{ "id": "nexus-sen-1-0007-1426875", "citation": "Res. 33829-2026 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Demora en resolver recursos sobre disponibilidad de agua", "title_en": "Delay in Deciding Challenges to Water Availability Denial", "summary_es": "La Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo porque el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados tardó más de dos meses y medio en resolver el recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado contra la denegatoria de disponibilidad de agua potable y alcantarillado sanitario para una finca en Aranjuez de Pitahaya, Puntarenas. Al interponerse el amparo existía una lesión cierta al derecho de petición y pronta respuesta del artículo 27 constitucional, pues el AyA no acreditó una causa objetiva, técnica o de fuerza mayor que justificara la demora. Durante la tramitación del amparo, la Administración resolvió y notificó ambos recursos, por lo que la pretensión quedó satisfecha y no correspondía emitir una orden de hacer. La mayoría acogió el amparo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Salazar Alvarado habría impuesto los tres rubros; la magistrada Garro Vargas habría condenado únicamente en daños y perjuicios. El magistrado Castillo Víquez consignó una nota sobre la competencia contencioso-administrativa.", "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) granted the amparo application because the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) took more than two and a half months to decide a motion for revocation with a subsidiary administrative appeal challenging the denial of drinking-water and sanitary-sewer service availability for property in Aranjuez de Pitahaya, Puntarenas. When the amparo was filed, there was an established violation of the constitutional right to petition and receive a prompt response under Article 27 because AyA proved no objective, technical, or force-majeure reason for the delay. During the amparo proceeding, the Administration decided and notified both challenges, satisfying the specific claim and making an affirmative order unnecessary. The majority granted amparo without a special award of costs or damages. Justice Salazar Alvarado would have awarded costs and damages, while Justice Garro Vargas would have awarded damages but not costs. Justice Castillo Víquez added a note concerning the administrative-litigation jurisdiction’s competence.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "03/09/2026", "year": "2026", "topic_ids": [], "primary_topic_id": null, "es_concept_hints": [ "recurso de amparo", "derecho de petición y pronta respuesta", "disponibilidad de agua potable", "recurso de revocatoria", "apelación en subsidio", "agotamiento de la vía administrativa", "condenatoria en abstracto", "jurisdicción contencioso-administrativa" ], "article_citations": [], "keywords_es": [ "recurso de amparo", "derecho de petición", "pronta respuesta", "disponibilidad de agua potable", "alcantarillado sanitario", "AyA", "déficit hídrico transitorio", "recurso de revocatoria", "apelación en subsidio", "artículo 27 constitucional", "artículo 52 LJC", "costas, daños y perjuicios" ], "keywords_en": [ "amparo proceeding", "right to petition", "prompt response", "drinking-water availability", "sanitary sewer service", "AyA", "temporary water deficit", "motion for revocation", "subsidiary administrative appeal", "Article 27 of the Constitution", "Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law", "costs and damages" ], "excerpt_es": "IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el caso concreto, de los informes rendidos por el representante de la autoridad recurrida -que se tienen por dados bajo juramento, con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y de la prueba aportada, ha quedado acreditado que la recurrente interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la denegatoria de disponibilidad de agua potable y alcantarillado sanitario que le fue comunicada, y que, al momento de interponer este recurso de amparo -17 de julio de 2026-, habían transcurrido más de dos meses y medio sin que la Administración hubiera resuelto dicha gestión, plazo que excede notoriamente los términos ordinarios previstos para la resolución de los procedimientos y recursos administrativos, sin que la autoridad recurrida haya acreditado en su informe una causa objetiva, técnica o de fuerza mayor que justificara dicha demora, más allá de la remisión del expediente entre la oficina cantonal de Alajuela y la de Puntarenas. A ello se agrega que, según consta como hecho no controvertido, el 8 de julio de 2026 se indicó verbalmente a la recurrente que obtendría respuesta ese mismo día, promesa que no fue honrada. De lo anterior se colige que, al momento de acudir a la vía constitucional, existía una lesión cierta al derecho de petición y pronta respuesta de la recurrente, tutelado en el artículo 27 de la Constitución Política.\n\nNo obstante, consta igualmente acreditado que, con posterioridad a la interposición de este amparo, la autoridad recurrida resolvió tanto el recurso de revocatoria -mediante la Resolución N.° GSP-RPC-PU-2026-00686 del 19 de julio de 2026- como la apelación en subsidio elevada ante el superior jerárquico -mediante la Resolución de Gerencia General N.° GG-R-2026-0486 del 19 de agosto de 2026-, agotando con ello la vía administrativa, y que ambas resoluciones fueron debidamente notificadas a la recurrente. En consecuencia, la pretensión concreta que dio origen a este proceso -obtener un pronunciamiento sobre los recursos administrativos planteados- se encuentra plenamente satisfecha, por lo que no procede girar orden alguna de hacer. Sin embargo, dado que la lesión al derecho de petición sí se había consumado al momento de interponerse el amparo, y que la conducta lesiva cesó únicamente como consecuencia de la tramitación de este proceso, procede declarar el recurso con lugar, pero, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional de conformidad con lo indicado en los siguientes considerandos, así como lo indicado en la parte dispositiva de esta sentencia.", "excerpt_en": "IV.- THE SPECIFIC CASE. In this case, the reports submitted by the representative of the respondent authority—which are deemed given under oath, with the consequences, including criminal consequences, established in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided establish that the amparo applicant filed a motion for revocation with a subsidiary administrative appeal against the notified denial of drinking-water and sanitary-sewer service availability. When this amparo application was filed on 17 July 2026, more than two and a half months had passed without the Administration deciding that challenge. This period clearly exceeded the ordinary time limits for deciding administrative procedures and challenges, and the respondent authority did not establish in its report any objective, technical, or force-majeure reason justifying the delay, apart from the transfer of the file between the Alajuela and Puntarenas cantonal offices. Moreover, it is an uncontested fact that on 8 July 2026 the applicant was verbally told that she would receive a response that same day, but that promise was not honored. It follows that, when she sought constitutional relief, there was an established violation of the applicant’s right to petition and receive a prompt response, protected by Article 27 of the Political Constitution.