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  "id": "nexus-sen-1-0007-1425100",
  "citation": "Res. 35252-2026 Sala Constitucional",
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  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Doble instancia en procedimientos ambientales",
  "title_en": "Two Administrative Instances in Environmental Proceedings",
  "summary_es": "La Sala Constitucional rechazó por el fondo la acción de inconstitucionalidad de dos sociedades contra el artículo 111.c) de la Ley Orgánica del Ambiente y el artículo 29 del Reglamento de Procedimientos del Tribunal Ambiental Administrativo, que cuestionaban por excluir la apelación jerárquica y declarar agotada la vía administrativa. La Sala reiteró su criterio de que no existe un derecho constitucional a la doble instancia en sede administrativa y que la falta de un recurso administrativo no lesiona por sí sola el derecho de defensa, pues el acto puede impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Respecto de una tercera sociedad, ordenó estarse a lo resuelto en una acción anterior: no había firmado el recurso de revocatoria en el procedimiento base y, por tanto, la vía administrativa ya estaba agotada para ella. La sentencia no anuló las normas impugnadas.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) rejected on the merits two companies’ constitutional challenge to Article 111(c) of the Organic Environmental Law and Article 29 of the Environmental Administrative Tribunal’s Procedural Regulation, which they argued excluded hierarchical appeal and declared administrative proceedings exhausted. The Chamber reiterated its view that there is no constitutional right to two instances in administrative proceedings and that the absence of an administrative remedy does not, by itself, violate the right of defense, since the act may be challenged in the administrative-litigation jurisdiction. As to a third company, it ordered the parties to abide by an earlier ruling: that company had not signed the reconsideration request in the underlying proceeding, so the administrative route was already exhausted for it. The judgment did not annul the challenged provisions.",
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  "date": "16/09/2026",
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    "acción de inconstitucionalidad",
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    "Tribunal Ambiental Administrativo"
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    "Tribunal Ambiental Administrativo",
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  "keywords_en": [
    "Environmental Administrative Tribunal",
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  "excerpt_es": "En virtud del criterio expuesto, el alegato de la aquí parte accionante debe ser rechazado por el fondo, pues no encuentra este Tribunal motivo alguno para variar el criterio expuesto.\n\nV.- Por consiguiente, procede ordenar a la accionante [Nombre 004]., estarse a lo resuelto por este Tribunal mediante sentencia nro. 2026-22173 de las 9:40 horas del 17 de junio de 2026; y, respecto de las sociedades accionantes [Nombre 003]. y [Nombre 005]., rechazar por el fondo la acción.\n\nPor tanto:\n\nEstese la accionante [Nombre 004]., a lo resuelto por este Tribunal mediante sentencia nro. 2026-22173 de las 9:40 horas del 17 de junio de 2026. Respecto de las sociedades accionantes [Nombre 003]. y [Nombre 005]., se rechaza por el fondo la acción.",
  "excerpt_en": "In light of the stated criterion, the argument of the applicants in this case must be rejected on the merits, as this Court finds no reason to depart from that criterion.\n\nV.—Accordingly, the applicant [Name 004] must abide by what this Court decided in judgment No. 2026-22173 of 9:40 a.m. on 17 June 2026; as to the applicant companies [Name 003] and [Name 005], the action is rejected on the merits.\n\nTherefore:\n\nThe applicant [Name 004] shall abide by what this Court decided in judgment No. 2026-22173 of 9:40 a.m. on 17 June 2026. The action brought by the applicant companies [Name 003] and [Name 005] is rejected on the merits.",
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    "label_en": "Rejected",
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    "summary_en": "The action by two companies was rejected on the merits, and the third was ordered to abide by an earlier judgment; the challenged provisions were not annulled.",
    "summary_es": "Se rechazó por el fondo la acción de dos sociedades y se ordenó a la tercera estarse a una sentencia anterior; las normas impugnadas no fueron anuladas."
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      "context": "Criterio jurisprudencial citado en el Considerando IV",
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      "quote_es": "No existe derecho a la doble instancia en vía administrativa."
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    {
      "context": "Criterio jurisprudencial citado en el Considerando IV",
      "quote_en": "The fact that an administrative decision cannot be appealed through that route does not violate the right of defense or the right to two instances, since the affected person may raise the matter in the administrative-litigation jurisdiction.",
      "quote_es": "el hecho que una resolución administrativa no pueda ser recurrida en esa vía, no lesiona el derecho de defensa ni el derecho a la doble instancia, pues el afectado tiene la jurisdicción contencioso-administrativa para discutir el tema"
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  "body_es_text": "Revisión del Documento\n\n\n\nExp: 26-028927-0007-CO \n\nRes. Nº 2026035252\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del dieciseis de setiembre de dos mil veintiseis .\n\n Acción de inconstitucionalidad promovida por [Nombre 001] y [Nombre 002], en su condición de representantes de las empresas [Nombre 003]. con cédula de persona jurídica [Valor 001]; [Nombre 004]., cédula jurídica nro. [Valor 002]; y de [Nombre 005]., con cédula de persona jurídica [Valor 003]; contra los artículos 111.c) de la Ley Orgánica del Ambiente y 29 del Reglamento de Procedimientos del Tribunal Ambiental Administrativo. \n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 11 de mayo de 2026, se solicita que se declaren inconstitucionales los artículos 111 inciso c) de la Ley Orgánica del Ambiente y 29 del Reglamento de Procedimientos del Tribunal Ambiental Administrativo, por carecer las resoluciones de este órgano administrativo de apelación ante el superior las resoluciones del Tribunal Ambiental Administrativo, en cuanto se establece la irrecurribilidad de sus resoluciones y declara agotada la vía administrativa. Afirman que estas normas impiden el recurso de doble instancia, como sí se permite para todas las otras resoluciones administrativas, según la Ley General de la Administración Pública. En cuanto a la legitimación procesal activa de las empresas, señalan que bajo el expediente número 174-09-03-TAA se tramita ante el Tribunal Ambiental administrativo, una denuncia contra estas tres empresas por unas supuestas faltas ambientales durante el proceso de construcción del Hotel Riu Guanacaste; desde hace 14 años. Por resolución número 1403-2025-TAA notificada el día 17 de diciembre de 2025, el Tribunal Ambiental administrativo emitió una resolución que exoneró a estas empresas de muchos de los cargos, pero de otros, les declaró una responsabilidad administrativa. Contra esa resolución sólo pudieron presentar una solicitud de adición y aclaración, que no ha sido resuelta, y un recurso de revocatoria, que tampoco ha sido resuelto. Indican que, aun cuando resuelvan finalmente el recurso de revocatoria, el Tribunal Ambiental declarará agotada la vía Administrativa y no tendrán oportunidad de presentar una apelación ante el jerarca supremo, que es el ministro del Ambiente, porque el artículo 111 inciso c de la Ley Orgánica del Ambiente, impide toda otra ulterior defensa. En el artículo 29 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal Ambiental Administrativo, también se impide la apelación ante el ministro, e impide el recurso de revocatoria contra la decisión final. De los numerales referidos concluyen que existe una única instancia dentro del proceso en vía administrativa, por lo que las normas resultan ser abiertamente inconstitucionales porque transgreden de manera grave el principio-norma constitucional y también el derecho humano al debido proceso legal, contenido en los artículo 39 y 41 de la Constitución Política costarricense; al establecer una limitación discriminatoria, porque no está contenida en la Ley General de La Administración Pública para todos los demás casos administrativos, y también en otras normas legales y reglamentarias sobre el proceso administrativo en instituciones descentralizadas. Al contrario, el artículo 345 de la Ley General de la Administración Pública, en lo que interesa, sí permite la apelación ante el superior supremo, de manera que para toda la administración pública hay una apelación, menos en los procedimientos ante el Tribunal Ambiental Administrativo. De esta manera se aprecia con facilidad que se han impedido dos defensas importantísimas: a) El recurso de apelación ante el ministro, y, b) El recurso de revocatoria ante la decisión final del ministro. No es hasta aquí que se agota la vía administrativa, en todos los otros procedimientos administrativos del país. En su lugar, el artículo 111 inciso c) de la Ley Orgánica del Ambiente y el artículo 29 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal Ambiental Administrativo mutilan estas dos defensas vitales para el investigado. Consideran que se trata de un caso de discriminación injusta, infundada, porque en todos los demás procedimientos administrativos que existan ante la administración pública, existirán siempre estas dos posibilidades de defensa adicionales. La apelación ante el superior supremo y la solicitud de revocatoria contra la decisión que el superior supremo dictó. En consecuencia, la anulación de las normas legislativas y reglamentarias impugnadas les permitirá presentar la apelación ante el ministro del ambiente, y posteriormente presentar un recurso de revocatoria ante el ministro por su decisión final. De manera que la anulación por inconstitucionales de las normas atacadas restablecerá su derecho de defensa y el derecho constitucional al debido proceso legal. Se permitirá una normal defensa de los intereses de las empresas en este procedimiento administrativo en igualdad condiciones que todo el resto de los procedimientos administrativos, tanto para el gobierno central como para las instituciones descentralizadas. Consideran que la acción de inconstitucionalidad es admisible porque defiende intereses directos de las empresas manifestados en el procedimiento administrativo que se tramita contra éstas, bajo el expediente número 174-09-03-TAA, ante el Tribunal Ambiental administrativo. Además, se cumple el requisito de demostrar que existe una lesión individual y directa manifestada como un daño o interés directo que sufre o sufrirían las empresas y sus socios por la aplicación de las normas impugnadas al caso en concreto. Se trata de combatir aquí la constitucionalidad de los artículos 111.c) de la Ley Orgánica del Ambiente y 29 del Reglamento de Procedimientos ante el Tribunal Ambiental Administrativo; normas que serán aplicadas por el Tribunal Ambiental administrativo y en el caso concreto, de allí el interés directo en su anulación. Afirman que, en este caso, la aplicación de esas normas atacadas sí causa una lesión individual y directa a las tres empresas porque les impide presentar el recurso de apelación ante el ministro, y también les impide presentar el recurso de revocatoria contra la decisión final del ministro y por ello existe una relación causal entre el proceso administrativo principal y el resultado de esta acción de inconstitucionalidad. Además de rescatar el hecho de que, en la certificación del expediente administrativo aportado, se puede observar que la sociedad [Nombre 004]. figura como parte de las demandadas dentro del procedimiento administrativo, y fue sancionada por la resolución dictada en este proceso administrativo, lo que implica que está legitimada para actuar en el presente proceso. Esas normas causan un daño directo e incuestionable a los intereses de las empresas y por ello el asunto previo es el expediente número 174-09-03-TAA que se tramita ante el Tribunal Ambiental Administrativo. El propósito de esta acción de inconstitucionalidad que pretende la anulación de las normas atacadas es evitar que el Tribunal Ambiental Administrativo aplique las normas impugnadas y cause el efecto de impedir a las empresas presentar el recurso de apelación ante el ministro, y luego de presentar el recurso de revocatoria ante la decisión final que dicte el ministro. Es una mutilación grave del derecho constitucional a un debido proceso legal. Entonces, cuando se anulen por inconstitucionales las normas atacadas se lograría el objetivo de impedir que Tribunal Ambiental Administrativo utilice las normas impugnadas para dictar la resolución final, y declarar el Tribunal Ambiental Administrativo que no existe ulterior recurso y que su resolución administrativa es firme y definitiva y que agota la vía administrativa. Consideran que se ha demostrado que la supresión de las normas atacadas causará el efecto de evitar que el Tribunal Ambiental Administrativo aplique las normas y se cause el efecto dañino a los derechos constitucionales de las empresas a un debido proceso legal. De los numerales impugnados se concluye que existe una única instancia dentro del proceso en vía administrativa, por lo que la normativa resulta ser abiertamente inconstitucional, ya que transgrede de manera grave el principio-norma constitucional y también el derecho humano al debido proceso legal, contenido en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política costarricense; al establecer una limitación no contenida en la Constitución ni en la