{ "id": "nexus-sen-1-0007-1422006", "citation": "Res. 32186-2026 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Respuesta tardía sobre planes reguladores costeros", "title_en": "Late Response About Coastal Regulatory Plans", "summary_es": "La Sala Constitucional declaró con lugar un amparo por la falta de respuesta oportuna a una solicitud de información sobre planes reguladores en la zona marítimo-terrestre del distrito de Cóbano. La solicitud, presentada el 3 de julio de 2026, pedía información y documentos sobre los planes en trámite, sus expedientes, estudios de uso del suelo y la participación de autoridades municipales. La coordinadora municipal informó que el correo fue enviado a la bandeja de no deseados y que contestó mediante oficio ZMT-224-2026, notificado el 6 de agosto de 2026, después de que se notificara el curso del amparo. La respuesta indicó que se tramitaba el Plan Regulador Integral Mal País-Santa Teresa y que contaba con aprobación de la variable ambiental de SETENA, mientras se valoraban los recursos presupuestarios para continuar. La mayoría declaró con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios; consideró ajena a esta jurisdicción cualquier disconformidad con el contenido de la respuesta. Dos magistradas y un magistrado formularon votos parcialmente salvados sobre costas y daños.", "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) granted an amparo proceeding concerning the failure to respond on time to a request for information about regulatory plans in the maritime-terrestrial zone of the Cóbano district. The request, submitted on 3 July 2026, sought information and documents about plans in progress, their administrative files, land-use studies, and municipal authorities’ participation. The municipal coordinator reported that the email had been routed to the junk folder and that she responded by official letter ZMT-224-2026, notified on 6 August 2026, after notice that the amparo had been admitted for processing. The response said that the Mal País-Santa Teresa Comprehensive Regulatory Plan was being processed and had received SETENA’s approval of its environmental variable, while the necessary budget was being assessed for subsequent steps. The majority granted the amparo without a special award of costs, damages, or compensation, and said that disagreement with the response’s content fell outside this jurisdiction. Two justices and one justice issued partial dissents concerning costs and damages.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "20/08/2026", "year": "2026", "topic_ids": [], "primary_topic_id": null, "es_concept_hints": [ "recurso de amparo", "derecho de petición y pronta resolución", "acceso a información pública", "zona marítimo-terrestre", "plan regulador costero", "variable ambiental", "SETENA", "costas, daños y perjuicios" ], "article_citations": [], "keywords_es": [ "recurso de amparo", "derecho de petición", "pronta respuesta", "acceso a información pública", "zona marítimo-terrestre", "planes reguladores costeros", "Plan Regulador Integral Mal País-Santa Teresa", "SETENA", "costas y daños" ], "keywords_en": [ "amparo proceeding", "right of petition", "prompt response", "access to public information", "maritime-terrestrial zone", "coastal regulatory plans", "Mal País-Santa Teresa Comprehensive Regulatory Plan", "SETENA", "costs and damages" ], "excerpt_es": "En conclusión, es cierto que la solicitud de información remitida por el recurrente en fecha 03 de julio de 2026 no había sido resuelta a la fecha de interposición del recurso de amparo. Por su parte la autoridad recurrida demostró que la solicitud fue resuelta mediante oficio ZMT-224-2026 de fecha 06 de agosto de 2026 -oficio notificado ese mismo día al correo electrónico del recurrente-. Ante ese panorama el recurso deviene procedente sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nAhora bien, teniendo claro lo anterior, si la parte recurrente se encuentra disconforme con la respuesta recibida, constituye un ámbito ajeno a la competencia de esta jurisdicción, razón por la cual, deberán plantear lo correspondiente ante la propia autoridad recurrida.", "excerpt_en": "In conclusion, it is true that the information request submitted by the applicant on 3 July 2026 had not been answered by the date the amparo proceeding was filed. The respondent authority, for its part, showed that the request was answered by official letter ZMT-224-2026 dated 6 August 2026—a letter notified to the applicant by email that same day. In those circumstances, the amparo is granted without a special award of costs, damages, or compensation.\n\nWith that established, if the applicant disagrees with the response received, that matter falls outside this jurisdiction’s competence; the applicant must therefore raise it with the respondent authority itself.", "outcome": { "label_en": "Granted", "label_es": "Con lugar", "summary_en": "The Chamber granted the amparo concerning the late response to the information request about coastal regulatory plans, without a special award of costs, damages, or compensation; partial dissents addressed those matters.", "summary_es": "La Sala declaró con lugar el amparo por la respuesta tardía a la solicitud de información sobre planes reguladores costeros, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios; hubo votos parcialmente salvados sobre esos extremos." }, "pull_quotes": [ { "context": "Informe de la autoridad recurrida", "quote_en": "The Public Administration is subject to the principle of legality enshrined in Article 11 of the Constitution and developed in Article 11 of the General Law of Public Administration.", "quote_es": "La Administración Pública se encuentra sometida al principio de legalidad consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política y desarrollado en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública" }, { "context": "Oficio ZMT-224-2026", "quote_en": "At the current stage, the availability and determination of the budget resources needed to continue with the next phases of preparation, processing, and eventual implementation of the Regulatory Plan are being assessed.", "quote_es": "En la etapa actual, se encuentra en proceso de valoración la disponibilidad y definición de los recursos presupuestarios necesarios para continuar con las siguientes fases de elaboración, trámite y eventual implementación del Plan Regulador" } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1422006", "tier": 2, "is_environmental": true, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Revisión del Documento\n\n\n\nExp: 26-027460-0007-CO \n\nRes. Nº 2026032186\n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinte de agosto de dos mil veintiseis .\n\nRecurso de amparo presentado por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra el CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CÓBANO.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las 14:47 horas del 30 de julio de 2026 el recurrente presenta recurso de amparo contra el Concejo Municipal del Distrito de Cóbano . Manifiesta que el 3 de julio de 2026 remitió a las direcciones electrónicas ...02, ...03, ...01 una gestión dirigida a la Licda. Lidieth Porras, en su condición de coordinadora del Departamento de Zona Marítimo Terrestre del Concejo Municipal del Distrito de Cóbano, mediante la cual requirió la siguiente información: “1. Se informe cuáles procedimientos de modificación, ajuste o actualización de Planes Reguladores vigentes en la Zona Marítimo Terrestre a su cargo, se encuentran actualmente en trámite, indicando las zonas geográficas sobre las cuales recaen. Asimismo, en caso de que se encuentren en elaboración nuevos Planes Reguladores en la Zona Marítimo Terrestre, se informe cuáles son, las zonas o distritos que comprenden y el ámbito territorial que abarca cada uno. 2. Se remita copia íntegra de los expedientes administrativos correspondientes a los procedimientos de elaboración, modificación o actualización de Planes Reguladores en la Zona Marítimo Terrestre que se encuentren en trámite a la fecha de atención de la presente solicitud. 3. Se informe cuáles funcionarios de la Administración Municipal tienen actualmente a su cargo la tramitación de los expedientes relacionados con la elaboración o modificación de los Planes Reguladores en la Zona Marítimo Terrestre, indicando el nombre completo y el cargo que desempeña cada uno de ellos. 4. Se remita copia de los estudios, informes técnicos, criterios, dictámenes o cualquier otro documento en el que se fundamenten las propuestas de uso del suelo contempladas en los Planes Reguladores en la Zona Marítimo Terrestre que actualmente se encuentran en elaboración o modificación, incluyendo la justificación técnica o jurídica de las categorías de uso del suelo propuestas. En caso de que dichos documentos no existan, se solicita indicarlo expresamente 5. Se informe si el Intendente ha participado en el proceso de elaboración, modificación o revisión de los Planes Reguladores en trámite, o si ha emitido observaciones, recomendaciones, sugerencias o criterios relacionados con la asignación de los usos del suelo contemplados en dichos instrumentos de planificación territorial. 6. Se informe si, a la fecha, el Concejo Municipal ha participado o ha sido consultado formalmente dentro del proceso de elaboración o modificación de los Planes Reguladores en la Zona Marítimo Terrestre en trámite. En caso afirmativo, se solicita indicar la forma y oportunidad en que dicha participación se produjo y remitir copia de la documentación correspondiente. En caso negativo, se solicita indicar en qué etapa del procedimiento se prevé la intervención del Concejo Municipal”. Acusa que a la fecha de interposición del presente recurso no ha recibido respuesta.\n\n2.- Por resolución de las 09:36 horas del 04 de agosto de 2026 se dio curso al presente amparo y se solicitó informe al COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CÓBANO (ve registro electrónico).\n\n3.