es": "La secuencia temporal resulta suficientemente clara. Al momento de interponerse el recurso, las labores materiales reclamadas no habían sido ejecutadas. Al darse curso al amparo, la situación tampoco había sido corregida. La Municipalidad fue notificada de este proceso el 03 de agosto de 2026 y fue hasta el 05 de agosto siguiente cuando procedió a efectuar la intervención requerida. Así, aun cuando con anterioridad se había practicado la inspección, emitido el criterio técnico y comunicado formalmente la finalización del trámite administrativo, la conducta material que constituía parte sustancial del objeto del recurso fue subsanada durante la tramitación del amparo y con posterioridad a la notificación de la resolución de curso.\n\nEn tales circunstancias resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, conforme al cual, cuando estando en curso el amparo cesa la actuación impugnada, procede declarar con lugar el recurso para los efectos previstos por el ordenamiento.", "excerpt_en": "The sequence of events is sufficiently clear. When the amparo was filed, the requested physical work had not been carried out. When the amparo proceeding was admitted, the situation had still not been corrected. The Municipality was notified of this proceeding on 03 August 2026, and it was not until 05 August that it carried out the required intervention. Thus, although an inspection had previously been conducted, a technical opinion issued, and the administrative file formally declared closed, the physical conduct that formed a substantial part of the amparo claim was remedied while the amparo was underway and after notice of the order admitting it.\n\nIn these circumstances, Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Act applies: when the challenged conduct ceases while an amparo is underway, the application is to be granted for the effects provided by the legal system.", "outcome": { "label_en": "Granted", "label_es": "Con lugar", "summary_en": "The majority granted the amparo because the Municipality carried out the physical tree intervention after being notified of the proceeding, but made no special award of costs, damages, or losses; there were partial dissents on that decision.", "summary_es": "La mayoría declaró con lugar el amparo porque la Municipalidad ejecutó la intervención material de los árboles después de ser notificada del proceso, pero no impuso especial condenatoria en costas, daños y perjuicios; hubo votos salvados parciales sobre esa decisión." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando IV", "quote_en": "Constitutional protection cannot be limited to determining whether the Administration issued a formal response to the applicant when the claim also concerns physical action that the technical authority itself had recognized as necessary.", "quote_es": "La tutela constitucional no puede agotarse en determinar si la Administración emitió una respuesta formal a la persona gestionante cuando el reclamo comprende, además, una conducta material cuya ejecución había sido reconocida como necesaria por la propia autoridad técnica." }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "An administrative response that recommends an intervention but leaves its implementation pending does not fully satisfy the claim when the complaint concerns the failure to act in response to the reported situation.", "quote_es": "Una respuesta administrativa que recomienda determinada intervención pero deja pendiente su ejecución no permite tener por completamente satisfecha la pretensión cuando precisamente se reclama la falta de actuación frente a la situación denunciada." }, { "context": "Considerando V", "quote_en": "In any event, the affected party in this case retains the option, if it so chooses, of bringing proceedings on the merits to demonstrate that it suffered some form of harm.", "quote_es": "En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1421987", "tier": 2, "is_environmental": true, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Revisión del Documento\n\n\n\nExp: 26-027132-0007-CO \n\nRes. Nº 2026032164\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinte de agosto de dos mil veintiseis .\n\n Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 26-027132-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 28 de julio de 2026, el recurrente interpone recurso de amparo contra la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT. Manifiesta que frente al inmueble ubicado aproximadamente trescientos cincuenta metros al sur del Parque de las Embajadas, en una casa esquinera con tapia gris y blanca, en el cantón de Curridabat, existe vegetación arbórea y arbustiva que ha generado afectaciones reiteradas. El inmueble colindante pertenece a HONG HERMANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, sociedad de la cual es representante. Expone que las ramas invaden la propiedad y han dañado o interferido con las cercas eléctricas. La cobertura vegetal también limita la visibilidad hacia el exterior, incluso mediante las cámaras de vigilancia instaladas en la propiedad. Añade que las ramas y la vegetación cubren gran parte o la totalidad de la acera. En época lluviosa impiden su adecuado secado, mantienen la superficie húmeda y resbalosa y favorecen el crecimiento de moho. Durante la noche reducen considerablemente la iluminación y la visibilidad del sector. En diversas ocasiones se ha observado que personas aprovechan la oscuridad y el ocultamiento producido por la vegetación para permanecer en el sitio, consumir licor y dejar latas y basura. Además, la vegetación arbustiva reduce la visibilidad de quienes cruzan la calle y de quienes conducen vehículos al girar en la esquina. Las raíces de los árboles han levantado y deteriorado partes de la acera, creando desniveles y obstáculos. Este hecho se aporta como una consecuencia del sistema radicular y como evidencia de que el problema no se limita al follaje superficial ni se resuelve necesariamente con una poda periódica. Afirma que el 18 de abril de 2026 envió una gestión por correo electrónico a la Plataforma de Servicios de la Municipalidad de Curridabat, en la cual describió los problemas ocasionados por los árboles y la vegetación, aportó una referencia de ubicación y solicitó que se valorara un cambio en el tipo de vegetación por otra alternativa menos destructiva y más compatible con la comunidad. Indica que la municipalidad recurrida registró la gestión como trámite “Ambiental (Trámite General)” N.º 9905-2026, con fecha de registro del 20 de abril de 2026 y estado “EN PROCESO”. El 23 de abril de 2026 recibió una comunicación de la municipalidad en la que se indicó que la solicitud había sido recibida y que, cuando se obtuviera el resultado de la evaluación por parte del personal del Departamento de Protección del Medio Ambiente, se le informaría. El 30 de junio de 2026 recibió una segunda comunicación. En ella se indicó que el trámite seguía “en la programación” y que, debido a un alto volumen de trabajo, los tiempos de evaluación y respuesta se estaban extendiendo “un poco más de lo normal”. No se señaló una fecha estimada, un plazo máximo, una inspección programada, una actuación ya realizada ni un criterio preliminar. En una consulta al sistema municipal, el trámite figuraba con setenta y dos días de tramitación, estado “EN PROCESO”, sin número de folio visible y con las mismas observaciones genéricas de recepción y demora. El sistema confirmaba que la gestión seguía pendiente de evaluación y sin resolución. Acusa que a la fecha de interposición de este recurso han transcurrido más de tres meses desde la presentación y el registro de la gestión. No se le ha comunicado el resultado de la evaluación ambiental; no se le ha notificado una resolución que acepte, rechace o modifique lo solicitado; no se ha informado una fecha cierta para inspección o decisión; y no existe un plan concreto para una solución permanente de la vegetación. Las comunicaciones recibidas constituyen información sobre el estado administrativo del trámite, pero no una resolución de fondo. No indican cómo fue considerada la petición ni contienen las razones técnicas para acceder o no a la sustitución, trasplante, remoción, manejo radicular, rediseño o mantenimiento estructurado de la vegetación. La demora mantiene el problema sin resolver. Las podas aisladas no han constituido una solución duradera, pues la vegetación crece nuevamente con rapidez, especialmente en época lluviosa, y vuelven a presentarse la invasión, la obstrucción, la oscuridad y los demás efectos descritos.\n\n2.