{ "id": "nexus-sen-1-0007-1425803", "citation": "Res. 28072-2026 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Suspensión del agua por morosidad y reclamos de facturación", "title_en": "Water Disconnection for Arrears and Billing Complaints", "summary_es": "La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo presentado contra el AyA por la suspensión del servicio de agua potable, los cobros discutidos y la respuesta a los reclamos. Tuvo por acreditado que la factura que originó la desconexión seguía pendiente cuando esta se ejecutó el 25 de junio de 2026, que el AyA había enviado un aviso previo al correo registrado y que el pago de esa factura se hizo después del corte, mientras seguían pendientes otras obligaciones. Consideró que revisar las lecturas del hidrómetro y la exactitud de las facturas exige análisis técnico y corresponde primero a la Administración y, si persiste la disconformidad, a la jurisdicción ordinaria competente. También concluyó que no había transcurrido un plazo excesivo para responder al reclamo presentado cuatro días antes del amparo. El AyA instaló una fuente pública a unos 40 metros de la vivienda como medida temporal de acceso al agua; la Sala no encontró prueba suficiente de una privación absoluta ni de una actuación arbitraria.", "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) denied the amparo application against AyA concerning the drinking-water disconnection, disputed charges, and responses to complaints. It found that the bill underlying the disconnection remained unpaid when the disconnection was carried out on 25 June 2026, that AyA had sent prior notice to the registered email address, and that the bill was paid after the cutoff while other obligations remained overdue. The Chamber considered that reviewing meter readings and billing accuracy requires technical analysis and falls first to the Administration and, if disagreement persists, to the competent ordinary jurisdiction. It also concluded that no excessive delay had elapsed in responding to a complaint filed four days before the amparo application. AyA installed a public water source about 40 meters from the home as a temporary access measure; the Chamber found insufficient evidence of an absolute deprivation or arbitrary conduct.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "23/07/2026", "year": "2026", "topic_ids": [], "primary_topic_id": null, "es_concept_hints": [ "recurso de amparo", "suspensión por morosidad", "reconexión del servicio", "aviso de suspensión", "reclamo administrativo", "lectura del hidrómetro", "jurisdicción ordinaria", "derecho de petición y pronta respuesta" ], "article_citations": [], "keywords_es": [ "recurso de amparo", "agua potable", "suspensión del servicio", "morosidad", "AyA", "notificación previa", "reconexión", "facturación de agua", "lectura de hidrómetro", "derecho de petición", "fuente pública de agua" ], "keywords_en": [ "amparo proceeding", "drinking water", "service disconnection", "payment arrears", "AyA", "prior notice", "reconnection", "water billing", "water meter reading", "right to petition", "public water source" ], "excerpt_es": "En primer término, debe recordarse que, si bien el acceso al agua potable constituye un derecho fundamental estrechamente relacionado con la vida y la salud, la prestación de ese servicio no es gratuita. Por ello, la institución recurrida se encuentra facultada para suspenderlo por falta de pago, siempre que respete las garantías mínimas establecidas en el ordenamiento jurídico y en la jurisprudencia constitucional.\n\nEn cuanto a las supuestas inconsistencias en las lecturas del hidrómetro y en los montos facturados, se trata de una controversia de naturaleza técnica y de legalidad ordinaria que excede el ámbito sumario de conocimiento de esta jurisdicción. Determinar la corrección de las lecturas registradas, la existencia de errores en el funcionamiento del equipo de medición, la procedencia de ajustes o la exactitud de las facturas requiere un análisis técnico y probatorio que corresponde efectuar, en primer término, a la propia Administración y en caso de persistir la disconformidad, a la jurisdicción ordinaria competente.", "excerpt_en": "First, it should be recalled that although access to drinking water is a fundamental right closely related to life and health, providing that service is not free. The respondent institution is therefore authorized to suspend it for nonpayment, provided it respects the minimum guarantees established by the legal system and constitutional case law.\n\nAs to the alleged inconsistencies in the meter readings and billed amounts, this is a technical and ordinary-legality dispute that falls outside the summary scope of this jurisdiction. Determining whether recorded readings are correct, whether the measuring equipment operated improperly, whether adjustments are warranted, or whether bills are accurate requires technical and evidentiary analysis, to be carried out first by the Administration and, if disagreement persists, by the competent ordinary jurisdiction.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The Chamber denied the amparo application because it found prior notice, an outstanding balance when the disconnection was carried out, and responses to complaints within reasonable time; it held that technical billing disputes must be pursued through the competent administrative or ordinary proceedings.", "summary_es": "La Sala declaró sin lugar el recurso de amparo porque tuvo por acreditados el aviso previo, la deuda pendiente al ejecutarse el corte y la atención de los reclamos dentro de plazos razonables, y consideró que las discrepancias técnicas de facturación deben discutirse en la vía administrativa u ordinaria competente." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando III", "quote_en": "Providing that service is not free. 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Nº 2026028072\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del veintitres de julio de dos mil veintiseis .\n\n Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 26-023573-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la secretaría de esta Sala el 30 de junio de 2026, la recurrente interpone recurso de amparo contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. Manifiesta que es usuaria del servicio de agua potable brindado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en el cantón de Liberia, asociado al número de NIS 5471949. Señala que atendiendo las indicaciones expresas de un funcionario de dicha institución, quien le informó que debía efectuar un pago para evitar la suspensión del servicio, procedió a cancelar de manera inmediata el monto que le fue requerido. No obstante, afirma que pese a haber realizado dicho pago con la finalidad de regularizar su situación, al día siguiente una cuadrilla del AyA se presentó en su propiedad y ejecutó el corte del suministro de agua potable. Indica que dicha actuación tuvo lugar un viernes, circunstancia que, en su criterio, contraviene lo dispuesto por el artículo 78, inciso d), del Reglamento de Prestación de Servicios de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el cual prohíbe la suspensión del servicio en fechas que precedan fines de semana. Refiere que el 26 de junio de 2026, a las 12:46 p.m., se presentó formalmente en las oficinas del AyA en Liberia para interponer un reclamo administrativo por escrito, mediante el cual cuestionó los montos cobrados, la ausencia de una notificación previa al corte del servicio y el incumplimiento del debido proceso administrativo. Explica que anteriormente había suscrito un arreglo de pago que dejó de atender debido a las inconsistencias que, según afirma, existían en las lecturas y facturaciones efectuadas por la institución, situaciones que oportunamente solicitó revisar sin obtener respuesta satisfactoria. Asimismo, sostiene que la deuda histórica que pretende cobrarle la entidad recurrida carece de sustento técnico y lógico. Señala que, a inicios del año 2026, sus facturaciones experimentaron incrementos significativos e injustificados, llegando a registrarse un cobro de ¢40.761,00 en el mes de marzo. Sin embargo, indica que durante el período de Semana Santa, cuando asegura haber efectuado un consumo mayor al habitual debido al llenado de dos piscinas portátiles en su vivienda, el recibo correspondiente al mes de abril disminuyó a ¢28.167,00. A su juicio, esta circunstancia evidencia que las facturaciones no corresponden a lecturas reales del medidor, sino a estimaciones arbitrarias. Añade que existe un antecedente que, según considera, confirma las inconsistencias en la facturación aplicada por el AyA. Al respecto, indica que en una ocasión anterior le fue notificado un cobro por la suma de ¢100.339,00, el cual fue posteriormente reducido en ¢87.957,71 tras la presentación de un reclamo administrativo identificado con el caso n.° 12084776. Afirma que dicha modificación se realizó sin que personal técnico inspeccionara el hidrómetro de la propiedad, circunstancia que, en su criterio, pone en entredicho la confiabilidad de los cobros que actualmente se le atribuyen, entre ellos una suma acumulada de ¢689.878,85. La recurrente manifiesta además que, al presentar el reclamo administrativo, informó expresamente a los funcionarios del AyA sobre la condición de vulnerabilidad en que se encuentra su núcleo familiar. En particular, señaló que en su hogar reside un menor de edad recientemente sometido a un procedimiento odontológico y una bebé de ocho meses de edad, quienes requieren acceso permanente al agua potable para satisfacer necesidades básicas de higiene, alimentación y cuidado de la salud. Indica que, pese a haber expuesto dichas circunstancias, el funcionario que la atendió le manifestó que su situación era compleja y que debía esperar la resolución del reclamo dentro del plazo administrativo ordinario de diez días hábiles. Añade que esa misma posición le fue reiterada el 30 de junio de 2026 mediante los canales de atención al cliente de la institución, donde se le informó que debía sujetarse a los plazos establecidos para la tramitación de su gestión.\n\n2.- Por resolución de las 13:44 horas del 06 de julio de 2026, la presidencia de esta Sala dio curso al presente proceso.\n\n3.- Informa bajo juramento WANDER CUBERO HURTADO, en su condición de JEFE DE LA UNIDAD CANTONAL DE LIBERIA GUANACASTE DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, quien manifiesta lo siguiente: “… PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS ALEGADOS POR LA PARTE RECURRENTE. El presente informe se emite con ocasión del Recurso de Amparo tramitado bajo el expediente N.° 26-023573-0007-CO, interpuesto por la señora [Nombre 001] contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, mediante el cual cuestiona diversas actuaciones administrativas relacionadas con la suspensión del servicio de agua potable correspondiente al NIS 547-1949, alegando, entre otros aspectos, falta de notificación previa, improcedencia de la suspensión del servicio, inconsistencias en la facturación y vulneración de sus derechos fundamentales. Como resultado del análisis efectuado, se determinó que las actuaciones desplegadas por la Administración se ajustaron al procedimiento institucional y al marco normativo aplicable. Se verificó que el aviso de suspensión fue notificado oportunamente al correo electrónico registrado y validado por la usuaria en el Sistema Comercial Institucional (OPEN); que la suspensión del servicio fue ejecutada por la empresa contratada al amparo de la Licitación N.° 2024LY-000021-0021400001, debido a la existencia de obligaciones vencidas pendientes de pago; que la factura que originó la suspensión fue cancelada con posterioridad a la ejecución del corte; y que la deuda total del servicio continuó pendiente, razón por la cual no procedía la reconexión conforme a las disposiciones reglamentarias vigentes. Asimismo, se constató que la Administración brindó atención oportuna a las gestiones administrativas presentadas por la recurrente, resolviendo dentro del plazo legal el reclamo interpuesto el 26 de junio de 2026. De igual forma, una vez recibida la resolución de la Sala Constitucional, se dio cumplimiento inmediato a la medida cautelar ordenada, mediante la instalación de una fuente pública de abastecimiento de agua potable ubicada aproximadamente a 40 metros del inmueble objeto del recurso, garantizando el acceso al recurso hídrico mientras se resuelve el proceso constitucional y la normalización de la deuda por parte del usuario. Con fundamento en lo anterior, se concluye que las actuaciones realizadas por AyA se desarrollaron conforme al ordenamiento jurídico y a la normativa institucional aplicable, observando el debido proceso y atendiendo oportunamente tanto las gestiones administrativas formuladas por la usuaria como la medida cautelar dispuesta por la Sala Constitucional. En consecuencia, el presente informe se remite a la Dirección Jurídica con el propósito de aportar los antecedentes de hecho, el análisis técnico y la documentación de respaldo necesaria para que sirva de insumo técnico en la elaboración de la respuesta institucional que deberá rendirse dentro del Recurso de Amparo de referencia. De la revisión efectuada a los registros del Sistema Comercial Institucional (OPEN SCI) y a la demás documentación administrativa relacionada con el caso, se determinó que el día 23 de junio de 2026 fue remitido al correo electrónico jordinrm@hotmail.com, registrado y validado (según registros del sistema comercial institucional OPEN SCI) por la usuaria como medio oficial para recibir notificaciones institucionales, el aviso de suspensión del servicio por morosidad. Posteriormente, al mantenerse pendiente de cancelación la factura (NIR 08/06/2026) que originó el proceso de cobro, se generó la Orden de Servicio de Desconexión de Servicio N.