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  "id": "nexus-sen-1-0007-1422108",
  "citation": "Res. 32297-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Rechazo del amparo por negativa de disponibilidad de agua",
  "title_en": "Amparo Denied Over Refusal of Water Availability",
  "summary_es": "La Sala Constitucional rechazó de plano un amparo contra el AyA por la negativa de disponibilidad de agua para una finca en San Isidro de El General. La mayoría sostuvo que el derecho fundamental al agua no supone acceso irrestricto y que el prestador puede denegar una solicitud por razones técnicas o legales justificadas. En este caso, la constancia negativa señaló que la elevación del terreno impedía alcanzar la presión requerida, que faltaba capacidad hidráulica e infraestructura frente al inmueble y que no había red de alcantarillado sanitario. La mayoría consideró que la negativa tenía fundamento y que discutir la pertinencia de esos motivos y de la normativa aplicable corresponde a la legalidad ordinaria, ante las autoridades o la vía jurisdiccional competente. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvaron el voto: estimaron que hacían falta más elementos para determinar si se afectó un derecho constitucional y dispusieron cursar el amparo.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) summarily rejected an amparo against AyA over its refusal to confirm water availability for a property in San Isidro de El General. The majority held that the fundamental right to water does not entail unrestricted access and that a provider may deny an application for justified technical or legal reasons. Here, the negative certificate cited the property's elevation as preventing the required pressure, insufficient hydraulic capacity and infrastructure in front of the property, and the absence of a sanitary sewer network. The majority considered the refusal supported and held that debating the validity of those reasons and the applicable rules belongs to ordinary legality, before the authorities or the competent judicial forum. Justices Cruz Castro and Rueda Leal dissented: they considered more information necessary to determine whether a constitutional right had been affected and would have allowed the amparo to proceed.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "20/08/2026",
  "year": "2026",
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  "es_concept_hints": [
    "recurso de amparo",
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  "keywords_es": [
    "amparo",
    "derecho humano al agua",
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    "artículo 50 constitucional"
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  "keywords_en": [
    "amparo",
    "human right to water",
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    "water availability",
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    "Article 50 of the Constitution"
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  "excerpt_es": "En consecuencia, estima este Tribunal que la negativa de disponibilidad de agua emitida por el instituto recurrido, se encuentra sustentada en razones técnicas y legales, por lo que el acto no constituye una actuación arbitraria.\n\nAhora bien, cabe señalar que la procedencia o no de la disponibilidad de agua en la propiedad de la amparada, así como la pertinencia de las razones técnicas y legales que sustentaron la decisión de la parte recurrida y de la normativa aplicable; no son cuestiones que deban discutirse en esta Jurisdicción, por tratarse de un conflicto de legalidad ordinaria ajeno al ámbito de competencia de esta Sala. Tampoco, puede este Tribunal fungir como mediador ante una determinada persona física o jurídica -ya sea ésta última de derecho público o privado-, para interceder por una tercera persona a fin de que se le conceda lo que pretende, por lo que, la solicitud de la parte recurrente para que esta Sala ordene al AyA el otorgamiento de disponibilidad de agua en su propiedad, resulta improcedente y ajena a las competencias de este Tribunal. Por ello, deberá la recurrente si a bien lo tiene, plantear sus inconformidades o reclamos ante las autoridades recurridas o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara.",
  "excerpt_en": "Accordingly, this Court considers that the institute's refusal to confirm water availability is supported by technical and legal reasons, and therefore does not constitute arbitrary action.\n\nIt should be noted that whether water is available for the applicant's property, and whether the technical and legal reasons supporting the respondent's decision and the applicable rules are sound, are not matters to be discussed in this jurisdiction, because they concern an ordinary legality dispute outside this Chamber's competence. Nor may this Court act as a mediator with a natural or legal person—whether governed by public or private law—to intercede for a third party so that the third party obtains what they seek. The applicant's request that this Chamber order AyA to confirm water availability for her property is therefore inadmissible and outside this Court's competence. If she so wishes, she may raise her objections or claims before the respondent authorities or in the competent judicial forum, where she may fully debate the merits and pursue her claims. Accordingly, the amparo is inadmissible, as declared.",
  "outcome": {
    "label_en": "Inadmissible",
    "label_es": "Inadmisible",
    "summary_en": "The majority summarily rejected the amparo, finding that the refusal to confirm water availability rested on technical and legal grounds and that the dispute belongs to ordinary legality; two justices dissented and would have allowed it to proceed.",
    "summary_es": "La mayoría rechazó de plano el amparo porque estimó que la negativa de disponibilidad de agua se apoyó en razones técnicas y legales, y que su discusión corresponde a la legalidad ordinaria; dos magistrados salvaron el voto y dispusieron cursarlo."