- Mediante resolución de las 07:28 horas del 31 de julio de 2026, se dio curso al presente recurso.\n\n3.- Informan bajo juramento PAULA CAMACHO SOLÍS y JOSÉ MANUEL RETANA VINDAS, por su orden ALCALDESA Y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, ambos de la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT, quienes señalan lo siguiente: “… respetuosamente, remitimos el informe en los siguientes términos: A) SOBRE EL RECURSO DE AMPARO: La Municipalidad de Curridabat ha establecido dos medios oficiales para la atención de trámites por parte de los usuarios, concretamente, al medio físico que es la “Plataforma de Servicios” ubicada en la primera planta del edificio Palacio Municipal y el medio electrónico a través del correo ...04. Esos son los únicos dos medios oficiales a efectos de presentar documentos ante la Municipalidad de Curridabat, de no interponerlo ante esas vías se tendrá como que la gestión no es recibida. Asimismo, toda petición de cumplir con los requisitos mínimos de admisibilidad que prevé el artículo 285 de la Ley General de la Administración Pública, veamos: “Artículo 285.- 1. La petición de la parte deberá contener: a) Indicación de la oficina a que se dirige; b) Nombre y apellidos, residencia y lugar para notificaciones de la parte y de quien la representa; c) La pretensión, con indicación de los daños y perjuicios que se reclamen, y de su estimación, origen y naturaleza; d) Los motivos o fundamentos de hecho; y e) Fecha y firma. 2. La ausencia de los requisitos indicados en los numerales b) y c) obligará al rechazo y archivo de la petición, salvo que se puedan inferir claramente del escrito o de los documentos anexos. 3. La falta de firma producirá necesariamente el rechazo y archivo de la petición.” (La negrita y el subrayado no corresponden al texto original) Ahora bien, de una revisión del correo electrónico presentado por el señor Nombre01, como prueba a este recurso de amparo (Trámite Administrativo Nro. 9905-2026), se determina que las obligaciones descritas no fueron cumplidas a cabalidad ya que ni tan siquiera consta un escrito debidamente firmado. Sin perjuicio de lo expuesto y de conformidad con el Oficio MC-PMA-0419-08-2026 del 05 de agosto del 2026 emitido por el funcionario José Manuel Retana Vindas Jefatura del Departamento de Protección del Medio Ambiente y el señor Marco Coto Segura Jefatura del Departamento de Obras en Parques, se tiene que la denuncia interpuesta por el amparado ha sido debidamente atendida por el gobierno local, siendo que se han realizado las siguientes gestiones: 1. El 23 de abril 2026 se comunicó al señor Nombre01 que se evaluaría los árboles en cuestión y se informaría lo correspondiente. 2. En fecha 30 de junio del 2026, se le comunicó al señor Nombre01 que se continuaba en programación de las labores respectivas, debido a que existía un volumen de trabajo alto. 3. El día 03 de julio del 2026, se materializó una visita de campo y levantamiento de la información relacionada al caso. 4. En respuesta del Trámite 9905-2026 se emitió el Oficio MC-PMA-0350-07-2026 del 03 de julio del 2026, mismo que fue notificado al señor Nombre01 a su correo electrónico (según se visualiza en el comprobante adjunto). 5. En fecha 05 de agosto del 2026 la Municipalidad de Curridabat realizó la intervención de los árboles, siendo que ejecutó la poda respectiva a fin de que las ramas no traspasen la propiedad, se encuentre dentro del espacio público y se controle el crecimiento radicular en engrosamiento. 6. El día 06 de agosto del 2026 se realizó la recolección de los residuos generados por las intervenciones de los árboles. Como se evidencia, ante la denuncia formulada, la Municipalidad de Curridabat ha emitido respuesta y dado visibilidad del estado del proceso al señor Nombre01 y ha ejecutado las labores correspondientes, antes de que inclusive fuera notificado la interposición del presente recurso de amparo - 03 de agosto del 2026 -, lo cual demuestra que, conforme al presupuesto, programación necesaria y por la naturaleza del problema denunciado, se ha resuelto la situación en tiempo. Adjunto además el oficio MC-PMA-0419-08-2026 del 05 de agosto del 2026 emitido por el Departamento de Protección del Medio Ambiente y el Departamento de Obras en Parque, mediante el cual se comprueban las acciones realizadas por parte de dichos departamentos en cumplimiento a lo establecido en el cronograma de trabajo fijado para atender este caso. En este sentido, se solicita a esta estimable Sala Constitucional, tener por acreditado que no se ha violentado derecho alguno del amparado.”.\n\n4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- ACLARACIÓN PREVIA. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa —con algunas excepciones— aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos razonablemente pautados para resolver las solicitudes planteadas por los administrados, a la luz de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política. Precisamente, en el sub lite se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una gestión relacionada con las presuntas afectaciones ocasionadas por árboles y vegetación ubicados frente al inmueble representado por el recurrente, quien acusa que las ramas invaden la propiedad, interfieren con las cercas eléctricas y cámaras de vigilancia, obstaculizan la acera y la visibilidad del sector, disminuyen la iluminación, generan riesgos para peatones y conductores y que las raíces han provocado el levantamiento y deterioro de la acera. Asimismo, reclama que la gestión presentada ante no habría sido atendida ni resuelta dentro de un plazo razonable, pues las comunicaciones recibidas se habrían limitado a informar acerca del estado y programación del trámite, sin brindarle —según acusa— una respuesta de fondo sobre las medidas solicitadas para solucionar de manera permanente la situación denunciada. Atendiendo a la naturaleza de la temática objeto de la gestión y a las eventuales implicaciones para la seguridad y el adecuado uso del espacio público, esta Sala valorará las posibles dilaciones en su atención y resolución. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.\n\nII.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente reclama que, pese a haber presentado desde abril de 2026 una gestión ante la Municipalidad de Curridabat para que se atendieran las afectaciones ocasionadas por árboles y vegetación ubicados frente al inmueble que representa, transcurrieron más de tres meses sin que se le brindara una respuesta de fondo. Alega que únicamente recibió comunicaciones sobre el estado del trámite y la demora administrativa, sin que se le notificara una decisión concreta, una fecha cierta de atención ni una solución permanente a los problemas de invasión, seguridad, visibilidad y deterioro de la acera ocasionados por la vegetación.\n\nIII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\n\na) El 20 de abril de 2026, ante la Municipalidad de Curridabat se registró el trámite denominado “Ambiental (Trámite General)” No. 9905-2026, promovido por Nombre01, relacionado con la vegetación y los árboles ubicados aproximadamente 350 metros al sur del Parque de las Embajadas, frente a una casa esquinera con tapia gris y blanca, en Curridabat (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).\n\nb) El 23 de abril de 2026, la Municipalidad de Curridabat comunicó a Nombre01 que se evaluarían los árboles objeto de su gestión y que, una vez realizada la valoración correspondiente por parte del personal municipal, se le informaría su resultado (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).\n\nc) El 30 de junio de 2026, la Municipalidad de Curridabat comunicó nuevamente a Nombre01 que las labores relacionadas con el trámite No. 9905-2026 continuaban en programación y que, debido al alto volumen de trabajo existente, su atención se encontraba demorada (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).\n\nd) El 03 de julio de 2026, funcionarios del Departamento de Protección del Medio Ambiente de la Municipalidad de Curridabat realizaron una visita de campo al lugar señalado en el trámite No. 9905-2026 y efectuaron una inspección y valoración de riesgo de los árboles ubicados aproximadamente 350 metros al sur del Parque de las Embajadas, frente a una casa esquinera con tapia gris y blanca. Durante la inspección se observaron siete árboles de la especie capulín, de aproximadamente 6 metros de altura, 6 metros de diámetro de copa y 0,25 metros de diámetro a la altura del pecho, los cuales presentaban características similares. Se determinó que algunas ramas laterales se habían extendido hasta sobrepasar la propiedad del solicitante y alcanzar la vía pública, con la posibilidad de afectar la visibilidad de conductores y transeúntes (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).