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  "id": "nexus-sen-1-0007-1422797",
  "citation": "Res. 33032-2026 Sala Constitucional",
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  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Demora en la conexión de agua potable",
  "title_en": "Delay in Connecting Drinking Water Service",
  "summary_es": "La Sala Constitucional declaró con lugar el amparo porque el ICAA demoró irrazonablemente en instalar un servicio de agua potable ya aprobado: la conexión se realizó después de que la institución recibió la notificación del amparo. Aunque la lesión cesó con la instalación, la mayoría no impuso condena especial en costas, daños y perjuicios, al considerar que su procedencia debía ponderarse conforme al artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional; señaló que la persona conserva la posibilidad de acudir a un proceso de conocimiento para demostrar un menoscabo. El magistrado Salazar Alvarado discrepó y habría ordenado la condena en costas, daños y perjuicios; la magistrada Garro Vargas habría ordenado daños y perjuicios, pero no costas. El magistrado Castillo Víquez añadió una nota sobre la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa en reclamos de justicia administrativa pronta y cumplida.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) granted the amparo because ICAA unreasonably delayed installing a drinking water service that had already been approved: the connection was made after the institution received notice of the amparo. Although installation ended the violation, the majority imposed no special award of costs, damages, or losses, reasoning that their availability had to be assessed under Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Act; it noted that the person may still bring proceedings on the merits to prove harm. Justice Salazar Alvarado dissented and would have ordered an award of costs, damages, and losses; Justice Garro Vargas would have ordered damages and losses, but not costs. Justice Castillo Víquez added a note concerning the administrative-litigation jurisdiction’s competence over claims involving prompt and effective administrative justice.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "27/08/2026",
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    "recurso de amparo",
    "derecho fundamental al agua potable",
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  "keywords_en": [
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  "excerpt_es": "En este sentido, puede acreditarse, que la autoridad recurrida no actuó en un plazo razonable, por el contrario, no fue sino posterior a la notificación de este recurso, que se procedió con las actuaciones de rigor, por lo que, ante la demora en la instalación del servicio aprobado desde el 20 de mayo pasado, y la evidencia descrita, lo procedente es estimar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, por la mora administrativa evidenciada en las omisiones del ICAA.\n\nEn mérito de lo expuesto, se impone declarar con lugar el recurso planteado, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues la violación alegada cesó con la conexión del servicio público a la tutelada.",
  "excerpt_en": "In this regard, it is established that the respondent authority did not act within a reasonable time; rather, the necessary steps were taken only after notice of this amparo. Given the delay in installing the service approved on 20 May and the evidence described, the amparo should therefore be granted, without a special award of costs, damages, or losses, because the ICAA’s omissions evidenced administrative delay.\n\nIn light of the foregoing, the amparo must be granted, without a special award of costs, damages, or losses, since the alleged violation ended when the public service was connected for the protected person.",
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    "summary_en": "The amparo was granted because ICAA unreasonably delayed installing the drinking water service; the majority imposed no special award of costs, damages, or losses because the connection made during the proceeding ended the violation.",
    "summary_es": "Se declaró con lugar el amparo por la demora irrazonable del ICAA en instalar el servicio de agua potable; la mayoría no impuso condena especial en costas, daños y perjuicios porque la conexión realizada durante el trámite hizo cesar la lesión."
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      "quote_es": "En este sentido, puede acreditarse, que la autoridad recurrida no actuó en un plazo razonable, por el contrario, no fue sino posterior a la notificación de este recurso, que se procedió con las actuaciones de rigor."
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    {
      "context": "Considerando IV, precedente citado",
      "quote_en": "The Chamber recognizes, as part of the Law of the Constitution, a fundamental right to drinking water, derived from the fundamental rights to health, life, a healthy environment, food, and decent housing, among others.",
      "quote_es": "La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1422797",
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  "body_es_text": "Revisión del Documento\n\n\n\nExp: 26-025276-0007-CO \n\nRes. Nº 2026033032\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta minutos del veintisiete de agosto de dos mil veintiseis .\n\nRecurso de amparo que se tramita en expediente número 26-025276-0007-CO, interpuesto por Nombre01, mayor, cédula de identidad CED01, contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados -ICAA-. \n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 16:31 horas del 14 de julio de 2026, la recurrente interpone recurso de amparo contra el ICAA y expresa lo siguiente: \n\n“Primero. El día 25 de marzo de 2026 presenté ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados la solicitud para la conexión del servicio de agua potable a mi propiedad ubicada en San José, Dirección02, cumpliendo con los requisitos exigidos por esa institución. Segundo. Desde la presentación de la solicitud (Código de solicitud P11112026030009) he realizado múltiples gestiones de seguimiento para conocer el estado del trámite, procurando obtener una fecha para la instalación del servicio. Tercero. Después de más de tres meses de espera, un funcionario del AYA me informó que la conexión del servicio no será realizada sino hasta la semana del 28 Septiembre al 02 Octubre de 2026, lo que implica una espera de más de seis meses desde la fecha en que presenté la solicitud. Cuarto. Durante este período no se me ha brindado una resolución debidamente motivada que explique las razones técnicas o jurídicas que justifiquen un retraso tan prolongado. Quinto. La propiedad objeto de la presente solicitud se encuentra ubicada entre dos inmuebles que ya cuentan con conexión al servicio de agua potable brindado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Es decir, tanto el inmueble colindante al lado izquierdo como el colindante al lado derecho disponen del servicio de agua potable de manera regular, lo que evidencia la existencia de infraestructura de distribución en el sector. Sexto. La ausencia del servicio de agua potable impide el uso normal del inmueble y afecta directamente mis condiciones de vida, obligándome a asumir gastos adicionales y limitando el ejercicio de derechos fundamentales que dependen del acceso a este servicio público esencial.” (sic). \n\n Con base en los alegatos expuestos, estima que, con las actuaciones acusadas, se están vulnerando derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley.\n\n2.- Mediante resolución de las 21:43 horas del 24 de julio de 2026, la Presidencia de la Sala dio curso a este amparo y se le solicitó informe al Gerente General del ICAA sobre los hechos alegados por la parte recurrente. \n\n3.- Informa bajo juramento María de los Ángeles Morera Calderón, en su condición de Subgerente General del ICAA (escrito presentado a las 16:59 horas del 31 de julio de 2026) en los siguientes términos:\n\n“Me permito aclarar a la autoridad judicial que este informe es presentado por mi persona, en virtud de que el Ing. José Darío Guzmán Álvarez, Gerente General de este instituto, se encuentra incapacitado, y por ende los asuntos de la citada dependencia están siendo atendidos por mi persona, como Subgerente General, por lo que ostento facultades suficientes para estos efectos. En dicho recurso de amparo la recurrente alega, en resumen: (…) I. EN CUANTO A LOS HECHOS ALEGADOS POR LA RECURRENTE. En atención a la situación objeto del amparo planteado por la señora Nombre01 contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, con fundamento en los informes técnicos elaborados por David Gamboa Mora, funcionario de la UEN Servicio al Cliente Medición GAM - Área de Inspección de Factibilidad de Nuevos Servicios Zona 1, mediante memorando N°UEN-SCMED-GAM-2026-01513 de fecha 29 de julio del 2026 y su anexo, el cual se adjunta como prueba de este informe, y el alcance de la norma que al efecto se regula en el Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, queda demostrado que: 1. La solicitud de Nuevo Servicio fue recibida en la Plataforma de servicios de Dirección03, la cual ingresa la respectiva solicitud al sistema el 25 de marzo del 2026 con el número P11112026030009, a nombre de Nombre01 para la obtención de un servicio de Agua Potable, en la propiedad ubicada en San José, Uruca, de Repretel 500 metros al sur y 50 metros al oeste lote a mano izquierda (Ver informe N°UEN-SCMED-GAM-2026- 01513). 2. La solicitud en cuestión se recibió en el Área de Inspección de Factibilidad Zona 1, el día 10 de abril del 2026; se procedió de inmediato con la verificación de cumplimiento de los requisitos establecidos en los Artículos 67 y 68 del Reglamento de Prestación de los Servicios de AyA, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 27, Alcance No. 29 del 9 de febrero de 2021, Acuerdo de la Junta Directiva 2020-0442 y sus modificaciones. El día 29 de abril del 2026 se programó el expediente para la inspección de Factibilidad correspondiente a cargo de inspector Gerson Chavarría López de la UEN Servicio al Cliente Medición GAM Nuevos Servicios y Disponibilidades de AyA, quién indica: “Se aprueba 1 nuevo servicio para vivienda, en tarifa DOMICILIAR-RESIDENCIAL, asfalto, con alcantarillado”. El día 18 de mayo del 2026, el Área de Inspección de Factibilidad Zona 1 trasladó el expediente aprobado NºP11112026030009, al Área de Catastro, con el fin de que valorara y confirmara la codificación respectiva de la propiedad y en esa misma fecha, esa dependencia remitió el expediente con los códigos correspondientes, al Área de Análisis y Depuración. En fecha 20 de mayo del 2026 a las 07:42 horas, se le notificó a la usuaria la aprobación del servicio solicitado mediante el correo ...01. La programación e instalación del servicio fue ejecutada el 29 de julio del 2026, asignándosele el NIS CED02 mediante orden de servicio N°54470821 (Ver informe N°UEN-SCMED-GAM-2026-01513). Lo anterior se evidencia con las siguientes imágenes: (…) II. NORMATIVA APLICABLE. Artículos 7, 8, 9, 67, 68 y 77 del Reglamento para la prestación de los servicios de AyA, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Digital N°27, Alcance N°29, martes 09 de febrero, 2021. III. CONCLUSIONES. En virtud de lo expuesto, debe tenerse claro que las actuaciones de AyA están sometidas al Principio de Legalidad consagrado en el artículo 11 de nuestra Carta Magna y la Ley General de la Administración Pública; principio que somete a toda la Administración Pública a actuar conforme al ordenamiento jurídico, así como a las reglas unívocas de la ciencia y técnica que respalda el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública y alcances regulados en los artículos 7, 8, 9, 67, 68 y 77 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA. En tal sentido, es importante concluir que la gestión de la amparada ha sido debidamente atendida, por lo que no se han lesionado los derechos fundamentales de la recurrente por parte de la institución, como se indicó supra el servicio de agua potable fue instalado el 29 de julio del 2026, y ninguna de las actuaciones de este Instituto han sido antojadizas, arbitrarias o infundadas. IV. PRUEBA - Memorando N°UEN-SCMED-GAM-2026-01513 de fecha 29 de julio del 2026 y su anexo. V. PETITORIA Por lo antes expuesto y en razón de demostrarse que los hechos alegados, mediante este Recurso de Amparo, no son imputables a nuestra responsabilidad y que nuestras actuaciones han sido las correctas, de conformidad con la normativa que nos rige, solicitamos se declare sin lugar el presente recurso, se ordene archivar el expediente y se exima de toda responsabilidad, así como de toda condenatoria en costas, daños y perjuicios al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados”. \n\n4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\n Considerando:\n\nI.- Sobre el conocimiento de este caso por lesión al artículo 41 de la Constitución Política. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-002545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una solicitud de conexión del servicio de agua potable y que, presuntamente, no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver, la situación concreta planteada en este amparo.\n\nII.- Objeto del recurso. La recurrente alega que el 25 de marzo de 2026 presentó ante el ICAA una solicitud para la conexión del servicio de agua potable a su propiedad ubicada en barrio Los Árboles, San José. Después de más de tres meses de espera, un funcionario del ICAA le informó que la conexión del servicio será realizada en la semana del 28 septiembre al 02 de octubre de 2026, lo que implica una espera de más de seis meses desde la fecha en que realizó la gestión. \n\nIII.