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  "citation": "Res. 32291-2026 Sala Constitucional",
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  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Mora administrativa en permisos de construcción",
  "title_en": "Administrative Delay in Construction Permits",
  "summary_es": "La Sala Constitucional rechazó de plano un amparo contra la Municipalidad de Nicoya por la demora en tramitar planos para una vivienda financiada mediante un beneficio habitacional del BANHVI. La mayoría consideró que la objeción municipal a una carta comunal de disponibilidad de agua y el eventual incumplimiento de plazos administrativos plantean cuestiones de legalidad ordinaria, que deben discutirse ante la jurisdicción contencioso-administrativa; indicó que la persona recurrente podía acudir a esa vía. La resolución explica que el Código Procesal Contencioso-Administrativo ofrece mecanismos expeditos para tutelar situaciones jurídicas sustanciales y revisar la mora administrativa. El magistrado Castillo Víquez añadió una nota que respalda la línea de la mayoría, con la salvedad de los supuestos de excepción reconocidos por la Sala. El magistrado Cruz Castro salvó el voto: sostuvo que la mora administrativa puede lesionar el derecho constitucional a una justicia pronta y cumplida y que la Sala debía conocer el reclamo.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) summarily rejected an amparo proceeding against the Municipality of Nicoya over delays in processing plans for a home funded through a BANHVI housing benefit. The majority considered that the municipality’s objection to a community water-availability letter and any failure to meet administrative deadlines raise ordinary legality issues to be brought before the administrative-litigation jurisdiction; it indicated that the applicant could pursue that route. The decision explains that the Code of Administrative Litigation Procedure provides expedited mechanisms to protect substantive legal positions and review administrative delay. Justice Castillo Víquez added a note supporting the majority’s approach, subject to exceptions recognized by the Chamber. Justice Cruz Castro dissented: he argued that administrative delay may violate the constitutional right to prompt and complete justice and that the Chamber should hear the claim.",
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  "excerpt_es": "En consecuencia, lo procedente es remitir a la parte recurrente a la vía contencioso administrativa a acusar el retardo en cuestión y plantear las demás disconformidades que estime pertinentes respecto del trámite administrativo cuestionado.\n\nConsecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle a la persona gestionante que si a bien lo tiene puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.",
  "excerpt_en": "Accordingly, the proper course is to refer the applicant to the administrative-litigation route to complain of the delay in question and raise any other objections the applicant considers relevant regarding the challenged administrative procedure.\n\nConsequently, summary rejection is required, with an indication to the applicant that, if they wish, they may turn to the administrative-litigation jurisdiction.",
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    "summary_en": "The majority summarily rejected the amparo and referred the applicant to the administrative-litigation jurisdiction to complain of the delay and raise other objections; Justice Cruz Castro dissented, arguing that the Chamber should hear the alleged violation of the right under Article 41 of the Constitution.",
    "summary_es": "La mayoría rechazó de plano el amparo y remitió a la persona recurrente a la jurisdicción contencioso-administrativa para reclamar el atraso y plantear sus demás disconformidades; el magistrado Cruz Castro salvó el voto y sostuvo que la Sala debía conocer la posible lesión al derecho del artículo 41 constitucional."
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  "body_es_text": "\n\nExp: 26-028907-0007-CO \n\nRes. Nº 2026032291\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinte de agosto de dos mil veintiseis .\n\n \n\n Recurso de amparo que se tramita bajo el número de expediente 26-028907-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra la MUNICIPALIDAD DE NICOYA. \n\nResultando:\n\n1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala el 12 de agosto de 2026, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la MUNICIPALIDAD DE NICOYA. Manifiesta que es una persona adulta mayor de 66 años, pensionada, con una pensión aproximada de ¢160.000 mensuales, que no cuenta con vivienda propia y debe pagar alquiler. Señala que durante el año 2026 presentó ante el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) su expediente para obtener el beneficio habitacional destinado a la construcción de una vivienda, el cual fue recibido el 25 de febrero de 2026 y aprobado el 16 de marzo siguiente, para lo cual se aportó, entre otros documentos, una carta de disponibilidad de agua emitida por el comité encargado del abastecimiento de agua de la comunidad de San Francisco de Belén de Nosarita. Explica que dicha comunidad, integrada aproximadamente por 15 familias, no cuenta con una ASADA ni con abastecimiento directo del AyA, sino con un sistema administrado por un comité local mediante un pozo que abastece a las familias, quienes aportan aproximadamente ¢5.000 mensuales para su mantenimiento. Agrega que, una vez aprobado el bono, los planos de construcción fueron remitidos a la Municipalidad de Nicoya para continuar con los permisos respectivos, pero, al momento de presentar el recurso, llevaban más de dos meses en la plataforma digital municipal sin que pudiera avanzar con el pago de los permisos, debido a una objeción del funcionario encargado de su revisión respecto de la carta de disponibilidad de agua, pues se le indicó que la Municipalidad no podía aprobarla debido a la posición del AyA. Afirma que esta situación le impide continuar oportunamente con la construcción de la vivienda ya aprobada por el BANHVI y prolonga su situación de vulnerabilidad habitacional y económica, dada su condición de persona adulta mayor, sus limitados ingresos, la ausencia de vivienda propia y la necesidad de continuar pagando alquiler, por lo que considera afectados sus derechos fundamentales. Solicita la intervención de la Sala.