{ "id": "nexus-sen-1-0007-1426863", "citation": "Res. 33817-2026 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Amparo denegado por atención oportuna de ayuda tras inundación", "title_en": "Amparo Denied Because Flood Assistance Was Timely Addressed", "summary_es": "La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo interpuesto por una madre de cuatro personas menores de edad, una de ellas con autismo grado 3, quien solicitó asistencia después de que el desbordamiento de un caño inundara su vivienda y destruyera bienes esenciales. Respecto de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), la Sala no constató una lesión porque la recurrente remitió su correo a una dirección distinta del mecanismo oficial para recibir esas gestiones. En cuanto al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), determinó que entre la solicitud del 3 de julio de 2026 y la interposición del amparo el 9 de julio de 2026 no había transcurrido un plazo irrazonable. Además, el IMAS inspeccionó posteriormente la vivienda y recomendó un beneficio para adquirir enseres esenciales y atender necesidades básicas. La Sala conoció el fondo como excepción por tratarse de una gestión de ayuda en favor de personas menores de edad.", "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) denied the amparo application filed by a mother of four minors, one of whom has grade 3 autism, who sought assistance after an overflowing drainage channel flooded her home and destroyed essential belongings. As to the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), the Chamber found no violation because the applicant sent her email to an address other than the official channel for receiving such requests. Regarding the Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), it held that no unreasonable period had elapsed between the assistance request on 3 July 2026 and the filing of the amparo on 9 July 2026. Moreover, IMAS subsequently inspected the home and recommended emergency assistance for essential household goods and basic needs. The Chamber examined the merits as an exception to its usual jurisdictional approach because the request sought assistance for minors.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "03/09/2026", "year": "2026", "topic_ids": [], "primary_topic_id": null, "es_concept_hints": [ "recurso de amparo", "Sala Constitucional", "gestión de ayuda", "justicia pronta y cumplida", "Contraloría de Servicios", "Atención en Situación de Emergencia", "jurisdicción contencioso-administrativa", "ambiente sano y ecológicamente equilibrado" ], "article_citations": [], "keywords_es": [ "recurso de amparo", "inundación", "ayuda de emergencia", "IMAS", "CNE", "personas menores de edad", "persona con discapacidad", "plazo razonable", "derecho de petición", "ambiente sano", "calidad de vida", "gestión del riesgo", "jurisdicción contencioso-administrativa" ], "keywords_en": [ "amparo proceeding", "flooding", "emergency assistance", "IMAS", "CNE", "minors", "person with a disability", "reasonable time", "right of petition", "healthy environment", "quality of life", "risk management", "administrative-litigation jurisdiction" ], "excerpt_es": "En lo que respecta la CNE, la Sala tuvo por probado que, el 6 de julio de 2026, la recurrente envió un correo electrónico a la dirección ...05, relacionado con el objeto de este proceso. Sin embargo, la dirección para la atención de usuarios de la Contraloría de Servicios de la CNE es ...01. En ese tanto, no se verifica lesión alguna en perjuicio de la tutelada, visto que envió su correo a una dirección que no era el mecanismo oficial para la atención de tales gestiones.\n\nAtinente al IMAS, la Sala corroboró que, el 3 de julio de 2026, la recurrente solicitó ayuda ese instituto, debido a la inundación de su casa. Luego, el 3 de agosto de 2026, el IMAS efectuó una visita domiciliar y recomendó el otorgamiento del beneficio de Atención en Situación de Emergencia para la compra de enseres esenciales para el hogar de la persona recurrente y recurso económico para necesidades básicas.\n\nAhora bien, al valorar que la gestión ante el IMAS fue presentada el 3 de julio de 2026, la Sala establece que no había transcurrido un plazo irrazonable de tiempo para su atención al momento de interposición de este amparo, el 9 de julio de 2026. En todo caso, la Sala extrae que el IMAS ya inspeccionó la vivienda de la interesada y recomendó el otorgamiento del beneficio respectivo. En virtud de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso.", "excerpt_en": "Regarding the CNE, the Chamber found it proven that, on 6 July 2026, the amparo applicant sent an email to address ...05 concerning the subject matter of this proceeding. However, the address for assisting users of the CNE Services Comptroller's Office is ...01. Accordingly, no violation affecting the person whose rights were to be protected has been established, since she sent her email to an address that was not the official channel for handling such requests.\n\nAs to IMAS, the Chamber confirmed that, on 3 July 2026, the applicant requested assistance from that institute because her house had flooded. Then, on 3 August 2026, IMAS conducted a home visit and recommended granting the Emergency Assistance benefit to purchase essential household goods for the applicant's home and provide financial resources for basic needs.\n\nConsidering that the request before IMAS was submitted on 3 July 2026, the Chamber determines that an unreasonable period for addressing it had not elapsed when this amparo was filed on 9 July 2026. In any event, the Chamber notes that IMAS has already inspected the interested person's home and recommended granting the corresponding benefit. For these reasons, the application is denied.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The Chamber denied the amparo because the request to the CNE was sent to a nonofficial address and IMAS addressed the request within a period the Chamber did not consider unreasonable, inspected the home, and recommended assistance for essential household goods and basic needs.", "summary_es": "La Sala declaró sin lugar el amparo porque la gestión ante la CNE se remitió a una dirección no oficial y el IMAS atendió la solicitud dentro de un plazo que no consideró irrazonable, inspeccionó la vivienda y recomendó ayuda para enseres esenciales y necesidades básicas." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando I", "quote_en": "Specifically, this case presents an exception because it concerns a request for assistance on behalf of minors.", "quote_es": "Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción pues se está ante una gestión de ayuda a favor de personas menores de edad." }, { "context": "Considerando II", "quote_en": "The applicant states that, because of heavy rains, a drainage channel near her house overflowed and flooded it. She states that she requested assistance from the CNE and IMAS. However, she has not yet received it.", "quote_es": "La parte recurrente indica que, debido a las fuertes lluvias, un caño se desbordó cerca de su casa y la inundó. Afirma que solicitó ayuda a la CNE y al IMAS. Sin embargo, todavía no la ha recibido." }, { "context": "Nota del magistrado Salazar Alvarado, Considerando VI", "quote_en": "Nevertheless, I do examine the merits when other rights of persons affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from pollution under Article 50 of the Constitution, as occurs here, where the applicant submitted a request for assistance on behalf of minors, involving a violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified quality of life.", "quote_es": "No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente presentó una gestión de ayuda a favor de personas menores de edad, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida." }, { "context": "Por tanto", "quote_en": "The application is denied. Justice Castillo Víquez adds a separate note. Justice Salazar Alvarado records a separate note.", "quote_es": "Se declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez pone nota. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1426863", "tier": 2, "is_environmental": true, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Revisión del Documento\n\n\n\nExp: 26-024678-0007-CO \n\nRes. Nº 2026033817\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del tres de setiembre de dos mil veintiseis .\n\n Recurso de amparo que se tramita en el expediente nro. 26-024678-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra la INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS) y la COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS (CNE).\n\nResultando:\n\n1.- Por escrito recibido en la Sala el 9 de julio de 2026, la persona accionante interpone un recurso de amparo. Manifiesta que es madre de 4 menores de edad, uno de ellos con autismo grado 3, condición acreditada mediante dictamen emitido por la Caja Costarricense de Seguro Social y requiere supervisión permanente y una atención especializada, razón por la cual se desempeña como su cuidadora principal. Indica que detrás de su vivienda pasa un caño que, por muchos años, la Municipalidad no ha limpiado ni le ha dado mantenimiento. Manifiesta que este caño siempre inunda el patio cada vez que llueve y, como consecuencia de las fuertes lluvias recientes, se desbordó y las aguas negras ingresaron a su hogar, ocasionando daños materiales y exponiendo a su familia, especialmente a sus hijos menores y a su hijo con discapacidad, a un alto riesgo para su salud y su integridad. Narra que ante esta emergencia realizó los reportes correspondientes al Sistema de Emergencias 911, con los números 2026- 07-05-3341 y 2026-07-0302657, y envió correos electrónicos al IMAS y ala Contraloría de Servicios de esa institución, a la municipalidad y a su contraloría municipal, pero, al estar en vacaciones no hubo ninguna respuesta efectiva ni funcionarios que atendieran una situación de emergencia que ponía en riesgo la vida y la dignidad de su familia. Agrega que estima inadmisible que, durante una emergencia nacional, las instituciones públicas no cuentan con mecanismos efectivos de atención para la población más vulnerable, dejándolo completamente desprotegidos. Indica que anteriormente solicitó al IMAS la ayuda como cuidadora de su hijo con discapacidad, pero, le fue negada bajo el argumento de que él recibe una pensión (se refieren a la pensión especial por la ley 8769 por un monto de 373.000 colones con la que no cubre ni la alimentación selectiva por su condición, terapias y tutorías). Manifiesta que su hijo presenta selectividad alimentaria severa, por lo que, únicamente tolera una alimentación muy específica, indispensable para preservar su salud, la cual consiste en lo siguiente: desayuno con filete de pescado con puré de papa; almuerzo con bistec, zucchini y kiwi picado; cena con una bebida de Pediasure. Narra que estos alimentos representan un costo muy elevado y como viven al amparo de su hermana, con gran esfuerzo consiguió provisiones para 7 días para que su hijo no se desnutriera, ya que no come absolutamente nada más, pero, esta alimentación se perdió completamente durante la inundación y su hijo de 3 años perdió la leche, pañales y demás artículos indispensables para su cuidado. Agrega que la inundación destruyó todos sus bienes esenciales, línea blanca, sillones utilizados por su hijo con autismo para su regulación sensorial, alimentos, colchones, ropa, implementos de higiene y uso personal, roperos, trastero, útiles escolares, uniformes escolares, zapatos escolares y cobijas.\n\n2.- Por resolución de las 16:43 horas del 29 de julio de 2026 se dio curso al amparo.\n\n3.- Informa bajo juramento Alejandro José Picado Eduarte, en su condición de presidente de la CNE, lo siguiente: “I. HECHOS ESBOZADOS POR LA PARTE RECURRENTE (en resumen); PRIMERO: Es madre de 4 menores de edad, uno de ellos con autismo grado 3, condición acreditada mediante dictamen emitido por la Caja Costarricense de Seguro Social y requiere supervisión permanente y una atención especializada, razón por la cual se desempeña como su cuidadora principal. Indica que detrás de su vivienda pasa un caño que, por muchos años, la Municipalidad no ha limpiado ni le ha dado mantenimiento. HECHO PRIMERO: Son manifestaciones de la recurrente, así como actuaciones del ente Municipal. SEGUNDO: Manifiesta que este caño siempre inunda el patio cada vez que llueve y, como consecuencia de las fuertes lluvias recientes, se desbordó y las aguas negras ingresaron a su hogar, ocasionando daños materiales y exponiendo a su familia, especialmente a sus hijos menores y a su hijo con discapacidad, a un alto riesgo para su salud y su integridad. Narra que ante esta emergencia realizó los reportes correspondientes al Sistema de Emergencias 911, con los números 202607-05-3341 y 2026-07-0302657, y envió correos electrónicos al IMAS y a la Contraloría de Servicios de esa institución, a la municipalidad y a su contraloría municipal, pero, al estar en vacaciones no hubo ninguna respuesta efectiva ni funcionarios que atendieran una situación de emergencia que ponía en riesgo la vida y la dignidad de su familia. HECHO SEGUNDO: Son manifestaciones de la recurrente. Aunado a lo anterior las labores de mitigación y mantenimiento en infraestructura pública corresponden ejecutarlas a otras instancias, sea gobierno local y/u otros entes del Estado (IMAS, MINISTERIO DE SALUD), ya que el mantenimiento como acción ordinaria no puede ser brindada por la CNE. Asimismo, no se trata de una afectación ligada a algún Decreto de Emergencia vigente y por ende no se encuentra contemplado el posible daño en un Plan General de la Emergencia, por lo que no estaríamos entonces en presencia de una situación que pueda ser atendida por la Comisión bajo ninguna de las dos competencias otorgadas por la Ley No. 8488. TERCERO: Agrega que estima inadmisible que, durante una emergencia nacional, las instituciones públicas no cuentan con mecanismos efectivos de atención para la población más vulnerable, dejándolo completamente desprotegidos. Indica que anteriormente solicitó al IMAS la ayuda como cuidadora de su hijo con discapacidad, pero, le fue negada bajo el argumento de que él recibe una pensión (se refieren a la pensión especial por la ley 8769 por un monto de 373.000 colones con la que no cubre ni la alimentación selectiva por su condición, terapias y tutorías). HECHO TERCERO: Son manifestaciones subjetivas de la recurrente. Aunado a lo anterior, no se trata de una afectación ligada a algún Decreto de Emergencia vigente y por ende no se encuentra contemplado el posible daño en un Plan General de la Emergencia, por lo que no estaríamos entonces en presencia de una situación que pueda ser atendida por la Comisión bajo ninguna de las dos competencias otorgadas por la Ley No. 8488. HECHO CUARTO: Manifiesta que su hijo presenta selectividad alimentaria severa, por lo que, únicamente tolera una alimentación muy específica, indispensable para preservar su salud, la cual consiste en lo siguiente: desayuno con filete de pescado con puré de papa; almuerzo con bistec, zucchini y kiwi picado; cena con una bebida de Pediasure. Narra que estos alimentos representan un costo muy elevado y como viven al amparo de su hermana, con gran esfuerzo consiguió provisiones para 7 días para que su hijo no se desnutriera, ya que no come absolutamente nada más, pero, esta alimentación se perdió completamente durante la inundación y su hijo de 3 años perdió la leche, pañales y demás artículos indispensables para su cuidado. Agrega que la inundación destruyó todos sus bienes esenciales, línea blanca, sillones utilizados por su hijo con autismo para su regulación sensorial, alimentos, colchones, ropa, implementos de higiene y uso personal, roperos, trastero, útiles escolares, uniformes escolares, zapatos escolares y cobijas. CUARTO: Son Manifestaciones de la recurrente. Aunado a lo anterior las labores de mitigación y mantenimiento en infraestructura pública corresponden ejecutarlas a otras instancias, sea gobierno local y/u otros entes del Estado (IMAS, MINISTERIO DE SALUD), ya que el mantenimiento como acción ordinaria no puede ser brindada por la CNE. Asimismo, no se trata de una afectación ligada a algún Decreto de Emergencia vigente y por ende no se encuentra contemplado el posible daño en un Plan General de la Emergencia, por lo que no estaríamos entonces en presencia de una situación que pueda ser atendida por la Comisión bajo ninguna de las dos competencias otorgadas por la Ley No. 8488. II. GESTIÓN DEL RIESGO EN COSTA RICA. Según la Ley № 8488, artículo 4 se entiende a la gestión de riesgo como un “proceso mediante el cual se revierten positivamente las condiciones de vulnerabilidad de la población, los asentamientos humanos, la infraestructura, así como de las líneas vitales, las actividades productivas de bienes y servicios y el ambiente. Es un modelo sostenible y preventivo, al que se incorporan criterios efectivos de prevención y mitigación de desastres dentro de la planificación territorial, sectorial y socioeconómica, así como la preparación, atención y recuperación ante las emergencias.” En el mismo sentido la gestión del riesgo se define como un “proceso continuo de análisis, planificación de la toma de decisiones y ejecución de acciones para identificar, prevenir y reducir las posibilidades de que un evento potencialmente destructivo (amenaza) cause daño o perturbación grave en la vida de las personas, el tejido socioeconómico, los medios de subsistencia y los ecosistemas de los territorios, así como establecer las herramientas para responder de forma adecuada, en caso de que de todas formas se materialice un impacto, con el objetivo de permitir una recuperación eficiente, sin reconstruir la vulnerabilidad, después de un desastre”. La gestión de riesgo presenta ámbitos distintos de intervención: desde lo nacional, regional y sectorial hasta lo local, comunitario y familiar. Además, requiere la existencia y el funcionamiento de sistemas y estructuras organizacionales e institucionales que representan esos ámbitos y que reúnan, bajo modalidades de coordinación establecidas, sus papeles diferenciados acordados, sus instancias colectivas de representación social de los diferentes actores e intereses que participan en la construcción del riesgo y en su reducción, previsión y control, deben ser definidas adecuadamente. La gestión de este riesgo es la base principal del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo entendido este como la articulación integral, organizada, coordinada y armónica de los órganos, las estructuras, las relaciones funcionales, los métodos, los procedimientos y los recursos de todas las instituciones del Estado, procurando la participación de todo el sector privado y la sociedad civil organizada. Su propósito es la promoción y ejecución de los lineamientos de la política pública que permiten tanto al Estado Costarricense como a los distintos sectores de la actividad nacional, incorporar el concepto de gestión del riesgo como eje transversal de la planificación y de las prácticas del desarrollo. De la anterior definición se deduce, 1- Que el riesgo es transversal al quehacer de todas las actividades tanto públicas como privadas, 2- Que la gestión de éste debe ser una política pública del Estado Costarricense, 3- Que esta política queda plasmada en el Plan Nacional de Gestión de Riesgo; documento elaborado por Comisión, acto que materializa esa política pública y debe ser consultado de forma obligatoria por los órganos y entes del Estado responsables de las tareas de planificación, quienes a la hora de elaborar los respectivos planes tomarán en cuenta las orientaciones señaladas en dicho Plan. De igual forma al elaborar planes, programas y proyectos de desarrollo urbano, se deberá considerar el componente de prevención y mitigación del riesgo, todo de conformidad con el artículo 8 de la Ley No. 8488. Como puede extraerse de lo hasta aquí expuesto, la Comisión cumple con una función rectora en prevención de riesgos y una función coordinadora cuando de atender emergencias se trate, o, dicho de otra forma, la Comisión por principio de legalidad, le corresponde dirigir, orientar, encaminar la prevención del riesgo en Costa Rica y ser la coordinadora de las instituciones estatales cuando de emergencias se trate. III. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO COSTARRICENSE EN LA PREVENCIÓN DE DESASTRES. La Ley № 8488 también concibe la gestión del riesgo como “…un eje transversal de la labor del Estado costarricense; articula los instrumentos, los programas y los recursos públicos en acciones ordinarias y extraordinarias, institucionales y sectoriales, orientadas a evitar la ocurrencia de los desastres y la atención de las emergencias en todas sus fases. Toda política de desarrollo del país debe incorporar tanto los elementos necesarios para un diagnóstico adecuado del riesgo y de la susceptibilidad al impacto de los desastres, así como los ejes de gestión que permitan su control” (Artículo № 5, Ley № 8488). Con base en lo dispuesto en los artículos 3, 8, 25 y 26 de la misma ley, todas las instituciones del Estado, incluyendo principalmente a las Municipalidades, tienen el imperativo mandato de prevenir los desastres y, en particular, son los gobiernos locales quienes deben incorporar la prevención como componente de los proyectos de desarrollo urbano, considerando en sus programas los conceptos de riesgo y desastre incluyendo las medidas de gestión ordinaria que les sean propias y oportunas para evitar su manifestación, promoviendo una cultura que tienda a reducirlos. Del mismo modo, todas las instituciones públicas deben coordinar con la CNE sus programas y actividades de prevención, considerándolos como un proceso de política pública que deberá operar en forma permanente y sostenida, con el enfoque sistémico y del Plan Nacional de Gestión del Riesgo. Disponiéndose adicionalmente en el artículo 27, la obligación de que, en los presupuestos de cada institución pública, se incluya la asignación de recursos para el control del riesgo de los desastres, considerando la prevención como un concepto afín con las prácticas de desarrollo que se promueven y realizan. La importancia de la corresponsabilidad y compromiso local de la gestión del riesgo por parte de las municipalidades radica en que las emergencias y posibles desastres se pueden materializar en sus territorios, por lo que su reacción y sobre todo la prevención deben ser propias de su quehacer cotidiano. Aún los desastres “grandes” que afectan el territorio nacional, son en realidad la suma de amenazas y vulnerabilidades que ocurren de manera simultánea, localizada y altamente dinámica, en el territorio municipal, producto de la concatenación de las relaciones físicas, sociales, económicas y políticas. IV. EMERGENCIAS NO DECLARADAS O DE PRIMER IMPACTO. Cabe indicar que la Ley N°8488 como parte de las competencias extraordinarias faculta a la CNE de atender las emergencias locales y menores mediante la figura de los “Primeros Impactos” dado que el artículo 15 en su párrafo final indica: “(…) Salvo lo dispuesto en los incisos anteriores, la Comisión atenderá, sin que medie una de emergencia por parte del Poder Ejecutivo, las emergencias locales y menores que, por la alta frecuencia con que ocurren y la seria afectación que provocan en las comunidades, demandan la prestación de un servicio humanitario de primer impacto, consistente en la entrega de cobijas, alimentación, colchonetas y de ser necesario, la adquisición de materiales para rehabilitar los servicios básicos y habilitar albergues, así como la contratación de un máximo de cien horas máquina para la limpieza del área más afectada de la zona.(El subrayado no es del original) Ahora bien, el párrafo final del artículo 15 se refiere a un servicio humanitario de primer impacto. La Ley utiliza el término “primer impacto” para referirse a la primera fase de atención de una emergencia declarada. En efecto, el artículo 30 de la Ley, que divide dicha atención en la fase de respuesta, de rehabilitación y finalmente de reconstrucción, establece que la fase de respuesta es inmediata a la ocurrencia del suceso. Fase que incluye medidas urgentes de primer impacto orientadas a salvaguardar la vida, la infraestructura de los servicios públicos vitales, propiedad y ambiente. Pero también obras de mitigación dirigidas a proteger a la población, la infraestructura y el ambiente. El artículo 4 define respuesta como las acciones inmediatas a la ocurrencia de una emergencia; procuran el control de una situación, para salvaguardar obras y vidas, evitar daños mayores, y estabilizar el área de la región impactada directamente por la emergencia. En este sentido, sin que medie una declaratoria de emergencia, la Comisión podrá atender las emergencias locales y menores, para lo cual se permite la contratación de un máximo de 300 horas máquina para la limpieza del área afectada. Asimismo, el artículo 30 inciso a) de la misma ley establece que en la Fase de respuesta, la cual es una fase operativa inmediata a la ocurrencia del suceso, se incluyen las medidas urgentes de primer impacto orientadas a salvaguardar la vida, la infraestructura de los servicios públicos vitales, la producción de bienes y servicios mediante acciones de alerta, alarma, evacuación y reubicación, entre otras. La Procuraduría General de la Republica mediante Dictamen C-030-2016 del 15 de febrero de 2016, respecto a los primeros impactos indicó: “Como se indicó, la atención de las emergencias locales o menores corresponde a la Comisión. Empero, al estarse ante acciones calificadas de primer impacto, cabe considerar que la Comisión no actúa sola. Entre las instancias de coordinación creadas por el artículo 10 de la Ley, encontramos el Centro de Operaciones de Emergencia, órgano de la Comisión, que reúne las instituciones públicas, gubernamentales o no, “que trabajan en la fase de primera respuesta y rehabilitación a la emergencia”. Es este órgano el que prepara y ejecuta las labores de primera respuesta ante situaciones de emergencia. Tomando en cuenta los órganos de coordinación dispuestos por la Ley, puede afirmarse que la emergencia local o menor involucra a todos los organismos con competencia respecto de los daños provocados. Se debe tomar en cuenta que para la atención de esas emergencias menores, la Ley permite a la Comisión trasladar a comités regionales, municipales y comunales en custodia y administración suministros y equipos de “primera respuesta”, para ser utilizados en la atención de la población afectada, artículo 52. Ergo, los citados comités participan en la atención de las citadas emergencias menores y locales, en su caso, con los bienes trasladados por la CNE”. V. EMERGENCIAS DECARADAS BAJO DECRETO EJECUTIVO. En lo que respecta al Régimen de Excepción, este surge a partir de una Declaratoria de Estado de Emergencia, la cual es realizada por el Poder Ejecutivo, según lo dispone el artículo 29 de la Ley N°8488. La Declaración de Emergencia permite un tratamiento de excepción ante la rigidez presupuestaria, en virtud del artículo 180 de la Constitución Política, con el fin de que el Gobierno pueda obtener ágilmente suficientes recursos económicos, materiales o de otro orden para, para atender a las personas, los bienes y servicios afectados o en peligro (art. 31 Ley N°8488); según sea la necesidad en las distintas etapas de la emergencia según lo establece el artículo 30 de la citada ley. Para utilizar el régimen de excepción deberá existir INEQUÍVOCAMENTE el nexo de causalidad entre el suceso que provoca el estado de necesidad y urgencia y los daños efectivamente provocados. En este sentido, la Sala Constitucional en el Voto número 3410- 92 reiterado en el Voto número 1369-2001 de las catorce horas treinta minutos del catorce de febrero del dos mil uno, indicó: “se exige la existencia de un nexo de causalidad para la intervención de la CNE entre el evento ocurrido y la inversión que se realiza, debidamente respaldado por un decreto de emergencia dictado por el Poder Ejecutivo y un Plan General de Emergencias, entendido como una definición de funciones y de responsabilidades y procedimientos generales de reacción y de alertas institucionales […]” Una vez declarado un Estado de Emergencia, la atención de la emergencia se ejecuta mediante tres fases según lo estable el artículo 30 de la citada, las cuales consisten en una fase de respuesta dirigida a aplicar medidas urgentes para la vida, la infraestructura de servicios públicos vitales, la producción de bienes y servicios vitales; por otra parte, tenemos la fase de rehabilitación que refiere a la estabilización de la región afectada, mediante acciones orientadas a la rehabilitación temporal de los servicios vitales de agua, transporte, telecomunicaciones, salud, comercio, electricidad, entre otros, y por último tenemos la fase de reconstrucción destinada a reponer el funcionamiento normal de los servicios públicos afectados; incluye la reconstrucción y reposición de infraestructura pública y de interés social dañadas, así como la implementación de las medidas de regulación del uso suelo de la tierra orientada a evitar daños posteriores. Cuando el Poder Ejecutivo haya emitido el decreto que declara el estado de emergencia, de inmediato la Comisión, por medio de su Dirección Ejecutiva y en consulta con su Presidencia, convocará a las Instituciones que tengan competencia y cualquier otra que considere necesaria por estar dentro del área de afectación de la emergencia, para la elaboración del Plan General de la Emergencia, instrumento que permitirá planificar y canalizar en forma racional, eficiente y sistemática, las acciones que deban realizarse, la supervisión necesaria y la asignación de los recursos que se requieren. Con este propósito dentro de un plazo máximo de dos meses, las instituciones convocadas deberán entregar un reporte oficial de los daños que sufrió el área de su competencia, con una estimación de los costos y las necesidades que deban cubrirse. Debe existir, en forma inequívoca, una relación de causa- efecto en este reporte de daños. Con los reportes presentados y la demás documentación que la Comisión acredite, se elaborará el Plan General de la Emergencia. El Plan General de la Emergencia es el instrumento de planificación que establece el efecto de causalidad entre el evento ocurrido, las acciones y la inversión que se realiza para enfrentar la emergencia. Consta de una descripción del evento causal, la evaluación de los daños y la estimación de las pérdidas generadas, desglosados por cantón y sector; igualmente, incluye la delimitación de las acciones que debe realizar cada institución, incluso las propias de la Comisión; así como un detalle del monto de la inversión que se requiere hacer en cada una de las fases de la atención de la emergencia, desde la fase de respuesta, hasta la reconstrucción de la zona afectada. Igualmente deben indicarse las medidas de acción inmediata, las necesidades de recursos humanos y materiales para enfrentar el evento, las medidas de acción mediata, como las referentes a la rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas, la erradicación y la prevención de las situaciones de riesgo que provocaron la situación de emergencia. Todas las instituciones están obligadas por esta Ley a contribuir en lo necesario, con información y apoyo técnico para la elaboración del Plan General de la Emergencia. La redacción de este Plan como las responsabilidades referidas a la ejecución posterior tendrán prioridad por encima de las labores ordinarias de cada institución particular, en tanto esté vigente el estado de emergencia. Para ejecutar las acciones, las obras y los contratos, la Comisión nombrará como Unidades Ejecutoras a las instituciones públicas con competencia en el área donde se desarrollen las acciones, siempre que éstas cuenten con una estructura suficiente para atender los compromisos; tanto la Comisión como las unidades ejecutoras quedaran obligadas a la elaboración de los planes de inversión, donde se detallen, en forma pormenorizada, las acciones, las obras y los recursos financieros que emplearán para atender lo que les sea asignado y que deberán ser aprobados por la Junta Directiva de la Comisión. El nombramiento de Unidades Ejecutoras permite la asignación de recursos de la emergencia lo que implica el uso y manejo de los recursos conforme los procedimientos correspondientes. Al respecto, debe tomarse en cuenta que el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley dispone que la contratación de los bienes y servicios financiados con recursos del Fondo para la atención de emergencias declaradas se regirá por los principios de la Ley de la Contratación Administrativa, las disposiciones del Reglamento Interno de la Proveeduría institucional y disposiciones específicas que sean emitidas para esa contratación. La Procuraduría General de la República en la Opinión Jurídica N° 044 - J del 20 de julio del 2012 se refirió al tema señalando: “(…) Si bien en el Plan General deben constar todas las acciones que se deben realizar para dar respuesta a la emergencia, en sus distintas fases, los organismos que serán responsables de esas acciones y la inversión general que requerirá la emergencia en sus distintas fases, lo cierto es que a partir de que se nombra a un organismo como unidad ejecutor, este deviene obligado a elaborar un plan de inversión, que describa las acciones, las obras y los recursos financieros que empleará para atender las labores que le corresponden. Es decir, un plan de acción de sus obligaciones respecto de la emergencia, tal como esas obligaciones resultan del Plan General. Ese plan de inversión no puede circunscribirse a mencionar los grandes ejes de acción, ya que la ley no solo señala que debe contener una descripción detallada, sino que agrega que esta es pormenorizada; lo que obliga a considerar que las acciones deben ser descritas en sus diversos elementos a efecto de precisar cómo se dará respuestas a las necesidades provocadas. Se deriva de lo anterior que el plan de inversión es consecuencia del Plan General. Por consiguiente, debe contemplar las acciones previstas en el Plan General y guardar el nexo de causalidad correspondiente entre la emergencia y las acciones que se financiarán con ese nuevo plan (…)” (El subrayado no es del original). VI. POTESTADES Y RESPONSABILIDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS MEDIANTE EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Es deber del gobierno municipal garantizar mediante el planeamiento, y el ejercicio de la potestad de policía, que el desarrollo urbanístico atienda a criterios de seguridad, salubridad, y sostenibilidad ambiental. Lo anterior, en resguardo de los derechos de los ciudadanos. Desprendiéndose directamente del artículo 169 de la Constitución Política, del Código Municipal, la Ley de Planificación Urbana, la Ley de Construcciones y de la normativa conexa, es responsabilidad absoluta y exclusiva de las municipalidades ordenar el territorio bajo su jurisdicción. Este deber insoslayable ha sido ampliado en diversos criterios de la Procuraduría General de la República, entre ellos, el C-093-2007 del 27 de marzo de 2007, el C-020-2009 del 29 de enero de 2009, el C-118-2009 del 4 de mayo de 2009, el C-155- 2009 del 01 de junio de 2009, el C-091-2010 del 03 de mayo de 2010, y varios más en la misma tesitura. La Sala Constitucional ha ratificado esta responsabilidad, en resoluciones como las número 2153-93, 5305-93, 6706-93, 4205-96, 2000-431, 2000-06653, 2001- 07485, 2002-01220, 2002-05996, 2002-07751, 2003-11397, 2004-1915, 2004-14404, 2004-01915, 2004-09439, 2005-04002 y 2005-07516, entre muchas otras. Al respecto, ha señalado el jurista Eduardo Ortiz Ortiz, citado en Dictamen C-032-98 del 25 de febrero de 1998, de la Procuraduría General de la República: \"La competencia municipal para dictar los planes urbanísticos proviene de la ley, puesto que cubre materia constitucionalmente reservada a ésta, pero tiene también fundamento constitucional, puesto que es materia local. Esto quiere decir que la ley no puede hacer la delegación sino en el Municipio y que sería inconstitucional, por violatoria de la autonomía municipal la ley que hiciera lo contrario y habilitara, por ejemplo, al Poder Ejecutivo.\" Adicionalmente, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda ha emitido sentencias concordantes con la posición de la Procuraduría General, como la resolución N°128-2008 de las 10:30 minutos del 7 de marzo de 2008, la N°209-2011, de las 14:30 del 16 de junio del 2011, y la N°124-2011, de las 09:50 minutos del 15 de abril del 2012, entre muchas otras, recalcando la absoluta responsabilidad de los gobiernos locales en cuanto al ordenamiento territorial. El Acuerdo N°0443 del 30 de noviembre del 2011 de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias tomado en la Sesión Extraordinaria No.10-11, celebrada el día miércoles 09 de noviembre de 2011 y publicado en la Gaceta N°230 del 30 de noviembre del 2011 denominado: “Recomienda a los alcaldes y alcaldesas que procedan de inmediato al desalojo de los ocupantes de las zonas de reconocido riesgo y peligro inminente y demoler las edificaciones ubicadas en ellas” que textualmente concluye indicando: a. Recomendar a todos los Alcaldes y Alcaldesas del país: i. Que conforme a los deberes y atribuciones que la Constitución Política en sus artículos 50 y 169, el Código Municipal, la Ley de Planificación Urbana, la Ley de Construcciones, la Ley Orgánica del Ambiente, el artículo 33 de la Ley Forestal, y normativa conexa, la Ley General de Salud y la amplia jurisprudencia sobre el tema les imponen, procedan de inmediato al desalojo de los ocupantes de las zonas de reconocido riesgo y peligro inminente, así como a demoler las edificaciones ubicadas en ellas, y a vigilar que no vuelvan a ser invadidas con asentamientos humanos, aplicando la secuencia procedimental citada en el Considerando IV, que se extrae de la resolución Nº 12485-2010 de la Sala Constitucional. ii. Que por el carácter vinculante que la Sala Constitucional les confiere, implementen de inmediato las recomendaciones que los técnicos de la CNE y de las instituciones académicas les han brindado reiteradamente a lo largo de muchos años y que son de su conocimiento, sobre acciones concretas y oportunas para salvaguardar la vida humana en zonas de reconocido riesgo y peligro inminente. Quedarán a disposición de las municipalidades en las oficinas de la CNE, los estudios y recomendaciones técnicas que se han girado históricamente en cada caso. Las Auditorías Internas y los Concejos Municipales deberán velar por el acatamiento de estas disposiciones. La desobediencia será considerada incumplimiento de deberes, y deberá ser elevada por las Auditorías Internas al conocimiento de la autoridad correspondiente. (…) d. Comunicar formalmente este Acuerdo a todos los Alcaldes y Alcaldesas, y a la Defensoría de los Habitantes. e. Publicar este Acuerdo y el mapa síntesis de amenazas naturales del país (disponible en la página Web, www.cne.go.cr) en el diario oficial y en un diario de circulación nacional. (El subrayado no es del original) En este punto, es necesario recordar que en virtud de que por mandato constitucional la administración de los intereses y servicios locales del cantón es competencia del Gobierno Local, y para el caso concreto, la Municipalidad, como una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad (artículo 2 del Código Municipal N° 7794), tiene plena capacidad jurídica para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines. VII. SOBRE EL CASO EN CONCRETO. De las competencias ordinarias de la CNE (Ley N°8488); “… Artículo 14.