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la recurrida hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\n1) El 25 de marzo de 2026, la solicitud de nuevo servicio fue recibida en la Plataforma de Servicios del ICAA del Dirección03, la cual ingresa con el número P11112026030009, a nombre de Nombre01 para la obtención de un servicio de agua potable en la propiedad ubicada en la Uruca, San José, de Repretel 500 metros al sur y 50 metros al oeste, lote a mano izquierda (véanse informe de la autoridad recurrida y prueba documental aportada). \n\n2) El 10 de abril de 2026, la solicitud en cuestión se recibió en el Área de Inspección de Factibilidad Zona 1 y se procedió de inmediato con la verificación de cumplimiento de los requisitos respectivos (véanse informe de la autoridad recurrida y prueba documental aportada). \n\n3) El 29 de abril de 2026 se programó el expediente para la inspección de Factibilidad correspondiente a cargo del inspector Gerson Chavarría López de la UEN Servicio al Cliente Medición GAM Nuevos Servicios y Disponibilidades del ICAA, quien indicó: “Se aprueba 1 nuevo servicio para vivienda, en tarifa DOMICILIAR-RESIDENCIAL, asfalto, con alcantarillado” (véanse informe de la autoridad recurrida y prueba documental aportada). \n\n4) El 18 de mayo de 2026, el Área de Inspección de Factibilidad Zona 1 trasladó el expediente aprobado No. P11112026030009, al Área de Catastro con el fin de que valorara y confirmara la codificación respectiva de la propiedad y, en esa misma fecha, esa dependencia remitió el expediente con los códigos correspondientes al Área de Análisis y Depuración (véanse informe de la autoridad recurrida y prueba documental aportada). \n\n5) El 20 de mayo de 2026 se le notificó a la recurrente la aprobación del servicio solicitado mediante el correo electrónico ...01 (véanse informe de la autoridad recurrida y prueba documental aportada). \n\n6) El 27 de julio de 2026 se notificó a la autoridad recurrida la resolución de las 21:43 horas del 24 de julio de 2026, mediante la cual se le dio curso a este amparo (véase acta de notificación respectiva). \n\n7) El 29 de julio de 2026, la instalación del servicio fue ejecutada según orden de servicio No. CED03 asignándosele el NIS 5575413 (véanse informe de la autoridad recurrida y prueba fotográfica aportada).\n\nIV.- Sobre el derecho fundamental al suministro de agua potable. Este Tribunal ha dispuesto, en otros asuntos similares, que como parte del Derecho de la Constitución existe un derecho fundamental al suministro de agua potable. Específicamente, en sentencia No. 2003-004654 de las 15:44 horas del 27 de mayo de 2003, reiterada en la sentencia No. 2026-027007 de las 09:25 horas del 17 de julio de 2026, se dispuso, en lo conducente: \n\n“V.- La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (\"Protocolo de San Salvador\" de 1988), el cual dispone que: “Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. Además, recientemente, el Comité de Derechos Económicos, Culturales y Sociales de la ONU reiteró que disponer de agua es un derecho humano que, además de ser imprescindible para llevar una vida saludable, es un requisito para la realización de todos los demás derechos humanos. \n\nVI.- Del anterior marco normativo se deriva una serie de derechos fundamentales ligados a la obligación del Estado de brindar los servicios públicos básicos, que implican, por una parte, que no puede privarse ilegítimamente de ellos a las personas, pero que, como en el caso del agua potable, no puede sostenerse la titularidad de un derecho exigible por cualquier individuo para que el Estado le suministre el servicio público de agua potable, en forma inmediata y dondequiera que sea, sino que, en la forma prevista en el mismo Protocolo de San Salvador, esta clase de derechos obligan a los Estados a adoptar medidas, conforme lo dispone el artículo primero del mismo Protocolo”.\n\nV.- Sobre el caso concreto. En el sub examine, la recurrente aduce que el 25 de marzo de 2026 presentó ante el ICAA una solicitud para la conexión del servicio de agua potable a su propiedad ubicada en barrio Los Árboles, San José. Reclama que después de más de tres meses de espera, un funcionario del ICAA le informó que la conexión del servicio será realizada en la semana del 28 septiembre al 02 de octubre de 2026, lo que implica una espera de más de seis meses desde la fecha en que realizó la gestión.\n\nAl respecto, de conformidad con la prueba allegada a los autos, así como del informe rendido por la autoridad recurrida, dado bajo fe de juramento con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, este Tribunal Constitucional estima que lleva razón la interesada en su alegato. Lo anterior, debido a que se tiene por acreditado que el 25 de marzo de 2026 la recurrente presentó una solicitud formal para la instalación de servicio de agua potable mediante medidor ante la Plataforma de Servicios del ICAA del Dirección03, la cual fue aprobada el 20 de mayo de 2026, no menos cierto es que, no fue sino hasta con ocasión de la notificación de la resolución de curso de este proceso a la autoridad accionada, que se coordinó lo necesario para realizar el pasado 29 de julio la conexión del servicio en la propiedad en cuestión. Esto luego de haber transcurrido, aproximadamente, más de cuatro meses desde realizada la solicitud del servicio de agua y más de dos meses después de su aprobación. \n\nEn este sentido, puede acreditarse, que la autoridad recurrida no actuó en un plazo razonable, por el contrario, no fue sino posterior a la notificación de este recurso, que se procedió con las actuaciones de rigor, por lo que, ante la demora en la instalación del servicio aprobado desde el 20 de mayo pasado, y la evidencia descrita, lo procedente es estimar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, por la mora administrativa evidenciada en las omisiones del ICAA.\n\nVI.- Conclusión. En mérito de lo expuesto, se impone declarar con lugar el recurso planteado, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues la violación alegada cesó con la conexión del servicio público a la tutelada. \n\nVII.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios. \n\nVIII.- Nota del magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nIX.- Voto salvado parcial del magistrado Salazar Alvarado, únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada. \n\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que: \n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. \n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que: \n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”. \n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”. \n\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.\n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional. \n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”. \n\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.\n\nEn mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos. \n\nComo razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estima el suscrito que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente: \n\n“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”. \n\nEs claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.\n\nX.- Voto salvado de la magistrada Garro Vargas respecto a la parte dispositiva de esta sentencia. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. \n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.\n\nEn razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.\n\nXI.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Castillo Víquez pone nota. El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n WEQC2NNOSJC61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-025276-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01).",
