{ "id": "nexus-sen-1-0007-1422735", "citation": "Res. 32956-2026 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Municipalidad debe resolver integralmente denuncia ambiental", "title_en": "Municipality Must Resolve Environmental Complaint Comprehensively", "summary_es": "La Sala Constitucional declaró con lugar el amparo contra la Municipalidad de Alajuela por la demora en resolver integralmente una problemática conocida durante años y relacionada con el centro educativo Finland School, incluidas denuncias sobre construcciones, aguas pluviales y posibles afectaciones ambientales. Aunque la Municipalidad informó sobre inspecciones, procedimientos pendientes y trámites atendidos, la Sala concluyó que la situación denunciada no tenía una solución definitiva y que la recurrente no había sido mantenida al tanto de las acciones realizadas. Consideró que esa omisión era incompatible con los principios de eficacia, continuidad y coordinación administrativa. Ordenó al alcalde y al presidente del Concejo Municipal, dentro de sus respectivas competencias, disponer lo necesario para que en seis meses desde la notificación se ejecuten las obras que los criterios técnicos determinen necesarias para solucionar integralmente el problema y se informe a la recurrente. Condenó a la Municipalidad al pago de costas, daños y perjuicios, que se liquidarán en ejecución ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Una magistrada discrepó únicamente sobre la sede de ejecución.", "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) granted the amparo application against the Municipality of Alajuela because it had not definitively resolved a longstanding problem associated with the Finland School educational center, including complaints about construction, stormwater, and possible environmental impacts. Although the Municipality reported inspections, pending procedures, and answered submissions, the Chamber found that the reported problem remained unresolved and that the applicant had not been kept informed of the actions taken. It held that this omission was inconsistent with the principles of administrative effectiveness, continuity, and coordination. The Chamber ordered the mayor and the president of the Municipal Council, each within their respective powers, to arrange for the works that applicable technical criteria require to resolve the problem comprehensively to be carried out within six months after service of the judgment, and to inform the applicant. It ordered the Municipality to pay costs, damages, and losses, to be assessed in enforcement proceedings before the administrative-litigation jurisdiction. One justice dissented only as to the forum for enforcement.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "27/08/2026", "year": "2026", "topic_ids": [], "primary_topic_id": null, "es_concept_hints": [ "recurso de amparo", "denuncia ambiental", "aguas pluviales", "descarga pluvial", "alcantarillado pluvial", "jurisdicción contencioso-administrativa", "principio de eficacia administrativa" ], "article_citations": [], "keywords_es": [ "amparo ambiental", "denuncia ambiental", "Municipalidad de Alajuela", "aguas pluviales", "descarga pluvial", "alcantarillado pluvial", "construcción sin licencia", "obras de solución integral", "pronta respuesta", "eficacia administrativa", "La Guácima", "Finland School" ], "keywords_en": [ "environmental amparo", "environmental complaint", "Municipality of Alajuela", "stormwater", "stormwater discharge", "stormwater drainage", "construction without a permit", "comprehensive remedial works", "prompt response", "administrative effectiveness", "La Guácima", "Finland School" ], "excerpt_es": "Así las cosas, se constata que el reclamo de la recurrente obedece a una problemática conocida por años y vinculada con cuestiones ambientales y aguas pluviales que no ha sido resuelta de forma definitiva, omisión que resulta incompatible con los principios de eficacia, continuidad y coordinación administrativa. Además, no se observa que a la recurrente se le haya mantenido actualizada de las acciones realizadas por el municipio a fin de resolver lo reclamado desde el 11 de febrero de 2025.\n\nEn consecuencia, procede declarar con lugar este extremo contra la Municipalidad de Alajuela, a fin de que se adopte la solución técnica integral y se ejecuten las obras necesarias para solucionar de manera definitiva la problemática denunciada por la recurrente, y se le comunique lo que corresponda, según se indicará en la parte dispositiva de esta sentencia.", "excerpt_en": "Accordingly, it is established that the applicant’s complaint concerns a problem known for years and connected with environmental matters and stormwater that has not been definitively resolved, an omission inconsistent with the principles of administrative effectiveness, continuity, and coordination. It is also not apparent that the applicant was kept informed of the actions taken by the Municipality to resolve the matters raised since 11 February 2025.\n\nConsequently, this part of the claim against the Municipality of Alajuela must be granted, so that a comprehensive technical solution is adopted and the works necessary to definitively resolve the problem reported by the applicant are carried out, and she is informed accordingly, as will be stated in the operative part of this judgment.", "outcome": { "label_en": "Granted", "label_es": "Con lugar", "summary_en": "The amparo application was granted, and municipal authorities were ordered to arrange, within six months after service, the works that technical criteria require to resolve the problem comprehensively and inform the applicant.", "summary_es": "Se declaró con lugar el amparo y se ordenó a las autoridades municipales disponer, en seis meses desde la notificación, las obras que determinen necesarias los criterios técnicos para resolver integralmente la problemática y comunicarlo a la recurrente." }, "pull_quotes": [ { "context": "Por tanto", "quote_en": "The application is granted.", "quote_es": "Se declara con lugar el recurso." }, { "context": "Por tanto", "quote_en": "The Municipality of Alajuela is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts underlying this declaration.", "quote_es": "Se condena a la Municipalidad de Alajuela al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a la presente declaratoria" } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1422735", "tier": 2, "is_environmental": true, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Revisión del Documento\n\n\n\nExp: 26-019995-0007-CO \n\nRes. Nº 2026032956\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta minutos del veintisiete de agosto de dos mil veintiseis .\n\n \n\nRecurso de amparo que se tramita en expediente nro. 26 019995-0007-CO, interpuesto por Nombre11, cédula de identidad CED05, contra la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito incorporado al expediente electrónico el 4 de junio de 2026, la recurrente interpone recurso de amparo. Alega: “PRIMERO: Desde el año 2021 diversos vecinos y la suscrita hemos presentado múltiples denuncias ante la Municipalidad de Alajuela y el Concejo Municipal de Alajuela, relacionadas con las construcciones, movimientos de tierra, obras de alcantarillado pluvial, inundaciones por el alcantarillado, ampliaciones y operación del centro educativo denominado Finland School, contaminación sónica, colapsos viales, actividades privadas los fines de semana entre otras; ubicado en La Guácima de Alajuela. SEGUNDO: Las denuncias fueron presentadas mediante diversos trámites administrativos, entre ellos los números 48796-2021, 49834-2021, 56801-2024, 58290-2024, 55180-2024, 58290-2024 y otras gestiones posteriores, aportándose fotografías, grabaciones, imágenes satelitales, videos, informes policiales y declaraciones vecinales. TERCERO: La Municipalidad, en algunos casos, emitió respuestas contradictorias, incompletas e incluso erróneas. Mediante resolución MA-PCFU-157-2025 se reconoció expresamente que la Administración había contestado incorrectamente una denuncia utilizando un machote correspondiente a otro expediente, razón por la cual declaró con lugar el recurso de revocatoria interpuesto por la denunciante. CUARTO: Consta en diversos informes municipales que existen construcciones ejecutadas sin permiso municipal, entre ellas las señaladas en el Acta de Obra Concluida sin Licencia N.° 855-2021 y el Acta de Clausura de Construcción N.° 1096-2025. Clausuras que no se ejecutaron, y o se irrespetaron. QUINTO: Mediante oficio MA-ACC-3793-2025 se informó que los proyectos constructivos identificados como OC-1046818 y OC-1201898 fueron rechazados por la Actividad de Control Constructivo. SEXTO: Asimismo, según informe MA-SCM-2161-2025, conocido por el Concejo Municipal, se indicó expresamente que las instalaciones ubicadas en la finca PRN01 no cuentan con aprobación de descarga de aguas pluviales por parte de la dependencia competente. SÉTIMO: El Concejo Municipal de Alajuela aprobó una moción mediante acuerdo firme en la cual solicitó a la Alcaldía continuar los procedimientos administrativos, tramitar clausuras, iniciar procedimientos sumarios relacionados con la patente comercial y adoptar las medidas legales correspondientes. OCTAVO: Pese a la existencia de múltiples informes técnicos, actas de clausura, proyectos rechazados y acuerdos del Concejo Municipal, la Municipalidad no ha adoptado medidas efectivas y definitivas para garantizar el cumplimiento de la normativa urbanística, constructiva, ambiental y municipal aplicable. NOVENO: Mediante oficio MA-A-3846-2025 de fecha 29 de agosto de 2025 se solicitaron informes actualizados a distintas dependencias municipales, otorgándoles un plazo de tres días. Sin embargo, a la fecha no consta respuesta efectiva ni resolución integral sobre las denuncias planteadas. DÉCIMO: La actuación administrativa ha sido contradictoria, dilatoria e insuficiente, generando incertidumbre jurídica y vulnerando el derecho constitucional de los vecinos a recibir una respuesta completa, motivada y oportuna sobre denuncias relacionadas con posibles riesgos urbanísticos, ambientales y de seguridad, colapsos viales, contaminación sónica entre otras. DÉCIMO PRIMERO: La contaminación sónica producto de las actividades propias, ajenas y de terceros realizadas los domingos en la cancha, construida de manera ilegal y rompiendo sellos instalados, aparentemente, por la Municipalidad en Finland School, entre semana dan inicio a las 6:30 am y fines de semana, domingos especialmente, prestan o alquilan la cancha para torneos deportivos, los cuales dan inicio a las 06:30 am. DÉCIMO SEGUNDO: El colapso vial en una única calle, que cruza la Urbanización Los Príncipes de norte a sur, sin existir ninguna otra vía, en las mañanas, medio día y en la tarde durante la salida de los estudiantes, causado por los padres que van en vehículos a recoger a los estudiantes sobrepasa los límites de las leyes de tránsito, pero no hacen nada. Existe un parqueo al frente de la edificación del centro, mismo que tampoco cumple con los requerimientos, y no es utilizado por los todos los padres, pero los que lo usan, sus hijos (as) cruzan la única calle sin ningún control. Esto fue denunciado al Departamento de Educación Privada del MEP y no hicieron nada. Aportamos video en el cual se puede observar cómo los padres se parquean a ambos lados de la vía, antes de lograr ingresar el centro, lo cual también parece ilógico. DÉCIMO TERCERO: El personal del centro Finland School, han hecho demarcaciones en la única calle, indicando “ALTO”, “CEDA”, pintan zonas amarillas, zonas de cruce peatonal, sin cumplir con la autorización de Ingeniería de Tránsito. (Según el principal marco técnico aplicable “Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Transito” adoptado por el MOPT para la señalización horizontal y vertical. DECIMO CUARTO: En los videos que aportamos pueden observar como el mismo camión de recolección de residuos no tradicionales de la Municipalidad de Alajuela, no solo recoje (sic), en la vía pública, bolsas negras de basura, sino que ingresan al centro a sacar escombros de las construcciones sin permiso. DÉCIMO QUINTO: La presente gestión no se limita a una simple inconformidad administrativa y o de vecinos incómodos. Los hechos denunciados involucran posibles construcciones sin permiso, movimientos de tierra, obras de desfogue pluvial, ausencia de aprobación técnica para descarga de aguas pluviales, operación ilegitima de un centro educativo y posibles afectaciones a vecinos, vía pública, drenajes, cauces, seguridad comunal y hasta a los mismos estudiantes y personal del centro. El artículo 50 de la Constitución Política garantiza el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Este derecho impone a las autoridades, incluidas las municipalidades, el deber de prevenir, fiscalizar, corregir y sancionar aquellas actuaciones que puedan generar daño ambiental, urbanístico o riesgo para la salud y seguridad de las personas. En el presente caso, la Municipalidad de Alajuela ha tenido conocimiento reiterado de los hechos denunciados desde el año 2021 y, pese a la existencia de informes técnicos, actas de clausura, proyectos constructivos rechazados, ausencia de aprobación de descarga pluvial y acuerdos firmes del Concejo Municipal, no ha ejecutado de forma efectiva, oportuna e integral las acciones necesarias para tutelar los derechos fundamentales de los vecinos. La omisión administrativa prolongada, las respuestas contradictorias, los errores reconocidos por la propia Administración y la falta de ejecución efectiva de las medidas correctivas vulneran el derecho constitucional a un ambiente sano, el derecho de petición y pronta respuesta, así como el deber de legalidad que rige toda actuación municipal. Por ello, se solicita a la Sala Constitucional ordenar a la Municipalidad de Alajuela realizar una actuación integral, coordinada y efectiva, mediante inspección técnica completa, resolución de los procedimientos pendientes, ejecución de las medidas de clausura o sanción que correspondan y comunicación clara a los denunciantes sobre el estado real de cada gestión DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS 1. Derecho de petición y pronta respuesta consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política. 2. Derecho de acceso a la información administrativa y pública. 3. Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado establecido en el artículo 50 de la Constitución Política. 4. Principio de legalidad administrativa contenido en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública. 5. Derecho a una tutela administrativa efectiva y a recibir respuestas congruentes, completas y oportunas. FUNDAMENTO JURÍDICO La Sala Constitucional ha reiterado que toda autoridad tiene la obligación de resolver de forma expresa, completa y dentro de un plazo razonable las gestiones formuladas por los administrados. Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que la protección del ambiente y la fiscalización efectiva de actividades que puedan generar riesgos urbanísticos o ambientales constituyen obligaciones constitucionales de las municipalidades. La omisión, demora injustificada, respuestas contradictorias o incumplimiento de deberes de fiscalización constituyen conductas susceptibles de control mediante recurso de amparo. PETITORIA Por lo expuesto, respetuosamente solicito: 1. Que se declare CON LUGAR el presente recurso de amparo. 2. Que se ordene a la Municipalidad de Alajuela brindar una respuesta integral, completa, motivada y definitiva respecto de todas las denuncias relacionadas con las construcciones, movimientos de tierra, sistemas de alcantarillado pluvial, demarcación de la vía pública, congestión vial y funcionamiento del centro educativo Finland School. 3. Que se ordene a la Municipalidad resolver, dentro de un plazo perentorio fijado por la Sala Constitucional, todos los procedimientos administrativos pendientes relacionados con dichas denuncias. 4. Que se ordene informar de manera precisa el estado de los procedimientos de clausura, permisos de construcción, licencias comerciales, autorizaciones de desfogue pluvial y demás actuaciones administrativas relacionadas, incluyendo permisos para la demarcación de la calle y para el manejo del parqueo que construyeron al frente del centro. 5. Que se condene a la Municipalidad recurrida al pago de costas, daños y perjuicios causados por la vulneración de los derechos fundamentales aquí reclamados. PETITORIA ADICIONAL Solicito respetuosamente que la Sala Constitucional ordene a la Municipalidad de Alajuela: 1. Realizar una inspección técnica integral en las fincas relacionadas con el centro educativo Finland School, incluyendo las fincas con folio real números PRN01, PRN11, PRN12, CED01 cualquier otra vinculada con las obras denunciadas. 2. Verificar expresamente si existen permisos de construcción vigentes, permisos de movimiento de tierra, autorización de desfogue pluvial, aprobación de alcantarillado pluvial, uso de suelo, viabilidad ambiental, patente municipal, permisos del MEP y demás autorizaciones necesarias para la operación denunciada. 3. Informar si las obras construidas sin permiso fueron clausuradas, sancionadas o sometidas a procedimiento administrativo. 4. Resolver el procedimiento sumario relativo a la eventual suspensión de la patente comercial, conforme al artículo 7 del Reglamento General de Patentes de la Municipalidad de Alajuela. 5. Ejecutar los acuerdos firmes adoptados por el Concejo Municipal relacionados con este caso. 6. Notificar a la recurrente y a los vecinos denunciantes una resolución completa, clara y motivada sobre todas las denuncias formuladas desde el año 2021 hasta la fecha”. \n\n 2.- Por resolución de las 22:24 horas del 15 de junio de 2026, la Presidencia de la Sala dio curso al amparo y solicitó informe al alcalde, presidente del concejo y coordinador de control fiscal y urbano, todos de Alajuelita. \n\n3.- Por escrito incorporado al expediente electrónico el 24 de junio de 2026, informa bajo juramento Roberto Hernán Thompson Chacón en su condición de alcalde de Alajuela. Expone: “Con respecto al escrito presentado por la recurrente Nombre11 es de gran importancia indicar que, –si bien-, el recurso fue planteado en contra del señor Alcalde y el Coordinador del Proceso de Control Fiscal y Urbano, lo cierto es que, el tema también concierne a otras dependencias: Mediante el oficio N° MA-AGIRS-761-2026 de fecha 22 de junio de 2026, suscrito por el Licda. Yamileth Oses Villalobos, Coordinadora de la Actividad de Gestión Integral de Residuos Sólidos, la cual indicó lo siguiente: “Hemos recibido oficio de referencia, refiriéndose al traslado de las veintidós horas veinticuatro minutos del quince de junio de dos mil veintiséis, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, donde remite el RECURSO DE AMPARO interpuesto por la señora Nombre11, cédula de identidad CED05 que se tramitó bajo el expediente N° 26-019995-0007-CO contra la Municipalidad de Alajuela, y donde solicita información con respecto a denuncia de la urbanización Los Príncipes en La Guácima de Alajuela. En esta oficina se recibió oficio N° 0134-AI-2026 de la Auditoría interna donde indica que se han registrado camiones de recolección de basura municipales ingresando a una propiedad privada, retirando escombros en el horario de la ruta habitual de dicha urbanización, lo que dejo en ese momento sin recolección a varios vecinos, ya que el camión se llenó y se retiró del lugar; requiriendo, realizar las indicaciones pertinentes con relación al servicio de recolección de residuos sólidos que brinda la Municipalidad de Alajuela a través de la empresa contratada para ese fin en el sector de La Guácima, tipo de camiones, horarios comunicados etc. y la apreciación a la imagen adjunta de un supuesto camión recolector grabado en la urbanización, ingresando a una propiedad privada. Respecto a lo anterior, se dio respuesta mediante oficio N° MA-AGIRS-458-2026 indicando lo siguiente: en lo que concierne al tipo de camiones le informamos que la empresa contratada por la municipalidad de Alajuela para brindar el servicio de recolección de residuos sólidos ordinarios solo utiliza camiones compactadores y camiones tipo Adrales para el servicio. En cuanto a los horarios de recolección. El servicio de recolección de residuos sólidos ordinarios se brinda en el distrito de La Guácima dos días a la semana, correspondiendo para tal fin los miércoles y sábados. En lo que respecta a la apreciación a la imagen adjunta de un supuesto camión recolector grabado en la urbanización, ingresando a una propiedad privada. En este sentido, le informamos que la empresa contratada por la Municipalidad de Alajuela para brindar el servicio de recolección de residuos sólidos ordinarios no utiliza ese tipo de automotores, ya que no son apropiados para el servicio. Además, cabe indicar, que el camión que se muestra en la fotografía no posee ningún tipo de rotulación que lo vincule con la empresa recolectora, además la fecha que indica fotografía lunes 26/01/2026 día que no se brinda el servicio de recolección en el sitio. Se adjunta oficio N° MA-AGIRS-458-2026. Además, mediante el N° MA-SSA-019-2026 de fecha 22 de junio de 2026, suscrito por el Ling. Giovanni Sandoval Rodríguez, Coordinador de Servicios Ambientales, el cual plasmo que: “En atención a su solicitud de “referirse si se tiene conocimiento de alguna denuncia, queja o trámite que se haya presentado al respecto, adjuntando las pruebas respectivas, tomando en consideración los argumentos dados por la recurrente con respecto a la recolección de residuos en vía pública y el ingreso al centro a educativo para retirar escombros. Adjuntar la documentación respectiva”. A la fecha, no existe denuncia, queja o trámite presentado por los canales oficiales ante este Subproceso. Tómese en cuenta que, la gestión de los servicios públicos municipales establecidos en los artículos 83 y 84 del Código Municipal es responsabilidad directa de las Actividades que lo componen”. En lo que se refiere a la Actividad de Gestión Ambiental, la Licda. Karen Bermúdez Fallas, Coordinadora de dicha unidad, determinó en el oficio N° MA-SGA-451-2026 de fecha 23 de junio de 2026, lo siguiente: “En atención al oficio N° MA-PSJ-0989-2026, mediante el cual se remite el recurso de amparo interpuesto por la Sra. Nombre11 cédula de identidad CED05, contra la Municipalidad de Alajuela, tramitado bajo el expediente N° 26-019995-0007-CO, y en cumplimiento del requerimiento de informe formulado por la Sala Constitucional, se procede a rendir el presente informe, conforme lo solicitado: “…referirse si se tiene conocimiento de alguna denuncia, queja o trámite que se haya presentado con respecto a los movimientos de tierra, adjuntando las pruebas respectivas. En caso de ser afirmativo, indicar las gestiones realizadas…” por lo que me permito indicar: ▪ Atención de denuncias Según la revisión efectuada tanto en el Sistema Tributario Municipal como en las bases de datos que mantiene este Subproceso, no consta el ingreso ni la asignación para conocimiento de esta dependencia de denuncias por afectaciones ambientales relacionadas con el centro educativo Finland School. Tampoco consta el ingreso o traslado de denuncias por medio de los canales de comunicación institucionales, ni mediante el Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales de la Contraloría Ambiental del MINAE o proveniente de alguna otra entidad gubernamental (Ministerio de Salud, SINAC u otros similares). • Movimientos de tierra Tras la revisión de los registros de este Subproceso no se ha recibido de la Actividad de Control Constructivo un expediente APC relacionado con proyectos de movimiento de tierras en las fincas indicas, solicitando criterio ambiental. Al no constar la remisión de expedientes para valoración ambiental relacionados con el caso objeto de análisis, este Subproceso no ha tenido participación técnica en la revisión de proyectos de movimiento de tierras desarrollados en las fincas indicadas. Para movimientos de tierra no otorgamos permisos, este Subproceso se limita a la emisión de criterio ambiental, recomendaciones, se verifica la existencia o necesidad de contar con viabilidad ambiental según sea el volumen o área del proyecto, conforme lo establecido con el Reglamento De Evaluación, Control Y Seguimiento Ambiental, N° 43898, y en caso de proyectos con viabilidad ambiental se presentan las denuncias ante SETENA. ▪ Contaminación sónica Respecto a las manifestaciones relacionadas con presunta contaminación sónica derivada de las actividades desarrolladas en el centro educativo y de los eventos deportivos señalados por la recurrente, se hace constar que la determinación técnica de la existencia de contaminación por ruido, así como la medición de los niveles sonoros, la verificación del cumplimiento de los límites máximos permitidos y la eventual imposición de medidas sanitarias correctivas, constituyen competencias atribuidas al Ministerio de Salud, en su condición de autoridad sanitaria competente. Lo anterior encuentra sustento en la Ley General de Salud y el Reglamento para el Control del Ruido Ambiental Decreto Ejecutivo N° 44486-S, normativa que atribuye al Ministerio de Salud la competencia para realizar mediciones oficiales de ruido, verificar el cumplimiento de los límites máximos permitidos y adoptar las medidas sanitarias que correspondan”. De acuerdo al tema de alcantarillado Pluvial, el Ing. Kasey Palma Chavarría, Coordinador a.i de la Actividad de Alcantarillado Pluvial, indicó en el oficio N° MA-AAP-0644-2026, de fecha 22 de junio de 2026, lo siguiente: “Con relación a la resolución de las veintidós horas veinticuatro minutos del quince de junio de dos mil veintiséis, mediante la cual la Sala Constitucional ordena brindar información respecto al Recurso de Amparo interpuesto por la señora Nombre11, cédula de identidad N° CED02, tramitado bajo el expediente N° 26-019995-0007-CO, me permito indicar: 1. Que, según revisión del sistema de trámites de la institución no existe ninguna gestión ingresada a nombre de la señora Nombre11, cédula CED02 donde se interpongan denuncias o cualquier tipo de queja por situaciones generadas por las aguas pluviales (…) 2. Que, consultados el sistema de trámites de nuestra institución, por parte de Nombre02, Erick Sánchez Monge, Ana Rojas Calvo, Juan Luis Jiménez Chacón, Nombre09, Nombre17, Damaris Herrera Zamora, Nombre26, Nombre15, Nombre05, Nombre01, Nombre23, Nombre20, Nombre07, Nombre11, Nombre06, Nombre21, Nombre10, Nombre25, Nombre13, Nombre27, Nombre03, Nombre24, Nombre04 y Nombre16, no existen trámites de reporte de problemas pluviales o que guarden relación con el tema de fondo. Dentro del sistema se registra una gestión por parte de la señora Nombre14 (1590-2017), misma que fue debidamente atendida. Además, no guarda relación con la situación descrita en el Recurso de Amparo, puesto que el trámite data del año 2017. Por parte de la señora Nombre19 existe una gestión (56797-2024), a la cual se le brindó la debida respuesta mediante el oficio N° MA-AAP-0208-2025). 3. Que, respecto a la solicitud para la aprobación del visto bueno de aguas pluviales se registran tres trámites: Trámite N° 21613-2025 Se emitió un “Previo a resolver”, mediante oficio N° MA-AAP-0423-2025, debido a que no cumple con los siguientes requisitos: debe aportar la solicitud de Visto Bueno de descarga de aguas pluviales debidamente llena, firmada por el propietario; aportar planos de los diseños pluviales, firmado por un profesional competente dentro del área correspondiente; presentar un plan de manejo de las aguas pluviales mediante la utilización de lagunas de retención, tanques u otras estructuras que permitan una descarga pluvial controlada, debiendo coincidir con el caudal excedente producido más un 25% del caudal producido previo a la realización del proyecto; poseer un tiempo de retención de 25 minutos, cumplir con otros datos técnicos de la memoria de cálculo y estar al día con el pago de impuestos. Se emite el “Rechazado”, mediante oficio N° MA-AAP-1193-2025, debido al no cumplimiento de lo requerido y accedió al tiempo para la debida subsanación. Trámite N° 50752-2025 Se emitió un “Previo a resolver”, mediante oficio N° MA-AAP-1372-2026, debido a que no cumple con los siguientes puntos: solicitud de Visto Bueno de descarga de aguas pluviales debidamente llena, firmada por el propietario; presentar copia de la cedula del propietario o representante legal; presentar Uso de Suelo emitido por la Municipalidad de Alajuela; aportar planos de los diseños, pluviales, firmados en digital por un profesional competente dentro del área correspondiente; presentar un plan de manejo de las aguas pluviales mediante la utilización de lagunas de retención, tanques u otras estructuras que permitan una descarga pluvial controlada; corregir los datos de coeficientes de escorrentía superficial; aclarar la situación respecto a las fincas N° CED03 PRN13, ya que estas no indicaban la existencia de una servidumbre pluvial a favor de la finca N° PRN14; cumplir con lo establecido en la Ley 8454, Ley de Certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, para así poder realizar la validación respectiva y encontrarse al día en el pago de los impuestos municipales. Se emite un “Rechazado”, mediante oficio N° MA-AAP-0127-2026, dado que no presentó Uso de Suelo emitido por la Municipalidad de Alajuela; no aportó planos de los diseños, pluviales, firmados en digital por un profesional competente dentro del área correspondiente; no presentó un plan de manejo de las aguas pluviales mediante la utilización de lagunas de retención, tanques u otras estructuras que permitan una descarga pluvial controlada; no se corrigieron los datos de coeficientes de escorrentía superficial; no se aclaró la situación respecto a las fincas N° CED03 0155615, y la existencia o no de una servidumbre pluvial a favor de la finca N° 0189094. Trámite N° 28626-2026 Se emitió un “Previo a resolver”, mediante oficio N° MA-AAP-491-2026, debido a que: requería aportar planos de los diseños; debía presentar un plan de manejo de las aguas pluviales mediante la utilización de lagunas de retención, tanques u otras estructuras que permitan una descarga pluvial controlada; considerar un tiempo de retención 25 minutos; mejorar los datos de la memoria pluvial tomando en cuenta una intensidad no debe ser menor a 175 mm/h, un periodo de retorno de 25 años, aportar cuadros de los coeficientes de escorrentía respecto a cada una de las áreas que comprenden la zona de estudio y encontrarse al día en el pago de los impuestos municipales. Se emite un “Aprobado”, mediante oficio N° MA-AAP-0621-2026, al haber cumplido con todos los requerimientos técnicos solicitados”. En cuanto al argumento de la situación vial en la zona, se realizó la consulta al Ing. Juan José Moya A. Coordinador del Subproceso de Gestión Vial, y el mismo mediante el oficio N° MA-SGV-0601-2026, de fecha 24 de junio de 2026, informó lo siguiente: “En atención y respuesta al oficio Nº MA-PSJ-0989-2026, mediante el cual se solicita rendir informe en relación con el Recurso de Amparo N° 26-019995-0007-CO interpuesto por la señora Nombre11, procedo a referirme a los hechos dentro del ámbito de competencias del Subproceso de Gestión Vial de la Municipalidad de Alajuela, en los siguientes términos: 1. Sobre el ámbito competencial del Subproceso de Gestión Vial Como es sabido, de conformidad con lo establecido en el Manual Básico de Organización de la Municipalidad de Alajuela, el Subproceso de Gestión Vial forma parte del proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura, cuya finalidad principal se orienta a la planificación, conservación y mejoramiento de la red vial cantonal. En ese contexto, las competencias de esta instancia se circunscriben al análisis técnico de la infraestructura vial, así como a la formulación de propuestas orientadas a su desarrollo, mantenimiento y optimización, sin que dentro de su ámbito funcional se encuentren atribuciones relacionadas con la aprobación, autorización o fiscalización del uso del suelo, el otorgamiento de permisos constructivos, ni el control de actividades comerciales o educativas. En el mismo sentido, el Manual institucional establece de forma clara que las funciones relativas al control de actividades constructivas, verificación de permisos de obra, fiscalización del cumplimiento de la normativa urbanística y clausura de obras corresponden al Proceso de Control Fiscal y Urbano y a la Actividad de Control Constructivo, instancias que tienen a su cargo la inspección y control de las actividades desarrolladas en el territorio cantonal. Asimismo, las labores relacionadas con la regulación operativa del tránsito, la supervisión del estacionamiento en vía pública y el control inmediato del flujo vehicular son propias del Proceso de Seguridad Municipal y Control Vial, así como de las autoridades nacionales competentes en materia de tránsito, por lo que no forman parte de las funciones asignadas a este Subproceso. 