-Competencias ordinarias de prevención de la comisión. La Comisión será la entidad rectora en lo que se refiera a la prevención de riesgos y a los preparativos para atender situaciones de emergencia. Deberá cumplir las siguientes competencias: a) Articular y coordinar la política nacional referente a la prevención de los riesgos y a los preparativos para atender las situaciones de emergencia. Asimismo, deberá promover, organizar, dirigir y coordinar, según corresponda, las asignaciones requeridas para la articular el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y de sus componentes e instrumentos. Esta gestión la realizará en consulta permanente con los órganos y entes integrados al proceso. b) Realizar la promoción temática, por medio de programas permanentes de educación y divulgación. c) Dictar resoluciones vinculantes sobre situaciones de riesgo, desastre y peligro inminente, basadas en criterios técnicos y científicos, tendientes a orientar las acciones de regulación y control para su eficaz prevención y manejo, que regulen o dispongan su efectivo cumplimiento por parte de las instituciones del Estado, el sector privado y la población en general. Los funcionarios de los órganos y entes competentes para ejecutar o implementar tales resoluciones vinculantes, en ningún caso, podrán desaplicarlas. A las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que edifiquen o usen indebidamente zonas restringidas mediante estas resoluciones vinculantes, se les aplicará la obligación de derribar o eliminar la obra, conforme al artículo 36 de esta Ley. d) Ejercer control sobre la función reguladora realizada por las instituciones del Estado para controlar los procesos generadores de riesgo, según sus áreas de competencia, a partir de la facultad de la Comisión de emitir resoluciones vinculantes sobre condiciones de riesgo y atención de emergencias. e) Ejercer una función permanente de control, para que los órganos y entes del Estado incluyan criterios de gestión del riesgo, en la planificación y ejecución de los planes, programas y proyectos que promuevan el desarrollo del país. f) Promover y apoyar estudios e investigaciones en materias relacionadas con sus fines, así como la elaboración de proyectos que impulsen sistemas físicos, técnicos y educativos orientados a la prevención y mitigación de desastres, y a los preparativos para enfrentarlos. g) Promover y fomentar la vigilancia y el manejo de situaciones de riesgo, mediante el estudio o la implantación de medidas de observación, vigilancia y alerta, que permitan prever, reducir y evitar el impacto y daños de los posibles sucesos de desastre. Además, en caso necesario, coordinar la vigilancia y el manejo de tales situaciones. h) Asesorar a las municipalidades en cuanto al manejo de la información sobre las condiciones de riesgo que los afecta, como es el caso de la orientación para una política efectiva de uso de la tierra y del ordenamiento territorial. La asesoría deberá contribuir a la elaboración de los planes reguladores, la adopción de medidas de control y el fomento de la organización, tendientes a reducir la vulnerabilidad de las personas, considerando que, en el ámbito municipal, recae en primera instancia la responsabilidad de enfrentar esta problemática. i) Establecer y coordinar una instancia multi-institucional permanente de planificación, coordinación y dirección de las operaciones de emergencia. j) Establecer y mantener relaciones con entidades, nacionales e internacionales, gubernamentales o no gubernamentales, cuyo cometido sea afín a la institución; suscribir, con dichas entidades, acuerdos, convenios o contratos de intercambio y cooperación que se estimen convenientes. k) Fomentar la creación y el fortalecimiento de capacidades regionales, municipales y locales para el manejo de situaciones de emergencia. En caso necesario, incluye la participación en acciones de alerta, alarma, movilización y atención de la población. l) Realizar la gestión de la ayuda internacional, de agencias y países, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para los programas de prevención y la atención de emergencias. m) Coordinar la ayuda internacional que Costa Rica pueda ofrecer a otras naciones que hayan declarado emergencia en sus territorios, cuando lo acuerden el Presidente de la Republica y el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Dicha cooperación estará constituida por recursos humanos, asesoramiento técnico o donaciones de bienes y servicios, según lo permitan las posibilidades del país…” b. Competencias Extraordinarias: Establecidas en el artículo 15 de la Ley 8488;1 “Artículo 15.-Competencias extraordinarias de la comisión. Declarado el estado de emergencia establecido en el artículo 29 de esta Ley corresponderá a la Comisión planear, coordinar, dirigir y controlar las acciones orientadas a resolver necesidades urgentes, ejecutar programas y actividades de protección, salvamento y rehabilitación. Para ello, deberá ejecutar, como mínimo, las siguientes acciones: a) La coordinación, la dirección y el control de la atención de las emergencias declaradas así por el Poder Ejecutivo, se realizarán según las fases definidas en el artículo 30 de esta Ley; para ello la Comisión, por medio de la Dirección Ejecutiva, deberá elaborar el Plan General de la Emergencia, según los términos referidos en el Capítulo VI de esta Ley. b) Debe coordinar la evaluación de los daños, para lo cual las instituciones de la Administración Central, la Administración Pública Descentralizada del Estado, los Gobiernos Locales y las empresas estatales serán responsables de evaluar los daños y coordinar su realización con la Comisión. c) Planificar, coordinar, organizar y supervisar la ejecución de acciones de salvamento de los organismos públicos y privados, nacionales e internacionales. d) Coordinar las investigaciones científicas y técnicas necesarias para el Plan, así como los programas de recuperación física y económica, y darles el seguimiento necesario. e) Nombrar como unidades ejecutoras, a las instituciones públicas que tengan bajo su ámbito de competencia, la ejecución de las obras definidas en el Plan General de la Emergencia y supervisar su realización. f) Contratar al personal especial que requiera por periodos determinados y conforme a la declaración de emergencia. Salvo lo dispuesto en los incisos anteriores, la Comisión atenderá, sin que medie una declaratoria de emergencia por parte del Poder Ejecutivo, la entrega de cobijas, alimentación, colchonetas y la adquisición de materiales para rehabilitar los servicios básicos y habilitar albergues, así como la contratación de un máximo de trescientas horas máquina para la limpieza y atención prioritaria. Lo dispuesto en el presente párrafo aplica para cada uno de los casos de emergencias locales y menores que, por la alta frecuencia con que ocurren o la seria afectación que provocan en las comunidades, demandan la prestación de una atención extraordinaria. (Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1° de la ley para mejorar la atención de daños causados por desastres naturales, N° 9641 del 6 de marzo del 2019)…” El artículo 25 de la ley 8488, indica que es responsabilidad del Estado costarricense prevenir los desastres; por ello, todas las instituciones estarán obligadas a considerar en sus programas los conceptos de riesgo y desastre e incluir las medidas de gestión ordinaria que les sean propias y oportunas para evitar su manifestación, promoviendo una cultura que atienda a reducirlos. Asimismo, debe tenerse presente el Acuerdo N°0443 del 30 de noviembre del 2011, de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias tomado en la Sesión Extraordinaria No.10-11, celebrada el día miércoles 09 de noviembre de 2011 y publicado en la Gaceta N°230 del 30 de noviembre del 2011, se “Recomienda a los alcaldes y alcaldesas, que procedan de inmediato al desalojo de los ocupantes de las zonas de reconocido riesgo y peligro inminente y demoler las edificaciones ubicadas en ellas”. En este punto, es necesario recordar que en virtud de que por mandato constitucional la administración de los intereses y servicios locales del cantón es competencia del Gobierno Local, y para el caso concreto, la Municipalidad (…), como una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad (artículo 2 del Código Municipal N° 7794), tiene plena capacidad jurídica para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines. En otro orden de ideas, dentro del presupuesto y como parte de las potestades de los gobiernos locales en la prevención del riesgo, tenemos que de conformidad con la ley N° 9907, del veintisiete de octubre del año dos mil veinte, se adicionó a la Ley 8488 el artículo 46 bis, dedicado a la aplicación del tres por ciento que antes debía girarse a la Comisión por parte del régimen municipal Es deber del gobierno municipal garantizar mediante el planeamiento y el ejercicio de la potestad de policía, que el desarrollo urbanístico atienda a criterios de seguridad, salubridad y sostenibilidad ambiental. Lo anterior, en resguardo de los derechos de los ciudadanos. Desprendiéndose directamente del artículo 169 de la Constitución Política, del Código Municipal, la Ley de Planificación Urbana, la Ley de Construcciones y de la normativa conexa, es responsabilidad absoluta y exclusiva de las municipalidades ordenar el territorio bajo su jurisdicción. Finalmente, mediante Oficio CNE-CS-OF-012-2026, del 31 de julio de año 2026, la Unidad de Contraloría de Servicios de la CNE, el señor Alfredo Artavia Solano, procedió a brindar informe, respecto a lo alegado por la recurrente. En lo que interesa expresa lo siguiente (se inserta imagen); (…) EN RESUMEN. 1. Se detallan los procedimientos de contratación bajo el Régimen de Excepción (modalidades de intervención de la CNE); 1.1 Contrataciones Extraordinarias para Atención Inmediata Impostergable: contrataciones que se realizan de forma inmediata para salvaguardar la vida, la infraestructura de los servicios públicos vitales, la producción de bienes y servicios, la propiedad y el ambiente, mediante acciones de alerta, información pública, evacuación y reubicación temporal de personas y animales hacia sitios seguros, el salvamento, el rescate y la búsqueda de víctimas; el aprovisionamiento de los insumos básicos para la vida, tales como alimentos, ropa, agua, medicamentos y la asistencia médica, así como el resguardo de los bienes materiales. Estas contrataciones se ejecutan dentro de las setenta y dos (72) horas posteriores a la ocurrencia del evento. Las condiciones que le aplican; • Peligro inminente. • Incomunicación real de la población. • Disponibilidad de servicios, bienes o maquinaria en sitio. • Informe de situación con referencia del daño que se necesite intervenir por medio de alquiler de maquinaria (nexo de causalidad). • Solicitud de intervención. 1.2 Contrataciones por Extrema Urgencia: contrataciones que pueden realizarse una vez declarada la emergencia nacional, pero sin que se haya aprobado el Plan General de la Emergencia. La CNE podrá utilizar este tipo de contratación cuando se trate de salvaguardar la vida de las personas o de los bienes que se encuentran en situaciones de peligro excepcional. La institución o entidad, así como las Unidades de la CNE requirentes, deberán solicitar a la Proveeduría Institucional el trámite, para lo cual deberán presentar un Plan de Inversión, según se dispondrá en el procedimiento para este efecto y que deberá ser publicado en la página Web de la CNE. En caso de que el plan de inversión por extrema urgencia sea aceptado, es decir, cumpla con cada requisito establecido dentro de esta modalidad, la Unidad de Asesoría Legal emitirá criterio favorable y la Dirección Ejecutiva o Presidencia de la CNE emitirá la resolución aprobando el trámite. 1.3 Contrataciones por primer impacto: procedimiento abreviado de contratación de bienes, servicios y maquinaria vigente durante la Fase de Respuesta de un evento declarado por el Poder Ejecutivo como Emergencia Nacional. Se trata de la intervención ante un evento generador, que debe tener un nexo de causalidad directamente vinculado a un impacto manifiesto y que demanda una acción de carácter urgente, orientada a la prestación de ayuda humanitaria, salvaguardar la vida, los servicios vitales y las vías de comunicación afectadas, sin que se constituyan obras o mantenimiento de redes viales o mejoramiento de infraestructura; en este sentido se podrá autorizar la contratación bienes o servicios. Debe existir una relación de causa-efecto entre el daño reportado y la obra a ejecutar (requisito ineludible del Nexo de Causalidad que señala la ley). Presentar informe técnico según formato establecido con el requerimiento específico de apoyo, refrendado por el máximo jerarca y por un profesional en ingeniería o arquitectura que debe ser funcionario de la entidad solicitante. Presentar informe de situación del Comité Municipal de Emergencias (CME), avalado por el Oficial de Enlace de la CNE. 1.4 Contratación por emergencia no declarada: es la intervención ante un evento generador, el cual debe tener un nexo de causalidad directo vinculado a un impacto manifiesto y que demanda una acción de carácter urgente, posterior a la ocurrencia del evento, orientadas a salvaguardar la vida y los servicios vitales. Estas contrataciones se encuentran amparadas conforme lo dispuesto en el párrafo final del artículo 15 de la Ley Nacional de Emergencias N° 8488. a. Que exista relación de causa-efecto entre el daño reportado y el hecho generador (evento local) (Nexo de Causalidad). b. Presentar informe de situación del Comité Municipal de Emergencias (CME), avalado por el Oficial de Enlace de la CNE. c. Presentar informe técnico según formato establecido con el requerimiento específico de apoyo, refrendado por el máximo jerarca y por un profesional en ingeniería o arquitectura que debe ser funcionario de la entidad solicitante. d. Es importante mencionar que, según el establece el artículo N°169 inciso a), del Reglamento para las Contrataciones Públicas Amparadas al Régimen de Excepción de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias: Debe hacerse la solicitud de intervención de forma inmediata, mediante el formulario dispuesto en la página web de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias o bien a través del mecanismo que para tales efectos se establezca, lo cual deberá efectuarse dentro de las primeras 120 horas (5 días naturales) de ocurrido el evento. 2. Estas modalidades de intervención deben ser gestionadas por la institución competente, ya sea el gobierno local o instituciones del Estado, en cumplimiento de los requisitos establecidos. 3. Adicionalmente, como es sabido, las labores de mitigación y mantenimiento en infraestructura pública corresponden ejecutarlas a otras instancias, sea gobierno local y/u otros entes del Estado (IMAS, MINISTERIO DE SALUD), ya que el mantenimiento como acción ordinaria no puede ser brindado por la CNE. En el marco de la Ley N° 8488, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 8, de fecha 11 de enero de 2006, en la cual se establece que la CNE es la entidad rectora en lo referente a la prevención de riesgos, la atención, los preparativos y los procesos de reconstrucción cuando surgen situaciones de emergencia, se establece que; • Corresponde a las municipalidades administrar los intereses y servicios cantonales, acordar los presupuestos y ejecutarlos conforme lo establece el Código Municipal. • La prevención es responsabilidad estatal y por ello todas las instituciones del Estado están obligadas a considerar en sus programas los conceptos de riesgo y desastre e incluir las medidas de gestión ordinaria que les sean propias y oportunas (Artículo 25, Ley 8488). • Conforme lo indica el Artículo 27 de la Ley 8488, en los presupuestos de cada institución pública, deberá incluirse la asignación de recursos para el control de riesgo a desastres, considerando la prevención como un concepto afín con las prácticas de desarrollo que se promueven y realizan. • La asesoría que esta comisión brinda a las instituciones está orientada a una política efectiva de uso de la tierra y del ordenamiento territorial y deberá contribuir con la adopción de medidas de control tendientes a reducir la vulnerabilidad de las personas, considerando que, en el ámbito municipal, recae en primera instancia la responsabilidad de enfrentar esta problemática. (Artículo 14, inciso h). 4. La recurrente gestionó su solicitud remitiendo un correo electrónico a ...03 (ver imagen adjunta), siendo el medio oficial ...01, tal y como indica el señor contralor de servicios de la CNE, en su Oficio CNE-CS-OF-012-2026, del 31 de julio de año 2026. (…) En suma, la CNE, ha realizado una labor proactiva dentro de nuestro marco de legalidad y de acuerdo con los dimensionamientos de la Honorable Sala Constitucional, en cuanto a brindar respuesta pronta y cumplida a los recurrentes y de realizar las recomendaciones dentro del área de nuestras competencias a otras instituciones del Gobierno y de forma directa a la Corporación Municipal. Es decir, no se acredita de ninguna forma violación alguna a las tutelas fundamentales alegadas por el recurrente”.\n\n 4.- Informa bajo juramento Yorleni León Marchena, en su condición de presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social, lo siguiente: “Primero: “Que es madre de 4 menores de edad, uno de ellos con autismo grado 3, condición acreditada mediante dictamen emitido por la Caja Costarricense de Seguro Social y requiere supervisión permanente y una atención especializada, razón por la cual se desempeña como su cuidadora principal. Indica que detrás de su vivienda pasa un caño que, por muchos años, la Municipalidad no ha limpiado ni le ha dado mantenimiento.” Respuesta al hecho: Manifiesta textualmente la jefatura a.i. de la Unidad Local de Desarrollo Social Limón, el señor Nombre02, mediante oficio IMAS-DDS-ARDSHC-ULDSLIM-0070-2026, lo siguiente: “Parcialmente Cierto. Dado que, según registro de actualización de la Ficha de Información Social la persona recurrente, tiene 4 persona menores de edad a cargo. Una de las personas menores de edad tiene la condición de Autismo Grado III, hecho constatado en dictamen médico cargado en el expediente digital institucional. No consta, Sobre el hecho indicado por la persona recurrente “Indica que detrás de su vivienda pasa un caño que, por muchos años, la Municipalidad no ha limpiado ni le ha dado mantenimiento.” siendo que, en entrevista efectuada por la persona funcionaria competente IMAS, sobre la variable N°13 no es de manifiesto que exista un canal que inunde la vivienda y se desconoce las gestiones realizadas ante el municipio. Se adjunta imagen de la Ficha de Información Social e imagen de dictamen médico. (…) Segundo: “Que este caño siempre inunda el patio cada vez que llueve y, como consecuencia de las fuertes lluvias recientes, se desbordó y las aguas negras ingresaron a su hogar, ocasionando daños materiales y exponiendo a su familia, especialmente a sus hijos menores y a su hijo con discapacidad, a un alto riesgo para su salud y su integridad.” Respuesta al hecho: Manifiesta textualmente la jefatura a.i. de la Unidad Local de Desarrollo Social Limón, el señor Nombre02, mediante oficio IMAS-DDS-ARDSHC-ULDSLIM-0070-2026, lo siguiente: “Parcialmente Cierto. Se desconoce que cada vez que llueve se inunda el patio donde se ubica la persona recurrente, sin embargo, de acuerdo con los aportes de los números de incidentes que realiza la persona recurrente en el escrito inicial, se evidencia el reporte ante la Comisión Nacional de Emergencia.” Tercero: “Que ante esta emergencia realizó los reportes correspondientes al Sistema de Emergencias 911, con los números 2026-07-05-3341 y 2026-07-0302657, y envió correos electrónicos al IMAS y a la Contraloría de Servicios de esa institución, a la municipalidad y a su contraloría municipal, pero, al estar en vacaciones no hubo ninguna respuesta efectiva ni funcionarios que atendieran una situación de emergencia que ponía en riesgo la vida y la dignidad de su familia.” Respuesta al hecho: Manifiesta textualmente la jefatura a.i. de la Unidad Local de Desarrollo Social Limón, el señor Nombre02, mediante oficio IMAS-DDS-ARDSHCULDSLIM-0070-2026, lo siguiente: “Parcialmente cierto. Ya que los reportes no fueron de conocimiento a esta unidad local durante la atención de la emergencia, los cuales fueron reportados a la CNE el día 03 de julio del 2026. Que en revisión de los correos electrónicos, estos fueron enviados a funcionarias de la presidencia ejecutiva del IMAS y a la contraloría de servicios, los cuales fueron trasladados a la jefatura de la Unidad Local de Desarrollo Social de Limón, el 13 de julio, sin embargo, tras la demanda de incidentes reportados productos de la Onda Tropical #19 que afecto los cantones de Limón y Matina y, compromisos dentro de la programación local, se tiene programado realizar la visita en domicilio de la persona recurrente para el lunes 03 de agosto del 2026, por parte de una funcionaria competente IMAS.” Así mismo, manifiesta textualmente la Contralora de Servicios, la señora Loryi Valverde Cordero, mediante oficio IMAS-CD-CS-1122-2026, lo siguiente: “CIERTO Se detalla el caso seguidamente: 1. El 3 de julio de 2026, la Contraloría de Servicios recibió un primer correo electrónico remitido por la persona usuaria. En virtud de que los hechos expuestos correspondían a una situación de emergencia, la gestión fue trasladada el 13 de julio de 2026, mediante correo electrónico, a la Jefatura de la Unidad Local de Desarrollo Social competente, a fin de que se brindara la atención correspondiente conforme a sus competencias. 