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  "id": "nexus-sen-1-0007-1422784",
  "citation": "Res. 33017-2026 Sala Constitucional",
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  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Acceso al agua potable en Juan Viñas de Tempate",
  "title_en": "Access to Drinking Water in Juan Viñas de Tempate",
  "summary_es": "La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo presentado en favor de la comunidad de Juan Viñas de Tempate, que carece de agua potable pese a que el AyA determinó que el acueducto de Cartagena tiene capacidad hídrica para abastecerla. La Sala concluyó que, aunque el AyA había realizado estudios y gestiones para ampliar la red, durante los presupuestos ordinarios de 2025 y 2026 no reservó los recursos necesarios y el proyecto seguía sin ejecutarse. Consideró que esa falta de avance limitaba el acceso a un servicio público esencial y vulneraba el deber constitucional de garantizar su buen funcionamiento. Ordenó al jefe de la Oficina Cantonal de Santa Cruz del AyA, o a quien ocupe el cargo, determinar, concretar y ejecutar, en un plazo máximo de doce meses desde la notificación, un plan para brindar agua potable de manera eficiente, eficaz y continua. La sentencia condenó al AyA al pago de costas, daños y perjuicios, que se liquidarán en ejecución de sentencia contencioso-administrativa. Una magistrada salvó el voto sobre la sede de ejecución: propuso residenciarla en el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) granted an amparo application brought on behalf of the community of Juan Viñas de Tempate, which lacks drinking water even though AyA determined that the Cartagena water system has enough water capacity to supply it. The Chamber concluded that, although AyA had conducted studies and taken steps toward extending the distribution network, it did not set aside the necessary funds in its 2025 and 2026 ordinary budgets, and the project remained uncompleted. It found that this lack of progress restricted access to an essential public service and breached the constitutional duty to ensure that public services function properly. The Chamber ordered the head of AyA’s Santa Cruz Cantonal Office, or whoever holds that position, to determine, finalize, and carry out a plan to provide water efficiently, effectively, and continuously within no more than twelve months after notification. AyA was ordered to pay costs, damages, and losses, to be quantified in administrative-litigation enforcement proceedings. One justice dissented on the enforcement forum and proposed assigning enforcement to the Enforcement Area of the Administrative Litigation and Finance Court.",
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  "date": "27/08/2026",
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  "excerpt_es": "Así las cosas, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ha omitido su deber constitucional de garantizar un buen funcionamiento de los servicios públicos (véase en similar sentido, la sentencia No. 2025021402 de las 9:20 horas de 11 de julio de 2025). Bajo esta inteligencia, se impone acoger el recurso, conforme se dirá.\n\nSe declara con lugar el recurso. Se ordena a Alejandro Contreras López, en su condición de jefe de la Oficina Cantonal de Santa Cruz del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien en su lugar ocupe el cargo, que tome todas las medidas necesarias que estén dentro del ámbito de su competencia, para que en un plazo no mayor a DOCE MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se determine, concrete y ejecute un plan para garantizar la prestación de abastecimiento de agua potable de forma eficiente, eficaz y continua en el Barrio Juan Viñas, Tempate, Santa Cruz, Guanacaste.",
  "excerpt_en": "Accordingly, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers has failed to fulfill its constitutional duty to ensure the proper functioning of public services (see, in a similar vein, judgment No. 2025021402 of 9:20 a.m. on 11 July 2025). On that basis, the application must be granted, as set out below.\n\nThe application is granted. Alejandro Contreras López, in his capacity as head of the Cantonal Office of Santa Cruz of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, or whoever holds that position, is ordered to take all measures within his authority so that, within no more than TWELVE MONTHS from notification of this judgment, a plan is determined, finalized, and carried out to ensure the efficient, effective, and continuous provision of drinking water to Barrio Juan Viñas, Tempate, Santa Cruz, Guanacaste.",
  "outcome": {
    "label_en": "Granted",
    "label_es": "Con lugar",
    "summary_en": "The amparo was granted, and AyA was ordered to finalize and carry out, within no more than twelve months after notification, a plan to ensure a continuous drinking water supply in Juan Viñas de Tempate; Justice Garro Vargas dissented on the enforcement forum and proposed assigning enforcement to the Administrative Litigation and Finance Court.",
    "summary_es": "Se acogió el amparo y se ordenó al AyA concretar y ejecutar, en un máximo de doce meses desde la notificación, un plan para garantizar el abastecimiento continuo de agua potable en Juan Viñas de Tempate; la magistrada Garro Vargas salvó el voto sobre la sede de ejecución y propuso que se residenciara en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda."
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      "context": "Considerando III",
      "quote_en": "This Court has repeatedly held that the provision of drinking water is an essential public service for which a charge is made.",
      "quote_es": "Reiteradamente este Tribunal ha sostenido que el suministro de agua potable constituye un servicio público esencial y oneroso."
