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  "id": "nexus-sen-1-0007-1426194",
  "citation": "Res. 36790-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Respuesta integral sobre concesiones de extracción del río Frío",
  "title_en": "Complete Response on Río Frío Extraction Concessions",
  "summary_es": "La Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo contra la Municipalidad de Guatuso porque no respondió, dentro del plazo ordinario de diez días hábiles, una solicitud de información pública sobre concesiones para extraer materiales del río Frío. La gestión, presentada por correo electrónico el 14 de julio de 2026, pedía datos sobre ingresos municipales, pagos, concesiones vigentes, volúmenes autorizados y extraídos, inspecciones y actuaciones ante posibles diferencias. Aunque el canal utilizado no había sido acreditado como medio oficial, la Municipalidad reconoció haber recibido y tramitado la solicitud, por lo que no podía desconocerla mediante una objeción formal. La respuesta enviada el 9 de setiembre de 2026 fue tardía e incompleta, pues dejó pendientes varios extremos sustanciales. La Sala descartó la satisfacción extraprocesal plena y ordenó contestar integralmente en diez días, entregar la documentación pública o motivar concretamente su inexistencia, falta de custodia o limitación legal. También condenó a la Municipalidad al pago de costas, daños y perjuicios.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) granted the amparo application against the Municipalidad de Guatuso because it failed to answer, within the ordinary ten-working-day period, a public-information request concerning concessions to extract materials from the Río Frío. Submitted by email on 14 July 2026, the request sought information about municipal revenue, payments, active concessions, authorized and extracted volumes, inspections, and measures taken regarding possible discrepancies. Although the email address used had not been shown to be an officially designated channel, the Municipality acknowledged receiving and processing the request and therefore could not disregard it on a merely formal objection. The response sent on 9 September 2026 was late and incomplete because several material points remained unanswered. The Chamber rejected the claim that the requested relief had been fully provided outside the proceeding and ordered a complete response within ten days, delivery of the corresponding public documents, or a specific explanation of their nonexistence, absence from municipal custody, or legal restriction. It also ordered the Municipality to pay costs, damages, and losses.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "24/09/2026",
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    "recurso de amparo",
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    "recurso de amparo",
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    "derecho de petición",
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    "Municipalidad de Guatuso",
    "río Frío",
    "concesiones mineras",
    "extracción de materiales",
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    "Ley Marco de Acceso a la Información Pública",
    "Dirección de Geología y Minas",
    "costas, daños y perjuicios"
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    "Municipalidad de Guatuso",
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    "relief provided outside the proceeding",
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  "excerpt_es": "VIII.- La comunicación del 9 de setiembre de 2026 fue posterior a la notificación de la resolución de curso practicada el 4 de setiembre. Además, no satisfizo integralmente la solicitud. La Municipalidad identificó dos concesiones y sus volúmenes máximos autorizados, pero dejó pendientes datos sustanciales sobre los ingresos percibidos, los pagos por concesionario, los volúmenes efectivamente extraídos y vendidos, las inspecciones realizadas y las eventuales actuaciones administrativas, cobros o denuncias. El informe se limitó a señalar que parte de esa información continuaba en verificación y que sería remitida después, sin aportar prueba de que esa entrega posterior se hubiera producido. Una respuesta parcial y abierta a una futura complementación no satisface el contenido de los artículos 27 y 30 constitucionales cuando han transcurrido ampliamente los plazos legales.\n\nIX.- Sobre la solicitud de aplicar el artículo 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. La autoridad recurrida solicita que se aplique el artículo 52, párrafo primero, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Según el criterio de la mayoría de esta Sala, la satisfacción sobrevenida de la pretensión, una vez en curso el amparo, permite una estimatoria con arreglo al mencionado numeral 52, de la Ley que rige Jurisdicción, y exige valorar, en el caso concreto, la procedencia de costas, daños y perjuicios. Ese supuesto presupone que la actuación impugnada haya sido efectivamente revocada, detenida o suspendida. Aquí no se acreditó una satisfacción completa: la respuesta fue tardía y dejó sin atender varios extremos centrales. Por ello, no corresponde concluir el asunto únicamente por satisfacción extraprocesal ni eximir a la corporación de la consecuencia prevista en el artículo 51, de la ley citada. Se impone declarar con lugar el recurso y ordenar que se complete la respuesta, sin perjuicio de que la Municipalidad motive cualquier límite legal de acceso, proteja datos de carácter confidencial y precise la inexistencia o falta de custodia de algún documento cuando así corresponda.\n\nPOR TANTO\n\nSe declara con lugar el recurso. Se ordena a CARLOS SEQUEIRA OROZCO, en su condición de alcalde de la Municipalidad de Guatuso, o a quien ocupe ese cargo, que adopte las medidas necesarias para que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se brinde a [Nombre 001] una respuesta integral, clara, congruente y debidamente notificada respecto de todos los extremos de la solicitud presentada el 14 de julio de 2026, y se le entregue la documentación pública correspondiente. Si algún dato o documento no existe, no obra en poder de la Municipalidad o está sujeto a un límite legal de acceso, esa circunstancia deberá indicarse y motivarse de forma concreta. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Guatuso al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.-",