\n\ne) El 03 de julio de 2026, como resultado de la inspección practicada, el Departamento de Protección del Medio Ambiente de la Municipalidad de Curridabat emitió el oficio No. MC-PMA-0350-07-2026, denominado “Respuesta trámite 9905-2026” dirigido a Nombre01 y en el que se consignó como dirección electrónica del interesado ...01. En dicho oficio se recomendó efectuar la poda de las ramas bajas -levantamiento de copa- y de las ramas laterales, con el propósito de despejar la tapia perimetral, evitar afectaciones sobre la vía pública y permitir un mayor ingreso de luz por razones de seguridad para los transeúntes; asimismo, se recomendó la poda de los arbustos conocidos como “rabo de zorro” (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).\n\nf) El 03 de julio de 2026, en el oficio No. MC-PMA-0350-07-2026, el Departamento de Protección del Medio Ambiente dispuso trasladar la solicitud al Departamento de Parques, Vías y Ornato, a fin de que fuera incorporada dentro de su programación, según los recursos disponibles y las prioridades de atención determinadas conforme al nivel de riesgo. Asimismo, se indicó que el Departamento de Protección del Medio Ambiente quedaba a disposición para brindar acompañamiento, fiscalización o supervisión de personal subcontratado, de resultar necesario. La intervención fue clasificada técnicamente bajo la categoría de “Mantenimiento” de manera que podía programarse conforme a la disponibilidad de recursos y respetando los casos previamente incorporados a la programación (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).\n\ng) El 03 de julio de 2026, el oficio No. MC-PMA-0350-07-2026 fue suscrito por el biólogo JOSÉ MANUEL RETANA VINDAS, jefe del Centro de Inteligencia Territorial en Biodiversidad y del Departamento de Protección del Medio Ambiente de la Municipalidad de Curridabat. En el documento se consignó como dirección electrónica institucional de ese departamento ...02. Asimismo, se incorporó un registro fotográfico del sitio inspeccionado, en el que se observa la vegetación contigua a la tapia perimetral, la acera y la vía pública (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).\n\nh) A las 08:47 horas del 29 de julio de 2026, desde la cuenta institucional Notificaciones Plataforma ...03, la Municipalidad de Curridabat remitió un correo electrónico a Nombre01, a la dirección ...01, con el asunto “RESPUESTA Trámite: 9905-2026”. En esa comunicación se indicó que el trámite correspondía a “Ambiental (Trámite General)” solicitado el 20 de abril de 2026 y se comunicó expresamente la finalización del trámite No. 9905-2026, remitiéndose al interesado al oficio de respuesta No. MC-PMA-0350-07-2026. Además, se le informó que cualquier observación o consulta podía gestionarla por medio de la Plataforma de Servicios de la Municipalidad de Curridabat (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).\n\ni) El 03 de agosto de 2026, fue notificada a las autoridades de la Municipalidad de Curridabat la resolución dictada por esta Sala a las 07:28 horas del 31 de julio de 2026, mediante la cual se dio curso al presente proceso constitucional (ver acta de notificación).\n\nj) El 05 de agosto de 2026, se realizó intervención de los árboles de acuerdo con las observaciones remitidas por el departamento de Protección del Medio Ambiente en el oficio MC-Identificacion012026 (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).\n\nk) La Municipalidad de Curridabat tiene establecidos como medios oficiales para la presentación de documentos la Plataforma de Servicios, ubicada en la primera planta del edificio del Palacio Municipal, y la dirección electrónica ...04 (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).\n\nIV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el presente asunto, la parte recurrente reclama que la Municipalidad de Curridabat incurrió en una dilación indebida en la atención de la gestión relacionada con los árboles y la vegetación ubicados aproximadamente 350 metros al sur del Parque de las Embajadas, tramitada bajo el expediente administrativo denominado “Ambiental (Trámite General)” No. 9905-2026, y particularmente en la ejecución de las labores necesarias para atender la situación denunciada.\n\nDel elenco de hechos probados se desprende que la gestión fue presentada ante la Municipalidad de Curridabat el 20 de abril de 2026. Posteriormente, el 23 de abril de 2026, la Administración comunicó al interesado que los árboles serían objeto de evaluación y que, una vez practicada la valoración correspondiente, se le informaría su resultado. Sin embargo, para el 30 de junio de 2026, más de dos meses después de presentada la solicitud, las labores aún se encontraban en programación y la propia autoridad municipal reconoció que su atención se hallaba demorada debido al volumen de trabajo existente.\n\nConsta que el 03 de julio de 2026, funcionarios del Departamento de Protección del Medio Ambiente realizaron una visita de campo al sitio y practicaron la respectiva inspección y valoración técnica. En esa oportunidad se examinaron siete árboles de la especie capulín y se determinó que algunas ramas laterales sobrepasaban la propiedad del solicitante y alcanzaban la vía pública, con posibilidad de afectar la visibilidad de conductores y transeúntes.\n\nComo consecuencia de dicha inspección, ese mismo día se emitió el oficio No. MC-PMA-0350-07-2026, mediante el cual se recomendó efectuar la poda de las ramas bajas y laterales de los árboles para despejar la tapia perimetral, evitar afectaciones sobre la vía pública y permitir un mayor ingreso de luz por razones de seguridad para los transeúntes. También se recomendó la poda de los arbustos conocidos como “rabo de zorro”. Asimismo, la solicitud fue trasladada al Departamento de Parques, Vías y Ornato para que las labores fueran incorporadas dentro de su programación institucional.\n\nDe lo anterior se desprende que, si bien para ese momento la Municipalidad había efectuado una valoración técnica y había determinado concretamente cuáles actuaciones resultaban necesarias, las labores materiales recomendadas todavía no habían sido ejecutadas. En otras palabras, la emisión del criterio técnico y el traslado de la gestión a otro departamento municipal no agotaban por sí mismos el objeto material del reclamo planteado por el recurrente, pues la intervención de los árboles permanecía pendiente.\n\nIncluso, a las 08:47 horas del 29 de julio de 2026, la Municipalidad comunicó al interesado la finalización formal del trámite No. 9905-2026 y lo remitió al contenido del oficio No. MC-PMA-0350-07-2026. No obstante, para ese momento tampoco se había efectuado todavía la poda recomendada. De tal manera, aun cuando administrativamente se hubiese comunicado la conclusión del trámite, la situación material que había motivado la gestión no se encontraba completamente atendida, toda vez que las labores necesarias sobre los árboles y la vegetación continuaban pendientes.\n\nEste aspecto adquiere particular relevancia para resolver el recurso. La tutela constitucional no puede agotarse en determinar si la Administración emitió una respuesta formal a la persona gestionante cuando el reclamo comprende, además, una conducta material cuya ejecución había sido reconocida como necesaria por la propia autoridad técnica. Una respuesta administrativa que recomienda determinada intervención pero deja pendiente su ejecución no permite tener por completamente satisfecha la pretensión cuando precisamente se reclama la falta de actuación frente a la situación denunciada.\n\nAhora bien, consta que la resolución mediante la cual esta Sala dio curso al presente recurso fue dictada a las 07:28 horas del 31 de julio de 2026 y notificada a las autoridades de la Municipalidad de Curridabat el 03 de agosto de 2026. Resulta determinante que posteriormente, el 05 de agosto de 2026, esto es, una vez que la autoridad recurrida ya tenía conocimiento formal de la existencia de este proceso constitucional, se realizó finalmente la intervención de los árboles de conformidad con las observaciones emitidas por el Departamento de Protección del Medio Ambiente.