\n\nNevertheless, it is also established that, after the amparo application was filed, the respondent authority decided both the motion for revocation—through Resolution No. GSP-RPC-PU-2026-00686 of 19 July 2026—and the subsidiary administrative appeal referred to the hierarchical superior—through General Management Resolution No. GG-R-2026-0486 of 19 August 2026—thereby exhausting the administrative channel, and that both decisions were duly served on the applicant. Consequently, the specific claim giving rise to this proceeding—to obtain a decision on the administrative challenges filed—has been fully satisfied, so no affirmative order should be issued. However, because the violation of the right to petition had already occurred when the amparo was filed and the harmful conduct ceased only as a consequence of this proceeding, the application must be granted, in accordance with Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law, the following grounds, and the operative portion of this judgment.", "outcome": { "label_en": "Granted", "label_es": "Con lugar", "summary_en": "The majority granted amparo because of AyA’s unjustified delay in deciding the administrative challenges, but because both were decided and served during the proceeding, it issued no affirmative order and made no special award of costs or damages; two justices partially dissented from the latter determination.", "summary_es": "La mayoría declaró con lugar el amparo por la demora injustificada del AyA en resolver los recursos administrativos, pero, al haber sido resueltos y notificados durante el proceso, no emitió orden de hacer ni impuso especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, criterio este último respecto del cual hubo dos votos salvados parciales." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando I", "quote_en": "Nevertheless, this case presents an exception because the claim concerns an application for drinking-water service availability.", "quote_es": "No obstante, en el presente caso se plantea un supuesto de excepción, pues lo reclamado está relacionado con una solicitud de disponibilidad de agua potable." }, { "context": "Considerando V", "quote_en": "In cases such as this one, the substance of the protected person’s claim and the respondent authority’s conduct in recognizing it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations do not directly concern an impact on a constitutional right of an evidently economic nature, as would occur, for example, with an impairment of the right to salary.", "quote_es": "En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario)." }, { "context": "Considerando V", "quote_en": "In any event, the affected party in this case retains the option, if she so chooses, of pursuing proceedings on the merits to prove that she suffered some form of harm.", "quote_es": "En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo." }, { "context": "Por tanto", "quote_en": "The application is GRANTED, without a special award of costs or damages.", "quote_es": "Se declara CON LUGAR el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1426875", "tier": 2, "is_environmental": true, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "\n\nExp: 26-025641-0007-CO \n\nRes. Nº 2026033829\n\n \n\nSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del tres de setiembre de dos mil veintiseis .\n\n Recurso de amparo que se tramita en el expediente número 26-025641-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.\n\nRESULTANDO:\n\n1.- Por escrito recibido en esta Sala a las 10:22 horas del 17 de julio de 2026, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y expone que, el 24 de abril de 2026, presentó ante esa institución una solicitud de disponibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario para la finca matrícula de Folio Real N.° PRN01, ubicada en Aranjuez de Pitahaya, cantón y provincia de Puntarenas, la cual le fue denegada. Manifiesta que el 7 de mayo de 2026 presentó ante la oficina cantonal del AyA en Alajuela un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra dicha denegatoria, gestión que fue remitida a la oficina regional de Puntarenas, sin que, transcurrido más de un mes desde su presentación, la institución hubiera emitido respuesta alguna. Añade que el 8 de julio de 2026 se apersonó a las oficinas del AyA en Puntarenas, donde se le indicó verbalmente que la respuesta se daría ese mismo día, sin que ello ocurriera. Reclama, entre otros extremos, que en la zona existen inmuebles de mayor extensión -como las fincas Santa Martha y Segura Carrillo- y proyectos de carácter turístico que cuentan con acceso a agua potable, así como que el Instituto Costarricense de Electricidad, mediante el oficio CF-161-2026, ya le otorgó disponibilidad eléctrica para el mismo inmueble, lo que en su criterio evidencia la falta de fundamento de la denegatoria. Estima lesionado su derecho de petición y pronta respuesta, tutelado en el artículo 27 de la Constitución Política. Solicita que se declare con lugar el recurso.\n\n2.- Mediante auto de las 14:46 horas del 11 de agosto de 2026 se cursó el presente recurso y se notificó a la autoridad recurrida el 18 de agosto de 2026.\n\n3.- Por escrito presentado el 19 de agosto de 2026, informa bajo juramento CLAUDIO CORRALES CASANOVA, en su condición de encargado de la Oficina Cantonal de Puntarenas de la Región Pacífico Central de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, con fundamento en el memorando N.° GSP-RPC-PU-2026-00810 del 19 de agosto de 2026, que: “(…) En fecha 24 de abril de 2026, la señora Nombre01 presentó solicitud de disponibilidad de agua potable, para la propiedad matrícula de folio real N.° PRN02, ubicada en Pitahaya de Puntarenas, tramitada bajo el número de solicitud 2026-00009644-1; con posterioridad al análisis técnico, se determina que el sistema PC-A-22 Pitahaya-Aranjuez presenta una condición de capacidad hídrica transitoria hacia déficit, razón por la cual se emitió la Constancia de No Disponibilidad de Servicios SIGDD-2026-00009644-1-2-NAP. Contra dicha denegatoria, la recurrente interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, el recurso de revocatoria fue conocido mediante Resolución N.° GSP-RPC-PU-2026-00686, por medio de la cual se declaró sin lugar y se confirmó la denegatoria de disponibilidad de disponibilidad, dicha resolución fue debidamente notificada el 19 de julio de 2026 a la dirección de correo electrónico ...01, medio señalado por la recurrente para recibir notificaciones. Asimismo, el recurso de apelación en subsidio fue resuelto mediante Resolución de Gerencia General N.