2. El 6 de julio de 2026, la Contraloría de Servicios recibió un segundo correo electrónico relacionado con la misma situación, el cual fue remitido el 14 de julio de 2026, mediante correo electrónico, a la Jefatura de la Unidad Local de Desarrollo Social correspondiente para su atención. 3. El 14 de julio de 2026, la Contraloría de Servicios informó a la persona usuaria, mediante correo electrónico, que su gestión había sido remitida a la Jefatura de la Unidad Local de Desarrollo Social de la localidad correspondiente, con el fin de que se le brindara la orientación y atención que procedieran conforme a sus competencias. 4. El 31 de julio de 2026, la Jefatura de la Unidad Local de Desarrollo Social correspondiente informó directamente a la persona usuaria, mediante correo electrónico, que se realizaría una visita a su domicilio con el fin de efectuar la valoración social correspondiente, de acuerdo con la situación expuesta en su gestión. Asimismo, se indicó que dicha visita se encontraba programada para realizarse en horas de la mañana. 5. Posteriormente, la Contraloría de Servicios solicitó a la Jefatura de la Unidad Local de Desarrollo Social correspondiente informar el resultado de la visita domiciliaria realizada, con el propósito de dar seguimiento a la gestión planteada por la persona usuaria.” Cuarto: “Que estima inadmisible que, durante una emergencia nacional, las instituciones públicas no cuentan con mecanismos efectivos de atención para la población más vulnerable, dejándolo completamente desprotegidos.\" Respuesta al hecho: Manifiesta textualmente la jefatura a.i. de la Unidad Local de Desarrollo Social Limón, el señor Nombre02, mediante oficio IMAS-DDS-ARDSHCULDSLIM-0070-2026, lo siguiente: “Se rechaza por inexacto. Que la emergencia no fue decretada a nivel nacional, sino que las inundaciones fueron producto de los efectos de la Onda Tropical #19 que impactaron directamente la vertiente Caribe” Quinto: “Que anteriormente solicitó al IMAS la ayuda como cuidadora de su hijo con discapacidad, pero, le fue negada bajo el argumento de que él recibe una pensión (se refieren a la pensión especial por la ley 8769 por un monto de 373.000 colones con la que no cubre ni la alimentación selectiva por su condición, terapias y tutorías).” Respuesta al hecho: Manifiesta textualmente la jefatura a.i. de la Unidad Local de Desarrollo Social Limón, el señor Nombre02, mediante oficio IMAS-DDS-ARDSHCULDSLIM-0070-2026, lo siguiente: “Se rechaza por inexacto. Dado que, esta instancia asignó cita para valoración social el día 02 de febrero del 2026, a la cual la persona recurrente no se presentó, según se constata en el control de asistencia del sistema informático SACI y a la fecha no se registra en nuestro sistema, alguna solicitud de cita. Se adjuntan imagen de sistema de control de asistencia y sistema de solicitud de citas.” (…) Sexto: “Que su hijo presenta selectividad alimentaria severa, por lo que, únicamente tolera una alimentación muy específica, indispensable para preservar su salud, la cual consiste en lo siguiente: desayuno con filete de pescado con puré de papa; almuerzo con bistec, zucchini y kiwi picado; cena con una bebida de Pediasure.” Respuesta al hecho: Manifiesta textualmente la jefatura a.i. de la Unidad Local de Desarrollo Social Limón, el señor Nombre02, mediante oficio IMAS-DDS-ARDSHC-ULDSLIM-0070-2026, lo siguiente: “No Consta. Dado que, no existe registro en la última valoración social con fecha del 22/05/2025, en la cual la persona recurrente manifieste o remita algún criterio medico sobre el tipo de alimentación que la persona menor de edad debe tener.” Sétimo: “Que estos alimentos representan un costo muy elevado y como viven al amparo de su hermana, con gran esfuerzo consiguió provisiones para 7 días para que su hijo no se desnutriera, ya que no come absolutamente nada más, pero, esta alimentación se perdió completamente durante la inundación y su hijo de 3 años perdió la leche, pañales y demás artículos indispensables para su cuidado.” Respuesta al hecho: Manifiesta textualmente la jefatura a.i. de la Unidad Local de Desarrollo Social Limón, el señor Nombre02, mediante oficio IMAS-DDS-ARDSHC-ULDSLIM-0070-2026, lo siguiente: “No Consta. Como parte de las acciones de primera respuesta, la Comisión Municipalidad de Emergencia realiza la entrega de ayuda humanitaria en las comunidades afectadas por las inundaciones, por lo que no consta si le fue entregado a la recurrente, por otra parte, en virtud de constatar las pérdidas, esta instancia programa una visita en domicilio para valoración social, mediante una persona funcionaria competente IMAS para el día lunes 03 de agosto del 2026. Adjunto imagen de correo notificando la visita a la persona recurrente.” (…) Octavo: “Que la inundación destruyó todos sus bienes esenciales, línea blanca, sillones utilizados por su hijo con autismo para su regulación sensorial, alimentos, colchones, ropa, implementos de higiene y uso personal, roperos, trastero, útiles escolares, uniformes escolares, zapatos escolares y cobijas.” Respuesta al hecho: Manifiesta textualmente la jefatura a.i. de la Unidad Local de Desarrollo Social Limón, el señor Nombre02, mediante oficio IMAS-DDS-ARDSHCULDSLIM-0070-2026, lo siguiente: “Consta. Que esta unidad realizó visita en domicilio para valoración social, mediante una persona funcionaria competente del IMAS el día lunes 03 de agosto del 2026, con la finalidad de corroborar las pérdidas señaladas por la recurrente.” Noveno: “La autoridad recurrida deberá informar si el correo electrónico al cual la parte recurrente remitió la solicitud de información está previsto como mecanismo oficial para la recepción de gestiones de los usuarios.” Respuesta al hecho: Manifiesta textualmente la jefatura a.i. de la Unidad Local de Desarrollo Social Limón, el señor Nombre02, mediante oficio IMAS-DDS-ARDSHCULDSLIM-0070-2026, lo siguiente: “Consta. Que el correo electrónico ...04 es un mecanismo activo y oficial para gestiones ciudadanas, aunado a ello esta instancia pone a disposición de la población usuaria la dirección electrónica ...02 para gestiones directamente competente de esta unidad local. Por último, cabe mencionar que, una vez realizada la visita en domicilio, el 03 de agosto esta instancia recomienda el otorgamiento de beneficio de Atención en Situación de Emergencia para la compra de enseres esenciales para el hogar de la persona recurrente y, recurso económico para necesidades básicas, el cual se notificará mediante Resolución Administrativa de Aprobación al correo suministrado por la recurrente.” Sobre el fondo: De conformidad con el artículo 2 de la Ley N°4760 Ley de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social, este tiene como fin resolver la pobreza extrema en el país: “Artículo 2.- El IMAS tiene como finalidad resolver el problema de la pobreza extrema en el país, para lo cual deberá planear, dirigir, ejecutar y controlar un plan nacional destinado a dicho fin. Para ese objetivo utilizará todos los recursos humanos y económicos que sean puestos a su servicio por los empresarios y trabajadores del país, instituciones del sector público nacionales o extranjeras, organizaciones privadas de toda naturaleza, instituciones religiosas y demás grupos interesados en participar en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza.” En atención a la norma de cita, el Instituto Mixto de Ayuda Social, se encuentra sujeto al principio de legalidad vigente en nuestro Estado de Derecho. Por lo anterior, debe verificar que los beneficiarios a quienes se destinan los fondos públicos sean sujetos de los beneficios que brinda la Institución; además se debe distribuir dichos fondos públicos (que son limitados) de la manera que mejor se satisfaga el fin público. La no aprobación y giro de un subsidio económico en un momento determinado, no deviene de una decisión arbitraria o deliberada, sino más bien de una sujeción al principio de legalidad, por cuanto la Administración Pública solo puede realizar los actos que le estén permitidos, por lo que no es procedente aprobar y girar recursos sin que previamente se cumpla con los requisitos establecidos en la normativa institucional. Es importante precisar que los beneficios que otorga el IMAS responden a una condición demostrada del solicitante, a una “temporalidad determinada” por norma o criterio social profesional y a la normativa que regula su ejecución. Resultando absolutamente legal y apegado al ordenamiento jurídico que un beneficio se brinde a quien tenga necesidad y califique según los criterios de priorización, por un período definido, en apego a la normativa institucional vigente. Al respecto, la Sala Constitucional en su resolución número 2025019695 de las nueve horas veinte minutos del veintisiete de junio de dos mil Veinticinco, ha señalado: “(…) Adicionalmente, sobre el tema, cabe señalar que este Tribunal Constitucional coincide con las autoridades recurridas, en el sentido de que los beneficios que el Instituto Mixto de Ayuda Social otorga son temporales y no definitivos, y son asignados mediante las valoraciones socioeconómicas realizadas a las familias o personas por los Profesionales en Desarrollo Social competentes; asimismo, están sujetos a la disponibilidad presupuestaria y al cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa institucional, aspectos sobre los que esta jurisdicción constitucional no tiene injerencia, por tratarse de extremos de mera legalidad. (…)” Así mismo, la Constitución Política en su artículo 176 establece: “La gestión pública se conducirá de forma sostenible, transparente y responsable, la cual se basará en un marco de presupuestación plurianual, en procura de la continuidad de los servicios que presta…”; por lo que se debe tener presente que en el caso del IMAS dicho presupuesto no puede ejecutarse sin contar con el respaldo de los diferentes sectores y actores sociales, sus recursos e intervención; sin embargo, aun con la suma de todos los esfuerzos que la Ley N°4760 dispone, con la escasez en los recursos de inversión ante la demanda de solicitud de atenciones que recibe el IMAS, es materialmente imposible lograr la satisfacción de todas las personas administradas, esto porque es loable afirmar que los recursos de inversión social son muy limitados y la demanda muy amplia, tanto que los supera. De manera que, es pertinente preestablecer parámetros, condicionalidades y priorizaciones, con la finalidad de que la institución brinde un servicio público más eficiente; esto es, logrando alcanzar la satisfacción de las necesidades de las personas más necesitadas dentro de las que están en pobreza extrema y vulnerabilidad económica, es por esto que se han tomado las decisiones pertinentes para garantizar que las personas que cumplen con esa condición y priorización, reciban los beneficios de la oferta programática del IMAS, ya que demuestran fehacientemente encontrarse en las circunstancias más apremiantes; razón por la cual la distribución de recursos de los programas sociales dirigidos a los sectores en condición de pobreza y pobreza extrema, se da con el deber de priorizar la atención conforme a la línea de pobreza, de ahí que el tema de otorgamiento de beneficios responda a una temporalidad, tal como lo ha señalado la Sala Constitucional en su resolución número 2025021551 de las nueve horas veinte minutos del once de julio de dos mil veinticinco. “(…) En este particular, advierta la parte actora que, en temas de ayudas sociales, esta Sala ha sido clara al indicar que se trata de beneficios, no de derechos y que su otorgamiento parte de un acto de liberalidad por parte del Estado. (…)” Por otro lado, acotar que el IMAS como institución descentralizada goza de autonomía administrativa, misma que atribuye a la Administración la potestad reglamentaria, a través de la cual se crea un cuerpo normativo de grado inferior a la ley y limitado por ella destinado a regular la prestación de servicios y el otorgamiento de los beneficios, subsidios y transferencias monetarias que brinda la institución dentro del Programa de Protección y Promoción Social, para el cumplimiento de los fines establecidos en la Ley N° 4760. Esta potestad reglamentaria forma parte del poder público discrecional que ostenta el ente en virtud de su naturaleza descentralizada, creando así el Reglamento para la Prestación de Servicios y Otorgamiento de Beneficios, Subsidios y Transferencias Monetarias del IMAS, que a su vez establece los requisitos para la atención, valoración, trámite, seguimiento, evaluación, suspensión, denegación o revocatoria de beneficios, subsidios y transferencias monetarias de la oferta programática del IMAS y que deben implementar los órganos o personas que se definen en su articulado y concordantes con el mismo, para la atención de personas, hogares, sujetos de derecho público o privado y/o comunidades (artículo 1: Del objeto y del alcance); y que para el caso concreto y en lo que nos interesa, citar el artículo 3, inciso ss), que indica: “Subsidio: Prestación pública de carácter económico y de duración definida dirigida a satisfacer una necesidad determinada” e inciso xx), que indica: “Transferencia monetaria: Apoyo económico y de duración definida otorgado a personas, hogares u organizaciones beneficiarias del Programa de Protección y Promoción Social, con la finalidad de contribuir total o parcialmente a la satisfacción de una necesidad determinada.” Del texto transcrito anteriormente, se puede concluir que un subsidio otorgado por el IMAS, así como una transferencia monetaria, tiene una duración definida y son otorgados a personas, hogares u organizaciones beneficiarias del Programa de Protección y Promoción Social. Es decir, el IMAS brinda beneficios por un periodo determinado, según el periodo establecido de otorgamiento y para una necesidad determinada. Debe considerarse además que el IMAS administra recursos públicos limitados destinados a la atención de una demanda social significativamente superior a su capacidad operativa y presupuestaria, circunstancia que obliga a la Administración a establecer mecanismos técnicos y objetivos de priorización que permitan garantizar el cumplimiento del fin público encomendado por el artículo 2 de su Ley de Creación. Para el caso en concreto, respecto al alegato de la recurrente de que solicitó ayuda al IMAS como cuidadora de su hijo con discapacidad, queda demostrado que la Unidad Local de Desarrollo Social Limón otorgó cita de atención en fecha 02 de febrero del 2026, a la cual no asistió la recurrente, posterior a dicha fecha no se tiene registro de nuevas solicitudes de atención ante el IMAS como cuidadora de su hijo. Ahora bien, en cuanto a la atención de la emergencia resultado de la Onda Tropical N°19, en el caso de la recurrente se tiene conocimiento por parte de la Unidad Local de Desarrollo Social Limón en fecha 13 de julio del 2026, conforme a comunicación que le realiza la Contraloría de Servicios Institucional, programándose realizar visita domiciliar para la valoración correspondiente del caso para el día 03 de agosto del 2026, ante la demanda de incidentes. Es importante señalar que por parte del IMAS, se da respuesta a la solicitud de atención de la recurrente, tanto por parte de la Contraloría de Servicios, mediante correo electrónico en fecha 14 de julio del 2026; así como, por parte de la Unidad Local de Desarrollo Social Limón mediante correo electrónico de fecha 31 de julio del 2026. Considérese que la valoración de emergencia de la recurrente fue atendida por la Unidad Local de Desarrollo Social Limón una vez se tiene conocimiento de esta, en fecha 13 de julio del 2026, otorgándose cita de atención domiciliar para el día 03 de agosto del 2026. Nótese que el presente recurso de amparo fue interpuesto por la recurrente ante la Sala Constitucional en fecha 08 de julio del 2026, y comunicado a esta instancia en fecha 30 de julio del 2026; sin embargo, se reitera, la Unidad Local de Desarrollo Social Limón tuvo conocimiento del caso hasta fecha 13 de julio del 2026. De allí que, tomando en consideración el seguimiento al caso en fechas 13 de julio y 03 de agosto, el hogar de la recurrente fue atendido oportunamente por la Unidad Local de Desarrollo Social Limón, por lo que debe considerarse no ha transcurrido un plazo desproporcionado ni irracional en la atención del caso; tal lo mencionado por esta honorable Sala con regularidad. Véase que, el presente recurso le fue notificado a mi representada en fecha, 23 de febrero de 2026, por lo que el reclamo de la recurrente resulta prematuro. Con respecto a lo anterior, la Sala Constitucional mediante resolución N° 2024007825 de las 09:20 horas del 22 de marzo de 2024, indicó lo siguiente: “IV.- Sobre las autoridades del Instituto Mixto de Ayuda Social. El recurrente acusa que el 22 de junio de 2023, la amparada se apersonó ante la Sucursal de Ciudad Quesada de San Carlos del Instituto Mixto de Ayuda Social a solicitar ayuda socioeconómica a favor de ella y su núcleo familiar; sin embargo, reclama que no se le da ningún beneficio, con el agravante de contar con un grado de pobreza extrema, según reporte 0237F983 de la ficha institucional. Al respecto, del estudio de los autos, este Tribunal estima que este extremo del recurso debe ser desestimado. En ese sentido, se desprende que, efectivamente, el 22 de junio de 2023, la tutelada se apersonó a la sucursal de Ciudad Quesada de San Carlos del Instituto Mixto de Ayuda Social, de dicha atención se efectuó la valoración correspondiente, por lo que la solicitud ingresó a la lista de espera para el otorgamiento del subsidio acorde a los parámetros y criterios de priorización institucionales. Por tal motivo, ese mismo día, las autoridades de la sucursal de Ciudad Quesada de San Carlos del Instituto Mixto de Ayuda Social le notificaron a la tutelada lo siguiente: “la aprobación de un subsidio institucional procederá según los procedimientos para el otorgamiento de este, de acuerdo con los parámetros y criterios de priorización institucionales”. A partir de lo expuesto, se evidencia que desde la fecha en que la tutelada se apersonó ante las autoridades del IMAS -el 22 de junio de 2023- y a la fecha en que acude en amparo -el 29 de julio de 2023- no había transcurrido un plazo desproporcionado para su debida resolución, pues únicamente habían transcurrido 1 mes y 6 días desde la solicitud, es decir el reclamo formulado por la recurrente resulta prematuro, por lo que se descarta la lesión a los derechos fundamentales ...” Ahora bien, en lo que respecta a la visita efectuada en fecha 03 de agosto del 2026, por parte de la Unidad Local de Desarrollo Social Limón se recomendó el otorgamiento de beneficio de atención en situación de emergencia para la compra de enseres esenciales para el hogar y recurso económico para necesidades básicas, mismo que se le notificarán mediante resolución administrativa vía correo electrónico, al medio brindado por la señora Nombre01. Conforme lo expuesto anteriormente, se acredita que la actuación IMAS ha estado apegada conforme el ordenamiento jurídico y la normativa institucional; como bien se indica en el presente escrito y pruebas adjuntas, toda vez que se ha dado seguimiento a la gestión del hogar de la recurrente y fue atendida dentro de los márgenes institucionales correspondientes, considerando las líneas de priorización y focalización de la oferta programática dirigida a la población objetivo. En virtud de lo cual se solicita respetuosamente se declare sin lugar el presente recurso de amparo, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios”.