\n\nLa secuencia temporal resulta suficientemente clara. Al momento de interponerse el recurso, las labores materiales reclamadas no habían sido ejecutadas. Al darse curso al amparo, la situación tampoco había sido corregida. La Municipalidad fue notificada de este proceso el 03 de agosto de 2026 y fue hasta el 05 de agosto siguiente cuando procedió a efectuar la intervención requerida. Así, aun cuando con anterioridad se había practicado la inspección, emitido el criterio técnico y comunicado formalmente la finalización del trámite administrativo, la conducta material que constituía parte sustancial del objeto del recurso fue subsanada durante la tramitación del amparo y con posterioridad a la notificación de la resolución de curso.\n\nEn tales circunstancias resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, conforme al cual, cuando estando en curso el amparo cesa la actuación impugnada, procede declarar con lugar el recurso para los efectos previstos por el ordenamiento. \n\nV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nVI.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nVII.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada. \n\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que: \n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. \n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que: \n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”. \n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”. \n\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.\n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional. \n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”. \n\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.\n\nEn mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos. \n\nComo razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estima el suscrito que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente: \n\n“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”. \n\nEs claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.\n\nVIII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS, RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título – derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.\n\nEn razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.\n\nIX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta Sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Castillo Víquez pone nota. El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese. -\n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n FPZUQQTD96461 \n\nEXPEDIENTE N° 26-027132-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01).", "body_en_text": "Document Review\n\n\n\nExp: 26-027132-0007-CO\n\nRes. No. 2026032164\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at 9:20 a.m. on 20 August 2026.\n\nAmparo proceeding filed in case No. 26-027132-0007-CO by Nombre01, identity card CED01, against the MUNICIPALITY OF CURRIDABAT.\n\nBackground:\n\n1.- In a pleading received by the Chamber Secretariat on 28 July 2026, the applicant files an amparo proceeding against the MUNICIPALITY OF CURRIDABAT. The applicant states that there is tree and shrub vegetation across from the property located approximately 350 meters south of Parque de las Embajadas, at a corner house with a gray and white wall, in the canton of Curridabat, which has repeatedly caused adverse effects. The adjoining property belongs to HONG HERMANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, of which the applicant is the representative. The applicant explains that branches encroach on the property and have damaged or interfered with the electric fences. The vegetation cover also limits visibility to the outside, including through the surveillance cameras installed on the property. The applicant adds that branches and vegetation cover much or all of the sidewalk. During the rainy season, they prevent it from drying properly, keep the surface damp and slippery, and encourage mold growth. At night, they considerably reduce lighting and visibility in the area. On various occasions, people have been seen taking advantage of the darkness and concealment caused by the vegetation to remain there, drink alcohol, and leave cans and garbage. In addition, the shrubs reduce visibility for people crossing the street and for drivers turning at the corner. Tree roots have lifted and damaged parts of the sidewalk, creating uneven surfaces and obstacles. This fact is presented as a consequence of the root system and as evidence that the problem is not limited to surface foliage and cannot necessarily be resolved through periodic pruning. The applicant states that on 18 April 2026, an email was sent to the Service Platform of the Municipality of Curridabat describing the problems caused by the trees and vegetation, providing a location reference, and asking that a change in the type of vegetation be considered in favor of another option that is less destructive and more compatible with the community. The applicant indicates that the respondent municipality registered the request as “Environmental (General Request)” No. 9905-2026, with a registration date of 20 April 2026 and status “IN PROCESS.” On 23 April 2026, the applicant received a communication from the municipality stating that the request had been received and that the result would be communicated once the staff of the Department of Environmental Protection had completed its evaluation. On 30 June 2026, the applicant received a second communication. It stated that the request remained “in the scheduling process” and that, due to a high workload, evaluation and response times were taking “a little longer than usual.” No estimated date, maximum period, scheduled inspection, action already taken, or preliminary assessment was provided. In a check of the municipal system, the request showed 72 days in process, status “IN PROCESS,” no visible folio number, and the same generic notes about receipt and delay. The system confirmed that the request remained pending evaluation and had not been decided. The applicant alleges that, by the date this amparo was filed, more than three months had passed since the request was submitted and registered. The result of the environmental evaluation had not been communicated; no decision accepting, rejecting, or modifying the request had been notified; no definite date for an inspection or decision had been provided; and there was no concrete plan for a permanent solution to the vegetation. The communications received provide information about the administrative status of the request, but are not a decision on the merits. They do not state how the request was considered or give the technical reasons for granting or denying replacement, transplanting, removal, root management, redesign, or structured maintenance of the vegetation. The delay leaves the problem unresolved. Isolated pruning has not provided a lasting solution, since the vegetation grows back quickly, especially during the rainy season, and the encroachment, obstruction, darkness, and other effects described recur.\n\n2.- By resolution at 07:28 on 31 July 2026, this amparo proceeding was admitted for processing.\n\n3.- PAULA CAMACHO SOLÍS and JOSÉ MANUEL RETANA VINDAS, respectively MAYOR AND HEAD OF THE DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION, both of the MUNICIPALITY OF CURRIDABAT, submit reports under oath stating as follows: “… We respectfully submit the report on the following terms: A) REGARDING THE AMPARO PROCEEDING: The Municipality of Curridabat has established two official channels for users to submit requests, specifically, the physical channel, which is the “Service Platform” located on the first floor of the Municipal Palace building, and the electronic channel through email ...04. Those are the only two official channels for submitting documents to the Municipality of Curridabat; if a document is not submitted through those channels, the request will be deemed not to have been received. In addition, every petition must meet the minimum admissibility requirements provided for in Article 285 of the General Law on Public Administration, as follows: “Article 285.- 1. A party’s petition must contain: a) Identification of the office to which it is addressed; b) The party’s first and last names, residence, and address for notifications, and those of the party’s representative; c) The relief sought, indicating the damages claimed and their estimated amount, origin, and nature; d) The factual grounds; and e) Date and signature. 2. The absence of the requirements indicated in subsections b) and c) shall require rejection and filing of the petition, unless they can be clearly inferred from the pleading or attached documents. 