° GG-R-2026-0486 de fecha 19 de agosto del año en curso, la cual fue debidamente notificada a la recurrente a la dirección de correo electrónico citado supra (…) En consecuencia, a la fecha de rendición del presente informe, tanto el recurso de revocatoria como el recurso de apelación en subsidio cuentan con pronunciamiento expreso de la Administración y han sido debidamente notificados a la recurrente, encontrándose satisfecha la pretensión que dio origen al presente recurso que nos ocupa (…)”\n\n4.- En la sustanciación de este proceso se han observado las prescripciones de ley.\n\n Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,\n\nConsiderando:\n\n I.- DE PREVIO. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho de petición y pronta respuesta en sede administrativa- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos, pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por las leyes sectoriales relativas a los procedimientos administrativos especiales, tanto para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- como para conocer de los recursos administrativos procedentes. No obstante, en el presente caso se plantea un supuesto de excepción, pues lo reclamado está relacionado con una solicitud de disponibilidad de agua potable.\n\nII.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente interpone recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y reclama que, tras la denegatoria de su solicitud de disponibilidad de agua potable y alcantarillado sanitario para su finca ubicada en Aranjuez de Pitahaya, Puntarenas, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, sin que, transcurrido un plazo que estima irrazonable, hubiera obtenido respuesta, pese a que el 8 de julio de 2026 se le indicó verbalmente en las oficinas de la institución en Puntarenas que la respuesta se emitiría ese mismo día. Estima lesionado su derecho de petición y pronta respuesta. Solicita la intervención de esta Sala.\n\nIII.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:\n\n1. El 24 de abril de 2026, la recurrente Nombre01 presentó ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados una solicitud de disponibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario para la finca matrícula de Folio Real N.° PRN01, ubicada en Aranjuez de Pitahaya, cantón y provincia de Puntarenas, tramitada bajo el número de solicitud 2026-00009644-1 (ver solicitud de disponibilidad e informe rendido bajo juramento).\n\n2. Mediante el Estudio Técnico N.° GSP-RPC-PU-2026-00425 del 28 de abril de 2026, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados determinó que el sistema PC-A-22 Pitahaya-Aranjuez, que abastece el sector donde se ubica el inmueble de la recurrente, presentaba una condición de Déficit Hídrico Transitorio (ICH=III), con un balance hídrico negativo de -219 m³ (ver estudio técnico citado).\n\n3. Con fundamento en dicho estudio, mediante la Constancia de No Disponibilidad de Servicios N.° SIGDD-2026-00009644-1-2-NAP del 30 de abril de 2026, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados comunicó a la recurrente la denegatoria de disponibilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario solicitados (ver constancia citada).\n\n4. La recurrente interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra dicha denegatoria el 4 de mayo de 2026, según consta en el informe rendido bajo juramento y en la Resolución de Gerencia General N.° GG-R-2026-0486 (la recurrente indica en su escrito de interposición que dicha gestión la presentó el 7 de mayo de 2026, ante la oficina cantonal del AyA en Alajuela).\n\n5. El recurso de revocatoria fue resuelto mediante la Resolución N.° GSP-RPC-PU-2026-00686 de la Unidad Cantonal de Puntarenas, del 19 de julio de 2026, por medio de la cual se declaró sin lugar la revocatoria, se confirmó la denegatoria de disponibilidad y se elevó la apelación en subsidio ante la Gerencia General; dicha resolución fue notificada a la recurrente en esa misma fecha, a la dirección de correo electrónico ...01, señalada por ella para recibir notificaciones (ver informe rendido bajo juramento).\n\n6. Mediante auto de las 14:46 horas del 11 de agosto de 2026 se cursó el presente recurso y se notificó a la autoridad recurrida el 18 de agosto de 2026 (los autos). \n\n7. El recurso de apelación en subsidio fue resuelto mediante la Resolución de Gerencia General N.° GG-R-2026-0486 del 19 de agosto de 2026, por medio de la cual se declaró sin lugar la apelación; dicha resolución fue igualmente notificada a la recurrente a la dirección de correo electrónico citada (ver Resolución GG-R-2026-0486 e informe rendido bajo juramento).\n\nIV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el caso concreto, de los informes rendidos por el representante de la autoridad recurrida -que se tienen por dados bajo juramento, con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y de la prueba aportada, ha quedado acreditado que la recurrente interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la denegatoria de disponibilidad de agua potable y alcantarillado sanitario que le fue comunicada, y que, al momento de interponer este recurso de amparo -17 de julio de 2026-, habían transcurrido más de dos meses y medio sin que la Administración hubiera resuelto dicha gestión, plazo que excede notoriamente los términos ordinarios previstos para la resolución de los procedimientos y recursos administrativos, sin que la autoridad recurrida haya acreditado en su informe una causa objetiva, técnica o de fuerza mayor que justificara dicha demora, más allá de la remisión del expediente entre la oficina cantonal de Alajuela y la de Puntarenas. A ello se agrega que, según consta como hecho no controvertido, el 8 de julio de 2026 se indicó verbalmente a la recurrente que obtendría respuesta ese mismo día, promesa que no fue honrada. De lo anterior se colige que, al momento de acudir a la vía constitucional, existía una lesión cierta al derecho de petición y pronta respuesta de la recurrente, tutelado en el artículo 27 de la Constitución Política.\n\nNo obstante, consta igualmente acreditado que, con posterioridad a la interposición de este amparo, la autoridad recurrida resolvió tanto el recurso de revocatoria -mediante la Resolución N.° GSP-RPC-PU-2026-00686 del 19 de julio de 2026- como la apelación en subsidio elevada ante el superior jerárquico -mediante la Resolución de Gerencia General N.° GG-R-2026-0486 del 19 de agosto de 2026-, agotando con ello la vía administrativa, y que ambas resoluciones fueron debidamente notificadas a la recurrente. En consecuencia, la pretensión concreta que dio origen a este proceso -obtener un pronunciamiento sobre los recursos administrativos planteados- se encuentra plenamente satisfecha, por lo que no procede girar orden alguna de hacer. Sin embargo, dado que la lesión al derecho de petición sí se había consumado al momento de interponerse el amparo, y que la conducta lesiva cesó únicamente como consecuencia de la tramitación de este proceso, procede declarar el recurso con lugar, pero, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional de conformidad con lo indicado en los siguientes considerandos, así como lo indicado en la parte dispositiva de esta sentencia.