2. Sobre la condición de congestión vehicular en el distrito de La Guácima Respecto de los hechos señalados en el recurso de amparo en cuanto a la existencia de congestión vehicular en la Urbanización Los Príncipes, distrito de La Guácima, este Subproceso tiene conocimiento general de situaciones de este tipo en el área indicada. No obstante, desde un punto de vista técnico resulta relevante precisar que las condiciones de congestión vehicular observadas no corresponden a un fenómeno aislado o puntual relacionado exclusivamente con una actividad específica, sino que forman parte de una problemática de carácter estructural que afecta al distrito de La Guácima en su conjunto. En efecto, el crecimiento urbano acelerado, el aumento sostenido del parque vehicular y la concentración de actividades generadoras de viajes en determinados sectores han generado una presión significativa sobre la red vial existente, provocando condiciones de saturación en distintos puntos del distrito, particularmente en horarios de alta demanda, sumado a una falta de rutas alternas que mejoren la dinámica vial del distrito. En consecuencia, la situación descrita en el recurso debe entenderse como una manifestación local de un fenómeno más amplio de movilidad urbana, el cual trasciende la operación de un establecimiento en particular y responde a dinámicas territoriales propias del desarrollo urbano del sector. 3. Sobre la situación particular señalada en el recurso En cuanto a la congestión vehicular específicamente atribuida a la operación del centro educativo mencionado en el recurso, se observa que esta se presenta principalmente en franjas horarias determinadas, coincidentes con los periodos de ingreso y salida de estudiantes, lo cual resulta característico de este tipo de actividades. Desde el punto de vista técnico, dicha condición responde a un incremento temporal en la demanda de movilidad, derivado de la concentración de vehículos en un intervalo reducido de tiempo, lo que genera un efecto de saturación momentánea en la vía pública. Aunado a lo anterior, incide de manera significativa la configuración de la red vial del sector, la cual presenta limitaciones en cuanto a la disponibilidad de rutas alternas que permitan una adecuada dispersión del flujo vehicular, particularmente en periodos de alta demanda. Esta condición estructural restringe la capacidad de respuesta de la red existente ante incrementos temporales de tránsito, generando episodios de congestión en determinados puntos. Es importante destacar que este tipo de situaciones no se origina en una intervención directa sobre la infraestructura vial, sino en la intensidad del uso del suelo y en la localización de actividades que generan flujos vehiculares significativos, aspectos cuyo control y regulación corresponde a las instancias responsables de la planificación urbana y del ordenamiento territorial. Adicionalmente, la eventual realización de demarcaciones sobre la vía pública por parte de particulares, según se menciona en el recurso, constituye una situación que debe ser valorada conforme a la normativa técnica aplicable, en coordinación con las autoridades competentes en materia de regulación del tránsito, en virtud de que este tipo de intervenciones requiere autorización institucional previa y el cumplimiento de criterios técnicos establecidos. 4. Sobre la relación del Subproceso de Gestión Vial con los hechos denunciados En lo que respecta a la participación de este Subproceso en los hechos denunciados, se indica que no consta la existencia de solicitudes formales dirigidas a esta instancia para la ejecución de obras de mejora de infraestructura vial o intervenciones estructurales en el tramo señalado. De igual forma, no se ha tramitado ante este Subproceso proyecto técnico de ingeniería vial asociado directamente a la operación del establecimiento mencionado. En consecuencia, no se identifica una actuación omisiva dentro del ámbito de competencias de la Gestión Vial, en tanto la situación planteada no deriva de una intervención atribuible a esta instancia, ni ha sido objeto de una gestión específica que requiera atención directa en términos de obras o diseño vial. 5. Sobre la necesidad de un abordaje integral de la problemática Sin perjuicio de lo anterior, es importante señalar que las condiciones descritas en el recurso de amparo evidencian la presencia de una problemática compleja que involucra múltiples dimensiones, entre ellas el ordenamiento territorial, la regulación de actividades, la gestión del tránsito y la seguridad vial. Por tal motivo, su adecuada atención requiere de un enfoque integral e interinstitucional, en el que participen las distintas dependencias municipales con competencia en la materia, así como las autoridades externas correspondientes. En ese sentido, el Subproceso de Gestión Vial manifiesta su disposición de colaborar en el ámbito técnico que le corresponde, particularmente en lo relacionado con la evaluación de las condiciones de la red vial y la formulación de recomendaciones orientadas a mejorar la movilidad y la seguridad en la zona, siempre en coordinación con las instancias competentes. 6. Conclusión Con fundamento en lo expuesto, este Subproceso concluye que las situaciones de congestión vehicular señaladas en el recurso de amparo corresponden a una condición de carácter estructural, asociada a la dinámica de crecimiento urbano, la concentración de actividades generadoras de viajes y las limitaciones propias de la red vial existente en el distrito de La Guácima. En ese sentido, se trata de una problemática que trasciende un punto específico y responde a condiciones territoriales generales, particularmente en lo relativo al uso del suelo y a la localización de actividades, cuya regulación compete a las instancias responsables de la planificación urbana y el ordenamiento territorial. Asimismo, se determina que las condiciones descritas no son consecuencia de una intervención directa sobre la infraestructura vial por parte del Subproceso de Gestión Vial, ni derivan de actuaciones atribuibles a esta instancia dentro del ámbito de sus competencias. Finalmente, no se evidencia la existencia de omisión en el ejercicio de las funciones asignadas a este Subproceso, en tanto la naturaleza del problema planteado se vincula a materias cuya atención corresponde a otras dependencias municipales y autoridades competentes, en el marco de un abordaje integral e interinstitucional. Además, se procedió a solicitar informe al Ing. Emerson Bone Moya, y con el oficio N° MA-PCFU-1065-2026, de fecha 23 de junio de 2026, el Coordinador del Proceso de Control Fiscal y Urbano mencionó lo siguiente: “Por este medio se rinde informe conforme lo solicitado mediante el oficio de referencia y con motivo del recurso de amparo interpuesto por la señora Nombre11, cédula de identidad CED05 que se tramita bajo el expediente N° 26-019995-0007-CO, conforme las competencias de este Proceso me permito indicar: Respecto al área de Construcciones: Este Proceso ha dado atención continua a las denuncias presentadas, realizando inspecciones periódicas en los inmuebles relacionados con los hechos denunciados, con el fin de verificar la existencia de obras constructivas ejecutadas sin licencia municipal. Como resultado de dichas actuaciones se han emitido las siguientes actas sobre la finca matrícula PRN02: Acta de Información de Obra Concluida sin Licencia N° 855-2021, correspondiente a la ampliación de aulas. Como parte del seguimiento administrativo se emitió el Acta de Obra Concluida sin Licencia N° 1732-2026, encontrándose actualmente el procedimiento administrativo en trámite conforme a los artículos 93 y siguientes de la Ley de Construcciones. Acta de Clausura de Construcción N° 1390-2025, por la construcción de una caja pluvial dentro de las instalaciones del centro educativo. Como seguimiento se emitió el Acta de Obra Concluida sin Licencia N° 1730-2026, encontrándose el procedimiento administrativo en trámite conforme a la normativa aplicable. Acta de Clausura de Construcción N° 1391-2025, por la remodelación de una vivienda ubicada dentro de la misma finca. Como seguimiento se emitió el Acta de Obra Concluida sin Licencia N° 1731-2026, encontrándose el procedimiento administrativo en trámite. Acta de Clausura de Construcción N° 1096-2025, por la colocación de postes y material pétreo. Contra dicho acto administrativo fueron interpuestos los recursos ordinarios correspondientes, los cuales fueron debidamente atendidos, resueltos y notificados. La última notificación relacionada con dichos recursos fue realizada el 28 de abril de 2026, encontrándose actualmente el expediente en seguimiento administrativo. De lo anterior se desprende que este Proceso ha realizado las inspecciones, actuaciones de control y procedimientos administrativos que corresponden dentro de sus competencias legales, manteniéndose el seguimiento de los expedientes. Respecto al área de Patentes: Como parte de las labores de fiscalización, este Proceso confeccionó la Boleta de Notificación del Área de Patentes N° 017797-2025, al verificarse que la actividad comercial se desarrollaba en la finca matrícula PRN02, mientras que la autorización comercial existente correspondía a la finca matrícula PRN03. Asimismo, se informa que, según consulta efectuada al Sistema Municipal, actualmente la finca matrícula PRN02 registra la patente comercial numero 40552 para la actividad de Centro Educativo. Sobre dicha actuación administrativa fueron interpuestos recursos por parte del administrado, los cuales fueron debidamente atendidos, resueltos y notificados, siendo la última notificación efectuada el 28 de abril de 2026, mediante la cual se comunicó la resolución del recurso de apelación presentado. Adicionalmente, con el propósito de dar seguimiento a las denuncias presentadas y considerando las actuaciones efectuadas por construcciones sin licencia, mediante oficio MA-PCFU-911-2026 de fecha 02 de junio de 2026 este Proceso solicitó a la Actividad de Patentes una suspensión de la licencia comercial; a la fecha de emisión del presente informe no se ha recibido respuesta por parte de dicha dependencia. Se adjunto copia de las notificaciones efectuadas para un total de 8 Folios En cuanto al argumento de la patente comercial, se solicitó informe a la MBA. Karol Rodríguez Artavia, Coordinadora de la Actividad de Patentes, la cual manifestó en el oficio N° MA-AP-586-2026, lo siguiente, en lo que interesa: “(…) I. II. III. SOBRE LA LICENCIA COMERCIAL NO. 40552 Según sistema tributario municipal, la empresa denominada 3-101-705574 S.A, cédula jurídica 3-101-705574 cuenta con la licencia 40552 para desarrollar la actividad de Centro Educativo en el inmueble PRN02. Se otorgó con el uso de suelo MA-ACC-070512019 para centro educativo permitido. SOBRE LA LICENCIA COMERCIAL NO. 27952 Según sistema tributario municipal, la empresa denominada 3-101-705574 S.A, cédula jurídica 3-101-705574 cuenta con la licencia 27952 para desarrollar la actividad de centro educativo en el inmueble PRN03. Originalmente, la actividad permitida era kínder y se otorgó con el uso de suelo MA-PU-US-0223-2012. Posteriormente, se solicitó un cambio de línea mediante trámite 3824-2019 para centro educativo (preescolar, escuela y colegio), el cual fue autorizado mediante resolución 32748-2019 con fundamento en el uso de suelo MA ACC-3846-2018. Realizándose inspección por parte del Proceso Control Fiscal y Urbano el día 28 de febrero del 2019 indicando que la construcción era vieja y cumplía con las condiciones mínimas para operar. GESTIONES ADMINISTRATIVAS: a. Mediante oficio MA-A-3846-2025 del 29 de agosto del 2025, la Alcaldía Municipal solicita a la Actividad de Patentes remitir informe sobre las licencias existentes en las fincas: PRN02, PRN03, PRN04. b. Mediante oficio MA-AP-1172-2025 del 01 de setiembre del 2025, la Actividad de Patentes remite a la Alcaldía el informe solicitado mediante el, of%010 MA-A-3846-2026. c. Mediante oficio MA-A-4817-2025 del 5 de noviembre del 2025, la Alcaldía Municipal solicita a la Actividad de Patentes, hacer una revisión integral de los expedientes administrativos de las licencias comerciales 40552 y 27952, para efectos de establecer el posible incumplimiento de requisitos esenciales de operación de orden público -como los denunciados ante el Concejo Municipal sobre construcciones- y realizar las gestiones para la aplicación de las medidas de suspensión o revocación de dichas licencias. Y adjunta los oficios MA-PCFU-1413-2025, MAA-4632-2025, MA-SCM-327-2025 d. Mediante oficio MA-AP-1389-2025 del 10 de noviembre del 2025, la Actividad de Patentes brindó respuesta a la Alcaldía Municipal en relación con el oficio MA-A-4817-2025, señalándole lo siguiente: • El, artículo 7 inciso b) del Reglamento general, de licencias comerciales del, cantón central, de Alajuela dispone que la licencia comercial podrá ser suspendida cuando se haya construido o remodelado el local o parte de él sin la licencia respectiva. • Según informe contenido en el oficio MA-PCFU-1413-2025, se generó el acta de obra concluida sin licencia no. 855-2021 por ampliación de aulas realizada sobre la finca PRN02. La cual se encuentra pendiente de notificación a todos los copropietarios del inmueble. • Según informe contenido en el oficio MA-PCFU-1413-2025, se generó el acta de clausura no. 1096 2025 por colocación de postes y piedrilla sobre la finca PRN02. La cual se encuentra con un recurso de apelación pendiente de respuesta. Además se generó el acta de clausura no. 1096-025 por colocación de postes y piedrilla en la finca PRN02. Se encuentran pendientes de resolución de la apelación por parte de la Alcaldía. • Mediante oficio MA-A-4632-2025 del 28 de octubre del 2025, la Alcaldía Municipal informa al Concejo Municipal, que se procederá a la respectiva resolución a la brevedad de los recursos administrativos por construcciones y que, tratándose de las notificaciones pendientes a los propietarios sobre las actas de obra concluida sin licencia, se procederá de inmediato a la aplicación que resulte factible de mecanismos alternos autorizados. • Sobre las otras obras aparentemente construidas y sin licencia respectiva señaladas en el oficio MA SCM-327-2025, no consta en los expedientes administrativos de la Actividad de Patentes que el Proceso Control Fiscal y Urbano haya remitido a esta Actividad, las actas debidamente notificadas y en firme. • A criterio de la suscrita, no es posible realizar ningún proceso de suspensión de licencia comercial por obra construida sin licencia, hasta tanto no se encuentren debidamente notificadas y en firme las actas de obra concluida o de clausura respectivas. Lo anterior, en garantía del debido proceso. • Se requiere contar con todos los elementos para proceder conforme lo dispone el artículo 7 inciso b) del Reglamento General de licencias comerciales de la Municipalidad del cantón central de Alajuela. Sin embargo, en apariencia existen obras de construcción en el sitio que aún no han sido clausuradas como en derecho corresponden y comunicadas a esta Actividad por el órgano competente. • La licencia comercial no. 27952 y el cambio de línea otorgado por la Actividad de Patentes en el inmueble PRN05 cumplieron con todos los requisitos vigentes al momento de su otorgamiento. • Dentro de los antecedentes con que cuenta la Actividad de Patentes, consta que en el inmueble finca PRN02 registra acta de obra concluida sin licencia, número 8550021 de fecha 9 de diciembre del 2021 y el acta de clausura número 1096-2025 de fecha 23 de enero del 2026. Por lo que, a criterio de la suscrita, la licencia comercial no. 40662 no debió ser autorizada por la Licda. Azalea Arancibia Hernández en fecha 18 de marzo del 2025. En este caso, si bien es cierto para esa fecha no se realizaba inspección y se implementaba la declaración jurada del interesado en relación con las obras constructivas y los permisos correspondientes, lo que procedía era prevenir la presentación de los permisos de construcción correspondientes; ya que previamente le constaba la existencia de las actas de clausura y de obra concluida sin licencia. Y de no aportarse lo requerido, la solicitud debió ser rechazada. • Quedo atenta a sus instrucciones. e. Mediante oficio MA-SCM-2161-2025 del 3 de diciembre del 2025, se remite artículo 6, capítulo IV de la sesión ordinaria 46-2025 del 18 de noviembre del 2025 del Concejo Municipal. f. Mediante oficio MA-AP-1492-2025 del 8 de diciembre del 2025, la Actividad de Patentes le comunica a la Alcaldía para que, a su vez, lo haga extensivo al Concejo Municipal en relación con el acuerdo contenido en el oficio MA-SCM-2161-2025, lo siguiente: • En cuanto al punto 3 del acuerdo citado. Para poder realizar la suspensión de la licencia comercial 27952 se requiere notificar las respectivas actas de clausura por obras construidas sin permiso de construcción, a todos los copropietarios de la finca. • En cuanto al punto 5 del acuerdo citado. Solicito muy respetuosamente a la Alcaldía resuelva el recurso de apelación interpuesto sobre este tema, referido en el oficio MA-A-4632-2025 asociado al oficio MA-SCM-327-2025 Debido a ello, se le solicitó a la Alcaldía informar a esta Actividad cuando esos puntos fueran resueltos para proceder con la suspensión de la licencia comercial 27952. Esto, por cuanto la Actividad de Patentes no es el órgano competente para resolver el recurso de apelación formulado ante la Alcaldía y tampoco es el órgano competente para notificar las actas de construcción o de clausura, función que le corresponde al Proceso Control Fiscal y Urbano, según Manual básico de organización de la Municipalidad de Alajuela, ni tampoco era competente para atender los puntos 1, 2, 4, 6 del acuerdo del concejo municipal g. Que al día de hoy, la Alcaldía Municipal no ha informado a la Actividad de Patentes si el recurso de apelación interpuesto contra las actas de clausura por obra construida sin permiso de construcción había sido resuelto. Elemento indispensable para poder proceder con el proceso de suspensión de la licencia comercial con fundamento en la causal prevista en el artículo 7 inciso b) del Reglamento general de licencias comerciales del cantón central de Alajuela. Toda vez, que no es procedente suspender una licencia con fundamento en una clausura que no ha sido debidamente notificada o bien„ que aún no se encuentra en firme conforme lo dispone el artículo 171 del Código Municipal en virtud de que se formuló un recurso de apelación contra ese acto. h. Que al día de hoy, el Proceso Control Fiscal y Urbano, no ha remitido a la Actividad de Patentes, ningún informe relacionado con la notificación ni firmeza de esas actas de clausura. i. Que sobre la finca no. PRN03 en la cual opera la patente comercial no. 27952 no se ha informado a la Actividad de Patentes por parte de mi superior inmediato, Alcaldía, Policía Municipal ni Proceso Control Fiscal y Urbano, ninguna construcción sin permiso. Por lo que, a criterio de la suscrita no procede suspender dicha licencia. j. Que la Actividad de Patentes desconocía la existencia de la resolución de la Alcaldía de las 16:15 horas del 9 de abril del 2026 (ofrecida como prueba en el expediente 26-019995-0007CO), resolución mediante la cual la Alcaldía declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el acta de clausura no. 1096-2024. k. Que la Actividad de Patentes desconoce hoy en día, si el acta de obra concluida sin permiso no. 855-2021 se encuentra en firme. l. Que los trámites no. 48796-2021, 56801-2024, 58290-2024 y 55180-2024 indicados en el recurso de amparo fueron dirigidos al Proceso Control Fiscal y Urbano, de los cuales no se comunicó ningún resultado a la Actividad de Patentes. m. n. Que según el sistema tributario municipal, el trámite no. 49834-2021 no existe. Que no existen denuncias presentadas directamente a la Actividad de Patentes, según el sistema tributario municipal ni, el, decir de la misma recurrente. o. Que la Alcaldía no me giró las instrucciones solicitadas mediante el oficio MA-AP-1389-2025. De conformidad con las consideraciones expuestas, se evidencia que la Actividad de Patentes no contaba con la información necesaria para llevar a cabo el proceso de suspensión de la licencia comercial no. 40552. (…) Se adjunta copia de los oficios MA-A-3846-2025, MA-AP-1172-2025, MA-A-4817-2025, MA-AP 13892025, MA-SCM-2161-2025, MA-AP-1492-2025”. La Alcaldía con el oficio N° MA-A-2716-2026, suscrito por el Lic. Nombre12, Asesor de Alcaldía, indicó lo siguiente: “Conforme a lo requerido en el oficio Nº MA-PSJ-0989-2026 del Proceso de Servicios Jurídicos respecto al recurso de amparo de Nombre11 del exp 26-019995-0007-CO, con instrucciones del señor Alcalde, por este medio informo y reporto lo siguiente: En relación con los extremos denunciados por la recurrente sobre el funcionamiento del centro educativo Finland School en La Guácima de Alajuela, cabe señalar que, efectivamente, han sido planteadas distintas gestiones ante algunas dependencias municipales, gestiones respecto a las cuales cada una de estas dependencias reportará -en su informe propio- lo respectivo con datos actualizados a la fecha; todo dentro del ámbito de sus funciones. A su vez, propiamente en cuanto a las gestiones de la Alcaldía Municipal para la atención y seguimiento al asunto, a título de resumen se informa: 1- En los antecedentes más recientes del año 2024 en adelante sobre denuncias que le corresponden y atañen, la Administración atendió y contestó con el oficio Nº MA-A-517-2025, de fecha 10 de febrero del 2025, las que se presentaron ante la misma respecto a construcciones en el sitio. 2- A su vez, bajo lo conocido y establecido por el Concejo Municipal sobre el tema en el acuerdo del artículo Nº 1, capítulo VI, de la sesión 07-2025 transcrito en el oficio MA-SCM-327-2025 a partir de correspondencia recibida relativa al caso, con el oficio MA-A-4632-2025, la Alcaldía Municipal emitió un informe de situación al Concejo, en el cual se reportaron los datos actualizados a octubre del 2025 en cuanto a licencias comerciales, situación de las construcciones existentes y el componente de manejo pluvial. 3- A partir de dicho reporte, que fue conocido por el Concejo en la sesión ordinaria Nº 46-2025 del martes 18 de noviembre del 2025 -la cual es pública y fue transmitida por redes sociales (Facebook) para conocimiento general de la población y los vecinos interesados-, con el acuerdo del artículo Nº 6, capítulo IV, de la sesión ordinaria Nº 46-2025, transcrito en el oficio MA-SCM-2161-2025, el Concejo acordó solicitar al Alcalde Municipal: Conformar el debido proceso para suspensión de licencia (patente) comercial; se proceda a notificar las respectivas actas de clausura por obras construidas sin permiso mediante publicación de edictos a efectos de que se notifiquen a todos los copropietarios de las fincas; se notifique el proceso sumario del artículo 7 del reglamento general de patentes, y de no ser posible se notifique mediante publicación de edicto; que la Alcaldía resuelva los recursos de apelación interpuestos sobre este tema referidos en el informe del oficio MA-A-4632-2025; y se continúe con las acciones legales conforme al procedimiento establecido, para que se aplique en todos sus extremos la normativa vigente. Siendo que bajo los reportes más recientes sobre los extremos reseñados, en el tanto se mantengan las infracciones e incumplimientos reseñados, a la fecha la Administración se encuentra realizando la valoración final de los antecedentes y coordinación con las dependencias relacionadas para poder previo cumplimiento de los requerimientos legales como las debidas notificaciones a los copropietarios de las fincas relacionadas, así como a los patentados según corresponda- realizar lo siguiente: 1- Instaurar los procedimientos administrativos de demolición de las obras construidas sin permisos de construcción (bajo cumplimiento de la notificación ordinaria o subsidaria de los actos previos requeridos por la Ley de Construcciones de clausura formal, verificación de obra concluida sin licencia y renuencia; así como la resolución de todos los recursos administrativos interpuestos). 2- Realizar las gestiones finales y procedimiento para la eventual suspensión de las licencias comerciales referidas a fincas con construcciones sin permiso municipal; todo según el reglamento general de patentes de la Municipalidad. 3- Atender la situación de impacto ambiental de manera coordinada con las dependencias internas y entidades como el Ministerio de Salud. 4- Medidas correctivas sobre impactos a los vecinos y la relación con servicios públicos. Por lo que en función a los antecedentes referidos y el último acuerdo citado del Concejo Municipal, a la fecha la Alcaldía está articulando y coordinando con las dependencias relacionadas la realización de los puntos reseñados bajo los extremos explicados y en el tanto se mantenga y no sea corregida y superada la condición de incumplimientos de las obligaciones y deberes legales; todo en tutela del orden público y los derechos de los vecinos del centro educativo de marras”. Por último, se realizó la consulta al Director de Planeamiento y Construcción de Infraestructura, el Ing. Roy Delgado Alpízar, y mediante el oficio N° MA-PPCI-0355-2026, de fecha 0355-2026 manifestó que: “En atención al oficio N.º MA-PSJ-0989-2026, relacionado con el recurso de amparo interpuesto ante la Sala Constitucional, me permito indicar lo siguiente, dentro del marco de competencias de esta dependencia: que en relación con el acuerdo del Concejo Municipal Nº MA-SCM-0327-2025, este Proceso tuvo conocimiento del mismo y procedió oportunamente a su atención mediante la remisión interna realizada por la Dirección del Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura. En ese sentido, mediante oficio MA-PPCI-0206-2025, de fecha 12 de marzo de 2025, se trasladó dicho acuerdo a la Actividad de Alcantarillado Pluvial, a fin de que se rindiera el informe correspondiente sobre la existencia de trámites de desfogue pluvial en la finca PRN06 y propiedades adyacentes. Como respuesta a dicha consulta, mediante oficio MA-AAP-0299-2025 del 14 de marzo del 2025, el Ing. Lawrence Chatón Soto, coordinador de Alcantarillado Pluvial indica que por parte de Alcantarillado Pluvial se brindó respuesta a la Alcaldía Municipal mediante el oficio N° MA-AAP-0256-2025, del cual se adjunta copia. En dicho oficio, el Ing. Chacón Soto le indica a la Alcaldía que la finca N° PRN15 no cuenta con aprobación de descarga de aguas pluviales, asimismo, destaca que el visto bueno de descarga de aguas pluviales se emite para construcciones con coberturas iguales o mayores a los 500 metros cuadrados. Adicionalmente, el Ing. Lawrence Chacón Soto aclara que el acuerdo del Concejo Municipal según artículo N° 1, capítulo VI de la Sesión Ordinaria N° 07-2025 no se enmarca, ni corresponde a labores de la Actividad Alcantarillado Pluvial, ya que el Manual Básico de la Organización establece las competencias de “fiscalizar” inspeccionar y controlar todas las actividades lucrativas, procesos constructivos e instalación de publicidad exterior “…al Proceso Control Fiscal y Urbano”. Se aclara por este medio, a su vez, que dichas competencias, de forma extensiva, tampoco corresponden al Proceso Planeamiento y Construcción de Infraestructura, el cual comprende la Actividad Control Constructivo y la Actividad Alcantarillado Pluvial y que las labores de inspección de obras, control de obras constructivas, control de patentes comerciales, inspección de rótulos e inspección de actividades, entre otras, corresponden al Proceso Control Fiscal y Urbano. Asimismo, mediante oficio MA-PPCI-0205-2025, de esa misma fecha, se remitió el acuerdo a la Actividad de Control Constructivo, solicitando informar sobre la existencia de permisos de construcción relacionados con el caso. En este caso, la respuesta a dicho oficio no ha sido recibida por esta dirección, a la fecha; no obstante, mediante oficio MA-ACC-3793-2025 dicha Actividad de Control Constructivo informa que los proyectos bajo contratos OC-1046818 correspondiente a “Ampliación Finland School” y OC-1201898 correspondiente a “cambio de césped sintético, colocación de postes y malla perimetral” fueron resueltos como RECHAZADOS por esa dependencia municipal, por lo que no posiblemente ya construidas y existentes en el sitio, de manera que, nuevamente, la obligación y el deber de actuación según el Manual Básico de la Organización, para el caso de construcciones erigidas sin permiso, recae en el Proceso Control Fiscal y Urbano de esta Municipalidad (se adjuntan los rechazos del trámite). De lo anterior se desprende que este Proceso realizó las gestiones administrativas correspondientes en atención al acuerdo indicado, dentro de lo que definen sus posibilidades, obligaciones y deberes según el Manual Básico de la Organización, canalizando la solicitud hacia las dependencias técnicas competentes para su respectivo análisis y respuesta y que se tomaran las acciones administrativas que en ley correspondan, sin perjuicio de otras acciones legales o administrativas que se determinen oportunamente”. En virtud de lo anterior, se constata que, la Municipalidad ha realizado múltiples gestiones con respecto a los argumentos subjetivos de la recurrente desde hace años atrás. En cuanto a la recolección de Residuos Sólidos en la zona, queda claro, con el informe técnico emitido por la encargada de dicha unidad, que se emitió un informe a la Auditoría Interna manifestando que, “(…) la empresa contratada por la Municipalidad de Alajuela para brindar el servicio de recolección de residuos sólidos ordinarios no utiliza ese tipo de automotores, ya que no son apropiados para el servicio. Además, cabe indicar, que el camión que se muestra en la fotografía no posee ningún tipo de rotulación que lo vincule con la empresa recolectora, además la fecha que indica fotografía lunes 26/01/2026 día que no se brinda el servicio de recolección en el sitio. Se adjunta oficio N° MA-AGIRS-458-2026”, por lo que queda evidenciado que, no fue el camión de la Municipalidad el que ingresó a propiedad privada a recolectar desechos, como lo indicó la recurrente de forma subjetiva “(...) También señala que en los videos aportados se observa al camión municipal de recolección de residuos no tradicionales recoger bolsas de basura en vía pública e ingresar al centro educativo para retirar escombros provenientes de construcciones que considera ejecutadas sin permiso (…). Con respecto al tema ambiental, en el caso de Gestión ambiental, la misma manifestó en su informe técnico que, a nivel de sistema “(…) no consta el ingreso ni la asignación para conocimiento de esta dependencia de denuncias por afectaciones ambientales relacionadas con el centro educativo Finland School. Tampoco consta el ingreso o traslado de denuncias por medio de los canales de comunicación institucionales, ni mediante el Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales de la Contraloría Ambiental del MINAE o proveniente de alguna otra entidad gubernamental (Ministerio de Salud, SINAC u otros similares) (…)”. Tampoco se han recibido en el departamento de Gestión Ambiental, solicitudes de movimientos de tierra en las fincas indicadas, y mucho solicitudes de criterios técnicos al respecto y es que debe de tomarse en cuenta que, en lo que se refiere a los movimientos de tierra, el departamento de Gestión ambiental, no otorga permisos, este ya que sólo se limita a emitir criterio ambiental y / o , recomendaciones, ya que se verifica la existencia o necesidad de contar con viabilidad ambiental según sea el volumen o área del proyecto (ver prueba adjunta). Es importante mencionar que, en lo que se refiere a la contaminación sónica, no es competencia municipal, ya que el Ministerio de Salud es el encargado de atender quejas, denuncias, o trámites relacionados con dichos problemas, por lo que con los argumentos dados por la recurrente, lo que se evidencia es un claro desconocimiento de cómo funciona a nivel interno esta Municipalidad, con respecto a los procedimientos administrativos internos a seguir en esta Municipalidad, procedimientos que van acorde a cumplir con los requerimientos de ley, mismos que deben de ser ajustados a derecho y de acuerdo a nuestras competencias. En lo que se refiere a lo indicado por la recurrente de que “(…) Manifiesta que desde el año 2021, junto con otros vecinos, ha presentado múltiples denuncias ante la Municipalidad y el Concejo Municipal de Alajuela relacionadas con construcciones …. obras de alcantarillado pluvial, inundaciones (…)”, dichos argumentos no son ciertos, dado que, de acuerdo al departamento de Alcantarillado Pluvial y de la revisión del sistema de trámites “(…) no existe ninguna gestión ingresada a nombre de la señora Nombre11, cédula CED02 donde se interpongan denuncias o cualquier tipo de queja por situaciones generadas por las aguas pluviales (..)”