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  "id": "nexus-sen-1-0007-1422849",
  "citation": "Res. 33097-2026 Sala Constitucional",
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  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Demora municipal en resolver gestión sobre arbolado",
  "title_en": "Municipal delay in resolving a request about trees",
  "summary_es": "La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el amparo por la demora de la Municipalidad de San José en resolver una gestión presentada el 3 de octubre de 2024 sobre tres árboles municipales que incidían en el acceso vehicular previsto para un proyecto constructivo. La solicitud seguía sin resolución definitiva cuando se interpuso el recurso el 24 de julio de 2026, casi 22 meses después. La Municipalidad contestó el 10 de agosto de 2026, después de que se le notificara el inicio del amparo; su criterio técnico concluyó que los árboles no debían removerse por razones de manejo forestal y señaló que era posible podar preventivamente los ejemplares que interactuaban con el tendido eléctrico. La mayoría declaró con lugar el recurso únicamente por la demora y no se pronunció sobre ese criterio técnico, que consideró ajeno a su jurisdicción. No impuso costas, daños ni perjuicios. Los magistrados Salazar Alvarado y Garro Vargas discreparon parcialmente sobre esa exención, con propuestas distintas de condena.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) partially granted the amparo application because the Municipality of San José delayed resolving a request filed on 3 October 2024 concerning three municipal trees that affected planned vehicle access for a construction project. The request remained without a final decision when the application was filed on 24 July 2026, almost 22 months later. The Municipality responded on 10 August 2026, after being notified that the amparo proceeding had begun; its technical assessment concluded that the trees should not be removed for forest-management reasons and stated that preventive pruning was feasible for trees interacting with power lines. The majority granted the application solely as to the delay and did not rule on that technical assessment, which it considered outside its jurisdiction. It imposed no costs, damages, or compensation. Justices Salazar Alvarado and Garro Vargas partially dissented on that exemption, proposing different orders concerning costs and damages.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "27/08/2026",
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    "SPAU-577-2026",
    "Ley 10939"
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    "Municipality of San José",
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    "SPAU-577-2026",
    "Law 10939"
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  "excerpt_es": "En vista de que la Administración se encuentra obligada a resolver las gestiones que le sean planteadas dentro de un plazo razonable, y que un lapso de más de un año, sin comunicación oportuna a la parte interesada, excede ese estándar, lo procedente es declarar con lugar el recurso, únicamente en cuanto a la demora en la tramitación de la gestión, sin que corresponda a esta Sala pronunciarse sobre el criterio técnico forestal contenido en el oficio SPAU-577-2026, por constituir un asunto de mera legalidad ajeno a esta jurisdicción, según se dirá en la parte dispositiva de esta sentencia.\n\nComo consecuencia, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, tal y como se señalará a continuación.",
  "excerpt_en": "Because the Administration is required to resolve requests submitted to it within a reasonable time, and a period of more than one year without timely communication to the interested party exceeds that standard, the proper course is to grant the application solely as to the delay in processing the request, without this Chamber ruling on the forest technical assessment in official letter SPAU-577-2026, since that is a matter of ordinary legality outside this jurisdiction, as will be stated in the operative part of this judgment.\n\nAccordingly, the proper course is to partially grant the application, without an award of costs, damages, or compensation, as will be stated below.",
  "outcome": {
    "label_en": "Partially granted",
    "label_es": "Parcialmente con lugar",
    "summary_en": "The application was granted solely because of the Municipality’s delay in deciding the request concerning three trees, without a ruling on the forest technical assessment and without an award of costs, damages, or compensation; there were partial dissents concerning that exemption.",
    "summary_es": "Se declaró con lugar únicamente por la demora municipal en resolver la gestión sobre tres árboles, sin pronunciamiento sobre el criterio técnico forestal y sin condena en costas, daños ni perjuicios; hubo votos salvados parciales sobre esa última exención."
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      "context": "Informe de la Municipalidad",
      "quote_en": "authorization of a construction permit does not, by itself, authorize removal of the trees.",
      "quote_es": "la autorización de una licencia constructiva no implica, por sí misma, autorización para la remoción del arbolado."