  "excerpt_en": "VIII.- The communication of 9 September 2026 was sent after notice of the order admitting the amparo for processing had been served on 4 September. Moreover, it did not fully satisfy the request. The Municipality identified two concessions and their maximum authorized volumes, but left outstanding material information concerning revenue received, payments by each concession holder, volumes actually extracted and sold, inspections conducted, and any administrative measures, collection proceedings, or complaints. The report merely stated that some of this information remained under verification and would be provided later, without offering proof that this subsequent delivery had occurred. A partial response left open for future supplementation does not satisfy Articles 27 and 30 of the Constitution when the statutory periods have long elapsed.\n\nIX.- Regarding the request to apply Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law. The respondent authority requests application of the first paragraph of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law. Under the majority's position in this Chamber, satisfaction of the requested relief after the amparo is underway permits a ruling granting relief pursuant to the aforementioned Article 52 of the law governing the jurisdiction and requires an assessment, in the particular case, of whether costs, damages, and losses are appropriate. That situation presupposes that the challenged conduct has actually been revoked, stopped, or suspended. Complete satisfaction was not established here: the response was late and left several central points unanswered. It is therefore inappropriate to conclude the matter solely on the basis of satisfaction outside the proceeding or to exempt the municipal corporation from the consequence prescribed by Article 51 of the cited law. The amparo must be granted and completion of the response ordered, without prejudice to the Municipality providing reasons for any legal restriction on access, protecting confidential data, and specifying the nonexistence or absence from its custody of any document when applicable.\n\nOPERATIVE ORDER\n\nThe amparo application is granted. CARLOS SEQUEIRA OROZCO, in his capacity as mayor of the Municipalidad de Guatuso, or whoever holds that office, is ordered to take the necessary measures so that, within TEN DAYS of notice of this judgment, [Name 001] receives a complete, clear, consistent, and duly notified response addressing every point in the request submitted on 14 July 2026, together with the corresponding public documents. If any information or document does not exist, is not held by the Municipality, or is subject to a legal restriction on access, that circumstance must be specifically stated and explained. The respondent authority is warned that, pursuant to Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, anyone who receives an order issued in an amparo proceeding that the person must comply with or cause to be complied with, and who fails to do so, shall be punished by imprisonment for three months to two years or by a fine of twenty to sixty days, provided that the offense is not subject to a more severe penalty. The Municipalidad de Guatuso is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts underlying this ruling, to be assessed during enforcement of the judgment before the administrative-litigation jurisdiction.-",
  "outcome": {
    "label_en": "Granted",
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    "summary_en": "The Chamber granted the amparo, ordered the Municipalidad de Guatuso to provide a complete response within ten days and deliver the requested public documents or explain any nonexistence, absence from its custody, or legal restriction, and ordered it to pay costs, damages, and losses.",
    "summary_es": "La Sala declaró con lugar el amparo, ordenó a la Municipalidad de Guatuso responder integralmente en diez días y entregar la documentación pública solicitada o motivar cualquier inexistencia, falta de custodia o límite legal, y la condenó al pago de costas, daños y perjuicios."
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      "context": "Considerando III",
      "quote_en": "It is not for this Chamber to determine the substantive accuracy of mining or tax records or to replace the Administration in preparing them; it is responsible, however, for verifying that the request was received, processed, and answered promptly through a complete and consistent response that was duly communicated.",
      "quote_es": "No corresponde a esta Sala determinar la exactitud material de los registros mineros o tributarios ni sustituir a la Administración en su elaboración; sí le compete verificar que la solicitud haya sido recibida, tramitada y contestada oportunamente mediante una respuesta completa, congruente y debidamente comunicada."
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    {
      "context": "Considerando IV",
      "quote_en": "Those provisions require the Administration to answer each point clearly and consistently; if the information does not exist, is not in its possession, or is subject to a legal restriction, it must give a reasoned explanation without unjustifiably shifting its internal coordination or search burdens to the requester.",
      "quote_es": "De esas normas se desprende que la Administración debe contestar cada extremo de manera clara y congruente; si la información no existe, no obra en su poder o está sujeta a una limitación legal, debe indicarlo en forma motivada, sin trasladar injustificadamente a la persona solicitante las cargas internas de coordinación o búsqueda."
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      "quote_en": "In those circumstances, actual receipt acknowledged by the Administration itself prevents it from disregarding the submission of the request based on a merely formal objection to the channel used.",
      "quote_es": "En esas circunstancias, la recepción efectiva y reconocida por la propia Administración impide desconocer la presentación de la solicitud por una objeción meramente formal sobre el canal empleado."