- Informa bajo juramento Lidieth Porras Córdoba en su calidad de Coordinadora del Departamento de Zona Marítimo Terrestre del Concejo Municipal del Distrito de Cóbano (ver registro electrónico) en los siguientes términos: “PRIMERO: El recurrente manifiesta que el día 03 de julio del 2026 presentó una solicitud de información mediante correo electrónico dirigida a este Departamento de Zona Marítimo Terrestre, indicando que a la fecha de interposición del recurso de amparo no había recibido respuesta alguna. Al respecto, esta Coordinación reconoce que efectivamente existió una gestión remitida por el administrado mediante correo electrónico; sin embargo, debe aclararse que dicha comunicación no fue atendida oportunamente debido a una situación material e involuntaria relacionada con la gestión interna de la bandeja de correo institucional. Concretamente, el correo electrónico remitido por el recurrente fue direccionado automáticamente a la bandeja de correos no deseados, razón por la cual no fue visualizado ni conocido por esta dependencia dentro del plazo correspondiente, imposibilitando brindar una respuesta en el momento oportuno. Es importante señalar que no existió en ningún momento una actuación dirigida a omitir, rechazar o desconocer el derecho constitucional del administrado a obtener respuesta por parte de esta Coordinación, sino que se trató de una circunstancia accidental derivada del funcionamiento del sistema de correo electrónico y la imposibilidad material de advertir oportunamente dicha comunicación. SEGUNDO: El artículo 27 de la Constitución Política reconoce el derecho fundamental de petición y pronta resolución, garantizando que toda persona pueda dirigirse a los poderes públicos en asuntos de su competencia y obtener una respuesta dentro de un plazo razonable. Asimismo, el artículo 41 constitucional consagra el derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida, lo cual impone a la Administración Pública el deber de actuar bajo parámetros de eficiencia, razonabilidad, transparencia y respeto a los derechos de los administrados. No obstante, para que una conducta administrativa pueda ser considerada lesiva de derechos fundamentales y susceptible de tutela mediante el recurso de amparo, debe existir una omisión atribuible a la Administración que constituya una negativa injustificada, una renuencia ilegítima o un incumplimiento voluntario del deber constitucional de resolver las gestiones planteadas. En el presente caso, esta Coordinación reconoce que la solicitud planteada por el recurrente no fue atendida dentro del plazo correspondiente; sin embargo, resulta necesario aclarar que dicha situación no obedeció a una decisión administrativa de omitir, desconocer o rechazar la gestión presentada, ni existió una conducta deliberada orientada a afectar el derecho constitucional de petición del administrado. Por el contrario, la falta de respuesta oportuna obedeció a una circunstancia material, accidental e involuntaria relacionada con la gestión del correo electrónico institucional, toda vez que la comunicación remitida por el recurrente fue direccionada a la bandeja de correos no deseados, situación que imposibilitó que esta Coordinación tuviera conocimiento efectivo de la solicitud dentro del plazo legal establecido. Debe indicarse a esa Honorable Sala Constitucional que, según lo manifestado por el propio recurrente, la solicitud fue remitida el día 03 de julio del 2026. En atención a la naturaleza de la información requerida, correspondiente a aspectos eminentemente técnicos relacionados con los planes reguladores aplicables al sector costero del Distrito de Cóbano, la gestión debía ser atendida conforme al plazo establecido en el artículo 262 de la Ley General de la Administración Pública, disponiéndose de un plazo de diez días hábiles para brindar respuesta, el cual vencía el día 17 de julio del 2026. En este sentido, debe valorarse que esta Coordinación no permaneció en una actitud pasiva o de negativa frente a la solicitud del recurrente, sino que la ausencia de respuesta dentro del plazo obedeció exclusivamente a la imposibilidad material de advertir oportunamente la existencia de la gestión presentada. La Administración Pública se encuentra sometida al principio de legalidad consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política y desarrollado en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, razón por la cual, una vez que esta Coordinación tuvo conocimiento formal de la situación mediante la notificación del presente recurso de amparo, procedió de manera inmediata a realizar las verificaciones correspondientes y emitir la respuesta respectiva, garantizando con ello el ejercicio efectivo del derecho reclamado. TERCERO: Debe informarse que, una vez recibida la notificación del presente proceso constitucional, este Departamento procedió de manera inmediata a revisar la gestión presentada por el recurrente y emitir la respuesta correspondiente mediante oficio ZMT224-2026, mismo que fue debidamente notificado al administrado el día 06 de agosto del 2026. De esta manera, la Administración realizó las actuaciones necesarias para garantizar plenamente el derecho fundamental invocado, proporcionando la información solicitada y restituyendo la situación jurídica del recurrente. Sobre este aspecto, debe considerarse que el recurso de amparo tiene como finalidad primordial la protección y restitución efectiva de derechos fundamentales cuando estos han sido vulnerados por una actuación u omisión administrativa. Por ello, cuando durante la tramitación del proceso constitucional la Administración satisface la pretensión principal del recurrente, desaparece el objeto material del recurso, al haberse alcanzado la finalidad perseguida mediante este mecanismo de tutela constitucional. En consecuencia, en el presente caso no subsiste una conducta omisiva atribuible a esta Coordinación, puesto que la solicitud planteada fue atendida y comunicada formalmente al interesado, garantizando el acceso a la información requerida. Por lo anterior, respetuosamente se solicita valorar que, al momento de resolver el presente recurso, la eventual afectación alegada ya no se mantiene vigente, al haberse producido la restitución efectiva del derecho constitucional invocado. CUARTO: Debe señalarse que la actuación administrativa cuestionada debe ser analizada conforme a los principios generales que rigen la función pública, particularmente los principios de buena fe, razonabilidad, eficiencia y servicio público. Esta Coordinación no actuó con la intención de obstaculizar, limitar o desconocer el derecho del administrado a obtener una respuesta, sino que la situación presentada obedeció a un error operativo involuntario relacionado con la recepción y visualización de la comunicación electrónica, circunstancia que fue corregida inmediatamente una vez que se tuvo conocimiento efectivo de la gestión. Resulta relevante destacar que la actuación posterior de esta Coordinación demuestra una conducta diligente y orientada al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, pues al tener conocimiento de la situación se procedió sin dilación a revisar la solicitud, elaborar la respuesta correspondiente y comunicarla al recurrente. En consecuencia, no existe una conducta administrativa arbitraria, irrazonable o contraria al ordenamiento jurídico que permita concluir la existencia de una lesión constitucional vigente, sino una situación excepcional de carácter operativo que fue oportunamente subsanada por este Departamento en cumplimiento de los principios que rigen la función pública”. Solicita que se declare sin lugar el recurso. \n\n4.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las 02:16 horas del 17 de agosto de 2026 el recurente presenta réplica del informe rendido por la autoridad recurrida (ver registro electrónico).\n\n5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. \n\n Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- OBJETO DEL RECURSO: El recurrente reclama que el 3 de julio de 2026 remitió a las direcciones electrónicas ...02, ...03, ...01 una gestión dirigida a la Licda. Lidieth Porras, en su condición de coordinadora del Departamento de Zona Marítimo Terrestre del Concejo Municipal del Distrito de Cóbano, mediante la cual requirió la siguiente información: “1. Se informe cuáles procedimientos de modificación, ajuste o actualización de Planes Reguladores vigentes en la Zona Marítimo Terrestre a su cargo, se encuentran actualmente en trámite, indicando las zonas geográficas sobre las cuales recaen. Asimismo, en caso de que se encuentren en elaboración nuevos Planes Reguladores en la Zona Marítimo Terrestre, se informe cuáles son, las zonas o distritos que comprenden y el ámbito territorial que abarca cada uno. 2. Se remita copia íntegra de los expedientes administrativos correspondientes a los procedimientos de elaboración, modificación o actualización de Planes Reguladores en la Zona Marítimo Terrestre que se encuentren en trámite a la fecha de atención de la presente solicitud. 3. Se informe cuáles funcionarios de la Administración Municipal tienen actualmente a su cargo la tramitación de los expedientes relacionados con la elaboración o modificación de los Planes Reguladores en la Zona Marítimo Terrestre, indicando el nombre completo y el cargo que desempeña cada uno de ellos. 4. Se remita copia de los estudios, informes técnicos, criterios, dictámenes o cualquier otro documento en el que se fundamenten las propuestas de uso del suelo contempladas en los Planes Reguladores en la Zona Marítimo Terrestre que actualmente se encuentran en elaboración o modificación, incluyendo la justificación técnica o jurídica de las categorías de uso del suelo propuestas. En caso de que dichos documentos no existan, se solicita indicarlo expresamente 5. Se informe si el Intendente ha participado en el proceso de elaboración, modificación o revisión de los Planes Reguladores en trámite, o si ha emitido observaciones, recomendaciones, sugerencias o criterios relacionados con la asignación de los usos del suelo contemplados en dichos instrumentos de planificación territorial. 6. Se informe si, a la fecha, el Concejo Municipal ha participado o ha sido consultado formalmente dentro del proceso de elaboración o modificación de los Planes Reguladores en la Zona Marítimo Terrestre en trámite. En caso afirmativo, se solicita indicar la forma y oportunidad en que dicha participación se produjo y remitir copia de la documentación correspondiente. En caso negativo, se solicita indicar en qué etapa del procedimiento se prevé la intervención del Concejo Municipal”. Acusa que a la fecha de interposición del presente recurso no ha recibido respuesta.\n\nII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos:\n\na) Que en fecha 03 de julio de 2026 el recurrente remitió a las direcciones electrónicas ...02, ...03, ...01 una gestión dirigida a la Licda. Lidieth Porras, en su condición de coordinadora del Departamento de Zona Marítimo Terrestre del Concejo Municipal del Distrito de Cóbano, mediante la cual requirió la siguiente información: “1. Se informe cuáles procedimientos de modificación, ajuste o actualización de Planes Reguladores vigentes en la Zona Marítimo Terrestre a su cargo, se encuentran actualmente en trámite, indicando las zonas geográficas sobre las cuales recaen. Asimismo, en caso de que se encuentren en elaboración nuevos Planes Reguladores en la Zona Marítimo Terrestre, se informe cuáles son, las zonas o distritos que comprenden y el ámbito territorial que abarca cada uno. 2. Se remita copia íntegra de los expedientes administrativos correspondientes a los procedimientos de elaboración, modificación o actualización de Planes Reguladores en la Zona Marítimo Terrestre que se encuentren en trámite a la fecha de atención de la presente solicitud. 3. Se informe cuáles funcionarios de la Administración Municipal tienen actualmente a su cargo la tramitación de los expedientes relacionados con la elaboración o modificación de los Planes Reguladores en la Zona Marítimo Terrestre, indicando el nombre completo y el cargo que desempeña cada uno de ellos. 