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  "id": "nexus-sen-1-0007-1422177",
  "citation": "Res. 32375-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Incumplimiento de controles de emisiones vehiculares",
  "title_en": "Failure to Implement Vehicle Emissions Checks",
  "summary_es": "La Sala Constitucional resolvió una segunda gestión de desobediencia relacionada con la sentencia que ordenó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes coordinar las medidas necesarias para aplicar el requisito de verificación de emisiones contaminantes a los vehículos usados de primer ingreso. Aunque las autoridades informaron que la reforma al Manual de Procedimientos se publicó el 29 de julio de 2026 y que iniciaron gestiones para configurar la plataforma TDCar, reconocieron que la verificación todavía no se aplicaba materialmente. La Sala consideró que un cronograma de trabajo no acreditaba el cumplimiento efectivo y que el plazo original de tres meses llevaba largo tiempo vencido. Declaró con lugar la gestión y ordenó al Ministro a.i. cumplir inmediatamente la sentencia. Aclaró que corresponde a la Administración decidir cómo realizar las verificaciones en aduanas. Advirtió que, si se acredita nueva desobediencia, podrá ordenar un procedimiento administrativo y testimoniar piezas ante el Ministerio Público por la eventual comisión del delito de desobediencia.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) decided a second disobedience application concerning its judgment ordering the Ministry of Public Works and Transport to coordinate the measures needed to apply the emissions-check requirement to used vehicles entering the country for the first time. Although the authorities reported that an amendment to the Procedures Manual was published on 29 July 2026 and that work had begun to configure the TDCar platform, they acknowledged that the checks were still not being implemented in practice. The Chamber held that a work schedule did not establish effective compliance and that the original three-month deadline had long expired. It granted the application and ordered the acting Minister to comply with the judgment immediately. It clarified that the Administration must decide how to conduct the checks at customs. The Chamber warned that, if further disobedience is established, it may order administrative proceedings and send the record to the Public Prosecutor's Office concerning the possible commission of the offense of disobedience.",
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  "date": "25/08/2026",
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    "Consejo de Seguridad Vial"
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    "Ministerio de Obras Públicas y Transportes",
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    "artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional"
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  "keywords_en": [
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    "Ministry of Public Works and Transport",
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  "excerpt_es": "De lo anteriormente expuesto, no se constata el cumplimiento a lo ordenado pues, la propia autoridad recurrida reconoce que el requisito de verificación de emisiones contaminantes no se aplica. Aunado a lo anterior, no puede perderse de vista que han transcurrido más de ocho meses desde la notificación de la sentencia que otorgó un plazo de tres meses para el cumplimiento, plazo que se encuentra vencido desde hace largo tiempo, sin que a la fecha conste ejecución material completa de lo ordenado.\n\nAsí las cosas, procede declarar ha lugar la gestión de desobediencia, como en efecto se dispone.",
  "excerpt_en": "In light of the foregoing, compliance with the order has not been established, since the respondent authority itself acknowledges that the requirement to verify pollutant emissions is not being applied. In addition, more than eight months have passed since notification of the judgment, which allowed three months for compliance—a deadline that expired long ago—without complete implementation of the order having been established to date.\n\nAccordingly, the disobedience application must be granted, as is hereby ordered.",
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    "summary_en": "The disobedience application was granted, and the acting Minister was ordered to comply immediately with the judgment on effective pollutant-emissions checks for used vehicles entering the country for the first time; if further disobedience is established, administrative proceedings may be initiated and the record may be referred to the Public Prosecutor's Office.",
    "summary_es": "Se declaró con lugar la gestión de desobediencia y se ordenó al Ministro a.i. cumplir inmediatamente la sentencia sobre la aplicación efectiva de controles de emisiones contaminantes a vehículos usados de primer ingreso; si se acredita nueva desobediencia, podrán iniciarse actuaciones administrativas y remitirse piezas al Ministerio Público."
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      "quote_es": "no compete a esta Sala decirle al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y al Consejo de Seguridad Vial cómo deben realizar la verificación de los certificados de emisiones en aduanas, como pretende, pues ello es del resorte de la administración."