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    {
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      "quote_en": "The need to consult internal records or coordinate with the Dirección de Geología y Minas did not relieve the municipal corporation of its duty to inform the requester promptly about the status of the request or to use the exceptional extension mechanism within the statutory period when appropriate.",
      "quote_es": "La necesidad de consultar registros internos o coordinar con la Dirección de Geología y Minas no dispensaba a la corporación de informar oportunamente al solicitante sobre el estado de la gestión ni de utilizar, dentro del plazo legal, el mecanismo excepcional de ampliación cuando resultara procedente."
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  "body_es_text": "Revisión del Documento\n\n\n\nExp: 26-030695-0007-CO \n\nRes. Nº 2026036790\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinticuatro de setiembre de dos mil veintiseis .\n\n Recurso de amparo que se tramita en expediente número 26-030695-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la MUNICIPALIDAD DE GUATUSO.\n\nRESULTANDO\n\n1.- Por escrito incorporado a la Secretaría de esta Sala el 22 de agosto de 2026, [Nombre 001] interpuso recurso de amparo contra la Municipalidad de Guatuso. Manifestó que el 14 de julio de 2026 remitió al correo electrónico csequeira@muniguatuso.go.cr una solicitud de información pública dirigida al alcalde municipal, relacionada con las concesiones para extracción de materiales del río Frío. Alegó que, pese al tiempo transcurrido, no había recibido respuesta. Expuso que utilizó esa dirección porque una asesora municipal le indicó que se encontraba habilitada para recibir ese tipo de gestiones. Estimó vulnerados sus derechos de petición, pronta resolución y acceso a la información pública, tutelados en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política. Solicitó que se declarara con lugar el recurso y se ordenara brindar respuesta.\n\n2.- Por resolución de las dieciséis horas cincuenta y cinco minutos del 28 de agosto de 2026 se dio curso al amparo y se requirió informe al alcalde de Guatuso. Además, se le solicitó indicar si la cuenta electrónica utilizada por el recurrente estaba prevista como mecanismo oficial para recibir gestiones de las personas usuarias. La resolución fue notificada al recurrente el 1 de setiembre de 2026 y a la autoridad recurrida, en forma personal, a las catorce horas treinta y siete minutos del 4 de setiembre de 2026.\n\n3.- Informó bajo juramento Carlos Sequeira Orozco, en su condición de alcalde de la Municipalidad de Guatuso. Reconoció que el recurrente presentó el 14 de julio de 2026 una solicitud de información sobre la extracción de materiales del río Frío y admitió que, al momento de interponerse el amparo, no se le había comunicado una respuesta integral a los ocho extremos planteados. Señaló que parte de los datos debía localizarse en registros municipales y otra parte verificarse ante la Dirección de Geología y Minas. Indicó que el 3 de setiembre de 2026 se consultó a esa dependencia y que se constató la existencia de dos concesiones vigentes. Añadió que continuaba la recopilación y verificación de información tributaria y administrativa; que se había requerido documentación tributaria a Inversiones Comerciales Rubén de Goicoechea S.A.; y que, mediante el informe rendido, suministraba la información disponible. Solicitó tener por satisfecha materialmente la pretensión y, subsidiariamente, aplicar el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\n4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,\n\n Considerando:\n\n I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente acusa que la Municipalidad de Guatuso omitió responder la solicitud de información pública que presentó el 14 de julio de 2026, mediante la cual requirió datos y documentos relativos a los ingresos municipales derivados de las concesiones de extracción de materiales del río Frío, los pagos efectuados por cada concesionario, las concesiones vigentes, los volúmenes autorizados y efectivamente extraídos, la identificación de quienes realizan los pagos, las inspecciones municipales practicadas y las actuaciones promovidas ante eventuales diferencias entre los volúmenes autorizados, extraídos o declarados; sostiene que remitió la gestión a la dirección electrónica del alcalde municipal siguiendo la indicación de una asesora de la propia corporación y que, al momento de interponer el amparo, no había recibido respuesta, traslado, prevención ni comunicación alguna sobre el plazo requerido para atenderla, por lo que estima lesionados sus derechos de petición, pronta resolución y acceso a la información pública.\n\nII.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:\n\n1.- El 14 de julio de 2026, a las 14:08 horas, [Nombre 001] remitió desde [...] a csequeira@muniguatuso.go.cr un mensaje titulado «Solicitud de información», al que adjuntó un documento denominado «SOLICITUD MUI GUATUSO.pdf». \n\n2.- La gestión fue dirigida a Carlos Sequeira Orozco, alcalde de la Municipalidad de Guatuso, y se fundamentó en el artículo 30 de la Constitución Política. El recurrente solicitó información y documentación sobre los ingresos municipales, pagos de concesionarios, concesiones activas, volúmenes autorizados y efectivamente extraídos, personas o empresas pagadoras, inspecciones municipales y eventuales procedimientos, cobros o denuncias relacionados con la extracción de materiales del río Frío.\n\n3.- En la solicitud se indicó que la información tenía fines periodísticos y de fiscalización ciudadana, y se señaló el correo [...] para recibir la respuesta.\n\n4.- Al 22 de agosto de 2026, fecha de interposición del recurso, la Municipalidad de Guatuso no había comunicado respuesta, prevención, traslado ni ampliación del plazo al solicitante.