° 54769278, la cual fue ejecutada por la empresa contratada por AyA al amparo de la Licitación N.° 2024LY-0000210021400001, efectuándose la suspensión del servicio el día 25 de junio de 2026, aproximadamente a las 9:40 horas. Posteriormente, ese mismo 25 de junio de 2026, la usuaria realizó el pago de la factura que originó la suspensión del servicio. No obstante, dicho pago fue efectuado con posterioridad a la ejecución de la orden de suspensión, manteniéndose además otras obligaciones vencidas pendientes de pago en el estado de cuenta del servicio, por lo que no resultaba procedente la reconexión inmediata conforme a la normativa vigente. El día 26 de junio de 2026, la señora [Nombre 001] presentó un reclamo administrativo ante la plataforma de servicios de la Unidad Cantonal de Liberia, mediante el cual manifestó su inconformidad con la suspensión del servicio, la facturación aplicada y solicitó la reconexión inmediata del servicio. Dicho reclamo fue analizado por la Administración y resuelto mediante el oficio GSP-RCH-CL-2026-00522, emitido y notificado el 08 de julio de 2026, dentro del plazo legal establecido. Asimismo, de la revisión de los antecedentes administrativos se constató que, previo a la presentación del citado reclamo y del presente recurso de amparo, la Administración había atendido otras gestiones promovidas por la usuaria relacionadas con el mismo servicio. Entre ellas se encuentra el Caso CRM N.° 12345862, el cual fue debidamente analizado, resuelto y notificado el 16 de febrero de 2026 al mismo correo electrónico registrado y validado por la usuaria, evidenciándose que las solicitudes presentadas fueron oportunamente atendidas por la Institución mediante los canales oficiales de comunicación. El día 08 de julio de 2026, a las 09:28 horas, la Unidad Cantonal de Liberia recibió la resolución emitida por la Sala Constitucional mediante la cual se otorgó audiencia al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y, como medida cautelar, se ordenó garantizar el acceso al agua potable a la parte recurrente. En acatamiento inmediato de dicha disposición, aproximadamente a las 10:55 horas del mismo día, la Administración procedió a instalar una fuente pública de abastecimiento de agua potable ubicada aproximadamente a 40 metros del inmueble donde se presta el servicio objeto del recurso, garantizando de forma inmediata el acceso al recurso hídrico mientras se resuelve el proceso constitucional. A continuación, se analizarán cada uno de los alegatos formulados por la señora [Nombre 001] dentro del Recurso de Amparo tramitado bajo el expediente N.° 26-023573-0007-CO, interpuesto contra el AyA, relacionado con la suspensión del servicio de agua potable correspondiente al NIS 547-1949. Para tales efectos, se atenderán de forma individualizada los principales señalamientos realizados por la recurrente en su escrito de interposición, contrastándolos con los registros institucionales, la documentación administrativa disponible y la normativa aplicable. Sobre lo alegado por la recurrente: 1. Soy usuaria del servicio de agua potable brindado por el AyA en el cantón de Liberia, asociado al número de NIS 5471949.”. Es importante señalar que de la revisión efectuada en los registros del Sistema Comercial Institucional OPEN SCI, se constató que el servicio objeto del presente recurso corresponde al NIS 547-1949, ubicado en el cantón de Liberia, provincia de Guanacaste, asociado a la señora [Nombre 001]. Sobre lo reclamado la recurrente donde manifiesta: “2. Ante las indicaciones expresas de un funcionario de la institución, quien me manifestó que debía realizar un pago para evitar la suspensión del servicio, procedí a cancelar el monto solicitado de manera inmediata.” De la revisión efectuada a los registros del Sistema Comercial Institucional (OPEN SCI), se determinó que la factura puesta al cobro el 08 de junio de 2026, correspondiente al servicio NIS 547-1949, se encontraba pendiente de cancelación al momento en que se generó y resolvió la Orden de Servicio de Desconexión N.° 54769278, razón por la cual el procedimiento de suspensión continuó conforme al trámite ordinario establecido para los servicios en condición de morosidad. Asimismo, se verificó que la suspensión del servicio fue ejecutada el día 25 de junio de 2026, aproximadamente a las 09:40 horas, por la empresa contratada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al amparo de la Licitación N.° 2024LY000021-0021400001. Si bien consta en los registros institucionales que la factura puesta al cobro el 08 de junio de 2026 fue cancelada por la usuaria el mismo 25 de junio de 2026, dicho pago fue realizado con posterioridad a la ejecución de la suspensión del servicio, manteniéndose además otras obligaciones vencidas pendientes de pago. En consecuencia, la cancelación de dicha factura no impedía la ejecución de la orden de suspensión previamente generada, ni habilitaba por sí sola la reconexión inmediata del servicio. En ese sentido, el artículo 111 del Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA dispone expresamente lo siguiente: \"Artículo 111- De la reconexión del servicio. AyA tramitará la reconexión del servicio suspendido, cuando sucedan las siguientes situaciones: a) Cancelación del monto total vencido por cobrar, que presenta el servicio. b) Formalización de arreglo de pago y cancelación de la prima respectiva. c) Reanudación del servicio a solicitud del propietario, poseedor o representante legal, cuando este fue suspendido voluntariamente. d) Por orden expresa de la autoridad judicial o estatal por disposición legal. e) En los casos, donde la inactividad del servicio sea igual o mayor a los 10 años; para reanudar el abastecimiento, el propietario, poseedor o representante legal, debe solicitar la disponibilidad y en caso positivo, el nuevo servicio.\" En virtud de lo anterior, al mantenerse vigente una deuda pendiente de cancelación y no haberse formalizado un arreglo de pago conforme a la normativa reglamentaria, no resultaba jurídicamente procedente la reconexión inmediata del servicio, pese a la cancelación posterior de la factura que originó la suspensión. Figura N.° 1. Registro en el OPEN SCI del aviso de suspensión del servicio remitido el 23 de junio de 2026 al correo electrónico jordinrm@hotmail.com registrado y validado por la usuaria en el Sistema Comercial Institucional (OPEN SCI). Figura N.° 2. Registro del Sistema Comercial Institucional (OPEN SCI) que acredita la validación del correo electrónico jordinrm@hotmail.com como medio oficial de notificación de la usuaria. Figura N.° 3. Orden de Servicio de Desconexión del Servicio N.° 54769278, ejecutada el 25 de junio de 2026, aproximadamente a las 09:40 horas por la empresa contratada al amparo de la Licitación N.° 2024LY-000021-0021400001. En relación con lo alegado por la recurrente donde señala: “3. Pese a haber realizado el pago requerido para normalizar la situación, al día siguiente una cuadrilla del AyA se apersonó a mi propiedad y ejecutó el corte y suspensión del suministro de agua potable. Dicha acción se realizó un día viernes, en flagrante violación al artículo 78, inciso d, del Reglamento de Prestación de Servicios de la ARESEP, el cual prohíbe las suspensiones en días previos a fines de semana.” Del análisis de los registros institucionales se determinó que la suspensión del servicio correspondiente al NIS 547-1949 fue ejecutada el día 25 de junio de 2026, aproximadamente a las 09:40 horas, mediante la Orden de Servicio de Desconexión N.° 54769278, por la empresa contratada por el AyA al amparo de la Licitación N.° 2024LY000021-0021400001. En consecuencia, no es correcto afirmar que la suspensión del servicio fue ejecutada un día viernes, toda vez que la evidencia documental que consta en los registros institucionales acredita que dicha actuación fue realizada el jueves 25 de junio de 2026, conforme al procedimiento ordinario establecido para la ejecución de órdenes de suspensión por morosidad. Asimismo, debe reiterarse que, al momento de ejecutarse la suspensión, la factura NIR 08/06/2026, misma que originó la orden de desconexión permanecía pendiente de cancelación, siendo cancelada por la usuaria posteriormente ese mismo día, cuando la suspensión ya había sido materializada. Por otra parte, la recurrente hace referencia al artículo 78, inciso d), del Reglamento Técnico \"Prestación del suministro de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes (AR-RT-SUMAAH-2023)\". No obstante, de conformidad con los registros institucionales, los hechos descritos en el presente caso no corresponden con la cronología expuesta por la recurrente, toda vez que la suspensión no fue ejecutada el día viernes indicado en su escrito, sino el jueves 25 de junio de 2026, según consta en la Orden de Servicio correspondiente. En consecuencia, este alegato carece de sustento fáctico, al encontrarse desvirtuado por la documentación oficial que obra en poder de la Administración. (Ver Figura N.° 3). Sobre lo alegado por la recurrente: “4. El viernes 26 de junio de 2026, a las 12 :46 p.m., me presenté formalmente a las oficinas del AyA en Liberia para entregar una carta de reclamo administrativo. En dicho documento apelé los cobros excesivos, la falta de notificación previa del corte y el incumplimiento del debido proceso. Cabe señalar que el arreglo de pago anterior se había dejado de pagar debido a severas inconsistencias en las lecturas y facturaciones que la institución se negó a revisar en su momento.” De la revisión del expediente administrativo se verificó que, efectivamente, el día 26 de junio de 2026, la señora [Nombre 001] presentó un reclamo administrativo ante la Plataforma de Servicios de la Unidad Cantonal de Liberia, mediante el cual manifestó su inconformidad con la suspensión del servicio, la facturación aplicada y solicitó la reconexión del servicio. No obstante, contrario a lo que podría desprenderse del escrito de interposición, dicho reclamo no fue desatendido por la Administración, sino que fue analizado y resuelto mediante el Oficio GSP-RCH-CL-2026-00522, emitido y notificado el 08 de julio de 2026, es decir, dentro del plazo legal con que contaba la Administración para resolver la gestión presentada. Asimismo, resulta importante señalar que las inconformidades relacionadas con la facturación del servicio no constituyen actuaciones aisladas que hubiesen permanecido sin atención institucional. De la revisión de los antecedentes administrativos se constató que, con anterioridad a la presentación del reclamo administrativo del 26 de junio de 2026, la Administración ya había atendido otras gestiones promovidas por la usuaria relacionadas con el mismo servicio. Entre ellas se encuentra el Caso CRM N.° 12345862, ingresado mediante la línea 800 de AyA, el cual fue debidamente analizado, resuelto y notificado el 16 de febrero de 2026 al mismo correo electrónico registrado y validado por la usuaria, evidenciándose que las solicitudes presentadas fueron oportunamente atendidas mediante los canales oficiales de comunicación. Por otra parte, tampoco se comparte la afirmación de que la usuaria dejó de atender el arreglo de pago debido a las inconsistencias en la facturación que actualmente cuestiona. De la revisión del historial de arreglos de pago del Sistema Comercial Institucional (OPEN SCI), se verificó que el último arreglo de pago correspondiente al servicio NIS 547-1949 fue formalizado el 19 de octubre de 2023, siendo posteriormente incumplido durante el año 2024, es decir, con considerable anterioridad a las facturaciones que dieron origen al presente recurso de amparo. En consecuencia, no resulta posible establecer una relación entre el incumplimiento de dicho arreglo de pago y las inconsistencias de facturación alegadas por la recurrente. En virtud de lo expuesto, se tiene por acreditado que la Administración brindó respuesta oportuna y formal a las distintas gestiones promovidas por la usuaria, tanto con anterioridad como con posterioridad a la suspensión del servicio, observando los plazos y procedimientos establecidos para su atención. Figura N.° 4. Evidencia de la notificación del Oficio GSP-RCH-CL-2026-00522, realizada el 08 de julio de 2026 al correo electrónico registrado por la usuaria. Figura N.° 5. Evidencia de la notificación de la respuesta emitida dentro del Caso CRM N.° 12345862, realizada el 16 de febrero de 2026 al correo electrónico registrado por la usuaria. Figura N.