\n\nV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.\n\nVI.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.\n\nVII.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.\n\nSi bien coincidimos con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, nos separamos del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.\n\nLa Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:\n\n“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nPor otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:\n\n“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nEsta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.\n\nEn criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.\n\nAsí, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nPor otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.\n\nEl legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.\n\nEn nuestro criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.\n\nComo razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:\n\n“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.\n\nEs claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a nuestro juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externamos nuestro voto y reiteramos que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.\n\nVIII.- Voto salvado de la magistrada Garro Vargas respecto a la parte dispositiva de esta sentencia. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.\n\nMi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.\n\nCiertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CPolt.), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.\n\nSi el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CPolt. Si a pesar de que se haya condenado en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.\n\nCon la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.\n\nEn razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.\n\nIX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara CON LUGAR el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese.-\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresidente\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n LQ7YEKJWS5O61 \n\nEXPEDIENTE N° 26-025641-0007-CO \n\n \n\nTeléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01).", "body_en_text": "\n\nCase file: 26-025641-0007-CO \n\nDecision No. 2026033829\n\n \n\nCONSTITUTIONAL CHAMBER (SALA CONSTITUCIONAL) OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at 9:20 a.m. on 3 September 2026.\n\nAmparo proceeding being heard under case file number 26-025641-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED01, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.\n\nBACKGROUND:\n\n1.- In a written submission received by this Chamber at 10:22 a.m. on 17 July 2026, the amparo applicant filed an amparo proceeding against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and stated that, on 24 April 2026, she submitted to that institution a request for the availability of drinking-water and sanitary-sewerage services for the property recorded in the Real Property Registry under No. PRN01, located in Aranjuez de Pitahaya, canton and province of Puntarenas, which was denied. She states that, on 7 May 2026, she filed with the AyA cantonal office in Alajuela a motion for reconsideration (recurso de revocatoria) with a subsidiary administrative appeal (apelación en subsidio) against that denial. The filing was forwarded to the Puntarenas regional office, but more than one month after its submission, the institution had still issued no response. She adds that, on 8 July 2026, she appeared at the AyA offices in Puntarenas, where she was verbally informed that a response would be provided that same day, but this did not occur. Among other matters, she complains that the area contains larger properties—such as the Santa Martha and Segura Carrillo properties—and tourism projects that have access to drinking water, and that the Instituto Costarricense de Electricidad, through official letter CF-161-2026, had already granted her electrical-service availability for the same property, which, in her view, demonstrates that the denial lacked a basis. She considers that her right to petition and receive a prompt response, protected under Article 27 of the Political Constitution, was violated. She requests that the application be granted.\n\n2.- By order issued at 2:46 p.m. on 11 August 2026, the present application was admitted for processing, and the respondent authority was notified on 18 August 2026.\n\n3.- In a written submission filed on 19 August 2026, CLAUDIO CORRALES CASANOVA, acting as head of the Puntarenas Cantonal Office of the Central Pacific Region within the Submanagement Office for Peripheral Systems Administration of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, reports under oath, based on memorandum No. GSP-RPC-PU-2026-00810 of 19 August 2026, that: “(…) On 24 April 2026, Ms. Nombre01 submitted a request for drinking-water availability for the property recorded in the Real Property Registry under No. PRN02, located in Pitahaya de Puntarenas, processed under request number 2026-00009644-1. Following the technical analysis, it was determined that the PC-A-22 Pitahaya-Aranjuez system was experiencing a transitional water-capacity condition trending toward a deficit, for which reason the Certificate of Unavailability of Services SIGDD-2026-00009644-1-2-NAP was issued. The applicant filed a motion for reconsideration with a subsidiary administrative appeal against that denial. The motion for reconsideration was decided by Decision No. GSP-RPC-PU-2026-00686, which denied the motion and upheld the denial of service availability. That decision was duly served on 19 July 2026 at the email address ...01, which the applicant had designated for receipt of notices. Likewise, the subsidiary administrative appeal was decided by General Management Decision No. GG-R-2026-0486, dated 19 August of the current year, which was duly served on the applicant at the email address cited above (…) Consequently, as of the date this report is submitted, both the motion for reconsideration and the subsidiary administrative appeal have been expressly decided by the Administration, and those decisions have been duly served on the applicant; the relief sought that gave rise to the present application has therefore been satisfied (…)”\n\n4.- The statutory requirements have been observed in the processing of these proceedings.\n\nJustice Cruz Castro authored the opinion; and,\n\nReasons:\n\nI.