\n\n5.- Por resolución de las dieciséis horas cincuenta y cinco minutos del 28 de agosto de 2026 se dio curso al amparo. Ese pronunciamiento fue notificado al recurrente el 1 de setiembre de 2026 y al alcalde de Guatuso, en forma personal, a las catorce horas treinta y siete minutos del 4 de setiembre de 2026.\n\n6.- El 3 de setiembre de 2026, la Municipalidad consultó a la Dirección de Geología y Minas sobre las concesiones mineras vigentes en el cantón de Guatuso.\n\n7.- El 9 de setiembre de 2026, a las 16:48 horas, Adriana Vargas Sánchez, asesora de Alcaldía, remitió al recurrente, con copia al correo csequeira@muniguatuso.go.cr, un mensaje titulado «RE: Solicitud de información», al que adjuntó un archivo denominado «RESP [Nombre 001].pdf».\n\n8.- La respuesta comunicó la existencia de dos concesiones vigentes: una a favor de Inversiones Comerciales Rubén de Goicoechea S.A., expediente 2018-CDP-PRI-064, resolución R-0494-2024-MINAE, con un volumen máximo autorizado de 40.000 metros cúbicos anuales; y otra a favor de la Municipalidad de Guatuso, expediente 2022-CDP-PRI-035, resolución R-0374-2023-MINAE, con un volumen máximo autorizado de 60.000 metros cúbicos anuales.\n\n9.- En esa respuesta la Administración indicó que los volúmenes efectivamente extraídos, las declaraciones correspondientes y la información tributaria y administrativa aún se encontraban en proceso de verificación interna y que serían remitidos posteriormente.\n\n10.- La respuesta del 9 de setiembre de 2026 no suministró de manera completa el monto total recibido por la Municipalidad durante los últimos cinco años, el detalle de los pagos por concesionario, los volúmenes efectivamente extraídos y vendidos, la información completa sobre inspecciones de campo ni las actuaciones promovidas ante posibles diferencias entre los volúmenes autorizados, extraídos o declarados.\n\nIII.- Competencia y delimitación del análisis. El objeto de este amparo consiste en determinar si la Municipalidad de Guatuso lesionó los derechos tutelados en los artículos 27 y 30, de la Constitución Política al omitir responder, dentro del plazo legal y de forma integral, la solicitud de información pública presentada por el recurrente el 14 de julio de 2026. No corresponde a esta Sala determinar la exactitud material de los registros mineros o tributarios ni sustituir a la Administración en su elaboración; sí le compete verificar que la solicitud haya sido recibida, tramitada y contestada oportunamente mediante una respuesta completa, congruente y debidamente comunicada.\n\nIV.- Sobre los derechos de petición y acceso a la información pública. Los artículos 27 y 30, de la Constitución Política, garantizan, respectivamente, el derecho de toda persona a formular peticiones ante las autoridades y obtener pronta resolución, así como el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. La Ley Marco de Acceso a la Información Pública, Ley N° 10554, desarrolla esas garantías conforme a los principios de transparencia, facilitación, oportunidad, máxima publicidad y uso de tecnologías de información. Su artículo 10 establece, como regla, un plazo máximo de diez días hábiles para entregar la información solicitada y permite una ampliación excepcional únicamente si se justifica y comunica oportunamente. Los artículos 11 y 12 reconocen un procedimiento informal y exigen dar trazabilidad a la recepción de la solicitud. De esas normas se desprende que la Administración debe contestar cada extremo de manera clara y congruente; si la información no existe, no obra en su poder o está sujeta a una limitación legal, debe indicarlo en forma motivada, sin trasladar injustificadamente a la persona solicitante las cargas internas de coordinación o búsqueda.\n\nV.- SOBRE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN Y PRONTA RESPUESTA, ASÍ COMO EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Esta Sala Constitucional, en la Sentencia N° 2008-009670 de las 09:55 horas de 13 de junio de 2008, al referirse al derecho de petición y el empleo de medios electrónicos (aplicable mutatis mutandis al derecho de acceso a la información administrativa), explicó: “(…) En el marco de la sociedad de la información y el conocimiento, los derechos fundamentales pueden ser ejercidos a través de las nuevas tecnologías de la información. En lo que al derecho de petición y pronta respuesta se refiere, la utilización de los medios electrónicos le da nuevos matices, los cuales, deben ser ponderados. Siempre teniendo en consideración su eficacia progresiva y expansiva, pero también, tomando en cuenta el carácter no absoluto de los derechos fundamentales, es posible concluir que, para el ejercicio del derecho de petición y pronta respuesta, empleando los medio s que las nuevas tecnologías facilitan, es importante, que el requerimiento sea canalizado a través de una página web de libre acceso del ente o el órgano público. Adicionalmente, ese dominio electrónico debe contar con un hipervínculo direccionado hacia un correo electrónico dispuesto, específicamente, para recibir solicitudes, sea sobre un tema particular o bien que sirva como buzón para todo tipo gestiones (…)” (el énfasis no pertenece al original). \n\nParalelamente, en cuanto a solicitudes que son remitidas a correos no oficiales, pero su recibido se acusa o se inicia la tramitación de su respuesta, este Tribunal, en la Sentencia No. 2019-2204 de las 09:15 horas de 8 de febrero de 2019, señaló:\n\n“(… ) Ahora bien, en vista de lo expuesto y luego de analizar los elementos aportados a los autos, la Sala considera que el reclamo del recurrente en este sentido, resulta procedente, toda vez, que si bien el correo electrónico al que el interesado remitió su petición, no constituye un medio oficial para la recepción de tales gestiones, lo cierto es que la parte recurrida admitió que ha procedido a tramitar dicha solicitud, siendo que al momento que la recibió, tuvo conocimiento de ella (… ) Así las cosas, la administración recurrida se dio por conocedora de la gestión, y proveyó lo correspondiente para brindar la respuesta requerida (… )”(el énfasis no pertenece al original).