3. The absence of a signature shall necessarily result in rejection and filing of the petition.” (Boldface and underlining do not appear in the original text.) A review of the email submitted by Mr. Nombre01 as evidence in this amparo proceeding (Administrative Request No. 9905-2026) shows that the obligations described were not fully met, since there is not even a duly signed pleading on file. Notwithstanding the foregoing, and in accordance with Memorandum MC-PMA-0419-08-2026 of 5 August 2026, issued by José Manuel Retana Vindas, Head of the Department of Environmental Protection, and Mr. Marco Coto Segura, Head of the Department of Park Works, the complaint filed by the amparo applicant was duly addressed by the local government, which took the following actions: 1. On 23 April 2026, Mr. Nombre01 was informed that the trees in question would be evaluated and that he would be informed of the outcome. 2. On 30 June 2026, Mr. Nombre01 was informed that the relevant work remained scheduled, due to a high workload. 3. On 3 July 2026, a field visit was conducted and information related to the case was collected. 4. In response to Request 9905-2026, Memorandum MC-PMA-0350-07-2026 of 3 July 2026 was issued and notified to Mr. Nombre01 by email (as shown in the attached receipt). 5. On 5 August 2026, the Municipality of Curridabat intervened on the trees by carrying out the relevant pruning so that the branches would not extend across the property, would remain within the public space, and root growth in girth would be controlled. 6. On 6 August 2026, waste generated by the tree work was collected. As shown, in response to the complaint, the Municipality of Curridabat issued a response, kept Mr. Nombre01 informed of the status of the process, and carried out the relevant work before it had even been notified of the filing of this amparo proceeding—on 3 August 2026—which shows that, given the budget, necessary scheduling, and nature of the reported problem, the situation was resolved in a timely manner. We also attach Memorandum MC-PMA-0419-08-2026 of 5 August 2026, issued by the Department of Environmental Protection and the Department of Park Works, which confirms the actions taken by those departments in accordance with the work schedule established for this case. Accordingly, we ask this Honorable Constitutional Chamber to find that no right of the amparo applicant has been violated.”\n\n4.- The legal requirements have been observed in the proceedings.\n\nDrafted by Justice Hess Herrera; and,\n\nReasons:\n\nI.- PRELIMINARY CLARIFICATION. Before analyzing the merits, it must be clarified that, beginning with judgment number 2008-02545 at 08:55 on 22 February 2008, this Chamber has referred to the administrative-litigation jurisdiction—with some exceptions—cases in which it is disputed whether the Public Administration has complied with the time limits reasonably established for deciding requests submitted by members of the public, in light of Article 41 of the Political Constitution. The present case is precisely an exception, since it concerns a request relating to the alleged effects caused by trees and vegetation located across from the property represented by the applicant. The applicant alleges that branches encroach on the property, interfere with electric fences and surveillance cameras, obstruct the sidewalk and visibility in the area, reduce lighting, create risks for pedestrians and drivers, and that the roots have lifted and damaged the sidewalk. The applicant also complains that the request submitted to the municipality was not addressed or decided within a reasonable period, since the communications received allegedly provided only information about the status and scheduling of the request, without—according to the applicant—giving a decision on the measures sought to permanently resolve the reported situation. Given the nature of the subject matter of the request and its potential implications for safety and the proper use of public space, this Chamber will assess any possible delays in addressing and deciding it. With that clarified, the specific circumstances raised in this amparo are now resolved.\n\nII.- SUBJECT OF THE AMPARO PROCEEDING. The applicant complains that, despite having submitted a request to the Municipality of Curridabat in April 2026 to address the effects caused by trees and vegetation located across from the property represented by the applicant, more than three months passed without a decision on the merits. The applicant alleges that only communications about the status of the request and the administrative delay were received, with no specific decision, definite date for action, or permanent solution to the problems of encroachment, safety, visibility, and sidewalk damage caused by the vegetation.\n\nIII.- FACTS FOUND. The following facts, relevant to deciding this matter, are deemed duly proven, either because they have been established or because the respondent failed to address them, as provided in the initial order:\n\na) On 20 April 2026, the Municipality of Curridabat registered the request entitled “Environmental (General Request)” No. 9905-2026, submitted by Nombre01 and relating to the vegetation and trees located approximately 350 meters south of Parque de las Embajadas, across from a corner house with a gray and white wall, in Curridabat (see report submitted under oath and attached evidence).\n\nb) On 23 April 2026, the Municipality of Curridabat informed Nombre01 that the trees covered by the request would be evaluated and that, once the relevant assessment had been completed by municipal staff, the result would be communicated (see report submitted under oath and attached evidence).\n\nc) On 30 June 2026, the Municipality of Curridabat again informed Nombre01 that work related to Request No. 9905-2026 remained scheduled and that, due to the high workload, action on it was delayed (see report submitted under oath and attached evidence).\n\nd) On 3 July 2026, officials of the Department of Environmental Protection of the Municipality of Curridabat conducted a field visit to the location identified in Request No. 9905-2026 and carried out an inspection and risk assessment of the trees located approximately 350 meters south of Parque de las Embajadas, across from a corner house with a gray and white wall. During the inspection, seven capulín trees were observed, approximately 6 meters tall, with a 6-meter crown diameter and a 0.25-meter diameter at breast height, and with similar characteristics. It was determined that some lateral branches had extended beyond the applicant’s property and reached the public road, with the possibility of affecting the visibility of drivers and pedestrians (see report submitted under oath and attached evidence).\n\ne) On 3 July 2026, following the inspection, the Department of Environmental Protection of the Municipality of Curridabat issued Memorandum No. MC-PMA-0350-07-2026, entitled “Response to Request 9905-2026,” addressed to Nombre01 and listing the interested party’s email address as ...01. The memorandum recommended pruning the lower branches—raising the crown—and the lateral branches, in order to clear the perimeter wall, prevent effects on the public road, and allow more light to enter for pedestrian safety. It also recommended pruning the shrubs known as “foxtail” (see report submitted under oath and attached evidence).\n\nf) On 3 July 2026, Memorandum No. MC-PMA-0350-07-2026 directed that the request be referred to the Department of Parks, Roads and Beautification for inclusion in its schedule, subject to available resources and the response priorities determined according to the level of risk. It also stated that the Department of Environmental Protection remained available to provide support, monitoring, or supervision of subcontracted personnel, if necessary. The work was technically classified as “Maintenance,” so it could be scheduled subject to the availability of resources and while respecting cases already included in the schedule (see report submitted under oath and attached evidence).\n\ng) On 3 July 2026, Memorandum No. MC-PMA-0350-07-2026 was signed by biologist JOSÉ MANUEL RETANA VINDAS, Head of the Center for Territorial Intelligence in Biodiversity and of the Department of Environmental Protection of the Municipality of Curridabat. The document listed ...02 as the department’s institutional email address. It also included a photographic record of the inspected site, showing vegetation beside the perimeter wall, sidewalk, and public road (see report submitted under oath and attached evidence).