\n\n 5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.\n\n Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,\n\nConsiderando:\n\nI.- Cuestión preliminar. Previo a analizar el fondo del asunto —por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido— debe aclararse que a partir del voto nro. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha estimado que deben remitirse a la jurisdicción contencioso administrativa —con algunas excepciones— aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte— o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción pues se está ante una gestión de ayuda a favor de personas menores de edad. Aclarado el punto, se entra a resolver, la situación concreta planteada en este proceso.\n\nII.- Objeto del recurso. La parte recurrente indica que, debido a las fuertes lluvias, un caño se desbordó cerca de su casa y la inundó. Afirma que solicitó ayuda a la CNE y al IMAS. Sin embargo, todavía no la ha recibido. \n\nIII.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial: \n\na) El 6 de julio de 2026, la recurrente envió un correo electrónico a la dirección ...05, relacionado con el objeto de este proceso. (Ver prueba aportada). \n\nb) La dirección para la atención de usuarios de la Contraloría de Servicios de la CNE es ...01. (Ver informe rendido y prueba aportada).\n\nc) El 3 de julio de 2026, la recurrente solicitó ayuda al IMAS, debido a la inundación de su casa. (Hecho incontrovertido).\n\nd) El 3 de agosto de 2026, el IMAS efectuó una visita domiciliar y recomendó el otorgamiento del beneficio de Atención en Situación de Emergencia para la compra de enseres esenciales para el hogar de la persona recurrente y recurso económico para necesidades básicas. (Ver informe rendido y prueba aportada).\n\nIV.- Sobre el caso concreto. En el sub examine, la recurrente indica que, debido a las fuertes lluvias, un caño se desbordó cerca de su casa y la inundó. Afirma que solicitó ayuda a la CNE y al IMAS. Sin embargo, todavía no la ha recibido.\n\nEn lo que respecta la CNE, la Sala tuvo por probado que, el 6 de julio de 2026, la recurrente envió un correo electrónico a la dirección ...05, relacionado con el objeto de este proceso. Sin embargo, la dirección para la atención de usuarios de la Contraloría de Servicios de la CNE es ...01. En ese tanto, no se verifica lesión alguna en perjuicio de la tutelada, visto que envió su correo a una dirección que no era el mecanismo oficial para la atención de tales gestiones.\n\nAtinente al IMAS, la Sala corroboró que, el 3 de julio de 2026, la recurrente solicitó ayuda ese instituto, debido a la inundación de su casa. Luego, el 3 de agosto de 2026, el IMAS efectuó una visita domiciliar y recomendó el otorgamiento del beneficio de Atención en Situación de Emergencia para la compra de enseres esenciales para el hogar de la persona recurrente y recurso económico para necesidades básicas.\n\nAhora bien, al valorar que la gestión ante el IMAS fue presentada el 3 de julio de 2026, la Sala establece que no había transcurrido un plazo irrazonable de tiempo para su atención al momento de interposición de este amparo, el 9 de julio de 2026. En todo caso, la Sala extrae que el IMAS ya inspeccionó la vivienda de la interesada y recomendó el otorgamiento del beneficio respectivo. En virtud de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso.\n\nV.- Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nVI.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente presentó una gestión de ayuda a favor de personas menores de edad, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.\n\nVII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.\n\nPor tanto:\n\n Se declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez pone nota. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota.\n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n 6DE5QI5TQ2S61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-024678-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01).", "body_en_text": "Document Review\n\n\n\nCase file: 26-024678-0007-CO \n\nDecision No. 2026033817\n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER (SALA CONSTITUCIONAL) OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at 9:20 a.m. on 3 September 2026.\n\nAmparo proceeding being processed under case file no. 26-024678-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED01, against the INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS) and the COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS (CNE).\n\nBackground:\n\n1.- In a written submission received by the Chamber on 9 July 2026, the applicant filed an amparo application. She states that she is the mother of four minor children, one of whom has grade 3 autism, a condition certified by an assessment issued by the Caja Costarricense de Seguro Social, and requires constant supervision and specialized care, for which reason she serves as his primary caregiver. She states that a drainage ditch runs behind her home and that, for many years, the Municipality has neither cleaned nor maintained it. She states that this ditch always floods the yard whenever it rains and that, as a result of the recent heavy rains, it overflowed and sewage entered her home, causing property damage and exposing her family, especially her minor children and her son with a disability, to a serious risk to their health and physical integrity. She recounts that, in response to this emergency, she submitted the corresponding reports to the 911 Emergency System under numbers 2026- 07-05-3341 and 2026-07-0302657, and sent emails to IMAS and that institution’s Office of the Comptroller of Services, as well as to the municipality and its municipal comptroller’s office. However, because personnel were on vacation, there was no effective response and no officials available to address an emergency that endangered her family’s life and dignity. She adds that she considers it unacceptable that, during a national emergency, public institutions lack effective mechanisms to assist the most vulnerable population, leaving them completely unprotected. She states that she had previously requested assistance from IMAS as the caregiver of her son with a disability, but it was denied on the ground that he receives a pension (referring to the special pension under law 8769 in the amount of 373.000 colones, which does not even cover the selective diet required by his condition, therapies, and tutoring). She states that her son has severe food selectivity and therefore tolerates only a very specific diet that is essential to preserving his health, consisting of the following: breakfast of fish fillet with mashed potatoes; lunch of steak, zucchini, and chopped kiwi; and dinner consisting of a Pediasure beverage. She recounts that these foods are very expensive and that, because they live under her sister’s protection, she managed with great effort to obtain provisions for seven days so that her son would not become malnourished, since he eats absolutely nothing else. However, all of this food was lost in the flood, and her three-year-old son lost his milk, diapers, and other items essential to his care. She adds that the flood destroyed all of their essential belongings: household appliances, couches used by her son with autism for sensory regulation, food, mattresses, clothing, hygiene and personal-use items, wardrobes, a storage cabinet, school supplies, school uniforms, school shoes, and blankets.\n\n2.- By decision issued at 16:43 on 29 July 2026, the amparo application was accepted for processing.\n\n3.- Alejandro José Picado Eduarte, in his capacity as President of the CNE, reports under oath as follows: “I. FACTS OUTLINED BY THE AMPARO APPLICANT (summary); FIRST: She is the mother of four minors, one of whom has level 3 autism, a condition substantiated by an assessment issued by the Caja Costarricense de Seguro Social, and requires constant supervision and specialized care, for which reason she serves as his primary caregiver. She states that a drainage channel runs behind her home and that, for many years, the Municipality has neither cleaned nor maintained it. FACT ONE: These are statements by the amparo applicant, as well as actions of the municipal entity. SECOND: She states that this drainage channel always floods the yard whenever it rains and that, as a result of the recent heavy rains, it overflowed and sewage entered her home, causing property damage and exposing her family, particularly her minor children and her son with a disability, to a serious risk to their health and physical integrity. She recounts that, in response to this emergency, she filed the corresponding reports with the 911 Emergency System, under numbers 202607-05-3341 and 2026-07-0302657, and sent emails to IMAS and that institution’s Office of the Comptroller of Services, as well as to the Municipality and its municipal comptroller’s office; however, because they were on vacation, there was no effective response and no officials attended to an emergency situation that endangered the life and dignity of her family. FACT TWO: These are statements by the amparo applicant. In addition, mitigation and maintenance work on public infrastructure must be performed by other authorities, whether the local government and/or other State entities (IMAS, MINISTERIO DE SALUD), because the CNE cannot provide maintenance as an ordinary measure. Furthermore, the matter does not concern harm linked to any Emergency Decree currently in force, and any potential damage is therefore not covered by a General Emergency Plan; consequently, this is not a situation that the Commission can address under either of the two areas of authority granted by Ley No. 8488. THIRD: She adds that she considers it unacceptable that, during a national emergency, public institutions lack effective mechanisms for assisting the most vulnerable population, leaving them completely unprotected. She states that she previously requested assistance from IMAS as the caregiver of her son with a disability, but it was denied on the ground that he receives a pension (referring to the special pension under Ley 8769 in the amount of 373.000 colones, which does not even cover the selective diet required by his condition, therapies, and tutoring). FACT THREE: These are subjective statements by the amparo applicant. In addition, the matter does not concern harm linked to any Emergency Decree currently in force, and any potential damage is therefore not covered by a General Emergency Plan; consequently, this is not a situation that the Commission can address under either of the two areas of authority granted by Ley No. 8488. FACT FOUR: She states that her son has severe food selectivity and therefore tolerates only a very specific diet essential to preserving his health, consisting of the following: fish fillet with mashed potatoes for breakfast; steak, zucchini, and chopped kiwi for lunch; and a Pediasure beverage for dinner. She recounts that these foods are very costly and that, because they live under her sister’s protection, she made a great effort to obtain provisions for seven days so that her son would not become malnourished, since he eats absolutely nothing else; however, all this food was lost in the flood, and her three-year-old son lost his milk, diapers, and other items essential to his care. She adds that the flood destroyed all their essential belongings: household appliances, couches used by her son with autism for sensory regulation, food, mattresses, clothing, hygiene and personal-use items, wardrobes, a storage cabinet, school supplies, school uniforms, school shoes, and blankets. FOURTH: These are statements by the amparo applicant. In addition, mitigation and maintenance work on public infrastructure must be performed by other authorities, whether the local government and/or other State entities (IMAS, MINISTERIO DE SALUD), because the CNE cannot provide maintenance as an ordinary measure. Furthermore, the matter does not concern harm linked to any Emergency Decree currently in force, and any potential damage is therefore not covered by a General Emergency Plan; consequently, this is not a situation that the Commission can address under either of the two areas of authority granted by Ley No. 8488. II. RISK MANAGEMENT IN COSTA RICA. Under Article 4 of Ley № 8488, risk management is understood as a “process through which the conditions of vulnerability affecting the population, human settlements, infrastructure, lifelines, activities producing goods and services, and the environment are positively reversed. It is a sustainable and preventive model that incorporates effective disaster-prevention and mitigation criteria into territorial, sectoral, and socioeconomic planning, as well as preparedness, response, and recovery in emergencies.” In the same vein, risk management is defined as a “continuous process of analysis, decision-making planning, and implementation of actions to identify, prevent, and reduce the possibility that a potentially destructive event (hazard) may cause harm or serious disruption to people’s lives, the socioeconomic fabric, livelihoods, and the ecosystems of the territories, as well as to establish tools for an appropriate response should an impact nevertheless materialize, with the objective of enabling efficient recovery after a disaster without rebuilding vulnerability.” Risk management has different spheres of intervention, ranging from the national, regional, and sectoral levels to the local, community, and family levels. It also requires the existence and operation of organizational and institutional systems and structures that represent those spheres and bring together, under established coordination arrangements, their agreed differentiated roles and their collective bodies representing the various social actors and interests participating in the creation, reduction, anticipation, and control of risk, all of which must be properly defined. The management of this risk is the principal basis of the National Risk Management System, understood as the comprehensive, organized, coordinated, and harmonious integration of the bodies, structures, functional relationships, methods, procedures, and resources of all State institutions, while seeking the participation of the entire private sector and organized civil society. Its purpose is to promote and implement the public-policy guidelines that allow both the Costa Rican State and the various sectors of national activity to incorporate the concept of risk management as a cross-cutting component of planning and development practices. It follows from the foregoing definition: 1- That risk is a cross-cutting concern in all public and private activities; 2- That its management must be a public policy of the Costa Rican State; 3- That this policy is embodied in the National Risk Management Plan, a document prepared by the Commission that gives tangible form to that public policy and must be consulted on a mandatory basis by the State bodies and entities responsible for planning tasks, which, when preparing their respective plans, must take into account the guidance set forth in that Plan. Likewise, when urban-development plans, programs, and projects are prepared, the risk-prevention and mitigation component must be considered, all pursuant to Article 8 of Ley No. 8488. As may be discerned from the foregoing, the Commission performs a governing role in risk prevention and a coordinating role in emergency response; in other words, under the principle of legality, the Commission is responsible for directing, guiding, and steering risk prevention in Costa Rica and for coordinating State institutions in emergency matters. III. RESPONSIBILITY OF THE COSTA RICAN STATE FOR DISASTER PREVENTION. Ley № 8488 also conceives risk management as “…a cross-cutting component of the work of the Costa Rican State; it integrates public instruments, programs, and resources into ordinary and extraordinary institutional and sectoral measures aimed at preventing disasters and responding to emergencies in all their phases. Every national development policy must incorporate both the elements necessary for an adequate assessment of risk and susceptibility to the impact of disasters and the management components that enable their control” (Article № 5, Ley № 8488). Based on Articles 3, 8, 25, and 26 of the same law, all State institutions, principally including the Municipalities, are under a mandatory duty to prevent disasters and, in particular, local governments must incorporate prevention as a component of urban-development projects, including in their programs the concepts of risk and disaster and the ordinary management measures within their authority that are appropriate and timely to prevent their materialization, while fostering a culture aimed at reducing them. Similarly, all public institutions must coordinate their prevention programs and activities with the CNE, treating them as a public-policy process that must operate permanently and continuously, under the systemic approach and the National Risk Management Plan. Article 27 additionally establishes the obligation to include, in the budgets of every public institution, an allocation of resources for controlling disaster risk, treating prevention as a concept consistent with the development practices being promoted and implemented. The importance of municipalities’ shared responsibility and local commitment to risk management lies in the fact that emergencies and potential disasters may materialize within their territories, and therefore their response and, above all, prevention must form part of their everyday work. Even “large” disasters affecting the national territory are in fact the aggregate of hazards and vulnerabilities occurring simultaneously, locally, and in a highly dynamic manner within municipal territory as a result of the interconnection of physical, social, economic, and political relationships. IV. UNDECLARED OR FIRST-IMPACT EMERGENCIES. It should be noted that, as part of its extraordinary authority, Ley N°8488 empowers the CNE to respond to local and minor emergencies through the mechanism of “First Impacts,” given that the final paragraph of Article 15 provides: “(…) Except as provided in the preceding subsections, without a declaration of emergency by the Executive Branch, the Commission shall respond to local and minor emergencies which, because of the high frequency with which they occur and the serious harm they cause in communities, require the provision of a first-impact humanitarian service consisting of the delivery of blankets, food, and sleeping mats and, if necessary, the acquisition of materials to restore basic services and make shelters operational, as well as the hiring of a maximum of one hundred machine-hours to clean the most severely affected area of the zone. (Emphasis added.) The final paragraph of Article 15 refers to a first-impact humanitarian service. The Law uses the term “first impact” to refer to the first phase of response to a declared emergency. Indeed, Article 30 of the Law, which divides that response into the response, rehabilitation, and, finally, reconstruction phases, establishes that the response phase immediately follows the occurrence of the event. This phase includes urgent first-impact measures aimed at safeguarding life, the infrastructure of essential public services, property, and the environment. It also includes mitigation works intended to protect the population, infrastructure, and the environment. Article 4 defines response as measures taken immediately upon the occurrence of an emergency, intended to control a situation, safeguard structures and lives, prevent greater damage, and stabilize the area of the region directly affected by the emergency. In this regard, without a declaration of emergency, the Commission may respond to local and minor emergencies, for which purpose it may hire a maximum of 300 machine-hours to clean the affected area. Likewise, Article 30(a) of the same law establishes that the Response Phase, which is an operational phase occurring immediately after the event, includes urgent first-impact measures aimed at safeguarding life, the infrastructure of essential public services, and the production of goods and services through alert, alarm, evacuation, and relocation measures, among others. Regarding first impacts, the Procuraduría General de la Republica stated in Opinion C-030-2016 of 15 February 2016: “As indicated, response to local or minor emergencies is the responsibility of the Commission. Nevertheless, because these are measures classified as first impact, it should be considered that the Commission does not act alone. Among the coordinating bodies created by Article 10 of the Law is the Emergency Operations Center, a body of the Commission that brings together public institutions, whether governmental or nongovernmental, ‘that work in the first-response and emergency-rehabilitation phase.’ This body prepares and carries out first-response work in emergency situations. Taking into account the coordinating bodies established by the Law, it may be stated that a local or minor emergency involves all agencies having authority over the damage caused. It must be borne in mind that, to respond to such minor emergencies, Article 52 of the Law allows the Commission to transfer ‘first-response’ supplies and equipment to regional, municipal, and community committees for their custody and administration, to be used in assisting the affected population. Therefore, those committees participate in the response to such minor and local emergencies, as applicable, using the property transferred by the CNE.” V. EMERGENCIES DECLARED BY EXECUTIVE DECREE. With regard to the Exceptional Regime, it arises from a Declaration of a State of Emergency issued by the Executive Branch, as provided by Article 29 of Ley N°8488. The Declaration of Emergency permits exceptional treatment in the face of budgetary rigidity, pursuant to Article 180 of the Political Constitution, so that the Government may quickly obtain sufficient financial, material, or other resources to assist persons and address property and services that are affected or endangered (Art. 31, Ley N°8488), according to the needs arising during the various phases of the emergency, as established by Article 30 of that law. To use the exceptional regime, there must UNEQUIVOCALLY be a causal connection between the event giving rise to the state of necessity and urgency and the damage actually caused. In this regard, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), in Decision number 3410- 92, reiterated in Decision number 1369-2001 at fourteen hours and thirty minutes on 14 February 2001, stated: “the CNE’s intervention requires a causal connection between the event that occurred and the investment made, duly supported by an emergency decree issued by the Executive Branch and a General Emergency Plan, understood as a definition of functions, responsibilities, and general institutional response and alert procedures […]” Once a State of Emergency has been declared, the emergency response is carried out in three phases, as established by Article 30 of that law: a response phase aimed at applying urgent measures concerning life, the infrastructure of essential public services, and the production of essential goods and services; a rehabilitation phase, which concerns stabilizing the affected region through measures aimed at temporarily restoring essential water, transportation, telecommunications, health, commercial, electrical, and other services; and, finally, a reconstruction phase intended to restore the normal operation of the affected public services, including the reconstruction and replacement of damaged public and social-interest infrastructure, as well as the implementation of land-use regulation measures intended to prevent subsequent damage. Once the Executive Branch has issued the decree declaring the state of emergency, the Commission, through its Executive Directorate and in consultation with its Presidency, shall immediately convene the Institutions having authority in the matter and any others it deems necessary because they fall within the emergency’s affected area, for the preparation of the General Emergency Plan, an instrument that will make it possible to plan and channel, rationally, efficiently, and systematically, the measures to be taken, the necessary supervision, and the allocation of the required resources. For this purpose, within a maximum period of two months, the institutions convened must submit an official report on the damage suffered within their respective areas of authority, including an estimate of the costs and needs to be covered. This damage report must unequivocally establish a cause-and-effect relationship. The General Emergency Plan shall be prepared using the reports submitted and the other documentation substantiated by the Commission. The General Emergency Plan is the planning instrument that establishes the causal relationship among the event that occurred, the measures taken, and the investment made to address the emergency. It consists of a description of the causal event, an assessment of the damage, and an estimate of the resulting losses, itemized by canton and sector; it also includes the delineation of the measures that each institution must undertake, including those assigned to the Commission itself, as well as details of the amount of investment required in each phase of the emergency response, from the response phase through reconstruction of the affected area. It must likewise specify immediate-action measures, the human and material resources needed to address the event, and medium-term measures, such as those concerning the rehabilitation and reconstruction of the affected areas and the eradication and prevention of the risk conditions that caused the emergency. All institutions are required by this Law to contribute as necessary by providing information and technical support for the preparation of the General Emergency Plan. The drafting of this Plan and the responsibilities relating to its subsequent implementation shall take priority over the ordinary work of each individual institution while the state of emergency remains in effect. To implement the measures, works, and contracts, the Commission shall appoint as Implementing Units those public institutions having authority in the area where the measures will be undertaken, provided they have a sufficient structure to fulfill the commitments; both the Commission and the implementing units shall be required to prepare investment plans setting forth in detail the measures, works, and financial resources they will use to carry out their assignments, and those plans must be approved by the Commission’s Board of Directors. The appointment of Implementing Units allows emergency resources to be allocated, which entails the use and administration of resources in accordance with the corresponding procedures. In this regard, it must be borne in mind that the second paragraph of Article 51 of the Law provides that the procurement of goods and services financed with resources from the Fund for declared-emergency response shall be governed by the principles of the Ley de la Contratación Administrativa, the provisions of the Internal Regulations of the institutional Procurement Office, and specific provisions issued for such procurement. In Legal Opinion N° 044 - J of 20 July 2012, the Procuraduría General de la República addressed the subject as follows: “(…) Although the General Plan must set forth all the measures to be taken to respond to the emergency in its various phases, the agencies responsible for those measures, and the overall investment that the emergency will require in its various phases, the fact remains that, once an agency is appointed as an implementing unit, it becomes obligated to prepare an investment plan describing the measures, works, and financial resources that it will use to carry out the tasks assigned to it. That is, an action plan concerning its obligations in relation to the emergency, as those obligations arise from the General Plan. That investment plan cannot be limited to mentioning broad areas of action, because the law not only specifies that it must contain a detailed description, but adds that the description must be itemized; this requires the measures to be described in their various elements so as to specify how the needs caused will be addressed. It follows from the foregoing that the investment plan is a consequence of the General Plan. Accordingly, it must include the measures provided for in the General Plan and maintain the corresponding causal connection between the emergency and the measures to be financed through that new plan (…)” (Emphasis added.) VI. POWERS AND RESPONSIBILITIES OF LOCAL GOVERNMENTS IN RISK PREVENTION THROUGH TERRITORIAL PLANNING. It is the duty of the municipal government to ensure, through planning and the exercise of its police power, that urban development complies with criteria of safety, public health, and environmental sustainability. This is necessary to safeguard citizens’ rights. As follows directly from Article 169 of the Political Constitution, the Código Municipal, the Ley de Planificación Urbana, the Ley de Construcciones, and related regulations, municipalities have absolute and exclusive responsibility for planning the territory under their jurisdiction. This unavoidable duty has been elaborated upon in various opinions of the Procuraduría General de la República, including C-093-2007 of 27 March 2007, C-020-2009 of 29 January 2009, C-118-2009 of 4 May 2009, C-155- 2009 of 01 June 2009, C-091-2010 of 03 May 2010, and several others to the same effect. The Sala Constitucional has confirmed this responsibility in decisions including numbers 2153-93, 5305-93, 6706-93, 4205-96, 2000-431, 2000-06653, 2001- 07485, 2002-01220, 2002-05996, 2002-07751, 2003-11397, 2004-1915, 2004-14404, 2004-01915, 2004-09439, 2005-04002, and 2005-07516, among many others. In this regard, jurist Eduardo Ortiz Ortiz, quoted in Opinion C-032-98 of 25 February 1998 of the Procuraduría General de la República, stated: “The municipal authority to issue urban plans derives from the law, because it covers a subject constitutionally reserved to legislation, but it also has a constitutional basis because it is a local matter. This means that the law may delegate that authority only to the Municipality and that a law doing otherwise and empowering, for example, the Executive Branch would be unconstitutional for violating municipal autonomy.” In addition, the Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda has issued judgments consistent with the position of the Procuraduría General, including Decision N°128-2008 at 10:30 on 7 March 2008, Decision N°209-2011 at 14:30 on 16 June 2011, and Decision N°124-2011 at 09:50 on 15 April 2012, among many others, emphasizing the absolute responsibility of local governments for territorial planning. Agreement N°0443 of 30 November 2011 of the Board of Directors of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, adopted at Extraordinary Session No.10-11 held on Wednesday, 09 November 2011 and published in La Gaceta N°230 of 30 November 2011, entitled: “Recommends that mayors immediately proceed to evict the occupants of recognized risk and imminent-danger zones and demolish the buildings located therein,” concludes verbatim by stating: a. Recommend to all mayors in the country: i. That, pursuant to the duties and powers imposed on them by Articles 50 and 169 of the Political Constitution, the Código Municipal, the Ley de Planificación Urbana, the Ley de Construcciones, the Ley Orgánica del Ambiente, Article 33 of the Ley Forestal, related regulations, the Ley General de Salud, and the extensive case law on the subject, they immediately proceed to evict the occupants of recognized risk and imminent-danger zones, demolish the buildings located therein, and ensure that such zones are not again occupied by human settlements, applying the procedural sequence cited in Reason IV, drawn from Decision Nº 12485-2010 of the Sala Constitucional. ii. That, because of the binding nature conferred upon them by the Sala Constitucional, they immediately implement the recommendations that CNE technicians and academic institutions have repeatedly provided to them over many years, and of which they are aware, concerning concrete and timely measures to safeguard human life in recognized risk and imminent-danger zones. The studies and technical recommendations historically issued in each case shall be made available to the municipalities at the CNE offices. Internal Audit Offices and Municipal Councils must ensure compliance with these provisions. Disobedience shall be deemed a breach of duties and must be referred by the Internal Audit Offices to the appropriate authority. (…) d. Formally communicate this Agreement to all mayors and to the Defensoría de los Habitantes. e. Publish this Agreement and the national summary map of natural hazards (available on the website www.cne.go.cr) in the official gazette and in a newspaper of national circulation. (Emphasis added.) At this point, it is necessary to recall that, because the administration of the canton’s local interests and services falls within the authority of the Local Government under a constitutional mandate, and because, in this particular case, the Municipality, as a State legal entity with its own assets and legal personality (Article 2 of Código Municipal N° 7794), has full legal capacity to execute all acts and contracts necessary to fulfill its purposes. VII. THE SPECIFIC CASE. Regarding the CNE’s ordinary authority (Ley N°8488): “… Article 14.-Ordinary preventive authority of the Commission. The Commission shall be the governing entity for risk prevention and preparedness to address emergency situations. It shall exercise the following authority: a) Integrate and coordinate national policy concerning risk prevention and preparedness to address emergency situations. It shall also promote, organize, direct, and coordinate, as appropriate, the assignments required to integrate the National Risk Management System and its components and instruments. It shall carry out this work in permanent consultation with the bodies and entities participating in the process. b) Promote awareness of the subject through permanent education and outreach programs. c) Issue binding decisions concerning situations of risk, disaster, and imminent danger, based on technical and scientific criteria, aimed at guiding regulatory and oversight measures for their effective prevention and management, and regulating or ordering their effective implementation by State institutions, the private sector, and the general population. Officials of the bodies and entities responsible for executing or implementing such binding decisions may under no circumstances decline to apply them. Natural or legal persons, whether public or private, that build in or improperly use areas restricted through such binding decisions shall be subject to the obligation to demolish or remove the structure, pursuant to Article 36 of this Law. d) Exercise oversight over the regulatory function performed by State institutions to control risk-generating processes, according to their respective areas of authority, based on the Commission’s power to issue binding decisions concerning risk conditions and emergency response. e) Exercise permanent oversight to ensure that State bodies and entities include risk-management criteria in the planning and implementation of plans, programs, and projects promoting the country’s development. f) Promote and support studies and research on matters related to its purposes, as well as the preparation of projects advancing physical, technical, and educational systems aimed at disaster prevention and mitigation and preparedness to address them. g) Promote and foster the monitoring and management of risk situations by studying or implementing observation, monitoring, and alert measures that make it possible to anticipate, reduce, and prevent the impact and damage of potential disaster events. In addition, where necessary, coordinate the monitoring and management of such situations. h) Advise municipalities on managing information concerning the risk conditions affecting them, including guidance for an effective land-use and territorial-planning policy. Such advice must contribute to the preparation of regulatory plans, the adoption of oversight measures, and the promotion of organization aimed at reducing people’s vulnerability, bearing in mind that responsibility for addressing this problem at the municipal level rests in the first instance with the municipality. i) Establish and coordinate a permanent multi-institutional body for planning, coordinating, and directing emergency operations. j) Establish and maintain relationships with national and international, governmental and nongovernmental entities whose missions are related to that of the institution; enter into such exchange and cooperation agreements, conventions, or contracts with those entities as may be deemed appropriate. k) Foster the creation and strengthening of regional, municipal, and local capacities to manage emergency situations. Where necessary, this includes participation in alert, alarm, mobilization, and population-assistance measures. l) Manage international assistance from agencies and countries, in coordination with the Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, for prevention programs and emergency response. m) Coordinate international assistance that Costa Rica may offer to other nations that have declared emergencies in their territories, when agreed upon by the President of the Republic and the Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Such cooperation shall consist of human resources, technical advice, or donations of goods and services, as the country’s capabilities permit…” b. Extraordinary Authority: Established in Article 15 of Ley 8488;1 “Article 15.