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      "context": "Oficio SPAU-577-2026",
      "quote_en": "the assessed trees have no phytosanitary, physiological, structural, or stability conditions that would technically justify their removal",
      "quote_es": "los árboles evaluados no presentan condiciones fitosanitarias, fisiológicas, estructurales ni de estabilidad que justifiquen técnicamente su remoción"
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  "body_es_text": "Revisión del Documento\n\n\n\nExp: 26-026669-0007-CO \n\nRes. Nº 2026033097\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta minutos del veintisiete de agosto de dos mil veintiseis .\n\n \n\n \n\nRecurso de amparo que se tramita en expediente nro. 26-026669-0007-CO, interpuesto por, Nombre01, cédula de identidad CED02, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ. \n\nResultando:\n\n1.- Por escrito agregado en la Secretaría de la Sala a las 11:08 horas del 24 de julio de 2026, el recurrente interpone recurso de amparo. Señala que, en su condición de representante legal de Derecho y Economía DYE S.R.L., el 3 de octubre de 2024 planteó ante la Sección de Parques y Arboricultura Urbana de la Municipalidad de San José una gestión mediante la cual expuso que varios árboles municipales, identificados en el Inventario Forestal Urbano como MSJ-05-1522, MSJ-05-1523 y MSJ-05-1524, ubicados frente a las fincas N.° 337002, CED01 337004, incidían en el acceso vehicular previsto para el proyecto constructivo que pretende desarrollar sobre dichos inmuebles. Indica que, en esa oportunidad, solicitó valorar alternativas tales como la reubicación, el recorte u otra solución que permitiera armonizar la conservación del arbolado con el desarrollo del proyecto, para lo cual aportó la documentación correspondiente, incluyendo certificación registral, planos, usos de suelo, croquis de parqueos proyectados, fotografías e identificación de los árboles involucrados. Reclama que, pese al tiempo transcurrido desde la presentación de su gestión, la Municipalidad de San José no le ha dado una respuesta definitiva, lo cual estima lesivo de sus derechos fundamentales\n\nPide se declare con lugar el recurso. \n\n2.-Mediante resolución de las 13:59 horas del 5 de agosto de 2026 se dio curso al proceso y se solicitó informe al Alcalde, a la Jefa a.i. de la Sección de Parques y Arboricultura Urbana, y al Director de Asuntos Jurídicos, todos de la Municipalidad de San José\n\n3.-Informan Luis Diego Miranda Méndez, en su condición de Alcalde, Sussy Salazar Reyes, en su condición de Jefa a.i. de la Sección de Parques y Arboricultura Urbana y Mariano Rodríguez Solís, en su condición de Director de Asuntos Jurídicos, todos de la Municipalidad de San José. Expresan que, \n\n I. CUESTIONES PREVIAS: \n\nUna vez que fuese recibido el Recurso de Amparo se procedió a la activación de los protocolos internos a efecto de brindar la debida respuesta en el término de ley, solicitando la documentación a los órganos vinculados y/o competentes, a la luz del asunto planteado en el recurso. \n\nAl respecto se recibió el informe correspondiente; de los cuales se desprende, tal y como se verá más adelante, que el actuar de la Municipalidad de San José ha sido diligente y proactivo, enmarcándose nuestras acciones en el más amplio concepto de atribuciones y potestades. \n\nComo quedará demostrado, consta la Administración Municipal ha actuado ajustada a las obligaciones y sin lesionar los derechos Constitucionales alegados por el recurrente, brindando formal respuesta al interesado antes de ser notificada de la existencia del presente recurso de amparo, siendo diligente el actuar Institucional, y prematura la acción del recurrente. \n\nAñaden que, mediante oficio SPAU-577-2026, la Sección de Parques y Arboricultura Urbana rindió el criterio técnico correspondiente al caso, según el cual: el 3 de octubre de 2024 esa Sección recibió la gestión planteada por el recurrente, en su condición de representante legal de Derecho y Economía DYE S.R.L., mediante la cual solicitó valorar la reubicación, el recorte u otra alternativa respecto de los árboles municipales identificados en el Inventario Forestal Urbano como MSJ-05-1522, MSJ-05-1523 y MSJ-05-1524, ubicados frente a las fincas N.° 337002, CED01 337004, por incidir en el acceso vehicular previsto para un proyecto constructivo. Señalan que, mediante oficio DAJ-1926-05-2024 del 8 de octubre de 2024, la Dirección de Asuntos Jurídicos indicó que el asunto correspondía a un aspecto técnico y operativo propio de dicha Sección, y que una eventual reubicación o corta resultaba prematura mientras no mediara el respectivo permiso de construcción. Indican que, una vez que en el año 2026 el recurrente acreditó contar con los permisos municipales correspondientes, la Sección actualizó el análisis técnico, para lo cual el Ing. Forestal Randall Ramírez Aguilar realizó una nueva inspección de los tres ejemplares, concluyendo que no presentan condiciones fitosanitarias, fisiológicas, estructurales ni de estabilidad que justifiquen su remoción por razones de manejo forestal. Agregan que se coordinó una inspección conjunta con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, la cual determinó la factibilidad de realizar poda preventiva en los ejemplares que interactúan con el tendido eléctrico, medida independiente de la solicitud de remoción. Aclaran que el criterio técnico de la Sección se circunscribe al componente forestal, sin extenderse a los aspectos urbanísticos o constructivos que corresponde valorar a otras dependencias municipales, y que la autorización de una licencia constructiva no implica, por sí misma, autorización para la remoción del arbolado. Finalmente, señalan que, con posterioridad al inicio de la gestión, entró en vigencia la Ley N.° 10939, Ley de Arbolado Urbano (La Gaceta N.° 91 del 20 de mayo de 2026), sin que ello modifique el criterio técnico ya emitido. Piden se declare sin lugar el recurso.\n\n4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- Cuestión Preliminar. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una gestión relacionada con remoción árboles, -que interactúan con el tendido eléctrico, lo que representa un eventual riesgo para la seguridad e integridad física-, la cual, presuntamente, no ha sido resueltas dentro de un plazo razonable por parte de la autoridad recurrida. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.\n\n \n\nII.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente expone que, el 3 de octubre de 2024, en su condición de representante legal de Derecho y Economía DYE S.R.L., planteó ante la Sección de Parques y Arboricultura Urbana de la Municipalidad de San José una gestión para valorar la reubicación, el recorte u otra alternativa respecto de tres árboles municipales que inciden en el acceso vehicular previsto para un proyecto constructivo que pretende desarrollar. Reclama que, pese al tiempo transcurrido desde la presentación de su gestión, la Municipalidad de San José no le ha dado una respuesta definitiva. Estima lesionado su derecho de petición y pronta respuesta.\n\n \n\nIII.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\n\na. El 3 de octubre de 2024, el recurrente planteó ante la Sección de Parques y Arboricultura Urbana de la Municipalidad de San José una gestión para valorar la reubicación, el recorte u otra alternativa respecto de los árboles municipales identificados en el Inventario Forestal Urbano como MSJ-05-1522, MSJ-05-1523 y MSJ-05-1524 (ver informe y prueba).\n\nb. Mediante oficio DAJ-1926-05-2024 del 8 de octubre de 2024, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de San José indicó que una eventual reubicación o corta de los árboles resultaba prematura mientras no mediara el permiso de construcción correspondiente (ver informe y prueba).\n\nc. En el año 2026 el recurrente acreditó contar con los permisos municipales correspondientes (ver informe)\n\nd. Al 24 de julio de 2026, fecha de interposición de este recurso, la Municipalidad de San José no había emitido una resolución definitiva sobre la gestión planteada por el recurrente (ver informe).\n\ne. El 05 de agosto de 2026 se notificó a la autoridad recurrida la resolución que dio curso al presente proceso (los autos).\n\nf. El 10 de agosto de 2026, a las 10:46 horas, la autoridad recurrida remite correo electrónico a la dirección del recurrente, al que adjunta el oficio SPAU-577-2026, mediante el cual la Sección de Parques y Arboricultura Urbana responde la solicitud planteada respecto al arbolado municipal ubicado frente a las fincas mencionados e indica que los árboles evaluados no presentan condiciones fitosanitarias, fisiológicas, estructurales ni de estabilidad que justifiquen técnicamente su remoción (ver informe).\n\n \n\nIV.- CASO CONCRETO. En la especie, se tiene por demostrado que el recurrente planteó, el 3 de octubre de 2024, una gestión ante la Sección de Parques y Arboricultura Urbana de la Municipalidad de San José, para valorar alternativas respecto de tres árboles municipales que inciden en el acceso vehicular de un proyecto constructivo y su cercanía con el tendido eléctrico representa un potencial riesgo para las personas, sin que dicha gestión hubiera sido resuelta a la fecha de interposición de este recurso, el 24 de julio de 2026, es decir, casi 22 meses después de planteada.\n\nEn el presente asunto, si bien se acreditó que parte de la demora en la repuesta encontró justificación en que la propia Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad indicó, desde el 8 de octubre de 2024, que una eventual reubicación o corta resultaba prematura mientras no mediara el permiso de construcción correspondiente; lo cierto es que, según el propio informe rendido bajo la gravedad de juramento debidamente advertidos de las consecuencias incluso penales que prevé la Ley de esta Jurisdicción, para el año 2026 el recurrente había acreditado reunir los permisos municipales correspondientes; sin embargo, es con ocasión del presente recurso que hasta el 10 de agosto de 2026, a las 10:46 horas, la autoridad recurrida remite a la dirección electrónica del recurrente, el oficio SPAU-577-2026, mediante el cual la Sección de Parques y Arboricultura Urbana responde la gestión planteada en relación con el arbolado municipal ubicado frente a las fincas mencionados por el tutelado y le indica que los árboles evaluados no presentan condiciones fitosanitarias, fisiológicas, estructurales ni de estabilidad que justifiquen técnicamente su remoción.\n\nEn vista de que la Administración se encuentra obligada a resolver las gestiones que le sean planteadas dentro de un plazo razonable, y que un lapso de más de un año, sin comunicación oportuna a la parte interesada, excede ese estándar, lo procedente es declarar con lugar el recurso, únicamente en cuanto a la demora en la tramitación de la gestión, sin que corresponda a esta Sala pronunciarse sobre el criterio técnico forestal contenido en el oficio SPAU-577-2026, por constituir un asunto de mera legalidad ajeno a esta jurisdicción, según se dirá en la parte dispositiva de esta sentencia.\n\nComo consecuencia, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, tal y como se señalará a continuación.\n\n \n\nV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\n VI.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente presentó una denuncia ambiental que no ha sido resuelta en forma definitiva, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.\n\n \n\nViI.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.\n\nSi bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.\n\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:\n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:\n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.\n\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.\n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.\n\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.\n\nEn mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.\n\nComo razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:\n\n\"ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias\".\n\nEs claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a nuestro juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externamos nuestro voto y reiteramos que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.\n\n \n\nViII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.\n\nEn razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.\n\n \n\nIX- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.\n\n \n\nPOR TANTO:\n\nSe declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso, únicamente en cuanto a la demora en la tramitación de la gestión planteada por el recurrente el 3 de octubre de 2024, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota. EL magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n NFPMT3MOZ8S61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-026669-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01).",