Ley General de la Administración Pública para todos los demás casos administrativos, y también en otras normas legales y reglamentarias sobre el procedimiento administrativo en instituciones descentralizadas. Al contrario, el artículo 345 de la Ley General de la Administración Pública, el cual, en lo que interesa, sí permite la apelación ante el superior supremo. De manera que, para toda la administración pública hay una apelación en todos los procedimientos administrativos de Costa Rica, menos en los procedimientos administrativos seguidos ante el Tribunal Ambiental Administrativo. Pero, además, impide presentar el recurso de revocatoria ante la decisión final del ministro. El núcleo del problema constitucional radica en declarar que el legislador no puede excluir a un grupo específico de administrados del régimen general de doble instancia administrativa, porque viola gravemente el principio constitucional de igualdad ante la ley, artículo 33 de la Constitución Política y el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y viola el derecho constitucional al debido proceso legal, artículos 39 y 41 constitucionales y el artículo 8 de la Convención Americana. Reiteran que la Ley General de la Administración Pública dice que en el procedimiento ordinario cabrán los recursos ordinarios, por lo que este numeral sí prevé la doble instancia. Porque, al hacer referencia a los recursos ordinarios, se refiere a la revocatoria o reposición y el de apelación, de conformidad con lo expresado en el numeral 345 del mismo cuerpo normativo, y es por esta poderosa razón que el numeral 111.c) de la Ley Orgánica del Ambiente es inconstitucional, pues quebranta el derecho al debido proceso consagrado en el numeral 39 de la Constitución Política. El artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que se tendrá por infringida la Constitución Política cuando se confronte el texto de la norma cuestionada con las normas y principios constitucionales, como lo es el presente caso. El artículo 33 de la Constitución Política consagra el principio de igualdad ante la ley, estableciendo que toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. De manera concordante, el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. Este principio impone al legislador un deber de consistencia normativa: las situaciones sustancialmente iguales deben recibir igual trato jurídico; salvo que exista una justificación objetiva, razonable y proporcional. Señalan que el principio constitucional de razonabilidad o de proporcionalidad en sentido amplio, según la doctrina alemana, tesis recogida por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán, establece la obligación para el Estado de que toda norma o acto restrictivo de derechos fundamentales, para ser constitucionalmente válido, debe ser simultáneamente idóneo, necesario y proporcional. En sintonía con la doctrina más autorizada del Derecho Constitucional y con la jurisprudencia de los Tribunales Constitucionales, la Sala Constitucional ha precisado en su jurisprudencia el contenido de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. En reiteradas resoluciones ha señalado, sobre el primero, que la ley no puede ni debe ser irracional, puesto que el medio que se seleccione debe tener una relación real y sustancial con el objeto que se persigue. Desde esta perspectiva, la racionalidad técnica significa una proporcionalidad entre medios y fines; la racionalidad jurídica implica una adecuación a la Constitución en general y, en especial, a los derechos y libertades reconocidos y garantizados en ella y en los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos vigentes en nuestro país y; por último, la razonabilidad sobre los efectos personales supone que no pueden imponerse a esos derechos otras limitaciones o cargas que razonablemente se deriven de su naturaleza, ni mayores que las indispensables para que funcionen razonablemente en la sociedad. El artículo 111c) de la Ley Orgánica del Ambiente y el artículo 29 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal Ambiental Administrativo imponen una clara limitación al derecho constitucional de la doble instancia, por lo que es necesario reiterar los principios mencionados, en cuanto a la proporcionalidad, se remite un juicio de necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de restricción que se impone, la limitación en este caso es superior al beneficio que se pretende en la colectividad. Como de igual manera, tampoco reúnen estas normas atacadas el principio de idoneidad, puesto que limitan el derecho a la doble instancia, y también producen un choque directo con la Constitución Política, pues se declaran como irrecurribles las resoluciones del Tribunal Ambiental Administrativo; hecho que es absolutamente discriminatorio. Señalan que el principio constitucional de razonabilidad o de proporcionalidad en sentido amplio, según la doctrina alemana, tesis recogida por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán, establece la obligación para el Estado de que toda norma o acto restrictivo de derechos fundamentales, para ser constitucionalmente válido, debe ser simultáneamente idóneo, necesario y proporcional. La Sala Constitucional ha desarrollado una prueba de igualdad, exigiendo que toda diferenciación normativa responda a un fin legítimo y supere un examen de razonabilidad y proporcionalidad. La jurisprudencia constitucional ha reiterado que la igualdad no implica trato idéntico, sino trato justificado. La exclusión absoluta del recurso jerárquico en este procedimiento administrativo constituye una diferenciación procesal discriminatoria que no encuentra fundamento objetivo suficiente. Nada justifica la supresión de este recurso de apelación ante el ministro, ni el recurso de revocatoria ante esta decisión final del ministro, porque no es una regla que impida el ejercicio de la competencia asignada al Tribunal Ambiental administrativo. El Tribunal Ambiental administrativo mantiene su competencia plena para investigar y sancionar hechos con el ambiente, pero no existe ninguna relación entre ésta, que es una norma de procedimiento, y la competencia material sustantiva del Tribunal Ambiental. El artículo 39 de la Constitución Política garantiza el debido proceso legal. En sede administrativa, esta garantía implica el derecho de defensa, derecho a ser oído, derecho a aportar prueba y derecho a recurrir la decisión ante un órgano superior. La eliminación del recurso jerárquico afecta directamente el contenido esencial del derecho de defensa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el derecho de recurrir del fallo es parte de las garantías judiciales mínimas del artículo 8 de la Convención Americana. En el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica (2004), la Corte estableció que el recurso debe permitir una revisión integral de la decisión. En Mohamed vs. Argentina (2012), señaló que el recurso debe ser efectivo y accesible. Asimismo, la Corte ha indicado que las garantías del debido proceso legal se aplican no solo a procesos judiciales, sino también a procedimientos administrativos cuando en ellos se determinan derechos u obligaciones. La jurisprudencia interamericana ha reconocido que el artículo 8 de la Convención Americana se aplica a procedimientos administrativos sancionatorios y a cualquier procedimiento estatal que determine derechos u obligaciones de carácter civil, laboral, fiscal o de otra naturaleza. En ese contexto, el derecho a recurrir implica que las decisiones administrativas también deben ser susceptibles de revisión por una autoridad superior cuando afecten derechos individuales. La exclusión del recurso jerárquico debe someterse a la prueba de proporcionalidad desarrollado por la jurisprudencia constitucional y comparada. El análisis exige verificar: (a) legitimidad del fin: no hay ningún fin social que proteger con la supresión de estos medios de defensa. (b) idoneidad del medio: como no existe la legitimidad del fin, el medio es inconstitucional también, puesto que consiste en el impedimento de defensa. (c) necesidad; en este caso, parece más un tipo de caso de comodidad administrativa, al eliminarle al despacho del ministro recursos de apelación a los que tiene derecho del ciudadano. (d) proporcionalidad en sentido estricto. Si existen alternativas menos restrictivas que permitan alcanzar la finalidad, la medida resulta inconstitucional por desproporcionada. No existen medidas menos restrictivas. O se permite el derecho de apelación ante el ministro o no se permite. Las normas impugnadas violan los artículos 8 y 24 de la Convención Americana. La ausencia de un recurso efectivo frente a actos administrativos definitivos es una violación estructural al derecho al debido proceso legal. Si estas normas violan la Convención Americana, violan el artículo 7 de la Constitución y por lo tanto son nulas por inconstitucionales. Afirman que la inconstitucionalidad del artículo 111 inciso c) de la Ley Orgánica del Ambiente y del artículo 29 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal Ambiental Administrativo, es causada porque impide recurrir las resoluciones del Tribunal Ambiental Administrativo. Además, crea una excepción absoluta al régimen general de tutela administrativa; sin que exista una justificación constitucionalmente válida para ello. El derecho a recurrir se entiende como una de las garantías que debe permanecer dentro del proceso, con el fin de consagrar la doble instancia que consigna el derecho a recurrir un fallo judicial ante un juez o tribunal superior. Las normas impugnadas disponen que las resoluciones del Tribunal Ambiental Administrativo serán irrecurribles y darán por agotada la vía administrativa. El efecto jurídico directo de esta disposición es impedir que la persona sometida al procedimiento administrativo pueda acudir ante el superior jerárquico para solicitar la revisión integral de la decisión adoptada por dicho órgano, lo cual, transgrede de manera evidente el principio del debido proceso, igualdad, doble instancia y el derecho humano a recurrir. No se trata de una simple regulación procesal ni de una modificación menor del sistema recursivo. La consecuencia práctica de la norma consiste en eliminar completamente la posibilidad de que un órgano administrativo distinto revise los aspectos de hecho, de derecho, de valoración probatoria o de procedimiento contenidos en la resolución final del Tribunal Ambiental Administrativo. El derecho al debido proceso legal reconocido en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política no se agota en la posibilidad de participar en el procedimiento y aportar prueba, y demás actos de tramitación durante el proceso, este también comprende la posibilidad real de cuestionar la legalidad y corrección de la decisión que pone fin al procedimiento cuando esta afecta derechos o intereses legítimos de la persona administrada. La existencia de recursos administrativos responde precisamente a esa finalidad. Su función consiste en permitir que los eventuales errores de interpretación jurídica, valoración probatoria o apreciación de los hechos puedan ser corregidos por una autoridad superior antes de que la decisión adquiera firmeza. Sin embargo, el artículo 111 c), y el artículo 29 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal Ambiental Administrativo eliminan completamente esa garantía para quienes son sometidos a procedimientos ante el Tribunal Ambiental Administrativo. Es de esta manera que resalta la transgresión arbitraria al derecho humano y constitucional a partir del hecho de que los legisladores decidieron excluir únicamente a este grupo de administrados del Tribunal Ambiental Administrativo, omitiendo el régimen ordinario de recursos previsto en la Ley General de la Administración Pública, sin aportar una razón objetiva que justifique dicha diferencia de trato. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, sí amplía, en lo que interesa el derecho humano a recurrir las resoluciones, véase al respecto el artículo 18 de este cuerpo normativo: “Artículo XVIII. Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia la ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente”. Asimismo, también en la Declaración Universal de Derechos Humanos, al igual que la normativa citada, se refiere al derecho a recurrir en su numeral 8, el cual, indica: “Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”. Existe nuestra obligación de aplicar las normas relativas a derechos fundamentales, de la manera más favorable a la persona, procurando siempre la máxima protección posible de tales derechos y evitando aplicaciones restrictivas que limiten injustificadamente su ejercicio. Bajo esta lógica, las normas internacionales de protección de los derechos humanos constituyen una fuente relevante para identificar la evolución del contenido de los derechos y las obligaciones correlativas del Estado. Precisamente, la Sala Constitucional ha reconocido que los instrumentos internacionales de derechos humanos pueden servir como parámetros orientadores para la interpretación constitucional; especialmente cuando amplían o fortalecen la protección reconocida a las personas. En ese sentido, mediante la Resolución nro. 14917-2026, ese Tribunal reiteró la importancia de acudir a las normas internacionales de derechos humanos como criterio hermenéutico para garantizar la interpretación más favorable y protectora de los derechos fundamentales, como se indica a continuación: “Al amparo de los estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos…”. Ahora, en cuanto a la normativa de derechos humanos reconocida por el ordenamiento jurídico costarricense, aducen que debe observarse lo que manifiesta la propia Constitución Política en el numeral 48, el cual es claro al expresar: “ARTÍCULO 48.- Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables a la República. Ambos recursos serán de competencia de la Sala indicada en el artículo 10”. A pesar de que la norma hace referencia al recurso de habeas corpus y al recurso de amparo, refieren que la importancia del numeral citado corresponde a la importancia de procurar los derechos humanos establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables a la República, razón por la que se debe relacionar la presente inconstitucionalidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.2.h, respecto del derecho de recurrir las resoluciones: “Artículo 8 Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (…) h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”. Advierten que, aunque la disposición se encuentra ubicada dentro del catálogo de garantías mínimas aplicables al proceso penal, una interpretación sistemática de la Convención impide concluir que la protección del derecho a recurrir se encuentra restringida exclusivamente a dicha materia. Por el contrario, el propio artículo 8.1 de la Convención establece que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. En consecuencia, las garantías procesales reconocidas por dicho instrumento internacional deben aplicarse conforme a su objeto y finalidad, que no es otra que la protección efectiva de los derechos humanos frente al ejercicio del poder estatal. La inconstitucionalidad de la disposición impugnada se manifiesta con especial claridad al analizar el trato diferenciado que el legislador decidió otorgar a las personas sometidas a los procedimientos tramitados ante el Tribunal Ambiental Administrativo. En efecto, mientras la generalidad de los administrados que participan en procedimientos administrativos poseen la posibilidad de solicitar la revisión de la decisión ante un órgano superior mediante los recursos ordinarios previstos en la Ley General de la Administración Pública, el artículo 111 inciso c) de la Ley Orgánica del Ambiente, y el artículo 29 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal Ambiental Administrativo excluyen por completo a quienes son sometidos a la jurisdicción administrativa ambiental de dicha garantía fundamental. Esta exclusión no constituye una simple particularidad procedimental ni una regulación diferenciada de escasa relevancia. Por el contrario, supone la privación absoluta de una de las principales garantías que integran el derecho de defensa y el debido proceso legal, al impedir que una decisión administrativa que puede afectar significativamente la esfera jurídica de una persona sea revisada por una autoridad distinta y jerárquicamente superior. La gravedad de dicha restricción resulta aún más evidente si se considera la naturaleza de las competencias atribuidas al Tribunal Ambiental Administrativo. Aunque formalmente se trata de un órgano administrativo, las potestades que ejerce poseen un marcado carácter materialmente sancionatorio, pues sus resoluciones pueden imponer obligaciones, restricciones, medidas correctivas, órdenes de paralización, clausuras, deberes de restauración ambiental y otras consecuencias susceptibles de producir afectaciones relevantes sobre derechos patrimoniales, actividades económicas legítimas e intereses jurídicamente protegidos de los administrados. Es así que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en su propia doctrina ha dispuesto que se deben interpretar los tratados de derechos humanos de manera amplia, como lo menciona la obra del señor Héctor Gros Espiell, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien en su obra “Los métodos de interpretación utilizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Jurisprudencia Contenciosa”, el cual, es claro al expresar: “No se trata pues, en la interpretación de la Convención, de oponer el Hombre al Estado, aplicando criterios restrictivos o extensivos. Esto es asi cuando se vive y se actúa en un Estado Democrático de Derecho y cuando la situación sometida del juicio de la Corte ha ocurrido durante la existencia plena del Estado Democrático, en el que actúa un gobierno legítimo de acuerdo con sus principios. Por el contrario, en una situación opuesta, durante la existencia de un gobierno no democrático e ilegítimo, nacido del arrasamiento de la Constitución, en el que no hay el necesario equilibrio entre Libertad, Orden, Justicia y Bien Común, es natural que pueda utilizar una interpretación extensiva siempre favorable a los derechos conculcados (9)”. Precisamente por ello, las garantías propias del debido proceso adquieren en esta materia una relevancia reforzada. Cuando el Estado ejerce potestades que pueden limitar derechos o imponer consecuencias desfavorables a los particulares, las garantías procesales deben interpretarse de manera amplia y favorable a la protección de la persona, y no mediante restricciones que reduzcan injustificadamente sus posibilidades de defensa. Desde esta perspectiva, resulta particularmente preocupante que el legislador haya optado por eliminar por completo la posibilidad de revisión jerárquica de las resoluciones emitidas por el Tribunal Ambiental Administrativo. La norma impugnada convierte a dicho órgano en la única autoridad administrativa facultada para valorar definitivamente los hechos, interpretar las normas aplicables, apreciar la prueba incorporada al expediente y determinar las consecuencias jurídicas correspondientes, sin que exista ningún mecanismo ordinario que permita a una autoridad superior verificar la corrección de lo resuelto. Lo anterior implica que el mismo órgano que conoce del procedimiento y dicta la resolución final se convierte simultáneamente en la última instancia administrativa sobre la controversia. En otras palabras, la decisión adoptada por el Tribunal Ambiental Administrativo queda sustraída de los mecanismos ordinarios de control interno que caracterizan al régimen administrativo costarricense, eliminando toda posibilidad de corrección de errores de hecho, de derecho, de valoración probatoria o de interpretación normativa. Tal situación no solo afecta los derechos de la persona sometida al procedimiento, sino que también debilita los mecanismos institucionales de control que forman parte del principio de legalidad. Los recursos administrativos cumplen una doble función: por una parte, constituyen una garantía para el administrado; y, por otra, permiten a la propia Administración revisar la legalidad de sus actuaciones, corregir errores y asegurar la uniformidad de sus criterios. La norma impugnada elimina ambas finalidades sin ofrecer una justificación constitucionalmente suficiente para ello. Más aún, el legislador no incorporó en la Ley Orgánica del Ambiente o en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal Ambiental Administrativo, ninguna explicación objetiva, razonable o proporcional que permita comprender por qué únicamente las personas sometidas a procedimientos ante el Tribunal Ambiental Administrativo deben quedar privadas del régimen ordinario de recursos reconocido para la generalidad de los administrados. La especialización técnica del órgano no constituye una razón válida para suprimir garantías fundamentales, pues existen múltiples órganos administrativos especializados cuyas resoluciones continúan sujetas a mecanismos de revisión jerárquica sin que ello comprometa la eficacia de sus competencias. Tampoco la búsqueda de celeridad administrativa puede justificar una restricción de tal magnitud. Si el objetivo perseguido era agilizar los procedimientos ambientales, el legislador disponía de múltiples alternativas menos lesivas para los derechos fundamentales, tales como la fijación de plazos abreviados para resolver los recursos, la regulación de procedimientos sumarios o la limitación de determinados medios impugnatorios extraordinarios. La eliminación absoluta de la apelación constituye, por el contrario, la medida más restrictiva posible y, por ende, la más difícil de justificar desde una perspectiva constitucional. La consecuencia práctica de esta regulación es la creación de una categoría excepcional de administrados que reciben una protección procesal inferior a la reconocida por el ordenamiento jurídico para la generalidad de las personas. Mientras quienes participan en otros procedimientos administrativos conservan el derecho de solicitar la revisión de la decisión ante una autoridad superior, quienes comparecen ante el Tribunal Ambiental Administrativo quedan sometidos a una única decisión administrativa definitiva e irrecurrible. Esta diferencia de trato carece de una justificación objetiva y razonable, vulnera el principio de igualdad ante la ley y genera una restricción desproporcionada del derecho de defensa y del debido proceso. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, desarrolló el alcance y contenido del derecho a recurrir, indicando que: “157. El artículo 8.2.h. de la Convención Americana dispone que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, “de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”. 158. La Corte considera que el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona. 159. La Corte ha indicado que el derecho de recurrir del fallo, consagrado por la Convención, no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior al que juzgó y condenó al inculpado, ante el que éste tenga o pueda tener acceso. Para que haya una verdadera revisión de la sentencia, en el sentido requerido por la Convención, es preciso que el tribunal superior reúna las características jurisdiccionales que lo legitiman para conocer del caso concreto.” (…) 160. El artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 indica que [… u]n tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin. 161. De acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de los derechos humanos115, se debe entender que el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo. Al respecto, la Corte ha establecido que “no basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos deben ser eficaces”, es decir, deben dar resultados o respuestas al fin para el cual fueron concebidos”. Afirman que, de la sentencia mencionada se denota el hecho de que la finalidad de poder recurrir la decisión de un Tribunal consiste en permitir la corrección de errores de hecho, de derecho y de valoración que puedan haberse producido en la decisión recurrida, evitando que una resolución potencialmente viciada adquiera firmeza sin haber sido sometida a revisión. Precisamente esa posibilidad es la que el artículo 111 inciso c de la Ley Orgánica del Ambiente, y el artículo 29 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal Ambiental Administrativo eliminan de manera absoluta. Las normas impugnadas no regulan la manera del ejercicio del recurso, no establece requisitos para su interposición ni limita determinados extremos revisables; por el contrario, suprime completamente cualquier posibilidad de revisión jerárquica de las resoluciones emitidas por el Tribunal Ambiental Administrativo. Estiman que la restricción adquiere especial gravedad si se considera que las resoluciones dictadas por dicho órgano pueden generar consecuencias particularmente intensas sobre la esfera jurídica de los administrados, incluyendo la imposición de obligaciones, medidas correctivas, restricciones al ejercicio de actividades económicas, clausuras, paralizaciones de obras y otras consecuencias de naturaleza materialmente sancionatoria. En este contexto, la ausencia de un mecanismo ordinario de revisión impide que una autoridad superior examine la corrección jurídica de la decisión adoptada, privando al administrado de una garantía que la propia Corte Interamericana ha calificado como primordial dentro del debido proceso. Aunado a ello, destacan que el ordenamiento administrativo costarricense reconoce como regla general la posibilidad de recurrir los actos administrativos. El artículo 343 de la Ley General de la Administración Pública establece expresamente los recursos ordinarios de revocatoria y apelación, mientras que el artículo 345 permite la impugnación del acto final dictado dentro del procedimiento administrativo. La lógica que inspira dicho régimen consiste precisamente en garantizar que las decisiones administrativas susceptibles de afectar derechos o intereses legítimos de los administrados puedan ser sometidas a revisión por parte del superior jerárquico correspondiente. Sin embargo, el artículo 111 inciso c) de la Ley Orgánica del Ambiente, y el artículo 29 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal Ambiental Administrativo rompen injustificadamente con esa estructura garantista y crea un régimen excepcional, en virtud del cual únicamente las personas sometidas a procedimientos ante el Tribunal Ambiental Administrativo quedan privadas del acceso a los recursos ordinarios reconocidos para la generalidad de los administrados. Las normas impugnadas no contienen ninguna justificación objetiva, razonable y proporcional que permita explicar por qué estas personas deben recibir una protección procesal inferior a la prevista en el régimen general administrativo. Por ello, la diferencia de trato introducida por el legislador resulta incompatible con el principio de igualdad, con el derecho de defensa y con las garantías del debido proceso reconocidas tanto por la Constitución Política como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, la norma tampoco supera el examen de proporcionalidad desarrollado por la jurisprudencia constitucional. No supera el requisito de necesidad porque el legislador pudo alcanzar cualquier finalidad relacionada con la celeridad administrativa mediante mecanismos menos lesivos para los derechos fundamentales, tales como la fijación de plazos breves para resolver la apelación o la limitación de determinados recursos extraordinarios. Tampoco supera el examen de proporcionalidad en sentido estricto porque el sacrificio impuesto al derecho de defensa resulta considerablemente mayor que cualquier eventual beneficio administrativo que pudiera derivarse de la supresión del recurso. La consecuencia práctica es que una persona investigada por el Tribunal Ambiental Administrativo queda sometida a una única decisión administrativa definitiva, sin posibilidad de revisión jerárquica, mientras que quienes participan en la generalidad de procedimientos administrativos sí