-Extraordinary authority of the Commission. Once the state of emergency established in Article 29 of this Law has been declared, the Commission shall be responsible for planning, coordinating, directing, and overseeing measures aimed at addressing urgent needs and implementing protection, rescue, and rehabilitation programs and activities. For that purpose, it shall implement at least the following measures: a) The coordination, direction, and oversight of response to emergencies declared as such by the Executive Branch shall be carried out in accordance with the phases defined in Article 30 of this Law; for that purpose, the Commission, through the Executive Directorate, must prepare the General Emergency Plan under the terms set forth in Chapter VI of this Law. b) It must coordinate the damage assessment, for which purpose the institutions of the Central Administration, the State’s Decentralized Public Administration, Local Governments, and State-owned enterprises shall be responsible for assessing the damage and coordinating that assessment with the Commission. c) Plan, coordinate, organize, and supervise the implementation of rescue measures by public and private national and international organizations. d) Coordinate the scientific and technical research necessary for the Plan, as well as physical and economic recovery programs, and conduct the necessary follow-up. e) Appoint as implementing units those public institutions whose area of authority encompasses the implementation of the works defined in the General Emergency Plan, and supervise their implementation. f) Hire such special personnel as it may require for specified periods and pursuant to the emergency declaration. Except as provided in the preceding subsections, without a declaration of emergency by the Executive Branch, the Commission shall provide blankets, food, and sleeping mats; acquire materials to restore basic services and make shelters operational; and hire a maximum of three hundred machine-hours for cleanup and priority response. The provisions of this paragraph apply to each case involving local and minor emergencies which, because of the high frequency with which they occur or the serious harm they cause in communities, require the provision of extraordinary assistance. (The preceding paragraph was amended by Article 1 of the law to improve the response to damage caused by natural disasters, N° 9641 of 6 March 2019)…” Article 25 of Ley 8488 states that the Costa Rican State is responsible for preventing disasters; therefore, all institutions are required to include the concepts of risk and disaster in their programs and to incorporate the ordinary management measures within their authority that are appropriate and timely to prevent their materialization, while fostering a culture aimed at reducing them. Agreement N°0443 of 30 November 2011 of the Board of Directors of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, adopted at Extraordinary Session No.10-11 held on Wednesday, 09 November 2011 and published in La Gaceta N°230 of 30 November 2011, must also be borne in mind; it “Recommends that mayors immediately proceed to evict the occupants of recognized risk and imminent-danger zones and demolish the buildings located therein.” At this point, it is necessary to recall that, because the administration of the canton’s local interests and services falls within the authority of the Local Government under a constitutional mandate, and because, in this particular case, the Municipality (…), as a State legal entity with its own assets and legal personality (Article 2 of Código Municipal N° 7794), has full legal capacity to execute all acts and contracts necessary to fulfill its purposes. In another connection, within the budget and as part of local governments’ powers concerning risk prevention, under Ley N° 9907 of 27 October 2020, Article 46 bis, concerning the application of the three percent that the municipal sector previously had to transfer to the Commission, was added to Ley 8488. It is the duty of the municipal government to ensure, through planning and the exercise of its police power, that urban development complies with criteria of safety, public health, and environmental sustainability. This is necessary to safeguard citizens’ rights. As follows directly from Article 169 of the Political Constitution, the Código Municipal, the Ley de Planificación Urbana, the Ley de Construcciones, and related regulations, municipalities have absolute and exclusive responsibility for planning the territory under their jurisdiction. Finally, through Official Letter CNE-CS-OF-012-2026 of 31 July 2026, the CNE’s Office of the Comptroller of Services, through Mr. Alfredo Artavia Solano, issued a report concerning the amparo applicant’s allegations. The relevant portion states as follows (image inserted); (…) IN SUMMARY. 1. The procurement procedures under the Exceptional Regime (forms of CNE intervention) are described; 1.1 Extraordinary Procurement for Immediate and Nondeferrable Response: procurement carried out immediately to safeguard life, the infrastructure of essential public services, the production of goods and services, property, and the environment, through alert measures, public information, the evacuation and temporary relocation of persons and animals to safe locations, and the recovery, rescue, and search for victims; the provision of basic necessities of life, such as food, clothing, water, medicine, and medical assistance; and the safeguarding of material property. Such procurement is carried out within seventy-two (72) hours following the occurrence of the event. The applicable conditions are: • Imminent danger. • Actual isolation of the population. • Availability of services, goods, or machinery at the location. • Situation report identifying the damage requiring intervention through the rental of machinery (causal connection). • Request for intervention. 1.2 Extreme-Urgency Procurement: procurement that may be carried out once a national emergency has been declared but before the General Emergency Plan has been approved. The CNE may use this type of procurement when it is necessary to safeguard the lives of persons or property in situations of exceptional danger. The requesting institution or entity, as well as the requesting CNE Units, must ask the Institutional Procurement Office to process the matter, for which purpose they must submit an Investment Plan in accordance with the procedure to be established for this purpose, which must be published on the CNE website.\n\nIf the investment plan based on extreme urgency is accepted, that is, if it meets every requirement established for this modality, the Legal Advisory Unit will issue a favorable opinion, and the Executive Directorate or Presidency of the CNE will issue the decision approving the procedure. 1.3 First-impact procurement: an expedited procedure for procuring goods, services, and machinery, in effect during the Response Phase of an event declared a National Emergency by the Executive Branch. This entails intervention in response to a triggering event that must have a direct causal nexus to a manifest impact and require urgent action aimed at providing humanitarian assistance and safeguarding life, vital services, and affected transportation routes, without involving construction work, road-network maintenance, or infrastructure improvements; accordingly, the procurement of goods or services may be authorized. There must be a cause-and-effect relationship between the reported damage and the work to be performed (an indispensable requirement of the causal nexus (nexo de causalidad) prescribed by law). A technical report must be submitted in the established format, setting forth the specific request for assistance and endorsed by the highest-ranking official and by an engineering or architecture professional who must be an employee of the requesting entity. A situation report from the Municipal Emergency Committee (Comité Municipal de Emergencias, CME), endorsed by the CNE Liaison Officer, must be submitted. 1.4 Procurement for an undeclared emergency: this entails intervention in response to a triggering event that must have a direct causal nexus to a manifest impact and require urgent action after the event occurs, aimed at safeguarding life and vital services. Such procurement is authorized pursuant to the final paragraph of Article 15 of the Ley Nacional de Emergencias N° 8488. a. There must be a cause-and-effect relationship between the reported damage and the triggering occurrence (local event) (causal nexus). b. A situation report from the Municipal Emergency Committee (CME), endorsed by the CNE Liaison Officer, must be submitted. c. A technical report must be submitted in the established format, setting forth the specific request for assistance and endorsed by the highest-ranking official and by an engineering or architecture professional who must be an employee of the requesting entity. d. It is important to note that, as established by Article N°169(a) of the Reglamento para las Contrataciones Públicas Amparadas al Régimen de Excepción de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias: The request for intervention must be made immediately using the form available on the website of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias or through such mechanism as may be established for that purpose, and must be submitted within the first 120 hours (5 calendar days) after the event occurred. 2. These forms of intervention must be pursued by the competent institution, whether the local government or State institutions, in compliance with the established requirements. 3. In addition, as is well known, mitigation and maintenance work on public infrastructure must be performed by other authorities, whether the local government and/or other State entities (IMAS, MINISTERIO DE SALUD), because maintenance, as an ordinary activity, cannot be provided by the CNE. Under Ley N° 8488, published in the Official Gazette La Gaceta N° 8, dated 11 January 2006, which establishes that the CNE is the governing entity for risk prevention, emergency response, preparedness, and reconstruction processes when emergencies arise, the following is provided: • Municipalities are responsible for administering cantonal interests and services and for approving and executing budgets as established by the Código Municipal. • Prevention is the responsibility of the State; therefore, all State institutions are required to incorporate the concepts of risk and disaster into their programs and include such ordinary management measures as are appropriate and timely within their respective areas of responsibility (Article 25, Ley 8488). • As provided in Article 27 of Ley 8488, the budget of each public institution must include an allocation of resources for disaster-risk control, treating prevention as a concept consistent with the development practices that are promoted and implemented. • The advisory assistance that this Commission provides to institutions is directed toward an effective land-use and land-planning policy and must contribute to the adoption of control measures intended to reduce people’s vulnerability, considering that, at the municipal level, primary responsibility for addressing this problem rests with the municipality. (Article 14(h)). 4. The amparo applicant submitted her request by sending an email to ...03 (see attached image), although the official channel is ...01, as stated by the CNE’s Service Comptroller in Oficio CNE-CS-OF-012-2026 of 31 July 2026. (…) In short, the CNE has acted proactively within our legal framework and in accordance with the parameters established by the Honorable Constitutional Chamber (Sala Constitucional), both by providing prompt and proper responses to amparo applicants and by making recommendations, within our areas of authority, to other government institutions and directly to the Municipal Corporation. In other words, no violation whatsoever of the fundamental rights protections alleged by the amparo applicant has been established.”\n\n4.- Yorleni León Marchena, in her capacity as Executive President of the Instituto Mixto de Ayuda Social, states under oath as follows: “First: ‘That she is the mother of 4 minors, one of whom has grade 3 autism, a condition established by an opinion issued by the Caja Costarricense de Seguro Social, and requires permanent supervision and specialized care, which is why she serves as his primary caregiver. She states that a drainage channel (caño) runs behind her home and that, for many years, the Municipality has neither cleaned nor maintained it.’ Response to the allegation: Mr. Nombre02, acting head of the Unidad Local de Desarrollo Social Limón, states verbatim in official letter IMAS-DDS-ARDSHC-ULDSLIM-0070-2026 as follows: ‘Partially True. According to the record updating the Social Information Form (Ficha de Información Social), the amparo applicant has 4 minors in her care. One of the minors has Grade III Autism, a fact verified by a medical opinion uploaded to the institution’s digital case file. There is no record regarding the fact stated by the amparo applicant: “She states that a drainage channel runs behind her home and that, for many years, the Municipality has neither cleaned nor maintained it,” because, in an interview conducted by the competent IMAS official, variable N°13 does not indicate the existence of a channel that floods the home, and the steps taken before the municipality are unknown. An image of the Social Information Form and an image of the medical opinion are attached. (…) Second: “That this drainage channel always floods the yard whenever it rains and, as a result of the recent heavy rains, it overflowed and sewage entered her home, causing property damage and exposing her family, especially her minor children and her son with a disability, to a serious risk to their health and physical integrity.” Response to the allegation: Mr. Nombre02, acting head of the Unidad Local de Desarrollo Social Limón, states verbatim in official letter IMAS-DDS-ARDSHC-ULDSLIM-0070-2026 as follows: “Partially True. It is unknown whether the yard where the amparo applicant resides floods whenever it rains; however, based on the incident numbers provided by the amparo applicant in her initial filing, there is evidence that the matter was reported to the Comisión Nacional de Emergencia.” Third: “That, in response to this emergency, she filed the corresponding reports with the 911 Emergency System under numbers 2026-07-05-3341 and 2026-07-0302657, and sent emails to IMAS and that institution’s Contraloría de Servicios, to the municipality, and to its municipal comptroller’s office, but because they were on vacation, there was no effective response or any officials available to address an emergency that endangered the life and dignity of her family.” Response to the allegation: Mr. Nombre02, acting head of the Unidad Local de Desarrollo Social Limón, states verbatim in official letter IMAS-DDS-ARDSHCULDSLIM-0070-2026 as follows: “Partially true. This local unit was not made aware of the reports while the emergency was being addressed; they were reported to the CNE on 03 July 2026. A review of the emails shows that they were sent to officials from the IMAS Executive Presidency and to the Contraloría de Servicios, which forwarded them to the head of the Unidad Local de Desarrollo Social de Limón on 13 July. However, given the volume of incidents reported as a result of Tropical Wave #19, which affected the cantons of Limón and Matina, and commitments within the local schedule, a competent IMAS official is scheduled to visit the amparo applicant’s home on Monday, 03 August 2026.” Likewise, Ms. Loryi Valverde Cordero, Comptroller of Services, states verbatim in official letter IMAS-CD-CS-1122-2026 as follows: “TRUE. The case is detailed below: 1. On 3 July 2026, the Contraloría de Servicios received a first email sent by the user. Because the facts described concerned an emergency, the matter was forwarded by email on 13 July 2026 to the head of the competent Unidad Local de Desarrollo Social so that it could be addressed as appropriate within its authority. 2. On 6 July 2026, the Contraloría de Servicios received a second email concerning the same situation, which was forwarded by email on 14 July 2026 to the head of the corresponding Unidad Local de Desarrollo Social for attention. 3. On 14 July 2026, the Contraloría de Servicios informed the user by email that her matter had been forwarded to the head of the Unidad Local de Desarrollo Social for the corresponding locality so that she could be given the appropriate guidance and assistance within its authority. 4. On 31 July 2026, the head of the corresponding Unidad Local de Desarrollo Social informed the user directly by email that a visit would be made to her home to conduct the appropriate social assessment based on the situation described in her submission. She was also informed that the visit was scheduled for the morning. 5. Subsequently, the Contraloría de Servicios asked the head of the corresponding Unidad Local de Desarrollo Social to report the outcome of the home visit in order to follow up on the matter raised by the user.” Fourth: “That she considers it unacceptable that, during a national emergency, public institutions lack effective mechanisms for assisting the most vulnerable population, leaving them completely unprotected.” Response to the allegation: Mr. Nombre02, acting head of the Unidad Local de Desarrollo Social Limón, states verbatim in official letter IMAS-DDS-ARDSHCULDSLIM-0070-2026 as follows: “Denied as inaccurate. The emergency was not declared nationwide; rather, the flooding resulted from the effects of Tropical Wave #19, which directly affected the Caribbean slope.” Fifth: “That she had previously asked IMAS for assistance as the caregiver of her son with a disability, but it was denied on the ground that he receives a pension (referring to the special pension under Ley 8769 in the amount of 373.000 colones, which does not even cover the selective diet required by his condition, therapies, and tutoring).” Response to the allegation: Mr. Nombre02, acting head of the Unidad Local de Desarrollo Social Limón, states verbatim in official letter IMAS-DDS-ARDSHCULDSLIM-0070-2026 as follows: “Denied as inaccurate. This office scheduled an appointment for a social assessment on 02 February 2026, which the amparo applicant did not attend, as confirmed by the attendance records in the SACI computer system, and as of this date no request for an appointment is recorded in our system. Images from the attendance-control system and appointment-request system are attached.” (…) Sixth: “That her son has severe food selectivity and therefore tolerates only a very specific diet essential to preserving his health, consisting of the following: breakfast of fish fillet with mashed potatoes; lunch of steak, zucchini, and chopped kiwi; and dinner consisting of a Pediasure beverage.” Response to the allegation: Mr. Nombre02, acting head of the Unidad Local de Desarrollo Social Limón, states verbatim in official letter IMAS-DDS-ARDSHC-ULDSLIM-0070-2026 as follows: “Not Established. There is no record in the most recent social assessment, dated 22/05/2025, that the amparo applicant stated or submitted any medical opinion regarding the type of diet the minor must follow.” Seventh: “That these foods are very expensive and, because they live under her sister’s protection, she made a great effort to obtain provisions for 7 days so that her son would not become malnourished, since he eats absolutely nothing else; however, all this food was lost in the flood, and her 3-year-old son lost his milk, diapers, and other items essential to his care.” Response to the allegation: Mr. Nombre02, acting head of the Unidad Local de Desarrollo Social Limón, states verbatim in official letter IMAS-DDS-ARDSHC-ULDSLIM-0070-2026 as follows: “Not Established. As part of the initial response measures, the Comisión Municipalidad de Emergencia distributes humanitarian assistance in communities affected by the flooding, and therefore there is no record as to whether such assistance was delivered to the amparo applicant. Moreover, in order to verify the losses, this office scheduled a home visit by a competent IMAS official for a social assessment on Monday, 03 August 2026. An image of the email notifying the amparo applicant of the visit is attached.” (…) Eighth: “That the flood destroyed all her essential property: major appliances, couches used by her son with autism for sensory regulation, food, mattresses, clothing, hygiene and personal-use supplies, wardrobes, a kitchen cabinet, school supplies, school uniforms, school shoes, and blankets.” Response to the allegation: Mr. Nombre02, acting head of the Unidad Local de Desarrollo Social Limón, states verbatim in official letter IMAS-DDS-ARDSHCULDSLIM-0070-2026 as follows: “Established. This unit conducted a home visit for a social assessment through a competent IMAS official on Monday, 03 August 2026, in order to verify the losses reported by the amparo applicant.” Ninth: “The respondent authority must report whether the email address to which the applicant sent the request for information is designated as an official mechanism for receiving submissions from users.” Response to the allegation: Mr. Nombre02, acting head of the Unidad Local de Desarrollo Social Limón, states verbatim in official letter IMAS-DDS-ARDSHCULDSLIM-0070-2026 as follows: “Established. The email address ...04 is an active and official mechanism for submissions from the public; in addition, this office makes the email address ...02 available to users for matters falling directly within the authority of this local unit. Finally, it should be noted that, after the home visit was conducted on 03 August, this office recommended granting the Emergency Assistance benefit for the purchase of essential household goods for the amparo applicant’s home, as well as financial resources for basic needs; she will be notified of this by an Administrative Approval Decision sent to the email address she provided.” On the merits: Pursuant to Article 2 of Ley N°4760 Ley de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social, the purpose of that institute is to address extreme poverty in the country: “Article 2.