° 6. Historial de arreglos de pago del servicio NIS 547-1949, obtenido del Sistema Comercial Institucional (OPEN SCI), donde consta que el último arreglo de pago fue formalizado el 19 de octubre de 2023. Sobre lo alegado por la recurrente: “5. El cobro histórico que pretende imputarme la sucursal del AyA carece de veracidad técnica y lógica: a inicios del año 2026 los recibos sufrieron un incremento desproporcionado e injustificado llegando a facturarse la suma de ¢40.761,00 en el mes de marzo. No obstante, de forma insólita, durante la época de Semana Santa —periodo en el cual se registró un consumo extraordinario en mi vivienda al llenarse dos piscinas portátiles— el recibo de abril disminuyó drásticamente a ¢28.167,00. Este comportamiento inverso demuestra que el AyA no realiza lecturas reales sobre el hidrómetro, sino que impone tarifas arbitrarias por estimación de escritorio.” No es de recibo la afirmación realizada por la recurrente, por cuanto la misma no encuentra respaldo en los registros técnicos e institucionales del AyA. De la revisión del historial de lecturas registrado en el Sistema Comercial Institucional (OPEN SCI), se verificó que las facturaciones cuestionadas fueron emitidas con base en lecturas reales del hidrómetro, correspondiendo todas ellas al tipo de lectura \"Ciclo de lectura\", sin que exista evidencia de que durante el período señalado se hubiesen realizado facturaciones por estimación. Asimismo, el historial de lecturas evidencia una secuencia continua, progresiva y técnicamente consistente del registro del hidrómetro, observándose lecturas de 167 m³, 187 m³, 211 m³, 248 m³, 289 m³, 321 m³, 347 m³ y 369 m³, las cuales guardan absoluta congruencia con los consumos facturados durante cada período, descartándose la existencia de inconsistencias o alteraciones en el proceso de lectura. Adicionalmente, consta que el 18 de marzo de 2026 se ejecutó la Orden de Servicio N.° 54003186, correspondiente a una revisión en sitio del servicio, oportunidad en la cual un funcionario del AyA verificó directamente el hidrómetro y registró una lectura de 297 m³. Dicha lectura resulta plenamente consistente con las lecturas registradas inmediatamente antes y después de esa fecha, reafirmando la confiabilidad de los datos incorporados al Sistema Comercial Institucional (OPEN SCI) y desvirtuando la afirmación de que las facturaciones obedecieran a estimaciones arbitrarias o efectuadas sin respaldo técnico. Asimismo, el hecho de que en un determinado período el monto facturado resulte mayor o menor que en otro no constituye, por sí mismo, evidencia de una lectura incorrecta o de una facturación por estimación, toda vez que el consumo registrado depende del uso efectivo del servicio durante cada ciclo de lectura y de la fecha en que dicho consumo es capturado por el proceso ordinario de lectura. En consecuencia, no existe evidencia técnica que permita concluir que las facturaciones cuestionadas fueron emitidas mediante estimaciones de escritorio o sin efectuar lecturas reales del hidrómetro, como lo afirma la recurrente. Por el contrario, la información contenida en el Sistema Comercial Institucional (OPEN SCI) demuestra que las lecturas fueron obtenidas de manera continua, progresiva y consistente, siendo además corroboradas mediante una inspección de campo realizada durante el período cuestionado. Figura N.° 7. Historial de lecturas del hidrómetro N.° 3124020967, asociado al NIS 547-1949, obtenido del Sistema Comercial Institucional (OPEN SCI), donde consta que las facturaciones fueron emitidas mediante lecturas reales (\"Ciclo de lectura\") y que las mismas mantienen una secuencia progresiva y consistente. Figura N.° 8. Orden de Servicio N.° 54003186, ejecutada el 18 de marzo de 2026, mediante la cual se realizó una revisión en sitio del hidrómetro, registrándose una lectura de 297 m³, consistente con el historial de lecturas registrado en el Sistema Comercial Institucional (OPEN SCI). Sobre lo alegado por la recurrente: “6. Como prueba irrefutable de la arbitrariedad en las facturaciones del AyA, consta como antecedente que en una ocasión anterior la institución me notificó un recibo por la suma desproporcionada de ¢100,339.00. Ante mi reclamo inmediato, la sucursal procedió a rebajar ¢87,957.71. de forma puramente administrativa y de escritorio, sin enviar personal técnico a inspeccionar el hidrómetro, Número de caso #12084776. Este acto demuestra que la entidad recurrida inventa y modifica los consumos a su conveniencia, viciando de nulidad el cobro actual de ¢689.878,85.” De la revisión del expediente administrativo correspondiente se verificó que, efectivamente, mediante dicho caso se aplicó un ajuste a la facturación; sin embargo, dicha actuación no obedeció a un error en la lectura del medidor ni a una modificación arbitraria de los consumos registrados, sino a la aplicación del beneficio reglamentario previsto en el artículo 95 del Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA para el periodo NIR 02/10/2024, el cual era de objeto de reclamo en la gestión del CRM N.° 12084776, una vez verificado el cumplimiento de las condiciones establecidas por dicha norma. Asimismo, contrario a lo afirmado por la recurrente, sí se realizó una inspección al equipo de medición, denominada \"Revisión a domicilio por medio del hidrómetro\", la cual fue ejecutada el 10 de octubre de 2024 mediante la Orden de Servicio N.° 4988848, registrándose una lectura de 2174 m³. Dicha lectura resulta plenamente consistente con el historial de lecturas del medidor que se encontraba instalado en ese momento, confirmándose la confiabilidad de las lecturas registradas y descartándose la existencia de errores atribuibles al proceso de medición. En ese sentido, el artículo 95 del Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA establece expresamente: \"Artículo 95.- De los ajustes a la facturación por alto consumo. A solicitud del interesado, mediante la generación de un reclamo por alto consumo o por alta facturación, el AyA podrá aplicar cada dieciocho (18) meses hasta dos (2) ajustes a las facturas leídas consecutivas, en aquellos servicios en categoría tarifaria residencial (uso domiciliar) conforme al cumplimiento de todas las condiciones siguientes: a. Que el consumo facturado sea igual o superior a los 40 metros cúbicos (40 m³). b. Que el consumo supere en un 100% el consumo promedio normal de los últimos doce meses. c. Que el incremento en el consumo se haya originado por la ocurrencia de una fuga. La aplicación del ajuste a la factura deberá respaldarse con el resultado de una inspección realizada por AyA al equipo de medición, denominada \"Revisión a domicilio por medio del hidrómetro\". En caso de que el ajuste sea procedente, se realizará con base en el consumo promedio normal del abonado.\" En consecuencia, el ajuste aplicado dentro del Caso N.° 12084776 constituye precisamente una evidencia de que el AyA analiza cada reclamo conforme a la normativa vigente y aplica los beneficios reglamentarios cuando estos resultan procedentes. Por ello, dicho antecedente no demuestra una actuación arbitraria, ni permite concluir que el cobro actualmente reclamado carezca de sustento técnico o haya sido emitido mediante consumos inventados o modificados a conveniencia de la Administración. Figura N.° 9. Orden de Servicio N.° 4988848, correspondiente a la “Revisión a domicilio por medio del hidrómetro”, ejecutada el 10 de octubre de 2024, donde consta la verificación de la lectura del medidor. Figura N.° 10. Historial de lecturas del medidor instalado durante el año 2024, donde se observa la consistencia de las lecturas registradas antes y después de la inspección técnica. Anexo N.° 2. Notificación emitida dentro del Caso N.° 12084776, mediante la cual se comunica la aplicación del ajuste a la facturación. Sobre el hecho alegado por la recurrente, donde señala: “7. Al momento de entregar la carta el pasado viernes, le expliqué detalladamente al funcionario de la plataforma de atención la extrema vulnerabilidad de mi núcleo familiar, informándole que en mi hogar habitan un niño recién operado de una muela y una bebé de tan solo 8 meses de nacida, quienes requieren del líquido vital de forma urgente para su higiene, alimentación y recuperación médica.” Resulta importante señalar que, una vez recibida por esta Unidad Cantonal la resolución emitida por la Sala Constitucional dentro del presente recurso de amparo, mediante la cual se ordenó como medida cautelar garantizar el acceso al agua potable de la parte recurrente, la Unidad Cantonal del AyA de Liberia actuó de manera inmediata y en estricto acatamiento de dicha orden. En ese sentido, el día 08 de julio de 2026, aproximadamente a las 10:55 horas, se procedió a instalar una fuente pública de abastecimiento de agua potable, ubicada aproximadamente a 40 metros del inmueble donde se presta el servicio (130 metros hacia el este del puente la carreta, barrio La Carreta, Liberia, Guanacaste) objeto del presente recurso, garantizando de forma inmediata el acceso al recurso hídrico mientras se resuelve el proceso constitucional. De esta manera, el AyA dio cumplimiento oportuno a la medida cautelar ordenada por la Sala Constitucional, procurando asegurar el acceso al agua potable de la recurrente y su núcleo familiar, sin perjuicio de la obligación de la usuaria de normalizar la situación administrativa del servicio conforme a la normativa vigente. Figura N.° 11. Fotografías de la fuente pública instalada el 08 de julio de 2026 en cumplimiento de la medida cautelar ordenada por la Sala Constitucional, ubicada aproximadamente a 40 metros del inmueble donde se presta el servicio objeto del recurso. En relación con lo alegado por la recurrente donde señala: “8. A pesar de la gravedad de la situación y la presencia de los menores de edad, el funcionario del AyA me indicó de forma insensible que mi caso “era muy complicado” y que la única opción era esperar una respuesta en un plazo de 10 días hábiles. Esta respuesta fue reiterada el día de hoy, martes 30 de junio de 2026, mediante el chat de atención al cliente de la institución, donde se me indicó que debo someterme a los plazos administrativos, condenándome a permanecer junto a mis hijos sin agua potable durante dos semanas completas.” De la revisión del expediente administrativo se constató que el reclamo interpuesto por la recurrente el día 26 de junio de 2026 fue atendido dentro del plazo legal establecido, emitiéndose el Oficio GSP-RCH-CL-2026-00522, el cual fue debidamente notificado el 08 de julio de 2026, es decir, dentro de los plazos establecidos por ley. Asimismo, una vez recibida la resolución de la Sala Constitucional el día 08 de julio de 2026, mediante la cual se ordenó como medida cautelar garantizar el acceso al agua potable de la parte recurrente, el AyA procedió en estricto acatamiento de dicha orden a instalar, aproximadamente a las 10:55 horas del mismo día, una fuente pública de abastecimiento de agua potable ubicada aproximadamente a 40 metros del inmueble donde se presta el servicio objeto del presente recurso. En consecuencia, se tiene por acreditado que la Administración observó los plazos legalmente establecidos para la atención del reclamo administrativo y, adicionalmente, dio cumplimiento inmediato a la medida cautelar dispuesta por la Sala Constitucional, garantizando el acceso al agua potable de la recurrente y su núcleo familiar mientras se resuelve el presente proceso constitucional. (Ver Figura N.° 4 y Figura N.° 11). SEGUNDO: SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR AYA. Como se determinó las actuaciones desplegadas por AYA se ajustaron al procedimiento institucional y al marco normativo aplicable, verificándose que el aviso de suspensión fue notificado oportunamente al correo electrónico registrado y validado por la usuaria en el Sistema Comercial Institucional (OPEN); que la suspensión del servicio fue ejecutada por la empresa contratada al amparo de la Licitación N.° 2024LY-0000210021400001, debido a la existencia de obligaciones vencidas pendientes de pago; que la factura que originó la suspensión fue cancelada con posterioridad a la ejecución del corte; y que la deuda total del servicio continuó pendiente, razón por la cual no procedía la reconexión conforme a las disposiciones reglamentarias vigentes. Se determinó que el día 23 de junio de 2026 fue remitido al correo electrónico jordinrm@hotmail.com, registrado y validado (según registros del sistema comercial institucional OPEN SCI) por la usuaria como medio oficial para recibir notificaciones institucionales, el aviso de suspensión del servicio por morosidad. Posteriormente, al mantenerse pendiente de cancelación la factura (NIR 08/06/2026) que originó el proceso de cobro, se generó la Orden de Servicio de Desconexión de Servicio N.° 54769278, la cual fue ejecutada por la empresa contratada por AyA al amparo de la Licitación N.° 2024LY-000021-0021400001, efectuándose la suspensión del servicio el día 25 de junio de 2026, aproximadamente a las 9:40 horas. Este mismo día 25 de junio de 2026, la usuaria realizó el pago de la factura que originó la suspensión del servicio. No obstante, dicho pago fue efectuado con posterioridad a la ejecución de la orden de suspensión, manteniéndose además otras obligaciones vencidas pendientes de pago en el estado de cuenta del servicio, por lo que no resultaba procedente la reconexión inmediata conforme a la normativa vigente. El día 26 de junio de 2026, la señora [Nombre 001] presentó un reclamo administrativo ante la plataforma de servicios de la Unidad Cantonal de Liberia, mediante el cual manifestó su inconformidad con la suspensión del servicio, la facturación aplicada y solicitó la reconexión inmediata del servicio. Dicho reclamo fue analizado por la Administración y resuelto mediante el oficio GSP-RCH-CL-2026-00522, emitido y notificado el 08 de julio de 2026, dentro del plazo legal establecido. Por lo tanto, previo a la presentación del citado reclamo y del presente recurso de amparo, AYA había atendido otras gestiones promovidas por la usuaria relacionadas con el mismo servicio. Entre ellas se encuentra el Caso CRM N.