  "body_en_text": "Document Review\n\n\n\nExp: 26-026669-0007-CO \n\nRes. Nº 2026033097\n\n \n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE (Sala Constitucional). San José, at 9:40 a.m. on 27 August 2026.\n\n \n\n \n\nAmparo proceeding in expediente no. 26-026669-0007-CO, filed by Name01, identity card CED02, against the MUNICIPALITY OF SAN JOSÉ. \n\nBackground:\n\n1.- By a written submission filed with the Chamber Secretariat at 11:08 a.m. on 24 July 2026, the amparo applicant files an amparo proceeding. He states that, in his capacity as legal representative of Derecho y Economía DYE S.R.L., on 3 October 2024 he submitted a request to the Urban Parks and Arboriculture Section of the Municipality of San José, explaining that several municipal trees, identified in the Urban Forest Inventory as MSJ-05-1522, MSJ-05-1523, and MSJ-05-1524, located in front of properties No. 337002, CED01 337004, affected the planned vehicular access for the construction project he intends to develop on those properties. He states that, on that occasion, he asked that alternatives such as relocation, pruning, or another solution be considered to reconcile preservation of the trees with development of the project, and submitted the relevant documentation, including a registry certification, plans, land-use designations, sketches of planned parking areas, photographs, and identification of the trees concerned. He complains that, despite the time elapsed since he submitted his request, the Municipality of San José has not given him a definitive response, which he considers harmful to his fundamental rights.\n\nHe asks that the amparo application be granted.\n\n2.- By resolution issued at 1:59 p.m. on 5 August 2026, the proceeding was initiated and reports were requested from the Mayor, the Acting Head of the Urban Parks and Arboriculture Section, and the Director of Legal Affairs, all of the Municipality of San José.\n\n3.- Luis Diego Miranda Méndez, in his capacity as Mayor; Sussy Salazar Reyes, in her capacity as Acting Head of the Urban Parks and Arboriculture Section; and Mariano Rodríguez Solís, in his capacity as Director of Legal Affairs, all of the Municipality of San José, submit their report. They state:\n\n I. PRELIMINARY MATTERS:\n\nUpon receipt of the amparo application, internal protocols were activated to provide the required response within the statutory period, and documentation was requested from the bodies involved and/or competent in light of the matter raised in the application.\n\nThe corresponding report was received. As will be seen below, it shows that the Municipality of San José acted diligently and proactively, and that our actions fell within the broadest concept of our powers and authority.\n\nAs will be demonstrated, the municipal Administration acted in accordance with its obligations and without infringing the constitutional rights alleged by the amparo applicant. It formally responded to the interested party before being notified of the existence of this amparo proceeding; the institution acted diligently, and the applicant’s action was premature.\n\nThey add that, by official letter SPAU-577-2026, the Urban Parks and Arboriculture Section issued the relevant technical opinion in this matter, according to which: on 3 October 2024, that Section received the request submitted by the applicant in his capacity as legal representative of Derecho y Economía DYE S.R.L., asking that relocation, pruning, or another alternative be considered for the municipal trees identified in the Urban Forest Inventory as MSJ-05-1522, MSJ-05-1523, and MSJ-05-1524, located in front of properties No. 337002, CED01 337004, because they affected the planned vehicular access for a construction project. They state that, by official letter DAJ-1926-05-2024 dated 8 October 2024, the Directorate of Legal Affairs indicated that the matter was a technical and operational issue within that Section’s remit, and that any relocation or felling would be premature until the corresponding construction permit had been issued. They state that, after the applicant demonstrated in 2026 that he had the relevant municipal permits, the Section updated its technical analysis. For that purpose, Forest Engineer Randall Ramírez Aguilar reinspected the three trees and concluded that they had no phytosanitary, physiological, structural, or stability conditions warranting their removal for forest-management reasons. They add that a joint inspection was coordinated with the Compañía Nacional de Fuerza y Luz, which determined that preventive pruning was feasible for the trees that interact with the power lines, a measure independent of the removal request. They clarify that the Section’s technical opinion is limited to the forestry component and does not extend to urban-planning or construction matters, which other municipal departments must assess, and that authorization of a construction license does not in itself authorize removal of the trees. Finally, they state that, after the request was initiated, Ley N.° 10939, Ley de Arbolado Urbano (La Gaceta N.° 91 of 20 May 2026), entered into force, without changing the technical opinion already issued. They ask that the amparo application be denied.\n\n4.- The legal requirements have been observed in the proceedings.\n\nJustice Cruz Castro drafts the opinion; and,\n\nReasons:\n\nI.