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      "quote_es": "dar cumplimiento efectivo a lo dispuesto por esta Sala en la sentencia nro. 2025041946 de las 9:30 horas del 19 de diciembre de 2025, de manera inmediata."
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  "body_es_text": "Revisión del Documento\n\n\n\nExp: 25-030815-0007-CO \n\nRes. Nº 2026032375\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del veinticinco de agosto de dos mil veintiseis .\n\n \n\n \n\nGestión de desobediencia planteada por Nombre01, en su condición de apoderado especial judicial de la Asociación Preserve Planet, en relación con la sentencia nro. 2025041946 de las 9:30 horas del 19 de diciembre de 2025.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito incorporado al expediente electrónico el 27 de julio de 2026, Nombre01, en su condición de apoderado especial judicial de la Asociación Preserve Planet, reitera la gestión de desobediencia planteada contra el Ministro de Obras Públicas y Transportes. Manifiesta que mediante resolución del 30 de junio de 2026 esta Sala denegó la solicitud de prórroga de un año planteada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y reiteró el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia nro. 2025041946 de las 9:30 horas del 19 de diciembre de 2025, sin que a la fecha del escrito conste ejecución material de lo ordenado. Señala que, según los oficios CSV-DE-AJ-CRI-JUR-0021-2026 del 30 de junio de 2026 y CARTA-MOPT-DM-1661-2026 del 2 de julio de 2026, aportados en el expediente N° 26-022989-0007-CO, el Consejo de Seguridad Vial y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes justificaron su inacción en que la Junta Directiva de dicho Consejo no se encontraba conformada, y que fue únicamente ante la primera gestión de desobediencia que el Ministro avaló la reforma al Manual de Procedimientos para la Ejecución del Decreto Ejecutivo N° 41837-H-MOPT. Agrega que, según el oficio técnico CSV-DP-FTV-0197-2026 del 30 de junio de 2026, el cronograma de implementación remitido por la Fiscalización Técnica Vehicular del Consejo de Seguridad Vial dejó en blanco los plazos de ejecución. Pide se declare ha lugar la gestión y se ordene al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y al Consejo de Seguridad Vial que, en el plazo de tres días hábiles, remitan a publicación en el Diario Oficial La Gaceta la reforma al Manual de Procedimientos y giren la orden a RACSA y a Dekra Costa Rica S.A. para la verificación de los certificados de emisiones en aduanas.\n\n2.- Mediante resolución de las 18:33 horas del 28 de julio de 2026, se solicitó informe al Ministro de Obras Públicas y Transportes.\n\n3.- Informa bajo juramento Pablo Camacho Salazar, en su condición de Ministro a.i. del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que mediante oficio CARTA-COSEVI-DE-0720-2026 del 11 de agosto de 2026, el Consejo de Seguridad Vial aporta la publicación de la reforma al Manual de Procedimientos para la Ejecución del Decreto Ejecutivo N° 41837-H-MOPT, Reglamento para la aplicación del artículo 5° de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, en el Alcance N° 99 a La Gaceta N° 141 del 29 de julio de 2026, así como un cronograma de trabajo con la Radiográfica Costarricense (RACSA) para la configuración de la plataforma TDCar. Solicita que el retraso no se considere mora administrativa u omisión de gestión y pide declarar sin lugar la gestión de desobediencia.\n\n4.- Por escrito incorporado al expediente electrónico el 15 de agosto de 2026, Nombre01, en su condición de apoderado especial judicial de la Asociación Preserve Planet, se pronuncia sobre los informes rendidos por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Consejo de Seguridad Vial (oficios CARTA-MOPT-DM-2023-2026 y CARTA-COSEVI-DE-0720-2026, ambos del 11 de agosto de 2026) y amplía y reitera la gestión de desobediencia. Manifiesta que la publicación del 29 de julio de 2026 solo se produjo ante la amenaza de una causa penal por desobediencia, y que el propio informe del Consejo de Seguridad Vial admite que la plataforma TDCar, operada por RACSA, aún no ha sido configurada para exigir el certificado de emisiones, por lo que el requisito continúa sin aplicarse materialmente en las aduanas. Señala que las reuniones con RACSA iniciaron apenas el 10 de agosto de 2026, ocho meses después de