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    {
      "context": "Considerando V, cita de la sentencia No. 2018-015965",
      "quote_en": "The Chamber’s case law consistently recognizes the so-called fundamental right to water, under which everyone must be given the opportunity to access drinking water services on equal terms, since water is essential to human life and health.",
      "quote_es": "La jurisprudencia de la Sala es reiterada en reconocer el denominado derecho fundamental al agua, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los servicios de agua potable, toda vez que la misma resulta esencial para la vida y la salud humanas."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1422784",
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  "body_es_text": "Revisión del Documento\n\n\n\nExp: 26-024707-0007-CO \n\nRes. Nº 2026033017\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta minutos del veintisiete de agosto de dos mil veintiseis .\n\n \n\nRecurso de amparo promovido por Nombre01, cédula de identidad CED01, a favor de COMUNIDAD DE JUAN VIÑAS DE TEMPATE EN SANTA CRUZ DE GUANACASTE, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.\n\nRESULTANDO:\n\n 1.- Mediante memorial presentado a las 17:34 horas de 9 de julio de 2026, el recurrente promovió recurso de amparo, contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, pues, según afirma, la comunidad de Barrio Juan Viñas de Tempate, en Santa Cruz de Guanacaste, está conformada por aproximadamente 30 viviendas y más de 150 personas, las cuales carecen de servicio de agua potable y se abastecen mediante pozos artesanales y otras fuentes de agua. Señala que, en el año 2022, el AyA elaboró el Informe Técnico GSP-RCHO-2022-00420, en el cual determinó que existía capacidad hídrica en el acueducto de Cartagena para abastecer a la comunidad y recomendó reservar un presupuesto de 60 millones para ejecutar un proyecto de extensión de la red de distribución. Posteriormente, en junio de 2024, mediante el oficio GSP-RCHO-2024-01980, el recurrido volvió a reconocer la factibilidad técnica y la existencia de capacidad hídrica para el proyecto, indicando que la compra de materiales se realizaría posiblemente durante el año 2025 y, que posteriormente, se desarrollaría la construcción del ramal hacia la comunidad. En julio de 2024, el Informe GSP-RCHO-2024-02113 reiteró la existencia de capacidad hídrica para abastecer a la comunidad, aunque señaló que la oficina cantonal de Santa Cruz no disponía de recursos suficientes, por lo que recomendó trasladar el proyecto a otra unidad. Debido a la situación, se interpuso en julio de 2024, el recurso de amparo nro. 24-018031-0007-CO, por los mismos hechos, el cual fue declarado sin lugar, aunque se reconoció la viabilidad técnica y la necesidad del proyecto, además de presentar un cronograma que proyectaba su ejecución en diciembre de 2025. Reclama que no obstante, al momento de la presentación del recurso, no se han ejecutado las obras físicas previstas, ni se ha avanzado en la contratación correspondiente, por lo que la comunidad continua sin acceso al servicio de agua potable. Señala además que la situación afecta a más de 100 personas, entre ellas menores de edad, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Por lo expuesto, solicita que se declare con lugar el recurso de amparo; se ordene al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ejecutar, en un plazo inmediato, el proyecto de abastecimiento de agua potable para el Barrio Juan Viñas de Tempate, conforme a los informes técnicos existentes; se ordene presentar informes periódicos sobre el avance del proyecto; y que se dispongan las medidas cautelares para garantizar el acceso temporal al agua potable mientras se ejecuta la solución definitiva.\n\n 2.- Por resolución de las 15:26 horas de 29 de julio de 2026 se dio curso al recurso y se requirió un informe al jefe cantonal de la Región Chorotega del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, sobre los hechos acusados. \n\n 3.- Informa bajo juramento Alejandro Contreras López, en su condición de jefe de la Oficina Cantonal de Santa Cruz del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que desde el año 2022, el Instituto ha venido desarrollando actuaciones técnicas orientadas a determinar la factibilidad del proyecto, concluyéndose que existe capacidad hídrica suficiente en el Acueducto de Cartagena para abastecer el caserío, siendo necesaria la construcción de una ampliación de la red de distribución con una inversión estimada en ₡60.000.000, por otro lado durante los siguientes años 2024, 2025 y 2026 la Administración mantuvo gestiones permanentes para impulsar el proyecto, entre estos estudios hidráulicos, levantamientos de campo, seguimiento administrativo, coordinación con la Dirección de Ingeniería y solicitudes de incorporación al proceso institucional de la contratación para ampliación de redes. Además, se informó a la comunidad que era necesario incrementar la oferta hídrica del sistema mediante el equipamiento del Pozo No. 4 del Acueducto de Cartagena, condición que fue ejecutada durante el año 2023, logrando con esto continuar con la planificación. Asimismo se gestionó la compra de materiales para posteriormente ejecutar el ramal de distribución que se necesita, seguidamente mediante memorando GSP-RCH-SC-2025-01021, la cantonal de Santa Cruz solicitó formalmente a la Dirección de Ingeniería dar continuidad al proyecto e incorporarlo al proceso institucional de contratación por demanda para ampliación de redes, indicando expresamente que durante el presupuesto institucional 2025 no fue posible disponer del contenido presupuestario requerido. Existen actuaciones técnicas y administrativas y se ha dado seguimiento al proyecto; sin embargo, la construcción del proyecto requiere una inversión extraordinaria y una contratación especializada, excediendo la capacidad operativa y presupuestaria con lo cual la administración requiere de trámites que conllevan a una ejecución en que va por etapas por lo tanto no es de recibido lo alegado por el recurrente, dado que no existe abandono institucional del proyecto, sino un proceso continuo de planificación, seguimiento y gestión para su futura ejecución.\n\n4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\n I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente acota que la comunidad de Barrio Juan Viñas de Tempate, Santa Cruz, Guanacaste, tiene al menos dos años de esperar que el ente recurrido, construya la red de distribución que se necesita para suministrar agua potable. Aunque la cantonal de Santa Cruz reconoció la factibilidad técnica y que existe capacidad hídrica para el proyecto, no se presupuestó los recursos suficientes a esos efectos. De ahí que, no se han ejecutado las obras físicas previstas, ni se ha avanzado en la contratación correspondiente, por lo que la comunidad continua sin acceso de agua potable, lo que estima contrario a sus derechos fundamentales. \n\nII.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para la decisión del presente amparo se tienen por demostrados los siguientes: 1) Desde fecha indeterminada, la comunidad de Barrio Juan Viñas de Tempate, Santa Cruz, Guanacaste, no cuenta con agua potable (hecho no controvertido). 