4. Se remita copia de los estudios, informes técnicos, criterios, dictámenes o cualquier otro documento en el que se fundamenten las propuestas de uso del suelo contempladas en los Planes Reguladores en la Zona Marítimo Terrestre que actualmente se encuentran en elaboración o modificación, incluyendo la justificación técnica o jurídica de las categorías de uso del suelo propuestas. En caso de que dichos documentos no existan, se solicita indicarlo expresamente 5. Se informe si el Intendente ha participado en el proceso de elaboración, modificación o revisión de los Planes Reguladores en trámite, o si ha emitido observaciones, recomendaciones, sugerencias o criterios relacionados con la asignación de los usos del suelo contemplados en dichos instrumentos de planificación territorial. 6. Se informe si, a la fecha, el Concejo Municipal ha participado o ha sido consultado formalmente dentro del proceso de elaboración o modificación de los Planes Reguladores en la Zona Marítimo Terrestre en trámite. En caso afirmativo, se solicita indicar la forma y oportunidad en que dicha participación se produjo y remitir copia de la documentación correspondiente. En caso negativo, se solicita indicar en qué etapa del procedimiento se prevé la intervención del Concejo Municipal” (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nb) Que el correo electrónico ...02 corresponde al correo institucional del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nc) Que el correo electrónico remitido por el recurrente fue direccionado automáticamente a la bandeja de correos no deseados (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nd) Que en fecha 06 de agosto de 2026 se notificó la resolución de curso a la autoridad recurrida (ver acta de notificación).\n\ne) Que mediante oficio ZMT-224-2026 de fecha 06 de agosto de 2026 la autoridad recurrida le brindó al recurrente la información solicitada indicándole: “Por medio de la presente le saludo, asimismo, en atención a la solicitud de información presentada ante este Departamento de Zona Marítimo Terrestre, procedo a dar respuesta a sus consultas; 1. Se informe cuáles procedimientos de modificación, ajuste o actualización de Planes Reguladores vigentes en la Zona Marítimo Terrestre a su cargo, se encuentran actualmente en trámite, indicando las zonas geográficas sobre las cuales recaen. Asimismo, en caso de que se encuentren en elaboración nuevos Planes Reguladores en la Zona Marítimo Terrestre, se informe cuáles son, las zonas o distritos que comprenden y el ámbito territorial que abarca cada uno. R/. Al día de hoy este Departamento de Zona Marítimo Terrestre solo se encuentra tramitando el Plan Regulador Integral Mal País- Santa Teresa, el cual versa sobre los sectores costeros desde Mal País a Manzanillo. 2. Se remita copia íntegra de los expedientes administrativos correspondientes a los procedimientos de elaboración, modificación o actualización de Planes Reguladores en la Zona Marítimo Terrestre que se encuentren en trámite a la fecha de atención de la presente solicitud. R/. Se adjunta copia digital del avance hasta el día de hoy de la tramitación del Plan Regulador Mal País Santa Teresa, dicho avance consta hasta la aprobación de la variable ambiental en el plan regulador, según Resolución número 0650-2026-SETENA. 3. Se informe cuáles funcionarios de la Administración Municipal tienen actualmente a su cargo la tramitación de los expedientes relacionados con la elaboración o modificación de los Planes Reguladores en la Zona Marítimo Terrestre, indicando el nombre completo y el cargo que desempeña cada uno de ellos. R/. El funcionario de este departamento que se encontraba a cargo de la trazabilidad de información de la variable ambiental con SETENA era el Ing. Rodrigo Vázquez, el cual en este momento no se encuentra laborando para este departamento, sin embargo, es necesario aclarar que el presente asunto estaba siendo tramitado bajo la competencia de la Intendencia Municipal y un Ingeniero Ambiental externo, el señor Allan Astorga Gattgens 4. Se remita copia de los estudios, informes técnicos, criterios, dictámenes o cualquier otro documento en el que se fundamenten las propuestas de uso del suelo contempladas en los Planes Reguladores en la Zona Marítimo Terrestre que actualmente se encuentran en elaboración o modificación, incluyendo la justificación técnica o jurídica de las categorías de uso del suelo propuestas. En caso de que dichos documentos no existan, se solicita indicarlo expresamente. R/. Se adjunta lo solicitado. 5. Se informe si el Intendente ha participado en el proceso de elaboración, modificación o revisión de los Planes Reguladores en trámite, o si ha emitido observaciones, recomendaciones, sugerencias o criterios relacionados con la asignación de los usos del suelo contemplados en dichos instrumentos de planificación territorial R/. La Intendencia Municipal ostenta la representación legal de este Concejo Municipal de Distrito, de conformidad con las competencias y atribuciones conferidas por el ordenamiento jurídico vigente. En ejercicio de dichas facultades, corresponde a dicha instancia la representación institucional ante las entidades públicas y administrativas que así lo requieran. En virtud de lo anterior, la gestión y tramitación de la variable ambiental ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) correspondiente al Plan Regulador Integral Mal País Santa Teresa fue realizada por la Intendencia Municipal, en su condición de representante legal de este Concejo Municipal de Distrito. Asimismo, este Departamento no registra observaciones, recomendaciones, sugerencias o criterios relacionados con la asignación de los usos del suelo contemplados en dichos instrumentos de planificación territorial, realizados por la Intendencia Municipal, por lo cual se recomienda dirigir su consulta específicamente a la Intendencia Municipal. 6. Se informe si, a la fecha, el Concejo Municipal ha participado o ha sido consultado formalmente dentro del proceso de elaboración o modificación de los Planes Reguladores en la Zona Marítimo Terrestre en trámite. En caso afirmativo, se solicita indicar la forma y oportunidad en que dicha participación se produjo y remitir copia de la documentación correspondiente. En caso negativo, se solicita indicar en qué etapa del procedimiento se prevé la intervención del Concejo Municipal. R/. En mi calidad de Coordinadora de este departamento, no tengo conocimiento de lo consultado, sin embargo, puede dirigir su consulta de manera especifica al Concejo de Concejales. Observaciones: Al día de hoy, este Departamento se encuentra gestionando únicamente las actuaciones administrativas correspondientes al Plan Regulador Integral Mal País Santa Teresa, instrumento de planificación territorial que comprende el sector costero ubicado desde Mal País hasta Manzanillo. Respecto a dicho proceso, se informa que actualmente se cuenta con la aprobación de la variable ambiental emitida por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), mediante la Resolución número 0650-2026-SETENA, constituyendo dicho acto administrativo un avance fundamental dentro del procedimiento requerido para la formulación y aprobación del instrumento de planificación. En la etapa actual, se encuentra en proceso de valoración la disponibilidad y definición de los recursos presupuestarios necesarios para continuar con las siguientes fases de elaboración, trámite y eventual implementación del Plan Regulador, gestión que corresponde ser atendida por la Intendencia Municipal, en el marco de sus competencias administrativas y de planificación institucional” -oficio notificado al recurrente el 06 de agosto de 2026- (ver informe de la autoridad recurrida).\n\nIII.- SOBRE EL CASO CONCRETO: Del informe rendido por la autoridad recurrida el cual es dado bajo la solemnidad del juramento con las consecuencias legales que ello implica se desprende que en fecha 03 de julio de 2026 el recurrente remitió a las direcciones electrónicas ...02, ...03, ...01 una gestión dirigida a la Licda. Lidieth Porras, en su condición de coordinadora del Departamento de Zona Marítimo Terrestre del Concejo Municipal del Distrito de Cóbano, mediante la cual requirió la siguiente información: “1. Se informe cuáles procedimientos de modificación, ajuste o actualización de Planes Reguladores vigentes en la Zona Marítimo Terrestre a su cargo, se encuentran actualmente en trámite, indicando las zonas geográficas sobre las cuales recaen. Asimismo, en caso de que se encuentren en elaboración nuevos Planes Reguladores en la Zona Marítimo Terrestre, se informe cuáles son, las zonas o distritos que comprenden y el ámbito territorial que abarca cada uno. 2. Se remita copia íntegra de los expedientes administrativos correspondientes a los procedimientos de elaboración, modificación o actualización de Planes Reguladores en la Zona Marítimo Terrestre que se encuentren en trámite a la fecha de atención de la presente solicitud. 3. Se informe cuáles funcionarios de la Administración Municipal tienen actualmente a su cargo la tramitación de los expedientes relacionados con la elaboración o modificación de los Planes Reguladores en la Zona Marítimo Terrestre, indicando el nombre completo y el cargo que desempeña cada uno de ellos. 4. Se remita copia de los estudios, informes técnicos, criterios, dictámenes o cualquier otro documento en el que se fundamenten las propuestas de uso del suelo contempladas en los Planes Reguladores en la Zona Marítimo Terrestre que actualmente se encuentran en elaboración o modificación, incluyendo la justificación técnica o jurídica de las categorías de uso del suelo propuestas. En caso de que dichos documentos no existan, se solicita indicarlo expresamente 5. Se informe si el Intendente ha participado en el proceso de elaboración, modificación o revisión de los Planes Reguladores en trámite, o si ha emitido observaciones, recomendaciones, sugerencias o criterios relacionados con la asignación de los usos del suelo contemplados en dichos instrumentos de planificación territorial. 6. Se informe si, a la fecha, el Concejo Municipal ha participado o ha sido consultado formalmente dentro del proceso de elaboración o modificación de los Planes Reguladores en la Zona Marítimo Terrestre en trámite. En caso afirmativo, se solicita indicar la forma y oportunidad en que dicha participación se produjo y remitir copia de la documentación correspondiente. En caso negativo, se solicita indicar en qué etapa del procedimiento se prevé la intervención del Concejo Municipal”. Se acreditó que el correo electrónico ...02 corresponde al correo institucional del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano y que el correo electrónico remitido por el recurrente fue direccionado automáticamente a la bandeja de correos no deseados. Se demostró que mediante oficio ZMT-224-2026 de fecha 06 de agosto de 2026 la autoridad recurrida le brindó al recurrente la información solicitada indicándole: “Por medio de la presente le saludo, asimismo, en atención a la solicitud de información presentada ante este Departamento de Zona Marítimo Terrestre, procedo a dar respuesta a sus consultas; 1. Se informe cuáles procedimientos de modificación, ajuste o actualización de Planes Reguladores vigentes en la Zona Marítimo Terrestre a su cargo, se encuentran actualmente en trámite, indicando las zonas geográficas sobre las cuales recaen. Asimismo, en caso de que se encuentren en elaboración nuevos Planes Reguladores en la Zona Marítimo Terrestre, se informe cuáles son, las zonas o distritos que comprenden y el ámbito territorial que abarca cada uno. R/. Al día de hoy este Departamento de Zona Marítimo Terrestre solo se encuentra tramitando el Plan Regulador Integral Mal País- Santa Teresa, el cual versa sobre los sectores costeros desde Mal País a Manzanillo. 