cuentan con esa garantía. Esa diferencia de trato carece de fundamento objetivo suficiente y produce una restricción desproporcionada del derecho de defensa. Por ello los artículos 111 inciso c) de la Ley Orgánica del Ambiente y el artículo 29 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal Ambiental Administrativo resultan incompatibles con los artículos 33, 39 y 41 de la Constitución Política, así como con los artículos 8 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el artículo 18, y de la Declaración Universal de Derechos Humanos en su numeral 8, al establecer una limitación irrazonable y discriminatoria al derecho de recurrir dentro del procedimiento administrativo. En consecuencia, en su criterio resulta evidente la inconstitucionalidad de los artículos 111 inciso c) de la Ley Orgánica del Ambiente y 29 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal Ambiental Administrativo, debido a que impiden el derecho a impugnar una decisión que afecta derechos e intereses legítimos de las partes que presentan la acción de inconstitucionalidad, ya que afecta sus intereses legítimos en cuanto al derecho a recurrir corresponde a una garantía esencial del debido proceso y al derecho de defensa. El hecho de que los artículos citados priven arbitrariamente a un grupo determinado de administrados de poder recurrir mediante los mecanismos ordinarios de impugnación que el propio ordenamiento jurídico reconoce para la generalidad de las personas, denotan que, en caso de fallar en contra de las partes se encuentra la facultad de imponer sanciones económicas que afectan de manera directa el patrimonio de las personas sometidas a su jurisdicción, se elimina de manera absoluta toda posibilidad de una revisión jerárquica de las resoluciones del Tribunal Ambiental Administrativo, convirtiendo a este órgano en primera y última instancia administrativa. Por consiguiente; solicitan: a) Se admita esta acción de inconstitucionalidad porque es un medio razonable para defender el derecho constitucional al debido proceso legal, lesionado por las normas impugnadas. b) Se declare que los artículos 111 inciso c) de la Ley Orgánica del Ambiente, y 29 del Reglamento de Procedimientos ante el Tribunal Ambiental Administrativo, impiden la apelación ante el ministro, e impiden el recurso de revocatoria de la decisión final que dicte el ministro. c) Se declare con lugar esta acción de inconstitucionalidad y se anulen por inconstitucionales los artículos 111.c) de la Ley Orgánica del Ambiente, y 29 del Reglamento de Procedimientos ante el Tribunal Ambiental Administrativo.\n\n 2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.\n\n \n\n Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- Sobre los presupuestos formales de admisibilidad de la acción. La acción de inconstitucionalidad es un proceso con determinadas formalidades, que deben ser satisfechas a los efectos de que la Sala pueda válidamente conocer el fondo de la impugnación. En ese sentido, el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece los presupuestos de admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad. En primer término, se exige la existencia de un asunto previo pendiente de resolver, sea en vía judicial, o bien, en el procedimiento para agotar la vía administrativa, en que se haya invocado la inconstitucionalidad como medio razonable para amparar el derecho o interés que se considera lesionado. En el párrafo segundo y tercero, la ley establece de manera excepcional, presupuestos en los que no se exige el asunto previo, cuando por la naturaleza del asunto, no exista una lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos o colectivos, o bien cuando es formulada en forma directa por el Contralor General de la República, el Procurador General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes.\n\nII.- Ahora bien, en cuanto a la exigencia de un asunto pendiente de resolver, esta Sala por medio de la sentencia nro. 1995-4190, de las 11:33 horas del 28 de julio de 1995, señaló lo siguiente:\n\n“En primer término, se trata de un proceso de naturaleza incidental, y no de una acción directa o popular, con lo que se quiere decir que se requiere de la existencia de un asunto pendiente de resolver -sea ante los tribunales de justicia o en el procedimiento para agotar la vía administrativa- para poder acceder a la vía constitucional, pero de tal manera que, la acción constituya un medio razonable para amparar el derecho considerado lesionado en el asunto principal, de manera que lo resuelto por el Tribunal Constitucional repercuta positiva o negativamente en dicho proceso pendiente de resolver, por cuanto se manifiesta sobre la constitucionalidad de las normas que deberán ser aplicadas en dicho asunto; y únicamente por excepción es que la legislación permite el acceso directo a esta vía -presupuestos de los párrafos segundo y tercero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.”\n\nAsí las cosas, la exigencia de un asunto previo pendiente de resolver, no constituye un requisito meramente formal, toda vez, que no basta con la sola existencia de un asunto base, ni con la simple invocación de la inconstitucionalidad, pues se requiere además, que la acción sea un medio razonable para amparar el derecho o interés que se considera lesionado. Esto quiere decir, que es necesario que se verifique la existencia de un asunto en el que estén de por medio los derechos fundamentales de las personas y en el cual las normas impugnadas tengan una incidencia directa para la resolución del caso (ver en igual sentido las sentencias números 1668-90, 4085-93, 798-94, 3615-94, 409-I-95, 851-95, 4190-95 y 791-96). Asimismo, existen otras formalidades que deben ser cumplidas, a saber, la determinación explícita de la normativa impugnada, debidamente fundamentada, con cita concreta de las normas y principios constitucionales que se consideren infringidos, la autenticación por abogado del escrito en el que se plantea la acción, la acreditación de las condiciones de legitimación (poderes y certificaciones), así como la certificación literal del escrito en el que se invocó la inconstitucionalidad de las normas en el asunto base, requisitos todos que en caso de no ser cumplidos por el accionante, dan lugar a la inadmisión de la acción. \n\nIII.- Sobre el incumplimiento parcial de los requisitos de admisibilidad en esta acción de inconstitucionalidad. Una vez analizado el escrito de interposición de este proceso y, luego de haberse realizado la prevención por parte de la Presidencia de esta Sala de un requisito faltante inicialmente por resolución de las 13:33 horas del 13 de agosto de 2026, se concluye que, este proceso sigue adoleciendo de algunos requisitos y lo procedente es su rechazo de plano parcial. \n\nRefieren los accionantes que la sociedad [Nombre 004]. figura como parte de las demandadas dentro del procedimiento administrativo número 174-09-03-TAA que se tramita ante el Tribunal Ambiental Administrativo y que es asunto base de esta acción, donde fue sancionada por la resolución dictada en ese procedimiento, lo que consideran implica que está legitimada para actuar en este proceso, pues las normas impugnadas le causan un daño directo e incuestionable. Sin embargo, este Tribunal, al conocer otra acción de inconstitucionalidad en el expediente nro. 26-016626-0007-CO, planteada por los mismos accionantes, respecto del mismo tema y ese asunto base, por sentencia nro. 2026-22173 de las 9:40 horas del 17 de junio de 2026, rechazó de plano la acción, indicando en relación con esa sociedad accionante lo siguiente:\n\n“En este proceso acuden como accionantes tres sociedades anónimas: [Nombre 003]., [Nombre 004]. y de [Nombre 005]. Sin embargo, tal como quedó expuesto en el punto anterior, la invocatoria de inconstitucionalidad solo fue realizada por [Nombre 003], y [Nombre 008]., no así por [Nombre 004] (folio 3934 de la copia certificada del expediente administrativo adjunto). De hecho, esta última sociedad tampoco aparece signando el recurso de revocatoria interpuesto contra el acto final en el asunto base que es un procedimiento administrativo tramitado en el expediente 174-09-03-TAA, en el cual se emitió la resolución nro. 1403-2025-TAA, de las 8:00 horas del 25 de noviembre de 2025, ante el Tribunal Ambiental Administrativo, aportado a este expediente (ver folio 3929 de la copia certificada del expediente administrativo adjunto). En consecuencia, tampoco procedería tener como accionante de este proceso a la sociedad [Nombre 004]., al haber omitido demostrar el cumplimiento de tales requisitos de admisibilidad”.\n\nAdvierte este Tribunal que, a los efectos de interponer este nuevo proceso, los accionantes realizaron una nueva invocatoria de inconstitucionalidad de la normativa cuestionada en el asunto base el 7 de julio de 2026, y que, aunque en esta oportunidad, dicha sociedad sí está incorporada en ese escrito, lo cierto es que, igualmente, la acción no constituye medio razonable para amparar sus derechos, por cuanto tal y como ya se le indicó, esa sociedad no firmó el recurso de revocatoria interpuesto contra el acto final en el asunto base, en el cual se emitió la resolución nro. 1403-2025-TAA, de las 8:00 horas del 25 de noviembre de 2025 por parte del Tribunal Ambiental Administrativo. De manera que, en lo que respecta a esa sociedad fue agotada la vía administrativa, al no haber impugnado el acto final. Por consiguiente, lo que, eventualmente se resolviera en este proceso, en caso de resultar declarada la inconstitucionalidad de las normas, únicamente tendría efectos retroactivos para las otras dos accionantes y no para [Nombre 004]., pues esta no cuenta con un asunto base que se encuentre en fase de agotamiento de la vía administrativa respecto de su situación particular. Así las cosas, respecto de esa sociedad, deberán estarse los accionantes a lo resuelto por este Tribunal en la sentencia nro. 2026-22173 de las 9:40 horas del 17 de junio de 2026.\n\nEn razón de todo lo expuesto y dado que se mantiene el incumplimiento del requisito legal señalado en la sentencia nro. 2026-22173 de las 9:40 horas del 17 de junio de 2026, lo procedente es que la accionante [Nombre 004]. se esté a lo resuelto en dicho pronunciamiento.\n\n IV.- En cuanto a las demás sociedades accionantes, aun cuando cumplen los requisitos de admisibilidad, procede rechazar por el fondo la acción, pues se alega que el artículo 111.c) de la Ley Orgánica del Ambiente y el ordinal 29 del Reglamento de Procedimientos del Tribunal Ambiental Administrativo, son inconstitucionales por no garantizar el derecho a la doble instancia en vía administrativa, al carecer de apelación ante el superior las resoluciones del Tribunal Ambiental Administrativo y declarar agotada la vía administrativa. Señalan que ello lesiona el derecho de defensa, el principio de igualdad, razonabilidad, proporcionalidad y los artículos 8 y 24 de la CADH. No obstante, en relación con la acusada alegación de la falta de una doble instancia en vía administrativa, este Tribunal ha resuelto, de forma reiterada, lo siguiente: \n\n“III.- AGRAVIOS DE CONSTITUCIONALIDAD. El accionante alega que la norma impugnada resulta inconstitucional pues lesiona el derecho de defensa y debido proceso, al negar al administrado la posibilidad de impugnar el acto administrativo de deportación. En su criterio, esto provoca una lesión a la dignidad humana.\n\nIV.- SOBRE LA DOBLE INSTANCIA EN LA JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA. La jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional ha indicado, a partir del voto No. 1129-90 de las 14:15 hrs. de 18 de septiembre de 1990 -reiterado en los Nos. 4088-93 de las 14:45 hrs. de 11 de agosto de 1993, 7189-94 de las 15:21 hrs. de 6 de diciembre de 1994, 6662-95 de la 19:03 hrs. de 5 de diciembre de 1995, 5347-05 de las 9:03 hrs. de 6 de mayo de 2005, 8497-06 de las 14:47 hrs. de 14 de junio de 2006 y 6136-07 de las 17:40 hrs. de 8 de mayo de 2007- que el derecho de la doble instancia, en materia judicial, contemplado en el ordinal 8°, párrafo 2°, inciso h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sólo opera en materia penal cuando el imputado ha sido condenado en la sentencia por la comisión de un delito, de modo que en los procedimientos administrativos no rige esa exigencia. Si bien esta regla establecida por el Tribunal Constitucional ha sido matizada frente a algunas situaciones específicas (voto No. 642-94 de las 14:30 hrs. de 2 de febrero de 1994), el hecho que una resolución administrativa no pueda ser recurrida en esa vía, no lesiona el derecho de defensa ni el derecho a la doble instancia, pues el afectado tiene la jurisdicción contencioso-administrativa para discutir el tema, tal y como hizo el propio accionante. El actor manifiesta que la norma lesiona la dignidad humana, pues la falta de recurso en vía administrativa expone al extranjero presunto infractor, a ser deportado y verse alejado de su núcleo familiar por varios años. No obstante, este Tribunal ha señalado que, tratándose de extranjeros, el Estado costarricense puede, en el ejercicio de su soberanía, regular su ingreso y permanencia al territorio nacional, así como dictar las políticas migratorias pertinentes, según lo dispuesto en el artículo 13, de la Ley General de Migración y Extranjería, Nº 8764. Adicionalmente, y en relación con la situación de los extranjeros casados con costarricenses, ha manifestado que el haber contraído nupcias no afecta la vigencia y ejecutividad de las órdenes de deportación puesto que, como ha resuelto reiteradamente, el matrimonio del amparado no es obstáculo para que las autoridades migratorias apliquen las disposiciones sobre extranjeros ilegales (ver en ese sentido, entre otras, voto N° 2007-07494 de las 17:03 hrs. del 29 de mayo del 2007). En este sentido, en la sentencia No. 2012-008091 de las 14-30 hrs. del 19 de junio de 2012, este Tribunal indicó:\n\n“Sobre este particular, es importante aclarar que si bien es cierto la familia es una de las instituciones sociales de más alto rango en el ordenamiento jurídico costarricense elemento natural y fundamento de la sociedad, según lo dispuesto por el artículo 51 de la Constitución Política y el matrimonio, de conformidad con el artículo 52 del supremo cuerpo normativo, es la base esencial de la familia, esto no es excusa para que, un extranjero, casado con un costarricense se encuentre eximido de cumplir con los requisitos exigibles para permanecer válidamente en el territorio nacional. En otras palabras, por el solo hecho de estar casado con un costarricense, un extranjero no puede exigir la derogación singular de las normas de rango legal que rigen el ingreso y la permanencia de los foráneos en el territorio nacional, cuyo cumplimiento puede ser exigido, perfectamente, en ejercicio de la soberanía nacional.”