2) En el año 2022, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, aceptó que el Acueducto de Cartagena cuenta con capacidad hídrica para suministrar agua potable a la comunidad amparada (informe visible en el expediente No. 24-018031-0007-CO). 3) El ente recurrido ha venido impulsando el proyecto, realizando estudios hidráulicos, levantamientos de campo, seguimiento administrativo, coordinación con la Dirección de Ingeniería y solicitudes de incorporación al proceso institucional de la contratación para ampliación de redes (informe rendido bajo juramento). 4) Mediante memorando de la cantonal de Santa Cruz No. GSP-RCH-SC-2025-01021 de fecha solicitada se formalmente a la Dirección de Ingeniería dar continuidad al proyecto e incorporarlo al proceso institucional de contratación por demanda para ampliación de redes, indicando expresamente que durante el presupuesto institucional 2025 no fue posible disponer del contenido presupuestario requerido (informe rendido bajo juramento). 5) En los presupuestos ordinarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de 2025 y de 2026 no se reservó suma alguna para realizar la contratación especializada que se requiere para continuar el proyecto reclamado (informe rendido bajo juramento). \n\nIII.- SOBRE EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COMO SERVICIO PÚBLICO. Reiteradamente este Tribunal ha sostenido que el suministro de agua potable constituye un servicio público esencial y oneroso. En este sentido, la jurisprudencia de la Sala, en materia de suministro de agua potable, ha apuntado fundamentalmente a la protección del derecho a la vida y a la salud de las personas físicas. Esos derechos implican la posibilidad de exigir ciertas prestaciones del Estado, ámbito en el cual el Estado se ve obligado a proporcionar algunos servicios públicos, sobre todo los que resultan esenciales para mantener condiciones sanitarias favorables a la preservación de la vida y la salud de las personas. De este modo, garantizar la pureza del líquido para consumo humano, así como la continuidad en el suministro de éste, forman parte de un debido y eficiente servicio al abonado, y a su vez garantiza sus derechos fundamentales más elementales (véase entre otras, la sentencia No. 2024021577 de las 14:00 horas de 30 de julio de 2024).\n\nIV.- SOBRE LAS IMPOSIBILIDADES TÉCNICAS QUE OBSTACULIZAN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. Por otra parte, entre otras en la sentencia No. 07779-2019 de las 09:15 de 3 de mayo de 2019, esta Sala señaló que la imposibilidad técnica, jurídica o formal para dotar el servicio de agua potable no es violatorio de derechos fundamentales; y que resulta razonable no atender las solicitudes de servicio o solicitar que el interesado asuma los costos de instalación cuando no exista red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura. Así, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la falta de infraestructura. Por supuesto, las autoridades encargadas tienen la obligación de ir expandiendo su infraestructura para garantizar a la población el acceso al servicio, pero mientras queden vacíos resulta indispensable la colaboración de los interesados. En otras palabras, siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en una imposibilidad jurídica o material; se descarta la violación de derechos fundamentales.\n\nV.- CASO CONCRETO. Se comprobó que, desde el 2022, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ha venido impulsando un proyecto para dotar de agua potable al Barrio Juan Viñas de Tempate, Santa Cruz, Guanacaste, pues, esa comunidad no cuenta con ese servicio público. Aunque la autoridad recurrida reconoció que el Acueducto de Cartagena cuenta con capacidad hídrica para suministrar el recurso requerido, reconoció que el AYA se encuentra materialmente imposibilitado para concluir el proyecto, en vista de que durante los últimos dos ejercicios fiscales no ha dispuesto el presupuesto necesario a esos efectos. De ahí que, se acepta que no existe una solución en el corto plazo. En este sentido, en la sentencia No. 2024021577 de las 14:00 horas de 30 de julio de 2024, esta Sala sostuvo en lo que interesa, lo siguiente\n\n“… V.- CASO CONCRETO. Del informe rendido bajo juramento por la autoridad recurridas, con las consecuencias incluso penales que prevé el numeral 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se descarta una infracción a los derechos fundamentales de la parte recurrente, con fundamento en las consideraciones que a continuación se exponen. Al respecto, se acredita que en oficio GSP-RCHO-2024-01980 del 27 de junio de 2024, el funcionario Alejandro Contreras López de la Región Chorotega del Instituto recurrido le comunicó al recurrente en relación al abastecimiento a comunidades el Jobo de Cartagena y Juan Viñas de Tempate: “(…) Efectivamente se han realizado un par de reuniones con la comunidad en busca de soluciones que permitan el abastecimiento del caserío denominado Juan Viñas de Tempate, en dichas reuniones se acordó con los representantes y orden de actividades: 1. Determinar la factibilidad técnica para abastecer al poblado de Juan Viñas a partir de Sistema AyA de Tempate o Cartagena. Del análisis realizado se determinó que hidráulicamente se tenía la posibilidad de conectarlos desde el acueducto de Cartagena. 2. Una vez superado lo indicado en el punto 1, correspondía realizar el levantamiento de las posibles coberturas del caserío de Juan Viñas junto con estimación de costos de materiales. 3. Siguiendo el mismo orden, se informa en las reuniones que debido al balance hídrico operativo del sistema de Cartagena, se debía esperar el equipamiento del pozo 4, para poder continuar con la factibilidad técnica de la ampliación del acueducto de Cartagena para el abastecimiento del poblado de Juan Viñas. Esto se logró concretar y finalizar el pasado año 2023. Así las cosas, se va a trabajar en la posible compra de materiales (tuberías y accesorios) para el 2025 y luego articular fuerzas para la construcción de la instalación del ramal hacia el poblado de Juan Viñas, cabe señalar que la cobertura es sobre ruta nacional y ruta cantonal. Por otra parte, se constata que en informe elaborado el 12 de julio de 2024 por personal de la Región Chorotega del AyA se determinó: “Análisis. En el año 2022 según informe técnico GSP-RCHO-2022-00420, se valoran las condiciones en sitio y requerimientos técnicos para el abastecimiento de las 30 unidades habitacionales en el sector llamado Juan Viñas, se determinan y describen los materiales requeridos con un costo de ¢ 60 millones de colones aproximadamente. Según lo indicado en el oficio GSP-RCHO-2024-01980 de la Dirección de Ingeniería de la Región Chorotega en el año 2023, se confirma el equipamiento y puesta en marcha del pozo 4 del acueducto de Cartagena con el cual se aumenta la oferta hídrica del acueducto y se concluye que existe capacidad hídrica en el acueducto de Cartagena para abastecer el caserío llamado Juan Viñas. A su vez se comunica que en el presente año se encuentra en proceso la posible compra de materiales (tuberías y accesorios) para el año 2025 para posteriormente articular fuerzas para la construcción de la instalación del ramal hacia el poblado de Juan Viñas, lo anterior con recursos de operación y mantenimiento de la oficina cantonal de Santa