\n\n2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.\n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente reclama que la Municipalidad de Nicoya mantiene paralizado, por más de dos meses, el trámite de los planos correspondientes a la construcción de su vivienda, cuyo beneficio habitacional ya fue aprobado por el BANHVI, debido a una objeción relacionada con la carta de disponibilidad de agua emitida por el comité comunal que abastece a la comunidad de San Francisco de Belén de Nosarita, al considerar la Municipalidad que dicha carta no puede ser aprobada en razón de la posición del AyA; situación que, según afirma, le impide continuar con el trámite de los permisos de construcción y afecta sus derechos fundamentales. Pretende que se permita continuar con el trámite municipal necesario para materializar el beneficio habitacional ya aprobado.\n\nII.- SOBRE LA ALEGADA MORA ADMINISTRATIVA. II.- SOBRE LA ALEGADA MORA ADMINISTRATIVA. La gestión cuya falta de resolución reclama la parte recurrente, no constituye una solicitud de información pura y simple protegida por el artículo 27 de la Constitución Política; sino que se trata de un reclamo administrativo relacionado con el trámite de los planos para la construcción de una vivienda y la objeción formulada respecto de la carta de disponibilidad de agua, a lo cual le es aplicable lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política, pues requiere un pronunciamiento por parte de la Administración. Ahora bien, a partir del voto número 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008 y salvo algunas excepciones, esta Sala ha remitido este tipo de reclamos a la jurisdicción contencioso administrativa y, precisamente, el tema aquí planteado no es una de las excepciones que esta Sala ha admitido para conocer la alegada violación al derecho a obtener justicia administrativa pronta y cumplida. En consecuencia, lo procedente es remitir a la parte recurrente a la vía contencioso administrativa a acusar el retardo en cuestión y plantear las demás disconformidades que estime pertinentes respecto del trámite administrativo cuestionado.\n\nIII.- NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad –y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o “amparo de legalidad”, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.\n\n IV.- VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS PAUTADOS POR LEY PARA RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: CUESTIÓN EVIDENTE DE LEGALIDAD ORDINARIA. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para la parte recurrente. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle a la persona gestionante que si a bien lo tiene puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. \n\nV.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nVI.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO CRUZ CASTRO. Si bien en el pasado he sostenido el criterio de mayoría del Tribunal, bajo una mejor ponderación de los derechos fundamentales que se reclaman, estimo que la mora administrativa constituye una lesión a una garantía procesal fundamental, razón por la que cambio el criterio que había expuesto, admitiendo la posible infracción al derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida, separándome de la visión de la mayoría del Tribunal, en el sentido que –salvo contadas excepciones- este tipo de reproches deben resolverse en la jurisdicción contenciosa administrativa. Por el contrario, estimo que uno de los derechos que esta jurisdicción se encuentra llamada a tutelar es el de la justicia pronta y cumplida, expresamente consagrado en el artículo 41 constitucional. Ello conforme al ámbito de competencia asignado a este Tribunal en materia de protección a derechos fundamentales, en atención a lo dispuesto en los artículos 10 y 48 de la Constitución Política. Si bien, entiendo la importancia de las reformas de la jurisdicción contencioso administrativa a partir de la vigencia de la Ley 8508 del veinticuatro de abril de dos mil seis, lo cierto es que dicha situación no justifica la remisión a dicha instancia de los asuntos que versan sobre materia que es competencia de esta Sala, la cual ha demostrado a lo largo de los años que es un medio célere y efectivo para la tutela de los derechos fundamentales de los habitantes del país.\n\nVII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe rechaza de plano el recurso. El magistrado Castillo Víquez pone nota. El magistrado Cruz Castro salva el voto, en relación con el artículo 41 constitucional. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n GZLTDYAC5II61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-028907-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01).",