\n\nh) At 08:47 on 29 July 2026, from the institutional account Notificaciones Plataforma ...03, the Municipality of Curridabat sent Nombre01 an email to ...01 with the subject “RESPONSE Request: 9905-2026.” The communication stated that the request was “Environmental (General Request),” submitted on 20 April 2026, and expressly notified the interested party that Request No. 9905-2026 had been completed, referring the party to response Memorandum No. MC-PMA-0350-07-2026. The party was also informed that any comment or inquiry could be submitted through the Service Platform of the Municipality of Curridabat (see report submitted under oath and attached evidence).\n\ni) On 3 August 2026, the authorities of the Municipality of Curridabat were notified of the resolution issued by this Chamber at 07:28 on 31 July 2026, admitting this constitutional proceeding for processing (see notice of service).\n\nj) On 5 August 2026, work was carried out on the trees in accordance with the observations sent by the Department of Environmental Protection in memorandum MC-Identificacion012026 (see report submitted under oath and attached evidence).\n\nk) The Municipality of Curridabat has established the Service Platform, located on the first floor of the Municipal Palace building, and email address ...04 as official channels for submitting documents (see report submitted under oath and attached evidence).\n\nIV.- THE SPECIFIC CASE. In this matter, the applicant complains that the Municipality of Curridabat unduly delayed addressing the request concerning trees and vegetation located approximately 350 meters south of Parque de las Embajadas, processed under administrative file “Environmental (General Request)” No. 9905-2026, and particularly delayed carrying out the work necessary to address the reported situation.\n\nThe proven facts show that the request was submitted to the Municipality of Curridabat on 20 April 2026. Later, on 23 April 2026, the Administration informed the interested party that the trees would be evaluated and that the outcome would be communicated once the relevant assessment had been conducted. However, by 30 June 2026, more than two months after the request was submitted, the work was still being scheduled, and the municipal authority itself acknowledged that action was delayed due to the existing workload.\n\nThe record shows that on 3 July 2026, officials of the Department of Environmental Protection conducted a field visit to the site and performed the relevant inspection and technical assessment. On that occasion, they examined seven capulín trees and determined that some lateral branches extended beyond the applicant’s property and reached the public road, with the possibility of affecting the visibility of drivers and pedestrians.\n\nAs a result of that inspection, Memorandum No. MC-PMA-0350-07-2026 was issued that same day. It recommended pruning the lower and lateral branches of the trees to clear the perimeter wall, prevent effects on the public road, and allow more light to enter for pedestrian safety. It also recommended pruning the shrubs known as “foxtail.” The request was also referred to the Department of Parks, Roads and Beautification so the work could be included in its institutional schedule.\n\nIt follows from the foregoing that, although by then the Municipality had completed a technical assessment and specifically identified the actions required, the recommended work had not yet been carried out. In other words, issuing the technical assessment and referring the request to another municipal department did not, by themselves, fulfill the material purpose of the applicant’s complaint, since work on the trees remained pending.\n\nMoreover, at 08:47 on 29 July 2026, the Municipality notified the interested party that Request No. 9905-2026 had formally been completed and referred the party to the contents of Memorandum No. MC-PMA-0350-07-2026. Nevertheless, the recommended pruning had still not been carried out by then. Thus, although the request had administratively been declared complete, the material situation that had prompted it had not been fully addressed, since the necessary work on the trees and vegetation remained pending.\n\nThis is particularly relevant to deciding the amparo. Constitutional protection cannot be limited to determining whether the Administration issued a formal response to the person who submitted the request when the complaint also concerns material conduct whose execution the technical authority itself acknowledged to be necessary. An administrative response recommending a particular intervention while leaving its execution pending does not allow the requested relief to be deemed fully satisfied when the complaint specifically concerns the failure to act in response to the reported situation.\n\nThe record shows that the resolution admitting this amparo for processing was issued by this Chamber at 07:28 on 31 July 2026 and notified to the authorities of the Municipality of Curridabat on 3 August 2026. It is decisive that the tree work was finally carried out on 5 August 2026, that is, after the respondent authority had formal notice of this constitutional proceeding, and in accordance with the observations issued by the Department of Environmental Protection.\n\nThe chronology is sufficiently clear. When the amparo was filed, the material work at issue had not been carried out. When the amparo was admitted for processing, the situation had still not been remedied. The Municipality was notified of this proceeding on 3 August 2026, and it was not until 5 August that it carried out the required intervention. Thus, although an inspection had previously been conducted, a technical assessment issued, and completion of the administrative request formally communicated, the material conduct that formed a substantial part of the subject of the amparo was remedied during the proceeding and after notice of the order admitting it for processing.\n\nUnder these circumstances, Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Act applies. It provides that, when the challenged conduct ceases while the amparo is pending, the amparo is to be declared with merit for the effects provided by law.\n\nV.- AWARD OF COSTS, DAMAGES AND LOSSES UNDER ARTICLE 52 OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION ACT. Upon further consideration, the majority of the Chamber considers that, in this case, pursuant to paragraph 1 of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Act (“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial decision is issued that revokes, stops, or suspends the challenged conduct, the amparo shall be declared with merit solely for purposes of compensation and costs, if applicable”), the amparo should be granted without a specific award of costs, damages, and losses, for the following reasons. Although the Act expressly requires the operative part of the judgment to state that the amparo is granted when the grievance is resolved while the amparo is pending, the final clause of that same paragraph also provides that it is granted “solely for purposes of compensation and costs, if applicable.” The Act says “if applicable,” which means that whether compensation and costs are applicable depends on the Court’s assessment, evaluation, or weighing. In cases such as this, the substance of the protected party’s claim and the respondent authority’s conduct in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or changes do not directly concern an impact on an obviously pecuniary constitutional right (as would occur, for example, with an effect on the right to a salary). To dispel any doubt on this point, it is important to note Article 51 of the same Constitutional Jurisdiction Act, which provides that “every decision granting the amparo shall order, in the abstract, compensation for the damages and losses caused and payment of the costs of the amparo, reserving their assessment for enforcement of the judgment.” It does not provide for assessing whether compensation and costs are applicable. The principles of Constitutional Law, Public Law, and General Procedural Law or, as applicable, International or Community Law, and, in addition, in that order, the General Law on Public Administration, the Code of Administrative Litigation Procedure, and the other procedural codes, are supplementary sources for applying and interpreting the provisions of the Constitutional Jurisdiction Act—cf. Article 14. For the administrative-litigation jurisdiction, the legislature enacted a provision that is fully applicable to this case by analogy, Article 197 of the Code of Administrative Litigation Procedure, which accords with procedural logic in any area of law. In any event, the affected party in this case retains the option, if so desired, to bring proceedings on the merits to establish that some form of impairment has been suffered. On this basis, the majority’s view is that this amparo should be resolved without an award of costs, damages, and losses.