- Preliminary Matter. Before analyzing the merits of the matter—concerning the alleged violation of the right to a prompt and properly completed proceeding—it must be clarified that, beginning with judgment No. 2008-02545, issued at 8:55 a.m. on 22 February 2008, this Chamber has referred to the administrative-litigation jurisdiction—with some exceptions—matters in which the question is whether the public Administration has complied with the time limits set by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325), or by sector-specific laws governing special administrative procedures, to issue a final decision in an administrative proceeding—whether initiated on its own initiative or at a party’s request—or to hear the available administrative appeals. This case presents an exception, because it concerns a request related to tree removal—trees that interact with power lines, presenting a potential risk to people’s safety and physical integrity—which the respondent authority allegedly has not resolved within a reasonable time. That point having been clarified, the specific situation raised in this amparo proceeding will now be resolved.\n\n \n\nII.- SUBJECT OF THE AMPARO APPLICATION. The applicant states that, on 3 October 2024, in his capacity as legal representative of Derecho y Economía DYE S.R.L., he submitted a request to the Urban Parks and Arboriculture Section of the Municipality of San José to consider relocation, pruning, or another alternative for three municipal trees that affect the planned vehicular access for a construction project he intends to develop. He complains that, despite the time elapsed since he submitted his request, the Municipality of San José has not given him a definitive response. He considers his right to petition and to a prompt response to have been violated.\n\n \n\nIII.- FACTS FOUND. The following facts, relevant to the decision in this matter, are deemed duly established, either because they have been proven or because the respondent authority failed to address them, as required by the initial order:\n\na. On 3 October 2024, the applicant submitted a request to the Urban Parks and Arboriculture Section of the Municipality of San José to consider relocation, pruning, or another alternative for the municipal trees identified in the Urban Forest Inventory as MSJ-05-1522, MSJ-05-1523, and MSJ-05-1524 (see report and evidence).\n\nb. By official letter DAJ-1926-05-2024 dated 8 October 2024, the Directorate of Legal Affairs of the Municipality of San José indicated that any relocation or felling of the trees would be premature until the corresponding construction permit had been issued (see report and evidence).\n\nc. In 2026, the applicant demonstrated that he had the relevant municipal permits (see report).\n\nd. As of 24 July 2026, the date this amparo application was filed, the Municipality of San José had not issued a definitive decision on the applicant’s request (see report).\n\ne. On 5 August 2026, the respondent authority was notified of the resolution initiating this proceeding (the case file).\n\nf. On 10 August 2026, at 10:46 a.m., the respondent authority sent an email to the applicant’s email address, attaching official letter SPAU-577-2026, by which the Urban Parks and Arboriculture Section responded to the request concerning the municipal trees located in front of the aforementioned properties and stated that the trees assessed had no phytosanitary, physiological, structural, or stability conditions that technically warranted their removal (see report).\n\n \n\nIV.- THE SPECIFIC CASE. In this case, it has been established that on 3 October 2024 the applicant submitted a request to the Urban Parks and Arboriculture Section of the Municipality of San José to consider alternatives for three municipal trees that affect vehicular access for a construction project, and whose proximity to the power lines presents a potential risk to people. That request had not been resolved by the time this amparo application was filed on 24 July 2026, that is, almost 22 months after it was submitted.\n\nIn this matter, although it was established that part of the delay in responding was justified by the fact that the Municipality’s own Directorate of Legal Affairs indicated, on 8 October 2024, that any relocation or felling would be premature until the corresponding construction permit had been issued, the fact remains that, according to the report submitted under oath, with the officials duly advised of the consequences, including criminal consequences, provided for by the Law governing this jurisdiction, the applicant had demonstrated by 2026 that he held the relevant municipal permits. Nevertheless, it was only in connection with this amparo application that, on 10 August 2026 at 10:46 a.m., the respondent authority sent the applicant’s email address official letter SPAU-577-2026, by which the Urban Parks and Arboriculture Section responded to the request concerning the municipal trees located in front of the properties mentioned by the person whose rights are protected and informed him that the trees assessed had no phytosanitary, physiological, structural, or stability conditions that technically warranted their removal.\n\nSince the Administration is required to resolve requests submitted to it within a reasonable time, and a period of more than one year without timely communication to the interested party exceeds that standard, the proper course is to grant the amparo application solely with respect to the delay in processing the request. This Chamber need not rule on the forestry technical opinion contained in official letter SPAU-577-2026, as that is a matter of ordinary legality outside this jurisdiction, as will be stated in the operative part of this judgment.\n\nAccordingly, the proper course is to grant the amparo application in part, without an award of costs, damages, or losses, as set out below.\n\n \n\nV.