\n\nVI.- Sobre el medio electrónico utilizado. En la sentencia número 2025-024880, de las nueve horas veinte minutos del 8 de agosto de 2025, esta Sala examinó el uso de direcciones electrónicas no designadas formalmente para recibir solicitudes de información y destacó que la valoración no puede prescindir de la organización institucional, la recepción efectiva de la gestión ni los principios de eficiencia, pro actione y confianza legítima. En el caso concreto, la autoridad recurrida no negó la existencia ni la recepción de la solicitud. Por el contrario, afirmó bajo juramento que el recurrente la presentó ante la Municipalidad el 14 de julio de 2026, admitió que no había recibido una respuesta integral al interponerse el amparo y, posteriormente, contestó desde una cuenta institucional dentro del mismo hilo de correo, con copia a la dirección del alcalde. Aunque la resolución de curso requirió informar si csequeira@muniguatuso.go.cr era un mecanismo oficial para recibir gestiones, el informe no respondió expresamente ese punto. En esas circunstancias, la recepción efectiva y reconocida por la propia Administración impide desconocer la presentación de la solicitud por una objeción meramente formal sobre el canal empleado.\n\nVII.- Caso concreto. La solicitud ingresó el 14 de julio de 2026. El plazo ordinario de diez días hábiles venció sin que la Municipalidad respondiera, previniera, trasladara la gestión o comunicara una ampliación justificada. Al 22 de agosto de 2026, cuando se interpuso el amparo, la omisión estaba consumada. El propio alcalde reconoció bajo juramento que a esa fecha no se había comunicado una respuesta integral. La necesidad de consultar registros internos o coordinar con la Dirección de Geología y Minas no dispensaba a la corporación de informar oportunamente al solicitante sobre el estado de la gestión ni de utilizar, dentro del plazo legal, el mecanismo excepcional de ampliación cuando resultara procedente.\n\nVIII.- La comunicación del 9 de setiembre de 2026 fue posterior a la notificación de la resolución de curso practicada el 4 de setiembre. Además, no satisfizo integralmente la solicitud. La Municipalidad identificó dos concesiones y sus volúmenes máximos autorizados, pero dejó pendientes datos sustanciales sobre los ingresos percibidos, los pagos por concesionario, los volúmenes efectivamente extraídos y vendidos, las inspecciones realizadas y las eventuales actuaciones administrativas, cobros o denuncias. El informe se limitó a señalar que parte de esa información continuaba en verificación y que sería remitida después, sin aportar prueba de que esa entrega posterior se hubiera producido. Una respuesta parcial y abierta a una futura complementación no satisface el contenido de los artículos 27 y 30 constitucionales cuando han transcurrido ampliamente los plazos legales.\n\nIX.- Sobre la solicitud de aplicar el artículo 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. La autoridad recurrida solicita que se aplique el artículo 52, párrafo primero, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Según el criterio de la mayoría de esta Sala, la satisfacción sobrevenida de la pretensión, una vez en curso el amparo, permite una estimatoria con arreglo al mencionado numeral 52, de la Ley que rige Jurisdicción, y exige valorar, en el caso concreto, la procedencia de costas, daños y perjuicios. Ese supuesto presupone que la actuación impugnada haya sido efectivamente revocada, detenida o suspendida. Aquí no se acreditó una satisfacción completa: la respuesta fue tardía y dejó sin atender varios extremos centrales. Por ello, no corresponde concluir el asunto únicamente por satisfacción extraprocesal ni eximir a la corporación de la consecuencia prevista en el artículo 51, de la ley citada. Se impone declarar con lugar el recurso y ordenar que se complete la respuesta, sin perjuicio de que la Municipalidad motive cualquier límite legal de acceso, proteja datos de carácter confidencial y precise la inexistencia o falta de custodia de algún documento cuando así corresponda.\n\nX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO\n\nSe declara con lugar el recurso. Se ordena a CARLOS SEQUEIRA OROZCO, en su condición de alcalde de la Municipalidad de Guatuso, o a quien ocupe ese cargo, que adopte las medidas necesarias para que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se brinde a [Nombre 001] una respuesta integral, clara, congruente y debidamente notificada respecto de todos los extremos de la solicitud presentada el 14 de julio de 2026, y se le entregue la documentación pública correspondiente. Si algún dato o documento no existe, no obra en poder de la Municipalidad o está sujeto a un límite legal de acceso, esa circunstancia deberá indicarse y motivarse de forma concreta. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Guatuso al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.-\n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n HSCAX9VH6B061 \n\nEXPEDIENTE N° 26-030695-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).",