\n\nV.- CONCLUSIÓN.- No existe derecho a la doble instancia en vía administrativa. La falta de recurso no lesiona los derechos del actor pues puede impugnar el acto de deportación ante la jurisdicción contencioso administrativo. En cuanto a la violación a la dignidad humana por la eventual separación de la familia que la deportación puede ocasionar, esto no es consecuencia de la falta de ese recurso administrativo. Ni el matrimonio, ni la familia, son elementos que exoneran al extranjero de cumplir la legislación migratoria vigente en Costa Rica.” El énfasis no es del original. (Sentencia nro. 2017-8303, de las 9:15 horas del 2 de junio de 2017) El criterio de fondo ha sido reiterado en similar sentido en las sentencias números 2022-15626, de las 11:50 horas del 6 de julio de 2022, 2022-5049, de las 9:20 horas del 2 de marzo de 2022, 2021-4441, de las 9:15 horas del 3 de marzo de 2021, 2020-23255, de las 9:10 horas del 2 de diciembre de 2020, 2019-11673, de las 12:15 horas del 26 de junio de 2019, 2019-09210 de las 09:30 horas del 22 de mayo de 2019 y 2018-014467 de las 09:20 horas del 31 de agosto de 2018, entre otras.\n\nEn virtud del criterio expuesto, el alegato de la aquí parte accionante debe ser rechazado por el fondo, pues no encuentra este Tribunal motivo alguno para variar el criterio expuesto. \n\nV.- Por consiguiente, procede ordenar a la accionante [Nombre 004]., estarse a lo resuelto por este Tribunal mediante sentencia nro. 2026-22173 de las 9:40 horas del 17 de junio de 2026; y, respecto de las sociedades accionantes [Nombre 003]. y [Nombre 005]., rechazar por el fondo la acción.\n\n VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\n Estese la accionante [Nombre 004]., a lo resuelto por este Tribunal mediante sentencia nro. 2026-22173 de las 9:40 horas del 17 de junio de 2026. Respecto de las sociedades accionantes [Nombre 003]. y [Nombre 005]., se rechaza por el fondo la acción.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n TCKGR4MRUQU61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-028927-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).",
  "body_en_text": "Review of the Document\n\n\n\nExp: 26-028927-0007-CO\n\nRes. Nº 2026035252\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at 9:30 a.m. on 16 September 2026.\n\nAction of unconstitutionality brought by [Nombre 001] and [Nombre 002], in their capacity as representatives of the companies [Nombre 003], with legal-entity identification number [Valor 001]; [Nombre 004], legal-entity identification number no. [Valor 002]; and [Nombre 005], with legal-entity identification number [Valor 003]; against Articles 111.c) of the Organic Law of the Environment and 29 of the Regulations on Proceedings of the Administrative Environmental Tribunal.\n\nBackground:\n\n1.— By a written filing received at the Secretariat of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) on 11 May 2026, a request was made to declare unconstitutional Article 111(c) of the Ley Orgánica del Ambiente and Article 29 of the Regulations on Proceedings of the Administrative Environmental Tribunal, because the resolutions of this administrative body cannot be appealed to a higher authority, insofar as those provisions establish that its resolutions may not be challenged and declare the administrative process exhausted. The applicants assert that these provisions prevent access to a second instance, which is permitted for all other administrative resolutions under the Ley General de la Administración Pública.\n\nAs to the companies’ standing to bring proceedings, they state that, under expediente number 174-09-03-TAA, a complaint against these three companies has been before the Administrative Environmental Tribunal for 14 years, alleging environmental violations during construction of the Hotel Riu Guanacaste. By resolution number 1403-2025-TAA, notified on 17 December 2025, the Administrative Environmental Tribunal issued a resolution absolving the companies of many of the charges but finding them administratively liable for others. They could only file a request for supplementation and clarification, which has not been decided, and a motion for reconsideration, which likewise has not been decided. They indicate that, even when the motion for reconsideration is finally decided, the Tribunal will declare the administrative process exhausted, and they will have no opportunity to appeal to the highest-ranking authority, the Minister of the Environment, because Article 111(c) of the Ley Orgánica del Ambiente bars any further defense. Article 29 of the Regulations on Proceedings of the Administrative Environmental Tribunal also bars an appeal to the Minister and prevents a motion for reconsideration of the final decision.\n\nFrom the cited provisions, they conclude that there is only one instance in the administrative process, making the provisions manifestly unconstitutional because they seriously violate the constitutional principle and rule, as well as the human right to due process of law set out in Articles 39 and 41 of the Costa Rican Constitution; they establish a discriminatory limitation that does not apply under the Ley General de la Administración Pública to all other administrative cases, nor under other statutory and regulatory provisions governing administrative proceedings in decentralized institutions. To the contrary, Article 345 of the Ley General de la Administración Pública, insofar as relevant, does permit an appeal to the highest-ranking authority, so there is an appeal throughout the public administration except in proceedings before the Administrative Environmental Tribunal. It is thus readily apparent that two extremely important defenses have been barred: (a) an appeal to the Minister; and (b) a motion for reconsideration of the Minister’s final decision. In all other administrative proceedings in the country, the administrative process is not exhausted at this point. Instead, Article 111(c) of the Ley Orgánica del Ambiente and Article 29 of the Regulations on Proceedings of the Administrative Environmental Tribunal strip the person under investigation of these two vital defenses. They consider this unjustified and unfounded discrimination, because in every other administrative proceeding before the public administration, these two additional avenues of defense are always available: an appeal to the highest-ranking authority and a motion for reconsideration of that authority’s decision.\n\nAccordingly, annulment of the challenged statutory and regulatory provisions would allow them to appeal to the Minister of the Environment and subsequently file a motion for reconsideration of the Minister’s final decision. Annulment of the challenged provisions as unconstitutional would therefore restore their right of defense and their constitutional right to due process of law. It would allow the companies to defend their interests in this administrative proceeding on equal terms with all other administrative proceedings, both those involving the central government and those involving decentralized institutions.\n\nThey consider the unconstitutionality action admissible because it protects the companies’ direct interests, as asserted in the administrative proceeding brought against them under expediente number 174-09-03-TAA before the Administrative Environmental Tribunal. The requirement to show an individual and direct injury is also met: the companies and their partners suffer, or would suffer, direct harm or injury to a direct interest from application of the challenged provisions to this specific case. The constitutionality of Article 111(c) of the Ley Orgánica del Ambiente and Article 29 of the Regulations on Proceedings before the Administrative Environmental Tribunal is at issue here; those provisions will be applied by the Tribunal in this specific case, which gives rise to the direct interest in having them annulled.\n\nThey assert that, in this case, applying the challenged provisions does cause direct and individual injury to the three companies because it bars them from appealing to the Minister and also from moving for reconsideration of the Minister’s final decision. There is therefore a causal relationship between the underlying administrative proceeding and the outcome of this unconstitutionality action. They further point out that the certification of the administrative file submitted shows that the company [Nombre 004]. is listed as one of the parties against whom the administrative proceeding was brought and was sanctioned by the resolution issued in that proceeding, which means it has standing to act in the present proceeding. Those provisions cause direct and undeniable harm to the companies’ interests; the underlying case is therefore expediente number 174-09-03-TAA, pending before the Administrative Environmental Tribunal.\n\nThe purpose of this unconstitutionality action, which seeks annulment of the challenged provisions, is to prevent the Administrative Environmental Tribunal from applying them and thereby barring the companies from appealing to the Minister and then moving for reconsideration of the Minister’s final decision. This seriously strips away the constitutional right to due process of law. Thus, once the challenged provisions are annulled as unconstitutional, the objective will be achieved of preventing the Administrative Environmental Tribunal from relying on them to issue its final resolution and declare that no further remedy is available, that its administrative resolution is final and definitive, and that the administrative process is exhausted. They consider it proven that removing the challenged provisions will prevent the Tribunal from applying them and thereby harming the companies’ constitutional rights to due process of law.\n\nFrom the challenged provisions, it follows that there is only one instance in the administrative process, making the legislation manifestly unconstitutional because it seriously violates the constitutional principle and rule, as well as the human right to due process of law set out in Articles 39 and 41 of the Costa Rican Constitution; it establishes a limitation found neither in the Constitution nor in the Ley General de la Administración Pública for all other administrative cases, nor in other statutory and regulatory provisions governing administrative proceedings in decentralized institutions. To the contrary, Article 345 of the Ley General de la Administración Pública, insofar as relevant, does permit an appeal to the highest-ranking authority. Thus, there is an appeal throughout the public administration in all administrative proceedings in Costa Rica, except in proceedings before the Administrative Environmental Tribunal. In addition, the provisions bar a motion for reconsideration of the Minister’s final decision.\n\nThe core constitutional issue is the assertion that the legislature cannot exclude a specific group of persons subject to administrative proceedings from the general system of two-instance administrative review, because doing so seriously violates the constitutional principle of equality before the law in Article 33 of the Constitution and Article 24 of the American Convention on Human Rights, as well as the constitutional right to due process of law in Articles 39 and 41 of the Constitution and Article 8 of the American Convention. They reiterate that the Ley General de la Administración Pública provides for ordinary remedies in ordinary proceedings, so that provision does provide for two instances. By referring to ordinary remedies, it means reconsideration or replacement and appeal, in accordance with Article 345 of the same statute. For this compelling reason, Article 111(c) of the Ley Orgánica del Ambiente is unconstitutional, as it violates the right to due process enshrined in Article 39 of the Constitution.\n\nArticle 3 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional provides that the Constitution is deemed to have been violated when the text of the challenged provision is compared with constitutional rules and principles, as in this case. Article 33 of the Constitution enshrines the principle of equality before the law, providing that all persons are equal before the law and that no discrimination contrary to human dignity may be practiced. Consistently, Article 24 of the American Convention on Human Rights provides that all persons are equal before the law and are entitled, without discrimination, to equal protection of the law. This principle imposes a duty of consistency on the legislature: substantially similar situations must receive the same legal treatment, unless there is an objective, reasonable, and proportionate justification.