\n\nVI.- NOTE BY JUSTICE CASTILLO VÍQUEZ REGARDING PROMPT AND DUE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court’s position that, when a litigant alleges a violation of the right to prompt and due justice in the administrative sphere, the Administrative Litigation Courts, and not this Chamber, should hear the legal dispute. However, with the recent enactment of Law No. 9097, the Law Regulating the Right of Petition, that right has been made subject to judicial protection through the amparo proceeding established by Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Act, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in cases where the petitioner considers that the Administration’s material actions, administrative acts, or response are affecting the petitioner’s fundamental rights. In my view, the recently enacted legislation does not require this Court to change its line of precedent; under paragraph 7 of its Act, this Court alone defines its own jurisdiction. Accordingly, except for those constitutional legal disputes that this Chamber itself has recognized as exceptional cases properly heard in this jurisdiction through the constitutional amparo proceeding, the Administrative Litigation Judges have jurisdiction in all other cases, for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 at 8:55 on 22 February 2008). This is consistent with paragraph 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and rules), and the relevant statutory provisions, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.\n\nVII.- PARTIAL DISSENT BY JUSTICE SALAZAR ALVARADO, SOLELY REGARDING THE FAILURE TO ORDER THE RESPONDENT PARTY TO PAY COSTS, DAMAGES, AND LOSSES. Although I agree with the rest of the Chamber that the amparo should be granted, I disagree with the majority’s view insofar as it exempts the respondent party from paying the costs, damages, and losses arising from the injury to the fundamental rights of the protected party.\n\nArticle 52 of the Constitutional Jurisdiction Act provides:\n\n“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial decision is issued that revokes, stops, or suspends the challenged conduct, the amparo shall be declared with merit solely for purposes of compensation and costs, if applicable.”\n\nArticle 51 of the same Act, in turn, provides:\n\n“...every decision granting the amparo shall order, in the abstract, compensation for the damages and losses caused and payment of the costs of the amparo, reserving their assessment for enforcement of the judgment.”\n\nThe latter provision establishes the general system governing compensation and payment of costs, which the majority calls the “natural or normal form of termination of the proceeding, where a decision is made on the merits and the facts that violated fundamental rights are recognized…”.\n\nIn the majority’s view, Article 51 governs cases in which the Chamber has found the grievance proven, giving rise to the need for an award of costs, damages, and losses. In my view, however, a systematic interpretation of both provisions leads to the conclusion that both when this Constitutional Court finds an injury to a fundamental right and consequently grants the amparo, and when the Administration, on its own decision, restores the aggrieved person’s enjoyment of fundamental rights after learning of the amparo—the situation addressed in Article 52—the necessary and unavoidable consequence under Articles 50 and 51 of the cited Act is an order requiring the violator to pay compensation for damages and losses and the costs of the amparo. This rule merely recognizes the right of a party whose fundamental rights have been violated to effective judicial protection in remedying the harmful consequences arising from the acts or omissions of the offending authorities; it also serves as a deterrent to prevent the State from repeating the actions that gave rise to the amparo being granted, a matter governed by Article 50 of the Act regulating this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has found the grievance proven and considered the merits, or the violation has ceased because the respondent authority acted on its own after learning that the amparo was being processed, restoring the aggrieved party’s enjoyment of fundamental rights (Article 52), in each of those circumstances the violator must be ordered to pay costs, damages, and losses. This requirement is grounded in the principles of protecting people’s rights and holding the Administration responsible for damages and losses caused by its unconstitutional conduct.\n\nThus, the fact that the effects of the challenged act may have ceased by the time the amparo is considered and granted, under Articles 50 and 52 of the cited Act, does not preclude an award of costs, damages, and losses. That case forms an integral part of the general system under the Constitutional Jurisdiction Act requiring an award on those matters.\n\nMoreover, Article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not considered or ruled on the merits of the complaint, has found that the protected party’s fundamental rights were violated, by virtue of the respondent Administration restoring that party’s enjoyment of those rights. As the majority states, this situation constitutes an “abnormal termination of the proceeding.”\n\nThe legislature precisely established and delimited the conditions under which this Chamber may order that form of abnormal termination of an amparo proceeding, as well as its effects, namely: 1) the amparo must be pending, meaning the Administration must have been duly notified of the order admitting the amparo for processing; and 2) there must be an administrative or judicial decision that unequivocally orders revocation, cessation, or suspension of the challenged conduct that violated fundamental rights. The provision in question does contemplate an exception to the general system requiring an award of costs, damages, and losses, despite the amparo being granted, by providing that, in the cases it governs, the amparo shall be granted “solely for purposes of compensation and costs, if applicable.” As an exception, it must be interpreted narrowly; that is, it applies only in the situations strictly provided for in the provision, not only because legal exceptions are to be interpreted narrowly, but also because applying that exception undoubtedly impairs people’s fundamental right to effective judicial protection against damages and losses suffered through violations of their constitutional rights.\n\nIn my view, the exception must be interpreted to mean that, under the general system requiring an award of costs, damages, and losses in the event of a violation of fundamental rights, such an award is always applicable—even if the respondent party issues an administrative or judicial decision revoking, stopping, or suspending the challenged conduct—unless it is unequivocally and clearly established that no harm capable of being compensated was caused in the specific case. Only in those circumstances may the respondent Administration be exempted from paying those amounts. Since, in this case, there is no evidence rebutting the presumption that the protected party suffered economic damages and losses arising from the challenged actions—the specific assessment of which falls outside this jurisdiction—the amparo must necessarily be granted with an award of costs, damages, and losses, and we so declare.\n\nAs an additional reason, it should be noted that the very nature and operation of amparo proceedings is not primarily aimed at analyzing whether damages and losses exist, but whether there are actions or omissions capable of violating people’s fundamental rights. From that perspective, this court focuses its analysis on making that determination, but does not assess whether those matters have caused injury to the pecuniary interests of protected parties. Although the aforementioned Article 52 of the LJC provides, in its wording, that such an award (for damages, losses, and costs) is made if applicable, I do not consider that the relevance of such an assessment may automatically be ruled out in advance in this type of proceeding, insofar as another ordinary proceeding must determine whether, within the legal relationship examined in the amparo, conduct or omissions attributable to the Administration (or to a private-law entity, where applicable) were an adequate cause of legally compensable pecuniary injury. By way of reference, Articles 179 to 184 of the Code of Administrative Litigation Procedure, Law No. 8508, establish special proceedings to determine the financial effects arising from judgments issued in these proceedings. Under Article 179 thereof, those proceedings have the following purpose:\n\n“ARTICLE 179.