- PRELIMINARY MATTER. Before examining the merits of the matter—concerning the alleged violation of the right to petition and receive a prompt response in administrative proceedings—it must be clarified that, beginning with judgment No. 2008-02545, issued at 8:55 a.m. on 22 February 2008, this Chamber has referred to the administrative-litigation jurisdiction, with certain exceptions, matters involving disputes over whether the public administration has complied with the time limits established by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or by sector-specific laws governing special administrative procedures, both for concluding an administrative proceeding—initiated ex officio or at the request of a party—through a final administrative act and for deciding the applicable administrative challenges. Nevertheless, the present case falls within an exception because the complaint concerns a request for drinking-water availability.\n\nII.- SUBJECT MATTER OF THE APPLICATION. The amparo applicant files an amparo proceeding against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and complains that, following the denial of her request for the availability of drinking-water and sanitary-sewerage services for her property located in Aranjuez de Pitahaya, Puntarenas, she filed a motion for reconsideration with a subsidiary administrative appeal, but received no response within what she considers an unreasonable period, even though she was verbally informed at the institution’s Puntarenas offices on 8 July 2026 that the response would be issued that same day. She considers that her right to petition and receive a prompt response was violated. She requests the intervention of this Chamber.\n\nIII.- PROVEN FACTS. The following facts are deemed duly established and relevant to the decision in this matter, either because they were proven or because the respondent authority failed to address them as required by the initial order:\n\n1. On 24 April 2026, the applicant, Nombre01, submitted to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a request for the availability of drinking-water and sanitary-sewerage services for the property recorded in the Real Property Registry under No. PRN01, located in Aranjuez de Pitahaya, canton and province of Puntarenas, which was processed under request number 2026-00009644-1 (see the availability request and the report submitted under oath).\n\n2. Through Technical Study No. GSP-RPC-PU-2026-00425 of 28 April 2026, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados determined that the PC-A-22 Pitahaya-Aranjuez system, which supplies the sector where the applicant’s property is located, was experiencing a Transitional Water Deficit condition (ICH=III), with a negative water balance of -219 m³ (see the cited technical study).\n\n3. Based on that study, through Certificate of Unavailability of Services No. SIGDD-2026-00009644-1-2-NAP of 30 April 2026, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados informed the applicant that her requested drinking-water and sanitary-sewerage services were unavailable and had therefore been denied (see the cited certificate).\n\n4. The applicant filed a motion for reconsideration with a subsidiary administrative appeal against that denial on 4 May 2026, as recorded in the report submitted under oath and General Management Decision No. GG-R-2026-0486 (the applicant states in her initiating submission that she filed that challenge on 7 May 2026 with the AyA cantonal office in Alajuela).\n\n5. The motion for reconsideration was decided by Decision No. GSP-RPC-PU-2026-00686 of the Puntarenas Cantonal Unit, dated 19 July 2026, which denied the motion for reconsideration, upheld the denial of service availability, and referred the subsidiary administrative appeal to General Management. That decision was served on the applicant on the same date at the email address ...01, which she had designated for receipt of notices (see the report submitted under oath).\n\n6. By order issued at 2:46 p.m. on 11 August 2026, the present application was admitted for processing, and the respondent authority was notified on 18 August 2026 (the case record).\n\n7. The subsidiary administrative appeal was decided by General Management Decision No. GG-R-2026-0486 of 19 August 2026, which denied the appeal. That decision was likewise served on the applicant at the cited email address (see Decision GG-R-2026-0486 and the report submitted under oath).\n\nIV.- THE SPECIFIC CASE. In this case, the reports submitted by the representative of the respondent authority—which are deemed to have been given under oath, with the consequences, including criminal consequences, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence submitted establish that the applicant filed a motion for reconsideration with a subsidiary administrative appeal against the denial of drinking-water and sanitary-sewerage availability communicated to her and that, when she filed this amparo application—17 July 2026—more than two and a half months had elapsed without the Administration deciding that challenge. This period plainly exceeded the ordinary time limits established for deciding administrative proceedings and challenges, and the respondent authority did not establish in its report any objective or technical reason or force majeure that justified the delay, beyond the forwarding of the case file between the Alajuela and Puntarenas cantonal offices. Added to this is the undisputed fact that, on 8 July 2026, the applicant was verbally informed that she would receive a response that same day, but that promise was not honored. It follows from the foregoing that, when she sought constitutional relief, there was an actual violation of the applicant’s right to petition and receive a prompt response, protected under Article 27 of the Political Constitution.\n\nNevertheless, it is also established that, after this amparo application was filed, the respondent authority decided both the motion for reconsideration—through Decision No. GSP-RPC-PU-2026-00686 of 19 July 2026—and the subsidiary administrative appeal referred to the hierarchical superior—through General Management Decision No. GG-R-2026-0486 of 19 August 2026—thereby exhausting the administrative process, and that both decisions were duly served on the applicant. Consequently, the specific relief sought that gave rise to these proceedings—to obtain a decision on the administrative challenges filed—has been fully satisfied, and there is therefore no basis for issuing an order requiring any action. However, because the violation of the right to petition had already occurred when the amparo application was filed, and because the harmful conduct ceased only as a consequence of the processing of these proceedings, the application must be granted, but pursuant to Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in accordance with the following reasons and the operative portion of this judgment.\n\nV.- AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND COMPENSATION PURSUANT TO ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Regarding the award of costs, damages, and compensation pursuant to Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional: upon further consideration, the majority of the Chamber concludes that, in the sub examine, pursuant to the first paragraph of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial decision is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the application shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if appropriate”), the application should be granted without any specific award of costs, damages, or compensation, based on the following considerations. Although the law contains express language requiring the operative portion of the judgment to state that the application is granted when the grievance is resolved while the amparo is pending, it is equally true that the closing language of that same paragraph states that the application is granted “solely for purposes of compensation and costs, if appropriate.” It bears emphasis that the Law states “if appropriate,” which means that whether compensation and costs are appropriate depends upon an assessment, appraisal, or weighing by the Court. In cases such as this one, the substance of the relief sought by the person protected by the amparo and the respondent authority’s conduct in granting that relief suggest that the alleged impairments, injuries, or disruptions do not relate directly to an impact on a constitutional right that is plainly economic in nature (as would occur, for example, with an impairment of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to note Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, which provides that: “every decision granting the application shall impose a non-quantified award (condena en abstracto) for the damages and compensation caused and for payment of the costs of the application, with their quantification reserved for enforcement of the judgment,” without providing any possibility of assessing whether compensation and costs are appropriate. The principles of Constitutional Law, Public Law, and General Procedural Law or, where applicable, International or Community Law, followed, in their order of precedence, by the Ley General de la Administración Pública, the Código Procesal Contencioso Administrativo, and the other procedural codes, are supplementary sources for applying and interpreting the provisions of the Ley de la Jurisdicción Constitucional—cf. Article 14. For the administrative-litigation jurisdiction, the legislature established in Article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo a provision fully applicable to this case by analogy and consistent with procedural logic in any field. In any event, the affected party in the sub lite retains the option, if she so chooses, of pursuing proceedings on the merits (proceso de conocimiento) to prove that she has suffered some form of harm. Based on the foregoing, the majority’s position is that this application should be decided without an award of costs, damages, or compensation.\n\nVI.- NOTE BY JUSTICE CASTILLO VÍQUEZ REGARDING PROMPT AND EFFECTIVE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court’s position that, when a person subject to the justice system alleges a violation of the right to prompt and effective justice in administrative proceedings, the Administrative-Litigation Courts, rather than this Chamber, are the bodies competent to hear the legal dispute. However, with the recent enactment of Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right may receive judicial protection through the amparo proceeding provided for in Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in conjunction with Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in cases in which the petitioner considers that the Administration’s material conduct, administrative acts, or response is affecting the petitioner’s fundamental rights. In my view, the recently enacted legislation does not mean that this Court should change its line of precedent, since, under section 7 of its Law, this Court has exclusive authority to define its own jurisdiction. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that this Chamber itself has recognized as exceptional circumstances that may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee afforded by amparo proceedings, in all other cases—and for the reasons given by this Court (judgment N° 2008-02545, issued at 8:55 a.m. on 22 February 2008)—the competent authorities are the judges of the administrative-litigation jurisdiction. All of this is consistent with Article 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and rules), and the corresponding statutory provisions, based on a logical, systemic, and purposive interpretation of the legal system.\n\nVII.- PARTIAL DISSENT OF JUSTICE SALAZAR ALVARADO, SOLELY REGARDING THE DECISION NOT TO ORDER THE RESPONDENT PARTY TO PAY COSTS, DAMAGES, AND COMPENSATION.\n\nAlthough I agree with the rest of the Chamber that the application should be granted, I depart from the majority’s position insofar as it exempts the respondent party from an order to pay the costs, damages, and compensation arising from the violation of the fundamental rights of the protected party.\n\nArticle 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional provides:\n\n“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial decision is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the application shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if appropriate.”\n\nArticle 51 thereof, in turn, provides:\n\n“...every decision granting the application shall impose a non-quantified award for the damages and compensation caused and for payment of the costs of the application, with their quantification reserved for enforcement of the judgment.”\n\nThe latter provision establishes the general system governing compensation and payment of costs, which the majority calls the “natural or ordinary manner of concluding the proceedings, in which there is a decision on the merits of the matter and recognition of the facts that violated fundamental rights....”\n\nIn the majority’s view, the cited Article 51 governs circumstances in which the Chamber has found that the grievance was proven and, consequently, that an award of costs, damages, and compensation is required. In my view, however, a systematic interpretation of both provisions leads to the conclusion that, both in cases in which this Constitutional Court finds a violation of a fundamental right and therefore grants the application, and in cases in which the Administration, on its own initiative, restores the injured person’s enjoyment of fundamental rights after learning of the amparo—the circumstance contemplated in the aforementioned Article 52—the necessary and unavoidable consequence, by mandate of Articles 50 and 51 of the cited Law, is an order requiring the violator to provide compensation for the damages and harm caused and to pay the costs of the application. This rule is simply recognition that a party whose fundamental rights have been violated is entitled to effective judicial protection regarding reparation for the harmful consequences arising from the acts or omissions of the offending authorities. It also serves as a deterrent to prevent the State from repeating the actions that led to the application being granted, a matter governed by Article 50 of the Law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber found the grievance proven and addressed the merits of the matter, or the violation ceased by decision of the respondent authority itself after it learned that the amparo was being processed, thereby restoring the injured party’s enjoyment of fundamental rights (Article 52), in either circumstance there is always a compelling need for an award of costs, damages, and compensation against the violator. The basis for such an award lies in the principles protecting individual rights and requiring the Administration to be held responsible for damages and harm caused by its unconstitutional conduct.