° 12345862, el cual fue debidamente analizado, resuelto y notificado el 16 de febrero de 2026 al mismo correo electrónico registrado y validado por la usuaria, evidenciándose que las solicitudes presentadas fueron oportunamente atendidas por la Institución mediante los canales oficiales de comunicación. En razón de lo dispuesto por este tribunal constitucional la cual se ordenó como medida cautelar garantizar el acceso al agua potable de la parte recurrente el día 08 de julio de 2026, aproximadamente a las 10:55 horas, se procedió a instalar una fuente pública de abastecimiento de agua potable, ubicada aproximadamente a 40 metros del inmueble donde se presta el servicio (130 metros hacia el este del puente la carreta, barrio La Carreta, Liberia, Guanacaste) objeto del presente recurso, garantizando de forma inmediata el acceso al recurso hídrico mientras se resuelve el proceso constitucional. (ver figura N.° 11. Fotografías de la fuente pública instalada, en el apartado primero) TERCERO: Las actuaciones del AyA en el presente caso se enmarcan estrictamente en el Principio de Legalidad (Art. 11 de la Constitución Política y Art. 11 de la Ley General de la Administración Pública). La Administración Pública actúa sujeta a las normas reglamentarias y a las potestades de imperio que le permiten cobrar por el servicio público efectivamente prestado. La suspensión del servicio tuvo como causa directa el incumplimiento unilateral y manifiesto por parte de la usuaria de un arreglo de pago. La Sala Constitucional ha reiterado mediante abundante jurisprudencia que el recurso de amparo no es la vía idónea para dilucidar conflictos sobre facturación, lectura de hidrómetros o disconformidades con los montos cobrados por servicios públicos, siendo esta una materia propia de la jurisdicción ordinaria o de la vía administrativa (que actualmente se encuentra en trámite). CUARTO: Queda demostrado de acuerdo con lo descrito, las acciones fueron realizadas de acuerdo a la normativa vigente. Además es importante señalar que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, dentro de su función de carácter social ha procurado establecer la posibilidad de que sus usuarios tengan acceso a medios alternativos de pago en caso de que las obligaciones no puedan ser canceladas conforme regularmente procede, así se ha establecido en su reglamentación la posibilidad de realizar Arreglos de Pago Especiales de conformidad con el Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA.”.\n\n4.- Por escrito recibido en la secretaría de esta Sala el 17 de julio de 2026, la recurrente señala lo siguiente: “… comparezco con el debido respeto ante ustedes para objetar formalmente la resolución N° GSP-RCH-CL-2026-00522 y el informe de la Unidad Cantonal del AyA de Liberia, denunciando una grave mala fe procesal y la omisión de las pruebas existentes en autos: I. ADVERTENCIA DE OCULTAMIENTO DE PRUEBA Y FRAUDE PROCESAL El informe del AyA pretende hacer creer a esta Sala que la suspensión fue un acto regular, y legal el jueves 25 de junio. La autoridad recurrida omitió maliciosamente incorporar el comprobante de pago oficial del jueves 25 de junio y las capturas del chat de WhatsApp de la propia institución que aporté desde el inicio. En dichos chats oficiales, el personal del AyA confiesa textualmente que \"el sistema no reflejó el pago a tiempo y por eso las cuadrillas llegaron nuevamente el viernes\". El AyA indujo a error a este Tribunal Superior al ocultar que les pagué a tiempo por los canales oficiales comerciales habituales y que la sustracción física del medidor el viernes fue falta de coordinación interna de sus propios sistemas informáticos desactualizados. II. ADMISIÓN DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OCULTA En estricto apego a la honestidad y buena fe procesal, manifiesto a este Tribunal que, tras revisar minuciosamente mi cuenta de correo electrónico a raíz del informe del AyA, logré constatar que la institución efectivamente remitió una comunicación electrónica el día 08/07/2025. Aclaro que las informaciones habituales del AyA me llegan con total normalidad a mi bandeja de entrada principal por ser un remitente conocido en mi servidor de correo; sin embargo, esta notificación específica sobre la instalación de fuente pública ingresó a una carpeta oculta (correo no deseado/spam), razón por la cual mi persona nunca tuvo conocimiento material de su instalación hasta el día de hoy, cuando procedí a leer el informe técnico incorporado a este expediente judicial. Esto confirma que, operativamente, mi núcleo familiar se mantuvo en un estado de absoluto desamparo hídrico durante 22 días por falta de una comunicación efectiva en el sitio del corte. III. OBJECIONES CONCRETAS Y HECHO NUEVO DE EXTREMO PELIGRO 1. Engaño por cobro el Jueves 25: El jueves 25 de junio, ante la advertencia del funcionario de la cuadrilla sobre la orden de suspensión, me indicó que debía ponerme al día de inmediato con esa factura para detener el procedimiento. Mi persona acató de inmediato de buena fe y procedió a realizar el pago de la factura acumulada a través de las vías oficiales comerciales que utilizo habitualmente, generando el comprobante de pago oficial con fecha de ese mismo jueves 25 de junio. A pesar de haber cumplido como usuaria y haber ingresado el dinero, el desorden interno del AyA provocó que ignoraran mi pago. 2. Consumación de Retiro Ilegal el Viernes 26: Haciendo caso omiso a que la cuenta ya registraba el pago realizado el día anterior, la cuadrilla del AyA regresó de forma continuada el viernes 26 de junio a retirar físicamente el medidor de mi propiedad, violando el artículo 78, inciso d), del Reglamento de ARESEP que prohíbe taxativamente los cortes en vísperas de fin de semana. De esto es testigo mi cuñada Yeraldín Martínez a quien la misma cuadrilla le hizo la misma maniobra arbitraria el mismo día. Mi inmediata asistencia presencial a reclamar a las oficinas de Liberia el propio viernes 26 de junio —hecho confesado por el AyA en su informe— confirma por pura lógica que fue ese día cuando se consumó el desamparo hídrico de mi familia, pues nadie con una bebé de 8 meses se esperaría voluntariamente al día siguiente para reclamar. 3. Peligro Vial y Servidumbre de Paso Vehicular de la Fuente: Agradezco el esfuerzo técnico de instalar la fuente provisional dentro del parámetro lineal de la ley (40 metros); sin embargo, en la realidad material de la calle, la ubicación elegida por la Jefatura de Liberia es negligente y peligrosa. Para acceder a ella, me veo obligada forzosamente a pasar frente a la propiedad de un vecino, en un punto donde ingresan y salen vehículos de forma constante, la fuente fue ubicada en una curva altamente peligrosa en Liberia que cuenta con un historial recurrente de accidentes de tránsito. Obligar a una madre a caminar cargando recipientes pesados con una bebé de 8 meses en brazos, esquivando la entrada y salida de carros frente a la casa del vecino y exponiéndose a una zona de alta siniestralidad vial, representa una amenaza directa e inminente al derecho a la vida y a la integridad física de mi persona y de mis hijos menores de edad. El AyA disponía de un punto técnico inmediato y 100% seguro pegado a mi propiedad (la misma acometida donde va el medidor tradicional de mi casa) para haber colocado la fuente provisional, y decidió no usarlo por mala fe. 4. Patrón de Facturación Matemáticamente Ilógico: Los reportes de Lecturas del Hidrómetro N° 3124020967 aportados por el AyA demuestran que sus fórmulas de cobro son arbitrarias y carecen de control de calidad. En el mes de abril de 2026, con un consumo de 32 m³, la factura se fijó en ₡28.167,00; sin embargo, en marzo de 2026, con un consumo de 41 m³, el cobro se disparó de forma desproporcionada a ₡40.761,00. Un sistema comercial deficiente que altera las tarifas de esta forma y que no refleja los pagos oficiales en tiempo real carece de total confiabilidad técnica para sustentar una supuesta deuda acumulada de ₡689.878,85. Por ello, manifiesto que NO deseo suscribir un nuevo convenio sobre montos viciados.”.\n\n5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.\n\n Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente reclama que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados suspendió el servicio de agua potable de su vivienda, pese a haber efectuado el pago requerido para evitar el corte y a que este se realizó un viernes. Asimismo, cuestiona la falta de notificación previa, las inconsistencias en las lecturas y facturaciones, la ausencia de respuesta satisfactoria a sus reclamos y la afectación ocasionada a su núcleo familiar, integrado por personas menores de edad en condición de vulnerabilidad.\n\nII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\n\na) El 19 de octubre de 2023, la recurrente formalizó el último arreglo de pago correspondiente al servicio de agua potable asociado al NIS 547-1949, ubicado en el cantón de Liberia, el cual fue incumplido durante el año 2024 (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).\n\nb) El 10 de octubre de 2024, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ejecutó la Orden de Servicio No. 4988848, denominada «Revisión a domicilio por medio del hidrómetro», durante la cual se registró una lectura de 2174 m³ (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).\n\nc) En relación con el período de facturación NIR 02/10/2024, la recurrente presentó el reclamo administrativo tramitado bajo el caso CRM n.° 12084776. Como resultado de esa gestión, la institución recurrida aplicó un ajuste a la facturación, de conformidad con el artículo 95 del Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).\n\nd) El 16 de febrero de 2026, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados resolvió y notificó a la recurrente, por medio del correo electrónico registrado y validado en el Sistema Comercial Institucional, la respuesta emitida dentro del caso CRM n.° 12345862, relacionado con el servicio objeto de este recurso (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).\n\ne) El 18 de marzo de 2026, la institución recurrida ejecutó la Orden de Servicio No. 54003186, mediante la cual efectuó una revisión en sitio del hidrómetro asociado al servicio y registró una lectura de 297 m³ (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).\n\nf) El 08 de junio de 2026, se puso al cobro una factura correspondiente al servicio de agua potable asociado al NIS 547-1949, la cual permaneció pendiente de cancelación y dio origen al procedimiento de suspensión por morosidad (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).\n\ng) El 23 de junio de 2026, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados remitió el aviso de suspensión del servicio por morosidad al correo electrónico registrado y validado por la recurrente como medio oficial para recibir notificaciones institucionales (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).\n\nh) El 25 de junio de 2026, la empresa contratada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ejecutó la Orden de Servicio de Desconexión No. 54769278 y suspendió el suministro de agua potable correspondiente al NIS 547-1949 (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).\n\ni) El mismo 25 de junio de 2026, la recurrente canceló la factura que había originado la orden de suspensión; no obstante, en el estado de cuenta permanecían otras obligaciones vencidas pendientes de pago, por lo que la Administración no efectuó la reconexión inmediata del servicio (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).\n\nj) El 26 de junio de 2026, la recurrente presentó un reclamo administrativo ante la Plataforma de Servicios de la Unidad Cantonal de Liberia, mediante el cual manifestó su inconformidad con la suspensión del servicio y la facturación aplicada y solicitó la reconexión inmediata del suministro de agua potable (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).\n\nk) A las 09:07 horas del 08 de julio de 2026, la autoridad recurrida fue notificada de la resolución de curso de este amparo (ver acta de notificación).\n\nl) El 08 de julio de 2026, el ente recurrido instaló una fuente pública de abastecimiento de agua potable a unos 40 metros del inmueble donde se presta el servicio objeto del recurso, con el propósito de garantizar temporalmente el acceso al recurso hídrico (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).\n\nm) El 08 de julio de 2026, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados emitió y notificó a la recurrente el oficio No. GSP-RCH-CL-2026-00522, mediante el cual resolvió el reclamo administrativo presentado el 26 de junio de 2026 (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).\n\nIII.