\n\nThey state that the constitutional principle of reasonableness, or proportionality in the broad sense, as understood in German doctrine and adopted in the case law of the German Constitutional Court, requires the State to ensure that any rule or act restricting fundamental rights must be suitable, necessary, and proportionate at the same time in order to be constitutionally valid. In keeping with the most authoritative scholarship on constitutional law and the case law of constitutional courts, the Constitutional Chamber has specified in its decisions the content of the principles of reasonableness and proportionality. It has repeatedly stated, with regard to the former, that a law cannot and must not be irrational, since the means selected must bear a real and substantial relationship to the objective pursued. From this perspective, technical rationality means proportionality between means and ends; legal rationality means conformity with the Constitution generally and, in particular, with the rights and freedoms recognized and guaranteed therein and in the international human rights instruments in force in our country; and, finally, reasonableness as to personal effects means that no limitations or burdens may be imposed on those rights beyond what reasonably follows from their nature, nor any greater than what is indispensable for their reasonable functioning in society.\n\nArticle 111(c) of the Ley Orgánica del Ambiente and Article 29 of the Regulations on Proceedings of the Administrative Environmental Tribunal impose a clear limitation on the constitutional right to two-instance review, so it is necessary to reiterate the principles mentioned. As to proportionality, it calls for a comparison between the purpose pursued by the act and the type of restriction imposed; in this case, the limitation exceeds the benefit sought for the community. These challenged provisions also fail the suitability principle, since they limit the right to two-instance review and directly conflict with the Constitution by declaring the resolutions of the Administrative Environmental Tribunal unchallengeable; this is wholly discriminatory.\n\nThey state that the constitutional principle of reasonableness, or proportionality in the broad sense, as understood in German doctrine and adopted in the case law of the German Constitutional Court, requires the State to ensure that any rule or act restricting fundamental rights must be suitable, necessary, and proportionate at the same time in order to be constitutionally valid. The Constitutional Chamber has developed an equality test, requiring every regulatory distinction to serve a legitimate purpose and pass a reasonableness and proportionality review. Constitutional case law has repeatedly held that equality does not mean identical treatment, but rather justified treatment. The absolute exclusion of hierarchical appeal in this administrative proceeding is a discriminatory procedural distinction that has no sufficient objective basis. Nothing justifies eliminating an appeal to the Minister or a motion for reconsideration of the Minister’s final decision, because the rule does not prevent the Tribunal from exercising its assigned powers. The Administrative Environmental Tribunal retains full authority to investigate and sanction conduct affecting the environment, but there is no connection between that procedural rule and the Tribunal’s substantive subject-matter jurisdiction.\n\nArticle 39 of the Constitution guarantees due process of law. In administrative proceedings, this guarantee includes the right of defense, the right to be heard, the right to submit evidence, and the right to challenge the decision before a higher body. Eliminating hierarchical appeal directly affects the essential content of the right of defense. The Inter-American Court of Human Rights has held that the right to appeal a judgment is part of the minimum judicial guarantees in Article 8 of the American Convention. In Herrera Ulloa v. Costa Rica (2004), the Court held that the remedy must permit a comprehensive review of the decision. In Mohamed v. Argentina (2012), it stated that the remedy must be effective and accessible. The Court has also indicated that due process guarantees apply not only to judicial proceedings but also to administrative proceedings in which rights or obligations are determined. Inter-American case law has recognized that Article 8 of the American Convention applies to administrative sanctioning proceedings and to any State proceeding that determines rights or obligations of a civil, labor, tax, or other nature. In that context, the right to challenge a decision means that administrative decisions must also be reviewable by a higher authority when they affect individual rights.\n\nThe exclusion of hierarchical appeal must be subjected to the proportionality test developed in constitutional and comparative case law. The analysis requires verification of: (a) legitimacy of the purpose: there is no social purpose that would be protected by eliminating these means of defense; (b) suitability of the means: since the purpose is not legitimate, the means is also unconstitutional, as it consists of denying a defense; (c) necessity: in this case, it appears to be a matter of administrative convenience, removing from the Minister’s office appeals to which citizens are entitled; and (d) proportionality in the strict sense. If less restrictive alternatives exist that would achieve the purpose, the measure is unconstitutional as disproportionate. No less restrictive measures exist. Either the right to appeal to the Minister is permitted or it is not. The challenged provisions violate Articles 8 and 24 of the American Convention. The absence of an effective remedy against final administrative acts is a structural violation of the right to due process of law. If these provisions violate the American Convention, they violate Article 7 of the Constitution and are therefore void as unconstitutional.\n\nThey assert that Article 111(c) of the Ley Orgánica del Ambiente and Article 29 of the Regulations on Proceedings of the Administrative Environmental Tribunal are unconstitutional because they prevent challenges to the Tribunal’s resolutions. They also create an absolute exception to the general system of administrative protection without any constitutionally valid justification. The right to challenge a decision is understood as one of the guarantees that must remain part of proceedings, in order to ensure two instances, as reflected in the right to appeal a judicial ruling to a higher judge or court. The challenged provisions state that the resolutions of the Administrative Environmental Tribunal may not be challenged and exhaust the administrative process. The direct legal effect of this provision is to prevent a person subject to the administrative proceeding from going before the hierarchical superior to seek a comprehensive review of the decision adopted by that body, thereby clearly violating the principles of due process, equality, and two-instance review, as well as the human right to appeal.\n\nThis is not a simple procedural regulation or a minor change to the system of remedies. The practical consequence of the provision is to eliminate completely the possibility of a different administrative body reviewing questions of fact, law, evidentiary assessment, or procedure contained in the Administrative Environmental Tribunal’s final resolution. The right to due process of law recognized in Articles 39 and 41 of the Constitution is not exhausted by the opportunity to participate in the proceeding, submit evidence, and take other procedural steps; it also includes a real opportunity to challenge the legality and correctness of the decision that concludes the proceeding when it affects a person’s rights or legitimate interests. Administrative remedies exist precisely for that purpose. Their function is to allow any errors in legal interpretation, evidentiary assessment, or evaluation of the facts to be corrected by a higher authority before the decision becomes final. However, Article 111(c) and Article 29 of the Regulations on Proceedings of the Administrative Environmental Tribunal eliminate this guarantee entirely for those subject to proceedings before the Tribunal.\n\nThe arbitrary violation of the human and constitutional right is thus apparent from the fact that the legislators chose to exclude only this group of persons subject to administrative proceedings before the Administrative Environmental Tribunal from the ordinary system of remedies provided for in the Ley General de la Administración Pública, without offering an objective reason to justify that difference in treatment. The American Declaration of the Rights and Duties of Man does expand, insofar as relevant, the human right to challenge resolutions. In this regard, see Article 18 of that instrument: “Article XVIII. Every person may resort to the courts to assert his rights. He should also have recourse to a simple and brief procedure whereby the courts will protect him from acts of authority that, to his prejudice, violate any fundamental constitutional rights.” Likewise, the Universal Declaration of Human Rights, like the instrument cited above, addresses the right to challenge a decision in Article 8, which provides: “Article 8. Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.”\n\nWe are obligated to apply rules concerning fundamental rights in the manner most favorable to the person, always seeking the greatest possible protection of those rights and avoiding restrictive applications that unjustifiably limit their exercise. Under this approach, international human rights protection instruments are a relevant source for identifying how the content of rights and the State’s corresponding obligations have evolved. The Constitutional Chamber has recognized that international human rights instruments may serve as guiding standards for constitutional interpretation, particularly when they expand or strengthen the protection afforded to people. In that regard, in Resolution no. 14917-2026, that Court reiterated the importance of turning to international human rights rules as an interpretive criterion to ensure the interpretation most favorable to and protective of fundamental rights, as follows: “In accordance with these rules, the State assumes the obligation to progressively increase, to the extent of its possibilities and development, the levels of protection of human rights…”\n\nAs to the human rights rules recognized by the Costa Rican legal system, they argue that Article 48 of the Constitution itself must be considered, as it clearly states: “ARTICLE 48.— Every person has the right to habeas corpus to guarantee personal liberty and integrity, and to amparo to maintain or restore the enjoyment of the other rights enshrined in this Constitution, as well as those of a fundamental nature established in the international human rights instruments applicable to the Republic. Both remedies fall within the jurisdiction of the Chamber referred to in Article 10.” Although the provision refers to habeas corpus and amparo, they state that the significance of the cited article lies in its call to protect human rights established in the international human rights instruments applicable to the Republic. For that reason, this unconstitutionality claim should be considered in connection with Article 8.2(h) of the American Convention on Human Rights, concerning the right to appeal decisions:\n\n“Article 8 Judicial Guarantees\n\n1. Every person has the right to be heard, with due guarantees and within a reasonable time, by a competent, independent, and impartial judge or tribunal, previously established by law, in the determination of any criminal charge against him or in the determination of his rights and obligations of a civil, labor, tax, or any other nature.\n\n2. Every person accused of a criminal offense has the right to be presumed innocent so long as his guilt has not been legally established. During the proceedings, every person is entitled, on a basis of full equality, to the following minimum guarantees: (…) h) the right to appeal the judgment to a higher judge or court.”\n\nThey point out that, although this provision appears in the list of minimum guarantees applicable to criminal proceedings, a systematic interpretation of the Convention precludes the conclusion that the right to appeal is protected exclusively in that area. On the contrary, Article 8.1 of the Convention itself establishes that every person has the right to be heard with due guarantees in the determination of his civil, labor, tax, or other rights and obligations. Accordingly, the procedural guarantees recognized by that international instrument must be applied in keeping with its object and purpose, which is the effective protection of human rights against the exercise of State power.\n\nThe unconstitutionality of the challenged provision is especially clear when analyzing the different treatment the legislature chose to give people subject to proceedings before the Administrative Environmental Tribunal. In fact, while most persons participating in administrative proceedings can seek review of a decision by a higher body through the ordinary remedies provided for in the Ley General de la Administración Pública, Article 111(c) of the Ley Orgánica del Ambiente and Article 29 of the Regulations on Proceedings of the Administrative Environmental Tribunal completely exclude those subject to environmental administrative jurisdiction from that fundamental guarantee. This exclusion is not a mere procedural peculiarity or a distinction of little significance. Rather, it amounts to an absolute deprivation of one of the principal guarantees that form part of the right of defense and due process of law, by preventing an administrative decision that may significantly affect a person’s legal sphere from being reviewed by a different, hierarchically superior authority.\n\nThe seriousness of this restriction is even more apparent given the nature of the powers assigned to the Administrative Environmental Tribunal. Although it is formally an administrative body, the powers it exercises are materially sanctioning in nature, since its resolutions may impose obligations, restrictions, corrective measures, orders to halt work, closures, environmental restoration duties, and other consequences capable of significantly affecting the property rights, legitimate economic activities, and legally protected interests of persons subject to administrative proceedings.