. Que según el informe emitido por el profesional a cargo, de la actividad de alcantarillado pluvial, no existen trámites, quejas o gestiones relacionadas con los “problemas” indicados por la recurrente, por parte de “(…) Nombre02, Erick Sánchez Monge, Ana Rojas Calvo, Juan Luis Jiménez Chacón, Nombre09, Nombre17, Damaris Herrera Zamora, Nombre26, Nombre15, Nombre05, Nombre01, Nombre23, Nombre20, Nombre07, Nombre11, Nombre06, Nombre21, Nombre10, Nombre25, Nombre13, Nombre27, Nombre03, Nombre24, Nombre04 y Nombre16 (…)”. De acuerdo al sistema integrado de servicio al cliente, se registra una gestión por parte de la señora Nombre14 (1590-2017), misma que fue atendida, no obstante, lo anterior, no guarda relación con la situación descrita en el Recurso de Amparo, y además, dicho trámite es del año 2017. Con respecto, a la señora Nombre19, la misma interpuso el trámite N° 56797-2024, a la cual se le brindó la debida respuesta mediante el oficio N° MA-AAP-0208-2025 (ver prueba aportada). Con respecto a lo indicado por la recurrente, que guarda relación con el “desfogue pluvial” se debe de indicar que, según el criterio técnico emitido por la actividad de alcantarillado pluvial, se registran tres trámites distintos: • Trámite N° 21613-2025: se atendió con el oficio N° MA-AAP-0423-2025 y se indicó que no cumplía con unos requisitos, por lo que se dio el rechazo mediante el oficio N° MA-AAP-1193-2025, debido a que no se cumplió con lo requerido. • Trámite N° 50752-2025: se atendió con el oficio N° MA-AAP-1372-2026, y se le indicó que no cumplía con unos requisitos, por lo que se dio el rechazo del oficio N° MA-AAP-0127-2026 porque no se presentó el uso de suelo emitido por la Municipalidad de Alajuela, tampoco aportó planos de los diseños, pluviales, firmados en digital por un profesional competente dentro del área correspondiente; tampoco se presentó un plan de manejo de las aguas pluviales mediante la utilización de lagunas de retención, tanques u otras estructuras que permitan una descarga pluvial controlada, no se corrigieron los datos de coeficientes de escorrentía superficial y no se aclaró la situación respecto a las fincas N° CED03 PRN13, y la existencia o no de una servidumbre pluvial a favor de la finca N° PRN14. • Trámite N° 28626-2026: se atendió con el oficio N° MA-AAP-491-2026, y se Aprobó mediante el oficio N° MA-AAP-0621-2026, al haber cumplido con todos los requerimientos técnicos solicitados, según el criterio técnico emitido. Es de gran importancia mencionar que, con respecto a lo trámites indicados en el escrito de traslado, se debe de aclarar lo siguiente: • Trámite N° 48796-2021 (…) Dicho trámite fue debidamente atendido con el oficio N° MA-PCFU-2231-2021 “NOTIFICADO/A INTERESADO/A Nombre22” según el Sistema de Trámites de la Municipalidad. • Trámite N° 49834-2021: Con respecto a ese número de trámite, el sistema Integrado de Servicio al cliente, no registra ningún trámite, queja o gestión, por lo que desconocemos porqué fue agregado en el escrito de traslado del presente recurso. • Trámite N° 56801-2024 (…) Dicho trámite fue debidamente atendido con el oficio N° MA-PCFU-1948-2024 y se notificó al correo ...05 según el Sistema de Trámites de la Municipalidad. • Trámite N° 58290-2024: (…) Dicho trámite fue debidamente atendido con el oficio N° MA-PCFU-055-2025 y se notificó al correo ...05 según el Sistema de Trámites de la Municipalidad. • Trámite N° 55180-2024: (…) Dicho trámite fue debidamente atendido con el oficio N° MA-PCFU-1807-2024 y se notificó a los correos electrónicos ...03 , ...01 , ...04 , ...06 .según el Sistema de Trámites de la Municipalidad. Se comprueba que todos los tramites que ingresaron a la Municipalidad, han sido atendidos y debidamente contestados a los interesados. Mediante el oficio N° MA-ACC-1329-2026 de fecha 23 de junio de 2026, suscrito por la Arq. María José Zamora Castro, Coordinadora de la Actividad de Control Constructivo, indicó lo siguiente: “El Centro Educativo denominado Finland School se ubica principalmente en la finca matrícula PRN07 con plano catastro A-1448026-2010 donde se encuentra instalado actualmente el kínder. El inmueble matrícula PRN07 cuenta con la resolución de licencia constructiva aprobada con el oficio N° MA-SPU-PA-0188-2012 (adjunto) para construcción de guardería y Kinder y además de la resolución de uso de suelo para ubicación y visto bueno de patente oficio N° MA-ACC-03846-2018 (adjunto) donde en aplicación del artículo 28 del PRUA 2004 y el oficio N° MA-SCM-1260-2017 (adjunto), se le concede las características de la zona Institucional Comunal que se encuentra frente al inmueble, permitiendo la actividad de Centro Educativo (prescolar, escuela y colegio), para la finca supra citada. En el caso de la finca matrícula PRN02, plano catastro A-0049854-2024 (Modifica al plano A 0017212-1973) donde actualmente se encuentra el edificio educativo, pasillos y cancha multiuso entre otros del Centro educativo Finland School le indico que según nuestros registros cuenta con varios usos de suelo solicitados entre usos de construcción y de visto buenos de patentes sin embargo con las resoluciones oficios N° MA-ACC-US-704-2025, MA-ACC-07061-2019 y MA-ACC-US-5369-2024 (adjuntas) para Centro Educativo se da como permitidas las solicitudes de información. En la línea del uso de suelo al inmueble supra citado en aplicación del artículo 193 del PRUA se le conceden las condiciones la zonificación a SERVICIOS MIXTOS CENTROS URBANOS DE DISTRITAL permitiendo la actividad de Centro Educativo en el inmueble. A la fecha los proyectos: Proyecto 1: OC 1046818 Ampliación Finland School (PRN02) Continua en sistema APC Municipal con el estatus de solicitud RECHAZADA desde el pasado 27 de febrero. (adjunto) Proyecto 2: OC 1201898 Cambio de césped sintético, colocación de postes y malla perimetral (PRN02) Continua en sistema APC Municipal con el estatus de solicitud RECHAZADA desde el pasado 27 de febrero. (adjunto) A la fecha los proyectos OC CED04 OC 1201898 se encuentran en estado RECHAZADO y no han vuelto a ingresar con las subsanaciones correspondientes a los puntos de rechazo en el sistema APC Municipal para una nueva revisión. Con respecto a otras solicitudes de tramites se identifican en el sistema integrado municipal para la finca PRN02: -Solicitud de visado APROBADO oficio N° MA-ACC-V-1506-2025 (adjunto) -Solicitud de uso de suelo para construcción de centro educativo APROBADO oficio N° MA-ACC-US 704-2025 (adjunto) -Solicitud de uso de suelo para patente y VB de ubicación de CENTRO EDUCATIVO, PRESCOLAR, PRIMARIA, COLEGIO APROBADO oficio N° MA-ACC-US-5369-2025 (adjunto)”. En lo que se refiere a los alegatos relacionados con el tema Vial, se realizó la consulta al departamento encargado, y de acuerdo al criterio técnico emitido, se constata que, dicho departamento es el encargado según el Manual Básico de Organización de la Municipalidad de Alajuela, en orientar a la planificación, conservación y mejoramiento de la red vial cantonal, por lo que las competencias de este se basan en el análisis técnico de la infraestructura vial, así como a la formulación de propuestas orientadas a su desarrollo, mantenimiento y optimización, y es que, lo que se relaciona con el tema operativo de tránsito, la supervisión del estacionamiento en vía pública y el control inmediato del flujo vehicular son competencias ajenas a dicho departamento. Además, debe de tenerse claro que, en la zona, el tema de la congestión vehicular forman parte de una problemática de carácter estructural que afecta al distrito de La Guácima en general, por lo que atribuirle el problema a esa actividad comercial, de forma exclusiva, es a nuestro parecer, inadecuado. No obstante, en lo que se refiere a la red vial de la zona, la misma a simple vista, presenta limitaciones en cuanto a la disponibilidad de rutas alternas que permitan una adecuada dispersión del flujo vehicular, particularmente en periodos de alta demanda, sin embargo es una condición estructural que restringe la capacidad de respuesta de la red existente ante incrementos temporales de tránsito, generando episodios de congestión en determinados puntos. Es importante mencionar que, no consta la existencia de solicitudes formales dirigidas al departamento de Gestión Vial, para la ejecución de obras de mejora de infraestructura vial o intervenciones estructurales en el tramo señalado y tampoco se ha tramitado ante ese Subproceso, algún proyecto técnico de ingeniería vial, asociado directamente a la operación del establecimiento mencionado. Por lo que, consideramos, no existe una omisión u inacción por parte de la Municipalidad, en cuanto al tema, dado que, la situación planteada no deriva de una intervención atribuible al departamento encargado, ni ha sido objeto de una gestión específica que requiera atención directa en términos de obras o diseño vial. En lo que se refiere a las construcciones realizadas en la zona, se debe de indicar que, el Proceso de Control Fiscal y Urbano, ha realizado inspecciones en el sitio, con el objetivo de realizar la verificación respectiva de la existencia de obras constructivas ejecutadas sin licencia municipal, y se realizaron distintas actas en la finca finca (sic) matrícula PRN02: ✓ Acta de Información de Obra Concluida sin Licencia N° 855-2021, que se refiere a la ampliación de unas aulas. Se emitió el Acta de Obra Concluida sin Licencia N° 1732-2026, encontrándose actualmente el procedimiento administrativo en trámite conforme a los artículos 93 y siguientes de la Ley de Construcciones. ✓ Acta de Clausura de Construcción N° 1390-2025, por la construcción de una caja pluvial dentro de las instalaciones del centro educativo. Se emitió el Acta de Obra Concluida sin Licencia N° 1730-2026, encontrándose el procedimiento administrativo en trámite conforme a la normativa aplicable. ✓ Acta de Clausura de Construcción N° 1391-2025, por la remodelación de una vivienda ubicada dentro de la misma finca. Se emitió el Acta de Obra Concluida sin Licencia N° 1731-2026, encontrándose el procedimiento administrativo en trámite. ✓ Acta de Clausura de Construcción N° 1096-2025, por la colocación de postes y material pétreo. Contra dicho acto administrativo fueron interpuestos los recursos ordinarios correspondientes, los cuales fueron debidamente atendidos, resueltos y notificados. La última notificación relacionada con dichos recursos fue realizada el 28 de abril de 2026, encontrándose actualmente el expediente en seguimiento administrativo. Se comprueba que, el Proceso de Control Fiscal y Urbano ha realizado inspecciones y actuaciones de control y procedimientos administrativos que corresponden, manteniendo el seguimiento de los expedientes hasta la fecha. Incluso, en lo que respecta a las actuaciones realizadas que tiene relación con la patente comercial, es de importancia mencionar que, se procedió a confeccionar la Boleta de Notificación del Área de Patentes N° 017797-2025, ya que se constató que, la actividad comercial se estaba desarrollando en la finca matrícula PRN02, mientras que la autorización comercial existente correspondía a la finca matrícula PRN03, por lo que se demuestra que la Municipalidad ha actuado conforme a derecho, incluso mucho tiempo antes, de la interposición del presente recurso y de la notificación del misma. Por parte de los administrados, y con base en las notificaciones realizadas, se interpusieron los recursos respectivos, mismos que fueron debidamente atendidos, resueltos y notificados, siendo la última notificación efectuada el 28 de abril de 2026, mediante la cual se comunicó la resolución del recurso de apelación presentado. Incluso conviene indicar y reiterar que, mediante el oficio N° MA-PCFU-911-2026 en fecha 02 de junio de 2026, el Proceso de Control Fiscal y Urbano, procedió a solicitar a la Actividad de Patentes, la suspensión de la licencia comercial, tomando como base, el seguimiento de las denuncias con anterioridad presentadas y atendidas. Según el criterio técnico emitido por Planeamiento y Construcción de Infraestructura, la Actividad de Control Constructivo informó mediante el oficio N° MA-ACC-3793-2025 dicha Actividad de Control Constructivo informó que, los proyectos bajo contratos OC-1046818 correspondiente a “Ampliación Finland School” y OC-1201898 correspondiente a “cambio de césped sintético, colocación de postes y malla perimetral” fueron resueltos como rechazados por esa dependencia municipal. En virtud de lo anterior, es importante indicar y reiterar que, lo que evidencia es un claro desconocimiento de los procedimientos administrativos internos a seguir en esta Municipalidad, procedimientos que van acorde a cumplir con los requerimientos de ley, mismos que deben de ser ajustados a derecho para todos los ciudadanos, el Municipio no puede obviar los procedimientos establecidos en la ley y se deben de respetar los procesos y los plazos a los que tienen derecho ambas partes. En el presente asunto, la recurrente ni tan siquiera puede reclamar que no se le ha brindado respuesta o que existe una omisión por parte de la Administración empero quizá, el desacuerdo de la recurrente con los término del seguimiento dado por la Municipalidad, no tiene, por sí mismo, la virtud de causar menoscabo a la garantía mencionada y dicho actuar, va ligado por completo a la legalidad, y es claro, que no lleva razón la recurrente, en todo caso, lo dicho por el Municipio se comprueba con la prueba aportada, la cual constata que el actuar del municipio ha sido eficaz y rápido. En virtud de lo anterior, es de suma importancia mencionar que, se ha cumplido a cabalidad con la tramitación de las denuncias que se han interpuesto sobre el caso en particular, incluso, se constata que, previo a la interposición de este amparo, ya se le habían atendido y contestado múltiples trámites y además, se habían emitidos las respectivas actas de notificación (ver prueba adjunta). No son de recibo, las afirmaciones que realiza la recurrente, en el entendido de que, la problemática acaecida en dicho lugar, son el resultado de algún tipo de negligencia u omisión por parte de este Municipio. Sin embargo, en este caso en específico, conviene recordar, lo plasmado por el artículo 27 de la Constitución Política, y es que, se comprueba y se visualiza que, siempre se ha respetado el derecho de petición que emana del artículo 27 de la Constitución Política, por cuanto se hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse, por escrito, a cualquier funcionario público o entidad oficial, con el fin de exponer un asunto de su interés; esa garantía se complementa con el derecho a obtener pronta respuesta, pero esto último no significa una contestación favorable. Empero, el derecho constitucional, lo que garantiza es el derecho a pedir, más no el derecho a obtener lo que se pide, como es el caso de la recurrente, aun cuando, el funcionario público deba resolver con estricta sujeción a la ley, pues la libertad de petición se funda en otro principio, esto es, en que no puede coartarse por la administración el derecho de los gobernados para dirigirse a los órganos públicos. En virtud de lo anterior, es de suma importancia mencionar que, se ha cumplido a cabalidad con la tramitación de las gestiones realizadas ante este Municipio (ver prueba adjunta). Sin embargo, reiterarnos, en este caso se refleja un claro desconocimiento de los procedimientos establecidos en la ley, y es que, el Departamento de Control Fiscal y Urbano ha realizado desde años atrás, el procedimiento, como en derecho corresponde, en los casos específicos como el que nos ocupa, constatando que estos, no son un tema antojadizo de la Administración. Tampoco es cierto que, la Municipalidad ha omitido en ejecutar acciones con respecto al tema en cuestión, lo anterior, por cuanto se demuestra una vez más, que la Administración, ha realizado las labores propias atinentes de nuestra competencia, como lo fue el levantamiento de las actas respectivas. En ese sentido, este Municipio considera que la interposición del presente Recurso de Amparo es improcedente, en razón de que, la Administración ha realizado las labores propias atinentes a su competencia, donde debemos de ajustarnos a las actuaciones, procedimientos y plazos legales, propios de los procedimientos de esta índole, respetando también el derecho de defensa y los recursos o actuaciones, que los interesados podrían plantear dentro del procedimiento establecido, como en el caso que nos ocupa. Consideramos que, no existe omisión o inacción por parte de la Municipalidad, sino que, lo que se evidencia, reiteramos, es un claro desconocimiento de los procedimientos administrativos internos a seguir en esta Municipalidad, procedimientos que van acorde a cumplir con los requerimientos de ley respectivos, respetando las competencias de cada una de las entidades correspondientes. Queda demostrado que la Municipalidad de Alajuela, ha sido diligente y ha realizado las labores propias atinentes a su competencia, sin embargo, reiteramos, la recurrente interpone el recurso de amparo para causar confusión y con ello que se condene a la Municipalidad aun cuando ésta, está realizando todas las gestiones y ejecuciones pertinentes incluso casi de forma inmediata, reiteramos, incluso antes de la interposición del presente recurso, comprobándolo con la misma prueba aportada por este Municipio. Bajo lo indicado, consideramos que existe una mala fe por parte de la recurrente, al interponer un Recurso de Amparo en los términos expuestos. En virtud de lo anterior, considera este Municipio que, se ha actuado en apego a la normativa vigente, y no ha existido inacción o violación a derechos constitucionales; no obstante, consideramos que la recurrente, interpone el presente Recurso, para tratar de desvirtuar la información suministrada en su escrito de interposición, no obstante, este Municipio actúa bajo las competencias de este. En virtud de lo anterior, considera este Municipio que, se ha actuado en apego a la normativa vigente, y no ha existido inacción o violación a derechos constitucionales, no obstante, al parecer, su pretensión es que se condene a la Municipalidad aun cuando ésta ha realizado lo que en derecho corresponde, siempre apegados a la legislación y normativa vigente. Bajo lo anterior, solicitamos se declare sin lugar en todos sus extremos el Recurso de Amparo interpuesto”.\n\n4.- Por constancia elaborada por el técnico judicial y la secretaria a. i., ambos de la Sala Constitucional, indican: “revisado, a las catorce horas treinta y nueve minutos del uno de julio de dos mil veintiséis, en el sistema costarricense de gestión de despachos judiciales el control de documentos recibidos y este expediente, no apareció que del 25/06/2026 al 29/06/2026, el PRESIDENTE DEL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA haya presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las veintidós horas veinticuatro minutos del quince de junio de dos mil veintiséis, en el expediente número 26-019995-0007-CO que es RECURSO DE AMPARO promovido por Nombre01”. \n\n5.- Por escrito incorporado al expediente electrónico el 21 de julio de 2026, informa Jorge Arturo Campos Araya en su condición de presidente del Concejo Municipal de Alajuela. Expone: “A partir de los hechos planteados por la recurrente, es importante determinar, en primer término, cuáles de las actuaciones denunciadas dependen del ejercicio de competencias específicas del Concejo Municipal, conforme a lo establecido en el artículo 13 del Código Municipal o alguna otra norma especial que le otorgue a dicho órgano una potestad decisoria o de intervención directa en la situación expuesta. Adelanto que la temática señalada corresponde de manera exclusiva a la Administración Municipal, bajo la dirección del titular de la Alcaldía Municipal, en su condición de Administración Activa y en virtud de las competencias otorgadas por el numeral 17 del Código Municipal. El Tribunal Contencioso Administrativo ha reiterado que el Código Municipal — vigente desde 1998— trazó una dinámica en la cual el Concejo Municipal y la Alcaldía Municipal son jerarcas en el ámbito de sus respectivas competencias. Lo anterior se evidencia en la Resolución 394-2024 de las diecisiete horas con cincuenta y cuatro minutos del diecinueve de enero de dos mil veinticuatro, donde se indicó: “Nótese que el Gobierno Municipal es un \"ente bifronte\" conformado por órgano deliberante y otro órgano ejecutivo. La siguiente cita resulta relevante para la comprensión de esta temática: “Al crear los gobiernos territoriales, el constituyente expresamente estableció su integración señalando que estaría “formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular (hoy denominado Concejo Municipal), y de un funcionario ejecutivo que designará la ley (que hoy recibe el nombre de Alcalde o Alcaldesa)\" (O.E. La Municipalidad en Costa Rica Segunda edición editada y actualizada por J.L. y Aldo Milano, S.J., Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, pág. 292 y 293).”. En esa misma línea, la Resolución No. 270-2020 de las once horas cuarenta minutos del veintinueve de abril de dos mil veinte del Tribunal Contencioso Administrativo, refuerza la diferenciación funcional entre el órgano colegiado y la Alcaldía Municipal: “En el nivel cantonal, ya esta Cámara ha ahondado en el concepto de la Diarquía: Alcaldía –Concejo Municipal, modelo de organización administrativa en el que cada corporación municipal tiene dos órganos en su cúspide jerárquica, sin que ninguno de ellos se encuentre subordinado al otro. Entre ambos existe una relación de coordinación administrativa. Amén de lo anterior, aquí es importante precisar, que el esquema organizativo referido no solo implica la existencia de dos órganos que tienen la condición de superior jerárquico supremo, sino además que el citado modelo conlleva la existencia de dos estructuras administrativas, con vías procedimentales regularmente autónomas entre sí, interactuando únicamente en supuestos expresamente regulados en el “ordenamiento” jurídico.”. A partir de lo anterior, debe recordarse que el gobierno municipal responde a una estructura orgánica bifronte, integrada por el Concejo Municipal y la Alcaldía, cuyos ámbitos competenciales son distintos, aunque complementarios y sujetos a relaciones de coordinación y control recíproco. En ese contexto, el Concejo Municipal constituye el órgano colegiado, deliberativo y representativo del gobierno local, mientras que la Alcaldía ejerce funciones de naturaleza ejecutiva y administrativa, junto con las dependencias que integran la Administración activa. Por consiguiente, aunque corresponde al Concejo Municipal conocer los asuntos sometidos a su consideración y adoptar los acuerdos que resulten procedentes dentro del marco de sus atribuciones, no le compete ejecutar directamente las labores materiales de inspección, fiscalización, policía administrativa, clausura, instrucción de procedimientos sancionatorios, actuaciones materiales o resolución de las denuncias administrativas a las que se refiere el presente recurso. Esta delimitación resulta particularmente relevante, pues las situaciones descritas por la señora Nombre11 se relacionan principalmente con la atención de denuncias, la verificación de obras presuntamente ejecutadas sin licencia municipal, el control de actividades lucrativas, la fiscalización de licencias comerciales, la inspección de sistemas de evacuación de aguas pluviales y la eventual adopción de medidas de clausura o sanción. Todas estas actuaciones corresponden, por su naturaleza, a la Administración Activa y a las dependencias municipales administrativas y técnicamente competentes, sin perjuicio de las atribuciones de dirección política, deliberación, fiscalización y adopción de acuerdos que corresponden al Concejo Municipal. No obstante esa distribución de competencias, en lo que respecta específicamente al Concejo Municipal de Alajuela, se rechaza que este órgano colegiado haya incurrido en una conducta omisiva o desatendido las gestiones relacionadas con la situación del centro educativo Finland School, ubicado en el distrito de La Guácima. Por el contrario, de la documentación aportada al expediente por la misma recurrente se demuestra que el Concejo Municipal conoció formalmente los informes remitidos por la Alcaldía y adoptó un acuerdo expreso dirigido a instar a la Administración Municipal a continuar y ejecutar las acciones necesarias para atender las situaciones denunciadas, dentro del ámbito de sus competencias y con estricta observancia del principio de legalidad, el debido proceso y el derecho de defensa de las personas involucradas. En particular, mediante el artículo n.° 6, capítulo IV, de la Sesión Ordinaria n.° 46 2025, celebrada el 18 de noviembre de 2025, comunicado mediante el Oficio n.° MA-SCM-2161-2025, el Concejo Municipal conoció el Oficio n.° MA-A-4632-2025 de la Alcaldía Municipal, referente a la situación y las circunstancias del citado centro educativo. El informe sometido a conocimiento del Órgano Colegiado incorporó y valoró, entre otros antecedentes técnicos y administrativos, el Oficio n.° MA-PCFU-1413-2025 del Proceso de Control Fiscal y Urbano, el Oficio n.° MA-AP 1172-2025 de la Actividad de Patentes, el Oficio n.° MA-AAP-1234-2025 de la Actividad de Alcantarillado Pluvial y el Oficio n.° MA-ACC-4830-2025 de la Actividad de Control Constructivo. Con fundamento en esos antecedentes, el Concejo Municipal aprobó, con once votos positivos y de manera definitiva, una moción de fondo mediante la cual acogió el informe rendido por la Alcaldía Municipal sobre la situación del centro educativo Finland School y se solicitó al Alcalde Municipal que, con observancia del debido proceso y de conformidad con los informes técnicos emitidos, procediera según lo dispuesto en el Reglamento General de Licencias Comerciales del cantón Central de Alajuela respecto al centro educativo en cuestión. Asimismo, requirió que se efectuara la debida notificación de las actas de clausura correspondientes a las obras presuntamente construidas sin licencia municipal, incluso mediante la publicación de un edicto si ello resultaba jurídicamente procedente; solicitó que se notificara de manera física y directa al centro educativo acerca del inicio del procedimiento sumario correspondiente en materia de licencias comerciales o, de no ser posible, mediante publicación por edicto; instó a la Alcaldía Municipal a resolver conforme a derecho y a la mayor brevedad los recursos administrativos pendientes; y requirió la continuación de todas las acciones legales pertinentes para garantizar la aplicación integral de la normativa vigente. El acuerdo fue dirigido al alcalde municipal, en su condición de jerarca de la Administración activa, y comunicado, entre otras personas, a la propia señora Nombre11. Esta circunstancia demuestra no solamente que el Concejo Municipal tuvo conocimiento del asunto y adoptó una decisión expresa, sino también que la recurrente fue informada acerca de las actuaciones acordadas por el órgano colegiado. De lo expuesto se desprende inequívocamente que el Concejo Municipal no permaneció inactivo frente a los hechos denunciados. Por el contrario, conoció formalmente el asunto, examinó los informes elaborados por las dependencias administrativas competentes y adoptó un acuerdo dirigido a promover la continuación de las actuaciones administrativas y legales necesarias. Desde la perspectiva del Derecho Constitucional, no puede configurarse una omisión lesiva de derechos fundamentales cuando la autoridad recurrida ha desplegado, dentro del ámbito de sus atribuciones, una actuación concreta, verificable y orientada precisamente a impulsar la atención del problema planteado. En este sentido, el propio recurso reconoce la existencia de un acuerdo firme del Concejo Municipal mediante el cual se solicitó a la Alcaldía continuar los procedimientos administrativos, tramitar las clausuras, iniciar las actuaciones relacionadas con las licencias comerciales y adoptar las demás medidas legales que resultaran procedentes. Tal reconocimiento resulta incompatible con la afirmación de que el órgano colegiado haya desatendido la gestión o incurrido en una omisión absoluta, pues la documentación aportada demuestra que el Concejo ejerció las atribuciones que el ordenamiento jurídico le confiere y trasladó a la Administración activa las disposiciones cuya ejecución material corresponde a esta última. Las actuaciones de inspección, fiscalización, notificación, clausura, resolución de recursos, instrucción de procedimientos sancionatorios y eventual suspensión o cancelación de licencias comerciales corresponden a las dependencias administrativas competentes y deben ser ejecutadas con sujeción al principio de legalidad, al debido proceso y al derecho de defensa. Por consiguiente, la responsabilidad jurídica derivada de una eventual demora, insuficiencia o falta de ejecución material de esas actuaciones solamente podría atribuirse al órgano o dependencia que posea la competencia legal para realizarlas, previa comprobación de las circunstancias concretas del caso. No resultaría jurídicamente admisible responsabilizar al Concejo Municipal la falta de ejecución de actos materiales o procedimientos cuya instrucción, resolución y cumplimiento no se encuentran dentro de su esfera competencial. Con fundamento en lo anterior, no se advierte que el Concejo Municipal de Alajuela haya vulnerado el derecho de petición y pronta respuesta, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado ni ningún otro derecho fundamental de la recurrente. La prueba documental acredita que el órgano colegiado tuvo conocimiento de la situación denunciada, examinó el informe remitido por la Alcaldía Municipal y los antecedentes técnicos relacionados, adoptó un acuerdo expreso sobre el asunto, requirió a la Administración la continuación de los procedimientos y la adopción de las medidas legalmente procedentes, y comunicó el acuerdo a la propia recurrente. En consecuencia, lejos de evidenciar una conducta omisiva, el expediente acredita una actuación concreta y positiva del Concejo Municipal, orientada a impulsar que la Administración activa atendiera las situaciones expuestas y continuara los procedimientos correspondientes. La conducta desplegada por el órgano colegiado resulta coherente con sus competencias y demuestra que adoptó las medidas que jurídicamente se encontraban a su alcance, sin que pudiera sustituir a la Alcaldía o a las dependencias técnicas en la ejecución material de las actuaciones ordenadas. La circunstancia de que la recurrente considere insuficientes, tardías o ineficaces las actuaciones administrativas desarrolladas posteriormente no permite trasladar automáticamente esa inconformidad al Concejo Municipal ni imputarle una omisión contraria a la Constitución. Para establecer una lesión de derechos fundamentales atribuible a una autoridad determinada debe existir un nexo de imputación entre la conducta cuestionada, la competencia asignada a esa autoridad y el derecho cuya vulneración se alega. En el presente caso, ese nexo no se configura respecto del Concejo Municipal, puesto que este conoció el asunto, adoptó un acuerdo dirigido a atenderlo y requirió a la Administración activa la ejecución de las medidas correspondientes. Por las razones expuestas, respetuosamente se solicita que el presente recurso de amparo sea declarado sin lugar en todos sus extremos en cuanto se refiere a las actuaciones del presidente y del Concejo Municipal de Alajuela, al encontrarse demostrado que dicho órgano colegiado no incurrió en una conducta omisiva ni produjo, por acción u omisión, vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por la recurrente. CONTRA-PRETENSIÓN Respetuosamente de conformidad con los hechos y derecho expuestos, solicito:  Se declare sin lugar en todos sus extremos el presente recurso de amparo en lo tocante a las competencias ejercidas por el Concejo Municipal al no vulnerarse derecho fundamental alguno”. \n\n6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- Cuestiones previas. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia nro. 2008002545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia ambiental la cual se acusa que no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta reclamada en este amparo. \n\nPor otra parte, en vista de que el presidente del Concejo Municipal de Alajuela omitió contestar la audiencia dentro del plazo fijado por este Tribunal en la resolución de curso del sub lite, se procede a resolver el recurso de acuerdo con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y tomando en consideración los elementos probatorios que constan en los autos.\n\nII.- Objeto del recurso. El recurrente alega que ha interpuesto múltiples denuncias ante la Municipalidad de Alajuela relacionadas con las construcciones, movimientos de tierra, obras de alcantarillado pluvial, inundaciones por el alcantarillado, ampliaciones, operación, contaminación sónica, colapsos viales, actividades privadas los fines de semana y otras, en relación con el centro educativo denominado Finland School, ubicado en La Guácima de Alajuela. Aduce que los hechos denunciados involucran posibles construcciones sin permiso, movimientos de tierra, obras de desfogue pluvial, ausencia de aprobación técnica para descarga de aguas pluviales, operación ilegitima de un centro educativo y posibles afectaciones a vecinos, vía pública, drenajes, cauces, seguridad comunal y hasta a los mismos estudiantes y personal del centro. Menciona que, pese a la existencia de informes técnicos, actas de clausura, proyectos constructivos rechazados, ausencia de aprobación de descarga pluvial y acuerdos firmes del Concejo Municipal, no ha ejecutado de forma efectiva, oportuna e integral las acciones necesarias para tutelar los derechos fundamentales de los vecinos. Considera que la omisión administrativa prolongada, las respuestas contradictorias, los errores reconocidos por la propia Administración y la falta de ejecución efectiva de las medidas correctivas vulneran sus derechos fundamentales. \n\nIII.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:\n\na) El 11 de febrero de 2025, la recurrente remitió un escrito dirigido al Concejo Municipal de Alajuela en el que indicó lo siguiente: “Quien suscribe Nombre11 en mi condición de Abogada y Notaría, procedo a denunciar y hacer de su conocimiento sobre las irregularidades que se nos ha informado, tanto legales como de permisos de construcción, patente y de sanidad que presenta el kínder, escuela y colegio FINLAND SCHOOL, ubicado en La Guácima de Alajuela. Primero: Se nos indica por parte de la Municipalidad que la misma no tiene ni ha tenido permiso de construcción para la edificación que hoy día alberga estudiantes de los diferentes niveles académicos. Segundo, que la patente que autoriza la actividad educativa es únicamente para un de las fincas ocupadas por la escuela, y no de las otras 2 fincas en las que se encuentra la edificación. Tercero: Existen los tramites de consulta ante la Municipalidad de Alajuela N° 56801 2024 y 55180-2024 y o 58290-2024 ante el Proceso de Control Fiscal y Urbano. La finca N.° 0189094, con identificador catastral PRN16, forma parte del Centro Educativo Finland School, y la finca N.° PRN14, con identificador catastral PRN16, también forma parte del Centro Educativo Finland School, lugar donde se está realizando la construcción ilegal, de la cual indica el Ingeniero Emerson Bone Moya que no han tenido, ni tienen permisos de construcción, según oficio MA-PCFU 067-2025 (MA-A-56- 2025) La fotografía que rola a folio 2, del oficio MA-PCFU-067-2025 (MA-A-56-2025) demuestra la construcción de una tubería de alcantarillado que es ilegal, no muestra la construcción que se está llevando a cabo de forma ilegal. Cuarto: Con las fotografías y videos que aportamos, se logra determinar claramente; que en el lugar donde en sendas visitas que han realizado funcionarios de la Municipalidad, y han redactado diferentes informes, algunos en los cuales indican que, si hay movimiento de tierra pero que se debe a un cumplimiento de orden constitucional, que están construyendo una cancha la cual fue destruida por una construcción de alcantarillado; que están otros indican que no se logra ver nada, otros indican que si tienen permiso para ampliación de aulas. Todo lo anterior a pesar de indicar que no ha sido posible ingresar, no es de recibo. Es evidente, publico y a plena luz del día, tanto para vecinos como para mi persona como abogada y notaría, que he sido testigo durante la toma de fotografías y videos, muchos de los cuales fueron tomados por mi persona, que se está dando una construcción de aulas, canchas e infraestructura para ser utilizada por la escuela Finland SIN PERMISOS. Quinto: A todo esto, se debe agregar que en uno de los inmuebles utilizados por esta escuela hay un kínder de perros llamado ANIMAL FANTASY mismo que no cuenta con manejo de desechos orgánicos, y está a vista y paciencia de la Municipalidad, y es por donde ingresa maquinaria para sacar tierra, meter material como cemento, vidrios y otros. También hay un proceso administrativo por ampliación de aulas en actas de obra concluida sin licencia # 855- 2021 Esto nos deja la duda de si el objetivo del propietario del inmueble en construcción de manera ilegal está en espera de hacer el mismo procedimiento, construir y que sea declarado (obra concluida sin licencia # 855-2021) de manera que la Municipalidad no pueda hacer nada, o sea pedir perdón y no pedir permiso. Sexto: El día de hoy, mediante oficio N°MA-A-517-2025, y posterior a enviar sendos oficios solicitando derecho de respuesta del Recurso Revocatoria con Apelación, dan respuesta mediante oficio MA-PCFU-177-2025 y en el mismo aluden a que por error se contestó en otro machote, oficio MA-PCFU-055-2025; y lo declaran con lugar mediante oficio N° MA-PCFU-157-2025. Séptimo: Aún más preocupante nunca recibimos el oficio MA-PCFU-157-2025 y mucho menos el oficio MA-PCFU-158-2025 (CON LA INFORMACION CORRECTA), y este oficio no puede ser respuesta al recurso por cuanto nótese la fecha, 18 de diciembre del 2024 la supuesta clausura se dio el 23 de enero 2025. en el cual, supuestamente dan respuesta a cada uno de los fundamentos del recurso, en el trámite N°58290-2024. Octavo: Este caso es grave por cuanto COMO PUEDE EL MUNICIPIO ASEGURAR QUE LA CONSTRUCCION DEL KINDER, ESCUELA Y COLEGIO FINLAND SCHOOL es segura, y de cuanto caudal va a aumentar el alcantarillado Ilegal, al Rio Segundo Noveno: Ya el Ministerio de Educación tiene conocimiento de estas denuncias. Exigimos respuesta tanto del recurso como de los puntos que se tocaron en la reunión con Nombre18 y Nombre12, según consta en oficio MA-A-332-2025. Décimo: Solicitamos que se realice una inspección seria, para la cual la señora Nombre08 pone a su disposición su Inmueble mismo que colinda con la construcción Ilegal, para que puedan acceder y corroborar todo lo denunciado. Se exija cumplimiento del Reglamento para el control constructivo de obras civiles imputación de sanciones del cantón Central de Alajuela. Recuento de los hechos ilícitos: 1.Construcción sin permisos de construcción 2.Construcción de Alcantarillado sin permiso del Concejo Municipal 3.No tienen USO DE SUELOS para desfogue pluvial y construcción de semejante edificación (Finca 2-155617-000 y PRN03, PRN08, Identificacion01 2010) 4.No cuentan con estudios de SETENA para desfogue pluvial, (Finca 2-155617-000 y PRN03, PRN08, Identificacion01-2010) 5.Patente Municipal dada, no es la de la actividad que realizan. 6.Posible contaminación y o peligro, kínder de perros al lado de FINLAND SCHOOL. Para notificaciones al correo ...02” (véase informe y prueba aportada).\n\nb) En sesión ordinaria nro. 07-2025 del 18 de febrero de 2026, el Concejo Municipal de Alajuela confirió audiencia a la recurrente para que expusiera su denuncia. Posterior a su intervención, se determinó: “SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EL DOCUMENTO SUSCRITO POR LA LICDA. Nombre11 PARA QUE EN UN PLAZO DE 10 DÍAS BRINDE UN INFORME DE LO ACTUADO Y DE LAS ACCIONES A SEGUIR” (véase informe y prueba aportada). \n\nc) Por oficio MA-SCM-04632-2025 del 28 de octubre de 2025, la Alcaldía Municipal se refirió a la situación y circunstancias del centro educativo, a saber: “(…) Como se desprende de los reportes actualizados citados, en resumen a la fecha: \n\n1- Se ratifican les dificultades objetivas enfrentadas por la dependencia específica (PCFU) para poder notificar -como requiere la normativa de la materia- a todos los propietarios actuales las distintas actas por la falta de permisos de construcción, siendo que -además- han sido impugnados algunos actos de control que sí pudieron ser realizados y deben resolverse a la brevedad los recursos ulteriores de apelación. Lo (sic) aspectos referidos deben ser superados incluso recurriendo acciones alternativas o supletorias que sean factibles -como la notificación por edicto- para poder continuar con los procedimientos sancionatorios que correspondan, incluyendo el de mayor alcance de demolición. \n\n2- Las solicitudes de permisos de construcción presentadas por los propietarios de las fincas ante Control Constructivo a inicios de año se encuentran en estado de rechazadas. \n\n3- Las instalaciones del centro educativo de interés (en la finca PRN01) no cuentan con aprobación de descarga de aguas pluviales por parte de la dependencia competente. \n\n4- En la Actividad de Patentes consta la existencia de las licencias comerciales relacionadas: número 27952 para actividad de centra educativo preescolar primaria colegio, en la finca PRN09; y la licencia 40552 para la actividad de centro educativo en la finca PRN10. \n\nPor lo que, bajo lo descrito, la Administración procederá de inmediato a la aplicación que resulte factible de mecanismos alternos autorizados -como la publicación de edictos- para la notificación a la totalidad de los propietarios infractores de construcciones sin permiso. Así como verificará el estado de las licencias comerciales frente a los antecedentes, situación y condiciones actuales de operación de las actividades, para la eventual suspensión o cancelación de dichas licencias; y procederá a la respectiva resolución a la brevedad de los recursos administrativos por construcciones y actividad comercial en curso. Siendo que en cuanto a las facultades propias del Concejo se estima que, por medio de un acuerdo, puede comunicar -0 ratificar- ante e/ Ministerio de Educación Pública toda la situación de irregularidad actual integral existente de este centro educativo, para que dentro de sus competencias adopte las acciones que correspondan según el marco legal y administrativo de la materia y las facultades de supervisión propias de este Ministerio” (véase informe y prueba aportada). \n\nd) Mediante el acuerdo nro. 6, capítulo IV de la sesión ordinaria nro. 46-2025, celebrada el 18 de noviembre de 2025, el Concejo Municipal de Alajuela conoció el informe de la alcaldía y determinó: “(…) SE RESUELVE DEVOLVER EL OFICIO N.° MA-A-4632-2025 DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA QUE SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 90 BIS DEL CÓDIGO MUNICIPAL” (véase informe y prueba aportada).\n\ne) La resolución de curso del amparo fue notificada a las partes el 24 de junio de 2026 (véase acta de notificación).\n\nf) La alcaldía de Alajuela informó que el Proceso de Control Fiscal y Urbano ha realizado inspecciones en el sitio, con el objetivo de realizar la verificación respectiva de la existencia de obras constructivas ejecutadas sin licencia municipal, y se realizaron distintas actas en la finca matrícula PRN02, a saber: “✓ Acta de Información de Obra Concluida sin Licencia N° 855-2021, que se refiere a la ampliación de unas aulas. Se emitió el Acta de Obra Concluida sin Licencia N° 1732-2026, encontrándose actualmente el procedimiento administrativo en trámite conforme a los artículos 93 y siguientes de la Ley de Construcciones. ✓ Acta de Clausura de Construcción N° 1390-2025, por la construcción de una caja pluvial dentro de las instalaciones del centro educativo. Se emitió el Acta de Obra Concluida sin Licencia N° 1730-2026, encontrándose el procedimiento administrativo en trámite conforme a la normativa aplicable. ✓ Acta de Clausura de Construcción N° 1391-2025, por la remodelación de una vivienda ubicada dentro de la misma finca. Se emitió el Acta de Obra Concluida sin Licencia N° 1731-2026, encontrándose el procedimiento administrativo en trámite. ✓ Acta de Clausura de Construcción N° 1096-2025, por la colocación de postes y material pétreo. Contra dicho acto administrativo fueron interpuestos los recursos ordinarios correspondientes, los cuales fueron debidamente atendidos, resueltos y notificados. La última notificación relacionada con dichos recursos fue realizada el 28 de abril de 2026, encontrándose actualmente el expediente en seguimiento administrativo” (véase informe rendido bajo juramento).\n\nIV.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, la recurrente alega que ha interpuesto múltiples denuncias ante la Municipalidad de Alajuela relacionadas con las construcciones, movimientos de tierra, obras de alcantarillado pluvial, inundaciones por el alcantarillado, ampliaciones, operación, contaminación sónica, colapsos viales, actividades privadas los fines de semana y otras, en relación con el centro educativo denominado Finland School, ubicado en La Guácima de Alajuela. Aduce que los hechos denunciados involucran posibles construcciones sin permiso, movimientos de tierra, obras de desfogue pluvial, ausencia de aprobación técnica para descarga de aguas pluviales, operación ilegitima de un centro educativo y posibles afectaciones a vecinos, vía pública, drenajes, cauces, seguridad comunal y hasta a los mismos estudiantes y personal del centro. Menciona que, pese a la existencia de informes técnicos, actas de clausura, proyectos constructivos rechazados, ausencia de aprobación de descarga pluvial y acuerdos firmes del Concejo Municipal, no ha ejecutado de forma efectiva, oportuna e integral las acciones necesarias para tutelar los derechos fundamentales de los vecinos. Considera que la omisión administrativa prolongada, las respuestas contradictorias, los errores reconocidos por la propia Administración y la falta de ejecución efectiva de las medidas correctivas vulneran sus derechos fundamentales.\n\nAl respecto, de la relación de hechos probados se desprende que el 11 de febrero de 2025, la recurrente remitió un escrito dirigido al Concejo Municipal de Alajuela en el que indicó lo siguiente: “Quien suscribe Nombre11 en mi condición de Abogada y Notaría, procedo a denunciar y hacer de su conocimiento sobre las irregularidades que se nos ha informado, tanto legales como de permisos de construcción, patente y de sanidad que presenta el kínder, escuela y colegio FINLAND SCHOOL, ubicado en La Guácima de Alajuela. Primero: Se nos indica por parte de la Municipalidad que la misma no tiene ni ha tenido permiso de construcción para la edificación que hoy día alberga estudiantes de los diferentes niveles académicos. Segundo, que la patente que autoriza la actividad educativa es únicamente para un de las fincas ocupadas por la escuela, y no de las otras 2 fincas en las que se encuentra la edificación. Tercero: Existen los tramites de consulta ante la Municipalidad de Alajuela N° 56801 2024 y 55180-2024 y o 58290-2024 ante el Proceso de Control Fiscal y Urbano. La finca N.° 0189094, con identificador catastral PRN16, forma parte del Centro Educativo Finland School, y la finca N.° PRN14, con identificador catastral PRN16, también forma parte del Centro Educativo Finland School, lugar donde se está realizando la construcción ilegal, de la cual indica el Ingeniero Emerson Bone Moya que no han tenido, ni tienen permisos de construcción, según oficio MA-PCFU 067-2025 (MA-A-56- 2025) La fotografía que rola a folio 2, del oficio MA-PCFU-067-2025 (MA-A-56-2025) demuestra la construcción de una tubería de alcantarillado que es ilegal, no muestra la construcción que se está llevando a cabo de forma ilegal. Cuarto: Con las fotografías y videos que aportamos, se logra determinar claramente; que en el lugar donde en sendas visitas que han realizado funcionarios de la Municipalidad, y han redactado diferentes informes, algunos en los cuales indican que, si hay movimiento de tierra pero que se debe a un cumplimiento de orden constitucional, que están construyendo una cancha la cual fue destruida por una construcción de alcantarillado; que están otros indican que no se logra ver nada, otros indican que si tienen permiso para ampliación de aulas. Todo lo anterior a pesar de indicar que no ha sido posible ingresar, no es de recibo. Es evidente, publico y a plena luz del día, tanto para vecinos como para mi persona como abogada y notaría, que he sido testigo durante la toma de fotografías y videos, muchos de los cuales fueron tomados por mi persona, que se está dando una construcción de aulas, canchas e infraestructura para ser utilizada por la escuela Finland SIN PERMISOS. Quinto: A todo esto, se debe agregar que en uno de los inmuebles utilizados por esta escuela hay un kínder de perros llamado ANIMAL FANTASY mismo que no cuenta con manejo de desechos orgánicos, y está a vista y paciencia de la Municipalidad, y es por donde ingresa maquinaria para sacar tierra, meter material como cemento, vidrios y otros. También hay un proceso administrativo por ampliación de aulas en actas de obra concluida sin licencia # 855- 2021 Esto nos deja la duda de si el objetivo del propietario del inmueble en construcción de manera ilegal está en espera de hacer el mismo procedimiento, construir y que sea declarado (obra concluida sin licencia # 855-2021) de manera que la Municipalidad no pueda hacer nada, o sea pedir perdón y no pedir permiso. Sexto: El día de hoy, mediante oficio N°MA-A-517-2025, y posterior a enviar sendos oficios solicitando derecho de respuesta del Recurso Revocatoria con Apelación, dan respuesta mediante oficio MA-PCFU-177-2025 y en el mismo aluden a que por error se contestó en otro machote, oficio MA-PCFU-055-2025; y lo declaran con lugar mediante oficio N° MA-PCFU-157-2025. Séptimo: Aún más preocupante nunca recibimos el oficio MA-PCFU-157-2025 y mucho menos el oficio MA-PCFU-158-2025 (CON LA INFORMACION CORRECTA), y este oficio no puede ser respuesta al recurso por cuanto nótese la fecha, 18 de diciembre del 2024 la supuesta clausura se dio el 23 de enero 2025. en el cual, supuestamente dan respuesta a cada uno de los fundamentos del recurso, en el trámite N°58290-2024. Octavo: Este caso es grave por cuanto COMO PUEDE EL MUNICIPIO ASEGURAR QUE LA CONSTRUCCION DEL KINDER, ESCUELA Y COLEGIO FINLAND SCHOOL es segura, y de cuanto caudal va a aumentar el alcantarillado Ilegal, al Rio Segundo Noveno: Ya el Ministerio de Educación tiene conocimiento de estas denuncias. Exigimos respuesta tanto del recurso como de los puntos que se tocaron en la reunión con Nombre18 y Nombre12, según consta en oficio MA-A-332-2025. Décimo: Solicitamos que se realice una inspección seria, para la cual la señora Nombre08 pone a su disposición su Inmueble mismo que colinda con la construcción Ilegal, para que puedan acceder y corroborar todo lo denunciado. Se exija cumplimiento del Reglamento para el control constructivo de obras civiles imputación de sanciones del cantón Central de Alajuela. Recuento de los hechos ilícitos: 1.Construcción sin permisos de construcción 2.Construcción de Alcantarillado sin permiso del Concejo Municipal 3.No tienen USO DE SUELOS para desfogue pluvial y construcción de semejante edificación (Finca PRN04 y PRN03, PRN08, Identificacion01 2010) 4.No cuentan con estudios de SETENA para desfogue pluvial, (Finca PRN04 y PRN03, PRN08, Identificacion01-2010) 5.Patente Municipal dada, no es la de la actividad que realizan. 6.Posible contaminación y o peligro, kínder de perros al lado de FINLAND SCHOOL. Para notificaciones al correo ...02”. En sesión ordinaria nro. 07-2025 del 18 de febrero de 2026, el Concejo Municipal de Alajuela confirió audiencia a la recurrente para que expusiera su denuncia. Posterior a su intervención, se determinó: “SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EL DOCUMENTO SUSCRITO POR LA LICDA. Nombre11 PARA QUE EN UN PLAZO DE 10 DÍAS BRINDE UN INFORME DE LO ACTUADO Y DE LAS ACCIONES A SEGUIR”. Por oficio MA-SCM-04632-2025 del 28 de octubre de 2025, la Alcaldía Municipal se refirió a la situación y circunstancias del centro educativo, a saber: “(…) Como se desprende de los reportes actualizados citados, en resumen a la fecha: 1- Se ratifican les dificultades objetivas enfrentadas por la dependencia específica (PCFU) para poder notificar -como requiere la normativa de la materia- a todos los propietarios actuales las distintas actas por la falta de permisos de construcción, siendo que -además- han sido impugnados algunos actos de control que sí pudieron ser realizados y deben resolverse a la brevedad los recursos ulteriores de apelación. Lo (sic) aspectos referidos deben ser superados incluso recurriendo acciones alternativas o supletorias que sean factibles -como la notificación por edicto- para poder continuar con los procedimientos sancionatorios que correspondan, incluyendo el de mayor alcance de demolición. 2- Las solicitudes de permisos de construcción presentadas por los propietarios de las fincas ante Control Constructivo a inicios de año se encuentran en estado de rechazadas. 3- Las instalaciones del centro educativo de interés (en la finca PRN01) no cuentan con aprobación de descarga de aguas pluviales por parte de la dependencia competente. 4- En la Actividad de Patentes consta la existencia de las licencias comerciales relacionadas: número 27952 para actividad de centra educativo preescolar primaria colegio, en la finca PRN09; y la licencia 40552 para la actividad de centro educativo en la finca PRN10. Por lo que, bajo lo descrito, la Administración procederá de inmediato a la aplicación que resulte factible de mecanismos alternos autorizados -como la publicación de edictos- para la notificación a la totalidad de los propietarios infractores de construcciones sin permiso. Así como verificará el estado de las licencias comerciales frente a los antecedentes, situación y condiciones actuales de operación de las actividades, para la eventual suspensión o cancelación de dichas licencias; y procederá a la respectiva resolución a la brevedad de los recursos administrativos por construcciones y actividad comercial en curso. Siendo que en cuanto a las facultades propias del Concejo se estima que, por medio de un acuerdo, puede comunicar -o ratificar- ante el Ministerio de Educación Pública toda la situación de irregularidad actual integral existente de este centro educativo, para que dentro de sus competencias adopte las acciones que correspondan según el marco legal y administrativo de la materia y las facultades de supervisión propias de este Ministerio”. Mediante el acuerdo nro. 6, capítulo IV de la sesión ordinaria nro. 46-2025, celebrada el 18 de noviembre de 2025, el Concejo Municipal de Alajuela conoció el informe de la alcaldía y determinó: “(…) SE RESUELVE DEVOLVER EL OFICIO N.° MA-A-4632-2025 DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA QUE SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 90 BIS DEL CÓDIGO MUNICIPAL”. La resolución de curso del amparo fue notificada a las partes el 24 de junio de 2026. La alcaldía de Alajuela informó que el Proceso de Control Fiscal y Urbano ha realizado inspecciones en el sitio, con el objetivo de realizar la verificación respectiva de la existencia de obras constructivas ejecutadas sin licencia municipal, y se realizaron distintas actas en la finca matrícula PRN02, a saber: “✓ Acta de Información de Obra Concluida sin Licencia N° 855-2021, que se refiere a la ampliación de unas aulas. Se emitió el Acta de Obra Concluida sin Licencia N° 1732-2026, encontrándose actualmente el procedimiento administrativo en trámite conforme a los artículos 93 y siguientes de la Ley de Construcciones. ✓ Acta de Clausura de Construcción N° 1390-2025, por la construcción de una caja pluvial dentro de las instalaciones del centro educativo. Se emitió el Acta de Obra Concluida sin Licencia N° 1730-2026, encontrándose el procedimiento administrativo en trámite conforme a la normativa aplicable. ✓ Acta de Clausura de Construcción N° 1391-2025, por la remodelación de una vivienda ubicada dentro de la misma finca. Se emitió el Acta de Obra Concluida sin Licencia N° 1731-2026, encontrándose el procedimiento administrativo en trámite. ✓ Acta de Clausura de Construcción N° 1096-2025, por la colocación de postes y material pétreo. Contra dicho acto administrativo fueron interpuestos los recursos ordinarios correspondientes, los cuales fueron debidamente atendidos, resueltos y notificados. La última notificación relacionada con dichos recursos fue realizada el 28 de abril de 2026, encontrándose actualmente el expediente en seguimiento administrativo”.\n\nAsí las cosas, las autoridades recurridas aceptan que no se ha solucionado la situación denunciada por la parte amparada. Al respecto, en el informe rendido por el alcalde municipal se indica que: “Siendo que bajo los reportes más recientes sobre los extremos reseñados, en el tanto se mantengan las infracciones e incumplimientos reseñados, a la fecha la Administración se encuentra realizando la valoración final de los antecedentes y coordinación con las dependencias relacionadas para poder previo cumplimiento de los requerimientos legales como las debidas notificaciones a los copropietarios de las fincas relacionadas, así como a los patentados según corresponda- realizar lo siguiente: 1- Instaurar los procedimientos administrativos de demolición de las obras construidas sin permisos de construcción (bajo cumplimiento de la notificación ordinaria o subsidaria de los actos previos requeridos por la Ley de Construcciones de clausura formal, verificación de obra concluida sin licencia y renuencia; así como la resolución de todos los recursos administrativos interpuestos). 2- Realizar las gestiones finales y procedimiento para la eventual suspensión de las licencias comerciales referidas a fincas con construcciones sin permiso municipal; todo según el reglamento general de patentes de la Municipalidad. 3- Atender la situación de impacto ambiental de manera coordinada con las dependencias internas y entidades como el Ministerio de Salud. 4- Medidas correctivas sobre impactos a los vecinos y la relación con servicios públicos”.\n\nAsí las cosas, se constata que el reclamo de la recurrente obedece a una problemática conocida por años y vinculada con cuestiones ambientales y aguas pluviales que no ha sido resuelta de forma definitiva, omisión que resulta incompatible con los principios de eficacia, continuidad y coordinación administrativa. Además, no se observa que a la recurrente se le haya mantenido actualizada de las acciones realizadas por el municipio a fin de resolver lo reclamado desde el 11 de febrero de 2025. \n\nEn consecuencia, procede declarar con lugar este extremo contra la Municipalidad de Alajuela, a fin de que se adopte la solución técnica integral y se ejecuten las obras necesarias para solucionar de manera definitiva la problemática denunciada por la recurrente, y se le comunique lo que corresponda, según se indicará en la parte dispositiva de esta sentencia. \n\nV.- Nota del magistrado Castillo Víquez. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia, pues las controversias jurídico-constitucionales que atañen a menores de edad, al ambiente, pago de salario, al pago de las prestaciones cuando la persona se jubila, a las pensiones del régimen no contributivo y los casos de parálisis cerebral profunda, discapacitados, extranjeros que se encuentran fuera del país, servicio de agua potable, adultos mayores cuando no se refiere a cuestiones de su pensión, denuncias de corrupción, derecho de los indígenas, reclamos por la falta de aseguramiento ante la Caja Costarricense de Seguro Social y de licencias de maternidad son de conocimiento de esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo. En los demás casos, y por las razones que se dan en esta sentencia, los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\n VI.