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Del análisis de los hechos acreditados y del informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida, esta Sala concluye que el recurso debe ser declarado sin lugar.\n\nEn primer término, debe recordarse que, si bien el acceso al agua potable constituye un derecho fundamental estrechamente relacionado con la vida y la salud, la prestación de ese servicio no es gratuita. Por ello, la institución recurrida se encuentra facultada para suspenderlo por falta de pago, siempre que respete las garantías mínimas establecidas en el ordenamiento jurídico y en la jurisprudencia constitucional.\n\nEn el caso concreto, no se acredita que la suspensión ejecutada el 25 de junio de 2026 haya carecido de causa o se hubiera dispuesto sin previo aviso. Por el contrario, se encuentra demostrado que la factura puesta al cobro el 08 de junio de 2026 permaneció pendiente de cancelación y dio origen al procedimiento de suspensión por morosidad. Asimismo, el 23 de junio siguiente, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados remitió el aviso correspondiente al correo electrónico registrado y validado por la propia recurrente como medio oficial para recibir comunicaciones institucionales. En consecuencia, el alegato relativo a la ausencia de notificación previa carece de sustento.\n\nTampoco se demuestra que, antes de la ejecución de la orden de desconexión, la recurrente hubiera cancelado la factura que originó la suspensión y que, pese a ello, la institución recurrida hubiera procedido arbitrariamente a interrumpir el servicio. Lo que consta es que dicho importe fue pagado el mismo 25 de junio de 2026, cuando la desconexión ya había sido ejecutada. Además, permanecían otras obligaciones vencidas pendientes de cancelación, circunstancia que impedía la reconexión inmediata del servicio.\n\nEn cuanto a las supuestas inconsistencias en las lecturas del hidrómetro y en los montos facturados, se trata de una controversia de naturaleza técnica y de legalidad ordinaria que excede el ámbito sumario de conocimiento de esta jurisdicción. Determinar la corrección de las lecturas registradas, la existencia de errores en el funcionamiento del equipo de medición, la procedencia de ajustes o la exactitud de las facturas requiere un análisis técnico y probatorio que corresponde efectuar, en primer término, a la propia Administración y en caso de persistir la disconformidad, a la jurisdicción ordinaria competente. Esta Sala no puede sustituir a esos órganos ni actuar como instancia revisora de las decisiones adoptadas en materia de medición, consumo y facturación.\n\nAsimismo, se constata que la institución recurrida atendió las gestiones anteriores formuladas por la recurrente. En particular, el reclamo relacionado con el período de facturación NIR 02/10/2024 fue tramitado bajo el caso CRM No. 12084776 y dio lugar a un ajuste, mientras que el caso CRM No. 12345862 fue resuelto y notificado el 16 de febrero de 2026. Por consiguiente, no se acredita una omisión generalizada de respuesta respecto de tales gestiones.\n\nEn relación con el reclamo administrativo presentado el 26 de junio de 2026, se advierte que el recurso de amparo fue interpuesto el 30 de junio siguiente, cuando apenas habían transcurrido cuatro días desde la formulación de esa gestión. Dicho lapso resulta manifiestamente insuficiente para atribuir a la Administración una demora injustificada o una omisión lesiva del derecho de petición y pronta respuesta.\n\nLa gestión fue resuelta y notificada mediante el oficio No. GSP-RCH-CL-2026-00522 del 08 de julio de 2026, es decir, doce días después de su presentación. Este plazo no resulta irrazonable, dadas las características del reclamo, que involucraba la revisión de la facturación, el estado de cuenta y las circunstancias relacionadas con la suspensión y eventual reconexión del servicio. El hecho de que la respuesta fuera emitida el mismo día en que se notificó la resolución de curso no permite, por sí solo, concluir que existiera una vulneración constitucional, pues al momento de interponerse el recurso no se había configurado una demora excesiva.\n\nRespecto de la fuente pública de abastecimiento instalada el 08 de julio de 2026, a aproximadamente cuarenta metros del inmueble, tampoco se acredita una actuación arbitraria de la autoridad recurrida. La institución adoptó una medida temporal para garantizar el acceso al recurso hídrico mientras permaneciera suspendido el servicio por las obligaciones pendientes. Además, no consta que, con anterioridad, la recurrente hubiera solicitado formalmente la instalación de una fuente pública y que esa gestión hubiese sido denegada u omitida injustificadamente, ni se aportaron elementos suficientes que demostraran una privación absoluta de agua potable o una afectación concreta imputable a la Administración.\n\nEn consecuencia, se tiene por acreditado que la suspensión del servicio obedeció a la existencia de obligaciones pendientes, fue precedida del aviso correspondiente, los reclamos administrativos fueron atendidos dentro de plazos razonables y la institución adoptó una medida temporal para facilitar el acceso al agua potable. Por consiguiente, no se constata una lesión o amenaza actual a los derechos fundamentales invocados, razón por la cual el recurso debe declararse sin lugar, como en efecto se dispone.\n\nIV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 de 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 de 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.\n\nPor tanto:\n\nSe declara sin lugar el recurso. -\n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n IGNGF4CFIW461 \n\nEXPEDIENTE N° 26-023573-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).", "body_en_text": "Document Review\n\n\n\nExp: 26-023573-0007-CO\n\nRes. No. 2026028072\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE (Sala Constitucional). San José, at 9:25 a.m. on 23 July 2026.\n\nAmparo proceeding filed in case No. 26-023573-0007-CO by [Nombre 001], identity card [Valor 001], against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS.\n\nBackground:\n\n1.- By a written submission received by the clerk’s office of this Chamber on 30 June 2026, the applicant files an amparo proceeding against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS. She states that she is a user of the drinking water service provided by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) in the canton of Liberia, associated with NIS number 5471949. She says that, following the express instructions of an employee of that institution, who told her that she had to make a payment to avoid suspension of the service, she immediately paid the amount requested. Nevertheless, she asserts that, despite having made that payment to regularize her account, the next day an AyA crew arrived at her property and cut off the drinking water supply. She indicates that this action took place on a Friday, which, in her view, contravenes Article 78(d) of the Regulation on the Provision of Services of the Public Services Regulatory Authority, which prohibits suspending service on dates preceding weekends. She reports that on 26 June 2026, at 12:46 p.m., she formally appeared at the AyA offices in Liberia to submit a written administrative complaint, challenging the amounts charged, the lack of prior notice before service was cut off, and the failure to observe administrative due process. She explains that she had previously entered into a payment arrangement, which she stopped honoring because of inconsistencies she says existed in the readings and billing performed by the institution, matters she had timely asked it to review without receiving a satisfactory response. She also maintains that the historical debt the respondent entity seeks to collect lacks technical and logical support. She says that, at the beginning of 2026, her bills increased significantly and without justification, reaching a charge of ¢40.761,00 in March. However, she indicates that during Holy Week, when she says her consumption was higher than usual because she filled two portable pools at her home, the bill for April fell to ¢28.167,00. In her view, this shows that the bills are not based on actual meter readings but on arbitrary estimates. She adds that there is a prior instance which, in her view, confirms inconsistencies in AyA’s billing. In that regard, she says that on a previous occasion she was notified of a charge of ¢100.339,00, which was later reduced by ¢87.957,71 after she submitted an administrative complaint identified as case No. 12084776. She asserts that this adjustment was made without technical staff inspecting the property’s water meter, which, in her view, calls into question the reliability of the charges now attributed to her, including an accumulated amount of ¢689.878,85. The applicant further states that, when submitting her administrative complaint, she expressly informed AyA officials of the vulnerable circumstances of her household. In particular, she said that a minor who had recently undergone a dental procedure and an eight-month-old baby live in her home, and that they require continuous access to drinking water for basic hygiene, nutrition, and health care. She says that, despite explaining these circumstances, the employee who assisted her told her that her situation was complex and that she had to await a decision on the complaint within the ordinary administrative period of ten business days. She adds that the same position was reiterated to her on 30 June 2026 through the institution’s customer service channels, where she was told that she had to abide by the time limits established for processing her request.\n\n2.- By order issued at 13:44 on 06 July 2026, the President of this Chamber admitted the present proceeding.\n\n3.- WANDER CUBERO HURTADO, in his capacity as HEAD OF THE LIBERIA CANTONAL UNIT, GUANACASTE, OF THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS, reports under oath as follows: “... FIRST: REGARDING THE FACTS ALLEGED BY THE APPLICANT. This report is issued in connection with the amparo proceeding filed under case No. 26-023573-0007-CO by Ms. [Nombre 001] against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, in which she challenges various administrative actions related to suspension of the drinking water service for NIS 547-1949, alleging, among other matters, lack of prior notice, improper suspension of service, billing inconsistencies, and violation of her fundamental rights. Based on the analysis conducted, it was determined that the Administration’s actions complied with the institutional procedure and applicable legal framework. It was verified that notice of suspension was timely sent to the email address registered and validated by the user in the Institutional Commercial System (OPEN); that the service was suspended by the contractor engaged under Bid No. 2024LY-000021-0021400001 because overdue payment obligations remained outstanding; that the bill that led to suspension was paid after the cutoff had been carried out; and that the service’s total debt remained unpaid, so reconnection was not warranted under the regulations in force. It was also confirmed that the Administration timely addressed the administrative requests submitted by the applicant, deciding the complaint filed on 26 June 2026 within the statutory period. Likewise, upon receipt of the Constitutional Chamber’s order, the ordered interim measure was immediately carried out by installing a public drinking water supply point approximately 40 meters from the property at issue, ensuring access to water while the constitutional proceeding is resolved and the user regularizes the debt. On the basis of the foregoing, it is concluded that AyA’s actions were carried out in accordance with the legal system and applicable institutional regulations, with due process observed and with timely attention given both to the administrative requests submitted by the user and to the interim measure ordered by the Constitutional Chamber. Accordingly, this report is sent to the Legal Directorate to provide the factual background, technical analysis, and supporting documentation needed as technical input for preparing the institutional response to be submitted in the referenced amparo proceeding. A review of the records in the Institutional Commercial System (OPEN SCI) and the other administrative documents related to the case determined that on 23 June 2026 notice of suspension of service for nonpayment was sent to the email address jordinrm@hotmail.com, which the user had registered and validated (according to the records of the institutional commercial system OPEN SCI) as her official means of receiving institutional notices. Subsequently, because the bill (NIR 08/06/2026) that gave rise to the collection process remained unpaid, Service Disconnection Order No. 54769278 was generated and executed by the company contracted by AyA under Bid No. 2024LY-0000210021400001, and service was suspended on 25 June 2026 at approximately 9:40 a.m. Later that same day, 25 June 2026, the user paid the bill that had led to suspension of service. However, that payment was made after the suspension order had been carried out, and other overdue payment obligations also remained outstanding on the service account, so immediate reconnection was not