- ON THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES UNDER ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. On the award of costs, damages, and losses under Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Upon further consideration, the majority of the Chamber considers that, in this case, in accordance with paragraph 1 of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial decision is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the application shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if warranted”), the application should be granted without a special award of costs, damages, or losses, for the following reasons. Although the law expressly requires the operative part of the judgment to state that the application is granted when the grievance is resolved while the amparo proceeding is pending, that same paragraph’s final clause provides that the application is granted “solely for purposes of compensation and costs, if warranted.” The law says “if warranted,” which means that whether compensation and costs are warranted depends on the Court’s assessment, evaluation, or balancing. In cases such as this one, the content of the protected person’s claim and the respondent authority’s conduct in acknowledging it suggest that the alleged impairments, violations, or changes do not directly concern an impact on a constitutional right of an evidently pecuniary nature (as would occur, for example, with an impact on the right to a salary). To dispel any doubt on this point, it is important to note Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, which provides that “every decision granting the application shall order, in the abstract, compensation for the damages and losses caused and payment of the costs of the application, reserving their assessment for enforcement of the judgment.” That provision does not contemplate the possibility of assessing whether compensation and costs are warranted. The principles of Constitutional Law, Public Law, and General Procedural Law or, where applicable, those of International or Community Law, as well as, in order, the Ley General de la Administración Pública, the Código Procesal Contencioso Administrativo, and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the provisions of the Ley de la Jurisdicción Constitucional—cf. Article 14. For the administrative-litigation jurisdiction, the legislature established a provision that applies fully to this case by analogy, in Article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which reflects procedural logic in any area of law. In any event, the affected party in this case retains the option, if they so wish, of bringing proceedings on the merits to demonstrate that they have suffered some form of impairment. On that basis, the majority considers that this amparo application should be resolved without an award of costs, damages, or losses.\n\n VI.- NOTE BY JUSTICE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is also my view that, once the public Administration has intervened, the matter falls within the administrative-litigation jurisdiction for consideration and resolution. Nevertheless, I do consider the merits when other rights of those affected by a source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy an environment that is healthy and free from contamination (Article 50 of the Political Constitution), as in this case, where the amparo applicant filed an environmental complaint that has not been definitively resolved, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified quality of life.\n\n \n\nVII.- PARTIAL DISSENTING OPINION OF JUSTICE SALAZAR ALVARADO, SOLELY REGARDING THE DECISION NOT TO ORDER THE RESPONDENT PARTY TO PAY COSTS, DAMAGES, AND LOSSES.\n\nAlthough I agree with the rest of the Chamber that the amparo application should be granted, I disagree with the majority insofar as it exempts the respondent party from paying the costs, damages, and losses arising from the injury to the fundamental rights of the person whose rights are protected.\n\nArticle 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional provides:\n\n“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial decision is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the application shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if warranted.”\n\nArticle 51 of that Law, in turn, provides:\n\n“...every decision granting the application shall order, in the abstract, compensation for the damages and losses caused and payment of the costs of the application, reserving their assessment for enforcement of the judgment.”\n\nThis latter provision establishes the general system governing compensation and the payment of costs, which the majority calls “the natural or ordinary form of termination of the proceeding, where there is a ruling on the merits and recognition of the facts that violated fundamental rights…”.\n\nIn the majority’s view, the cited Article 51 governs cases in which the Chamber has found the grievance proven, giving rise to the need for an award of costs, damages, and losses. In my view, however, a systematic interpretation of both provisions leads to the conclusion that, both when this Constitutional Court finds a violation of a fundamental right and therefore grants the application, and when the Administration, on its own decision, restores the aggrieved person’s enjoyment of their fundamental rights after learning of the amparo—as contemplated by Article 52—the necessary and unavoidable consequence under Articles 50 and 51 of the cited Law is an order requiring the infringer to compensate the damages and losses caused and pay the costs of the application. This rule merely recognizes the right of a party whose fundamental rights have been violated to effective judicial protection in obtaining redress for the harmful consequences arising from the actions or omissions of the infringing authorities. It also serves as a deterrent so that the State does not again engage in the conduct that led to the application being granted, a matter governed by Article 50 of the Law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber found the grievance proven and considered the merits, or the violation ceased through a decision of the respondent authority itself after it learned that the amparo was being processed, with the aggrieved party’s enjoyment of their fundamental rights restored (Article 52), in either case an order requiring the infringer to pay costs, damages, and losses is imperative. Its basis lies in the principles of protecting people’s rights and requiring the Administration to answer for the damages and losses caused by its unconstitutional conduct.