  "body_en_text": "Document Review\n\n\n\nExp: 26-025276-0007-CO\n\nRes. No. 2026033032\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at 9:40 a.m. on 27 August 2026.\n\nAmparo proceeding in case file number 26-025276-0007-CO, filed by Nombre01, of legal age, identity card CED01, against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers) -ICAA-.\n\nBackground:\n\n1.- By a written submission received by the Chamber Secretariat at 16:31 on 14 July 2026, the applicant files an amparo proceeding against ICAA and states the following:\n\n“First. On 25 March 2026, I submitted to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados an application to connect potable water service to my property located in San José, Dirección02, meeting the requirements established by that institution. Second. Since submitting the application (Application Code P11112026030009), I have made multiple follow-up inquiries to learn the status of the process, seeking to obtain a date for installation of the service. Third. After waiting more than three months, an AYA employee informed me that the service connection would not be made until the week of 28 September to 02 October 2026, which means a wait of more than six months from the date I submitted the application. Fourth. During this period, I have not been provided with a duly reasoned decision explaining the technical or legal grounds for such a prolonged delay. Fifth. The property covered by this application is located between two properties that already have connections to the potable water service provided by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. That is, both the property adjoining it on the left and the one adjoining it on the right have regular potable water service, which shows that distribution infrastructure exists in the area. Sixth. The absence of potable water service prevents normal use of the property and directly affects my living conditions, forcing me to incur additional expenses and limiting the exercise of fundamental rights that depend on access to this essential public service.” (sic).\n\nOn the basis of the arguments presented, she considers that the challenged actions violate fundamental rights. She requests that the amparo be granted, with the legal consequences thereof.\n\n2.- By order issued at 21:43 on 24 July 2026, the Presidency of the Chamber admitted this amparo for processing and requested a report from the ICAA General Manager concerning the facts alleged by the applicant.\n\n3.- María de los Ángeles Morera Calderón, in her capacity as ICAA Deputy General Manager, reports under oath (written submission filed at 16:59 on 31 July 2026) as follows:\n\n“I wish to clarify to the judicial authority that I am submitting this report because Eng. José Darío Guzmán Álvarez, General Manager of this institute, is on medical leave. Consequently, I, as Deputy General Manager, am handling the matters of that department and have sufficient authority for these purposes. In this amparo proceeding, the applicant alleges, in summary: (…) I. REGARDING THE FACTS ALLEGED BY THE APPLICANT. Regarding the circumstances underlying the amparo filed by Ms. Nombre01 against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and on the basis of the technical reports prepared by David Gamboa Mora, an employee of the UEN Servicio al Cliente Medición GAM - Área de Inspección de Factibilidad de Nuevos Servicios Zona 1, by memorandum No. UEN-SCMED-GAM-2026-01513 dated 29 July 2026 and its annex, attached as evidence to this report, as well as the scope of the applicable provisions of the Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, it has been established that: 1. The application for a New Service was received at the Dirección03 Service Platform, which entered the application into the system on 25 March 2026 under number P11112026030009, in the name of Nombre01, to obtain potable water service at the property located in San José, Uruca, 500 meters south and 50 meters west of Repretel, lot on the left-hand side (see report No. UEN-SCMED-GAM-2026-01513). 2. The application in question was received by the Zona 1 Feasibility Inspection Area on 10 April 2026; verification of compliance with the requirements established in Articles 67 and 68 of the Reglamento de Prestación de los Servicios de AyA, published in the official gazette La Gaceta No. 27, Supplement No. 29 of 9 February 2021, Board of Directors Agreement 2020-0442 and its amendments, was immediately undertaken. On 29 April 2026, the case file was scheduled for the corresponding feasibility inspection by inspector Gerson Chavarría López of the UEN Servicio al Cliente Medición GAM Nuevos Servicios y Disponibilidades of AyA, who stated: ‘Approval is granted for 1 new residential service, under the DOMICILIAR-RESIDENCIAL rate, paved road, with sewer service.’ On 18 May 2026, the Zona 1 Feasibility Inspection Area transferred the approved case file No. P11112026030009 to the Cadastre Area so that it could assess and confirm the relevant property coding; on that same date, that department forwarded the case file with the corresponding codes to the Analysis and Review Area. On 20 May 2026 at 07:42, the user was notified by email ...01 that the requested service had been approved. The service was scheduled and installed on 29 July 2026, and NIS CED02 was assigned to it under service order No. 54470821 (see report No. UEN-SCMED-GAM-2026-01513). This is shown by the following images: (…) II. APPLICABLE REGULATIONS. Articles 7, 8, 9, 67, 68 and 77 of the Reglamento para la prestación de los servicios de AyA, published in the official gazette La Gaceta Digital No. 27, Supplement No. 29, Tuesday, 09 February 2021. III. CONCLUSIONS. In light of the foregoing, it must be clear that AyA’s actions are subject to the Principle of Legality enshrined in Article 11 of our Constitution and the Ley General de la Administración Pública; this principle requires all Public Administration entities to act in accordance with the legal system, as well as the unequivocal rules of science and technology supported by Article 16 of the Ley General de la Administración Pública and the provisions governed by Articles 7, 8, 9, 67, 68 and 77 of the Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA. Accordingly, it is important to conclude that the applicant’s request has been duly handled, and the institution has therefore not violated the applicant’s fundamental rights. As stated above, potable water service was installed on 29 July 2026, and none of this Institute’s actions have been capricious, arbitrary or unfounded. IV. EVIDENCE - Memorandum No. UEN-SCMED-GAM-2026-01513 dated 29 July 2026 and its annex. V. REQUEST For the foregoing reasons, and because it has been shown that the facts alleged in this amparo proceeding are not attributable to us and that our actions were correct under the regulations governing us, we request that this amparo be dismissed, that the case file be archived, and that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados be exempted from all liability and from any award of costs, damages and losses.”