warranted under the regulations in force. On 26 June 2026, Ms. [Nombre 001] submitted an administrative complaint to the service counter of the Liberia Cantonal Unit, stating her disagreement with the service suspension and the billing applied, and requesting immediate reconnection. The Administration reviewed the complaint and decided it by official letter GSP-RCH-CL-2026-00522, issued and notified on 08 July 2026, within the statutory period. A review of the administrative record also confirmed that, before submission of that complaint and this amparo application, the Administration had addressed other requests submitted by the user concerning the same service. These included CRM Case No. 12345862, which was duly reviewed, decided, and notified on 16 February 2026 to the same email address registered and validated by the user, showing that the requests submitted had been addressed promptly by the Institution through official communication channels. On 08 July 2026, at 09:28, the Liberia Cantonal Unit received the Constitutional Chamber’s order granting a hearing to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and, as an interim measure, directing it to ensure the applicant’s access to drinking water. In immediate compliance with that directive, at approximately 10:55 a.m. the same day, the Administration installed a public drinking water supply point approximately 40 meters from the property where the service at issue in this proceeding is provided, immediately ensuring access to water while the constitutional proceeding is resolved. The following addresses each of the allegations made by Ms. [Nombre 001] in the amparo proceeding filed under case No. 26-023573-0007-CO against AyA concerning suspension of the drinking water service for NIS 547-1949. To that end, the applicant’s principal statements in her filing will be addressed individually and compared with institutional records, available administrative documentation, and applicable regulations. Regarding the applicant’s allegations: 1. I am a user of the drinking water service provided by AyA in the canton of Liberia, associated with NIS number 5471949.” It is important to note that a review of the records in the Institutional Commercial System OPEN SCI confirmed that the service at issue in this proceeding is NIS 547-1949, located in the canton of Liberia, province of Guanacaste, and associated with Ms. [Nombre 001]. Regarding the applicant’s complaint, in which she states: “2. Following the express instructions of an employee of the institution, who told me that I had to make a payment to avoid suspension of the service, I immediately paid the amount requested.” A review of the records in the Institutional Commercial System (OPEN SCI) determined that the bill issued for payment on 08 June 2026 for service NIS 547-1949 remained unpaid when Service Disconnection Order No. 54769278 was generated and processed, and therefore the suspension procedure continued under the ordinary process established for services in arrears. It was also verified that service was suspended on 25 June 2026 at approximately 09:40 by the company contracted by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers under Bid No. 2024LY000021-0021400001. Although the institutional records show that the bill issued for payment on 08 June 2026 was paid by the user on 25 June 2026, that payment was made after service had been suspended, and other overdue payment obligations also remained outstanding. Consequently, payment of that bill did not prevent execution of the suspension order already issued, nor did it by itself authorize immediate reconnection. In that regard, Article 111 of the Regulations for the Provision of AyA Services expressly provides: “Article 111—Reconnection of service. AyA shall process reconnection of suspended service when any of the following circumstances arises: a) Payment of the full overdue amount owed on the service. b) Formalization of a payment arrangement and payment of the corresponding down payment. c) Resumption of service at the request of the owner, possessor, or legal representative, when service was suspended voluntarily. d) By express order of a judicial or state authority pursuant to law. e) Where service has been inactive for 10 years or more; to resume the supply, the owner, possessor, or legal representative must request availability and, if available, a new service.” In light of the foregoing, because an outstanding debt remained and no payment arrangement had been formalized in accordance with the regulations, immediate reconnection of service was not legally warranted, despite the subsequent payment of the bill that led to the suspension. Figure No. 1. OPEN SCI record of the notice of service suspension sent on 23 June 2026 to the email address jordinrm@hotmail.com registered and validated by the user in the Institutional Commercial System (OPEN SCI). Figure No. 2. Institutional Commercial System (OPEN SCI) record confirming validation of the email address jordinrm@hotmail.com as the user’s official means of notification. Figure No. 3. Service Disconnection Order No. 54769278, executed on 25 June 2026 at approximately 09:40 by the company contracted under Bid No. 2024LY-000021-0021400001. Regarding the applicant’s allegation that: “3. Despite having made the required payment to regularize the situation, the next day an AyA crew came to my property and cut off and suspended the drinking water supply. This action took place on a Friday, in flagrant violation of Article 78(d) of the ARESEP Regulation on the Provision of Services, which prohibits suspensions on days preceding weekends.” A review of the institutional records determined that service for NIS 547-1949 was suspended on 25 June 2026 at approximately 09:40 under Service Disconnection Order No. 54769278 by the company contracted by AyA under Bid No. 2024LY000021-0021400001. Accordingly, it is incorrect to state that service was suspended on a Friday, since the documentary evidence in the institutional records shows that this action took place on Thursday, 25 June 2026, in accordance with the ordinary procedure for carrying out suspension orders for nonpayment. It must also be reiterated that, when service was suspended, bill NIR 08/06/2026, which gave rise to the disconnection order, remained unpaid; the user paid it later that same day, after the suspension had already been carried out. The applicant also refers to Article 78(d) of the Technical Regulation “Provision of Water Supply, Sanitary Sewerage, and Hydrant Services (AR-RT-SUMAAH-2023).” However, according to the institutional records, the facts described in this case do not match the chronology set out by the applicant, since service was not suspended on the Friday identified in her filing but on Thursday, 25 June 2026, as shown in the corresponding Service Order. Accordingly, this allegation lacks factual support, as it is contradicted by the official documentation held by the Administration. (See Figure No. 3.) Regarding the applicant’s allegations: “4. On Friday, 26 June 2026, at 12:46 p.m., I formally went to the AyA offices in Liberia to submit a letter of administrative complaint. In that document, I challenged the excessive charges, the lack of prior notice of the cutoff, and the failure to observe due process. It should be noted that I had stopped paying the previous payment arrangement because of serious inconsistencies in the readings and bills that the institution refused to review at the time.” A review of the administrative file confirmed that, on 26 June 2026, Ms. [Nombre 001] did submit an administrative complaint to the service counter of the Liberia Cantonal Unit, stating her disagreement with the service suspension and the billing applied, and requesting reconnection. Contrary to what might be inferred from the filing, however, the Administration did not leave that complaint unanswered; it reviewed and decided the matter by Official Letter GSP-RCH-CL-2026-00522, issued and notified on 08 July 2026, within the statutory period available to the Administration to decide the request. It is also important to note that concerns about service billing were not isolated matters that had gone without institutional attention. A review of the administrative records confirmed that, before the administrative complaint of 26 June 2026 was filed, the Administration had already addressed other requests submitted by the user concerning the same service. These included CRM Case No. 12345862, submitted through AyA’s 800 telephone line, which was duly reviewed, decided, and notified on 16 February 2026 to the same email address registered and validated by the user, showing that the requests submitted had been addressed promptly through official communication channels. Nor does the Administration agree with the assertion that the user stopped honoring the payment arrangement because of the billing inconsistencies she now challenges. A review of the payment arrangement history in the Institutional Commercial System (OPEN SCI) confirmed that the last payment arrangement for service NIS 547-1949 was formalized on 19 October 2023 and was subsequently breached during 2024, considerably before the billing that gave rise to this amparo proceeding. Consequently, no connection can be established between the breach of that payment arrangement and the billing inconsistencies alleged by the applicant. In light of the foregoing, it is established that the Administration provided a timely and formal response to the various requests submitted by the user, both before and after service was suspended, in compliance with the time limits and procedures established for addressing them. Figure No. 4. Evidence that Official Letter GSP-RCH-CL-2026-00522 was notified on 08 July 2026 to the email address registered by the user. Figure No. 5. Evidence that the response issued in CRM Case No. 12345862 was notified on 16 February 2026 to the email address registered by the user. Figure No. 6. History of payment arrangements for service NIS 547-1949, obtained from the Institutional Commercial System (OPEN SCI), showing that the last payment arrangement was formalized on 19 October 2023. Regarding the applicant’s allegations: “5. The historical charge the AyA branch seeks to attribute to me lacks technical and logical credibility: at the beginning of 2026 the bills increased disproportionately and without justification, reaching ¢40.761,00 in March. Yet, inexplicably, during Holy Week—when my home had extraordinary consumption because I filled two portable pools—the April bill fell sharply to ¢28.167,00. This inverse pattern shows that AyA does not take actual readings of the water meter, but instead imposes arbitrary charges based on desk estimates.” The applicant’s assertion cannot be accepted, because it is not supported by AyA’s technical and institutional records. A review of the reading history in the Institutional Commercial System (OPEN SCI) confirmed that the disputed bills were issued on the basis of actual water meter readings, each identified as a “Reading cycle” reading, and there is no evidence that any estimates were used during the period in question. The reading history also shows a continuous, increasing, and technically consistent sequence of water meter readings—167 m³, 187 m³, 211 m³, 248 m³, 289 m³, 321 m³, 347 m³, and 369 m³—which are fully consistent with the consumption billed during each period, ruling out inconsistencies or alterations in the reading process. In addition, Service Order No. 54003186 was carried out on 18 March 2026 to inspect the service on site, during which an AyA employee directly inspected the water meter and recorded a reading of 297 m³. That reading is fully consistent with those recorded immediately before and after that date, confirming the reliability of the data entered in the Institutional Commercial System (OPEN SCI) and refuting the assertion that bills were based on arbitrary estimates or lacked technical support. Likewise, a higher or lower billed amount in one period than another does not, by itself, show that a reading was incorrect or that billing was based on an estimate, since recorded consumption depends on actual use of the service during each reading cycle and on when that consumption is captured through the ordinary reading process. Accordingly, there is no technical evidence supporting a conclusion that the disputed bills were issued using desk estimates or without actual water meter readings, as the applicant claims. On the contrary, the information in the Institutional Commercial System (OPEN SCI) shows that the readings were obtained continuously, progressively, and consistently, and were also confirmed by an on-site inspection during the period in question. Figure No. 7. Reading history for water meter No. 3124020967, associated with NIS 547-1949, obtained from the Institutional Commercial System (OPEN SCI), showing that the bills were issued using actual readings (“Reading cycle”) and that those readings follow an increasing and consistent sequence. Figure No. 8. Service Order No. 54003186, carried out on 18 March 2026 to inspect the water meter on site, recording a reading of 297 m³, consistent with the reading history in the Institutional Commercial System (OPEN SCI). Regarding the applicant’s allegations: “6. As irrefutable proof of arbitrary billing by AyA, there is a prior instance in which the institution notified me of a disproportionately high bill of ¢100,339.00. After I promptly complained, the branch reduced it by ¢87,957.71 purely as an administrative desk adjustment, without sending technical staff to inspect the water meter, Case No. #12084776. This act shows that the respondent entity invents and changes consumption figures at its convenience, rendering the current charge of ¢689.878,85 null and void.” A review of the relevant administrative file confirmed that an adjustment was indeed applied to the bill in that case. However, the adjustment was not due to an error in the meter reading or an arbitrary change to the recorded consumption, but rather to application of the regulatory benefit provided for in Article 95 of the Regulations for the Provision of AyA Services for the period NIR 02/10/2024, which was the subject of the complaint in CRM No. 12084776, after verifying that the conditions established by that provision were met. Furthermore, contrary to the applicant’s assertion, an inspection of the measuring equipment was performed, called “Home inspection by means of the water meter.” It was carried out on 10 October 2024 under Service Order No. 4988848, and a reading of 2174 m³ was recorded. That reading is fully consistent with the reading history of the meter installed at the time, confirming the reliability of the recorded readings and ruling out errors attributable to the measurement process. In that regard, Article 95 of the Regulations for the Provision of AyA Services expressly provides: “Article 95.