dictada la sentencia. Pide rechazar las justificaciones de las autoridades recurridas, tener por plenamente configurada la desobediencia y ordenar el inmediato testimonio de piezas ante el Ministerio Público, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\n5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- En la sentencia nro. 2025041946 de las 9:30 horas del 19 de diciembre de 2025, esta Sala dispuso:\n\n\"Se declara con lugar el recurso. En consecuencia se ordena a Efraím Zeledón Leiva, en su carácter de Ministro de Obras Públicas y Transportes o a quien ocupe tal cargo que en el plazo de tres meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, adopte y coordine todas las medidas necesarias, a fin de asegurar el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en el artículo 8 párrafo 7 del Decreto Ejecutivo N°39724-MOPT-MINAE-S, \"Reglamento para el control de las emisiones contaminantes producidas por los vehículos automotores con motor de combustión interna\". Se le advierte al recurridos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese.\"\n\nII.- SOBRE LA GESTIÓN PLANTEADA. En la especie, el recurrente reitera la gestión de desobediencia al considerar que la autoridad recurrida persiste en el incumplimiento de lo ordenado en la sentencia nro. 2025-041946 de las 9:30 horas del 19 de diciembre de 2025. Cabe recordar que esta es ya la segunda ocasión en que se conoce el incumplimiento de dicha sentencia: mediante resolución nro. 2026023513 de las 9:20 horas del 26 de junio de 2026, esta Sala declaró con lugar una gestión de desobediencia, al no acreditarse cumplimiento efectivo pese al traslado del asunto al Consejo de Seguridad Vial, y se reiteró a la autoridad recurrida el deber de dar cumplimiento a lo ordenado en la nro. 2025041946 de las 9:30 horas del 19 de diciembre de 2025.\n\nAhora bien, en este nuevo asunto, en su informe, el Ministro a.i. del Ministerio de Obras Públicas y Transportes —que se tiene por dado bajo fe de juramento, debidamente advertido de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional—, afirma que mediante oficio CARTA-COSEVI-DE-0720-2026 el Consejo de Seguridad Vial le comunicó que el 29 de julio de 2026 se publicó, en el Alcance N° 99 a La Gaceta N° 141, la reforma al Manual de Procedimientos para la Ejecución del Decreto Ejecutivo N° 41837-H-MOPT, Reglamento para la aplicación del artículo 5° de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, y que a partir del 10 de agosto de 2026 se iniciaron las gestiones de coordinación con la Radiográfica Costarricense (RACSA) para configurar la plataforma TDCar, estimando su conclusión en un plazo de 15 a 22 días, es decir, a más tardar el 1° de setiembre de 2026.\n\nEsta Sala advierte que en el reglamento en cuestión, se indica que el artículo 5 de la Ley de Tránsito, tiene como propósito implementar una serie de controles previos a la nacionalización de vehículos de primer ingreso, inscritos en el país de su procedencia, con miras a impedir que sean sometidos al régimen de importación definitiva en el territorio nacional, en condiciones no aptas para circular aspecto que es competencia del MOPT de acuerdo a las facultades que le otorga la Ley de Tránsito. \n\nPor su parte la sentencia cuyo incumplimiento se reclama, ordena que en el plazo de 3 meses se adopte y coordine todas las medidas necesarias, a fin de asegurar el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en el artículo 8 párrafo 7 del Decreto Ejecutivo N°39724-MOPT-MINAE-S, \"Reglamento para el control de las emisiones contaminantes producidas por los vehículos automotores con motor de combustión interna\".\n\nEste párrafo 7 del artículo 8 del Decreto Ejecutivo N°39724-MOPT-MINAE-S, dispone que: “Para los vehículos usados de primer ingreso, también se deberá presentar un certificado de conformidad o bien un informe de medición de las emisiones contaminantes por cada vehículo. De comprobarse un incumplimiento de lo indicado en el certificado de conformidad con los estándares de emisiones de este reglamento, no se autorizará su nacionalización.”\n\nEn su informe, la autoridad recurrida se refiere al oficio CARTA-COSEVI-DE-0720-2026, que establece “un cronograma de los actos a realizar próximamente, esto a fin de concretar los procesos de inscripción y/o nacionalización en la inspección técnica vehicular del Decreto Ejecutivo N°39724-MOPT-MINAE-S, \"Reglamento para el control de las emisiones contaminantes producidas por los vehículos automotores con motor de combustión interna.”