\n\n4.- The legal requirements have been observed in the proceedings.\n\nPrepared by Justice Castillo Víquez; and,\n\nReasons:\n\nI.- Regarding the Chamber’s consideration of this case for violation of Article 41 of the Constitution. Before considering the merits, it must be clarified that, beginning with judgment No. 2008-002545, issued at 08:55 on 22 February 2008, this Chamber has referred to the administrative-litigation jurisdiction—with certain exceptions—those matters in which the question is whether the Public Administration has complied with the time limits established in the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or in sector-specific laws governing special administrative proceedings, whether to issue a final decision in an administrative proceeding—initiated on its own motion or at a party’s request—or to hear the applicable administrative appeals. This case, specifically, falls within an exception, because it concerns an application to connect potable water service that allegedly was not resolved within a reasonable time. Having clarified this point, the Chamber proceeds to decide the specific circumstances raised in this amparo.\n\nII.- Subject of the amparo. The applicant alleges that on 25 March 2026 she submitted to ICAA an application to connect potable water service to her property in barrio Los Árboles, San José. After waiting more than three months, an ICAA employee informed her that the service connection would be made during the week of 28 September to 02 October 2026, which means a wait of more than six months from the date she submitted the application.\n\nIII.- Facts found. The following facts, relevant to deciding this matter, are considered duly established, either because they have been proven or because the respondent failed to address them, as required by the initial order:\n\n1) On 25 March 2026, the application for a new service was received at the ICAA Service Platform of Dirección03, which entered it under number P11112026030009, in the name of Nombre01, to obtain potable water service at the property located in Uruca, San José, 500 meters south and 50 meters west of Repretel, lot on the left-hand side (see the respondent authority’s report and the documentary evidence submitted).\n\n2) On 10 April 2026, the application in question was received by the Zona 1 Feasibility Inspection Area, which immediately proceeded to verify compliance with the relevant requirements (see the respondent authority’s report and the documentary evidence submitted).\n\n3) On 29 April 2026, the case file was scheduled for the corresponding feasibility inspection by inspector Gerson Chavarría López of the ICAA UEN Servicio al Cliente Medición GAM Nuevos Servicios y Disponibilidades, who stated: “Approval is granted for 1 new residential service, under the DOMICILIAR-RESIDENCIAL rate, paved road, with sewer service” (see the respondent authority’s report and the documentary evidence submitted).\n\n4) On 18 May 2026, the Zona 1 Feasibility Inspection Area transferred the approved case file No. P11112026030009 to the Cadastre Area so that it could assess and confirm the relevant property coding; on that same date, that department forwarded the case file with the corresponding codes to the Analysis and Review Area (see the respondent authority’s report and the documentary evidence submitted).\n\n5) On 20 May 2026, the applicant was notified by email ...01 that the requested service had been approved (see the respondent authority’s report and the documentary evidence submitted).\n\n6) On 27 July 2026, the respondent authority was notified of the order issued at 21:43 on 24 July 2026, by which this amparo was admitted for processing (see the corresponding notice of service).\n\n7) On 29 July 2026, the service was installed under service order No. CED03, and NIS 5575413 was assigned to it (see the respondent authority’s report and the photographic evidence submitted).\n\nIV.- On the fundamental right to the supply of potable water. In other similar matters, this Court has held that the Constitution’s legal order includes a fundamental right to the supply of potable water. Specifically, judgment No. 2003-004654, issued at 15:44 on 27 May 2003 and reiterated in judgment No. 2026-027007, issued at 09:25 on 17 July 2026, held, in relevant part:\n\n“V.- The Chamber recognizes, as part of the Constitution’s legal order, a fundamental right to potable water, derived from the fundamental rights to health, life, a healthy environment, food and adequate housing, among others, as has also been recognized in international human rights instruments applicable in Costa Rica. Thus, it is expressly recognized in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Article 14) and the Convention on the Rights of the Child (Article 24); it is also set out in the International Conference on Population and Development in Cairo (Principle 2), and declared in numerous other instruments of International Humanitarian Law. Within the Inter-American Human Rights System, Costa Rica is particularly bound in this matter by Article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (‘Protocol of San Salvador’ of 1988), which provides: ‘Article 11. Right to a Healthy Environment 1. Everyone has the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services.’ In addition, the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights recently reiterated that access to water is a human right which, besides being essential to a healthy life, is a requirement for the realization of all other human rights.\n\nVI.- The foregoing legal framework gives rise to a series of fundamental rights connected to the State’s obligation to provide basic public services. These rights mean, on the one hand, that people may not be unlawfully deprived of those services; on the other hand, in the case of potable water, they do not establish an enforceable right for any individual to demand that the State supply potable water service immediately and wherever they may be. Rather, as provided in the Protocol of San Salvador itself, these rights require States to adopt measures, as provided in Article 1 of that Protocol.”\n\nV.- On the specific case. In the matter under review, the applicant alleges that on 25 March 2026 she submitted to ICAA an application to connect potable water service to her property in barrio Los Árboles, San José. She complains that, after waiting more than three months, an ICAA employee informed her that the service connection would be made during the week of 28 September to 02 October 2026, which means a wait of more than six months from the date she submitted the application.