2. Se remita copia íntegra de los expedientes administrativos correspondientes a los procedimientos de elaboración, modificación o actualización de Planes Reguladores en la Zona Marítimo Terrestre que se encuentren en trámite a la fecha de atención de la presente solicitud. R/. Se adjunta copia digital del avance hasta el día de hoy de la tramitación del Plan Regulador Mal País Santa Teresa, dicho avance consta hasta la aprobación de la variable ambiental en el plan regulador, según Resolución número 0650-2026-SETENA. 3. Se informe cuáles funcionarios de la Administración Municipal tienen actualmente a su cargo la tramitación de los expedientes relacionados con la elaboración o modificación de los Planes Reguladores en la Zona Marítimo Terrestre, indicando el nombre completo y el cargo que desempeña cada uno de ellos. R/. El funcionario de este departamento que se encontraba a cargo de la trazabilidad de información de la variable ambiental con SETENA era el Ing. Rodrigo Vázquez, el cual en este momento no se encuentra laborando para este departamento, sin embargo, es necesario aclarar que el presente asunto estaba siendo tramitado bajo la competencia de la Intendencia Municipal y un Ingeniero Ambiental externo, el señor Allan Astorga Gattgens 4. Se remita copia de los estudios, informes técnicos, criterios, dictámenes o cualquier otro documento en el que se fundamenten las propuestas de uso del suelo contempladas en los Planes Reguladores en la Zona Marítimo Terrestre que actualmente se encuentran en elaboración o modificación, incluyendo la justificación técnica o jurídica de las categorías de uso del suelo propuestas. En caso de que dichos documentos no existan, se solicita indicarlo expresamente. R/. Se adjunta lo solicitado. 5. Se informe si el Intendente ha participado en el proceso de elaboración, modificación o revisión de los Planes Reguladores en trámite, o si ha emitido observaciones, recomendaciones, sugerencias o criterios relacionados con la asignación de los usos del suelo contemplados en dichos instrumentos de planificación territorial R/. La Intendencia Municipal ostenta la representación legal de este Concejo Municipal de Distrito, de conformidad con las competencias y atribuciones conferidas por el ordenamiento jurídico vigente. En ejercicio de dichas facultades, corresponde a dicha instancia la representación institucional ante las entidades públicas y administrativas que así lo requieran. En virtud de lo anterior, la gestión y tramitación de la variable ambiental ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) correspondiente al Plan Regulador Integral Mal País Santa Teresa fue realizada por la Intendencia Municipal, en su condición de representante legal de este Concejo Municipal de Distrito. Asimismo, este Departamento no registra observaciones, recomendaciones, sugerencias o criterios relacionados con la asignación de los usos del suelo contemplados en dichos instrumentos de planificación territorial, realizados por la Intendencia Municipal, por lo cual se recomienda dirigir su consulta específicamente a la Intendencia Municipal. 6. Se informe si, a la fecha, el Concejo Municipal ha participado o ha sido consultado formalmente dentro del proceso de elaboración o modificación de los Planes Reguladores en la Zona Marítimo Terrestre en trámite. En caso afirmativo, se solicita indicar la forma y oportunidad en que dicha participación se produjo y remitir copia de la documentación correspondiente. En caso negativo, se solicita indicar en qué etapa del procedimiento se prevé la intervención del Concejo Municipal. R/. En mi calidad de Coordinadora de este departamento, no tengo conocimiento de lo consultado, sin embargo, puede dirigir su consulta de manera especifica al Concejo de Concejales. Observaciones: Al día de hoy, este Departamento se encuentra gestionando únicamente las actuaciones administrativas correspondientes al Plan Regulador Integral Mal País Santa Teresa, instrumento de planificación territorial que comprende el sector costero ubicado desde Mal País hasta Manzanillo. Respecto a dicho proceso, se informa que actualmente se cuenta con la aprobación de la variable ambiental emitida por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), mediante la Resolución número 0650-2026-SETENA, constituyendo dicho acto administrativo un avance fundamental dentro del procedimiento requerido para la formulación y aprobación del instrumento de planificación. En la etapa actual, se encuentra en proceso de valoración la disponibilidad y definición de los recursos presupuestarios necesarios para continuar con las siguientes fases de elaboración, trámite y eventual implementación del Plan Regulador, gestión que corresponde ser atendida por la Intendencia Municipal, en el marco de sus competencias administrativas y de planificación institucional” -oficio notificado al recurrente el 06 de agosto de 2026-. En conclusión, es cierto que la solicitud de información remitida por el recurrente en fecha 03 de julio de 2026 no había sido resuelta a la fecha de interposición del recurso de amparo. Por su parte la autoridad recurrida demostró que la solicitud fue resuelta mediante oficio ZMT-224-2026 de fecha 06 de agosto de 2026 -oficio notificado ese mismo día al correo electrónico del recurrente-. Ante ese panorama el recurso deviene procedente sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Ahora bien, teniendo claro lo anterior, si la parte recurrente se encuentra disconforme con la respuesta recibida, constituye un ámbito ajeno a la competencia de esta jurisdicción, razón por la cual, deberán plantear lo correspondiente ante la propia autoridad recurrida. \n\nIV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nV.- RAZONES DIFERENTES Y VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO: Si bien coincido con el voto de mayoría, que declara con lugar el recurso por violación al derecho de petición y pronta respuesta, considero que debe ser estimado; pero imponiendo a la parte recurrida el pago de las costas, así como a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, por las siguientes razones.\n\nEl derecho de petición y pronta respuesta, contenido en los artículos 27, de la Constitución Política, y 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, obliga a los funcionarios públicos a resolver las solicitudes de los administrados en un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de presentación de tales gestiones, salvo que se haya señalado un plazo distinto para contestar. Sin embargo, el artículo 32 citado dispone, además, que, en la decisión de la petición, la Sala apreciará las razones que se aduzcan para considerar insuficiente dicho plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto. En todo caso, la Administración está obligada a comunicarle al peticionario las causas de la demora en pronunciarse. Para efectos del presente análisis, resulta relevante tener presente lo señalado por las normas antes citadas.\n\nEl artículo 27, de la Constitución Política, establece lo siguiente:\n\n“Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución”.\n\nPor su parte, el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece lo siguiente:\n\n“Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, y no hubiere plazo señalado para contestar, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que, en la decisión del recurso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto”.\n\nEn el mismo sentido, en la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097 del 26 de octubre de 2012, se establece que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27, de la Constitución Política, para aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. Es de relevancia tener presente lo señalado en el numeral 6, de dicha normativa:\n\n“Presentación de escritos y plazo de respuesta.\n\nEl escrito en que se presente la petición y cualesquiera otros documentos y comunicaciones que se aporten, ante la administración pública correspondiente, conforme lo indica el artículo 2 de esta ley, obligará a la administración a acusar recibo de esta, debiendo responder en el plazo improrrogable de diez días hábiles contado a partir del día siguiente de la recepción, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la presente ley. Esta actuación se llevará a efecto por el órgano correspondiente, de acuerdo con la norma organizativa de cada entidad…”.\n\nDe este modo, en los recursos de amparo referidos a la presunta lesión de este derecho, existe norma legal expresa -avalada constitucionalmente por la ley que rige esta jurisdicción- que ordena brindar la información requerida dentro de los diez días hábiles siguientes a su solicitud, tal y como lo disponen los artículos 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 27, de la Constitución Política, según se indicó anteriormente. Adicionalmente, dicho plazo es reiterado en el artículo 6, de la Ley N° 9097, lo cual refuerza la intención del legislador respecto de la tutela de este derecho.\n\nAsimismo, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 51, dispone:\n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.\n\nEn consecuencia, en el caso que nos ocupa, se constata la violación del plazo de diez días avalado constitucionalmente -que, por cierto, no se exige para el resto de los recursos de amparo, excepto para el de rectificación y respuesta (numeral 68, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional)-.\n\nPor lo tanto, lo que procede al respecto, y con el debido respeto a la tesis de la mayoría, es tener por acreditada la lesión al derecho de petición y pronta respuesta, así como al derecho de acceso a la información pública (artículo 30, Constitucional), que garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, ordenando la condenatoria en costas, daños y perjuicios a la autoridad recurrida.\n\nAsí, tratándose de un plazo avalado constitucionalmente -tanto por el legislador, así como por este Tribunal Constitucional-, su incumplimiento conlleva una lesión al derecho fundamental señalado que impulsó a la parte recurrente a formular el presente recurso de amparo como mecanismo para la obtención de la respuesta a su gestión o el acceso a la información que ha requerido, lo anterior con independencia de que la respuesta o la entrega de la información se haya producido antes o con ocasión del amparo; porque, es lo cierto, que finalmente el administrado vio satisfecho su derecho constitucional con ocasión a la interposición del recurso de amparo que se vio forzado a presentar, con los inconvenientes y los costos que ello ocasiona. Se insiste, la respuesta o el acceso dado por la Administración recurrida que se produce una vez vencido el plazo en cuestión, aún y cuando sobrevenga antes de la notificación del curso del amparo, o bien, como en este caso, con ocasión de la puesta en conocimiento de dicho curso, no constituye un cumplimiento en tiempo de la obligación que le imponen los ordinales 27 y 30 Constitucionales. Es claro que en esa hipótesis, esa respuesta extemporánea supone una satisfacción al reclamo del amparado, pero ello no es óbice para el reconocimiento de los daños y perjuicios que esa indolencia pudo ocasionar al recurrente, así como de los costos asociados al ejercicio de la presente acción procesal, necesaria para el resguardo de sus derechos fundamentales, tal y como lo habilita el precepto 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nEn consecuencia, salvo parcialmente el voto, e impongo a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios.\n\nVI.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.\n\nEn razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.\n\nVII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE: Se previene a la parte recurrente que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, deberá retirarlos del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el «Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial», aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Salazar Alvarado consigna razones diferentes y salva parcialmente el voto, únicamente para efectos indemnizatorios, e impone a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n P6RA7QJFIS061 \n\nEXPEDIENTE N° 26-027460-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01).", "body_en_text": "Document Review\n\n\n\nExp: 26-027460-0007-CO \n\nRes. Nº 2026032186\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at 9:20 a.m. on 20 August 2026.\n\nAmparo application filed by Nombre01, identity card CED01, against the MUNICIPAL COUNCIL OF THE DISTRICT OF CÓBANO.\n\nBackground:\n\n1.- By a written submission filed with the Secretariat of this Chamber at 14:47 on 30 July 2026, the petitioner filed an amparo application against the Municipal Council of the District of Cóbano. The petitioner states that on 3 July 2026, they sent a request to the email addresses ...02, ...03, ...01, addressed to Licda. Lidieth Porras, in her capacity as coordinator of the Maritime-Terrestrial Zone Department of the Municipal Council of the District of Cóbano, requesting the following information: “1. Please report which procedures to modify, adjust, or update the Regulatory Plans in force in the Maritime-Terrestrial Zone under your responsibility are currently pending, specifying the geographic areas to which they relate. Also, if new Regulatory Plans for the Maritime-Terrestrial Zone are being prepared, please identify them, the areas or districts they cover, and the territorial scope of each. 2. Please provide a complete copy of the administrative case files corresponding to procedures to prepare, modify, or update Regulatory Plans in the Maritime-Terrestrial Zone that are pending as of the date this request is answered. 3. Please report which Municipal Administration officials are currently responsible for processing the case files related to the preparation or modification of Regulatory Plans in the Maritime-Terrestrial Zone, specifying each official’s full name and position. 4. Please provide copies of the studies, technical reports, opinions, findings, or any other documents supporting the land-use proposals contemplated in the Regulatory Plans for the Maritime-Terrestrial Zone that are currently being prepared or modified, including the technical or legal justification for the proposed land-use categories. If those documents do not exist, please expressly state that. 5. Please report whether the Intendente has participated in the preparation, modification, or review of the pending Regulatory Plans, or has issued comments, recommendations, suggestions, or opinions concerning the assignment of land uses contemplated in those territorial-planning instruments. 6. Please report whether, as of this date, the Municipal Council has participated in or been formally consulted during the preparation or modification of the pending Regulatory Plans for the Maritime-Terrestrial Zone. If so, please specify how and when that participation occurred and provide copies of the corresponding documents. If not, please state at what stage of the procedure the Municipal Council is expected to intervene.” The petitioner alleges that, as of the date this amparo application was filed, no response had been received.\n\n2.- By resolution issued at 09:36 on 04 August 2026, this amparo proceeding was admitted, and a report was requested from the COORDINATOR OF THE MARITIME-TERRESTRIAL ZONE DEPARTMENT OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE DISTRICT OF CÓBANO (see electronic record).\n\n3.- Lidieth Porras Córdoba, in her capacity as Coordinator of the Maritime-Terrestrial Zone Department of the Municipal Council of the District of Cóbano, submits a report under oath (see electronic record) in the following terms: “FIRST: The petitioner states that on 03 July 2026 they submitted a request for information by email addressed to this Maritime-Terrestrial Zone Department, indicating that as of the date the amparo application was filed they had not received any response. In this regard, this Coordination acknowledges that the person concerned did in fact send a request by email; however, it must be clarified that the communication was not addressed in a timely manner due to a material and unintentional issue concerning the internal management of the institutional email inbox. Specifically, the email sent by the petitioner was automatically directed to the junk mail folder, and for that reason it was not viewed or seen by this department within the applicable period, making it impossible to provide a response at the proper time. It is important to state that at no time was there any action intended to omit, reject, or disregard the person’s constitutional right to receive a response from this Coordination. Rather, this was an accidental circumstance arising from the operation of the email system and the material impossibility of noticing the communication in a timely manner. SECOND: Article 27 of the Constitution recognizes the fundamental right to petition and prompt resolution, guaranteeing that every person may address the public authorities on matters within their competence and receive a response within a reasonable period. Likewise, Article 41 of the Constitution establishes the right to prompt and effective administrative justice, which requires the Public Administration to act according to standards of efficiency, reasonableness, transparency, and respect for the rights of persons subject to its authority. However, for administrative conduct to be considered an infringement of fundamental rights and eligible for protection through an amparo application, there must be an omission attributable to the Administration that constitutes an unjustified refusal, illegitimate reluctance, or voluntary failure to fulfill the constitutional duty to resolve the requests submitted. In this case, this Coordination acknowledges that the petitioner’s request was not addressed within the applicable period; however, it is necessary to clarify that this did not result from an administrative decision to omit, disregard, or reject the request, nor was there deliberate conduct aimed at affecting the person’s constitutional right to petition. On the contrary, the failure to respond in a timely manner resulted from a material, accidental, and unintentional circumstance related to the management of the institutional email, since the communication sent by the petitioner was directed to the junk mail folder, making it impossible for this Coordination to become effectively aware of the request within the statutory period. This Honorable Constitutional Chamber should be informed that, according to the petitioner, the request was sent on 03 July 2026. Given the nature of the information requested, which concerns eminently technical aspects related to the regulatory plans applicable to the coastal sector of the District of Cóbano, the request had to be addressed within the period established in Article 262 of the General Law of Public Administration, which allows ten business days to respond and expired on 17 July 2026. In this regard, it should be considered that this Coordination did not remain passive or refuse to act on the petitioner’s request; rather, the absence of a response within the period was due exclusively to the material impossibility of noticing the existence of the request in a timely manner. The Public Administration is subject to the principle of legality enshrined in Article 11 of the Constitution and developed in Article 11 of the General Law of Public Administration. Accordingly, once this Coordination formally learned of the situation through notification of this amparo application, it immediately proceeded to make the corresponding checks and issue the relevant response, thereby ensuring the effective exercise of the right claimed. THIRD: It should be reported that, upon receiving notice of this constitutional proceeding, this Department immediately reviewed the request submitted by the petitioner and issued the corresponding response by official letter ZMT224-2026, which was duly notified to the person concerned on 06 August 2026. In this way, the Administration took the necessary steps to fully guarantee the fundamental right invoked, providing the requested information and restoring the petitioner’s legal position. In this regard, it should be considered that the primary purpose of an amparo application is to protect and effectively restore fundamental rights when they have been infringed by administrative action or omission. Therefore, when the Administration satisfies the petitioner’s principal claim during the constitutional proceeding, the material object of the application ceases to exist, since the purpose pursued through this constitutional protection mechanism has been achieved. Accordingly, in this case no omission attributable to this Coordination remains, since the request submitted was addressed and formally communicated to the interested party, thereby guaranteeing access to the requested information. For the foregoing reasons, we respectfully request that it be considered that, by the time this application is decided, the alleged harm is no longer ongoing, because the constitutional right invoked has been effectively restored. FOURTH: It should be noted that the administrative conduct being challenged must be analyzed in accordance with the general principles governing public service, particularly the principles of good faith, reasonableness, efficiency, and public service. This Coordination did not act with the intent to obstruct, limit, or disregard the person’s right to receive a response. Rather, the situation arose from an unintentional operational error involving the receipt and viewing of the electronic communication, which was corrected immediately once the request came to this department’s attention. It is relevant to emphasize that this Coordination’s subsequent conduct demonstrates diligence and a commitment to fulfilling its constitutional and legal obligations: once it learned of the situation, it proceeded without delay to review the request, prepare the corresponding response, and notify the petitioner. Accordingly, there is no arbitrary, unreasonable, or unlawful administrative conduct that would support a finding of an ongoing constitutional violation, but rather an exceptional operational issue that this Department corrected in a timely manner in accordance with the principles governing public service.” The authority requests that the application be dismissed.