Cruz. V. Conclusiones. El caserío Juan Viñas es un caserío que se construye sin el servicio de agua potable y por el contrario se auto abastece desde sus inicios. De forma similar existen muchos caseríos y viviendas en la Región Chorotega que carecen del servicio. Actualmente el acueducto de Cartagena cuenta con capacidad hídrica para abastecer el caserío de Juan Viñas sin embargo para poder brindar el servicio se requiere de la construcción de un proyecto de ampliación del acueducto con un costo de ¢ 60 millones de colones aproximadamente. Al existir capacidad hídrica en el acueducto de Cartagena para abastecer el caserío Juan Viñas, conforme al Reglamento de Prestación de los Servicios de AYA, los interesados pueden optar por solicitar una constancia de capacidad hídrica, tramitar y construir las obras primarias requeridas para que AyA les pueda brindar el servicio, de forma similar se les responde y resuelve a muchos interesados que no cuentan con tubería de agua potable frente a sus propiedades y solicitan el servicio. Según lo indicado en el oficio GSP-RCHO-2024-01980 de la Dirección de Ingeniería de la Región Chorotega en el presente año se encuentra en proceso la posible compra de materiales (tuberías y accesorios) para el año 2025 para posteriormente articular fuerzas para la construcción de la instalación del ramal hacia el poblado de Juan Viñas, lo anterior con recursos de operación y mantenimiento de la oficina cantonal de Santa Cruz …”\n\n \n\nAhora bien, aunque la autoridad recurrida sostiene que no existe abandono institucional del proyecto, sino un proceso continuo de planificación, seguimiento y gestión para su futura ejecución, lo cierto es que más de dos años después de dictada esa sentencia, el proyecto en cuestión no ha concluido, a pesar de que según se colige del informe, existe factibilidad técnica, pues el ente recurrido no se ha dispuesto del contenido presupuestario requerido (¢ 60.000.000) durante los últimos ejercicios fiscales para adquirir los materiales que se requieren para continuar la obra aquí reclamada. En este sentido, aunque se informa que existen actuaciones técnicas y administrativas y se ha dado seguimiento al proyecto, así como que la construcción del proyecto requiere una inversión extraordinaria y una contratación especializada, que excede la capacidad operativa y presupuestaria que conllevan a una ejecución en que va por etapas, lo cierto es las circunstancias que dieron mérito a la interposición de aquel asunto no han cambiado, pues no se han hecho las reservas presupuestarias necesarias para que el proyecto que se echa de menos avance, a pesar de que así se recomendó en el INFORME GSP-RCHO-2022-00420 de 3 de febrero de 2022, limitando el acceso de los amparados al agua potable. Sobre ese derecho fundamental, conviene reiterar lo expuesto por esta Sala en la sentencia No. 2018-015965 de las 09:20 horas de 28 de setiembre de 2018, que en lo que interesa, señala lo siguiente:\n\n“(…) La jurisprudencia de la Sala es reiterada en reconocer el denominado derecho fundamental al agua, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los servicios de agua potable, toda vez que la misma resulta esencial para la vida y la salud humanas. En efecto, como parte del Derecho de la Constitución, la Sala reconoce un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables en Costa Rica; así figura explícitamente en el artículo catorce de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, y en el artículo veinticuatro de la Convención sobre los Derechos del Niño; además, se enuncia en el segundo principio de la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo, mientras que en el sistema interamericano, el primer inciso del artículo once del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, dispone que «Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. Del mismo modo, el entonces Comité de Derechos Económicos, Culturales y Sociales de la ONU reiteró que disponer de agua es un derecho humano que, además de ser imprescindible para llevar una vida saludable, es un requisito para la realización de todos los demás derechos humanos. De esta referencia normativa se deriva una serie de derechos fundamentales ligados a la obligación del Estado de brindar los servicios públicos básicos, que implican, por una parte, que no puede privarse ilegítimamente de ellos a las personas, pero que, como en el caso del agua potable, no puede sostenerse la titularidad de un derecho exigible por cualquier individuo para que el Estado le suministre el servicio público de agua potable, en forma inmediata y dondequiera que sea, sino que, en la forma prevista en el mismo Protocolo de San Salvador, esta clase de derechos obliga a los Estados a adoptar medidas para su prestación y suministro, sin que ello pueda interpretarse en el sentido que ese derecho fundamental a los servicios públicos carezca de exigibilidad concreta; por el contrario, cuando razonablemente el Estado deba brindarlos, los titulares del derecho pueden exigirlo y no pueden las administraciones públicas o, en su caso, los particulares que los presten en su lugar, escudarse en presuntas carencias de recursos, que ha sido la secular excusa pública para justificar el incumplimiento de sus cometidos –ver, entre otras, sentencias números 2002-10776, de las catorce horas cuarenta y un minutos del catorce de noviembre de dos mil dos, y 2008-10326-, de las dieciséis horas cincuenta y un minutos del diecinueve de julio de dos mil ocho- (…)”\n\n \n\n Así las cosas, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ha omitido su deber constitucional de garantizar un buen funcionamiento de los servicios públicos (véase en similar sentido, la sentencia No. 2025021402 de las 9:20 horas de 11 de julio de 2025). Bajo esta inteligencia, se impone acoger el recurso, conforme se dirá. \n\n VI.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA.\n\nSalvo el voto respecto de la ejecución de la sentencia, para que, de conformidad con el art. 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), sea residenciada en el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. \n\nLa ejecución de las órdenes dictadas por la Sala Constitucional corresponde, en principio, ser fiscalizada por la propia Sala. Sin embargo, esa norma contempla supuestos de excepción en los que, por determinación de la propia Sala, se ordene residenciar la ejecución de la sentencia en la jurisdicción contencioso-administrativa: \n\n“Art. 56. La ejecución de las sentencias corresponde a la Sala Constitucional, salvo en lo relativo a la liquidación y cumplimiento de indemnizaciones y responsabilidades pecuniarias, o en otros aspectos que la propia Sala considere del caso, en que se hará en la vía contencioso administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la ley reguladora de esa jurisdicción.” (Lo destacado no corresponde al original). \n\n \n\nRecuérdese que en el proyecto de ley de discusión de la LJC se preveía originalmente lo siguiente: \n\n“Art. 56. Las sentencias favorables al recurrente se ejecutarán en la vía contencioso-administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la ley Reguladora de esa Jurisdicción.” (Lo destacado no corresponde al original). \n\n \n\nSin embargo, el texto fue modificado vía moción para que la norma fuera coincidente con lo regulado en el art. 153 de la Constitución Política, pero se realizó la siguiente explicación: \n\n“EL SECRETARIO:\n\n Moción No. 68 (32-19) del diputado Chacón Jiménez:\n\n“artículo 57 (antes 56): para que el texto se lea así: “la ejecución de las sentencias corresponde a la Sala Constitucional, salvo en lo relativo a la liquidación y cumplimiento de indemnizaciones o responsabilidades pecuniarias en otros aspectos que la propia Sala considere del caso, en que se hará en la vía contencioso administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la ley reguladora de esa jurisdicción”.