\n\nIn its own case law, the Inter-American Court of Human Rights has held that human rights treaties must be interpreted broadly, as discussed in the work of Héctor Gros Espiell, former President of the Inter-American Court of Human Rights, in “The Methods of Interpretation Used by the Inter-American Court of Human Rights in Its Contentious Case Law,” which clearly states: “Thus, in interpreting the Convention, the Human Being is not pitted against the State through the application of restrictive or expansive criteria. This is so when one lives and acts in a Democratic State governed by the rule of law and when the situation submitted for the Court’s judgment arose during the full existence of that Democratic State, in which a legitimate government acts in accordance with its principles. By contrast, in an opposite situation, during the existence of a nondemocratic and illegitimate government, born of the obliteration of the Constitution, in which the necessary balance between Liberty, Order, Justice, and the Common Good is absent, it is natural that an expansive interpretation, always favorable to the violated rights, may be used (9).”\n\nFor precisely this reason, due process guarantees take on heightened importance in this area. When the State exercises powers that may restrict rights or impose adverse consequences on private parties, procedural guarantees must be interpreted broadly and in a manner favorable to protecting the person, rather than through restrictions that unjustifiably reduce the person’s opportunities to defend themselves. From this perspective, it is particularly troubling that the legislature chose to eliminate entirely the possibility of hierarchical review of resolutions issued by the Administrative Environmental Tribunal. The challenged provision makes that body the sole administrative authority empowered to make a final assessment of the facts, interpret the applicable rules, evaluate the evidence in the file, and determine the corresponding legal consequences, without any ordinary mechanism allowing a higher authority to verify the correctness of its decision.\n\nThis means that the same body that hears the proceeding and issues the final resolution also becomes the final administrative instance in the dispute. In other words, the Administrative Environmental Tribunal’s decision is removed from the ordinary internal controls characteristic of Costa Rica’s administrative system, eliminating any possibility of correcting errors of fact or law, evidentiary assessment, or statutory interpretation. This situation not only affects the rights of the person subject to the proceeding but also weakens the institutional oversight mechanisms that form part of the principle of legality. Administrative remedies serve a dual function: they are a guarantee for the person subject to administrative proceedings and they also allow the Administration itself to review the legality of its actions, correct errors, and ensure consistency in its criteria. The challenged provision eliminates both purposes without offering a constitutionally sufficient justification.\n\nMoreover, the legislature included no objective, reasonable, or proportionate explanation in the Ley Orgánica del Ambiente or the Regulations on Proceedings of the Administrative Environmental Tribunal as to why only people subject to proceedings before the Tribunal should be deprived of the ordinary system of remedies recognized for the generality of persons subject to administrative proceedings. The body’s technical specialization is not a valid reason to suppress fundamental guarantees, since there are many specialized administrative bodies whose resolutions remain subject to hierarchical review without compromising the effectiveness of their powers. Nor can the pursuit of administrative speed justify a restriction of this magnitude. If the goal was to expedite environmental proceedings, the legislature had many less harmful alternatives available, such as setting shorter deadlines for deciding appeals, establishing summary procedures, or limiting certain extraordinary remedies. By contrast, eliminating appeal altogether is the most restrictive measure possible and therefore the most difficult to justify from a constitutional perspective.\n\nThe practical consequence of this regulation is the creation of an exceptional category of persons subject to administrative proceedings who receive less procedural protection than the legal system grants to the generality of persons. While people involved in other administrative proceedings retain the right to seek review of a decision by a higher authority, those appearing before the Administrative Environmental Tribunal are subject to a single, final, unchallengeable administrative decision. This difference in treatment lacks an objective and reasonable justification, violates the principle of equality before the law, and imposes a disproportionate restriction on the right of defense and due process.\n\nIn Herrera Ulloa v. Costa Rica, the Inter-American Court of Human Rights itself developed the scope and content of the right to appeal, stating:\n\n“157. Article 8.2.h of the American Convention provides that during the proceedings, every person is entitled, on a basis of full equality, ‘to appeal the judgment to a higher judge or court.’\n\n158. The Court considers that the right to appeal a judgment is a fundamental guarantee that must be respected as part of due process of law, in order to allow an adverse judgment to be reviewed by a different judge or court of higher institutional rank. The right to lodge an appeal against a judgment must be guaranteed before the judgment becomes res judicata. The purpose is to protect the right of defense by providing, during the proceedings, an opportunity to lodge an appeal so that a decision adopted with defects and containing errors that would cause undue harm to a person’s interests does not become final.\n\n159. The Court has indicated that the right to appeal a judgment, as enshrined in the Convention, is not satisfied by the mere existence of a higher-level body than the one that tried and convicted the accused, before which the accused has or may have access. For there to be a genuine review of the judgment, as required by the Convention, the higher court must have the judicial characteristics that empower it to hear the specific case.” (…) “160. Article 31.1 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties states that [… a] treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in light of its object and purpose.\n\n161. In accordance with the object and purpose of the American Convention, namely the effective protection of human rights115, the remedy contemplated in Article 8.2.h of that treaty must be understood to be an effective ordinary remedy through which a higher judge or court seeks to correct judicial decisions contrary to law. Although States have a margin of appreciation in regulating the exercise of that remedy, they may not establish restrictions or requirements that infringe the very essence of the right to appeal a judgment. In that regard, the Court has held that ‘the mere formal existence of remedies is not sufficient; they must be effective,’ that is, they must produce results or responses for the purpose for which they were created.”\n\nThey assert that the judgment cited makes clear that the purpose of being able to appeal a tribunal’s decision is to correct errors of fact, law, and assessment that may have occurred in the challenged decision, and to prevent a potentially defective resolution from becoming final without review. That is precisely the possibility that Article 111(c) of the Ley Orgánica del Ambiente and Article 29 of the Regulations on Proceedings of the Administrative Environmental Tribunal eliminate entirely. The challenged provisions do not regulate how the remedy is exercised, establish requirements for filing it, or limit particular issues that may be reviewed; instead, they completely eliminate any possibility of hierarchical review of the Administrative Environmental Tribunal’s resolutions.\n\nThey consider the restriction especially serious given that the Tribunal’s resolutions may have particularly severe consequences for the legal sphere of persons subject to administrative proceedings, including the imposition of obligations, corrective measures, restrictions on economic activities, closures, stoppages of works, and other consequences that are materially sanctioning in nature. In this context, the absence of an ordinary review mechanism prevents a higher authority from examining the legal correctness of the decision adopted, depriving the person subject to the proceeding of a guarantee that the Inter-American Court itself has characterized as fundamental to due process.\n\nIn addition, they emphasize that Costa Rica’s administrative legal system generally recognizes the possibility of challenging administrative acts. Article 343 of the Ley General de la Administración Pública expressly provides for the ordinary remedies of reconsideration and appeal, while Article 345 permits a challenge to the final act issued in an administrative proceeding. The logic behind that system is precisely to ensure that administrative decisions capable of affecting the rights or legitimate interests of persons subject to administrative proceedings may be reviewed by the corresponding hierarchical superior. However, Article 111(c) of the Ley Orgánica del Ambiente and Article 29 of the Regulations on Proceedings of the Administrative Environmental Tribunal unjustifiably break with that system of safeguards and create an exceptional regime under which only people subject to proceedings before the Tribunal are deprived of access to the ordinary remedies recognized for the generality of persons subject to administrative proceedings.\n\nThe challenged provisions contain no objective, reasonable, and proportionate justification explaining why these people should receive less procedural protection than the general administrative regime provides. The difference in treatment introduced by the legislature is therefore incompatible with the principle of equality, the right of defense, and the due process guarantees recognized both by the Constitution and by the American Convention on Human Rights.\n\nMoreover, the provision also fails the proportionality review developed in constitutional case law. It fails the necessity requirement because the legislature could have achieved any objective relating to administrative speed through mechanisms less harmful to fundamental rights, such as setting short deadlines for deciding appeals or limiting certain extraordinary remedies. It also fails the proportionality review in the strict sense because the sacrifice imposed on the right of defense is considerably greater than any potential administrative benefit that could result from eliminating the remedy. The practical consequence is that a person investigated by the Administrative Environmental Tribunal is subject to a single final administrative decision with no possibility of hierarchical review, while people involved in the generality of administrative proceedings do have that guarantee. This difference in treatment lacks a sufficient objective basis and imposes a disproportionate restriction on the right of defense.\n\nFor these reasons, Article 111(c) of the Ley Orgánica del Ambiente and Article 29 of the Regulations on Proceedings of the Administrative Environmental Tribunal are incompatible with Articles 33, 39, and 41 of the Constitution; Articles 8 and 24 of the American Convention on Human Rights; Article 18 of the American Declaration of the Rights and Duties of Man; and Article 8 of the Universal Declaration of Human Rights, because they establish an unreasonable and discriminatory limitation on the right to appeal in administrative proceedings.\n\nAccordingly, in their view, the unconstitutionality of Article 111(c) of the Ley Orgánica del Ambiente and Article 29 of the Reglamento de Procedimiento del Tribunal Ambiental Administrativo is evident because they prevent the right to challenge a decision that affects the rights and legitimate interests of the parties bringing the constitutional challenge. This affects their legitimate interests, since the right to appeal is an essential guarantee of due process and the right of defense. The fact that the cited articles arbitrarily deprive a particular group of persons subject to administrative authority of the ability to challenge decisions through the ordinary mechanisms of challenge that the legal system itself recognizes for people generally shows that, if a ruling is issued against the parties, the authority may impose financial sanctions that directly affect the assets of persons subject to its jurisdiction. All possibility of hierarchical review of the Tribunal Ambiental Administrativo’s decisions is thereby eliminated, making this body the first and last administrative instance. Accordingly, they request: a) That this constitutional challenge be admitted because it is a reasonable means of defending the constitutional right to due process of law, which the challenged provisions impair. b) That it be declared that Article 111(c) of the Ley Orgánica del Ambiente and Article 29 of the Reglamento de Procedimientos ante el Tribunal Ambiental Administrativo prevent an appeal to the minister and prevent reconsideration of the minister’s final decision. c) That this constitutional challenge be upheld and Articles 111(c) of the Ley Orgánica del Ambiente and 29 of the Reglamento de Procedimientos ante el Tribunal Ambiental Administrativo be annulled as unconstitutional.\n\n2.- Article 9 of the Constitutional Jurisdiction Act authorizes the Chamber to dismiss summarily or on the merits, at any time, including upon filing, any matter submitted to it that proves manifestly inadmissible, or when it considers that there is sufficient evidence to dismiss it, or that it is merely a reiteration or reproduction of an earlier identical or similar matter that was dismissed.\n\nDrafted by Justice Castillo Víquez; and,\n\nConsidering:\n\nI.