\n\n4.- By a written submission filed with the Secretariat of this Chamber at 02:16 on 17 August 2026, the petitioner submitted a reply to the report filed by the respondent authority (see electronic record).\n\n5.- The legal requirements have been observed in the proceedings.\n\nDrafted by Justice Cruz Castro; and,\n\nReasons:\n\nI.- SUBJECT OF THE APPLICATION: The petitioner claims that on 3 July 2026 they sent a request to the email addresses ...02, ...03, ...01, addressed to Licda. Lidieth Porras, in her capacity as coordinator of the Maritime-Terrestrial Zone Department of the Municipal Council of the District of Cóbano, requesting the following information: “1. Please report which procedures to modify, adjust, or update the Regulatory Plans in force in the Maritime-Terrestrial Zone under your responsibility are currently pending, specifying the geographic areas to which they relate. Also, if new Regulatory Plans for the Maritime-Terrestrial Zone are being prepared, please identify them, the areas or districts they cover, and the territorial scope of each. 2. Please provide a complete copy of the administrative case files corresponding to procedures to prepare, modify, or update Regulatory Plans in the Maritime-Terrestrial Zone that are pending as of the date this request is answered. 3. Please report which Municipal Administration officials are currently responsible for processing the case files related to the preparation or modification of Regulatory Plans in the Maritime-Terrestrial Zone, specifying each official’s full name and position. 4. Please provide copies of the studies, technical reports, opinions, findings, or any other documents supporting the land-use proposals contemplated in the Regulatory Plans for the Maritime-Terrestrial Zone that are currently being prepared or modified, including the technical or legal justification for the proposed land-use categories. If those documents do not exist, please expressly state that. 5. Please report whether the Intendente has participated in the preparation, modification, or review of the pending Regulatory Plans, or has issued comments, recommendations, suggestions, or opinions concerning the assignment of land uses contemplated in those territorial-planning instruments. 6. Please report whether, as of this date, the Municipal Council has participated in or been formally consulted during the preparation or modification of the pending Regulatory Plans for the Maritime-Terrestrial Zone. If so, please specify how and when that participation occurred and provide copies of the corresponding documents. If not, please state at what stage of the procedure the Municipal Council is expected to intervene.” The petitioner alleges that, as of the date this amparo application was filed, no response had been received.\n\nII.- FACTS FOUND: The following facts, which are relevant to deciding this matter, are deemed duly established, either because they have been proven or because the respondent authority did not address them:\n\na) On 03 July 2026, the petitioner sent a request to the email addresses ...02, ...03, ...01, addressed to Licda. Lidieth Porras, in her capacity as coordinator of the Maritime-Terrestrial Zone Department of the Municipal Council of the District of Cóbano, requesting the following information: “1. Please report which procedures to modify, adjust, or update the Regulatory Plans in force in the Maritime-Terrestrial Zone under your responsibility are currently pending, specifying the geographic areas to which they relate. Also, if new Regulatory Plans for the Maritime-Terrestrial Zone are being prepared, please identify them, the areas or districts they cover, and the territorial scope of each. 2. Please provide a complete copy of the administrative case files corresponding to procedures to prepare, modify, or update Regulatory Plans in the Maritime-Terrestrial Zone that are pending as of the date this request is answered. 3. Please report which Municipal Administration officials are currently responsible for processing the case files related to the preparation or modification of Regulatory Plans in the Maritime-Terrestrial Zone, specifying each official’s full name and position. 4. Please provide copies of the studies, technical reports, opinions, findings, or any other documents supporting the land-use proposals contemplated in the Regulatory Plans for the Maritime-Terrestrial Zone that are currently being prepared or modified, including the technical or legal justification for the proposed land-use categories. If those documents do not exist, please expressly state that. 5. Please report whether the Intendente has participated in the preparation, modification, or review of the pending Regulatory Plans, or has issued comments, recommendations, suggestions, or opinions concerning the assignment of land uses contemplated in those territorial-planning instruments. 6. Please report whether, as of this date, the Municipal Council has participated in or been formally consulted during the preparation or modification of the pending Regulatory Plans for the Maritime-Terrestrial Zone. If so, please specify how and when that participation occurred and provide copies of the corresponding documents. If not, please state at what stage of the procedure the Municipal Council is expected to intervene” (see report of the respondent authority).\n\nb) Email address ...02 is the institutional email address of the Municipal Council of the District of Cóbano (see report of the respondent authority).\n\nc) The email sent by the petitioner was automatically directed to the junk mail folder (see report of the respondent authority).\n\nd) On 06 August 2026, the resolution admitting the application was notified to the respondent authority (see notice of service).\n\ne) By official letter ZMT-224-2026 dated 06 August 2026, the respondent authority provided the petitioner with the requested information, stating: “I greet you by this letter and, in response to the request for information submitted to this Maritime-Terrestrial Zone Department, I will now answer your questions; 1. Please report which procedures to modify, adjust, or update the Regulatory Plans in force in the Maritime-Terrestrial Zone under your responsibility are currently pending, specifying the geographic areas to which they relate. Also, if new Regulatory Plans for the Maritime-Terrestrial Zone are being prepared, please identify them, the areas or districts they cover, and the territorial scope of each. Answer: As of today, this Maritime-Terrestrial Zone Department is processing only the Mal País-Santa Teresa Comprehensive Regulatory Plan, which concerns the coastal sectors from Mal País to Manzanillo. 2. Please provide a complete copy of the administrative case files corresponding to procedures to prepare, modify, or update Regulatory Plans in the Maritime-Terrestrial Zone that are pending as of the date this request is answered. Answer: Attached is a digital copy of the progress to date in processing the Mal País-Santa Teresa Regulatory Plan; that progress extends through approval of the environmental variable in the regulatory plan, under Resolution number 0650-2026-SETENA. 3. Please report which Municipal Administration officials are currently responsible for processing the case files related to the preparation or modification of Regulatory Plans in the Maritime-Terrestrial Zone, specifying each official’s full name and position. Answer: The official in this department who was responsible for tracking information on the environmental variable with SETENA was Eng. Rodrigo Vázquez, who is no longer employed by this department. However, it should be clarified that this matter was being processed within the competence of the Municipal Intendancy and by an external Environmental Engineer, Mr. Allan Astorga Gattgens. 4. Please provide copies of the studies, technical reports, opinions, findings, or any other documents supporting the land-use proposals contemplated in the Regulatory Plans for the Maritime-Terrestrial Zone that are currently being prepared or modified, including the technical or legal justification for the proposed land-use categories. If those documents do not exist, please expressly state that. Answer: The requested documents are attached. 5. Please report whether the Intendente has participated in the preparation, modification, or review of the pending Regulatory Plans, or has issued comments, recommendations, suggestions, or opinions concerning the assignment of land uses contemplated in those territorial-planning instruments. Answer: The Municipal Intendancy is the legal representative of this Municipal District Council, in accordance with the powers and duties conferred by the legal system in force. In exercising those powers, that office is responsible for institutional representation before the public and administrative entities that so require. Accordingly, the Municipal Intendancy, acting as the legal representative of this Municipal District Council, handled and processed the environmental variable before the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) for the Mal País-Santa Teresa Comprehensive Regulatory Plan. Likewise, this Department has no record of comments, recommendations, suggestions, or opinions made by the Municipal Intendancy concerning the assignment of land uses contemplated in those territorial-planning instruments. We therefore recommend directing your inquiry specifically to the Municipal Intendancy. 6. Please report whether, as of this date, the Municipal Council has participated in or been formally consulted during the preparation or modification of the pending Regulatory Plans for the Maritime-Terrestrial Zone. If so, please specify how and when that participation occurred and provide copies of the corresponding documents. If not, please state at what stage of the procedure the Municipal Council is expected to intervene. Answer: In my capacity as coordinator of this department, I am not aware of the matter you ask about. However, you may direct your inquiry specifically to the Council of Councillors. Observations: As of today, this Department is handling only the administrative actions corresponding to the Mal País-Santa Teresa Comprehensive Regulatory Plan, a territorial-planning instrument covering the coastal sector from Mal País to Manzanillo. Regarding that process, the environmental variable has currently been approved by the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), by Resolution number 0650-2026-SETENA. This administrative act constitutes significant progress in the procedure required to formulate and approve the planning instrument. At the current stage, the availability and allocation of the budgetary resources necessary to continue with the subsequent phases of preparing, processing, and potentially implementing the Regulatory Plan are being assessed. This matter falls to the Municipal Intendancy within the scope of its administrative and institutional-planning powers.” —official letter notified to the petitioner on 06 August 2026— (see report of the respondent authority).