\n\n \n\nEL PRESIDENTE:\n\n En discusión la moción leída?\n\n \n\nDoctor Piza Escalante:\n\n Aquí había una contradicción con la tesis genérica de que son los Tribunales los que ejecutan sus sentencias y enviaba la Jurisdicción Contencioso Administrativo toda la ejecución; entonces quedaban al aire los otros artículos que le permitían a la Sala ejecutarlos.\n\n \n\nDiputado Corrales Bolaños:\n\n En esa parte dice: “o en otros aspectos que la propia Sala considere del aso…”, a qué se está refiriendo?\n\n \n\nDoctor Piza Escalante:\n\n La idea es que la Sala, en la vía de ejecución de sentencia, resuelva lo que ella considere que le corresponde. Lo que demás, lo envía a la vía Contencioso Administrativa.\n\n \n\nEL SECRETARIO:\n\n Se considera suficientemente discutida la moción?\n\n \n\nEL PRESIDENTE:\n\n Discutida. Aprobada (unanimidad, cinco señores diputados presentes).” (sic). Ver actas de aprobación de la LJC. Lo destacado no corresponde al original). \n\n \n\nA partir de lo anterior, está claro que la propia LJC autoriza a esta Sala para que valore y decida si es preciso derivar a la jurisdicción contencioso-administrativa todos o algunos los aspectos relativos a la ejecución de la sentencia. \n\nEn este caso concreto, en virtud de la entidad de la orden para que se determine, concrete y ejecute un plan para garantizar la prestación de abastecimiento de agua potable de forma eficiente, eficaz y continua en el Barrio Juan Viñas, Tempate, Santa Cruz, Guanacaste, estimo que lo procedente es residenciar la fase de ejecución del asunto en la jurisdicción contencioso-administrativa. Lo anterior, debido a la inexistencia de mecanismos idóneos previstos por la normativa que rige a esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a las órdenes consignadas en esta sentencia que revisten aspectos técnicos de gran complejidad. \n\nEn cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (art. 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el art. 56 de LJC, considero que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.\n\nVII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara con lugar el recurso. Se ordena a Alejandro Contreras López, en su condición de jefe de la Oficina Cantonal de Santa Cruz del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien en su lugar ocupe el cargo, que tome todas las medidas necesarias que estén dentro del ámbito de su competencia, para que en un plazo no mayor a DOCE MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se determine, concrete y ejecute un plan para garantizar la prestación de abastecimiento de agua potable de forma eficiente, eficaz y continua en el Barrio Juan Viñas, Tempate, Santa Cruz, Guanacaste. Se advierte al recurrido que, de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La magistrada Garro Vargas salva el voto respecto de la sede de la ejecución de la sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que esa fase sea residenciada en el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Notifíquese. -\n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n AC50UWZMINM61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-024707-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01).",
  "body_en_text": "Document Review\n\n\n\nExp: 26-024707-0007-CO \n\nRes. Nº 2026033017\n\n \n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and forty minutes on 27 August 2026.\n\n \n\nAmparo proceeding brought by Nombre01, identity card CED01, on behalf of the COMMUNITY OF JUAN VIÑAS DE TEMPATE IN SANTA CRUZ DE GUANACASTE, against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS.\n\nBACKGROUND:\n\n 1.- By a written submission filed at 17:34 on 9 July 2026, the applicant brought an amparo proceeding against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, because, according to the applicant, the community of Barrio Juan Viñas de Tempate, in Santa Cruz de Guanacaste, consists of approximately 30 homes and more than 150 people, who lack drinking water service and obtain water from hand-dug wells and other sources. The applicant states that, in 2022, AyA prepared Technical Report GSP-RCHO-2022-00420, which determined that the Cartagena water system had sufficient water capacity to supply the community and recommended setting aside a budget of 60 million to carry out a project to extend the distribution network. Subsequently, in June 2024, by letter GSP-RCHO-2024-01980, the respondent again acknowledged the technical feasibility and the existence of water capacity for the project, indicating that materials might be purchased during 2025 and that construction of the branch line to the community would follow. In July 2024, Report GSP-RCHO-2024-02113 reiterated that water capacity existed to supply the community, although it stated that the Santa Cruz cantonal office did not have sufficient resources and therefore recommended transferring the project to another unit. Because of the situation, in July 2024, amparo proceeding No. 24-018031-0007-CO was filed on the same facts and was dismissed, although the technical feasibility and need for the project were recognized, and a schedule projecting its execution in December 2025 was presented. The applicant complains that, nevertheless, as of the filing of this application, the planned physical works have not been carried out, nor has the corresponding procurement advanced, leaving the community without access to drinking water service. The applicant also states that the situation affects more than 100 people, including minors, older adults, and persons with disabilities. Accordingly, the applicant asks that the amparo application be granted; that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers be ordered to carry out, immediately, the drinking water supply project for Barrio Juan Viñas de Tempate in accordance with the existing technical reports; that it be ordered to submit periodic progress reports; and that interim measures be ordered to ensure temporary access to drinking water while the permanent solution is being implemented.\n\n 2.- By resolution issued at 15:26 on 29 July 2026, the amparo application was admitted for processing, and a report on the alleged facts was requested from the cantonal head of the Chorotega Region of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. \n\n 3.