- Nota del magistrado Salazar Alvarado. Considero que en asuntos ambientales, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa la aparente omisión en la resolución, por parte de la Municipalidad de Alajuela, en atender denuncias por afectaciones generadas en un centro educativo privado, lo que afecta el derecho a disfrutar de un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida de la parte recurrente y demás vecinos.\n\n VII.- Voto salvado de la magistrada Garro Vargas sobre la ejecución de la sentencia. Salvo el voto respecto de la ejecución de la sentencia, para que, de conformidad con el art. 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), sea residenciada en el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. \n\nLa ejecución de las órdenes dictadas por la Sala Constitucional corresponde, en principio, ser fiscalizada por esta misma jurisdicción. Sin embargo, esa norma contempla supuestos de excepción en los que, por determinación de este Tribunal, se ordene residenciar la ejecución de la sentencia en la jurisdicción contencioso-administrativa: \n\n“Art. 56. La ejecución de las sentencias corresponde a la Sala Constitucional, salvo en lo relativo a la liquidación y cumplimiento de indemnizaciones y responsabilidades pecuniarias, o en otros aspectos que la propia Sala considere del caso, en que se hará en la vía contencioso administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la ley reguladora de esa jurisdicción.” (Lo destacado no corresponde al original). \n\n \n\nRecuérdese que en el proyecto de ley de discusión de la LJC se preveía originalmente lo siguiente: \n\n“Art. 56. Las sentencias favorables al recurrente se ejecutarán en la vía contencioso-administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la ley Reguladora de esa Jurisdicción.” (Lo destacado no corresponde al original). \n\n \n\nSin embargo, el texto fue modificado vía moción para que la norma fuera coincidente con lo regulado en el art. 153 de la Constitución Política, pero se realizó la siguiente explicación: \n\n“EL SECRETARIO:\n\n Moción No. 68 (32-19) del diputado Chacón Jiménez:\n\n“artículo 57 (antes 56): para que el texto se lea así: “la ejecución de las sentencias corresponde a la Sala Constitucional, salvo en lo relativo a la liquidación y cumplimiento de indemnizaciones o responsabilidades pecuniarias en otros aspectos que la propia Sala considere del caso, en que se hará en la vía contencioso administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la ley reguladora de esa jurisdicción”.\n\n \n\nEL PRESIDENTE:\n\n En discusión la moción leída?\n\n \n\nDoctor Piza Escalante:\n\n Aquí había una contradicción con la tesis genérica de que son los Tribunales los que ejecutan sus sentencias y enviaba la Jurisdicción Contencioso Administrativo toda la ejecución; entonces quedaban al aire los otros artículos que le permitían a la Sala ejecutarlos.\n\n \n\nDiputado Corrales Bolaños:\n\n En esa parte dice: “o en otros aspectos que la propia Sala considere del aso…”, a qué se está refiriendo?\n\n \n\nDoctor Piza Escalante:\n\n La idea es que la Sala, en la vía de ejecución de sentencia, resuelva lo que ella considere que le corresponde. Lo que demás, lo envía a la vía Contencioso Administrativa.\n\n \n\nEL SECRETARIO:\n\n Se considera suficientemente discutida la moción?\n\n \n\nEL PRESIDENTE:\n\n Discutida. Aprobada (unanimidad, cinco señores diputados presentes).” (sic). Ver actas de aprobación de la LJC. Lo destacado no corresponde al original). \n\n \n\nA partir de lo anterior, está claro que la propia LJC autoriza a esta Sala para que valore y decida si es preciso derivar a la jurisdicción contencioso-administrativa todos o algunos los aspectos relativos a la ejecución de la sentencia. \n\nEn este caso concreto, en virtud de la entidad de la orden que está girando este Tribunal, estimo que lo procedente es residenciar la fase de ejecución del asunto en la jurisdicción contencioso-administrativa. Lo anterior, debido a la inexistencia de mecanismos idóneos previstos por la normativa que rige a esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a las órdenes consignadas en esta sentencia que revisten aspectos técnicos de gran complejidad. \n\nEn cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (art. 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el art. 56 de LJC, considero que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.\n\n VIII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.\n\nPor tanto:\n\n Se declara con lugar el recurso. Se les ordena a Roberto Hernán Thompson Chacón y Jorge Arturo Campos Araya, cada uno en su respectiva condición de alcalde y presidente del Concejo Municipal, ambos de Alajuela, o a quienes ocupen esos cargos, que giren las órdenes pertinentes y dispongan lo necesario dentro del ámbito de sus competencias respectivas, para garantizar que dentro del plazo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se ejecuten las obras que, de conformidad con los criterios técnicos aplicables, sean necesarias para solucionar de manera integral la problemática denunciada por la parte recurrente, y se le comunique lo correspondiente. Se advierte a las autoridades recurridas, que de acuerdo con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Alajuela al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a la presente declaratoria, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia ante la jurisdicción contencioso-administrativa. El magistrado Castillo Víquez pone nota. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota. La magistrada Garro Vargas salva el voto respecto de la sede de la ejecución de la sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que esa fase sea residenciada en el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n G43QUR47PAQ5461 \n\nEXPEDIENTE N° 26-019995-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01).", "body_en_text": "Document Review\n\n\n\nExp: 26-019995-0007-CO \n\nRes. Nº 2026032956\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at 9:40 a.m. on 27 August 2026.\n\nAmparo proceeding in case file No. 26 019995-0007-CO, filed by Nombre11, identity card CED05, against the MUNICIPALITY OF ALAJUELA.\n\nBackground:\n\n1.- In a brief added to the electronic case file on 4 June 2026, the appellant filed an amparo application. She alleges: “FIRST: Since 2021, various neighbors and I have filed multiple complaints with the Municipality of Alajuela and the Municipal Council of Alajuela concerning construction, earthworks (movimientos de tierra), storm-drainage works, flooding caused by the drainage system, expansions and operation of the educational center known as Finland School, noise pollution, road gridlock, private activities on weekends, among other matters; the center is located in La Guácima de Alajuela. SECOND: The complaints were submitted through various administrative proceedings, including Nos. 48796-2021, 49834-2021, 56801-2024, 58290-2024, 55180-2024, 58290-2024, and other subsequent filings, accompanied by photographs, recordings, satellite images, videos, police reports, and statements from neighbors. THIRD: In some cases, the Municipality issued contradictory, incomplete, and even erroneous responses. By resolution MA-PCFU-157-2025, it expressly acknowledged that the Administration had incorrectly answered a complaint by using a template corresponding to a different case file, and for that reason granted the motion for reconsideration filed by the complainant. FOURTH: Various municipal reports show that construction has been carried out without a municipal permit, including the works identified in the Report of Completed Work Without a License No. 855-2021 and the Construction Closure Report No. 1096-2025. The closures were not carried out, and/or were disregarded. FIFTH: By official letter MA-ACC-3793-2025, it was reported that the construction projects identified as OC-1046818 and OC-1201898 had been rejected by the Construction Control Activity. SIXTH: Likewise, according to report MA-SCM-2161-2025, considered by the Municipal Council, the facilities located on property PRN01 do not have approval from the competent department for stormwater discharge. SEVENTH: The Municipal Council of Alajuela approved a motion by a final resolution requesting that the Mayor’s Office continue the administrative proceedings, process closures, initiate summary proceedings relating to the business license, and adopt the corresponding legal measures. EIGHTH: Despite the existence of multiple technical reports, closure records, rejected projects, and Municipal Council resolutions, the Municipality has not adopted effective and definitive measures to ensure compliance with the applicable urban-planning, construction, environmental, and municipal regulations. NINTH: By official letter MA-A-3846-2025 dated 29 August 2025, updated reports were requested from various municipal departments, with a three-day deadline. However, as of today, there is no record of an effective response or comprehensive resolution of the complaints raised. TENTH: The administrative action has been contradictory, dilatory, and insufficient, creating legal uncertainty and violating the neighbors’ constitutional right to receive a complete, reasoned, and timely response to complaints concerning possible urban-planning, environmental, and safety risks, road gridlock, noise pollution, among other matters. ELEVENTH: Noise pollution from activities carried out on Sundays on the sports field at Finland School—activities by the school itself, unrelated activities, and activities by third parties—begins at 6:30 a.m. on weekdays. The field was built illegally and seals apparently installed by the Municipality were broken. On weekends, especially Sundays, the field is provided or rented out for sporting tournaments that begin at 6:30 a.m. TWELFTH: The road gridlock on the only street, which crosses Urbanización Los Príncipes from north to south and has no alternative route, occurs in the mornings, at midday, and in the afternoon when students leave. It is caused by parents driving to pick up students and exceeds the limits set by traffic laws, yet nothing is done. There is a parking lot in front of the school building, which also fails to meet the requirements and is not used by all parents. Those who use it have children who cross the only street without any supervision. This was reported to the MEP’s Private Education Department, which did nothing. We are submitting a video showing how parents park on both sides of the road before they manage to enter the school, which also seems illogical. THIRTEENTH: Finland School staff have marked the only street with “STOP” and “YIELD” signs, and painted yellow zones and pedestrian crossings, without authorization from Traffic Engineering. (According to the main applicable technical framework, the “Central American Manual on Uniform Traffic Control Devices,” adopted by MOPT for horizontal and vertical signage.) FOURTEENTH: The videos we submit show how the same truck used by the Municipality of Alajuela to collect non-traditional waste not only picks up black garbage bags on the public road, but also enters the school to remove debris from construction carried out without a permit. FIFTEENTH: This filing is not limited to a simple administrative disagreement or to complaints from annoyed neighbors. The reported facts involve possible construction without permits, earthworks, stormwater outfall works, lack of technical approval for stormwater discharge, illegitimate operation of an educational center, and possible impacts on neighbors, the public road, drainage systems, waterways, community safety, and even the students and staff themselves. Article 50 of the Political Constitution guarantees everyone the right to a healthy and ecologically balanced environment. This right imposes on the authorities, including municipalities, the duty to prevent, monitor, correct, and penalize conduct that may cause environmental or urban-planning harm or pose a risk to people’s health and safety. In this case, the Municipality of Alajuela has repeatedly been aware of the reported facts since 2021 and, despite the existence of technical reports, closure records, rejected construction projects, lack of stormwater-discharge approval, and final resolutions of the Municipal Council, has not effectively, promptly, and comprehensively carried out the actions needed to protect the neighbors’ fundamental rights. The prolonged administrative omission, contradictory responses, errors acknowledged by the Administration itself, and failure to effectively implement corrective measures violate the constitutional right to a healthy environment, the right to petition and receive a prompt response, and the principle of legality governing all municipal action. Accordingly, the Constitutional Chamber is asked to order the Municipality of Alajuela to take comprehensive, coordinated, and effective action through a complete technical inspection, resolution of the pending proceedings, implementation of the applicable closure or penalty measures, and clear communication to the complainants about the actual status of each filing.\n\nFUNDAMENTAL RIGHTS VIOLATED\n\n1. The right to petition and receive a prompt response, established in Article 27 of the Political Constitution.\n2. The right of access to administrative and public information.\n3. The right to a healthy and ecologically balanced environment, established in Article 50 of the Political Constitution.\n4. The principle of administrative legality contained in Articles 11 of the Political Constitution and 11 of the General Law on Public Administration.\n5. The right to effective administrative protection and to receive consistent, complete, and timely responses.\n\nLEGAL BASIS\n\nThe Constitutional Chamber has repeatedly held that every authority is obligated to expressly and fully resolve filings made by members of the public within a reasonable period. Likewise, constitutional case law has recognized that environmental protection and effective oversight of activities that may pose urban-planning or environmental risks are constitutional duties of municipalities. Omission, unjustified delay, contradictory responses, or failure to perform oversight duties constitute conduct subject to review by means of an amparo proceeding.\n\nRELIEF REQUESTED\n\nFor the foregoing reasons, I respectfully request:\n\n1. That this amparo proceeding be granted.\n2. That the Municipality of Alajuela be ordered to provide a comprehensive, complete, reasoned, and definitive response concerning all complaints relating to construction, earthworks, storm-drainage systems, marking of the public road, traffic congestion, and operation of the Finland School educational center.\n3. That the Municipality be ordered to resolve, within a mandatory deadline set by the Constitutional Chamber, all pending administrative proceedings relating to those complaints.\n4. That the Municipality be ordered to provide precise information on the status of the closure proceedings, construction permits, business licenses, stormwater outfall authorizations, and other related administrative actions, including permits for marking the street and managing the parking lot they built in front of the school.\n5. That the respondent Municipality be ordered to pay costs, damages, and losses caused by the violation of the fundamental rights claimed herein.\n\nADDITIONAL RELIEF REQUESTED\n\nI respectfully request that the Constitutional Chamber order the Municipality of Alajuela to:\n\n1. Conduct a comprehensive technical inspection of the properties associated with the Finland School educational center, including properties with real estate folio numbers PRN01, PRN11, PRN12, CED01, and any others connected with the reported works.\n2. Specifically verify whether there are valid construction permits, earthwork permits, stormwater outfall authorization, storm-drainage approval, land-use approval, environmental viability, a municipal business license, MEP permits, and any other authorizations required for the reported operation.\n3. Report whether the works built without a permit were closed, penalized, or made subject to administrative proceedings.\n4. Resolve the summary proceeding concerning the possible suspension of the business license, pursuant to Article 7 of the General Regulations on Business Licenses of the Municipality of Alajuela.\n5. Implement the final resolutions adopted by the Municipal Council relating to this case.\n6. Notify the appellant and the complaining neighbors of a complete, clear, and reasoned resolution concerning all complaints filed from 2021 to the present.”\n\n2.- By resolution issued at 22:24 on 15 June 2026, the Presidency of the Chamber admitted the amparo for processing and requested a report from the mayor, the president of the council, and the coordinator of fiscal and urban control, all of Alajuelita.\n\n3.- By a written submission incorporated into the electronic case file on 24 June 2026, Roberto Hernán Thompson Chacón, in his capacity as mayor of Alajuela, reports under oath. He states: “With respect to the submission filed by the applicant, Nombre11, it is very important to note that, although the amparo proceeding was brought against the Mayor and the Coordinator of the Fiscal and Urban Control Process, the matter also concerns other departments: By official letter No. MA-AGIRS-761-2026 dated 22 June 2026, signed by Licda. Yamileth Oses Villalobos, Coordinator of the Comprehensive Solid Waste Management Activity, the following was stated: ‘We received the referenced official letter concerning the transmission, at 22:24 on 15 June 2026, by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, of the AMPARO APPLICATION filed by Ms. Nombre11, identity card CED05, which was processed under case file No. 26-019995-0007-CO against the Municipality of Alajuela, and in which she requests information regarding a complaint about the Los Príncipes residential development in La Guácima de Alajuela. This office received official letter No. 0134-AI-2026 from the Internal Audit Office, indicating that municipal garbage-collection trucks had been recorded entering private property and removing rubble during the usual route hours for that residential development, leaving several residents without collection at that time because the truck filled up and left the area; it requested that the relevant information be provided regarding the solid-waste collection service the Municipality of Alajuela provides through the company contracted for that purpose in the La Guácima sector, including the types of trucks, communicated schedules, etc., as well as an assessment of the attached image of an alleged collection truck recorded in the residential development entering private property. In response to the foregoing, official letter No. MA-AGIRS-458-2026 was issued, stating the following: Regarding the types of trucks, we inform you that the company contracted by the Municipality of Alajuela to provide ordinary solid-waste collection uses only compactor trucks and Adrales-type trucks for the service. Regarding collection schedules, ordinary solid-waste collection is provided in the district of La Guácima two days a week, namely Wednesdays and Saturdays. Regarding the attached image of an alleged collection truck recorded in the residential development entering private property, we inform you that the company contracted by the Municipality of Alajuela to provide ordinary solid-waste collection does not use that type of vehicle, as it is not suitable for the service. It should also be noted that the truck shown in the photograph has no markings linking it to the collection company; moreover, the photograph indicates the date Monday 26/01/2026, a day on which collection service is not provided at that location. Official letter No. MA-AGIRS-458-2026 is attached. In addition, by official letter No. MA-SSA-019-2026 dated 22 June 2026, signed by Ing. Giovanni Sandoval Rodríguez, Coordinator of Environmental Services, he stated: ‘In response to your request to “state whether there is knowledge of any complaint, grievance, or proceeding filed in this regard, attaching the relevant evidence, taking into account the applicant’s arguments concerning waste collection on public roads and entry into the educational center to remove rubble. Attach the relevant documentation.” As of this date, no complaint, grievance, or proceeding has been filed through the official channels with this Subprocess. Please bear in mind that management of the municipal public services established in Articles 83 and 84 of the Municipal Code is the direct responsibility of the Activities that comprise it.’ As regards the Environmental Management Activity, Licda. Karen Bermúdez Fallas, Coordinator of that unit, determined in official letter No. MA-SGA-451-2026 dated 23 June 2026, as follows: ‘In response to official letter No. MA-PSJ-0989-2026, by which the amparo application filed by Ms. Nombre11, identity card CED05, against the Municipality of Alajuela, processed under case file No. 26-019995-0007-CO, was forwarded, and in compliance with the request for a report made by the Constitutional Chamber, this report is submitted as requested: “…state whether there is knowledge of any complaint, grievance, or proceeding filed concerning earthworks (movimientos de tierra), attaching the relevant evidence. If so, indicate the steps taken…” I therefore state as follows: ▪ Handling of complaints According to the review conducted both in the Municipal Tax System and in the databases maintained by this Subprocess, there is no record of receipt or assignment to this department for review of complaints of environmental harm related to the Finland School educational center. There is also no record of complaints received or forwarded through institutional communication channels, through MINAE’s Integrated System for Processing and Handling Environmental Complaints of the Environmental Comptroller’s Office, or from any other government entity (Ministry of Health, SINAC, or similar bodies). • Earthworks Following a review of this Subprocess’s records, no APC file related to earthworks projects on the indicated properties, requesting an environmental opinion, has been received from the Construction Control Activity. Since no files related to the case under review have been referred for environmental assessment, this Subprocess has had no technical involvement in reviewing earthworks projects carried out on the indicated properties. We do not issue permits for earthworks; this Subprocess is limited to issuing an environmental opinion and recommendations and verifying whether environmental viability exists or is required, depending on the project’s volume or area, in accordance with the Environmental Evaluation, Control and Monitoring Regulation, No. 43898; for projects with environmental viability, complaints are filed with SETENA. ▪ Noise pollution Regarding the statements concerning alleged noise pollution arising from activities at the educational center and the sporting events identified by the applicant, it is hereby noted that the technical determination of whether noise pollution exists, the measurement of sound levels, verification of compliance with the maximum permitted limits, and the possible imposition of corrective sanitary measures fall within the authority of the Ministry of Health, in its capacity as the competent health authority. This is supported by the General Health Law and the Regulation for the Control of Environmental Noise, Executive Decree No. 44486-S, which assigns the Ministry of Health authority to conduct official noise measurements, verify compliance with the maximum permitted limits, and adopt the applicable sanitary measures.’ Regarding the stormwater drainage matter, Ing. Kasey Palma Chavarría, Acting Coordinator of the Stormwater Drainage Activity, stated in official letter No. MA-AAP-0644-2026 dated 22 June 2026, as follows: ‘In connection with the ruling issued at 22:24 on 15 June 2026, by which the Constitutional Chamber ordered information to be provided regarding the amparo application filed by Ms. Nombre11, identity card No. CED02, processed under case file No. 26-019995-0007-CO, I state as follows: 1. According to a review of the institution’s case-processing system, no submission has been filed in the name of Ms. Nombre11, identity card CED02, lodging complaints or any kind of grievance about situations caused by stormwater (…) 2. A search of our institution’s case-processing system for Nombre02, Erick Sánchez Monge, Ana Rojas Calvo, Juan Luis Jiménez Chacón, Nombre09, Nombre17, Damaris Herrera Zamora, Nombre26, Nombre15, Nombre05, Nombre01, Nombre23, Nombre20, Nombre07, Nombre11, Nombre06, Nombre21, Nombre10, Nombre25, Nombre13, Nombre27, Nombre03, Nombre24, Nombre04, and Nombre16 found no reports of stormwater problems or submissions related to the underlying issue. The system records one submission by Ms. Nombre14 (1590-2017), which was duly addressed. It is also unrelated to the situation described in the amparo application, since that submission dates from 2017. Ms. Nombre19 has a submission on record (56797-2024), to which a proper response was provided by official letter No. MA-AAP-0208-2025. 3. Regarding the request for approval of the stormwater clearance, three submissions are recorded: Submission No. 21613-2025 A “Prior to ruling” notice was issued by official letter No. MA-AAP-0423-2025 because the following requirements were not met: the duly completed stormwater discharge clearance application, signed by the owner, must be provided; plans for the stormwater designs, signed by a qualified professional in the relevant field, must be provided; a stormwater management plan must be submitted using retention ponds, tanks, or other structures that allow controlled stormwater discharge, which must equal the excess flow produced plus 25% of the flow produced before the project is carried out; a retention time of 25 minutes must be provided; other technical data in the calculation memorandum must be met; and taxes must be paid up to date. A “Rejected” decision was issued by official letter No. MA-AAP-1193-2025 because the requirements were not met within the time allowed for proper correction. Submission No. 50752-2025 A “Prior to ruling” notice was issued by official letter No. MA-AAP-1372-2026 because the following requirements were not met: a duly completed stormwater discharge clearance application signed by the owner; a copy of the owner’s or legal representative’s identity card; a Land Use document issued by the Municipality of Alajuela; stormwater design plans signed digitally by a qualified professional in the relevant field; a stormwater management plan using retention ponds, tanks, or other structures that allow controlled stormwater discharge; correction of the surface runoff coefficient data; clarification regarding properties No. CED03 PRN13, as they did not indicate the existence of a stormwater easement in favor of property No. PRN14; compliance with Law 8454, Law on Certificates, Digital Signatures, and Electronic Documents, so that the relevant validation could be carried out; and payment of municipal taxes up to date. A “Rejected” decision was issued by official letter No. MA-AAP-0127-2026 because the applicant did not submit a Land Use document issued by the Municipality of Alajuela; did not provide stormwater design plans signed digitally by a qualified professional in the relevant field; did not submit a stormwater management plan using retention ponds, tanks, or other structures that allow controlled stormwater discharge; did not correct the surface runoff coefficient data; and did not clarify the situation regarding properties No. CED03 0155615 and whether a stormwater easement existed in favor of property No. 0189094. Submission No. 28626-2026 A “Prior to ruling” notice was issued by official letter No. MA-AAP-491-2026 because the applicant was required to provide design plans; submit a stormwater management plan using retention ponds, tanks, or other structures that allow controlled stormwater discharge; provide for a retention time of 25 minutes; improve the stormwater memorandum data, taking into account that rainfall intensity must be no less than 175 mm/h and the return period must be 25 years; provide tables of runoff coefficients for each of the areas comprising the study area; and be up to date on municipal tax payments. An “Approved” decision was issued by official letter No. MA-AAP-0621-2026 after all requested technical requirements were met.’ Regarding the argument concerning road conditions in the area, Ing. Juan José Moya A., Coordinator of the Road Management Subprocess, was consulted and, by official letter No. MA-SGV-0601-2026 dated 24 June 2026, reported as follows: ‘In response to official letter No. MA-PSJ-0989-2026, requesting a report concerning amparo application No. 26-019995-0007-CO filed by Ms. Nombre11, I address the facts within the scope of the Road Management Subprocess of the Municipality of Alajuela, as follows: 1. Scope of authority of the Road Management Subprocess As is well known, pursuant to the Basic Organization Manual of the Municipality of Alajuela, the Road Management Subprocess forms part of the Infrastructure Planning and Construction Process, whose principal purpose is the planning, conservation, and improvement of the cantonal road network. In that context, this unit’s authority is limited to technical analysis of road infrastructure and the formulation of proposals for its development, maintenance, and optimization; its functions do not include approving, authorizing, or overseeing land use, granting construction permits, or controlling commercial or educational activities. Similarly, the institutional Manual clearly provides that functions relating to control of construction activities, verification of work permits, enforcement of urban planning regulations, and closure of works belong to the Fiscal and Urban Control Process and the Construction Control Activity, which are responsible for inspecting and controlling activities carried out within the canton. Likewise, duties relating to operational traffic regulation, oversight of parking on public roads, and immediate control of vehicle flow belong to the Municipal Security and Road Control Process and the competent national traffic authorities, and are therefore outside this Subprocess’s assigned functions. 2. Traffic congestion in the district of La Guácima Regarding the facts alleged in the amparo application concerning traffic congestion in the Los Príncipes residential development, district of La Guácima, this Subprocess has general knowledge of situations of this kind in the indicated area. However, from a technical standpoint, it is important to clarify that the observed traffic congestion is not an isolated or specific phenomenon related exclusively to a particular activity, but part of a structural problem affecting the district of La Guácima as a whole. Indeed, rapid urban growth, the sustained increase in the vehicle fleet, and the concentration of trip-generating activities in certain sectors have placed significant pressure on the existing road network, causing saturation at different points in the district, particularly during periods of high demand, compounded by a lack of alternate routes to improve traffic flow in the district. Consequently, the situation described in the application should be understood as a local manifestation of a broader urban mobility phenomenon, which extends beyond the operation of any one establishment and results from the territorial dynamics of the area’s urban development. 