\n\nAccordingly, the fact that the effects of the challenged act had already ceased by the time the amparo was heard and granted, under Articles 50 and 52 of the cited Law, does not preclude an award of costs, damages, and compensation, because such a case forms an integral part of the general system of mandatory awards for those items established in the Ley de la Jurisdicción Constitucional.\n\nFurthermore, it is clear that the aforementioned Article 52 applies only in cases in which the Chamber, although it has neither examined nor ruled on the merits of the claim, has found that the protected party’s fundamental rights were violated by virtue of the Administration’s restoration of that party’s enjoyment of those rights. As the majority of the Chamber states, this constitutes an “extraordinary termination of the proceedings.”\n\nThe legislature precisely established and delimited the conditions under which this Chamber may decree that form of extraordinary termination of amparo proceedings, as well as its scope, namely: 1) that the amparo be pending, meaning that the Administration has been duly notified of the decision admitting the amparo for processing; and 2) that there be an administrative or judicial decision that unequivocally orders the revocation, cessation, or suspension of the challenged action that violated fundamental rights. The provision in question does indeed establish an exception to the general system of awarding costs, damages, and compensation even when the application is granted, by providing that, in the cases governed by it, the application shall be granted “solely for purposes of compensation and costs, if appropriate.” As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it applies only in the circumstances strictly contemplated by the provision, not only because exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception unquestionably impair the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and harm suffered through a violation of their constitutional rights.\n\nIn my view, this exception must be interpreted to mean that, in accordance with the general system under which costs, damages, and compensation are awarded automatically upon a violation of fundamental rights, such an award is always appropriate, even if the respondent party issues an administrative or judicial decision that revokes, halts, or suspends the challenged action, unless it is clearly and unequivocally established that no compensable harm whatsoever was caused in the specific case. Only and exclusively in such circumstances could the respondent Administration be exempted from payment of those items. Because there is no evidence in this case rebutting the presumption that the protected party suffered economic damages and harm as a result of the challenged conduct—the specific determination of which does not fall to this jurisdiction—the granting of this application must necessarily entail an award of costs, damages, and compensation, and I would so declare.\n\nAs an additional reason, it should be emphasized that the primary purpose of the dynamics and very nature of amparo proceedings is not to determine whether damages and harm exist, but rather to determine whether acts or omissions exist that may cause or produce a breach of the system of fundamental rights of individuals. From that perspective, the examination conducted in this jurisdiction focuses on that determination, but does not proceed to assess whether those matters have caused injury in the strictly economic sphere of the persons protected by amparo. Although the grammatical wording of the aforementioned Article 52 of the LJC provides that such an award—for damages, compensation, and costs—applies if appropriate, I do not consider that this assessment of appropriateness may automatically be excluded beforehand in this type of proceeding, because it is in a separate ordinary proceeding that it must be determined whether, within the legal relationship examined in the amparo proceeding, the conduct or omissions attributable to the Administration—or to a private-law person, where applicable—constituted an adequate cause of legally compensable economic injuries. By way of reference, sections 179 through 184 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, establish a special proceeding whose purpose is to determine the economic effects arising from awards issued in these proceedings. Under section 179 thereof, that proceeding has the following purpose:\n\n“ARTICLE 179.- The Administrative-Litigation Court shall be responsible for enforcing judgments issued by the Constitutional Jurisdiction in habeas corpus and amparo proceedings against public-law entities, solely with respect to proof, quantification, and payment of monetary compensation.”\n\nIt is clear that this proceeding is directed toward examination of the necessary predicate issued by this Chamber in the form of a non-quantified award under those headings, because such claims could not be pursued in that type of proceeding when the judgment issued in the amparo proceeding expressly established that damages, compensation, and/or costs were unavailable, or when there was no express ruling on that particular matter. In other words, the special proceeding in the administrative-litigation jurisdiction requires, as a sine qua non, an award or express ruling by this Constitutional Chamber. Accordingly, in my view, under the aforementioned section 52 of the LJC, exemption from such an economic award requires proof, in each case, of circumstances from which it may reasonably and expressly be found that there were no actual or even potential economic injuries arising from or associated with the facts examined. It is therefore an exception that, as such, requires qualified and duly reasoned case-by-case application. The mere fact that, during the proceedings, the Administration issues a decision or a judicial judgment is entered that revokes, halts, or suspends the challenged action does not, per se, rule out the possibility that, before that cessation for reasons attributable or unrelated to the respondent entity, the alleged inaction or complained-of