—Adjustments to bills for high consumption. At the interested party’s request, by filing a complaint for high consumption or a high bill, AyA may apply up to two adjustments to consecutive bills based on actual readings every eighteen (18) months, for services in the residential rate category (domestic use), subject to all of the following conditions: a. Billed consumption must be equal to or greater than 40 cubic meters (40 m³). b. Consumption must exceed the normal average consumption for the previous twelve months by 100%. c. The increase in consumption must have resulted from a leak. The bill adjustment must be supported by the result of an inspection of the measuring equipment carried out by AyA, called ‘Home inspection by means of the water meter.’ If the adjustment is warranted, it will be based on the subscriber’s normal average consumption.” Consequently, the adjustment applied in Case No. 12084776 is evidence that AyA reviews each complaint under the regulations in force and applies regulatory benefits when warranted. That prior instance therefore does not show arbitrary action, nor does it support a conclusion that the charge now challenged lacks technical support or was based on consumption figures invented or changed at the Administration’s convenience. Figure No. 9. Service Order No. 4988848 for the “Home inspection by means of the water meter,” carried out on 10 October 2024, documenting verification of the meter reading. Figure No. 10. Reading history for the meter installed during 2024, showing the consistency of the readings recorded before and after the technical inspection. Annex No. 2. Notice issued in Case No. 12084776 communicating the bill adjustment. Regarding the applicant’s allegation that: “7. When I submitted the letter last Friday, I explained in detail to the service counter employee the extreme vulnerability of my household, informing him that a child who had just undergone a tooth extraction and a baby only 8 months old live in my home, and that they urgently need this vital resource for hygiene, nutrition, and medical recovery.” It is important to note that, upon receipt by this Cantonal Unit of the Constitutional Chamber’s order in this amparo proceeding directing, as an interim measure, that the applicant be guaranteed access to drinking water, the Liberia Cantonal Unit of AyA acted immediately and in strict compliance with that order. Accordingly, on 08 July 2026 at approximately 10:55 a.m., it installed a public drinking water supply point approximately 40 meters from the property where the service at issue in this proceeding is provided (130 meters east of the bridge at La Carreta, La Carreta neighborhood, Liberia, Guanacaste), immediately ensuring access to water while the constitutional proceeding is resolved. AyA thus timely complied with the interim measure ordered by the Constitutional Chamber, seeking to ensure access to drinking water for the applicant and her household, without prejudice to the user’s obligation to regularize the service account in accordance with the regulations in force. Figure No. 11. Photographs of the public supply point installed on 08 July 2026 in compliance with the interim measure ordered by the Constitutional Chamber, approximately 40 meters from the property where the service at issue in the proceeding is provided. Regarding the applicant’s allegation that: “8. Despite the seriousness of the situation and the presence of minors, the AyA employee insensitively told me that my case ‘was very complicated’ and that the only option was to wait for a response within 10 business days. That response was reiterated today, Tuesday, 30 June 2026, through the institution’s customer service chat, where I was told that I had to abide by the administrative time limits, condemning me to remain with my children without drinking water for two full weeks.” A review of the administrative file confirmed that the complaint filed by the applicant on 26 June 2026 was addressed within the statutory period, with Official Letter GSP-RCH-CL-2026-00522 issued and duly notified on 08 July 2026, that is, within the time limits established by law. Likewise, upon receipt of the Constitutional Chamber’s order on 08 July 2026 directing, as an interim measure, that the applicant be guaranteed access to drinking water, AyA, in strict compliance with that order, installed a public drinking water supply point at approximately 10:55 a.m. that same day, approximately 40 meters from the property where the service at issue in this proceeding is provided. Accordingly, it is established that the Administration observed the statutory time limits for addressing the administrative complaint and additionally complied immediately with the interim measure ordered by the Constitutional Chamber, ensuring access to drinking water for the applicant and her household while this constitutional proceeding is resolved. (See Figure No. 4 and Figure No. 11.)\n\nSECOND: ACTIONS TAKEN BY AYA. As determined, AyA’s actions complied with the institutional procedure and applicable legal framework. It was verified that notice of suspension was timely sent to the email address registered and validated by the user in the Institutional Commercial System (OPEN); that the service was suspended by the contractor engaged under Bid No. 2024LY-0000210021400001 because overdue payment obligations remained outstanding; that the bill that led to suspension was paid after the cutoff had been carried out; and that the service’s total debt remained unpaid, so reconnection was not warranted under the regulations in force. It was determined that on 23 June 2026 notice of suspension of service for nonpayment was sent to the email address jordinrm@hotmail.com, which the user had registered and validated (according to the records of the institutional commercial system OPEN SCI) as her official means of receiving institutional notices. Subsequently, because the bill (NIR 08/06/2026) that gave rise to the collection process remained unpaid, Service Disconnection Order No. 54769278 was generated and executed by the company contracted by AyA under Bid No. 2024LY-000021-0021400001, and service was suspended on 25 June 2026 at approximately 9:40 a.m. That same day, 25 June 2026, the user paid the bill that had led to suspension of service. However, that payment was made after the suspension order had been carried out, and other overdue payment obligations also remained outstanding on the service account, so immediate reconnection was not warranted under the regulations in force. On 26 June 2026, Ms. [Nombre 001] submitted an administrative complaint to the service counter of the Liberia Cantonal Unit, stating her disagreement with the service suspension and the billing applied, and requesting immediate reconnection. The Administration reviewed the complaint and decided it by official letter GSP-RCH-CL-2026-00522, issued and notified on 08 July 2026, within the statutory period. Therefore, before the cited complaint and this amparo proceeding were filed, AyA had addressed other requests submitted by the user concerning the same service. These included CRM Case No. 12345862, which was duly reviewed, decided, and notified on 16 February 2026 to the same email address registered and validated by the user, showing that the requests submitted had been addressed promptly by the Institution through official communication channels. As ordered by this constitutional court, an interim measure was issued to ensure the applicant’s access to drinking water. On 08 July 2026 at approximately 10:55 a.m., a public drinking water supply point was installed approximately 40 meters from the property where the service at issue in this proceeding is provided (130 meters east of the bridge at La Carreta, La Carreta neighborhood, Liberia, Guanacaste), immediately ensuring access to water while the constitutional proceeding is resolved. (See Figure No. 11, photographs of the public supply point installed, in section one.)\n\nTHIRD: AyA’s actions in this case fall strictly within the Principle of Legality (Article 11 of the Political Constitution and Article 11 of the General Law of Public Administration). The Public Administration acts subject to the regulatory rules and the powers of authority that allow it to collect payment for the public service actually provided. Service was suspended as a direct result of the user’s unilateral and manifest breach of a payment arrangement. The Constitutional Chamber has repeatedly held in abundant case law that an amparo proceeding is not the appropriate means to resolve disputes concerning billing, water meter readings, or disagreement with amounts charged for public services, which are matters for the ordinary courts or the administrative process (which is currently underway).\n\nFOURTH: It has been demonstrated from the foregoing that the actions were carried out in accordance with the regulations in force. It is also important to note that, in carrying out its social function, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers has sought to ensure that its users have access to alternative means of payment when they cannot pay their obligations in the ordinary manner. Its regulations accordingly provide for the possibility of entering into Special Payment Arrangements under the Regulations for the Provision of AyA Services.”.\n\n4.- In a written submission received by the registry of this Chamber on 17 July 2026, the petitioner states as follows: “… I respectfully appear before you to formally challenge resolution No. GSP-RCH-CL-2026-00522 and the report of AyA’s Cantonal Unit in Liberia, alleging serious procedural bad faith and the omission of evidence already in the case file:\n\nI. WARNING OF CONCEALMENT OF EVIDENCE AND PROCEDURAL FRAUD\n\nAyA’s report seeks to make this Chamber believe that the suspension was a regular and lawful act on Thursday 25 June. The respondent authority maliciously failed to include the official payment receipt dated Thursday 25 June and the screenshots of the institution’s own WhatsApp chat, which I submitted from the outset. In those official chats, AyA staff expressly admit that ‘the system did not reflect the payment in time, and that is why the crews came back on Friday.’ AyA misled this High Court by concealing that I paid on time through the usual official commercial channels and that the physical removal of the meter on Friday resulted from poor coordination among its own outdated computer systems.\n\nII. ADMISSION THAT AN ELECTRONIC NOTICE WAS HIDDEN\n\nIn strict adherence to honesty and procedural good faith, I inform this Court that, after carefully reviewing my email account in light of AyA’s report, I was able to confirm that the institution did in fact send an electronic communication on 08/07/2025. I clarify that AyA’s usual communications arrive normally in my primary inbox because it is a known sender on my email server; however, this specific notice regarding the installation of a public water source went into a hidden folder (junk mail/spam), which is why I had no actual knowledge of its installation until today, when I proceeded to read the technical report included in this judicial case file. This confirms that, in practical terms, my family remained in a state of absolute water deprivation for 22 days because there was no effective communication at the site of the cutoff.