\n\nIn this regard, based on the evidence submitted in the case file and the report provided by the respondent authority under oath, following due warning of the consequences, including criminal consequences, set out in Article 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, this Constitutional Court considers the applicant’s argument well-founded. This is because it has been established that on 25 March 2026 the applicant formally applied for installation of potable water service by means of a meter through the ICAA Service Platform of Dirección03. The application was approved on 20 May 2026. It is nonetheless true that the necessary arrangements to connect the service at the property in question on 29 July were not made until the respondent authority was notified of the order admitting this proceeding. This was after approximately more than four months had passed since the water service application was submitted and more than two months after it was approved.\n\nIn this regard, it is established that the respondent authority did not act within a reasonable time. On the contrary, it was only after notice of this amparo that the required actions were taken. In view of the delay in installing the service, which had been approved on 20 May, and the evidence described, the proper course is to grant the amparo, without a special award of costs, damages and losses, because of the administrative delay shown by ICAA’s omissions.\n\nVI.- Conclusion. In light of the foregoing, the amparo must be granted, without a special award of costs, damages and losses, because the alleged violation ceased when the protected person’s public service connection was installed.\n\nVII.- On the award of costs, damages and losses under Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Upon further consideration, the majority of the Chamber considers that, in the matter under review, pursuant to paragraph 1 of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial decision is issued that revokes, halts or suspends the challenged action, the amparo shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if appropriate”), the amparo should be granted without a special award of costs, damages and losses, for the following reasons. Although the law expressly requires the operative part of the judgment to state that the amparo is granted when the grievance is resolved while the amparo is pending, it is equally true that the final clause of that same paragraph provides that the amparo is granted “solely for purposes of compensation and costs, if appropriate.” The law says “if appropriate,” which means that whether compensation and costs are appropriate depends on the Chamber’s assessment, evaluation or balancing. In cases such as this one, the relief sought by the protected person and the respondent authority’s conduct in acknowledging that relief suggest that the alleged detriment, injury or impairment does not directly concern an impact on a constitutional right of an evidently pecuniary nature (as would, for example, an impact on the right to wages). To dispel any doubt on this point, it is important to note Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, which provides that “every decision granting the amparo shall order, in the abstract, compensation for the damages and losses caused and payment of the costs of the amparo, with their assessment reserved for enforcement of the judgment.” That provision does not allow for an assessment of whether compensation and costs are appropriate. The principles of Constitutional Law, Public Law and General Procedural Law or, as applicable, International or Community Law and, in addition, in that order, the Ley General de la Administración Pública, the Código Procesal Contencioso Administrativo and other procedural codes are supplementary sources for applying and interpreting the provisions of the Ley de la Jurisdicción Constitucional—see Article 14. For the administrative-litigation jurisdiction, the legislature established a provision fully applicable to this case by analogy in Article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which accords with procedural logic in any field. In any event, the affected party in this case retains the option of bringing, if they so wish, proceedings on the merits to prove that they have suffered some form of detriment. On this basis, the majority considers that this amparo should be resolved without an award of costs, damages and losses.\n\nVIII.- Note by Justice Castillo Víquez on prompt and effective administrative justice. I have supported this Court’s position that when a litigant alleges a violation of the right to prompt and effective justice in administrative proceedings, the legal dispute must be heard by the Administrative Litigation Courts, not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is subject to judicial protection by means of the amparo proceeding established by Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to Article 27 of the Constitution of the Republic of Costa Rica, in cases where the petitioner considers that the Administration’s material actions, its administrative acts or its response are affecting the petitioner’s fundamental rights. In my view, the recently enacted legislation does not mean that this Court should change its line of precedent, since under Article 7 of its Law it is exclusively for this Court to define its own jurisdiction. Therefore, except for those constitutional legal disputes that this Chamber itself has recognized as exceptions that may be heard in this jurisdiction through the constitutional proceeding for protection by amparo, in all other cases, for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545, issued at 8:55 on 22 February 2008), jurisdiction lies with the Judges of the administrative-litigation jurisdiction. All of this accords with Article 25 of the American Convention on Human Rights, the Constitution’s legal order (values, principles and rules), and the applicable statutory provisions, based on a logical, systemic and teleological interpretation of the legal system.\n\nIX.- Partial dissenting vote of Justice Salazar Alvarado, solely regarding the decision not to order the respondent party to pay costs, damages and losses. Although I agree with the rest of the Chamber that the amparo should be granted, I disagree with the majority’s decision to exempt the respondent party from paying the costs, damages and losses arising from the violation of the fundamental rights of the protected party.\n\nArticle 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional provides:\n\n“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial decision is issued that revokes, halts or suspends the challenged action, the amparo shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if appropriate.”\n\nArticle 51 of that Law, in turn, provides:\n\n“...every decision granting the amparo shall order, in the abstract, compensation for the damages and losses caused and payment of the costs of the amparo, with their assessment reserved for enforcement of the judgment.”