- Alejandro Contreras López, in his capacity as head of the Santa Cruz Cantonal Office of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, reports under oath that since 2022, the Institute has undertaken technical actions to determine the feasibility of the project, concluding that the Cartagena water system has sufficient water capacity to supply the settlement and that an expansion of the distribution network must be built, at an estimated cost of ₡60.000.000. On the other hand, during the following years—2024, 2025, and 2026—the Administration maintained ongoing efforts to advance the project, including hydraulic studies, field surveys, administrative follow-up, coordination with the Directorate of Engineering, and requests to include it in the institutional procurement process for network expansion. The community was also informed that the system’s water supply needed to be increased by equipping Well No. 4 of the Cartagena water system, which was completed in 2023, thereby allowing planning to continue. The purchase of materials was also arranged so that the necessary distribution branch line could later be built. Subsequently, by memorandum GSP-RCH-SC-2025-01021, the Santa Cruz cantonal office formally asked the Directorate of Engineering to continue the project and include it in the institutional on-demand procurement process for network expansion, expressly stating that the required budget allocation had not been available in the 2025 institutional budget. Technical and administrative actions have been taken, and the project has been monitored; however, building the project requires an extraordinary investment and specialized procurement, exceeding operational and budgetary capacity, so the Administration requires procedures that entail implementation in stages. Therefore, the applicant’s allegations are not accepted, since the project has not been abandoned institutionally; rather, it is subject to an ongoing process of planning, monitoring, and management for future implementation.\n\n4.- The legal requirements have been observed in the proceedings.\n\nPrepared by Justice Hess Herrera; and,\n\nREASONS:\n\n I.- SUBJECT OF THE AMPARO APPLICATION. The applicant states that the community of Barrio Juan Viñas de Tempate, Santa Cruz, Guanacaste, has been waiting at least two years for the respondent entity to build the distribution network needed to provide drinking water. Although the Santa Cruz cantonal office acknowledged the project’s technical feasibility and the existence of water capacity, sufficient funds were not budgeted for that purpose. Consequently, the planned physical works have not been carried out, nor has the corresponding procurement advanced, leaving the community without access to drinking water, which the applicant considers contrary to fundamental rights. \n\nII.- FACTS FOUND. The following facts, relevant to deciding this amparo proceeding, are deemed proven: 1) Since an undetermined date, the community of Barrio Juan Viñas de Tempate, Santa Cruz, Guanacaste, has had no drinking water (undisputed fact). 2) In 2022, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers acknowledged that the Cartagena water system had the capacity to supply drinking water to the community seeking amparo (report appearing in case file No. 24-018031-0007-CO). 3) The respondent entity has been advancing the project by conducting hydraulic studies, field surveys, administrative follow-up, coordination with the Directorate of Engineering, and requesting its inclusion in the institutional procurement process for network expansion (report submitted under oath). 4) By memorandum No. GSP-RCH-SC-2025-01021, dated [date omitted in source], the Santa Cruz cantonal office formally asked the Directorate of Engineering to continue the project and include it in the institutional on-demand procurement process for network expansion, expressly stating that the required budget allocation had not been available in the 2025 institutional budget (report submitted under oath). 5) No amount was set aside in the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers’ ordinary budgets for 2025 and 2026 for the specialized procurement needed to continue the project at issue (report submitted under oath). \n\nIII.- DRINKING WATER SUPPLY AS A PUBLIC SERVICE. This Court has repeatedly held that the supply of drinking water is an essential public service for which a fee is charged. In this regard, the Chamber’s case law on drinking water supply has focused primarily on protecting the right to life and health of natural persons. Those rights entail the ability to demand certain services from the State, and in that sphere the State is required to provide certain public services, especially those essential to maintaining sanitary conditions favorable to the preservation of people’s lives and health. Thus, ensuring the purity of water for human consumption and continuity of its supply are part of proper and efficient service to the customer, and in turn guarantee their most basic fundamental rights (see, among others, judgment No. 2024021577 issued at 14:00 on 30 July 2024).\n\nIV.- TECHNICAL IMPOSSIBILITIES THAT HINDER THE SUPPLY OF DRINKING WATER. Moreover, in, among others, judgment No. 07779-2019 issued at 09:15 on 3 May 2019, this Chamber held that a technical, legal, or formal impossibility of providing drinking water service does not violate fundamental rights; and that it is reasonable not to grant service requests, or to require the interested party to bear installation costs, when no drinking water distribution network exists and infrastructure must be built. In such cases, it has been clear that this is not a refusal of access to drinking water service, but rather an inability to provide it or the interested party’s necessary participation in overcoming a technical impossibility, namely, the lack of infrastructure. Of course, the responsible authorities have a duty to expand their infrastructure to guarantee the population access to the service, but while gaps remain, the cooperation of interested parties is essential. In other words, where the failure to provide drinking water service is not capricious, arbitrary, or without grounds, but is justified by a legal or material impossibility, a violation of fundamental rights is ruled out.\n\nV.- THE SPECIFIC CASE. It was established that, since 2022, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers has been advancing a project to provide drinking water to Barrio Juan Viñas de Tempate, Santa Cruz, Guanacaste, because that community lacks this public service. Although the respondent authority acknowledged that the Cartagena water system has the water capacity to supply the required resource, it acknowledged that AyA is materially unable to complete the project because it has not allocated the necessary budget for that purpose during the last two fiscal years. Accordingly, it is accepted that there is no short-term solution. In this regard, in judgment No. 2024021577 issued at 14:00 on 30 July 2024, this Chamber held, insofar as relevant, as follows:\n\n“… V.- THE SPECIFIC CASE. The report submitted under oath by the respondent authority, with even the criminal consequences provided for in section 44 of the Law on Constitutional Jurisdiction, rules out a violation of the applicant’s fundamental rights, based on the considerations set out below. In this regard, it is established that, in letter GSP-RCHO-2024-01980 of 27 June 2024, Alejandro Contreras López, an official of the Chorotega Region of the respondent Institute, informed the applicant, in relation to supplying the communities of El Jobo de Cartagena and Juan Viñas de Tempate: ‘(…) A couple of meetings have indeed been held with the community to seek solutions that would supply the settlement known as Juan Viñas de Tempate. At those meetings, the representatives agreed on the following sequence of activities: 1. Determine the technical feasibility of supplying the settlement of Juan Viñas from the Tempate or Cartagena AyA system. The analysis found that, hydraulically, it was possible to connect them to the Cartagena water system. 