\n\n De lo anteriormente expuesto, no se constata el cumplimiento a lo ordenado pues, la propia autoridad recurrida reconoce que el requisito de verificación de emisiones contaminantes no se aplica. Aunado a lo anterior, no puede perderse de vista que han transcurrido más de ocho meses desde la notificación de la sentencia que otorgó un plazo de tres meses para el cumplimiento, plazo que se encuentra vencido desde hace largo tiempo, sin que a la fecha conste ejecución material completa de lo ordenado. Así las cosas, procede declarar ha lugar la gestión de desobediencia, como en efecto se dispone.\n\nPor último se aclara a la parte recurrente que no compete a esta Sala decirle al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y al Consejo de Seguridad Vial cómo deben realizar la verificación de los certificados de emisiones en aduanas, como pretende, pues ello es del resorte de la administración.\n\nCorolario de lo expuesto, no se acredita el cumplimiento efectivo de lo ordenado y procede acoger la gestión.\n\nPOR TANTO:\n\n Se declara ha lugar la gestión de desobediencia. Se ordena a Pablo Camacho Salazar, en su carácter de Ministro a.i. de Obras Públicas y Transportes o a quien ocupe tal cargo, dar cumplimiento efectivo a lo dispuesto por esta Sala en la sentencia nro. 2025041946 de las 9:30 horas del 19 de diciembre de 2025, de manera inmediata. Lo anterior, bajo la advertencia que, de acreditarse la desobediencia, se podrá ordenar la apertura de un procedimiento administrativo contra el funcionario remiso a cumplir con lo resuelto por esta Sala y, además, ordenar testimoniar piezas ante el Ministerio Público por la eventual comisión del delito de desobediencia (artículos 53 y 71 de la ley de la jurisdicción constitucional). Notifíquese la sentencia nro. 2025041946 de las 9:30 horas del 19 de diciembre de 2025 personalmente a Pablo Camacho Salazar. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n W9WEUCSDYF861 \n\nEXPEDIENTE N° 25-030815-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01).",
  "body_en_text": "Review of the Document\n\n\n\nExp: 25-030815-0007-CO\n\nRes. Nº 2026032375\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at twenty-five minutes past nine on 25 August 2026.\n\nNoncompliance proceeding brought by Nombre01, in his capacity as special judicial attorney-in-fact for Asociación Preserve Planet, in relation to judgment no. 2025041946 of 9:30 a.m. on 19 December 2025.\n\nBackground:\n\n1.- By a written submission added to the electronic case file on 27 July 2026, Nombre01, in his capacity as special judicial attorney-in-fact for Asociación Preserve Planet, reiterates the noncompliance proceeding brought against the Minister of Public Works and Transport. He states that, by a decision dated 30 June 2026, this Chamber denied the one-year extension requested by the Ministry of Public Works and Transport and reiterated that the provisions of judgment no. 2025041946 of 9:30 a.m. on 19 December 2025 be complied with, although as of the date of the submission there was no evidence that the ordered measures had been implemented. He notes that, according to official letters CSV-DE-AJ-CRI-JUR-0021-2026 dated 30 June 2026 and CARTA-MOPT-DM-1661-2026 dated 2 July 2026, submitted in case file N° 26-022989-0007-CO, the Road Safety Council and the Ministry of Public Works and Transport justified their inaction on the ground that the Council’s Board of Directors had not been constituted, and that it was only after the first noncompliance proceeding that the Minister approved the amendment to the Procedures Manual for the Implementation of Decreto Ejecutivo 41837-H-MOPT. He adds that, according to technical official letter CSV-DP-FTV-0197-2026 dated 30 June 2026, the implementation schedule submitted by the Road Safety Council’s Vehicle Technical Inspection Directorate left the execution deadlines blank. He asks that the proceeding be granted and that the Ministry of Public Works and Transport and the Road Safety Council be ordered, within three business days, to submit for publication in the official gazette La Gaceta the amendment to the Procedures Manual and to issue the order to RACSA and Dekra Costa Rica S.A. to verify emissions certificates at customs.