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  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Precedente citado en Considerando II",
      "quote_en": "The supply of drinking water is considered a public service under Costa Rican law, and every public service provider—whether a public or private entity—is required to provide it continuously and efficiently, on equal terms, and to adapt to technological changes.",
      "quote_es": "el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, y que como tal, todo prestador de servicios públicos -sea sujeto público o sujeto privado está obligado a prestar el servicio de forma continua, eficiente, en condiciones de igualdad y debiendo adaptarse a los cambios tecnológicos"
    },
    {
      "context": "Precedente citado en Considerando II",
      "quote_en": "This is not a denial of access to the drinking water service, but an inability to provide it or the interested party's necessary participation in overcoming a technical impossibility, namely, the lack of infrastructure.",
      "quote_es": "no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la falta de infraestructura."
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    {
      "context": "Voto salvado",
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      "quote_es": "el carácter prioritario que constitucionalmente se le da al abastecimiento de agua potable obliga a las entidades competentes a adoptar las medidas adecuadas para prever que tal servicio público se brinde de manera igual, continúa y eficiente"
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  "body_es_text": "\n\nExp: 26-028941-0007-CO \n\nRes. Nº 2026032297\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinte de agosto de dos mil veintiseis .\n\n Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad número CED01; contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA). \n\nResultando:\n\n1.- Por escrito presentado por Gestión en Línea a las 19:53 horas del 10 de agosto de 2026, la parte recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que es propietaria de una finca en San Isidro de El General. Aduce que solicitó ante el AyA la disponibilidad de agua potable para su propiedad. Sin embargo, el 24 de febrero de 2026 se le comunicó el oficio número SIGDD-2026-00002188-1-1-NRT, en el que se le adjunto la Constancia de Disponibilidad Negativa N.° 2026-00002188-1, aduciendo elevación topográfica que impide abastecimiento, capacidad hidráulica insuficiente y falta de infraestructura frente al inmueble. Considera que lo anterior lesiona sus derecho al agua, pues el AyA se limitó a emitir constancia negativa sin ofrecer un plan concreto ni plazos definidos de solución técnica o ampliación de red. Solicita que se declare con lugar el recurso, se ordene al AyA que, de forma inmediata o en un plazo perentorio coordine, ejecute y programe las obras técnicas, hidráulicas y presupuestarias necesarias para brindar solución efectiva y otorgar el servicio de agua en su propiedad. Asimismo, se condene al AyA al pago de costas, daños y perjuicios. \n\n2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.\n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente manifiesta que es propietaria de una finca en San Isidro de El General. Aduce que solicitó ante el AyA la disponibilidad de agua potable para su propiedad. Sin embargo, el 24 de febrero de 2026 se le comunicó el oficio número SIGDD-2026-00002188-1-1-NRT, en el que se le adjunto la Constancia de Disponibilidad Negativa N.° 2026-00002188-1, aduciendo elevación topográfica que impide abastecimiento, capacidad hidráulica insuficiente y falta de infraestructura frente al inmueble. Considera que lo anterior lesiona sus derecho al agua, pues el AyA se limitó a emitir constancia negativa sin ofrecer un plan concreto ni plazos definidos de solución técnica o ampliación de red. Solicita que se declare con lugar el recurso, se ordene al AyA que, de forma inmediata o en un plazo perentorio coordine, ejecute y programe las obras técnicas, hidráulicas y presupuestarias necesarias para brindar solución efectiva y otorgar el servicio de agua en su propiedad. \n\nII.- INADMISIBILIDAD DEL AMPARO. En reiteradas ocasiones, esta Sala ha sostenido que si bien se reconoce el derecho fundamental al agua y su acceso en igualdad de condiciones, por cuanto se trata de un servicio esencial para la vida y la salud; también, ha indicado que este derecho no implica un acceso irrestricto al agua, toda vez que, la Administración puede válidamente, establecer condiciones y requisitos generales para acceder a este servicio. Asimismo, resulta válido que las entidades -públicas o privadas- que administren el servicio, puedan rechazar las solicitudes de agua, o bien, de la carta de disponibilidad de agua, cuando el interesado no cumple los requisitos o cuando existen razones técnicas o legales que los justifiquen. Así por ejemplo, en sentencia número 2016-006027 de las 09:05 horas del 6 de mayo de 2016, esta Sala consideró lo siguiente:\n\n“Este Tribunal Constitucional en la sentencia 2014-9134 de las 14:05 horas del 19 de junio de 2014, que abordó una cuestión muy similar a la expuesta en el presente recurso, dispuso: '(...) Esta Sala ha indicado en reiteradas sentencias sobre el tema que el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, y que como tal, todo prestador de servicios públicos -sea sujeto público o sujeto privado está obligado a prestar el servicio de forma continua, eficiente, en condiciones de igualdad y debiendo adaptarse a