2. Once the matter in point 1 had been resolved, the next step was to survey the possible coverage of the Juan Viñas settlement and estimate material costs. 3. Following the same sequence, the meetings explained that, due to the operational water balance of the Cartagena system, it was necessary to wait for Well 4 to be equipped before continuing the technical feasibility assessment for expanding the Cartagena water system to supply the settlement of Juan Viñas. This was completed last year, 2023. Accordingly, work will be done on the possible purchase of materials (pipes and fittings) for 2025, and then efforts will be coordinated to build the branch line to the settlement of Juan Viñas. It should be noted that the coverage is along a national route and a cantonal route.’ Furthermore, it is confirmed that a report prepared on 12 July 2024 by staff of AyA’s Chorotega Region found: ‘Analysis. In 2022, according to technical report GSP-RCHO-2022-00420, site conditions and technical requirements were assessed for supplying the 30 housing units in the area known as Juan Viñas. The necessary materials were identified and described, at an approximate cost of ¢ 60 million colones. As stated in letter GSP-RCHO-2024-01980 from the Directorate of Engineering of the Chorotega Region, in 2023 the equipping and commissioning of Well 4 of the Cartagena water system was confirmed, increasing the system’s water supply, and it was concluded that the Cartagena water system had the capacity to supply the settlement known as Juan Viñas. It was also reported that possible purchase of materials (pipes and fittings) for 2025 was being processed during the current year, to be followed by coordinated efforts to build the branch line to the settlement of Juan Viñas, using resources for operations and maintenance from the Santa Cruz cantonal office. V. Conclusions. The Juan Viñas settlement was built without drinking water service and has supplied itself from its beginnings. Similarly, many settlements and homes in the Chorotega Region lack service. The Cartagena water system currently has the water capacity to supply the Juan Viñas settlement; however, providing service requires building a water system expansion project at an approximate cost of ¢ 60 million colones. Since the Cartagena water system has the water capacity to supply the Juan Viñas settlement, under the Reglamento de Prestación de los Servicios de AYA, interested parties may request a water-capacity certificate, process and build the primary works required for AyA to provide them with service. This is how many interested parties who lack a drinking water pipe in front of their properties and request service are similarly answered and their requests resolved. As stated in letter GSP-RCHO-2024-01980 from the Directorate of Engineering of the Chorotega Region, the possible purchase of materials (pipes and fittings) for 2025 was being processed during the current year, to be followed by coordinated efforts to build the branch line to the settlement of Juan Viñas, using resources for operations and maintenance from the Santa Cruz cantonal office …’”\n\n \n\nHowever, although the respondent authority maintains that the project has not been abandoned institutionally and is subject to an ongoing process of planning, monitoring, and management for future implementation, the fact is that more than two years after that judgment was issued, the project in question remains unfinished, even though, as may be inferred from the report, it is technically feasible. The respondent entity has not had the required budget allocation (¢ 60.000.000) during the last fiscal years to acquire the materials needed to continue the works at issue here. In this regard, although it is reported that technical and administrative actions have been taken and the project monitored, and that building the project requires an extraordinary investment and specialized procurement exceeding operational and budgetary capacity, requiring implementation in stages, the circumstances that gave rise to that earlier case have not changed: the necessary budget reservations have not been made to advance the missing project, even though this was recommended in REPORT GSP-RCHO-2022-00420 of 3 February 2022, thereby limiting the amparo beneficiaries’ access to drinking water. Regarding this fundamental right, it is appropriate to reiterate what this Chamber stated in judgment No. 2018-015965 issued at 09:20 on 28 September 2018, which provides, insofar as relevant, as follows:\n\n“(…) The Chamber’s case law has consistently recognized the so-called fundamental right to water, under which all persons must be afforded the possibility of equal access to drinking water services, since water is essential to human life and health. Indeed, as part of the Law of the Constitution, the Chamber recognizes a fundamental right to drinking water, derived from the fundamental rights to health, life, a healthy environment, food, and decent housing, among others, as has also been recognized in international human rights instruments applicable in Costa Rica. This is stated explicitly in Article 14 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and Article 24 of the Convention on the Rights of the Child; it is also set out in the second principle of the International Conference on Population and Development in Cairo, while in the inter-American system, Article 11(1) of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights—the Protocol of San Salvador—provides that ‘Everyone has the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services.’ Likewise, the then United Nations Committee on Economic, Cultural and Social Rights reiterated that access to water is a human right that, in addition to being essential to a healthy life, is a prerequisite for the realization of all other human rights. This normative reference gives rise to a series of fundamental rights linked to the State’s duty to provide basic public services. This means, on the one hand, that people may not be unlawfully deprived of those services, but, as in the case of drinking water, it cannot be maintained that every individual holds an enforceable right to have the State supply drinking water service immediately and wherever they may be. Rather, as provided in the same Protocol of San Salvador, these rights require States to adopt measures for their provision and supply. This does not mean that the fundamental right to public services lacks concrete enforceability; on the contrary, when the State should reasonably provide them, right holders may demand them, and public administrations or, where applicable, private parties providing them in their place may not rely on alleged resource shortages, the age-old public excuse for failing to fulfill their duties—see, among others, judgments Nos. 2002-10776, issued at fourteen hours and forty-one minutes on 14 November 2002, and 2008-10326, issued at sixteen hours and fifty-one minutes on 19 July 2008—(…)”\n\n \n\nAccordingly, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers has failed to fulfill its constitutional duty to ensure the proper functioning of public services (see, to similar effect, judgment No. 2025021402 issued at 9:20 on 11 July 2025). On this basis, the amparo application must be granted, as will be stated below. \n\n VI.