3. The specific situation identified in the application As to the traffic congestion attributed specifically to the operation of the educational center mentioned in the application, it is observed mainly during certain time periods coinciding with student arrival and departure, which is characteristic of this type of activity. From a technical standpoint, this condition results from a temporary increase in mobility demand caused by vehicles concentrating within a short time interval, producing a momentary saturation effect on the public road. In addition, the configuration of the area’s road network is a significant factor, as it has limited alternate routes to allow adequate dispersal of vehicle flow, particularly during periods of high demand. This structural condition limits the existing network’s ability to respond to temporary increases in traffic, causing congestion at certain points. It is important to emphasize that these situations do not arise from direct intervention in road infrastructure, but from the intensity of land use and the location of activities that generate significant vehicle flows, matters whose control and regulation fall to the bodies responsible for urban planning and territorial planning. Additionally, any road markings made on the public road by private parties, as mentioned in the application, must be assessed under the applicable technical regulations, in coordination with the competent traffic-regulation authorities, since this type of intervention requires prior institutional authorization and compliance with established technical criteria. 4. The Road Management Subprocess’s relationship to the reported facts Regarding this Subprocess’s involvement in the reported facts, there is no record of formal requests addressed to this unit to carry out road infrastructure improvement works or structural interventions on the indicated section. Likewise, no technical road-engineering project directly associated with the operation of the mentioned establishment has been processed by this Subprocess. Accordingly, no omission within the Road Management Subprocess’s authority is identified, since the situation raised does not result from an intervention attributable to this unit, nor has it been the subject of a specific request requiring direct attention in terms of road works or design. 5. Need for an integrated approach to the problem Notwithstanding the foregoing, it is important to note that the conditions described in the amparo application reveal a complex problem involving multiple dimensions, including territorial planning, regulation of activities, traffic management, and road safety. For that reason, proper attention requires an integrated, interinstitutional approach involving the various municipal departments with authority in the matter, as well as the relevant external authorities. In that regard, the Road Management Subprocess states its willingness to collaborate within its technical remit, particularly in evaluating road network conditions and formulating recommendations to improve mobility and safety in the area, always in coordination with the competent units. 6. Conclusion Based on the foregoing, this Subprocess concludes that the traffic congestion identified in the amparo application is a structural condition associated with the dynamics of urban growth, the concentration of trip-generating activities, and the limitations of the existing road network in the district of La Guácima. In that regard, this is a problem that extends beyond a specific point and results from general territorial conditions, particularly as concerns land use and the location of activities, which are regulated by the bodies responsible for urban planning and territorial planning. It is also determined that the conditions described are not the result of direct intervention in road infrastructure by the Road Management Subprocess, nor do they result from actions attributable to this unit within the scope of its authority. Finally, no omission in the performance of the functions assigned to this Subprocess is evident, since the nature of the problem raised concerns matters whose attention falls to other municipal departments and competent authorities, within the framework of an integrated, interinstitutional approach.’ In addition, a report was requested from Ing. Emerson Bone Moya, and in official letter No. MA-PCFU-1065-2026 dated 23 June 2026, the Coordinator of the Fiscal and Urban Control Process stated as follows: ‘This report is submitted as requested in the referenced official letter and in connection with the amparo application filed by Ms. Nombre11, identity card CED05, processed under case file No. 26-019995-0007-CO. Within the authority of this Process, I state as follows: Regarding Construction: This Process has continuously addressed the complaints filed, conducting periodic inspections of the properties related to the reported facts to verify whether construction work had been carried out without a municipal license. As a result of those actions, the following records were issued concerning property registration PRN02: Record of Completed Work Without a License No. 855-2021, corresponding to the classroom expansion. As part of the administrative follow-up, Record of Completed Work Without a License No. 1732-2026 was issued, and the administrative proceeding is currently underway pursuant to Articles 93 et seq. of the Construction Law. Construction Closure Record No. 1390-2025, for construction of a stormwater box within the educational center’s premises. As follow-up, Record of Completed Work Without a License No. 1730-2026 was issued, and the administrative proceeding is underway pursuant to the applicable regulations. Construction Closure Record No. 1391-2025, for remodeling a residence located on the same property. As follow-up, Record of Completed Work Without a License No. 1731-2026 was issued, and the administrative proceeding is underway. Construction Closure Record No. 1096-2025, for placement of posts and stone material. The corresponding ordinary appeals were filed against that administrative act and were duly handled, decided, and notified. The most recent notice related to those appeals was issued on 28 April 2026, and the file is currently under administrative follow-up. The foregoing shows that this Process has conducted the inspections, control actions, and administrative proceedings within its legal authority, and continues to follow up on the files. Regarding Licenses: As part of its oversight work, this Process prepared Patent Area Notice Slip No. 017797-2025 after verifying that the commercial activity was being carried out on property registration PRN02, whereas the existing commercial authorization related to property registration PRN03. It is also reported that, according to a search of the Municipal System, property registration PRN02 currently has commercial license No. 40552 for the activity of Educational Center. Appeals were filed by the regulated party against that administrative action; they were duly handled, decided, and notified, with the most recent notice issued on 28 April 2026, communicating the decision on the appeal filed. Additionally, in order to follow up on the complaints filed and taking into account the actions concerning construction without a license, this Process requested that the Licenses Activity suspend the commercial license by official letter MA-PCFU-911-2026 dated 02 June 2026; as of the date of this report, no response has been received from that department. Copies of the notices issued are attached, totaling 8 folios.’ Regarding the commercial license argument, a report was requested from MBA Karol Rodríguez Artavia, Coordinator of the Licenses Activity, who stated in official letter No. MA-AP-586-2026, as follows, insofar as relevant: ‘(…) I. II. III. REGARDING COMMERCIAL LICENSE NO. 40552 According to the municipal tax system, the company named 3-101-705574 S.A., corporate identity number 3-101-705574, holds license 40552 to carry out the activity of Educational Center on property PRN02. It was granted under land-use document MA-ACC-070512019 for an allowed educational center. REGARDING COMMERCIAL LICENSE NO. 27952 According to the municipal tax system, the company named 3-101-705574 S.A., corporate identity number 3-101-705574, holds license 27952 to carry out the activity of educational center on property PRN03. Originally, the permitted activity was kindergarten, and it was granted under land-use document MA-PU-US-0223-2012. Subsequently, a change of activity was requested through submission 3824-2019, for an educational center (preschool, elementary school, and high school), which was authorized by resolution 32748-2019 on the basis of land-use document MA ACC-3846-2018. An inspection was conducted by the Fiscal and Urban Control Process on 28 February 2019, indicating that the building was old and met the minimum conditions for operation. ADMINISTRATIVE ACTIONS: a. By official letter MA-A-3846-2025 dated 29 August 2025, the Municipal Mayor’s Office asked the Licenses Activity to provide a report on existing licenses for properties PRN02, PRN03, PRN04. b. By official letter MA-AP-1172-2025 dated 01 September 2025, the Licenses Activity sent the Municipal Mayor’s Office the report requested by official letter MA-A-3846-2026. c. By official letter MA-A-4817-2025 dated 5 November 2025, the Municipal Mayor’s Office asked the Licenses Activity to conduct a comprehensive review of the administrative files for commercial licenses 40552 and 27952 to determine any possible failure to meet essential public-order operating requirements—such as those reported to the Municipal Council concerning construction—and to take steps to impose measures suspending or revoking those licenses. It attached official letters MA-PCFU-1413-2025, MAA-4632-2025, MA-SCM-327-2025. d. By official letter MA-AP-1389-2025 dated 10 November 2025, the Licenses Activity responded to the Municipal Mayor’s Office regarding official letter MA-A-4817-2025, stating as follows: • Article 7(b) of the General Regulation on Commercial Licenses of the central canton of Alajuela provides that a commercial license may be suspended if the premises or part thereof has been built or remodeled without the respective license. • According to the report in official letter MA-PCFU-1413-2025, Record of Completed Work Without a License No. 855-2021 was issued for the classroom expansion carried out on property PRN02. Notice of that record to all co-owners of the property is pending. • According to the report in official letter MA-PCFU-1413-2025, Closure Record No. 1096 2025 was issued for placement of posts and small stones on property PRN02. An appeal is pending a response. Closure Record No. 1096-025 was also issued for placement of posts and small stones on property PRN02. The appeal is pending decision by the Mayor’s Office. • By official letter MA-A-4632-2025 dated 28 October 2025, the Municipal Mayor’s Office informed the Municipal Council that it would promptly decide the administrative appeals concerning construction and that, for notices still pending to property owners regarding records of completed work without a license, it would immediately apply any feasible authorized alternative mechanisms. • As for the other works apparently built without the relevant license and identified in official letter MA SCM-327-2025, the administrative files of the Licenses Activity contain no records duly notified and final that the Fiscal and Urban Control Process has referred to this Activity. • In the undersigned’s view, it is not possible to initiate any process to suspend a commercial license for work constructed without a license until the respective records of completed work or closure have been duly notified and become final. This is to guarantee due process. • All the elements required to proceed under Article 7(b) of the General Regulation on Commercial Licenses of the Municipality of the central canton of Alajuela must be available. However, it appears that construction works at the site have not yet been closed as required by law and reported to this Activity by the competent body. • Commercial license No. 27952 and the change of activity granted by the Licenses Activity for property PRN05 met all requirements in force at the time they were granted. • The records held by the Licenses Activity show that property PRN02 has a record of completed work without a license, No. 8550021, dated 9 December 2021, and Closure Record No. 1096-2025, dated 23 January 2026. Therefore, in the undersigned’s view, commercial license No. 40662 should not have been authorized by Licda. Azalea Arancibia Hernández on 18 March 2025. In this case, although no inspection was being conducted on that date and the interested party’s sworn declaration regarding construction works and the corresponding permits was being used, the proper course was to require submission of the corresponding construction permits, since the existence of closure records and records of completed work without a license was already known. If the requested materials were not provided, the application should have been rejected. • I remain attentive to your instructions. e. By official letter MA-SCM-2161-2025 dated 3 December 2025, Article 6, Chapter IV, of ordinary session 46-2025 of the Municipal Council held on 18 November 2025 was forwarded. f. By official letter MA-AP-1492-2025 dated 8 December 2025, the Licenses Activity informed the Municipal Mayor’s Office, so that it could in turn inform the Municipal Council concerning the agreement contained in official letter MA-SCM-2161-2025, as follows: • Regarding point 3 of the cited agreement: To suspend commercial license 27952, the respective closure records for works built without a construction permit must be notified to all co-owners of the property. • Regarding point 5 of the cited agreement: I respectfully request that the Mayor’s Office decide the appeal filed on this matter, referred to in official letter MA-A-4632-2025 associated with official letter MA-SCM-327-2025. For that reason, the Mayor’s Office was asked to inform this Activity once those points had been resolved so that it could proceed with suspension of commercial license 27952. This is because the Licenses Activity is not the body competent to decide the appeal filed with the Mayor’s Office, nor the body competent to notify construction or closure records—a function belonging to the Fiscal and Urban Control Process under the Basic Organization Manual of the Municipality of Alajuela—nor was it competent to address points 1, 2, 4, and 6 of the Municipal Council agreement. g. To date, the Municipal Mayor’s Office has not informed the Licenses Activity whether the appeal filed against the closure records for work built without a construction permit has been decided. This is essential to initiating the process to suspend the commercial license on the ground provided in Article 7(b) of the General Regulation on Commercial Licenses of the central canton of Alajuela. A license cannot be suspended on the basis of a closure that has not been duly notified or that is not yet final, as provided in Article 171 of the Municipal Code, since an appeal was filed against that act. h. To date, the Fiscal and Urban Control Process has not sent the Licenses Activity any report concerning notification or finality of those closure records. i. The Licenses Activity has received no information from my immediate superior, the Mayor’s Office, the Municipal Police, or the Fiscal and Urban Control Process about any construction without a permit on property PRN03, where commercial license No. 27952 operates. Therefore, in the undersigned’s view, suspension of that license is not appropriate. j. The Licenses Activity was unaware of the Mayor’s Office resolution issued at 16:15 on 9 April 2026 (offered as evidence in case file 26-019995-0007CO), by which the Mayor’s Office dismissed the appeal filed against Closure Record No. 1096-2024. k. To this day, the Licenses Activity does not know whether Record of Completed Work Without a Permit No. 855-2021 is final. l. Submissions No. 48796-2021, 56801-2024, 58290-2024, and 55180-2024 identified in the amparo application were directed to the Fiscal and Urban Control Process, and no outcome was communicated to the Licenses Activity. m. n. According to the municipal tax system, submission No. 49834-2021 does not exist. There are no complaints filed directly with the Licenses Activity, according to the municipal tax system or, the applicant herself says, otherwise. o. The Mayor’s Office did not give me the instructions requested by official letter MA-AP-1389-2025. In light of the foregoing considerations, it is evident that the Licenses Activity did not have the information necessary to carry out the process to suspend commercial license No. 40552. (…) Copies of official letters MA-A-3846-2025, MA-AP-1172-2025, MA-A-4817-2025, MA-AP 13892025, MA-SCM-2161-2025, and MA-AP-1492-2025 are attached.’ The Mayor’s Office, in official letter No. MA-A-2716-2026, signed by Lic. Nombre12, Advisor to the Mayor’s Office, stated as follows: ‘As requested in official letter No. MA-PSJ-0989-2026 from the Legal Services Process regarding the amparo application of Nombre11, case file 26-019995-0007-CO, and acting on the Mayor’s instructions, I report as follows: Regarding the matters reported by the applicant about the operation of the Finland School educational center in La Guácima de Alajuela, various submissions have indeed been made to some municipal departments, each of which will report on the relevant matters in its own report, with information current as of the date of that report and within the scope of its functions. As for the Municipal Mayor’s Office’s own actions to address and follow up on the matter, a summary is provided below: 1- Among the more recent background matters from 2024 onward concerning complaints within its remit, the Administration addressed and responded, by official letter No. MA-A-517-2025 dated 10 February 2025, to those filed with it concerning construction at the site. 2- In turn, based on what the Municipal Council considered and established on the matter in the agreement under Article No. 1, Chapter VI, of session 07-2025, transcribed in official letter MA-SCM-327-2025 following correspondence received concerning the case, the Mayor’s Office issued a status report to the Council in official letter MA-A-4632-2025, reporting information current to October 2025 concerning commercial licenses, the status of existing construction, and stormwater management. 3- Following that report, which the Council considered at ordinary session No. 46-2025 on Tuesday, 18 November 2025—a public session broadcast on social media (Facebook) for the general public and interested residents—the Council, by the agreement under Article No. 6, Chapter IV, of ordinary session No. 46-2025, transcribed in official letter MA-SCM-2161-2025, agreed to ask the Municipal Mayor to: establish the due process for suspension of the commercial license (patent); notify the respective closure records for works built without permits by publication of notices so that all co-owners of the properties would be notified; notify the summary procedure under Article 7 of the general patent regulation, and, if that was not possible, notify by publication of notice; have the Mayor’s Office decide the appeals filed on this matter and referred to in the report in official letter MA-A-4632-2025; and continue legal action under the established procedure so that the regulations in force are applied in full. According to the most recent reports concerning the matters outlined above, and insofar as the reported violations and noncompliance continue, the Administration is currently conducting a final review of the background and coordinating with the relevant departments so that, after satisfying legal requirements such as proper notice to co-owners of the properties concerned and to the license holders, as applicable, it can take the following steps: 1- Initiate administrative proceedings to demolish works built without construction permits, after giving ordinary or substitute notice of the prior acts required by the Construction Law—formal closure, verification of completed work without a license, and noncompliance—and deciding all administrative appeals filed. 2- Complete the final steps and procedure for possible suspension of commercial licenses associated with properties containing construction without municipal permits, all under the Municipality’s general patent regulation. 3- Address the environmental impact situation in coordination with internal departments and entities such as the Ministry of Health. 4- Adopt corrective measures concerning impacts on residents and the relationship with public services.’\n\nTherefore, in light of the foregoing background and the Municipal Council’s last cited agreement, as of this date the Mayor’s Office is coordinating with the relevant departments to carry out the points described, under the conditions explained and for as long as the failure to comply with legal obligations and duties continues and has not been corrected and remedied; all in protection of public order and the rights of the neighbors of the educational center in question.” Lastly, the Director of Infrastructure Planning and Construction, Eng. Roy Delgado Alpízar, was consulted and, by letter No. MA-PPCI-0355-2026, dated 0355-2026, stated as follows: “In response to letter No. MA-PSJ-0989-2026, concerning the amparo proceeding filed before the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), I hereby state the following within this department’s scope of authority: with regard to Municipal Council agreement No. MA-SCM-0327-2025, this Process became aware of it and acted on it in a timely manner by means of the internal referral made by the Directorate of the Infrastructure Planning and Construction Process. Accordingly, by letter MA-PPCI-0206-2025, dated 12 March 2025, the agreement was referred to the Stormwater Drainage Activity so that it could provide a report on whether there were any stormwater discharge applications for parcel PRN06 and adjacent properties. In response to that inquiry, by letter MA-AAP-0299-2025 of 14 March 2025, Eng. Lawrence Chatón Soto, Stormwater Drainage coordinator, states that Stormwater Drainage responded to the Municipal Mayor’s Office by letter No. MA-AAP-0256-2025, a copy of which is attached. In that letter, Eng. Chacón Soto informs the Mayor’s Office that parcel No. PRN15 has no approval for stormwater discharge; he also notes that approval for stormwater discharge is issued for construction with coverage of 500 square meters or more. In addition, Eng. Lawrence Chacón Soto clarifies that the Municipal Council agreement under Article No. 1, Chapter VI of Regular Session No. 07-2025 does not fall within, nor correspond to, the work of the Stormwater Drainage Activity, since the Basic Organization Manual assigns the powers to ‘supervise,’ inspect, and control all for-profit activities, construction processes, and installation of outdoor advertising to the ‘Fiscal and Urban Control Process.’ This letter also clarifies that, more broadly, those powers do not belong to the Infrastructure Planning and Construction Process either, which comprises the Construction Control Activity and the Stormwater Drainage Activity; inspection of works, control of construction works, control of commercial licenses, inspection of signs, and inspection of activities, among other tasks, belong to the Fiscal and Urban Control Process. Likewise, by letter MA-PPCI-0205-2025, dated the same day, the agreement was referred to the Construction Control Activity, requesting information on whether there were construction permits related to the case. That office has not received a response to this letter as of today; however, by letter MA-ACC-3793-2025, the Construction Control Activity reports that the projects under contracts OC-1046818, corresponding to ‘Finland School Expansion,’ and OC-1201898, corresponding to ‘replacement of synthetic turf, installation of posts and perimeter mesh,’ were decided as REJECTED by that municipal department; therefore, they may possibly already have been built and exist on the site, such that, once again, under the Basic Organization Manual, the obligation and duty to act in cases of construction erected without a permit rests with this Municipality’s Fiscal and Urban Control Process (the application rejections are attached). It follows from the above that this Process carried out the relevant administrative steps in response to the agreement, within the scope of its capacity, obligations, and duties as defined by the Basic Organization Manual, channeling the request to the competent technical departments for their respective analysis and response, and for the administrative actions required by law to be taken, without prejudice to any other legal or administrative actions that may be determined in due course.”\n\nBy virtue of the foregoing, it is established that the Municipality has taken multiple steps over the years in response to the complainant’s subjective arguments. Regarding solid waste collection in the area, the technical report issued by the person in charge of that unit makes clear that a report was submitted to the Internal Audit Office stating that “(…) the company contracted by the Municipality of Alajuela to provide ordinary solid waste collection services does not use that type of motor vehicle, since they are not suitable for the service. It should also be noted that the truck shown in the photograph bears no lettering linking it to the collection company, and the date shown in the photograph is Monday 26/01/2026, a day on which collection is not provided at that location. Letter No. MA-AGIRS-458-2026 is attached,” thus establishing that it was not a Municipal truck that entered private property to collect waste, as the complainant subjectively alleged: “(...) She also states that the videos provided show the municipal nontraditional waste collection truck picking up garbage bags on a public road and entering the educational center to remove construction debris from works she considers to have been carried out without a permit (…).”\n\nWith respect to environmental matters, the Environmental Management unit stated in its technical report that, at the system level, “(…) there is no record of environmental-harm complaints concerning the Finland School educational center having been received or assigned to this department. Nor is there any record of complaints having been received or referred through institutional communication channels, or through the MINAE Environmental Comptroller’s Integrated Environmental Complaint Processing and Assistance System, or from any other government entity (Ministry of Health, SINAC, or similar entities) (…).” The Environmental Management Department has also received no applications for earthworks (movimientos de tierra) on the indicated parcels, much less requests for technical opinions in that regard. It must be borne in mind that, with respect to earthworks, the Environmental Management Department does not issue permits; it is limited to issuing environmental opinions and/or recommendations, since it verifies whether there is an existing environmental feasibility approval or a need to obtain one, depending on the project’s volume or area (see attached evidence).\n\nIt is important to mention that noise pollution is not within municipal jurisdiction, since the Ministry of Health is responsible for handling complaints, reports, or applications related to such problems. The complainant’s arguments therefore show a clear lack of understanding of how this Municipality operates internally and of the internal administrative procedures to be followed, which are consistent with legal requirements and must comply with the law and with our areas of authority.\n\nAs to the complainant’s statement that “(…) since 2021, together with other neighbors, she has filed multiple complaints with the Municipality and the Municipal Council of Alajuela concerning construction … stormwater drainage works, flooding (…)”, those arguments are untrue, since, according to the Stormwater Drainage Department and a review of the application system, “(…) no application has been filed under the name of Ms. Nombre11, identity card CED02, lodging complaints or any kind of grievance concerning situations caused by stormwater (…).” According to the report issued by the professional in charge of the Stormwater Drainage Activity, there are no applications, complaints, or requests relating to the “problems” identified by the complainant from “(…) Nombre02, Erick Sánchez Monge, Ana Rojas Calvo, Juan Luis Jiménez Chacón, Nombre09, Nombre17, Damaris Herrera Zamora, Nombre26, Nombre15, Nombre05, Nombre01, Nombre23, Nombre20, Nombre07, Nombre11, Nombre06, Nombre21, Nombre10, Nombre25, Nombre13, Nombre27, Nombre03, Nombre24, Nombre04, and Nombre16 (…).”\n\nAccording to the Integrated Customer Service System, one request by Ms. Nombre14 is recorded (1590-2017), and it was addressed; however, it is unrelated to the situation described in the amparo application, and it dates from 2017. As for Ms. Nombre19, she filed application No. 56797-2024, to which a proper response was provided by letter No. MA-AAP-0208-2025 (see evidence submitted).\n\nRegarding the complainant’s statement concerning “stormwater discharge,” the technical opinion issued by the Stormwater Drainage Activity records three separate applications:\n\n• Application No. 21613-2025: It was addressed by letter No. MA-AAP-0423-2025, which stated that certain requirements had not been met; it was therefore rejected by letter No. MA-AAP-1193-2025 because the required conditions had not been satisfied.\n\n• Application No. 50752-2025: It was addressed by letter No. MA-AAP-1372-2026, which stated that certain requirements had not been met. It was therefore rejected by letter No. MA-AAP-0127-2026 because the land-use approval issued by the Municipality of Alajuela was not submitted; digitally signed stormwater design plans prepared by a qualified professional in the relevant field were also not provided; no stormwater management plan using retention ponds, tanks, or other structures permitting controlled stormwater discharge was submitted; the surface runoff coefficient data were not corrected; and the situation concerning parcels No. CED03 PRN13 and whether there is a stormwater easement benefiting parcel No. PRN14 was not clarified.\n\n• Application No. 28626-2026: It was addressed by letter No. MA-AAP-491-2026 and approved by letter No. MA-AAP-0621-2026, having met all requested technical requirements according to the technical opinion issued.\n\nIt is very important to clarify the following regarding the applications identified in the referral document:\n\n• Application No. 48796-2021 (…) That application was duly addressed by letter No. MA-PCFU-2231-2021, “NOTIFIED/INTERESTED PARTY Nombre22,” according to the Municipality’s Application System.