\n\nIII. SPECIFIC OBJECTIONS AND NEW FACT OF EXTREME DANGER\n\n1. Deception in the charge on Thursday 25: On Thursday 25 June, in response to the crew member’s warning that there was an order to suspend service, he told me that I had to bring that bill up to date immediately to stop the procedure. In good faith, I promptly complied and paid the accumulated bill through the official commercial channels I usually use, generating the official payment receipt dated that same Thursday 25 June. Despite having fulfilled my obligations as a user and paid the money, AyA’s internal disorder caused my payment to be ignored.\n\n2. Illegal removal carried out on Friday 26: Disregarding the fact that the account already showed the payment made the previous day, the AyA crew returned again on Friday 26 June to physically remove the meter from my property, violating Article 78, subsection d), of ARESEP’s Regulations, which expressly prohibits cutoffs on the eve of a weekend. My sister-in-law, Yeraldín Martínez, witnessed this; the same crew carried out the same arbitrary action against her that same day. My immediate in-person visit to complain at the Liberia offices on Friday 26 June itself—a fact AyA admits in its report—confirms by simple logic that this was the day my family was deprived of water, since no one with an 8-month-old baby would voluntarily wait until the following day to complain.\n\n3. Road danger and vehicle access easement to the public water source: I appreciate the technical effort to install the temporary source within the linear distance set by law (40 meters); however, in the actual conditions of the street, the location chosen by the Liberia management is negligent and dangerous. To reach it, I am forced to pass in front of a neighbor’s property, at a point where vehicles constantly enter and exit; the source was placed on a highly dangerous curve in Liberia with a recurring history of traffic accidents. Requiring a mother to walk carrying heavy containers with an 8-month-old baby in her arms, while avoiding cars entering and exiting in front of the neighbor’s house and exposing herself to an area with a high rate of traffic accidents, poses a direct and imminent threat to the right to life and physical integrity of me and my minor children. AyA had an immediate and 100% safe technical location next to my property—the same service connection where the traditional meter for my house is located—where it could have placed the temporary source, and it chose not to use it in bad faith.\n\n4. Mathematically Illogical Billing Pattern: The meter reading reports for No. 3124020967 submitted by AyA show that its billing formulas are arbitrary and lack quality control. In April 2026, with consumption of 32 m³, the bill was set at ₡28.167,00; however, in March 2026, with consumption of 41 m³, the charge rose disproportionately to ₡40.761,00. A deficient commercial system that changes rates in this way and does not reflect official payments in real time cannot be considered technically reliable enough to support an alleged accumulated debt of ₡689.878,85. For that reason, I state that I do NOT wish to enter into a new payment agreement concerning amounts that are tainted.”.\n\n5.- The legal requirements have been observed in the proceedings conducted.\n\nJustice Hess Herrera drafts the decision; and,\n\nReasons:\n\nI.- SUBJECT OF THE AMPARO. The petitioner alleges that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados suspended the drinking-water service to her home even though she had made the payment required to avoid the cutoff and the suspension took place on a Friday. She also challenges the lack of prior notice, inconsistencies in readings and billing, the absence of a satisfactory response to her complaints, and the impact on her family, which includes minors in a vulnerable situation.\n\nII.- FACTS FOUND. The following facts are considered duly established and relevant to deciding this matter, either because they have been proven or because the respondent failed to address them, as required in the initial order:\n\na) On 19 October 2023, the petitioner formalized the most recent payment arrangement for the drinking-water service associated with NIS 547-1949, located in the canton of Liberia. The arrangement was breached during 2024 (see report submitted under oath and attached evidence).\n\nb) On 10 October 2024, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados carried out Service Order No. 4988848, entitled “In-home inspection using the water meter,” during which a reading of 2174 m³ was recorded (see report submitted under oath and attached evidence).\n\nc) Regarding billing period NIR 02/10/2024, the petitioner filed an administrative complaint processed under case CRM No. 12084776. As a result, the respondent institution applied an adjustment to the bill in accordance with Article 95 of the AyA Regulations for the Provision of Services (see report submitted under oath and attached evidence).\n\nd) On 16 February 2026, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados decided and notified the petitioner, through the email address registered and validated in the Institutional Commercial System, of its response in case CRM No. 12345862, concerning the service at issue in this amparo (see report submitted under oath and attached evidence).\n\ne) On 18 March 2026, the respondent institution carried out Service Order No. 54003186, conducting an on-site inspection of the water meter associated with the service and recording a reading of 297 m³ (see report submitted under oath and attached evidence).\n\nf) On 08 June 2026, a bill for the drinking-water service associated with NIS 547-1949 was issued for payment. It remained unpaid and gave rise to the suspension procedure for nonpayment (see report submitted under oath and attached evidence).\n\ng) On 23 June 2026, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados sent notice of suspension for nonpayment to the email address the petitioner had registered and validated as the official means for receiving institutional notices (see report submitted under oath and attached evidence).\n\nh) On 25 June 2026, the company contracted by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados carried out Disconnection Service Order No. 54769278 and suspended the drinking-water supply associated with NIS 547-1949 (see report submitted under oath and attached evidence).\n\ni) On that same 25 June 2026, the petitioner paid the bill that had given rise to the suspension order. However, other past-due obligations remained unpaid on the account statement, so the Administration did not immediately reconnect the service (see report submitted under oath and attached evidence).\n\nj) On 26 June 2026, the petitioner filed an administrative complaint with the Service Platform of the Liberia Cantonal Unit, expressing her disagreement with the service suspension and the billing applied, and requesting immediate reconnection of the drinking-water supply (see report submitted under oath and attached evidence).\n\nk) At 09:07 on 08 July 2026, the respondent authority was notified of the order initiating this amparo (see notice of service).\n\nl) On 08 July 2026, the respondent entity installed a public drinking-water supply point approximately 40 meters from the property where the service is provided, in order to temporarily ensure access to water (see report submitted under oath and attached evidence).\n\nm) On 08 July 2026, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados issued and notified the petitioner of letter No. GSP-RCH-CL-2026-00522, which resolved the administrative complaint filed on 26 June 2026 (see report submitted under oath and attached evidence).\n\nIII.- THE SPECIFIC CASE. Based on the analysis of the established facts and the report submitted under oath by the respondent authority, this Chamber concludes that the amparo must be dismissed.\n\nFirst, it should be recalled that although access to drinking water is a fundamental right closely related to life and health, provision of the service is not free of charge. Accordingly, the respondent institution is authorized to suspend it for nonpayment, provided it observes the minimum safeguards established in the legal system and in constitutional jurisprudence.\n\nIn this case, it has not been established that the suspension carried out on 25 June 2026 lacked cause or was ordered without prior notice. On the contrary, it has been shown that the bill issued for payment on 08 June 2026 remained unpaid and gave rise to the suspension procedure for nonpayment. In addition, on the following 23 June, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados sent the corresponding notice to the email address that the petitioner herself had registered and validated as the official means for receiving institutional communications. Accordingly, the allegation that no prior notice was given is unsupported.\n\nNor has it been shown that, before the disconnection order was carried out, the petitioner had paid the bill that gave rise to the suspension and that the respondent institution nevertheless proceeded arbitrarily to interrupt the service. The record shows that the amount was paid on 25 June 2026, the same day the disconnection had already been carried out. Moreover, other past-due obligations remained unpaid, which prevented immediate reconnection of the service.\n\nAs to the alleged inconsistencies in water-meter readings and billed amounts, this is a technical and ordinary-legality dispute that falls outside the summary scope of this jurisdiction. Determining whether the recorded readings were correct, whether there were errors in the measuring equipment, whether adjustments were warranted, or whether the bills were accurate requires technical and evidentiary analysis, which must first be carried out by the Administration and, if disagreement persists, by the competent ordinary jurisdiction. This Chamber cannot substitute itself for those bodies or act as a reviewing instance for decisions concerning measurement, consumption, and billing.\n\nIt is also established that the respondent institution addressed the petitioner’s earlier requests. In particular, the complaint concerning billing period NIR 02/10/2024 was processed under case CRM No. 12084776 and resulted in an adjustment, while case CRM No. 12345862 was decided and notice given on 16 February 2026. Consequently, no general failure to respond to those requests has been established.\n\nRegarding the administrative complaint filed on 26 June 2026, the amparo was filed on the following 30 June, when only four days had passed since that request was made. That period is manifestly insufficient to attribute an unjustified delay or an infringement of the right to petition and to a prompt response to the Administration.\n\nThe request was decided and notice given by letter No. GSP-RCH-CL-2026-00522 dated 08 July 2026, that is, twelve days after it was filed. This period is not unreasonable given the nature of the complaint, which involved review of the billing, the account statement, and the circumstances concerning suspension and possible reconnection of the service. The fact that the response was issued on the same day the order initiating the amparo was served does not, by itself, support a conclusion that there was a constitutional violation, since no excessive delay had arisen when the amparo was filed.\n\nWith respect to the public water supply point installed on 08 July 2026, approximately forty meters from the property, no arbitrary conduct by the respondent authority has been established either. The institution adopted a temporary measure to ensure access to water while the service remained suspended because of outstanding obligations. Further, the record does not show that the petitioner had previously formally requested installation of a public water supply point and that the request was denied or unjustifiably ignored, nor was sufficient evidence submitted to establish an absolute deprivation of drinking water or a specific harm attributable to the Administration.\n\nAccordingly, it is established that the service suspension resulted from outstanding obligations, was preceded by the corresponding notice, the administrative complaints were addressed within reasonable periods, and the institution adopted a temporary measure to facilitate access to drinking water. Therefore, no current violation or threat to the fundamental rights invoked is found, and the amparo must be dismissed, as is hereby ordered.\n\nIV.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. The parties are advised that if they have submitted any paper document, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, these must be collected from the court office within a maximum period of 30 business days from service of this judgment. Otherwise, any such material not collected within this period will be destroyed, pursuant to the “Regulations on Electronic Case Files before the Judiciary,” approved by the Corte Plena at session No. 27-11 of 22 August 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of 26 January 2012, as well as the resolution approved by the Superior Council of the Judiciary at session No. 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI.\n\nTherefore:\n\nThe amparo is dismissed. -\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\n IGNGF4CFIW461 \n\nCASE FILE No. 26-023573-0007-CO \n\nTelephone: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. south of the Iglesia del Perpetuo Socorro)." }