\n\n2.- By a decision issued at 18:33 on 28 July 2026, the Minister of Public Works and Transport was asked to submit a report.\n\n3.- Pablo Camacho Salazar, in his capacity as acting Minister of the Ministry of Public Works and Transport, reports under oath that, by official letter CARTA-COSEVI-DE-0720-2026 dated 11 August 2026, the Road Safety Council provided the publication of the amendment to the Procedures Manual for the Implementation of Decreto Ejecutivo 41837-H-MOPT, Regulations for the Application of Article 5 of the Land Traffic and Road Safety Law, in Alcance N° 99 to La Gaceta N° 141 of 29 July 2026, as well as a work schedule with Radiográfica Costarricense (RACSA) for configuring the TDCar platform. He asks that the delay not be deemed administrative delay or failure to act and requests that the noncompliance proceeding be denied.\n\n4.- By a written submission added to the electronic case file on 15 August 2026, Nombre01, in his capacity as special judicial attorney-in-fact for Asociación Preserve Planet, comments on the reports submitted by the Ministry of Public Works and Transport and the Road Safety Council (official letters CARTA-MOPT-DM-2023-2026 and CARTA-COSEVI-DE-0720-2026, both dated 11 August 2026) and expands and reiterates the noncompliance proceeding. He states that publication on 29 July 2026 took place only in response to the threat of criminal proceedings for noncompliance, and that the Road Safety Council’s own report acknowledges that the TDCar platform, operated by RACSA, has not yet been configured to require the emissions certificate, meaning the requirement is still not being applied in practice at customs. He notes that meetings with RACSA began only on 10 August 2026, eight months after the judgment was issued. He asks that the explanations of the respondent authorities be rejected, that noncompliance be found to have been fully established, and that the relevant record be immediately sent to the Ministerio Público (Public Prosecutor’s Office), pursuant to Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law.\n\n5.- The legal requirements have been observed in the proceedings conducted.\n\nPrepared by Justice Cruz Castro; and,\n\nReasons:\n\nI.- In judgment no. 2025041946 of 9:30 a.m. on 19 December 2025, this Chamber ordered:\n\n“The amparo application is granted. Accordingly, Efraím Zeledón Leiva, in his capacity as Minister of Public Works and Transport, or whoever holds that office, is ordered, within three months from notification of this judgment, to adopt and coordinate all necessary measures to ensure effective compliance with the provisions of Article 8, paragraph 7, of Decreto Ejecutivo N°39724-MOPT-MINAE-S, ‘Regulations for the Control of Polluting Emissions Produced by Motor Vehicles with Internal Combustion Engines.’ The respondent is warned that, pursuant to Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, anyone who receives an order that they must comply with or enforce, issued in an amparo proceeding, and fails to comply with or enforce it, shall be punished by imprisonment for three months to two years, or by a fine of twenty to sixty days, provided the offense is not subject to a more severe penalty. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts underlying this declaration, which shall be assessed in enforcement proceedings within the administrative-litigation jurisdiction. Notify the parties.”\n\nII.- REGARDING THE PROCEEDING BROUGHT. In this case, the applicant reiterates the noncompliance proceeding because he considers that the respondent authority continues to fail to comply with what was ordered in judgment no. 2025-041946 of 9:30 a.m. on 19 December 2025. It should be recalled that this is already the second time that noncompliance with that judgment has come before the Chamber: by decision no. 2026023513 of 9:20 a.m. on 26 June 2026, this Chamber granted a noncompliance proceeding because effective compliance had not been established despite the matter having been referred to the Road Safety Council, and again reminded the respondent authority of its duty to comply with what was ordered in judgment no. 2025041946 of 9:30 a.m. on 19 December 2025.