  "body_en_text": "Document Review\n\n\n\nCase: 26-030695-0007-CO \n\nResolution No. 2026036790\n\n \n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER (SALA CONSTITUCIONAL) OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine twenty a.m. on 24 September 2026.\n\n Amparo proceeding processed under case number 26-030695-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the MUNICIPALIDAD DE GUATUSO.\n\nBACKGROUND\n\n1.- In a written submission filed with the Office of the Clerk of this Chamber on 22 August 2026, [Name 001] filed an amparo application against the Municipalidad de Guatuso. He stated that on 14 July 2026 he sent to the email address csequeira@muniguatuso.go.cr a public-information request addressed to the municipal mayor concerning concessions for the extraction of materials from the río Frío. He alleged that, despite the time elapsed, he had received no response. He explained that he used that address because a municipal adviser told him that it was enabled to receive such submissions. He considered that his rights of petition, prompt resolution, and access to public information, protected by Articles 27 and 30 of the Political Constitution, had been violated. He requested that the amparo be granted and that a response be ordered.\n\n2.- By a ruling issued at four fifty-five p.m. on 28 August 2026, the amparo was admitted for processing and a report was requested from the mayor of Guatuso. He was also asked to indicate whether the email account used by the amparo applicant was designated as an official mechanism for receiving submissions from users. The ruling was served on the applicant on 1 September 2026 and personally on the respondent authority at two thirty-seven p.m. on 4 September 2026.\n\n3.- Carlos Sequeira Orozco, in his capacity as mayor of the Municipalidad de Guatuso, submitted a report under oath. He acknowledged that on 14 July 2026 the applicant submitted a request for information concerning the extraction of materials from the río Frío and admitted that, when the amparo application was filed, a comprehensive response to the eight matters raised had not been communicated to him. He stated that some of the data had to be located in municipal records and other data verified with the Dirección de Geología y Minas. He indicated that this agency was consulted on 3 September 2026 and that the existence of two valid concessions was confirmed. He added that the collection and verification of tax and administrative information remained underway; that tax documentation had been requested from Inversiones Comerciales Rubén de Goicoechea S.A.; and that, through the report submitted, he was providing the available information. He requested that the claim be deemed substantively satisfied and, in the alternative, that Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional be applied, without a special award of costs, damages, and losses.\n\n4.- The legal requirements have been observed in the proceedings conducted.\n\n Justice Salazar Alvarado drafted the opinion; and,\n\nReasons:\n\n I.- SUBJECT MATTER OF THE AMPARO. The applicant alleges that the Municipalidad de Guatuso failed to respond to the public-information request he submitted on 14 July 2026, through which he requested data and documents concerning municipal revenue derived from concessions for the extraction of materials from the río Frío, the payments made by each concession holder, the valid concessions, the volumes authorized and actually extracted, the identification of those making the payments, the municipal inspections conducted, and the actions pursued in response to any differences between the authorized, extracted, or declared volumes. He maintains that he sent the submission to the municipal mayor’s email address as instructed by an adviser from the municipal government itself and that, when he filed the amparo application, he had received no response, referral, request for correction, or communication concerning the time required to address it. He therefore considers that his rights of petition, prompt resolution, and access to public information were violated.\n\nII.- Proven facts. The following facts are considered duly established and relevant to the resolution of this matter, either because they have been proven or because the respondent failed to address them as ordered in the initial ruling:\n\n1.- On 14 July 2026 at 14:08, [Name 001] sent from [...] to csequeira@muniguatuso.go.cr a message entitled “Request for information,” to which he attached a document named “SOLICITUD MUI GUATUSO.pdf”.\n\n2.- The submission was addressed to Carlos Sequeira Orozco, mayor of the Municipalidad de Guatuso, and was based on Article 30 of the Political Constitution. The applicant requested information and documentation concerning municipal revenue, payments by concession holders, active concessions, authorized and actually extracted volumes, paying individuals or companies, municipal inspections, and any proceedings, collection efforts, or complaints related to the extraction of materials from the río Frío.\n\n3.- The request indicated that the information was sought for journalistic and citizen-oversight purposes and provided the email address [...] for receipt of the response.\n\n4.- As of 22 August 2026, the date on which the amparo application was filed, the Municipalidad de Guatuso had not communicated any response, request for correction, referral, or extension of the deadline to the requester.\n\n5.- By a ruling issued at four fifty-five p.m. on 28 August 2026, the amparo was admitted for processing. That ruling was served on the applicant on 1 September 2026 and personally on the mayor of Guatuso at two thirty-seven p.m. on 4 September 2026.\n\n6.- On 3 September 2026, the Municipalidad consulted the Dirección de Geología y Minas regarding the valid mining concessions in the canton of Guatuso.\n\n7.- On 9 September 2026 at 16:48, Adriana Vargas Sánchez, an adviser to the Mayor’s Office, sent the applicant, with a copy to csequeira@muniguatuso.go.cr, a message entitled “RE: Request for information,” to which she attached a file named “RESP [Name 001].pdf”.\n\n8.