\n\nThus, the fact that the challenged act’s effects had already ceased when the amparo was heard and granted, within the meaning of Articles 50 and 52 of the cited Law, does not preclude an award of costs, damages, and losses. Such a case forms an integral part of the general system requiring an award on those matters under the Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nIt is also clear that the aforementioned Article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not considered or ruled on the merits of the claim, has found that the protected party suffered a violation of their fundamental rights because the Administration restored their enjoyment of those rights. As the Chamber majority states, this is an “abnormal termination of the proceeding.”\n\nThe legislature established and precisely defined the conditions under which this Chamber may order that form of abnormal termination of an amparo proceeding, as well as its effects, namely: 1) the amparo must be pending, meaning that the Administration must have been duly notified of the resolution initiating the amparo; and 2) there must be an administrative or judicial decision that unequivocally orders the revocation, halting, or suspension of the challenged action that violated fundamental rights. The provision in question does create an exception to the general system requiring an award of costs, damages, and losses, notwithstanding that the application is granted, by providing that in the cases it regulates the application shall be granted “solely for purposes of compensation and costs, if warranted.” As an exception, it must be interpreted narrowly; that is, it applies only in the cases strictly covered by the provision. This follows not only from the rule that exceptions in law must be narrowly interpreted, but also because applying this exception would unquestionably impair people’s fundamental right to effective judicial protection against the damages and losses they have suffered from violations of their constitutional rights.\n\nIn my view, that exception should be interpreted to mean that, under the general system requiring an automatic award of costs, damages, and losses when fundamental rights are violated, such an award is always warranted, even if the respondent party issues an administrative or judicial decision revoking, halting, or suspending the challenged action, unless it is unequivocally and clearly established that the particular case caused no harm capable of compensation. Only in those circumstances may the respondent Administration be exempted from paying those amounts. Since there is nothing in this case to rebut the presumption that the protected party suffered economic damages and losses arising from the challenged conduct—the specific determination of which is outside this jurisdiction—the application being granted must necessarily entail an award of costs, damages, and losses, and so we declare.\n\nAs an additional reason, it should be noted that the very nature and purpose of amparo proceedings is not primarily to analyze whether damages and losses exist, but rather whether there are actions or omissions that may cause or result in a breach of the system of people’s fundamental rights. From this perspective, this forum’s analysis focuses on establishing that point, but does not assess whether those matters have caused injuries to the protected people’s strictly pecuniary interests. Although the aforementioned Article 52 of the LJC, in its plain wording, provides that such an award (of damages, losses, and costs) applies if warranted, we, the undersigned, do not consider that the assessment of whether it is warranted may be automatically excluded in advance in this type of proceeding. That is because another ordinary proceeding must determine whether, within the legal relationship examined in the amparo proceeding, the conduct or omissions attributable to the Administration (or a private-law subject, where applicable) were an adequate cause of pecuniary harm that is legally compensable. By way of reference, Articles 179 to 184 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, establish special proceedings for determining the economic effects arising from judgments issued in these proceedings. Under Article 179 thereof, the purpose of those proceedings is as follows:\n\n“ARTICLE 179.- The Administrative Litigation Court is responsible for enforcing judgments issued by the Constitutional Jurisdiction in habeas corpus and amparo proceedings against public-law subjects, solely with respect to the proof, calculation, and payment of monetary compensation.”\n\nIt is clear that those proceedings are directed toward analyzing the necessary prior ruling issued by this Chamber in the form of an abstract award in those amounts. Such claims would not be available in those proceedings if the judgment issued in the amparo proceeding expressly found damages, losses, and/or costs unwarranted, or if it contained no express ruling on that matter. In other words, the special proceedings in the administrative-litigation jurisdiction require, as a sine qua non condition, an express award or ruling by this Constitutional Chamber. Accordingly, in our view, under the aforementioned Article 52 of the LJC, exemption from that monetary award requires proof in each case of circumstances from which it may be reasonably and expressly concluded that no pecuniary injuries, even potential ones, resulted from or were associated with the facts under consideration. It is therefore an exception that requires qualified and duly reasoned application on a case-by-case basis. The mere fact that, during the proceeding, the Administration issues a decision or a judicial judgment is rendered revoking, halting, or suspending the challenged action does not by itself rule out the possibility that, before that action ceased for reasons attributable or not attributable to the respondent entity, the alleged inaction or challenged interference caused damages and losses. However, the substantive questions concerning whether the injuries occurred, their amount, whether the claim was timely, and so forth, are outside the nature of these proceedings and, under the aforementioned Article 52, are matters for an abstract award