  "body_en_text": "\n\nExp: 26-028907-0007-CO\n\nRes. Nº 2026032291\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at 9:20 a.m. on 20 August 2026.\n\nAmparo proceeding registered under expediente number 26-028907-0007-CO, brought by Nombre01, identity card CED01, against the MUNICIPALITY OF NICOYA.\n\nBackground:\n\n1.- By a written submission filed with the Chamber’s Secretariat on 12 August 2026, the appellant brings an amparo proceeding against the MUNICIPALITY OF NICOYA. The appellant states that they are an older adult, 66 years of age, a pensioner receiving an approximate pension of ¢160.000 per month, who has no home of their own and must pay rent. They indicate that in 2026 they submitted their expediente to the Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) to obtain the housing benefit intended for construction of a home. It was received on 25 February 2026 and approved on 16 March of the same year. Among other documents, the appellant provided a letter confirming water availability, issued by the committee responsible for the community’s water supply in San Francisco de Belén de Nosarita. The appellant explains that the community, which comprises approximately 15 families, has neither an ASADA nor a direct water supply from AyA, but instead has a system administered by a local committee through a well that supplies the families, who contribute approximately ¢5.000 per month toward its maintenance. The appellant adds that, once the housing benefit was approved, the construction plans were sent to the Municipality of Nicoya to proceed with the relevant permits. However, when this amparo proceeding was filed, the plans had been on the municipal digital platform for more than two months, and the appellant could not proceed with payment of the permit fees because the official responsible for reviewing them had objected to the letter confirming water availability. The appellant was told that the Municipality could not approve the letter because of AyA’s position. The appellant asserts that this situation prevents them from proceeding in a timely manner with construction of the home already approved by BANHVI and prolongs their housing and financial vulnerability, given their status as an older adult, limited income, lack of a home of their own, and need to continue paying rent. They therefore consider their fundamental rights to have been affected. They request the Chamber’s intervention.\n\n2.- Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Chamber to summarily reject, or reject on the merits, at any time, including upon filing, any application submitted to it that proves manifestly inadmissible, or when it considers that there is sufficient evidence to reject it, or that it is simply a reiteration or reproduction of an identical or similar prior application that was rejected.\n\nDrafted by Justice Castillo Víquez; and,\n\nReasons:\n\nI.- PURPOSE OF THE AMPARO APPLICATION. The appellant complains that the Municipality of Nicoya has kept the processing of the plans for construction of the appellant’s home on hold for more than two months, even though the housing benefit has already been approved by BANHVI. This is due to an objection concerning the letter confirming water availability, issued by the community committee that supplies San Francisco de Belén de Nosarita, because the Municipality considers that the letter cannot be approved in light of AyA’s position. The appellant asserts that this situation prevents them from proceeding with the construction-permit process and affects their fundamental rights. The appellant seeks permission to continue with the municipal process necessary to realize the already-approved housing benefit.\n\nII.- REGARDING THE ALLEGED ADMINISTRATIVE DELAY. II.- REGARDING THE ALLEGED ADMINISTRATIVE DELAY. The matter whose lack of resolution the appellant complains of is not a simple request for information protected by Article 27 of the Political Constitution; rather, it is an administrative claim related to the processing of plans for construction of a home and the objection raised to the letter confirming water availability. Article 41 of the Political Constitution applies, since the matter requires a ruling by the Administration. However, beginning with decision number 2008-02545, issued at 8:55 a.m. on 22 February 2008, and subject to certain exceptions, this Chamber has referred this type of claim to the administrative-litigation jurisdiction. The issue raised here is not one of the exceptions this Chamber has accepted for hearing an alleged violation of the right to obtain prompt and effective administrative justice. Consequently, the proper course is to refer the appellant to the administrative-litigation route to allege the delay in question and raise any other objections they consider relevant concerning the challenged administrative process.\n\nIII.- NEW ADMINISTRATIVE JUSTICE: A PROMPT AND EFFECTIVE MECHANISM FOR PROTECTING SUBSTANTIVE LEGAL POSITIONS OF ADMINISTRATIVE SUBJECTS. Since its establishment, the Constitutional Chamber has applied broad admissibility criteria in view of the absence of expeditious and prompt procedural avenues to protect substantive legal positions grounded in the infra-constitutional legal order or legality framework, which are indirectly connected with fundamental rights and the Law of the Constitution. In this regard, it must be kept in mind that, by virtue of its supremacy, super-legality, and direct and immediate effect, the Constitution indirectly provides a foundation for any conceivable substantive legal position of individuals. Nevertheless, upon more considered balancing, and following the enactment of the Código Procesal Contencioso-Administrativo (Law No. 8508 of 24 April 2006) and its entry into force on 1 January 2008, it has become clear that litigants now have access to a plenary and universal administrative-litigation jurisdiction that is highly expeditious and prompt, owing to the various procedural mechanisms that this legislation incorporates into the legal order. These include shorter time limits for taking the various procedural steps; broad standing; interim measures; an open-ended range of claims that may be brought; oral proceedings—and their sub-principles of concentration, immediacy, and promptness—; a single instance, with a right of appeal in expressly specified circumstances; in-proceeding conciliation; unified proceedings; proceedings with preferential processing, or “amparo de legalidad”; proceedings involving matters of law alone; new enforcement measures (coercive fines, substitute or commissarial enforcement, and seizure of assets in the fiscal domain and some assets in the public domain); the broad powers of the enforcement judges; extension and adaptation of the effects of case law to third parties; and flexibility in cassation appeals. The express aim and purpose of all these novel procedural mechanisms is to achieve procedural economy, promptness, swiftness, and effective protection of the substantive legal positions of administrative subjects, while guaranteeing fundamental rights such as due process, the right to defense, and the right to adversarial proceedings. In sum, the new administrative-litigation jurisdiction, owing to its new features of simplicity, promptness, and swiftness, is a suitable avenue for the effective protection of the substantive legal positions of administrative subjects where evidence must be gathered or ordinary questions of legality must be resolved.