- Formal requirements for the admissibility of the action. An action of unconstitutionality is a proceeding subject to certain formalities, which must be satisfied for the Chamber to validly hear the merits of the challenge. In that regard, Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Act establishes the admissibility requirements for an action of unconstitutionality. First, there must be a pending matter to be resolved, either before a court or in the procedure for exhausting the administrative process, in which unconstitutionality has been invoked as a reasonable means of protecting the right or interest considered to have been infringed. In the second and third paragraphs, the Act establishes exceptional circumstances in which no prior matter is required: where, by the nature of the matter, there is no direct and individual injury; where the matter concerns the defense of diffuse or collective interests; or where the action is filed directly by the Comptroller General of the Republic, the Procurador General de la República, the Fiscal General de la República, or the Ombudsman.\n\nII.- As to the requirement of a pending matter to be resolved, this Chamber stated the following in judgment no. 1995-4190, issued at 11:33 on 28 July 1995:\n\n“First, this is an incidental proceeding in nature, not a direct or popular action. That means there must be a pending matter to be resolved—either before the courts or in the procedure for exhausting the administrative process—in order to access the constitutional process. The action must, however, constitute a reasonable means of protecting the right considered to have been infringed in the principal matter, such that the Constitutional Court’s decision has a positive or negative effect on that pending proceeding because it addresses the constitutionality of the rules to be applied in that matter. Direct access to this process is permitted by law only by way of exception, in the circumstances set out in the second and third paragraphs of Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Act.”\n\nAccordingly, the requirement of a prior pending matter to be resolved is not merely a formal requirement. The mere existence of a principal matter, or the simple invocation of unconstitutionality, is not enough; the action must also be a reasonable means of protecting the right or interest considered to have been infringed. This means that there must be a matter in which individuals’ fundamental rights are at stake and in which the challenged provisions directly affect the resolution of the case (see, to the same effect, judgments nos. 1668-90, 4085-93, 798-94, 3615-94, 409-I-95, 851-95, 4190-95, and 791-96). Other formalities must also be satisfied: explicit identification of the challenged provisions, with adequate grounds and specific citation of the constitutional rules and principles considered to have been infringed; authentication by an attorney of the filing in which the action is brought; proof of standing (powers of attorney and certifications); and a verbatim copy of the filing in which unconstitutionality of the provisions was invoked in the principal matter. If the applicant fails to satisfy any of these requirements, the action is inadmissible.\n\nIII.- Partial failure to meet the admissibility requirements for this action of unconstitutionality. After reviewing the filing that initiated this proceeding and the order issued by the President of this Chamber, at 13:33 on 13 August 2026, directing the applicants to remedy an initially missing requirement, the Court concludes that this proceeding still fails to meet certain requirements and should therefore be partially dismissed summarily.\n\nThe applicants state that [Nombre 004]. is listed as one of the defendants in administrative proceeding number 174-09-03-TAA before the Administrative Environmental Tribunal, which is the principal matter for this action, and that it was sanctioned by the decision issued in that proceeding. They consider this to mean that it has standing to act in this proceeding because the challenged provisions cause it direct and undeniable harm. However, when this Court heard another action of unconstitutionality brought by the same applicants on the same subject and concerning the same principal matter, in case file no. 26-016626-0007-CO, it dismissed the action summarily in judgment no. 2026-22173, issued at 9:40 on 17 June 2026, stating the following in relation to that applicant company:\n\n“Three corporations have brought this action as applicants: [Nombre 003]., [Nombre 004]., and [Nombre 005]. However, as explained in the preceding section, unconstitutionality was invoked only by [Nombre 003] and [Nombre 008]., and not by [Nombre 004] (folio 3934 of the certified copy of the attached administrative case file). In fact, the latter company also does not appear as a signatory to the motion for reconsideration filed against the final administrative decision in the principal matter, which is an administrative proceeding conducted under case file 174-09-03-TAA. In that proceeding, decision no. 1403-2025-TAA was issued at 8:00 on 25 November 2025 by the Administrative Environmental Tribunal and was submitted to this case file (see folio 3929 of the certified copy of the attached administrative case file). Accordingly, [Nombre 004]. could not be treated as an applicant in this proceeding either, since it failed to demonstrate compliance with those admissibility requirements.”\n\nThe Court observes that, for the purpose of bringing this new proceeding, the applicants again invoked the unconstitutionality of the provisions challenged in the principal matter on 7 July 2026. Although that company is included in the filing this time, the action still does not constitute a reasonable means of protecting its rights. As already indicated, the company did not sign the motion for reconsideration filed against the final administrative decision in the principal matter, in which the Administrative Environmental Tribunal issued decision no. 1403-2025-TAA at 8:00 on 25 November 2025. Accordingly, the administrative process was exhausted as to that company because it did not challenge the final decision. Consequently, if the provisions were declared unconstitutional in this proceeding, the ruling would have retroactive effect only for the other two applicants, not for [Nombre 004]., since that company has no principal matter concerning its particular circumstances that remains at the stage of exhausting the administrative process. Accordingly, as to that company, the applicants must abide by this Court’s ruling in judgment no. 2026-22173, issued at 9:40 on 17 June 2026.\n\nIn view of all the foregoing, and because the failure to meet the legal requirement identified in judgment no. 2026-22173, issued at 9:40 on 17 June 2026, persists, [Nombre 004]. must abide by the ruling in that judgment.\n\nIV.- As to the other applicant companies, although they meet the admissibility requirements, the action should be dismissed on the merits. They allege that Article 111.c) of the Organic Environmental Act and Article 29 of the Regulations on Proceedings before the Administrative Environmental Tribunal are unconstitutional because they fail to guarantee a right to a second level of review in the administrative process: decisions of the Administrative Environmental Tribunal are not subject to appeal before a higher authority and exhaust the administrative process. They contend that this infringes the rights of defense and the principles of equality, reasonableness, and proportionality, as well as Articles 8 and 24 of the American Convention on Human Rights. However, this Court has repeatedly ruled as follows regarding the alleged lack of a second level of review in the administrative process:\n\n“III.- CONSTITUTIONAL GROUNDS OF CHALLENGE. The applicant alleges that the challenged provision is unconstitutional because it infringes the rights of defense and due process by denying the person subject to the administrative process the possibility of challenging the administrative deportation decision. In the applicant’s view, this infringes human dignity.\n\nIV.- SECOND LEVEL OF REVIEW IN THE ADMINISTRATIVE JURISDICTION. The Constitutional Chamber’s consistent case law has held, beginning with Voto No. 1129-90, issued at 14:15 on 18 September 1990—and reiterated in Nos. 4088-93, issued at 14:45 on 11 August 1993; 7189-94, issued at 15:21 on 6 December 1994; 6662-95, issued at 19:03 on 5 December 1995; 5347-05, issued at 9:03 on 6 May 2005; 8497-06, issued at 14:47 on 14 June 2006; and 6136-07, issued at 17:40 on 8 May 2007—that the right to a second level of review in judicial matters, set out in paragraph 2, subparagraph h), of Article 8 of the American Convention on Human Rights, applies only in criminal matters when the accused has been convicted of an offense in the judgment. That requirement therefore does not apply in administrative proceedings. Although the Constitutional Court has qualified this rule in certain specific circumstances (Voto No. 642-94, issued at 14:30 on 2 February 1994), the fact that an administrative decision cannot be challenged through the administrative process does not infringe the rights of defense or to a second level of review, because the affected person may bring the matter before the administrative-litigation jurisdiction, as this applicant did. The applicant states that the provision infringes human dignity because the absence of an administrative appeal exposes a foreign national alleged to have violated the law to deportation and separation from their family for several years. However, this Court has held that, in relation to foreign nationals, the Costa Rican State may, in the exercise of its sovereignty, regulate their entry into and stay in the national territory, as well as establish the relevant migration policies, pursuant to Article 13 of the General Immigration and Aliens Act, No. 8764. Additionally, regarding foreign nationals married to Costa Ricans, the Court has stated that marriage does not affect the validity or enforceability of deportation orders, since it has repeatedly held that an amparo applicant’s marriage does not prevent the migration authorities from applying the provisions concerning foreign nationals in an unlawful situation (see, among others, Voto No. 2007-07494, issued at 17:03 on 29 May 2007). In this regard, in judgment No. 2012-008091, issued at 14:30 on 19 June 2012, this Court stated:\n\n“On this point, it is important to clarify that, although the family is one of the highest-ranking social institutions in the Costa Rican legal system—being a natural element and the foundation of society, as provided in Article 51 of the Political Constitution—and marriage, pursuant to Article 52 of that supreme legal instrument, is the essential basis of the family, this does not excuse a foreign national married to a Costa Rican from complying with the requirements for lawful residence in the national territory. In other words, merely being married to a Costa Rican does not entitle a foreign national to demand an individual dispensation from the statutory rules governing the entry into and residence of foreign nationals in the national territory, compliance with which may properly be required in the exercise of national sovereignty.”\n\nV.- CONCLUSION.- There is no right to a second level of review in the administrative process. The absence of an appeal does not infringe the applicant’s rights, because the deportation decision may be challenged before the administrative-litigation jurisdiction. As for the alleged infringement of human dignity due to the possible separation of the family that deportation may cause, that is not a consequence of the absence of an administrative appeal. Neither marriage nor family exempts a foreign national from complying with the migration laws in force in Costa Rica.” The emphasis is not in the original. (Judgment no. 2017-8303, issued at 9:15 on 2 June 2017.) The same substantive criterion has been reiterated in judgments nos. 2022-15626, issued at 11:50 on 6 July 2022; 2022-5049, issued at 9:20 on 2 March 2022; 2021-4441, issued at 9:15 on 3 March 2021; 2020-23255, issued at 9:10 on 2 December 2020; 2019-11673, issued at 12:15 on 26 June 2019; 2019-09210, issued at 09:30 on 22 May 2019; and 2018-014467, issued at 09:20 on 31 August 2018, among others.\n\nIn light of the criterion set out above, the argument of the applicants in this case must be dismissed on the merits, since this Court finds no reason to depart from that criterion.\n\nV.- Accordingly, [Nombre 004]. must abide by this Court’s ruling in judgment no. 2026-22173, issued at 9:40 on 17 June 2026; and the action brought by applicant companies [Nombre 003]. and [Nombre 005]. must be dismissed on the merits.\n\nVI.- DOCUMENTS SUBMITTED TO THE CASE FILE. The parties are advised that any paper documents, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device that they may have submitted, must be retrieved from the Court’s offices within a maximum period of 30 business days from notification of this judgment. Otherwise, any such material not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the “Regulations on Electronic Case Files before the Judiciary,” approved by the Full Court at session No. 27-11 of 22 August 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin number 19 of 26 January 2012, as well as the resolution approved by the Superior Council of the Judiciary at session No. 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\n[Nombre 004]. must abide by this Court’s ruling in judgment no. 2026-22173, issued at 9:40 on 17 June 2026. As to applicant companies [Nombre 003]. and [Nombre 005]., the action is dismissed on the merits.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\nTCKGR4MRUQU61\n\nCASE FILE NO. 26-028927-0007-CO\n\nTelephone: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. south of the Perpetual Help Church)."
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