- The response reported the existence of two valid concessions: one held by Inversiones Comerciales Rubén de Goicoechea S.A., case 2018-CDP-PRI-064, resolution R-0494-2024-MINAE, with a maximum authorized volume of 40.000 cubic meters per year; and another held by the Municipalidad de Guatuso, case 2022-CDP-PRI-035, resolution R-0374-2023-MINAE, with a maximum authorized volume of 60.000 cubic meters per year.\n\n9.- In that response, the Administration indicated that the volumes actually extracted, the corresponding declarations, and the tax and administrative information were still undergoing internal verification and would be provided later.\n\n10.- The response of 9 September 2026 did not fully provide the total amount received by the Municipalidad during the preceding five years, the breakdown of payments by concession holder, the volumes actually extracted and sold, complete information on field inspections, or the actions pursued in response to possible differences between the authorized, extracted, or declared volumes.\n\nIII.- Jurisdiction and scope of the analysis. The subject matter of this amparo is to determine whether the Municipalidad de Guatuso violated the rights protected under Articles 27 and 30 of the Political Constitution by failing to respond, within the statutory period and comprehensively, to the public-information request submitted by the applicant on 14 July 2026. It is not for this Chamber to determine the substantive accuracy of the mining or tax records or to replace the Administration in preparing them; it is, however, responsible for verifying that the request was received, processed, and answered in a timely manner through a complete, consistent, and duly communicated response.\n\nIV.- The rights of petition and access to public information. Articles 27 and 30 of the Political Constitution respectively guarantee every person’s right to submit petitions to the authorities and obtain a prompt resolution, as well as free access to administrative departments for the purpose of obtaining information on matters of public interest. The Ley Marco de Acceso a la Información Pública, Ley N° 10554, implements those guarantees in accordance with the principles of transparency, facilitation, timeliness, maximum disclosure, and use of information technologies. Article 10 establishes, as a rule, a maximum period of ten business days for providing the requested information and permits an exceptional extension only if it is justified and communicated in a timely manner. Articles 11 and 12 establish an informal procedure and require that receipt of the request be traceable. It follows from those provisions that the Administration must respond to each matter clearly and consistently. If the information does not exist, is not in its possession, or is subject to a legal restriction, it must provide a reasoned explanation to that effect, without unjustifiably shifting its internal coordination or search burdens to the requester.\n\nV.- EXERCISE OF THE RIGHT OF PETITION AND PROMPT RESPONSE, AS WELL AS THE RIGHT OF ACCESS TO ADMINISTRATIVE INFORMATION, THROUGH ELECTRONIC MEANS. In Judgment N° 2008-009670, issued at 09:55 on 13 June 2008, this Constitutional Chamber, in addressing the right of petition and the use of electronic means (applicable mutatis mutandis to the right of access to administrative information), explained: “(…) Within the framework of the information and knowledge society, fundamental rights may be exercised through new information technologies. With respect to the right of petition and prompt response, the use of electronic means gives it new nuances, which must be weighed. Always bearing in mind their progressive and expansive effectiveness, but also taking into account that fundamental rights are not absolute, it may be concluded that, to exercise the right of petition and prompt response using the means facilitated by new technologies, it is important that the request be routed through a freely accessible website of the public entity or body. In addition, that electronic domain must have a hyperlink leading to an email address specifically designated to receive requests, whether concerning a particular subject or serving as an inbox for all types of submissions (…)” (emphasis not in the original).\n\nLikewise, regarding requests sent to unofficial email addresses when receipt is acknowledged or processing of the response begins, this Court stated in Judgment No. 2019-2204, issued at 09:15 on 8 February 2019:\n\n“(…) In view of the foregoing and after analyzing the evidence submitted in the record, the Chamber considers the applicant’s claim in this regard to be well-founded because, although the email address to which the interested party sent his petition is not an official channel for receiving such submissions, the respondent admitted that it proceeded to process that request, since it became aware of it when it was received (…) Accordingly, the respondent Administration acknowledged its awareness of the submission and made the corresponding arrangements to provide the requested response (…)” (emphasis not in the original).\n\nVI.- The electronic means used. In Judgment number 2025-024880, issued at nine twenty a.m. on 8 August 2025, this Chamber examined the use of email addresses not formally designated to receive information requests and emphasized that the assessment cannot disregard the institutional organization, the actual receipt of the submission, or the principles of efficiency, pro actione, and legitimate expectations. In this case, the respondent authority did not deny the existence or receipt of the request. On the contrary, it stated under oath that the applicant submitted it to the Municipalidad on 14 July 2026, admitted that he had not received a comprehensive response when the amparo application was filed, and later responded from an institutional account within the same email thread, copying the mayor’s address. Although the ruling admitting the matter for processing required a report on whether csequeira@muniguatuso.go.cr was an official mechanism for receiving submissions, the report did not expressly address that point. In those circumstances, the Administration’s actual and acknowledged receipt precludes disregarding the submission of the request on the basis of a merely formal objection to the channel used.