los cambios tecnológicos (véase al respecto la sentencia 2001-09676 de las once horas veinticinco minutos del veintiséis de setiembre del dos mil uno y la sentencia 2004-08161 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintitrés de julio del dos mil cuatro). Resulta claro entonces concluir que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al ser uno de los entes estatales encargados de la prestación del servicio público de agua potable, está obligado también a prestar este servicio de forma continua, adaptable, eficiente y por igual a todos los habitantes. Ahora bien, también la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha indicado que, frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad formal (que es la falta de una Red de Distribución de Aguas), es razonable no atender las solicitudes de servicio o solicitar que el interesado asuma los costos de instalación cuando no exista red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura. Así, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la falta de infraestructura. En otras palabras, siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales. En el caso concreto, de la prueba aportada y del informe rendido bajo juramento, se corrobora que el AyA no ha rechazado arbitrariamente la solicitud planteada por la recurrente, sino por la falta del cumplimiento de la totalidad de los requisitos técnico-legales que existe el Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para aprobar nuevos servicios”.\n\nTales argumentos resultan plenamente aplicables al caso concreto, en el cual, a la amparada se le negó la disponibilidad de agua en el inmueble de su interés, por razones técnicas y legales, con fundamento en que: “Para el sistema de Agua Potable: Elevación topográfica que impide el abastecimiento del inmueble con las presión mínima requerida, pues supera la cota máxima del sistema en la zona, Capacidad hidráulica insuficiente por falta de infraestructura frente al inmueble. Para el sistema de Alcantarillado Sanitario, no se encuentra disponible en la zona para nuevas conexiones: No hay red de alcantarillado sanitario.\n\nLo anterior, de conformidad con los artículos 7 (inciso 12, 31), 8, 9, 14 del Reglamento de Prestación de Servicios de AyA, artículo 21, 22 del Reglamento Técnico para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes de ARESEP y los artículos 11, 16, 239, 240, 245, 269.1, 291.1, 342, 343, 344.1, 346.1, 347 y 349 de la Ley General de la Administración Pública.” En consecuencia, estima este Tribunal que la negativa de disponibilidad de agua emitida por el instituto recurrido, se encuentra sustentada en razones técnicas y legales, por lo que el acto no constituye una actuación arbitraria. \n\nAhora bien, cabe señalar que la procedencia o no de la disponibilidad de agua en la propiedad de la amparada, así como la pertinencia de las razones técnicas y legales que sustentaron la decisión de la parte recurrida y de la normativa aplicable; no son cuestiones que deban discutirse en esta Jurisdicción, por tratarse de un conflicto de legalidad ordinaria ajeno al ámbito de competencia de esta Sala. Tampoco, puede este Tribunal fungir como mediador ante una determinada persona física o jurídica -ya sea ésta última de derecho público o privado-, para interceder por una tercera persona a fin de que se le conceda lo que pretende, por lo que, la solicitud de la parte recurrente para que esta Sala ordene al AyA el otorgamiento de disponibilidad de agua en su propiedad, resulta improcedente y ajena a las competencias de este Tribunal. Por ello, deberá la recurrente si a bien lo tiene, plantear sus inconformidades o reclamos ante las autoridades recurridas o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara.\n\nIII.- VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS CRUZ CASTRO Y RUEDA LEAL, CON REDACCIÓN DEL SEGUNDO. En el sub lite, la mayoría de la Sala rechaza el amparo con el argumento de que las instituciones que prestan el servicio de suministro de agua potable pueden rechazar válidamente las solicitudes de servicio de agua potable o condicionarlas, si existen razones técnicas o legales que así lo justifican; sin embargo, salvamos el voto con base en las siguientes consideraciones: \n\nEl artículo 50 de la Carta Magna establece que toda persona es titular del derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. Añade que el agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. También impone que su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos, así como que tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.\n\nA partir de lo anterior, está claro que el carácter prioritario que constitucionalmente se le da al abastecimiento de agua potable obliga a las entidades competentes a adoptar las medidas adecuadas para prever que tal servicio público se brinde de manera igual, continúa y eficiente, lo que exige, a la vez, la adaptación o mutabilidad pertinente, de manera tal que, dentro de una marco de razonabilidad, la infraestructura y las tecnologías se adecuen a los nuevos requerimientos de la sociedad y a los cambios de la naturaleza.\n\nAsí las cosas, estimamos que se requiere de más elementos de conocimiento para acreditar o descartar que en el sub examine se haya dado una afectación de raigambre constitucional que amerite la intervención de la Sala.\n\nIV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe rechaza de plano el recurso. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan el voto y disponen cursar el amparo.\n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n HJJIK1VDKNG61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-028941-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01).",