\n\nThis latter provision establishes the general system governing compensation and payment of costs, which the majority calls the “natural or normal manner in which proceedings end, where a ruling is made on the merits and the facts that violated fundamental rights are recognized…”.\n\nIn the majority’s view, Article 51, cited above, governs cases in which the Chamber has found the grievance proven, thereby giving rise to the need to award costs, damages and losses. However, in my view, a systematic interpretation of both provisions leads to the conclusion that, both where this Constitutional Court finds a violation of a fundamental right and consequently grants the amparo, and where the Administration, on its own initiative, restores the injured person to the enjoyment of their fundamental rights after learning of the amparo—the circumstance contemplated in Article 52 referred to above—the necessary and unavoidable consequence under Articles 50 and 51 of that Law is an order requiring the infringing party to pay compensation for the damages and losses caused and the costs of the amparo. This rule simply recognizes the right of a party whose fundamental rights have been violated to effective judicial protection concerning reparation for the harmful consequences arising from the actions or omissions of the infringing authorities. It also serves as a deterrent to prevent the State from repeating the actions that gave rise to the amparo being granted, a matter governed by Article 50 of the Law applicable to this jurisdiction. Thus, whether the Chamber found the grievance proven and considered the merits, or the violation ceased because the respondent authority chose to act after learning that the amparo was being processed and restored the injured party to the enjoyment of their fundamental rights (Article 52), in either case the infringing party must be ordered to pay costs, damages and losses. The basis for this lies in the principles of protection of people’s rights and of the Administration’s responsibility for damage and losses caused by its unconstitutional conduct.\n\nAccordingly, the fact that the effects of the challenged act had already ceased when the amparo was considered and granted, under Articles 50 and 52 of the cited Law, does not preclude an award of costs, damages and losses. Such a case forms an integral part of the general system requiring an award under those heads established by the Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nIt is clear, moreover, that Article 52 applies only in cases where the Chamber, although it has not considered or ruled on the merits of the claim, has found that the protected party suffered a violation of their fundamental rights because the Administration restored them to the enjoyment of those rights. As the Chamber majority states, this situation entails an “abnormal termination of the proceedings.”\n\nThe legislature precisely established and defined the circumstances in which this Chamber may order that form of abnormal conclusion of amparo proceedings, as well as its effects: 1) the amparo must be pending, meaning that the Administration has been duly notified of the order admitting the amparo; and 2) there must be an administrative or judicial decision that unequivocally revokes, halts or suspends the challenged action that violated fundamental rights. The provision in question does create an exception to the general system requiring an award of costs, damages and losses, despite granting the amparo, by providing that in the cases it governs the amparo shall be granted “solely for purposes of compensation and costs, if appropriate.” As an exception, it must be interpreted narrowly: it applies only in the circumstances strictly set out in the provision. This follows not only from the rule that legal exceptions must be interpreted narrowly, but also because applying this exception would undoubtedly impair people’s fundamental right to effective judicial protection against the damages and losses they have suffered from violations of their constitutional rights.\n\nIn my view, this exception should be interpreted to mean that under the general system automatically awarding costs, damages and losses for a violation of fundamental rights, such an award is always appropriate, even if the respondent party issues an administrative or judicial decision revoking, halting or suspending the challenged action, unless it is unequivocally and clearly established that no harm capable of compensation was caused in the specific case. Only in those circumstances may the respondent Administration be exempted from paying those amounts. Since, in this case, there is no evidence to rebut the presumption that the protected party suffered economic damages and losses arising from the challenged actions—the specific determination of which falls outside this jurisdiction—the amparo must necessarily be granted with an award of costs, damages and losses, and we so hold.\n\nAs an additional reason, it should be emphasized that the very nature and operation of amparo proceedings is not primarily to analyze whether damages and losses exist, but to determine whether there were actions or omissions that may cause a breach of the system of people’s fundamental rights. From that perspective, this Chamber’s analysis focuses on that determination, but does not assess whether those matters caused injuries to the protected person’s pecuniary interests. Although the aforementioned Article 52 of the LJC, in its grammatical scope, provides that such an award (for damages, losses and costs) is made if appropriate, I do not consider that the assessment of appropriateness may be automatically excluded in advance in this type of proceeding. It is in another ordinary proceeding that it must be determined whether, within the legal relationship examined in the amparo, the Administration’s (or, where applicable, a private-law subject’s) conduct or omissions were an adequate cause of pecuniary harm that is legally compensable. By way of reference, Articles 179 to 184 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, Law No. 8508, define special proceedings to determine the financial effects of awards made in these proceedings. Under Article 179 thereof, those proceedings have the following purpose:\n\n“ARTICLE 179.- The Administrative Litigation Court has jurisdiction to enforce judgments issued by the Constitutional Jurisdiction in habeas corpus and amparo proceedings against public-law subjects, solely as regards the proof, assessment and payment of monetary compensation.”