- The Administrative Litigation Court shall enforce judgments issued by the Constitutional Jurisdiction in habeas corpus and amparo proceedings against public-law entities, solely with respect to the establishment, assessment, and payment of monetary compensation.”\n\nIt is clear that those proceedings are directed toward analyzing the necessary prior ruling issued by this Chamber concerning an abstract award under those heads, since claims of that kind would not be admissible in that type of case when the judgment issued in the amparo proceeding expressly determines that damages and/or costs are not available, or when it makes no express determination on that point. In other words, the special proceedings before the administrative-litigation jurisdiction require, as a sine qua non requirement, an express award or ruling by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional). In that regard, in my view, under the aforementioned Article 52 of the LJC, dispensing with that award of monetary liability requires, in each case, proof of circumstances that support a reasoned finding that there was no financial injury, even potential injury, arising from or associated with the facts analyzed. Therefore, this is an exception and, as such, requires qualified and duly reasoned application on a case-by-case basis. The mere fact that, during the proceedings, the Administration issues a decision or a court judgment is rendered revoking, halting, or suspending the challenged action does not, in itself, rule out the possibility that, before that action ceased for reasons attributable or not attributable to the respondent entity, the alleged inaction or challenged interference may have caused damages. However, that substantive question—concerning the actual existence of injury, its amount, whether it was claimed in a timely manner, and so forth—is outside the nature of these proceedings. Under the rule established in the aforementioned Article 52, it is a matter for an abstract award, which then serves as the basis for analysis in the administrative-litigation jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require proof of damages because, as emphasized, that is not their primary object or ratio. Accordingly, the amparo beneficiary is not responsible for claiming or proving damages; the aim is to safeguard that person’s fundamental rights. Whether those administrative acts caused injury is, as a matter of principle and save for exceptional cases, not part of the basis for analysis in this type of case. Note that, in the situation governed by that provision, the Constitutional Chamber does not conduct a substantive analysis of the situation for which protection is sought, given the termination of the amparo or habeas corpus proceeding due to the aforementioned supervening circumstance. Thus, in these cases, by operation of law, the Court does not assess whether there was a violation, much less determine whether the circumstances alleged by the applicant may give rise to a possible claim for civil reparation. Accordingly, the dispensation from an award mentioned in that provision is exceptional, not the rule. Therefore, in such cases, the provision requires an abstract award so that its availability may be analyzed in another plenary proceeding. Otherwise, if that release from liability for damages and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of a person who may have suffered injury to their financial interests despite the respondent’s supervening response would be put at risk, to the detriment of Article 45 of the Political Constitution and in disregard of the potential liability of the Administration, as required by Article 9 thereof. Moreover, it should not be overlooked that it was by virtue of an action of that kind that conduct was adopted which brought to an end the acts that, in theory, threatened or infringed the person’s fundamental rights. In other words, to obtain protection of those rights, the person chose judicial protection, and it was by virtue of that choice that the challenged interference ceased. I reiterate that if the continuation of the threat or deterioration of the person’s situation, until it was brought to an end for the reasons stated in the provision under review, caused damages, that matter—absent proof to the contrary—must be analyzed in ordinary proceedings. As I repeat, it must not in any way be rejected as a prerequisite merely because the factual situation governed by the aforementioned Article 52 of the LJC has occurred. Therefore, with the respect I always have for the majority’s position, I state my dissenting vote and reiterate that granting this application must necessarily entail an abstract award of costs and damages.\n\nVIII.—DISSENTING VOTE OF JUSTICE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Act (LJC) provides: “If, while the amparo proceeding is pending, an administrative or judicial decision is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the application shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if applicable.”\n\nMy interpretation of that provision is as follows: That “decision” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the infringed right. The phrase “if applicable” refers to costs. Indeed, Article 197 of the Administrative Litigation Procedure Code, cited by the majority on the basis of Article 14 of the LJC, refers only to costs.\n\nCertainly, under Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to an amparo application is not compensatory but restorative. However, Article 51 of the LJC provides: “Any decision granting the application shall make an abstract award of compensation for the damages caused and payment of the costs of the application, reserving their assessment for enforcement of the judgment.”\n\nIf the right has been violated and the Chamber so finds, damages may have arisen even if the right has been restored. For that reason, an abstract award of damages is appropriate. If that were not done—if no such award were made—then, if damages had in fact occurred, there would be no title arising from this proceeding on which to base a claim for them, which could violate Article 41 of the CP. If no damages were caused despite the abstract award, the judge in the ordinary jurisdiction will so declare, since only that judge may find the actual existence and extent of those damages to have been proved.\n\nI consider that the majority’s position would, contrary to its purpose, encourage the Administration to respect rights only when an amparo application is filed. It remains to say that Article 52 of the LJC provides for the possibility that the Chamber may award costs if it considers that just, even where the right has been restored.\n\nFor the foregoing reasons, I dissent in part from the operative part and order an award of damages, but not costs.\n\nIX.—DOCUMENTATION FILED IN THE CASE FILE. The parties are advised that if they filed any paper document, as well as any objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, they must retrieve them from the court office within a maximum period of thirty business days from notification of this Judgment. Otherwise, all such material not retrieved within that period will be destroyed, pursuant to the “Regulation on Electronic Case Files before the Judiciary,” approved by the Full Court at Session N° 27-11 of 22 August 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin N° 19 of 26 January 2012, as well as the resolution approved by the Superior Council of the Judiciary at Session N° 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe application is granted, with no special award of costs or damages. Justice Castillo Víquez files a separate note. Justice Salazar Alvarado dissents in part and orders an award of damages and costs. Justice Garro Vargas dissents in part and orders an award of damages, but not costs. Notify the parties. -\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\n FPZUQQTD96461\n\nCASE FILE N° 26-027132-0007-CO\n\nTelephone: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01)." }