that will then serve as the basis for review in the administrative-litigation jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require proof of damages and losses, because, as emphasized, that is not their primary purpose or ratio. Thus, the protected person need not claim or prove damages, since they seek protection of their fundamental rights. Whether that administrative conduct caused injury is, as a general principle and except in unusual cases, not part of the basis for analysis in this type of matter. Note that, under the provision in question, the Constitutional Chamber does not conduct a substantive analysis of the situation to be protected because the amparo or habeas corpus proceeding has ended due to the aforementioned supervening circumstance. Accordingly, in these cases, the law precludes consideration of whether a violation occurred, much less a determination of whether the claimant’s allegations give rise to circumstances that may be subject to civil redress. The exemption from an award to which that provision refers is therefore exceptional, not the rule. Consequently, in those cases the provision requires an abstract award, leaving its propriety to be assessed in another full proceeding. Otherwise, if exemption from damages, losses, and costs were applied as a rule, protection of the legal position of a person who may have suffered injury to their pecuniary interests despite the respondent party’s subsequent response would be put at risk, contrary to Article 45 of the Political Constitution and disregarding the potential liability of the Administration as required by Article 9 thereof. Nor should it be overlooked that it was by virtue of an action of this kind that conduct was adopted to end actions that, in theory, threaten or violate a person’s fundamental rights. In other words, to obtain protection of those rights, the person sought judicial protection, and that was why the challenged interference ceased. We reiterate that whether the continuation of the threat or deterioration of the person’s situation, until it ceased for the reasons set out in the provision under review, caused damages and losses is a matter that, absent evidence to the contrary, must be analyzed in ordinary proceedings. But, we repeat, it must not be denied as a prerequisite solely because the factual circumstances covered by the aforementioned Article 52 of the LJC occurred. Accordingly, while always respecting the majority’s position, we cast our dissenting vote and reiterate that granting this application must necessarily entail an abstract award of costs, damages, and losses.\n\n \n\nVIII.- DISSENTING OPINION OF JUSTICE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: “If, while the amparo is pending, an administrative or judicial decision is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the application shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if warranted.”\n\nMy interpretation of that provision is as follows: that “decision” means any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if warranted” refers to costs. Indeed, Article 197 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo, cited by the majority on the basis of Article 14 of the LJC, concerns only costs.\n\nCertainly, under Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to an amparo application is restorative, not compensatory. However, Article 51 of the LJC states: “Every decision granting the application shall order, in the abstract, compensation for the damages and losses caused and payment of the costs of the application, reserving their assessment for enforcement of the judgment.”\n\nIf the right was violated and the Chamber so finds, damages and losses may have arisen even if the right was restored. For that reason, an abstract award of those amounts is appropriate. Without such an award, if damages and losses had in fact arisen, there would be no title arising from this proceeding on which to base a claim for them, potentially violating Article 41 of the CP. If an abstract award is made but no damages or losses occurred, the judge in the ordinary courts will so declare, since only that judge may find their actual existence and extent proven.\n\nI consider that the majority’s position would, contrary to its aim, encourage the Administration to respect rights only once an amparo application is filed. It remains to say that Article 52 of the LJC allows the Chamber to award costs if it considers that just, even when the right has been restored.\n\nFor these reasons, I partially dissent from the operative part and would order an award of damages and losses, but not costs.\n\n \n\nIX.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. The parties are advised that any paper documents, as well as any objects or evidence contained on an additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, must be collected from the office within a maximum period of 30 business days from notification of this judgment. Otherwise, all material not collected within that period will be destroyed, as provided by the “Regulation on Electronic Case Files before the Judiciary,” approved by the Corte Plena at session number 27-11 on 22 August 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 on 26 January 2012, as well as by the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at its session number 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI.\n\n \n\nTHEREFORE:\n\nThe amparo application is PARTIALLY GRANTED solely with respect to the delay in processing the request submitted by the applicant on 3 October 2024, without a special award of costs, damages, or losses. Justice Salazar Alvarado enters a note. Justice Salazar Alvarado partially dissents and orders an award of damages, losses, and costs. Justice Garro Vargas partially dissents and orders an award of damages and losses, but not costs. In all other respects, the amparo application is denied. Notify the parties.\n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\n NFPMT3MOZ8S61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-026669-0007-CO \n\n \n\nTelephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01)."
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