\n\n• Application No. 49834-2021: The Integrated Customer Service System contains no record of any application, complaint, or request under that number; we therefore do not know why it was included in the referral document for this proceeding.\n\n• Application No. 56801-2024 (…) That application was duly addressed by letter No. MA-PCFU-1948-2024, and notice was sent to email ...05, according to the Municipality’s Application System.\n\n• Application No. 58290-2024: (…) That application was duly addressed by letter No. MA-PCFU-055-2025, and notice was sent to email ...05, according to the Municipality’s Application System.\n\n• Application No. 55180-2024: (…) That application was duly addressed by letter No. MA-PCFU-1807-2024, and notice was sent to the email addresses ...03, ...01, ...04, and ...06, according to the Municipality’s Application System.\n\nIt is established that all applications filed with the Municipality have been addressed and duly answered to the interested parties.\n\nBy letter No. MA-ACC-1329-2026 dated 23 June 2026, signed by Architect María José Zamora Castro, Coordinator of the Construction Control Activity, the following was stated: “The educational center known as Finland School is located mainly on parcel registered under title PRN07, cadastral plan A-1448026-2010, where the kindergarten is currently located. The property registered under title PRN07 has an approved construction license resolution under letter No. MA-SPU-PA-0188-2012 (attached) for construction of a daycare center and kindergarten, as well as a land-use resolution for the location and endorsement of a commercial license, letter No. MA-ACC-03846-2018 (attached). Applying Article 28 of PRUA 2004 and letter No. MA-SCM-1260-2017 (attached), it is granted the characteristics of the Community Institutional zone located in front of the property, permitting educational-center activity (preschool, school, and high school) on the aforementioned parcel. As for the property registered under title PRN02, cadastral plan A-0049854-2024 (amending plan A 0017212-1973), where the Finland School educational building, corridors, multipurpose court, and other facilities are currently located, I inform you that our records show several land-use applications, including construction uses and commercial-license endorsements; however, through resolutions under letters Nos. MA-ACC-US-704-2025, MA-ACC-07061-2019, and MA-ACC-US-5369-2024 (attached), requests for information for an educational center are permitted. For the land use of the aforementioned property, applying Article 193 of PRUA, it is granted the conditions of the zoning for MIXED SERVICES, DISTRICT URBAN CENTERS, permitting educational-center activity on the property.\n\n“As of today, the projects are:\n\n“Project 1: OC 1046818, Finland School Expansion (PRN02), remains in the Municipal APC system with the application status REJECTED since last 27 February (attached).\n\n“Project 2: OC 1201898, replacement of synthetic turf, installation of posts and perimeter mesh (PRN02), remains in the Municipal APC system with the application status REJECTED since last 27 February (attached).\n\n“As of today, projects OC CED04 OC 1201898 are in REJECTED status and have not been resubmitted with the required corrections to the grounds for rejection in the Municipal APC system for a new review.\n\n“With respect to other applications, the integrated municipal system identifies the following for parcel PRN02:\n\n“- Application for endorsement, APPROVED, letter No. MA-ACC-V-1506-2025 (attached)\n\n“- Application for land-use approval for construction of an educational center, APPROVED, letter No. MA-ACC-US 704-2025 (attached)\n\n“- Application for land-use approval for a license and location endorsement for EDUCATIONAL CENTER, PRESCHOOL, PRIMARY SCHOOL, HIGH SCHOOL, APPROVED, letter No. MA-ACC-US-5369-2025 (attached).”\n\nRegarding the allegations concerning roads, the responsible department was consulted, and according to the technical opinion issued, that department is responsible under the Municipality of Alajuela’s Basic Organization Manual for guiding the planning, conservation, and improvement of the cantonal road network. Its responsibilities are therefore based on technical analysis of road infrastructure and the formulation of proposals for its development, maintenance, and optimization. Operational traffic matters, supervision of parking on public roads, and immediate control of vehicle flow are outside that department’s responsibilities.\n\nIt must also be understood that traffic congestion in the area is part of a structural problem affecting the La Guácima district generally, so in our view it is inappropriate to attribute the problem exclusively to that commercial activity. Nevertheless, the road network in the area appears at first glance to have limited alternative routes for adequately dispersing traffic, particularly during periods of high demand. This is a structural condition that limits the existing network’s ability to respond to temporary increases in traffic, causing congestion at certain points. It is important to mention that there is no record of formal requests to the Road Management Department for road-infrastructure improvement works or structural interventions on the indicated stretch, nor has any road-engineering project directly associated with the operation of the aforementioned establishment been submitted to that Subprocess. We therefore consider that there has been no omission or inaction by the Municipality on this matter, since the situation raised does not result from an intervention attributable to the responsible department, nor has it been the subject of a specific request requiring direct attention in terms of road works or design.\n\nAs for construction carried out in the area, the Fiscal and Urban Control Process has conducted site inspections to verify whether construction works were carried out without a municipal license, and prepared various records for parcel registered under title PRN02:\n\n✓ Record of Information Regarding Completed Work without a License No. 855-2021, concerning the expansion of some classrooms. Record of Completed Work without a License No. 1732-2026 was issued; the administrative proceeding is currently pending under Articles 93 et seq. of the Ley de Construcciones.\n\n✓ Construction Closure Record No. 1390-2025, concerning construction of a stormwater box within the educational center’s premises. Record of Completed Work without a License No. 1730-2026 was issued; the administrative proceeding is pending under the applicable regulations.\n\n✓ Construction Closure Record No. 1391-2025, concerning renovation of a dwelling located on the same parcel. Record of Completed Work without a License No. 1731-2026 was issued; the administrative proceeding is pending.\n\n✓ Construction Closure Record No. 1096-2025, concerning placement of posts and aggregate material. The corresponding ordinary appeals were filed against that administrative act and were duly addressed, decided, and notified. The last notice concerning those appeals was issued on 28 April 2026, and the case file is currently under administrative follow-up.\n\nIt is established that the Fiscal and Urban Control Process has conducted inspections, control actions, and the relevant administrative proceedings, and has continued to follow up on the case files to date. Even with respect to actions relating to the commercial license, it is important to mention that Commercial Licenses Area Notice Form No. 017797-2025 was prepared after it was established that the commercial activity was taking place on the property registered under title PRN02, while the existing commercial authorization applied to the property registered under title PRN03. This shows that the Municipality acted in accordance with the law well before this proceeding was filed and notice of it was given.\n\nBased on the notices issued, the parties administered filed the respective appeals, which were duly addressed, decided, and notified. The last notice was issued on 28 April 2026, communicating the decision on the appeal filed. It should also be noted and reiterated that, by letter No. MA-PCFU-911-2026 dated 02 June 2026, the Fiscal and Urban Control Process asked the Commercial Licenses Activity to suspend the commercial license, based on its follow-up of previously filed and addressed complaints.\n\nAccording to the technical opinion issued by Infrastructure Planning and Construction, the Construction Control Activity reported by letter No. MA-ACC-3793-2025 that the projects under contracts OC-1046818, corresponding to “Finland School Expansion,” and OC-1201898, corresponding to “replacement of synthetic turf, installation of posts and perimeter mesh,” were decided as rejected by that municipal department. In light of the foregoing, it is important to state and reiterate that this shows a clear lack of understanding of the internal administrative procedures to be followed in this Municipality, procedures that comply with legal requirements and must be lawful for all citizens. The Municipality cannot disregard the procedures established by law, and the processes and deadlines to which both parties are entitled must be respected.\n\nIn this matter, the complainant cannot even claim that she has not received a response or that there has been an omission by the Administration. Rather, perhaps the complainant’s disagreement with the terms of the follow-up provided by the Municipality does not, by itself, impair the aforementioned guarantee. That conduct is entirely tied to legality, and the complainant is clearly mistaken. In any event, the evidence submitted confirms the Municipality’s statements and establishes that its conduct has been effective and prompt.\n\nIn light of the foregoing, it is very important to mention that the complaints filed in this particular case have been processed fully. It is also established that, before this amparo was filed, multiple applications had already been addressed and answered, and the corresponding notices had been issued (see attached evidence). The complainant’s assertions that the problems occurring at that location resulted from some form of negligence or omission by this Municipality are not accepted.\n\nHowever, in this specific case, it is appropriate to recall Article 27 of the Constitución Política. The evidence shows that the right of petition under Article 27 of the Constitución Política has always been respected. That right refers to every citizen’s ability to address, in writing, any public official or official entity to raise a matter of interest to them. The guarantee is complemented by the right to receive a prompt response, but the latter does not mean that the response must be favorable. The constitutional right guarantees the right to petition, not the right to obtain what is requested, as in the complainant’s case, even though the public official must decide in strict accordance with the law. The freedom to petition is based on another principle: the Administration may not restrict the governed in their right to address public bodies.\n\nIn light of the foregoing, it is very important to state that all requests made to this Municipality have been duly processed (see attached evidence). We reiterate, however, that this case reflects a clear lack of understanding of the procedures established by law. The Fiscal and Urban Control Department has carried out the procedure required by law for years in specific cases such as this, establishing that these matters are not left to the Administration’s whim. Nor is it true that the Municipality has failed to take action on the matter, since the evidence once again shows that the Administration carried out the work falling within its authority, including preparation of the relevant records.\n\nAccordingly, this Municipality considers the amparo application inadmissible, since the Administration carried out the work falling within its authority and must comply with the actions, procedures, and legal time limits applicable to proceedings of this kind, while also respecting the right of defense and the appeals or actions interested parties may bring within the established proceeding. We consider there to have been no omission or inaction by the Municipality; rather, as we reiterate, this shows a clear lack of understanding of the internal administrative procedures to be followed in this Municipality, procedures consistent with the relevant legal requirements and respecting the authority of each of the entities concerned. It is established that the Municipality of Alajuela acted diligently and carried out the work within its authority. Nevertheless, we reiterate that the complainant filed the amparo proceeding to cause confusion and thereby have the Municipality condemned, even though it is carrying out all relevant steps and actions almost immediately—and, we reiterate, even before this proceeding was filed—as confirmed by the evidence submitted by the Municipality itself. On the basis of the foregoing, we consider the complainant to have acted in bad faith by filing an amparo application in the terms set out.\n\nIn light of the foregoing, this Municipality considers that it has acted in accordance with the regulations in force and that there has been no inaction or violation of constitutional rights. Nevertheless, we consider that the complainant filed this application in an attempt to discredit the information provided in her filing; the Municipality, however, acts within the scope of its authority. In light of the foregoing, this Municipality considers that it has acted in accordance with the regulations in force and that there has been no inaction or violation of constitutional rights. It appears, however, that her aim is to have the Municipality condemned even though it has done what the law requires, always in compliance with applicable legislation and regulations. On that basis, we request that the amparo application be dismissed in its entirety.\n\n4.- According to a certificate prepared by the judicial technician and the acting secretary, both of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), they state: “upon review, at 14:39 on 1 July 2026, of the document-control system for received documents and this case file in the Costa Rican judicial case-management system, no record appeared showing that, from 25/06/2026 to 29/06/2026, the PRESIDENT OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE MUNICIPALITY OF ALAJUELA had filed any written submission or document to provide the report requested in the ruling issued at 22:24 on 15 June 2026, in case file number 26-019995-0007-CO, which is an amparo proceeding brought by Nombre01”.\n\n5.- By a written submission entered into the electronic case file on 21 July 2026, Jorge Arturo Campos Araya, in his capacity as president of the Municipal Council of Alajuela, reported as follows: “In light of the facts presented by the applicant, it is important first to determine which of the challenged actions depend on the exercise of specific powers of the Municipal Council under Article 13 of the Municipal Code or another special rule granting that body decision-making authority or direct involvement in the situation described. I will state at the outset that the subject matter identified falls exclusively within the Municipal Administration, under the direction of the head of the Municipal Mayor’s Office, in its capacity as Active Administration and by virtue of the powers conferred by section 17 of the Municipal Code. The Administrative Litigation Court has repeatedly held that the Municipal Code—in force since 1998—established a framework in which the Municipal Council and the Municipal Mayor’s Office are the highest authorities within their respective areas of competence. This is evident in Resolution 394-2024, issued at 17:54 on 19 January 2024, which stated: ‘Note that the Municipal Government is a “two-headed entity” composed of a deliberative body and an executive body. The following quotation is relevant to understanding this subject: “In creating territorial governments, the constitutional framers expressly established their composition, stating that each would be ‘formed by a deliberative body, composed of popularly elected municipal council members (now called the Municipal Council), and an executive official to be designated by law (now called the Mayor or Mayoress)’ (O.E. La Municipalidad en Costa Rica, second edition edited and updated by J.L. and Aldo Milano, S.J., Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, pp. 292 and 293).”’ Along the same lines, Resolution No. 270-2020 of the Administrative Litigation Court, issued at 11:40 on 29 April 2020, reinforces the functional distinction between the collegial body and the Municipal Mayor’s Office: ‘At the cantonal level, this Chamber has already examined in depth the concept of the Diarchy: Mayor’s Office–Municipal Council, an administrative organizational model in which each municipal corporation has two bodies at its hierarchical summit, neither subordinate to the other. There is a relationship of administrative coordination between them. In addition to the foregoing, it is important here to specify that the organizational framework referred to entails not only the existence of two bodies that each have the status of the highest hierarchical authority, but also the existence of two administrative structures, with procedural channels that are generally autonomous from one another, interacting only in circumstances expressly regulated by the legal system.’ In light of the foregoing, it should be recalled that municipal government has a two-headed organizational structure, made up of the Municipal Council and the Mayor’s Office, whose areas of competence are distinct, though complementary, and subject to coordination and reciprocal oversight. In this context, the Municipal Council is the collegial, deliberative, and representative body of local government, while the Mayor’s Office performs executive and administrative functions, together with the departments that make up the Active Administration. Accordingly, although the Municipal Council must consider matters submitted to it and adopt appropriate resolutions within the scope of its powers, it is not responsible for directly carrying out the material tasks of inspection, oversight, administrative policing, closure, initiation of sanctioning proceedings, material actions, or resolution of the administrative complaints referred to in this amparo application. This delimitation is particularly relevant because the situations described by Ms. Nombre11 relate mainly to handling complaints, verifying works allegedly carried out without a municipal permit, controlling for-profit activities, overseeing business licenses, inspecting stormwater drainage systems, and potentially adopting closure or sanction measures. By their nature, all of these actions fall within the remit of the Active Administration and the competent municipal administrative and technical departments, without prejudice to the political direction, deliberation, oversight, and adoption of resolutions that fall within the Municipal Council’s powers. Notwithstanding this allocation of powers, with specific regard to the Municipal Council of Alajuela, it is denied that this collegial body acted by omission or neglected the efforts related to the situation at the Finland School educational center, located in the district of La Guácima. On the contrary, the documents submitted to the case file by the applicant herself show that the Municipal Council formally considered the reports submitted by the Mayor’s Office and adopted an express resolution urging the Municipal Administration to continue and carry out the actions needed to address the reported situations, within the scope of its powers and in strict observance of the principle of legality, due process, and the right of defense of the persons involved. In particular, by Article No. 6, Chapter IV, of Ordinary Session No. 46 2025, held on 18 November 2025 and communicated by Official Letter No. MA-SCM-2161-2025, the Municipal Council considered Official Letter No. MA-A-4632-2025 from the Municipal Mayor’s Office, concerning the situation and circumstances of the educational center in question. The report submitted to the Collegial Body for consideration incorporated and assessed, among other technical and administrative background materials, Official Letter No. MA-PCFU-1413-2025 from the Fiscal and Urban Control Process, Official Letter No. MA-AP 1172-2025 from the Licensing Activity, Official Letter No. MA-AAP-1234-2025 from the Stormwater Sewer Activity, and Official Letter No. MA-ACC-4830-2025 from the Construction Control Activity. On the basis of those materials, the Municipal Council approved, with eleven votes in favor and on a final basis, a substantive motion accepting the report submitted by the Municipal Mayor’s Office concerning the Finland School educational center and requesting that the Municipal Mayor, in observance of due process and in accordance with the technical reports issued, proceed as provided in the General Regulation on Commercial Licenses for the Central Canton of Alajuela with respect to the educational center in question. It also requested proper service of the closure records corresponding to the works allegedly built without a municipal permit, including by publication of a notice if legally appropriate; requested that the educational center be physically and directly notified of the commencement of the corresponding summary proceeding concerning commercial licenses or, if that was not possible, by publication of a notice; urged the Municipal Mayor’s Office to resolve the pending administrative remedies in accordance with law and as soon as possible; and requested continuation of all relevant legal actions to ensure full application of the regulations in force. The resolution was addressed to the Municipal Mayor, in his capacity as head of the Active Administration, and communicated, among others, to Ms. Nombre11 herself. This circumstance shows not only that the Municipal Council knew of the matter and adopted an express decision, but also that the applicant was informed of the actions agreed upon by the collegial body. It follows unequivocally from the foregoing that the Municipal Council did not remain inactive in the face of the reported facts. On the contrary, it formally considered the matter, examined the reports prepared by the competent administrative departments, and adopted a resolution intended to promote continuation of the necessary administrative and legal actions. From the perspective of constitutional law, a rights-violating omission cannot be found where the respondent authority has taken a specific, verifiable action within the scope of its powers, precisely aimed at advancing the response to the problem raised. In this regard, the amparo application itself acknowledges the existence of a final Municipal Council resolution requesting that the Mayor’s Office continue the administrative proceedings, carry out the closures, commence actions related to commercial licenses, and adopt any other appropriate legal measures. That acknowledgment is incompatible with the assertion that the collegial body neglected the matter or committed an absolute omission, since the submitted documents show that the Council exercised the powers granted to it by the legal system and referred to the Active Administration the measures whose material implementation falls within the latter’s remit. Inspection, oversight, notification, closure, resolution of remedies, initiation of sanctioning proceedings, and any suspension or cancellation of commercial licenses fall within the competence of the administrative departments concerned and must be carried out in accordance with the principle of legality, due process, and the right of defense. Accordingly, legal responsibility arising from any delay, insufficiency, or failure to carry out those actions materially could be attributed only to the body or department legally empowered to carry them out, after the specific circumstances of the case have been verified. It would not be legally admissible to hold the Municipal Council responsible for failure to carry out material acts or proceedings whose initiation, resolution, and fulfillment do not fall within its sphere of competence. On the basis of the foregoing, there is no indication that the Municipal Council of Alajuela violated the applicant’s right to petition and prompt response, the right to a healthy and ecologically balanced environment, or any other fundamental right of the applicant. The documentary evidence establishes that the collegial body learned of the reported situation, examined the report submitted by the Municipal Mayor’s Office and the related technical background materials, adopted an express resolution on the matter, requested that the Administration continue the proceedings and adopt the legally appropriate measures, and communicated the resolution to the applicant herself. Consequently, far from showing conduct by omission, the case file establishes that the Municipal Council took specific and affirmative action intended to advance the Active Administration’s response to the reported situations and continuation of the corresponding proceedings. The conduct of the collegial body is consistent with its powers and shows that it took the measures legally available to it, without being able to substitute for the Mayor’s Office or the technical departments in the material implementation of the ordered actions. The fact that the applicant considers the administrative actions subsequently taken to be insufficient, delayed, or ineffective does not automatically permit that disagreement to be attributed to the Municipal Council or an omission contrary to the Constitution imputed to it. To establish a violation of fundamental rights attributable to a particular authority, there must be a link between the challenged conduct, the powers assigned to that authority, and the right alleged to have been violated. In this case, that link is not established with respect to the Municipal Council, since it considered the matter, adopted a resolution aimed at addressing it, and requested that the Active Administration implement the corresponding measures. For the reasons set out above, it is respectfully requested that this amparo application be dismissed in its entirety insofar as it concerns the actions of the president and the Municipal Council of Alajuela, since it has been shown that the collegial body did not act by omission or, by act or omission, violate any of the fundamental rights invoked by the applicant. COUNTER-REQUEST Respectfully, in accordance with the facts and law set out above, I request: • That this amparo application be dismissed in its entirety with respect to the powers exercised by the Municipal Council, since no fundamental right was violated.”\n\n6.- The legal requirements have been observed in the proceedings conducted.\n\nJustice Rueda Leal drafts the opinion; and,\n\nConsidering:\n\nI.- Preliminary matters. Before analyzing the merits of the case, it should be clarified that, beginning with judgment No. 2008002545, issued at 8:55 on 22 February 2008, this Chamber has referred cases to the administrative-litigation jurisdiction—with some exceptions—where the issue is whether the public administration has complied with the time limits established by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative proceedings, to issue a final decision in an administrative proceeding—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the applicable administrative remedies. The present case falls within an exception, since it concerns an environmental complaint that is alleged not to have been resolved within a reasonable time. That point having been clarified, the specific situation challenged in this amparo is now to be resolved.\n\nFurthermore, given that the president of the Municipal Council of Alajuela failed to respond to the notice within the time limit set by this Court in the order initiating the present case, the application is to be decided in accordance with Article 45 of the Constitutional Jurisdiction Act, taking into account the evidence in the record.\n\nII.- Subject of the amparo application. The applicant alleges that she has filed multiple complaints with the Municipality of Alajuela concerning construction, earthworks (movimientos de tierra), stormwater sewer works, flooding caused by the sewer system, extensions, operations, noise pollution, road collapses, private activities on weekends, and other matters relating to the educational center known as Finland School, located in La Guácima, Alajuela. She alleges that the reported facts involve possible construction without permits, earthworks, stormwater discharge works, lack of technical approval for stormwater discharge, illegitimate operation of an educational center, and possible impacts on neighbors, public roads, drainage systems, waterways, community safety, and even the center’s students and staff. She states that, despite the existence of technical reports, closure records, rejected construction projects, lack of approval for stormwater discharge, and final resolutions of the Municipal Council, the necessary actions to protect the neighbors’ fundamental rights have not been carried out effectively, promptly, and comprehensively. She considers that the prolonged administrative omission, contradictory responses, errors acknowledged by the Administration itself, and failure to effectively implement corrective measures violate her fundamental rights.\n\nIII.