  "body_en_text": "\n\nExp: 26-028941-0007-CO\n\nRes. Nº 2026032297\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at 9:20 a.m. on 20 August 2026.\n\nAmparo proceeding filed by Nombre01, identity card number CED01, against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (AYA).\n\nBackground:\n\n1.- By a document submitted through Gestión en Línea at 19:53 on 10 August 2026, the petitioner files an amparo proceeding and states that she owns a property in San Isidro de El General. She alleges that she requested the availability of drinking water for her property from AyA. However, on 24 February 2026, she was notified of official letter number SIGDD-2026-00002188-1-1-NRT, to which Negative Availability Certificate No. 2026-00002188-1 was attached, citing topographical elevation that prevents supply, insufficient hydraulic capacity, and lack of infrastructure in front of the property. She considers this to violate her right to water, since AyA limited itself to issuing a negative certificate without offering a concrete plan or defined time frames for a technical solution or network expansion. She asks that the proceeding be declared well-founded and that AyA be ordered to immediately, or within a peremptory time limit, coordinate, carry out, and schedule the technical, hydraulic, and budgetary works necessary to provide an effective solution and supply water service to her property. She also asks that AyA be ordered to pay costs, damages, and losses.\n\n2.- Article 9 of the Constitutional Jurisdiction Act empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, including upon filing, any application submitted to it that proves manifestly inadmissible, or when it considers that there is sufficient evidence to reject it, or that it is simply a reiteration or reproduction of an earlier identical or similar application that was rejected.\n\nDrafted by Justice Castillo Víquez; and,\n\nReasons:\n\nI.- SUBJECT OF THE AMPARO. The petitioner states that she owns a property in San Isidro de El General. She alleges that she requested the availability of drinking water for her property from AyA. However, on 24 February 2026, she was notified of official letter number SIGDD-2026-00002188-1-1-NRT, to which Negative Availability Certificate No. 2026-00002188-1 was attached, citing topographical elevation that prevents supply, insufficient hydraulic capacity, and lack of infrastructure in front of the property. She considers this to violate her right to water, since AyA limited itself to issuing a negative certificate without offering a concrete plan or defined time frames for a technical solution or network expansion. She asks that the proceeding be declared well-founded and that AyA be ordered to immediately, or within a peremptory time limit, coordinate, carry out, and schedule the technical, hydraulic, and budgetary works necessary to provide an effective solution and supply water service to her property.\n\nII.- INADMISSIBILITY OF THE AMPARO. On numerous occasions, this Chamber has held that although the fundamental right to water and equal access to it are recognized, because water is an essential service for life and health, that right does not entail unrestricted access to water, since the Administration may validly establish general conditions and requirements for access to the service. It is also valid for entities—public or private—that administer the service to reject applications for water service or for a water availability letter when the interested party does not meet the requirements or when technical or legal grounds justify rejection. For example, in judgment number 2016-006027, issued at 09:05 on 6 May 2016, this Chamber held as follows:\n\n“This Constitutional Court, in judgment 2014-9134, issued at 14:05 on 19 June 2014, which addressed an issue very similar to that raised in this amparo proceeding, held: ‘(...) This Chamber has stated in numerous judgments on the subject that the supply of drinking water is considered under Costa Rican law to be a public service and that, as such, every provider of public services—whether a public or private entity—is required to provide the service continuously and efficiently, on equal terms, and in a manner that adapts to technological changes (see judgment 2001-09676, issued at 11:25 on 26 September 2001, and judgment 2004-08161, issued at 10:53 on 23 July 2004). It is therefore clear that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, as one of the state entities charged with providing the public drinking-water service, is likewise required to provide that service continuously, adaptably, and efficiently, and equally to all inhabitants. However, the case law of this Constitutional Court has also held that, in the face of legal impossibility (that is, failure to meet requirements established in the applicable regulations) or formal impossibility (that is, the absence of a Water Distribution Network), it is reasonable not to grant service applications or to require the interested party to bear installation costs when no drinking-water distribution network exists and infrastructure must be built. In such cases, it has been understood that this is not a denial of access to the drinking-water service, but rather an inability to provide it or the necessary participation of the interested party in overcoming a technical obstacle, namely the lack of infrastructure. In other words, where the failure to provide drinking-water service is not arbitrary, capricious, or without basis, but is justified by legal or material impossibility, there is no violation of fundamental rights. In the case at hand, the evidence submitted and the report made under oath confirm that AyA did not arbitrarily reject the petitioner’s application, but did so because all the technical and legal requirements demanded by the Regulation on the Provision of Services to Customers of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers for approval of new services had not been met.’”