- The purpose of IMAS is to resolve the problem of extreme poverty in the country, for which it shall plan, direct, implement, and oversee a national plan intended for that purpose. To achieve that objective, it shall use all human and financial resources placed at its disposal by the country’s employers and workers, domestic or foreign public-sector institutions, private organizations of every kind, religious institutions, and any other groups interested in participating in the Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza.” Pursuant to the cited provision, the Instituto Mixto de Ayuda Social is subject to the principle of legality in force under our rule of law. It must therefore verify that the beneficiaries for whom public funds are intended qualify for the benefits provided by the Institution; in addition, it must distribute those public funds, which are limited, in the manner that best fulfills the public purpose. The failure to approve and disburse financial assistance at a particular time does not arise from an arbitrary or deliberate decision, but rather from adherence to the principle of legality, because the Public Administration may perform only those acts that are permitted to it. It is therefore inappropriate to approve and disburse resources unless the requirements established in the institution’s regulations have first been met. It is important to clarify that the benefits granted by IMAS are based on an applicant’s demonstrated circumstances, on a “specified duration” established by regulation or professional social-work criteria, and on the regulations governing their implementation. It is entirely lawful and consistent with the legal system for a benefit to be provided, for a defined period and in accordance with current institutional regulations, to a person who is in need and qualifies under the prioritization criteria. In this regard, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), in decision number 2025019695 issued at twenty minutes past nine on 27 June 2025, stated: “(…) Additionally, on this matter, it should be noted that this Constitutional Court agrees with the respondent authorities that the benefits granted by the Instituto Mixto de Ayuda Social are temporary and not permanent, and are assigned on the basis of socioeconomic assessments conducted for families or individuals by the competent Social Development Professionals; they are also subject to budgetary availability and compliance with the requirements established in the institution’s regulations. This constitutional jurisdiction has no involvement in those matters because they concern mere legality. (…)” Likewise, Article 176 of the Political Constitution provides: “Public administration shall be conducted in a sustainable, transparent, and responsible manner, based on a multiyear budgeting framework intended to ensure the continuity of the services provided…”; it must therefore be borne in mind that, in the case of IMAS, that budget cannot be implemented without the support, resources, and participation of the various sectors and social actors. Nevertheless, even with the combined efforts contemplated by Ley N°4760, the scarcity of investment resources in relation to the demand for assistance received by IMAS makes it materially impossible to satisfy every person subject to its administration, because social-investment resources are indisputably very limited and demand is so extensive that it exceeds them. It is therefore appropriate to establish parameters, conditions, and priorities in advance so that the institution can provide a more efficient public service; that is, so that it can meet the needs of those in the greatest need among persons experiencing extreme poverty and economic vulnerability. For this reason, the relevant decisions have been made to ensure that persons meeting those conditions and priorities receive the benefits offered through IMAS programs, because they reliably demonstrate that they are in the most urgent circumstances. Accordingly, resources from social programs directed toward sectors experiencing poverty and extreme poverty are distributed under a duty to prioritize assistance according to the poverty line. Thus, the granting of benefits is time-limited, as the Constitutional Chamber stated in decision number 2025021551 issued at twenty minutes past nine on 11 July 2025: “(…) In this particular matter, the claimant should note that, regarding social assistance, this Chamber has clearly stated that such assistance consists of benefits, not rights, and that their granting arises from a voluntary act by the State. (…)” It should also be noted that IMAS, as a decentralized institution, enjoys administrative autonomy, which confers regulatory authority on the Administration. Through that authority, it creates a body of regulations subordinate to and limited by statute, intended to govern the provision of services and the granting of benefits, subsidies, and monetary transfers provided by the institution within the Programa de Protección y Promoción Social, in fulfillment of the purposes established in Ley N° 4760. This regulatory authority forms part of the discretionary public powers held by the entity by virtue of its decentralized nature. It thus enacted the Reglamento para la Prestación de Servicios y Otorgamiento de Beneficios, Subsidios y Transferencias Monetarias del IMAS, which in turn establishes the requirements for the assistance, assessment, processing, monitoring, evaluation, suspension, denial, or revocation of benefits, subsidies, and monetary transfers within the IMAS program offerings. Those requirements must be implemented by the bodies or persons defined in its provisions and related provisions when assisting individuals, households, public- or private-law entities and/or communities (Article 1: Purpose and Scope). For the specific case, and insofar as relevant here, Article 3, subsection ss), provides: “Subsidy: A public benefit of an economic nature and defined duration intended to meet a specific need”; and subsection xx) provides: “Monetary transfer: Financial support of a defined duration granted to individuals, households, or organizations benefiting from the Programa de Protección y Promoción Social, for the purpose of contributing wholly or partially to meeting a specific need.” It may be concluded from the foregoing text that a subsidy granted by IMAS, as well as a monetary transfer, has a defined duration and is granted to individuals, households, or organizations benefiting from the Programa de Protección y Promoción Social. In other words, IMAS provides benefits for a specified period, according to the established grant period, and for a specific need. It must also be considered that IMAS administers limited public resources intended to meet social demand that substantially exceeds its operational and budgetary capacity, a circumstance that requires the Administration to establish technical and objective prioritization mechanisms to ensure fulfillment of the public purpose assigned by Article 2 of its enabling statute. In this specific case, with respect to the amparo applicant’s allegation that she requested assistance from IMAS as the caregiver of her son with a disability, it has been established that the Unidad Local de Desarrollo Social Limón scheduled an appointment for assistance on 02 February 2026, which the amparo applicant did not attend. After that date, there is no record of any new request to IMAS for assistance as her son’s caregiver. As to the response to the emergency resulting from Tropical Wave N°19, the Unidad Local de Desarrollo Social Limón learned of the amparo applicant’s case on 13 July 2026 through a communication from the institution’s Contraloría de Servicios. Because of the volume of incidents, a home visit to conduct the corresponding assessment of the case was scheduled for 03 August 2026. It is important to note that IMAS responded to the amparo applicant’s request for assistance, both through the Contraloría de Servicios by email on 14 July 2026 and through the Unidad Local de Desarrollo Social Limón by email dated 31 July 2026. It should be considered that the amparo applicant’s emergency assessment was addressed by the Unidad Local de Desarrollo Social Limón once it learned of the matter on 13 July 2026, and a home visit was scheduled for 03 August 2026. It should be noted that the present amparo proceeding was filed by the amparo applicant before the Constitutional Chamber on 08 July 2026 and communicated to this office on 30 July 2026; however, it bears repeating that the Unidad Local de Desarrollo Social Limón did not learn of the case until 13 July 2026. Thus, considering the follow-up conducted on 13 July and 03 August, the amparo applicant’s household was assisted promptly by the Unidad Local de Desarrollo Social Limón. It must therefore be considered that no disproportionate or unreasonable period elapsed before the case was addressed, as this honorable Chamber has regularly stated. It should be noted that the present proceeding was served on the institution I represent on 23 February 2026, and therefore the amparo applicant’s claim is premature. Regarding the foregoing, the Constitutional Chamber stated as follows in decision N° 2024007825 issued at 09:20 hours on 22 March 2024: “IV.- Regarding the authorities of the Instituto Mixto de Ayuda Social. The applicant alleges that, on 22 June 2023, the protected person appeared at the Ciudad Quesada de San Carlos branch of the Instituto Mixto de Ayuda Social to request socioeconomic assistance for herself and her family unit; however, he complains that she was not granted any benefit, despite being classified as experiencing extreme poverty according to report 0237F983 in the institution’s form. In this regard, upon examining the record, this Court finds that this aspect of the application must be denied. Specifically, the record shows that, on 22 June 2023, the protected person did in fact appear at the Ciudad Quesada de San Carlos branch of the Instituto Mixto de Ayuda Social, where the corresponding assessment was conducted, after which her request was placed on the waiting list for the granting of a subsidy in accordance with institutional prioritization parameters and criteria. For that reason, on that same day, the authorities of the Ciudad Quesada de San Carlos branch of the Instituto Mixto de Ayuda Social notified the protected person as follows: ‘approval of an institutional subsidy shall proceed in accordance with the procedures for granting it and with institutional prioritization parameters and criteria.’ Based on the foregoing, it is evident that, between the date on which the protected person appeared before the IMAS authorities—22 June 2023—and the date on which she sought amparo—29 July 2023—no disproportionate period had elapsed for a proper determination, because only 1 month and 6 days had passed since the request. In other words, the claim made by the applicant is premature, and therefore no violation of fundamental rights is found…” As to the visit conducted on 03 August 2026, the Unidad Local de Desarrollo Social Limón recommended granting the Emergency Assistance benefit for the purchase of essential household goods, as well as financial resources for basic needs. Ms. Nombre01 will be notified of these benefits by an administrative decision sent by email to the address she provided. In accordance with the foregoing, it has been established that IMAS acted in conformity with the legal system and the institution’s regulations, as demonstrated by this filing and the attached evidence, because it followed up on the matter concerning the amparo applicant’s household and addressed it within the corresponding institutional timeframes, taking into account the prioritization and targeting guidelines for the program offerings directed toward the target population. Accordingly, it is respectfully requested that the present amparo proceeding be denied, without a separate award of costs, damages, or losses.”\n\n5.- The legal requirements have been observed in the proceedings conducted.\n\nJustice Rueda Leal drafted the decision; and,\n\nReasons:\n\nI.- Preliminary matter. Before analyzing the merits of the matter—concerning the alleged violation of the right to prompt and effective proceedings—it must be clarified that, beginning with Voto nro. 2008-02545 issued at 8:55 hours on 22 February 2008, this Chamber has held that matters concerning whether the Public Administration has complied with the time limits established by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or by sector-specific statutes governing special administrative proceedings must—with certain exceptions—be referred to the administrative-litigation jurisdiction (jurisdicción contencioso-administrativa). This applies to time limits for concluding, by a final administrative act, an administrative proceeding initiated ex officio or at the request of a party, or for considering the applicable administrative remedies. In the sub lite, precisely such an exception is presented, because the matter concerns a request for assistance on behalf of minors. Having clarified that point, the Chamber proceeds to decide the specific situation raised in this proceeding.\n\nII.- Subject matter of the application. The amparo applicant states that, because of the heavy rains, a drainage channel near her house overflowed and flooded it. She asserts that she requested assistance from the CNE and IMAS. However, she has not yet received it.\n\nIII.- Proven facts. The following facts, which are material to the determination of this matter, are deemed duly established, either because they were proven or because the respondent authority failed to address them as required by the initial order:\n\na) On 6 July 2026, the amparo applicant sent an email to the address ...05 concerning the subject matter of this proceeding. (See evidence submitted).\n\nb) The address through which the CNE’s Contraloría de Servicios assists users is ...01. (See report rendered and evidence submitted).\n\nc) On 3 July 2026, the amparo applicant requested assistance from IMAS because her house had flooded. (Undisputed fact).\n\nd) On 3 August 2026, IMAS conducted a home visit and recommended granting the Emergency Assistance benefit for the purchase of essential household goods for the amparo applicant’s home, as well as financial resources for basic needs. (See report rendered and evidence submitted).\n\nIV.- Regarding the specific case. In the sub examine, the amparo applicant states that, because of the heavy rains, a drainage channel near her house overflowed and flooded it. She asserts that she requested assistance from the CNE and IMAS. However, she has not yet received it.\n\nWith respect to the CNE, the Chamber deemed it proven that, on 6 July 2026, the amparo applicant sent an email to the address ...05 concerning the subject matter of this proceeding. However, the address through which the CNE’s Contraloría de Servicios assists users is ...01. Accordingly, no violation to the detriment of the protected person is established, because she sent her email to an address that was not the official mechanism for handling such matters.\n\nWith respect to IMAS, the Chamber confirmed that, on 3 July 2026, the amparo applicant requested assistance from that institute because her house had flooded. Subsequently, on 3 August 2026, IMAS conducted a home visit and recommended granting the Emergency Assistance benefit for the purchase of essential household goods for the amparo applicant’s home, as well as financial resources for basic needs.\n\nConsidering that the request to IMAS was submitted on 3 July 2026, the Chamber finds that, when this amparo proceeding was filed on 9 July 2026, an unreasonable amount of time had not elapsed before it was addressed. In any event, the Chamber notes that IMAS has already inspected the interested party’s home and recommended granting the corresponding benefit. In view of the foregoing, the application is denied.\n\nV.- Separate note by Justice Castillo Víquez regarding prompt and effective administrative justice. I have supported this Court’s position that, when a person seeking judicial protection alleges a violation of the right to prompt and effective justice in administrative proceedings, the legal dispute must be heard by the Administrative-Litigation Courts rather than by this Chamber. However, the recent enactment of Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, established that this right is eligible for judicial protection through the amparo proceeding provided for in Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in cases in which the petitioner considers that the Administration’s material conduct, administrative acts, or response are affecting the petitioner’s fundamental rights. In my view, the recently enacted legislation does not require this Court to alter its line of precedent, as, under Article 7 of its Law, this Court has exclusive authority to define its own jurisdiction. Therefore, except for those constitutional-law disputes that this Chamber itself has recognized as exceptional cases that may be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee proceeding of amparo, all other cases fall within the authority of the judges of the administrative-litigation jurisdiction, for the reasons stated by this Court (decision N° 2008-02545 issued at 8:55 hours on 22 February 2008). All of this is consistent with Article 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution—its values, principles, and rules—and the corresponding statutory provisions, based on a logical, systemic, and purposive interpretation of the legal system.\n\nVI.- SEPARATE NOTE BY JUSTICE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is also my view that, if the Public Administration has already intervened, the matter should be heard and decided by the administrative-litigation jurisdiction. Nevertheless, I do address the merits when other rights of persons affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as occurs in this case, in which the applicant submitted a request for assistance on behalf of minors, involving a violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified standard of quality of life.\n\nVII.- Documentation submitted to the case file. The parties are advised that, if they have submitted any paper document or any objects or evidence contained on an additional electronic, computer, magnetic, optical, or telematic device, or on a device produced using new technologies, they must retrieve them within a maximum period of 30 business days from notice of this judgment. The parties are warned that any material not collected within that period will be destroyed pursuant to the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial” (approved by the Corte Plena in Article XXVI of session nro. 27-11 of 22 August 2011 and published in Boletín Judicial nro. 19 of 26 January 2012) and Article LXXXI of session nro. 43-12 of the Consejo Superior del Poder Judicial of 3 May 2012.\n\nTherefore:\n\nThe application is denied. Justice Castillo Víquez files a separate note. Justice Salazar Alvarado files a separate note.\n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\nFernando Cruz C.\n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\nIngrid Hess H.\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification Code --\n\n\n\n6DE5QI5TQ2S61\n\nCASE FILE N° 26-024678-0007-CO\n\nTelephone numbers: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01)." }