- Facts found. The following facts are considered duly established and relevant to the decision in this case:\n\na) On 11 February 2025, the applicant sent a written submission addressed to the Municipal Council of Alajuela, stating the following: “I, the undersigned, Nombre11, in my capacity as a lawyer and notary, hereby report and bring to your attention the legal irregularities, and irregularities concerning construction permits, business licenses, and health permits, of which we have been informed and which are present at the FINLAND SCHOOL kindergarten, elementary school, and high school, located in La Guácima, Alajuela. First: The Municipality has informed us that it does not have and has never had a construction permit for the building that today houses students at different academic levels. Second, the license authorizing the educational activity is only for one of the properties occupied by the school, and not for the other 2 properties on which the buildings are located. Third: There are inquiry requests before the Municipality of Alajuela, Nos. 56801 2024 and 55180-2024, and/or 58290-2024 before the Fiscal and Urban Control Process. Property No. 0189094, with cadastral identifier PRN16, is part of the Finland School Educational Center, and property No. PRN14, with cadastral identifier PRN16, is also part of the Finland School Educational Center, where illegal construction is taking place. Engineer Emerson Bone Moya states that they have not had and do not have construction permits, according to Official Letter MA-PCFU 067-2025 (MA-A-56-2025). The photograph appearing on folio 2 of Official Letter MA-PCFU-067-2025 (MA-A-56-2025) shows construction of an illegal sewer pipe; it does not show the construction being carried out illegally. Fourth: The photographs and videos we submitted clearly establish that, at the site, during the numerous visits by municipal officials, who prepared different reports, some said there was earthwork but that it was required to comply with a constitutional order, that they were building a court that had been destroyed by sewer construction; others said nothing could be seen, and others said there was a permit to extend classrooms. None of this is acceptable despite their saying they could not enter. It is evident, public, and in broad daylight, both to the neighbors and to me as a lawyer and notary, who witnessed the taking of photographs and videos, many of which I took myself, that classrooms, courts, and infrastructure are being built for use by Finland School WITHOUT PERMITS. Fifth: It should also be added that one of the properties used by this school houses a dog kindergarten called ANIMAL FANTASY, which does not have organic waste management and operates in full view of the Municipality. Machinery enters through this site to remove earth and bring in materials such as cement, glass, and others. There is also an administrative proceeding concerning the extension of classrooms under Record of Completed Works without a License No. 855-2021. This leaves us wondering whether the owner of the property, where construction is taking place illegally, intends to follow the same procedure, build and have it declared a ‘completed work without a license’ (Record of Completed Works without a License No. 855-2021), so that the Municipality cannot do anything—in other words, to seek forgiveness instead of permission. Sixth: Today, by Official Letter No. MA-A-517-2025, and after sending several official letters requesting a response to the Revocation Remedy with Appeal, they responded by Official Letter MA-PCFU-177-2025, in which they state that, by mistake, they replied using another template, Official Letter MA-PCFU-055-2025; and they granted the remedy by Official Letter No. MA-PCFU-157-2025. Seventh: Even more concerning, we never received Official Letter MA-PCFU-157-2025, much less Official Letter MA-PCFU-158-2025 (WITH THE CORRECT INFORMATION), and this letter cannot be a response to the remedy, since note the date: the alleged closure took place on 23 January 2025, whereas the date shown is 18 December 2024. It purportedly responds to each of the grounds of the remedy in file No. 58290-2024. Eighth: This case is serious because HOW CAN THE MUNICIPALITY ENSURE THAT THE FINLAND SCHOOL KINDERGARTEN, ELEMENTARY SCHOOL, AND HIGH SCHOOL CONSTRUCTION IS SAFE, and how much will the illegal sewer increase the flow into the Rio Segundo? Ninth: The Ministry of Education is already aware of these complaints. We demand a response both to the remedy and to the points discussed at the meeting with Nombre18 and Nombre12, as recorded in Official Letter MA-A-332-2025. Tenth: We request a thorough inspection. Ms. Nombre08 is making her property, which borders the illegal construction, available so that officials can enter and verify everything reported. Compliance should be required with the Regulation for the construction control of civil works and imposition of sanctions in the Central Canton of Alajuela. Summary of the unlawful acts: 1. Construction without construction permits. 2. Sewer construction without permission from the Municipal Council. 3. No land-use authorization for stormwater discharge and construction of such a large building (Property PRN04 and PRN03, PRN08, Identificacion01 2010). 4. No SETENA studies for stormwater discharge (Property PRN04 and PRN03, PRN08, Identificacion01-2010). 5. The municipal business license granted is not for the activity being carried out. 6. Possible pollution and/or danger: a dog kindergarten next to FINLAND SCHOOL. For notices, email ...02” (see report and evidence submitted).\n\nb) At ordinary session No. 07-2025 on 18 February 2026, the Municipal Council of Alajuela gave the applicant a hearing so that she could present her complaint. After her statement, it was determined: “IT IS RESOLVED TO REFER THE DOCUMENT SIGNED BY LICDA. Nombre11 TO THE MUNICIPAL ADMINISTRATION SO THAT, WITHIN 10 DAYS, IT MAY PROVIDE A REPORT ON THE ACTIONS TAKEN AND THE ACTIONS TO FOLLOW” (see report and evidence submitted).\n\nc) By Official Letter MA-SCM-04632-2025 dated 28 October 2025, the Municipal Mayor’s Office addressed the situation and circumstances of the educational center, as follows: “(…) As is apparent from the updated reports cited, the situation to date may be summarized as follows:\n\n1- The objective difficulties faced by the specific department (PCFU) in serving all current owners with the various records concerning the lack of construction permits, as required by the applicable regulations, are confirmed. In addition, some control measures that could be carried out have been challenged, and the subsequent appeals must be resolved promptly. These matters must be addressed, including by resorting to feasible alternative or supplemental measures—such as service by publication of a notice—in order to continue the applicable sanctioning proceedings, including the more extensive measure of demolition.\n\n2- The construction permit applications submitted by the property owners to Construction Control at the beginning of the year have been rejected.\n\n3- The facilities of the educational center in question (on property PRN01) do not have approval for stormwater discharge from the competent department.\n\n4- The Licensing Activity’s records show the following relevant commercial licenses: No. 27952 for a preschool, elementary school, and high school educational center on property PRN09; and license No. 40552 for an educational center on property PRN10.\n\nIn light of the foregoing, the Administration will immediately proceed to apply whatever authorized alternative mechanisms are feasible—such as publication of notices—to notify all owners responsible for construction without a permit. It will also verify the status of the commercial licenses against the background, situation, and current operating conditions of the activities, for possible suspension or cancellation of those licenses, and will promptly resolve the pending administrative remedies concerning construction and commercial activity. As for the Council’s own powers, it is considered that, by resolution, it may communicate—or confirm with—the Ministry of Public Education the full current situation of irregularity at this educational center, so that the Ministry may take appropriate action within its powers under the applicable legal and administrative framework and its supervisory authority” (see report and evidence submitted).\n\nd) By resolution No. 6, Chapter IV, of ordinary session No. 46-2025, held on 18 November 2025, the Municipal Council of Alajuela considered the Mayor’s report and determined: “(…) IT IS RESOLVED TO RETURN OFFICIAL LETTER No. MA-A-4632-2025 FROM THE MUNICIPAL MAYOR’S OFFICE SO THAT THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 90 BIS OF THE MUNICIPAL CODE MAY BE MET” (see report and evidence submitted).\n\ne) The order initiating the amparo proceeding was served on the parties on 24 June 2026 (see notice of service).\n\nf) The Mayor’s Office of Alajuela reported that the Fiscal and Urban Control Process carried out site inspections to verify whether construction works had been carried out without a municipal license, and that various records were made for property registration PRN02, as follows: “✓ Information Record of Completed Work without a License No. 855-2021, concerning the extension of some classrooms. Record of Completed Work without a License No. 1732-2026 was issued, and the administrative proceeding is currently pending under Articles 93 et seq. of the Construction Law. ✓ Construction Closure Record No. 1390-2025, for construction of a stormwater box on the educational center’s premises. Record of Completed Work without a License No. 1730-2026 was issued, and the administrative proceeding is pending under the applicable regulations. ✓ Construction Closure Record No. 1391-2025, for remodeling a residence located on the same property. Record of Completed Work without a License No. 1731-2026 was issued, and the administrative proceeding is pending. ✓ Construction Closure Record No. 1096-2025, for installation of posts and stone material. The corresponding ordinary remedies were filed against that administrative act and were duly addressed, decided, and served. The latest notice concerning those remedies was served on 28 April 2026, and the case file is currently under administrative follow-up” (see report submitted under oath).\n\nIV.- The specific case. In the present case, the applicant alleges that she has filed multiple complaints with the Municipality of Alajuela concerning construction, earthworks, stormwater sewer works, flooding caused by the sewer system, extensions, operations, noise pollution, road collapses, private activities on weekends, and other matters relating to the educational center known as Finland School, located in La Guácima, Alajuela. She alleges that the reported facts involve possible construction without permits, earthworks, stormwater discharge works, lack of technical approval for stormwater discharge, illegitimate operation of an educational center, and possible impacts on neighbors, public roads, drainage systems, waterways, community safety, and even the center’s students and staff. She states that, despite the existence of technical reports, closure records, rejected construction projects, lack of approval for stormwater discharge, and final resolutions of the Municipal Council, the necessary actions to protect the neighbors’ fundamental rights have not been carried out effectively, promptly, and comprehensively. She considers that the prolonged administrative omission, contradictory responses, errors acknowledged by the Administration itself, and failure to effectively implement corrective measures violate her fundamental rights.\n\nIn this regard, the facts found show that on 11 February 2025, the applicant sent a written submission addressed to the Municipal Council of Alajuela, stating the following: “I, the undersigned, Nombre11, in my capacity as a lawyer and notary, hereby report and bring to your attention the legal irregularities, and irregularities concerning construction permits, business licenses, and health permits, of which we have been informed and which are present at the FINLAND SCHOOL kindergarten, elementary school, and high school, located in La Guácima, Alajuela. First: The Municipality has informed us that it does not have and has never had a construction permit for the building that today houses students at different academic levels. Second, the license authorizing the educational activity is only for one of the properties occupied by the school, and not for the other 2 properties on which the buildings are located. Third: There are inquiry requests before the Municipality of Alajuela, Nos. 56801 2024 and 55180-2024, and/or 58290-2024 before the Fiscal and Urban Control Process. Property No. 0189094, with cadastral identifier PRN16, is part of the Finland School Educational Center, and property No. PRN14, with cadastral identifier PRN16, is also part of the Finland School Educational Center, where illegal construction is taking place. Engineer Emerson Bone Moya states that they have not had and do not have construction permits, according to Official Letter MA-PCFU 067-2025 (MA-A-56-2025). The photograph appearing on folio 2 of Official Letter MA-PCFU-067-2025 (MA-A-56-2025) shows construction of an illegal sewer pipe; it does not show the construction being carried out illegally. Fourth: The photographs and videos we submitted clearly establish that, at the site, during the numerous visits by municipal officials, who prepared different reports, some said there was earthwork but that it was required to comply with a constitutional order, that they were building a court that had been destroyed by sewer construction; others said nothing could be seen, and others said there was a permit to extend classrooms. None of this is acceptable despite their saying they could not enter. It is evident, public, and in broad daylight, both to the neighbors and to me as a lawyer and notary, who witnessed the taking of photographs and videos, many of which I took myself, that classrooms, courts, and infrastructure are being built for use by Finland School WITHOUT PERMITS. Fifth: It should also be added that one of the properties used by this school houses a dog kindergarten called ANIMAL FANTASY, which does not have organic waste management and operates in full view of the Municipality. Machinery enters through this site to remove earth and bring in materials such as cement, glass, and others. There is also an administrative proceeding concerning the extension of classrooms under Record of Completed Works without a License No. 855-2021. This leaves us wondering whether the owner of the property, where construction is taking place illegally, intends to follow the same procedure, build and have it declared a ‘completed work without a license’ (Record of Completed Works without a License No. 855-2021), so that the Municipality cannot do anything—in other words, to seek forgiveness instead of permission. Sixth: Today, by Official Letter No. MA-A-517-2025, and after sending several official letters requesting a response to the Revocation Remedy with Appeal, they responded by Official Letter MA-PCFU-177-2025, in which they state that, by mistake, they replied using another template, Official Letter MA-PCFU-055-2025; and they granted the remedy by Official Letter No. MA-PCFU-157-2025. Seventh: Even more concerning, we never received Official Letter MA-PCFU-157-2025, much less Official Letter MA-PCFU-158-2025 (WITH THE CORRECT INFORMATION), and this letter cannot be a response to the remedy, since note the date: the alleged closure took place on 23 January 2025, whereas the date shown is 18 December 2024. It purportedly responds to each of the grounds of the remedy in file No. 58290-2024. Eighth: This case is serious because HOW CAN THE MUNICIPALITY ENSURE THAT THE FINLAND SCHOOL KINDERGARTEN, ELEMENTARY SCHOOL, AND HIGH SCHOOL CONSTRUCTION IS SAFE, and how much will the illegal sewer increase the flow into the Rio Segundo? Ninth: The Ministry of Education is already aware of these complaints. We demand a response both to the remedy and to the points discussed at the meeting with Nombre18 and Nombre12, as recorded in Official Letter MA-A-332-2025. Tenth: We request a thorough inspection. Ms. Nombre08 is making her property, which borders the illegal construction, available so that officials can enter and verify everything reported. Compliance should be required with the Regulation for the construction control of civil works and imposition of sanctions in the Central Canton of Alajuela. Summary of the unlawful acts: 1. Construction without construction permits. 2. Sewer construction without permission from the Municipal Council. 3. No land-use authorization for stormwater discharge and construction of such a large building (Property PRN04 and PRN03, PRN08, Identificacion01 2010). 4. No SETENA studies for stormwater discharge (Property PRN04 and PRN03, PRN08, Identificacion01-2010). 5. The municipal business license granted is not for the activity being carried out. 6. Possible pollution and/or danger: a dog kindergarten next to FINLAND SCHOOL. For notices, email ...02”. At ordinary session No. 07-2025 on 18 February 2026, the Municipal Council of Alajuela gave the applicant a hearing so that she could present her complaint. After her statement, it was determined: “IT IS RESOLVED TO REFER THE DOCUMENT SIGNED BY LICDA. Nombre11 TO THE MUNICIPAL ADMINISTRATION SO THAT, WITHIN 10 DAYS, IT MAY PROVIDE A REPORT ON THE ACTIONS TAKEN AND THE ACTIONS TO FOLLOW.” By Official Letter MA-SCM-04632-2025 dated 28 October 2025, the Municipal Mayor’s Office addressed the situation and circumstances of the educational center, as follows: “(…) As is apparent from the updated reports cited, the situation to date may be summarized as follows: 1- The objective difficulties faced by the specific department (PCFU) in serving all current owners with the various records concerning the lack of construction permits, as required by the applicable regulations, are confirmed. In addition, some control measures that could be carried out have been challenged, and the subsequent appeals must be resolved promptly. These matters must be addressed, including by resorting to feasible alternative or supplemental measures—such as service by publication of a notice—in order to continue the applicable sanctioning proceedings, including the more extensive measure of demolition. 2- The construction permit applications submitted by the property owners to Construction Control at the beginning of the year have been rejected. 3- The facilities of the educational center in question (on property PRN01) do not have approval for stormwater discharge from the competent department. 4- The Licensing Activity’s records show the following relevant commercial licenses: No. 27952 for a preschool, elementary school, and high school educational center on property PRN09; and license No. 40552 for an educational center on property PRN10. In light of the foregoing, the Administration will immediately proceed to apply whatever authorized alternative mechanisms are feasible—such as publication of notices—to notify all owners responsible for construction without a permit. It will also verify the status of the commercial licenses against the background, situation, and current operating conditions of the activities, for possible suspension or cancellation of those licenses, and will promptly resolve the pending administrative remedies concerning construction and commercial activity. As for the Council’s own powers, it is considered that, by resolution, it may communicate—or confirm with—the Ministry of Public Education the full current situation of irregularity at this educational center, so that the Ministry may take appropriate action within its powers under the applicable legal and administrative framework and its supervisory authority”. By resolution No. 6, Chapter IV, of ordinary session No. 46-2025, held on 18 November 2025, the Municipal Council of Alajuela considered the Mayor’s report and determined: “(…) IT IS RESOLVED TO RETURN OFFICIAL LETTER No. MA-A-4632-2025 FROM THE MUNICIPAL MAYOR’S OFFICE SO THAT THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 90 BIS OF THE MUNICIPAL CODE MAY BE MET”. The order initiating the amparo proceeding was served on the parties on 24 June 2026. The Mayor’s Office of Alajuela reported that the Fiscal and Urban Control Process carried out site inspections to verify whether construction works had been carried out without a municipal license, and that various records were made for property registration PRN02, as follows: “✓ Information Record of Completed Work without a License No. 855-2021, concerning the extension of some classrooms. Record of Completed Work without a License No. 1732-2026 was issued, and the administrative proceeding is currently pending under Articles 93 et seq. of the Construction Law. ✓ Construction Closure Record No. 1390-2025, for construction of a stormwater box on the educational center’s premises. Record of Completed Work without a License No. 1730-2026 was issued, and the administrative proceeding is pending under the applicable regulations. ✓ Construction Closure Record No. 1391-2025, for remodeling a residence located on the same property. Record of Completed Work without a License No. 1731-2026 was issued, and the administrative proceeding is pending. ✓ Construction Closure Record No. 1096-2025, for installation of posts and stone material. The corresponding ordinary remedies were filed against that administrative act and were duly addressed, decided, and served. The latest notice concerning those remedies was served on 28 April 2026, and the case file is currently under administrative follow-up”.\n\nAccordingly, the respondent authorities acknowledge that the situation reported by the amparo applicant has not been resolved. In this regard, the report submitted by the municipal mayor states: “Given the most recent reports concerning the matters described, and for as long as the reported violations and breaches continue, as of this date the Administration is conducting a final assessment of the background information and coordinating with the relevant departments so that, after first complying with the legal requirements, such as duly notifying the co-owners of the related properties and the holders of the relevant business licenses, as applicable, it may do the following: 1- Institute administrative proceedings to demolish works built without construction permits (after duly serving ordinary or substitute notice of the prior acts required under the Ley de Construcciones: formal closure, verification that the work was completed without a license, and refusal to comply; and after resolving all administrative appeals filed). 2- Carry out the final steps and procedure for the possible suspension of business licenses associated with properties that have buildings without municipal permits, all in accordance with the municipality’s general business-license regulations. 3- Address the environmental impact situation in coordination with the internal departments and agencies such as the Ministerio de Salud. 4- Take corrective measures regarding impacts on neighbors and their relationship with public services.”\n\nAccordingly, it is established that the applicant’s complaint concerns a problem that has been known for years and is related to environmental matters and stormwater, and that has not been definitively resolved. This omission is incompatible with the principles of administrative effectiveness, continuity, and coordination. Furthermore, it does not appear that the applicant has been kept up to date on the actions taken by the municipality to resolve the complaint filed on 11 February 2025.\n\nConsequently, this aspect of the claim against the Municipalidad de Alajuela should be granted, so that a comprehensive technical solution is adopted and the works necessary to definitively resolve the problem reported by the applicant are carried out, and she is informed accordingly, as will be specified in the operative part of this judgment.\n\nV.- Note of Justice Castillo Víquez. I have supported this Court’s position that when a litigant alleges a violation of the right to prompt and effective justice in administrative proceedings, the courts that must hear the legal dispute are the administrative-litigation courts, and not this Chamber. However, with the recent enactment of Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo proceeding established by Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in conjunction with Article 27 of the Constitución Política de la República de Costa Rica, in cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting the petitioner’s fundamental rights. In my view, the recently enacted legislation does not mean that this Court must change its line of jurisprudence, since under section 7 of its Law this Court alone has authority to define its own jurisdiction. Constitutional legal disputes involving minors, the environment, payment of wages, payment of benefits when a person retires, pensions under the non-contributory regime, cases involving profound cerebral palsy, persons with disabilities, foreigners who are outside the country, drinking water service, older adults when the matter does not concern their pension, corruption complaints, Indigenous people’s rights, claims concerning lack of insurance coverage with the Caja Costarricense de Seguro Social, and maternity leave are heard by this jurisdiction through the constitutional amparo remedy. In all other cases, for the reasons given in this judgment, jurisdiction lies with the judges of the administrative-litigation jurisdiction. All of this is consistent with Article 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and rules), and the relevant legal rules, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal order.\n\nVI.- Note of Justice Salazar Alvarado. I consider that, in environmental matters, where the Public Administration has already intervened, jurisdiction to hear and resolve the matter lies with the administrative-litigation jurisdiction. However, I do hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from contamination (Article 50 of the Constitución Política), as occurs in this case. The complaint alleges an apparent failure by the Municipalidad de Alajuela to resolve and address reports of harm caused at a private educational center, affecting the applicants’ and other neighbors’ right to enjoy a healthy, ecologically balanced environment and a dignified quality of life.\n\nVII.- Dissenting opinion of Justice Garro Vargas on enforcement of the judgment. I dissent regarding enforcement of the judgment, so that, pursuant to Article 56 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), enforcement is assigned to the Enforcement Division of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.\n\nEnforcement of orders issued by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) is, in principle, to be supervised by this same jurisdiction. However, that provision sets out exceptions under which this Court may decide to assign enforcement of the judgment to the administrative-litigation jurisdiction:\n\n“Art. 56. Enforcement of judgments is the responsibility of the Constitutional Chamber, except with respect to the assessment and payment of compensation and monetary liabilities, or other aspects that the Chamber itself deems appropriate, in which case enforcement shall take place through the administrative-litigation route under the judgment-enforcement procedure provided for in the law governing that jurisdiction.” (Emphasis not in the original.)\n\nIt should be recalled that the bill under consideration for the LJC originally provided as follows:\n\n“Art. 56. Judgments in favor of the applicant shall be enforced through the administrative-litigation route under the judgment-enforcement procedure provided for in the law governing that jurisdiction.” (Emphasis not in the original.)\n\nHowever, the text was amended by motion so that the provision would be consistent with Article 153 of the Constitución Política, and the following explanation was given:\n\n“THE SECRETARY:\n\nMotion No. 68 (32-19) by Deputy Chacón Jiménez:\n\n“Article 57 (formerly 56): to read as follows: ‘Enforcement of judgments is the responsibility of the Constitutional Chamber, except with respect to the assessment and payment of compensation or monetary liabilities, or other aspects that the Chamber itself deems appropriate, in which case enforcement shall take place through the administrative-litigation route under the judgment-enforcement procedure provided for in the law governing that jurisdiction.’”\n\nTHE PRESIDENT:\n\nIs the motion just read open for discussion?\n\nDoctor Piza Escalante:\n\nThere was a contradiction here with the general position that courts enforce their own judgments, and the entire enforcement process was being sent to the Administrative-Litigation Jurisdiction; then the other articles that allowed the Chamber to enforce them were left without effect.\n\nDeputy Corrales Bolaños:\n\nThat part says, ‘or other aspects that the Chamber itself deems appropriate…’ What does that refer to?\n\nDoctor Piza Escalante:\n\nThe idea is that, in the judgment-enforcement proceeding, the Chamber resolves what it considers to be its responsibility. The rest is sent to the administrative-litigation route.\n\nTHE SECRETARY:\n\nHas the motion been discussed sufficiently?\n\nTHE PRESIDENT:\n\nDiscussed. Approved (unanimously, five deputies present).” (sic). See the minutes approving the LJC. (Emphasis not in the original).\n\nIn light of the foregoing, it is clear that the LJC itself authorizes this Chamber to assess and decide whether it is necessary to refer all or some aspects of enforcement of the judgment to the administrative-litigation jurisdiction.\n\nIn this specific case, given the scope of the order issued by this Court, I consider it appropriate to assign the enforcement phase of the matter to the administrative-litigation jurisdiction. This is because the rules governing this constitutional jurisdiction provide no suitable mechanisms to monitor compliance with the orders set out in this judgment, which involve highly complex technical matters.\n\nBy contrast, the provisions on enforcement in the Código Procesal Contencioso-Administrativo (Article 155 et seq.) offer clear advantages, such as the possibility of requesting timetables, imposing fines, establishing liability, and monitoring stages of compliance. Accordingly, pursuant to Article 56 of the LJC, I consider that the enforcement phase should take place before the Enforcement Division of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the judgment-enforcement rules of that Code.\n\nVIII.- Documents submitted to the case file. The parties are hereby advised that if they submitted any paper document, objects, or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, these must be retrieved within a maximum period of 30 business days from notification of this judgment. Any material not retrieved within that period will be destroyed, pursuant to the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial” (approved by the Corte Plena at Article XXVI of session nro. 27-11 on 22 August 2011 and published in Boletín Judicial nro. 19 on 26 January 2012) and Article LXXXI of session nro. 43-12 of the Consejo Superior del Poder Judicial on 3 May 2012.\n\nTherefore:\n\nThe amparo application is granted. Roberto Hernán Thompson Chacón and Jorge Arturo Campos Araya, each in their respective capacity as mayor and president of the Municipal Council, both of Alajuela, or whoever holds those positions, are ordered to issue the relevant orders and take the necessary measures within their respective areas of authority to ensure that, within SIX MONTHS from notification of this judgment, the works necessary, in accordance with the applicable technical criteria, to comprehensively resolve the problem reported by the applicant are carried out, and that she is informed accordingly. The respondent authorities are advised that, under Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a person who receives an order to comply with or enforce, issued in an amparo proceeding, and fails to comply with or enforce it, shall be subject to imprisonment for three months to two years or a fine of twenty to sixty days, provided the offense is not subject to a more severe penalty. The Municipalidad de Alajuela is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts underlying this declaration, to be assessed in enforcement proceedings before the administrative-litigation jurisdiction. Justice Castillo Víquez files a note. Justice Salazar Alvarado files a note. Justice Garro Vargas dissents regarding the venue for enforcement of the judgment and, pursuant to Article 56 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, orders that this phase be assigned to the Enforcement Division of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Let this judgment be served.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\nG43QUR47PAQ5461\n\nEXPEDIENTE N° 26-019995-0007-CO\n\nTelephone: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01)." }