\n\nIII.- THE SPECIFIC CASE: It follows from the report submitted by the respondent authority under oath, with the legal consequences that entails, that on 03 July 2026 the petitioner sent a request to the email addresses ...02, ...03, ...01, addressed to Licda. Lidieth Porras, in her capacity as coordinator of the Maritime-Terrestrial Zone Department of the Municipal Council of the District of Cóbano, requesting the following information: “1. Please report which procedures to modify, adjust, or update the Regulatory Plans in force in the Maritime-Terrestrial Zone under your responsibility are currently pending, specifying the geographic areas to which they relate. Also, if new Regulatory Plans for the Maritime-Terrestrial Zone are being prepared, please identify them, the areas or districts they cover, and the territorial scope of each. 2. Please provide a complete copy of the administrative case files corresponding to procedures to prepare, modify, or update Regulatory Plans in the Maritime-Terrestrial Zone that are pending as of the date this request is answered. 3. Please report which Municipal Administration officials are currently responsible for processing the case files related to the preparation or modification of Regulatory Plans in the Maritime-Terrestrial Zone, specifying each official’s full name and position. 4. Please provide copies of the studies, technical reports, opinions, findings, or any other documents supporting the land-use proposals contemplated in the Regulatory Plans for the Maritime-Terrestrial Zone that are currently being prepared or modified, including the technical or legal justification for the proposed land-use categories. If those documents do not exist, please expressly state that. 5. Please report whether the Intendente has participated in the preparation, modification, or review of the pending Regulatory Plans, or has issued comments, recommendations, suggestions, or opinions concerning the assignment of land uses contemplated in those territorial-planning instruments. 6. Please report whether, as of this date, the Municipal Council has participated in or been formally consulted during the preparation or modification of the pending Regulatory Plans for the Maritime-Terrestrial Zone. If so, please specify how and when that participation occurred and provide copies of the corresponding documents. If not, please state at what stage of the procedure the Municipal Council is expected to intervene.” It was established that email address ...02 is the institutional email address of the Municipal Council of the District of Cóbano and that the email sent by the petitioner was automatically directed to the junk mail folder. It was proven that by official letter ZMT-224-2026 dated 06 August 2026, the respondent authority provided the petitioner with the requested information, stating: “I greet you by this letter and, in response to the request for information submitted to this Maritime-Terrestrial Zone Department, I will now answer your questions; 1. Please report which procedures to modify, adjust, or update the Regulatory Plans in force in the Maritime-Terrestrial Zone under your responsibility are currently pending, specifying the geographic areas to which they relate. Also, if new Regulatory Plans for the Maritime-Terrestrial Zone are being prepared, please identify them, the areas or districts they cover, and the territorial scope of each. Answer: As of today, this Maritime-Terrestrial Zone Department is processing only the Mal País-Santa Teresa Comprehensive Regulatory Plan, which concerns the coastal sectors from Mal País to Manzanillo. 2. Please provide a complete copy of the administrative case files corresponding to procedures to prepare, modify, or update Regulatory Plans in the Maritime-Terrestrial Zone that are pending as of the date this request is answered. Answer: Attached is a digital copy of the progress to date in processing the Mal País-Santa Teresa Regulatory Plan; that progress extends through approval of the environmental variable in the regulatory plan, under Resolution number 0650-2026-SETENA. 3. Please report which Municipal Administration officials are currently responsible for processing the case files related to the preparation or modification of Regulatory Plans in the Maritime-Terrestrial Zone, specifying each official’s full name and position. Answer: The official in this department who was responsible for tracking information on the environmental variable with SETENA was Eng. Rodrigo Vázquez, who is no longer employed by this department. However, it should be clarified that this matter was being processed within the competence of the Municipal Intendancy and by an external Environmental Engineer, Mr. Allan Astorga Gattgens. 4. Please provide copies of the studies, technical reports, opinions, findings, or any other documents supporting the land-use proposals contemplated in the Regulatory Plans for the Maritime-Terrestrial Zone that are currently being prepared or modified, including the technical or legal justification for the proposed land-use categories. If those documents do not exist, please expressly state that. Answer: The requested documents are attached. 5. Please report whether the Intendente has participated in the preparation, modification, or review of the pending Regulatory Plans, or has issued comments, recommendations, suggestions, or opinions concerning the assignment of land uses contemplated in those territorial-planning instruments. Answer: The Municipal Intendancy is the legal representative of this Municipal District Council, in accordance with the powers and duties conferred by the legal system in force. In exercising those powers, that office is responsible for institutional representation before the public and administrative entities that so require. Accordingly, the Municipal Intendancy, acting as the legal representative of this Municipal District Council, handled and processed the environmental variable before the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) for the Mal País-Santa Teresa Comprehensive Regulatory Plan. Likewise, this Department has no record of comments, recommendations, suggestions, or opinions made by the Municipal Intendancy concerning the assignment of land uses contemplated in those territorial-planning instruments. We therefore recommend directing your inquiry specifically to the Municipal Intendancy. 6. Please report whether, as of this date, the Municipal Council has participated in or been formally consulted during the preparation or modification of the pending Regulatory Plans for the Maritime-Terrestrial Zone. If so, please specify how and when that participation occurred and provide copies of the corresponding documents. If not, please state at what stage of the procedure the Municipal Council is expected to intervene. Answer: In my capacity as coordinator of this department, I am not aware of the matter you ask about. However, you may direct your inquiry specifically to the Council of Councillors. Observations: As of today, this Department is handling only the administrative actions corresponding to the Mal País-Santa Teresa Comprehensive Regulatory Plan, a territorial-planning instrument covering the coastal sector from Mal País to Manzanillo. Regarding that process, the environmental variable has currently been approved by the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), by Resolution number 0650-2026-SETENA. This administrative act constitutes significant progress in the procedure required to formulate and approve the planning instrument. At the current stage, the availability and allocation of the budgetary resources necessary to continue with the subsequent phases of preparing, processing, and potentially implementing the Regulatory Plan are being assessed. This matter falls to the Municipal Intendancy within the scope of its administrative and institutional-planning powers.” —official letter notified to the petitioner on 06 August 2026—. In conclusion, it is true that the information request sent by the petitioner on 03 July 2026 had not been resolved by the date the amparo application was filed. The respondent authority, in turn, proved that the request was resolved by official letter ZMT-224-2026 dated 06 August 2026, which was notified that same day to the petitioner’s email address. In these circumstances, the application is granted without a special order as to costs, damages, and losses. Having established the foregoing, if the petitioner is dissatisfied with the response received, that matter falls outside the competence of this jurisdiction. The petitioner must therefore raise the relevant matter before the respondent authority itself.\n\nIV.- AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES UNDER ARTICLE 52 OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION ACT. Regarding the award of costs, damages, and losses under Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Act. Upon further consideration, the majority of the Chamber considers that, in the case under review, pursuant to paragraph 1 of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Act (“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged conduct, the application shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if appropriate”), the application should be granted without a special order as to costs, damages, and losses, for the following reasons. Although the law expressly requires the operative part of the judgment to state that the application is granted when the grievance is resolved while the amparo is pending, it is also true that the final part of that same paragraph states that the application is granted “solely for purposes of compensation and costs, if appropriate.” The law’s words “if appropriate” are emphasized, since they mean that whether compensation and costs are appropriate depends on the Court’s assessment, evaluation, or weighing of the matter. In cases such as this one, the substance of the claim brought by the person seeking amparo and the respondent authority’s conduct in acknowledging that claim suggest that the alleged detriments, injuries, or changes do not directly concern an impact on a constitutional right of an evidently pecuniary nature (as would, for example, occur with an impact on the right to a salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Constitutional Jurisdiction Act, which states that “every resolution granting the application shall order, in the abstract, compensation for the damages and losses caused and payment of the costs of the application, reserving their calculation for enforcement of the judgment,” and does not provide for assessing whether compensation and costs are appropriate. The principles of Constitutional Law, Public Law, and General Procedural Law or, as applicable, International or Community Law, and, in addition, in that order, the General Law of Public Administration, the Code of Administrative Litigation Procedure, and the other procedural codes are supplementary sources for applying and interpreting the provisions of the Constitutional Jurisdiction Act—cf. Article 14. For the administrative-litigation jurisdiction, the legislature established a provision that applies fully to this case by analogy, in Article 197 of the Code of Administrative Litigation Procedure, consistent with procedural logic in any field. In any event, the affected party in this case retains the option, if they so choose, of bringing proceedings on the merits in order to prove that they have suffered some form of detriment. On the basis of the foregoing, the majority’s view is that this application should be resolved without an award of costs, damages, and losses.