\n\nIn this new matter, the acting Minister of the Ministry of Public Works and Transport states in his report—which is deemed to have been made under oath, after due warning of the consequences, including criminal consequences, provided for in Article 44 of the Constitutional Jurisdiction Law—that, by official letter CARTA-COSEVI-DE-0720-2026, the Road Safety Council informed him that on 29 July 2026 the amendment to the Procedures Manual for the Implementation of Decreto Ejecutivo N° 41837-H-MOPT, Regulations for the Application of Article 5 of the Land Traffic and Road Safety Law, was published in Alcance N° 99 to La Gaceta N° 141, and that coordination efforts with Radiográfica Costarricense (RACSA) to configure the TDCar platform began on 10 August 2026. Their completion is estimated to take 15 to 22 days, that is, no later than 1 September 2026.\n\nThis Chamber observes that the regulation in question states that Article 5 of the Land Traffic Law is intended to implement a series of controls before the nationalization of first-entry vehicles registered in their country of origin, so as to prevent them from being placed under the definitive import regime in the national territory in a condition unsuitable for circulation, a matter within MOPT’s competence under the powers granted to it by the Land Traffic Law.\n\nThe judgment whose noncompliance is alleged, for its part, orders that all necessary measures be adopted and coordinated within three months to ensure effective compliance with the provisions of Article 8, paragraph 7, of Decreto Ejecutivo N°39724-MOPT-MINAE-S, “Regulations for the Control of Polluting Emissions Produced by Motor Vehicles with Internal Combustion Engines.”\n\nParagraph 7 of Article 8 of Decreto Ejecutivo N°39724-MOPT-MINAE-S provides: “For used vehicles entering the country for the first time, a certificate of conformity or a report measuring the polluting emissions of each vehicle must also be submitted. If it is determined that the certificate of conformity does not meet this regulation’s emissions standards, its nationalization will not be authorized.”\n\nIn his report, the respondent authority refers to official letter CARTA-COSEVI-DE-0720-2026, which sets out “a schedule of the steps to be carried out shortly in order to complete the registration and/or nationalization processes in the vehicle technical inspection under Decreto Ejecutivo N°39724-MOPT-MINAE-S, ‘Regulations for the Control of Polluting Emissions Produced by Motor Vehicles with Internal Combustion Engines.’”\n\nFrom the foregoing, compliance with the order has not been established because the respondent authority itself acknowledges that the requirement to verify polluting emissions is not being applied. In addition, more than eight months have elapsed since notification of the judgment, which allowed three months for compliance—a period that expired long ago—yet as of this date there is no evidence that the order has been fully implemented in practice. Accordingly, the noncompliance proceeding should be granted, as is hereby ordered.\n\nLastly, the applicant is informed that it is not for this Chamber to tell the Ministry of Public Works and Transport and the Road Safety Council how they must verify emissions certificates at customs, as he requests, because that is a matter for the administration.\n\nIn light of the foregoing, effective compliance with the order has not been established, and the proceeding should be granted.\n\nTHEREFORE:\n\nThe noncompliance proceeding is granted. Pablo Camacho Salazar, in his capacity as acting Minister of Public Works and Transport, or whoever holds that office, is ordered to comply effectively and immediately with what this Chamber ordered in judgment no. 2025041946 of 9:30 a.m. on 19 December 2025. This is subject to the warning that, if noncompliance is established, the opening of administrative proceedings against the official who fails to comply with this Chamber’s ruling may be ordered and, in addition, the relevant record may be sent to the Ministerio Público in connection with the possible commission of the offense of noncompliance (Articles 53 and 71 of the Constitutional Jurisdiction Law). Judgment no. 2025041946 of 9:30 a.m. on 19 December 2025 shall be served personally on Pablo Camacho Salazar. Notify the parties.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\nW9WEUCSDYF861\n\nCASE FILE N° 25-030815-0007-CO\n\nTelephone: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01)."
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