\n\nIV.- VERIFICATION OF STATUTORY TIME LIMITS FOR RESOLVING ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS: AN EVIDENT QUESTION OF ORDINARY LEGALITY. It is evident that determining whether the public administration complies with the time limits set by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325), or by sector-specific laws governing special administrative proceedings, to issue a final administrative act in a proceeding—whether initiated ex officio or at a party’s request—or to hear the available administrative appeals, is plainly a question of ordinary legality. Going forward, it may be disputed and resolved before the administrative-litigation jurisdiction, applying the principles that inform the constitutional jurisdiction, such as derivative standing, the possibility of self-representation—that is, appearing without legal counsel—and waiver of fees for the appellant. Accordingly, the amparo application must be summarily rejected, and the appellant must be informed that they may, if they so wish, bring the matter before the administrative-litigation jurisdiction.\n\nV.- NOTE BY JUSTICE CASTILLO VÍQUEZ REGARDING PROMPT AND EFFECTIVE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court’s position that, when a litigant alleges a violation of the right to prompt and effective justice in administrative proceedings, the legal dispute must be heard by the Administrative Litigation Courts and not by this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that the right to petition may be judicially protected by means of the amparo proceeding provided for in Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in cases where the petitioner considers that the Administration’s actions in practice, its administrative acts, or its response are affecting the petitioner’s fundamental rights. In my view, the recently enacted law does not require this Court to change its line of case law. Under Article 7 of its law, this Court alone is responsible for defining its own jurisdiction. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that this Chamber itself has recognized as exceptional cases that may be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo proceeding, in all other cases the competent judges are those of the administrative-litigation jurisdiction, for the reasons this Court has given (judgment No. 2008-02545, issued at 8:55 a.m. on 22 February 2008). All of this is consistent with Article 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and rules), and the corresponding legal provisions, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal order.\n\nVI.- DISSENTING OPINION OF JUSTICE CRUZ CASTRO. Although in the past I have upheld the Court majority’s position, upon more considered balancing of the fundamental rights being asserted, I consider that administrative delay constitutes an infringement of a fundamental procedural guarantee. For that reason, I am changing the position I previously stated and accepting the possibility that the right to prompt and effective administrative justice has been violated. I depart from the Court majority’s view that—except in a limited number of cases—this type of complaint must be resolved in the administrative-litigation jurisdiction. On the contrary, I consider that one of the rights this jurisdiction is called upon to protect is the right to prompt and effective justice, expressly established in Article 41 of the Constitution. This follows from the jurisdiction assigned to this Court in matters concerning the protection of fundamental rights, in accordance with Articles 10 and 48 of the Political Constitution. I understand the importance of the reforms to the administrative-litigation jurisdiction following the entry into force of Law 8508 of 24 April 2006. However, that circumstance does not justify referring to that forum matters concerning subject matter within this Chamber’s jurisdiction, which has demonstrated over the years that it provides a prompt and effective means of protecting the fundamental rights of the country’s inhabitants.\n\nVII.- DOCUMENTATION SUBMITTED WITH THE EXPEDIENTE. The appellant is advised that any paper documents, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device that they may have submitted, must be collected from the court offices within a maximum period of 30 business days from notification of this judgment. Otherwise, any material not collected within that period will be destroyed, pursuant to the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena at session No. 27-11 of 22 August 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of 26 January 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at session No. 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe amparo application is summarily rejected. Justice Castillo Víquez adds a note. Justice Cruz Castro dissents with respect to Article 41 of the Constitution.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\nGZLTDYAC5II61\n\nEXPEDIENTE No. 26-028907-0007-CO\n\nTelephone: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01)."
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