\n\nThose arguments fully apply to the present case, in which the amparo petitioner was denied water availability for the property in question on technical and legal grounds, based on the following: “For the Drinking Water system: Topographical elevation that prevents supply to the property at the required minimum pressure, since it exceeds the maximum elevation of the system in the area; insufficient hydraulic capacity due to lack of infrastructure in front of the property. For the Sanitary Sewer system, it is not available in the area for new connections: There is no sanitary sewer network.\n\nThis is in accordance with Articles 7 (paragraphs 12 and 31), 8, 9, and 14 of the AyA Regulation on the Provision of Services; Articles 21 and 22 of the ARESEP Technical Regulation for the Provision of Drinking Water, Sanitary Sewer, and Hydrant Services; and Articles 11, 16, 239, 240, 245, 269.1, 291.1, 342, 343, 344.1, 346.1, 347, and 349 of the General Law of Public Administration.” Accordingly, this Court considers that the denial of water availability issued by the respondent institute is supported by technical and legal grounds and therefore does not constitute arbitrary action.\n\nIt should be noted, however, that whether water availability should be granted for the amparo petitioner’s property, as well as the relevance of the technical and legal grounds supporting the respondent’s decision and the applicable regulations, are not matters to be heard in this jurisdiction, since they concern an ordinary legality dispute outside this Chamber’s jurisdiction. Nor may this Court act as a mediator with a particular individual or legal entity—whether the latter is governed by public or private law—to intercede on behalf of a third party so that the third party may obtain what they seek. The petitioner’s request that this Chamber order AyA to grant water availability for her property is therefore inadmissible and outside this Court’s jurisdiction. Accordingly, if she so wishes, the petitioner must bring her objections or claims before the respondent authorities or in the competent judicial forum, where she may fully debate the merits of the matter and assert her claims. Consequently, the amparo proceeding is inadmissible, as hereby declared.\n\nIII.- DISSENTING OPINION OF JUSTICES CRUZ CASTRO AND RUEDA LEAL, DRAFTED BY THE LATTER. In the present case, the majority of the Chamber rejects the amparo on the ground that institutions providing drinking-water supply may validly reject or condition applications for drinking-water service when technical or legal grounds so justify. We dissent for the following reasons:\n\nArticle 50 of the Constitution establishes that every person holds the basic and inalienable human right of access to drinking water, as an essential good for life. It adds that water is a national asset, indispensable to protecting that human right. It also requires that its use, protection, sustainability, conservation, and exploitation be governed by the law to be enacted for those purposes, and that priority be given to supplying drinking water for the consumption of individuals and communities.\n\nIn light of the foregoing, it is clear that the constitutional priority given to the supply of drinking water requires the competent entities to adopt appropriate measures to ensure that this public service is provided equally, continuously, and efficiently. This also requires the relevant adaptation or mutability, so that, within a framework of reasonableness, infrastructure and technologies can be adjusted to society’s new requirements and to changes in nature.\n\nAccordingly, we consider that further evidence is needed to establish or rule out whether, in the present case, there has been an impact of constitutional significance warranting the Chamber’s intervention.\n\nIV.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. The petitioner is advised that if she submitted any paper document, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, those items must be retrieved from the office within a maximum period of 30 business days from notification of this judgment. Otherwise, any such material not retrieved within that period will be destroyed, as provided in the “Regulation on Electronic Case Files before the Judiciary,” approved by the Full Court at session No. 27-11 of 22 August 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin number 19 of 26 January 2012, as well as in the resolution approved by the Superior Council of the Judiciary at session No. 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe amparo proceeding is rejected outright. Justices Cruz Castro and Rueda Leal dissent and order that the amparo proceed.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\nHJJIK1VDKNG61\n\nCASE FILE No. 26-028941-0007-CO\n\nTelephone: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01)."
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