\n\nIt is clear that those proceedings are directed at analyzing the necessary prior ruling issued by this Chamber concerning an award in the abstract under those heads. Such claims could not be brought in those proceedings if the judgment in the amparo proceeding expressly ruled that damages, losses and/or costs were inappropriate, or if it made no express ruling on this matter. In other words, the special proceedings in the administrative-litigation jurisdiction require, as a sine qua non, an award or express ruling by this Constitutional Chamber. Accordingly, in my view, under the aforementioned Article 52 of the LJC, exemption from that pecuniary award requires proof in each case of circumstances on the basis of which the nonexistence of pecuniary harm, even potential harm, arising from or associated with the facts under review is reasoned. Thus, it is an exception that requires qualified and duly reasoned case-by-case application. The mere fact that, during the proceedings, the Administration issues a decision or a judicial judgment is rendered that revokes, halts or suspends the challenged action does not, in itself, rule out the possibility that, before that cessation due to a cause attributable or not attributable to the respondent entity, the alleged neglect or challenged interference may have caused damages and losses. However, the substantive questions concerning the actual harm, its amount, the timely filing of a claim, and so forth, fall outside the nature of these proceedings. Under the aforementioned Article 52, those questions are properly addressed through an award in the abstract, which then serves as the basis for analysis in the Administrative Litigation Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require proof of damages and losses because, I reiterate, that is not their primary purpose or rationale. Thus, the protected person need not claim or prove damages; the person seeks protection of their fundamental rights. Whether the administrative conduct caused them harm is, as a matter of principle and except in extraordinary cases, not part of the basis for analysis in this type of case. Note that in the situation governed by that provision, the Constitutional Chamber does not conduct a merits review of the matter requiring protection, because the amparo or habeas corpus proceeding has ended due to the supervening circumstance described above. Therefore, in such cases, the law requires that the Court not assess whether there was a violation; still less can it determine whether the applicant’s allegations involve circumstances that may be subject to civil reparation. Thus, the exemption from an award mentioned in that provision is exceptional, not the rule. Accordingly, in such cases, the provision requires an award in the abstract so that its appropriateness may be assessed in another full proceeding. Otherwise, if exemption from damages, losses and costs were applied as a rule, protection of the legal position of a person who may have suffered harm to their pecuniary interests despite the respondent party’s subsequent response would be put at risk, to the detriment of Article 45 of the Constitution and in disregard of the Administration’s potential liability, as required by Article 9 thereof. Nor should it be overlooked that it was by virtue of an action of this kind that conduct ceased which, in theory, threatened or violated the person’s fundamental rights. That is, to obtain protection of those rights, the person sought judicial protection, and it was by that means that the challenged interference ceased. I reiterate: whether the continuation of the threat or deterioration of the person’s situation, until it ceased for the reasons set out in the provision under review, caused damages and losses is a matter that, absent proof to the contrary, must be examined in ordinary proceedings. That issue must not, as a preliminary matter, be denied solely because the factual circumstances governed by the aforementioned Article 52 of the LJC occurred. Accordingly, with the customary respect for the majority’s position, I dissent and reiterate that granting this amparo must necessarily entail an abstract award of costs, damages and losses.\n\nX.- Dissenting vote of Justice Garro Vargas concerning the operative part of this judgment. Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: “If, while the amparo is pending, an administrative or judicial decision is issued that revokes, halts or suspends the challenged action, the amparo shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if appropriate.”\n\nMy interpretation of that provision is as follows: That “decision” means any valid and effective act by which the competent authority restores the person to the enjoyment of the violated right. The phrase “if appropriate” refers to costs. Indeed, Article 197 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo, cited by the majority on the basis of Article 14 of the LJC, refers only to costs.\n\nCertainly, under Article 48 of the Constitution (CP), the essential content of the right to amparo is restorative, not compensatory. However, Article 51 of the LJC states: “Every decision granting the amparo shall order, in the abstract, compensation for the damages and losses caused and payment of the costs of the amparo, with their assessment reserved for enforcement of the judgment.”\n\nIf the right has been violated and the Chamber so finds, damages and losses may have arisen even if the right has been restored. For that reason, an abstract award for these amounts is appropriate. Without such an award, if damages and losses had in fact occurred, there would be no title—arising from these proceedings—on which to base a claim for them, potentially violating Article 41 of the CP. If, despite an abstract award, no damages or losses occurred, the ordinary court will so determine, since only that court may find their actual existence and extent proven.\n\nI consider that the majority’s position would, contrary to its aim, encourage the Administration to respect rights only when an amparo proceeding is brought. It remains to be said that Article 52 of the LJC allows the Chamber to award costs if it considers that just, even where the right has been restored.\n\nFor the foregoing reasons, I partially dissent from the operative part and order an award of damages and losses, but not costs.\n\nXI.- Documents submitted to the case file. The parties are advised that, if they submitted any paper document, as well as any objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical or telematic device, or device produced by new technologies, they must retrieve these from the court office within a maximum period of thirty business days counted from notice of this judgment. Otherwise, any such material not retrieved within that period will be destroyed, pursuant to the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Full Court at Session No. 27-11 of 22 August 2011, Article XXVI, and published in the Boletín Judicial No. 19 of 26 January 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary at Session No. 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe amparo is granted, without a special award of costs, damages and losses. Justice Castillo Víquez issues a note. Justice Salazar Alvarado partially dissents and orders an award of damages, losses and costs. Justice Garro Vargas partially dissents and orders an award of damages and losses, but not costs. Notify the parties.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\nWEQC2NNOSJC61\n\nCASE FILE No. 26-025276-0007-CO\n\nTelephone: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01)."
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