- DISSENTING VOTE OF JUSTICE GARRO VARGAS ON ENFORCEMENT OF THE JUDGMENT.\n\nI dissent as to enforcement of the judgment, so that, pursuant to Art. 56 of the Law on Constitutional Jurisdiction (LJC), it may be assigned to the Enforcement Area of the Administrative Litigation and Civil Treasury Tribunal. \n\nEnforcement of orders issued by the Constitutional Chamber is, in principle, to be supervised by the Chamber itself. However, that provision establishes exceptions under which the Chamber may order that enforcement of the judgment be assigned to the administrative-litigation jurisdiction:\n\n“Art. 56. Enforcement of judgments is the responsibility of the Constitutional Chamber, except with respect to the calculation and payment of compensation and monetary liabilities, or other aspects that the Chamber itself considers appropriate, in which case enforcement shall take place through the administrative-litigation procedure for enforcement of judgments provided for in the law governing that jurisdiction.” (Emphasis not in the original).\n\n \n\nIt should be recalled that the original version contemplated in the draft LJC provided as follows:\n\n“Art. 56. Judgments favorable to the applicant shall be enforced through the administrative-litigation procedure for enforcement of judgments provided for in the law governing that jurisdiction.” (Emphasis not in the original).\n\n \n\nHowever, the text was amended by motion so that the provision would be consistent with Art. 153 of the Political Constitution, and the following explanation was given:\n\n“THE SECRETARY:\n\nMotion No. 68 (32-19) by Deputy Chacón Jiménez:\n\n“Article 57 (formerly 56): so that the text reads as follows: ‘Enforcement of judgments is the responsibility of the Constitutional Chamber, except with respect to the calculation and payment of compensation or monetary liabilities, or other aspects that the Chamber itself considers appropriate, in which case enforcement shall take place through the administrative-litigation procedure for enforcement of judgments provided for in the law governing that jurisdiction.’”\n\n \n\nTHE PRESIDENT:\n\nIs the motion just read open for discussion?\n\n \n\nDr. Piza Escalante:\n\nThere was a contradiction here with the general position that courts enforce their own judgments, and it sent all enforcement to the Administrative Litigation Jurisdiction; the other articles that allowed the Chamber to enforce its judgments were then left up in the air.\n\n \n\nDeputy Corrales Bolaños:\n\nIn that part it says, ‘or other aspects that the Chamber itself considers appropriate…’; what does that refer to?\n\n \n\nDr. Piza Escalante:\n\nThe idea is for the Chamber to decide, in the judgment-enforcement proceeding, what it considers to fall within its remit. Whatever else there is, it sends to the Administrative Litigation Jurisdiction.\n\n \n\nTHE SECRETARY:\n\nIs the motion considered sufficiently discussed?\n\n \n\nTHE PRESIDENT:\n\nDiscussion closed. Approved (unanimously, five deputies present).” (sic). See the minutes approving the LJC. Emphasis not in the original).\n\n \n\nBased on the foregoing, it is clear that the LJC itself authorizes this Chamber to assess and decide whether it is necessary to refer all or some aspects of enforcement of the judgment to the administrative-litigation jurisdiction.\n\nIn this specific case, given the significance of the order to determine, formulate, and implement a plan to ensure the efficient, effective, and continuous provision of drinking water supply in Barrio Juan Viñas, Tempate, Santa Cruz, Guanacaste, I consider it appropriate to assign the enforcement phase of the matter to the administrative-litigation jurisdiction. This is due to the lack of suitable mechanisms under the rules governing this constitutional jurisdiction to monitor compliance with the orders set out in this judgment, which involve highly complex technical matters.\n\nBy contrast, the provisions of the Code of Administrative Litigation Procedure on enforcement (Art. 155 et seq.) offer clear advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing liability, and supervising stages of compliance, among others. Therefore, pursuant to Art. 56 of the LJC, I consider that the enforcement phase should take place before the Enforcement Area of the Administrative Litigation and Civil Treasury Tribunal, under the judgment-enforcement rules of that Code.\n\nVII.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. The parties are advised that, if they submitted any paper documents, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, these must be collected from the office within a maximum period of 30 business days from notification of this judgment. Otherwise, any such materials not collected within that period will be destroyed, as provided in the “Regulations on Electronic Case Files before the Judiciary,” approved by the Full Court at session number 27-11 of 22 August 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin number 19 of 26 January 2012, as well as in the resolution approved by the Superior Council of the Judiciary at session number 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI.\n\nTHEREFORE:\n\nThe amparo application is granted. Alejandro Contreras López, in his capacity as head of the Santa Cruz Cantonal Office of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, or whoever holds that position in his place, is ordered to take all necessary measures within his authority so that, within no more than TWELVE MONTHS from notification of this judgment, a plan is determined, formulated, and implemented to ensure the efficient, effective, and continuous provision of drinking water supply in Barrio Juan Viñas, Tempate, Santa Cruz, Guanacaste. The respondent is warned that failure to comply with this order will constitute the offense of disobedience and that, pursuant to Article 71 of the Law governing this jurisdiction, imprisonment for three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that they must comply with or enforce, issued in an amparo proceeding, and fails to comply with or enforce it, provided that the offense is not subject to a more severe penalty. The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts underlying this declaration, which shall be calculated in enforcement proceedings in the administrative-litigation jurisdiction. Justice Garro Vargas dissents as to the venue for enforcement of the judgment and, pursuant to Article 56 of the Law on Constitutional Jurisdiction, orders that this phase be assigned to the Enforcement Area of the Administrative Litigation and Civil Treasury Tribunal. Notify the parties. -\n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\n AC50UWZMINM61 \n\nCASE FILE No. 26-024707-0007-CO \n\n \n\nTelephone: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01)."
}