\n\nV.- DIFFERING REASONS AND PARTIAL DISSENTING VOTE OF JUSTICE SALAZAR ALVARADO: Although I agree with the majority opinion granting the application for violation of the right to petition and prompt response, I consider that it should be granted with an order requiring the respondent party to pay costs and compensate for the damages and losses caused, for the following reasons.\n\nThe right to petition and prompt response, set forth in Article 27 of the Constitution and Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Act, requires public officials to resolve requests from persons subject to the Administration within ten business days from the date the requests are submitted, unless a different response period has been established. However, the cited Article 32 also provides that, when deciding the petition, the Chamber shall assess the reasons offered for considering that period insufficient, taking into account the circumstances and nature of the matter. In any event, the Administration is required to inform the petitioner of the reasons for the delay in responding. For purposes of this analysis, it is relevant to bear in mind the provisions cited above.\n\nArticle 27 of the Constitution provides as follows:\n\n“Freedom of petition, individually or collectively, before any public official or official entity, and the right to obtain a prompt resolution, are guaranteed.”\n\nFor its part, Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Act provides as follows:\n\n“When an amparo concerns the right to petition and obtain a prompt resolution, established in Article 27 of the Constitution, and no period for responding has been specified, the violation shall be deemed to occur once ten business days have elapsed from the date the request was submitted to the administrative office, without prejudice to assessing, when deciding the application, the reasons offered for considering that period insufficient, taking into account the circumstances and nature of the matter.”\n\nSimilarly, the Law Regulating the Right to Petition Nº 9097 of 26 October 2012 provides that this right is eligible for judicial protection through the amparo application established by Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Act, in conjunction with Article 27 of the Constitution, in cases where the petitioner considers that the Administration’s material conduct, its administrative acts, or its response are affecting the petitioner’s fundamental rights. It is relevant to bear in mind the provisions of Article 6 of that statute:\n\n“Submission of written requests and response period.\n\nThe document in which the petition is submitted, together with any other documents and communications provided to the corresponding public administration, as indicated in Article 2 of this law, shall require the administration to acknowledge receipt of it and to respond within a non-extendable period of ten working days, counted from the day following receipt, provided that the requirements established in this law are met. This action shall be carried out by the corresponding body, in accordance with each entity’s organizational rules…”.\n\nThus, in amparo proceedings concerning the alleged infringement of this right, there is an express statutory provision—constitutionally endorsed by the law governing this jurisdiction—that orders the requested information to be provided within the ten working days following the request, as provided in Articles 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional and 27 of the Constitución Política, as indicated above. In addition, that period is reiterated in Article 6 of Ley N° 9097, which reinforces the legislature’s intent regarding protection of this right.\n\nLikewise, Article 51 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional provides:\n\n“...every ruling granting the application shall order, in the abstract, compensation for the damages caused and payment of the costs of the proceeding, and shall reserve their calculation for enforcement of the judgment”.\n\nThis latter provision establishes the general system governing compensation and payment of costs, which the majority calls “the natural or ordinary form of termination of the proceeding, in which there is a ruling on the merits and recognition of the facts that have infringed fundamental rights…”.\n\nAccordingly, in the case before us, the violation of the ten-day period, constitutionally endorsed, is established—a period that, incidentally, is not required for other amparo proceedings, except those for rectification and reply (section 68 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional).\n\nTherefore, what should be done in this regard, with due respect for the majority’s position, is to find established the infringement of the right to petition and a prompt response, as well as the right of access to public information (Article 30 of the Constitución Política), which guarantees free access to administrative departments for purposes of obtaining information on matters of public interest, and to order the respondent authority to pay costs, damages, and losses.\n\nSince this is a period constitutionally endorsed both by the legislature and by this Constitutional Court, failure to comply with it entails an infringement of the fundamental right identified above, which led the applicant to file this amparo proceeding as a means of obtaining a response to their request or access to the information sought. This is so regardless of whether the response or the information was provided before or in connection with the amparo, because the fact is that the person subject to the administration ultimately saw their constitutional right satisfied as a result of filing the amparo proceeding they were forced to bring, with all the inconvenience and expense that entails. It bears repeating that a response or access provided by the respondent Administration after the period in question has expired—even if it occurs before notice of the amparo proceeding is served, or, as in this case, upon notification that the proceeding has been brought to the authority’s attention—does not constitute timely performance of the obligation imposed by Articles 27 and 30 of the Constitución Política. Clearly, in that situation, the late response satisfies the amparo applicant’s claim, but that does not preclude recognition of the damages and losses that such indifference may have caused the applicant, or of the costs associated with bringing this procedural action, which was necessary to safeguard their fundamental rights, as authorized by Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nAccordingly, I partially dissent and order the respondent party to pay costs, damages, and losses.\n\nVI.— DISSENTING OPINION OF JUSTICE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: “If, while the amparo proceeding is pending, an administrative or judicial ruling is issued that revokes, halts, or suspends the challenged conduct, the application shall be declared admissible solely for purposes of compensation and costs, if appropriate”.\n\nMy interpretation of that provision is as follows: That “ruling” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the infringed right. The phrase “if appropriate” refers to costs. Indeed, Article 197 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo, cited by the majority on the basis of Article 14 of the LJC, refers specifically to costs alone.\n\nCertainly, under Article 48 of the Constitución Política (CP), the essential content of the right to an amparo proceeding is restorative, not compensatory; however, Article 51 of the LJC states: “Every ruling granting the application shall order, in the abstract, compensation for the damages caused and payment of the costs of the proceeding, and shall reserve their calculation for enforcement of the judgment”.\n\nIf the right has been infringed and the Chamber so finds, damages and losses may have arisen even if the right has been restored. For that reason, an abstract award of these is appropriate. If this were not done, and no such award were made, then if damages and losses had in fact occurred there would be no title—arising from this proceeding—on which to base a claim for them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite an abstract award, no damages or losses have occurred, the judge in the ordinary courts will so declare, since only that judge may find the actual existence and extent of such damages and losses to have been proven.\n\nI consider that the position defended by the majority would, contrary to its aim, encourage the Administration to respect rights only when an amparo proceeding has been filed. It remains to say that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if the Chamber considers it just, it may award costs even when the right has been restored.\n\nFor the foregoing reasons, I partially dissent as to the operative part and order an award of damages and losses, but not costs.\n\nVII.— DOCUMENTS SUBMITTED TO THE CASE FILE: The applicant is advised that, if they submitted any paper document, as well as objects or evidence contained in an additional electronic, computing, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, they must collect them from the court office within a maximum period of 30 working days from notification of this judgment. Otherwise, all material not collected within that period will be destroyed, as provided in the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena at session No. 27-11 on 22 August 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial No. 19 on 26 January 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at session No. 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe application is granted, without any special award of costs, damages, or losses. Justice Salazar Alvarado sets out different reasons and partially dissents, solely for compensation purposes, and orders the respondent party to pay costs, damages, and losses. Justice Garro Vargas partially dissents and orders an award of damages and losses, but not costs. Notify the parties.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\n P6RA7QJFIS061\n\nCASE FILE No. 26-027460-0007-CO\n\nTelephone: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01)." }