\n\nVII.- Specific case. The request was received on 14 July 2026. The ordinary ten-business-day period expired without the Municipalidad responding, requesting a correction, referring the submission, or communicating a justified extension. By 22 August 2026, when the amparo application was filed, the omission had already occurred. The mayor himself acknowledged under oath that, as of that date, no comprehensive response had been communicated. The need to consult internal records or coordinate with the Dirección de Geología y Minas did not relieve the municipal government of its duty to inform the requester in a timely manner of the status of the submission or to use the exceptional extension mechanism within the statutory period when appropriate.\n\nVIII.- The communication of 9 September 2026 was issued after service on 4 September of the ruling admitting the matter for processing. Moreover, it did not fully satisfy the request. The Municipalidad identified two concessions and their maximum authorized volumes but left pending material information concerning the revenue received, payments by concession holder, volumes actually extracted and sold, inspections conducted, and any administrative actions, collection efforts, or complaints. The report merely stated that some of that information remained under verification and would be provided later, without offering proof that it was subsequently delivered. A partial response left open for future supplementation does not satisfy the requirements of Articles 27 and 30 of the Constitution when the statutory periods have long since expired.\n\nIX.- The request to apply Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. The respondent authority requests the application of the first paragraph of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Under the majority’s interpretation in this Chamber, supervening satisfaction of the claim after the amparo proceeding is underway permits the application to be granted pursuant to the aforementioned Article 52 of the Law governing this jurisdiction and requires an assessment, in the specific case, of whether costs, damages, and losses are warranted. That circumstance presupposes that the challenged action has actually been revoked, stopped, or suspended. Complete satisfaction was not established here: the response was untimely and left several central matters unanswered. It is therefore inappropriate to conclude the matter solely on the basis of extrajudicial satisfaction or to exempt the municipal government from the consequence provided for in Article 51 of the cited law. The amparo must be granted and completion of the response ordered, without prejudice to the Municipalidad providing reasons for any legal restriction on access, protecting confidential information, and specifying that a document does not exist or is not in its custody, as applicable.\n\nX.- DOCUMENTATION SUBMITTED IN THE CASE. The parties are advised that, if they submitted any paper document or any objects or evidence contained on an additional electronic, computerized, magnetic, optical, or telematic device or one produced through new technologies, these must be collected from the Court within a maximum period of thirty business days following service of this judgment. Otherwise, any material not collected within that period will be destroyed pursuant to the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena at Session N° 27-11 of 22 August 2011, Article XXVI, and published in the Boletín Judicial N° 19 of 26 January 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at Session N° 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI.\n\nTHEREFORE\n\nThe amparo application is granted. CARLOS SEQUEIRA OROZCO, in his capacity as mayor of the Municipalidad de Guatuso, or whoever holds that office, is ordered to take the necessary measures so that, within TEN DAYS following service of this judgment, [Name 001] is provided with a comprehensive, clear, consistent, and duly served response addressing every matter in the request submitted on 14 July 2026, and is given the corresponding public documents. If any data or document does not exist, is not in the possession of the Municipalidad, or is subject to a legal restriction on access, that circumstance must be specifically stated and explained. The respondent authority is advised that, pursuant to Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, any person who receives an order issued in an amparo proceeding that the person must comply with or ensure compliance with, and who fails to comply with it or ensure its compliance, shall be punished by imprisonment for three months to two years or by a fine of twenty to sixty days, provided that the offense is not subject to a more severe penalty. The Municipalidad de Guatuso is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts underlying this ruling, which shall be assessed in proceedings to enforce the judgment before the administrative-litigation jurisdiction.-\n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\n HSCAX9VH6B061 \n\nCASE N° 26-030695-0007-CO \n\n \n\nTelephone numbers: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 meters south of the Perpetuo Socorro church)."
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