interference may have caused damages and harm. Nevertheless, that question on the merits—concerning whether the injuries actually occurred, their amount, whether they were timely claimed, and so forth—lies beyond the nature of these proceedings and, under the aforementioned mandate of section 52, is properly addressed through a non-quantified award that subsequently provides the basis for examination in the administrative-litigation jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require proof of damages and harm because, it bears repeating, that is not their primary purpose or rationale. Thus, the person protected by amparo is not required to claim or prove damages; what that person seeks is the protection of fundamental rights. Whether the administrative conduct caused that person injuries is an issue that, as a matter of principle and except in extraordinary cases, does not form part of the basis for analysis in this type of case. It should be noted that, in the circumstances governed by that mandate, the Constitutional Chamber does not conduct a merits analysis of the situation requiring protection, given the termination of the amparo or habeas corpus as a result of the aforementioned supervening circumstance. Therefore, in these cases, by statutory mandate, there is no assessment of whether an infringement occurred, and still less can it be determined whether the circumstances reported by the applicant may give rise to situations warranting potential civil reparation. Accordingly, the exemption from an award referred to in that provision is exceptional rather than the rule. In such circumstances, therefore, the provision requires a non-quantified award so that its appropriateness may be examined in separate plenary proceedings. Otherwise, if exemption from damages, compensation, and costs were applied as the rule, the protection of the legal position of a person who, despite the respondent party’s supervening response, may have suffered injury to that person’s economic interests would be placed at risk, contrary to Article 45 of the Political Constitution and in disregard of the Administration’s potential liability as required by Article 9 thereof. Nor should it be overlooked that it was by virtue of an action of this kind that conduct was adopted that ended the acts which, in theory, threatened or infringed the person’s fundamental rights. In other words, to obtain protection of those rights, the person sought judicial relief, and it was as a result of doing so that the complained-of interference ceased. I reiterate that whether the continued threat or deterioration of that person’s situation, until it ceased for the reasons referred to in the provision under examination, caused damages and harm is a matter that, absent evidence to the contrary, must be examined in ordinary proceedings, but which, it bears repeating, must in no way be rejected at the threshold merely because the factual circumstance governed by the aforementioned section 52 of the LJC occurred. Therefore, with my customary respect for the majority’s position, I issue this dissent and reiterate that granting this application must necessarily entail a non-quantified award of costs, damages, and compensation.\n\nVIII.- Dissent of Justice Garro Vargas regarding the operative portion of this judgment. Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: “If, while the amparo is pending, an administrative or judicial decision is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the application shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if appropriate.”\n\nMy interpretation of that provision is as follows: That “decision” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if appropriate” refers to costs. Indeed, Article 197 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo, cited by the majority based on Article 14 of the LJC, specifically refers only to those: costs.\n\nIt is true that, under Article 48 of the Political Constitution (CPolt.), the essential content of the right to amparo relief is restorative rather than compensatory; however, Article 51 of the LJC states: “Every decision granting the application shall impose a non-quantified award for the damages and compensation caused and for payment of the costs of the application, with their quantification reserved for enforcement of the judgment.”\n\nIf the right was violated and the Chamber so finds, damages and harm may have arisen even if the right was restored. For that reason, a non-quantified award for them is appropriate. If no such award were made, then, if damages and harm had in fact occurred, there would be no enforceable basis—arising from these proceedings—on which to claim them, potentially violating Article 41 of the CPolt. If no damages or harm occurred despite the non-quantified award, the judge in the ordinary proceedings will so declare, because only that judge is responsible for finding that they actually existed and determining their extent.\n\nI believe that the position defended by the majority would, contrary to its intended purpose, encourage the Administration to respect rights only when an amparo proceeding has been filed. It remains to be said that Article 52 of the LJC allows the Chamber, if it considers it just, to award costs even when the right has been restored.\n\nFor the foregoing reasons, I partially dissent from the operative portion and would order an award of damages and compensation, but not costs.\n\nIX.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. The parties are advised that, if they submitted any paper document, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, or telematic device or produced using new technologies, those materials must be collected from the Court within a maximum period of 30 business days from service of this judgment. Otherwise, any material not collected within that period will be destroyed, pursuant to the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Full Court at session N° 27-11 of 22 August 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of 26 January 2012, as well as the resolution approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at session N° 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI.\n\nTHEREFORE:\n\nThe application is GRANTED, without any specific award of costs, damages, or compensation. Justice Castillo Víquez files a note. Justice Salazar Alvarado partially dissents and would award damages, compensation, and costs. Justice Garro Vargas partially dissents and would award damages and compensation, but not costs. Notice shall be given.-\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFernando Castillo V.\n\nPresident\n\n \n\nFernando Cruz C.\n\n \n\nPaul Rueda L.\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n \n\nJorge Araya G.\n\nAnamari Garro V.\n\n \n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\n LQ7YEKJWS5O61 \n\nCASE FILE N° 26-025641-0007-CO \n\n \n\nTelephone numbers: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01)." }